Tema 21. El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El marco normativo de la igualdad de género, la protección integral contra la violencia de género y no discriminación de las personas LGTBI. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
La igualdad efectiva entre mujeres y hombres es, junto con la protección frente a la violencia de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, uno de los ejes normativos que con mayor intensidad se han desarrollado en España en las últimas dos décadas, con una arquitectura legal que combina el mandato constitucional del artículo 14 y 9.2 CE, dos grandes leyes orgánicas de referencia (la LO 3/2007 de igualdad y la LO 1/2004 de violencia de género), una ley ordinaria específica para las personas trans y LGTBI (la Ley 4/2023, conocida como "ley trans") y la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, y un desarrollo autonómico propio en la Comunidad de Madrid. Para el examen conviene distinguir con claridad tres bloques que a veces se solapan en la pregunta pero responden a lógicas y normas distintas: la igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo en general (LO 3/2007), la respuesta penal, asistencial y judicial específica frente a la violencia que sufren las mujeres por parte de parejas o exparejas (LO 1/2004) y la protección de los derechos de las personas LGTBI, con especial atención a las personas trans (LO 4/2023 y normativa madrileña).
El principio de igualdad en la Constitución (arts. 14 y 9.2 CE)
El artículo 14 de la Constitución proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, configurando la igualdad como un derecho fundamental susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y de la tutela reforzada del artículo 53.2 CE. Este mandato de igualdad formal se completa con el artículo 9.2 CE, que impone a los poderes públicos una obligación de igualdad sustancial o material: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La combinación de ambos preceptos es la que constitucionalmente legitima las llamadas acciones positivas o medidas de discriminación positiva a favor de las mujeres, en la medida en que no persiguen un trato desigual arbitrario, sino corregir una desigualdad de partida real y constatada, doctrina consolidada por una jurisprudencia constitucional muy asentada desde los primeros años de vigencia de la Constitución de 1978.
La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, tiene por objeto, según su artículo 1, hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. La ley opta por un enfoque transversal e integral que se aparta del modelo tradicional de normas sectoriales dispersas, incorporando en un único texto disposiciones que afectan a ámbitos tan diversos como el empleo público y privado, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la publicidad, la contratación pública, la cooperación al desarrollo o la sanidad, y estableciendo, además, criterios generales de actuación de los poderes públicos que deben orientar toda la acción normativa posterior. Su carácter orgánico deriva de que desarrolla el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo reconocido en el artículo 14 CE; la propia ley precisa en sus disposiciones finales qué preceptos tienen carácter orgánico y cuáles no, de modo que no todo su articulado goza de ese rango formal.
Principios generales de la Ley Orgánica 3/2007
El artículo 3 LO 3/2007 formula el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. El artículo 4 dispone que la igualdad de trato y de oportunidades es un principio informador del ordenamiento jurídico que se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, mandato que vincula al legislador, a la Administración y a los tribunales. El artículo 6 define la discriminación directa (situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable) y la discriminación indirecta (situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados); se considera discriminatoria toda orden de discriminar. El artículo 7 define el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que se consideran siempre discriminatorios; el artículo 8 considera discriminación directa todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad; y el artículo 10 establece que los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideran nulos y sin efecto, dando lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas.
El principio de transversalidad de género
El artículo 15 LO 3/2007 consagra el principio de transversalidad (o mainstreaming de género) como criterio general de actuación de todos los poderes públicos, exigiendo que el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres se integre, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. Este principio se traduce en obligaciones concretas y muy preguntadas en test, como la exigencia (art. 19) de que los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a aprobación del Consejo de Ministros incluyan un informe sobre su impacto por razón de género, exigencia que posteriormente se ha extendido y consolidado a través de la normativa de elaboración de normas y que enlaza con la memoria del análisis de impacto normativo regulada por la legislación del Gobierno. La transversalidad de género implica, en definitiva, que la igualdad no se aborde como una política sectorial aislada y periférica, sino como un criterio que debe informar de manera activa el diseño, la ejecución y la evaluación de cualquier política pública, con independencia de su objeto material.
Las acciones positivas
El artículo 11 LO 3/2007 habilita a los poderes públicos para adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, medidas que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, debiendo ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Estas acciones positivas encuentran su fundamento constitucional en la combinación de los artículos 14 y 9.2 CE analizados anteriormente y se diferencian de la discriminación prohibida en que no persiguen un trato arbitrario, sino compensar una desigualdad estructural de partida verificable y objetivable, cumpliendo además con un requisito de temporalidad: deben mantenerse solo mientras subsista la situación de desigualdad que las justifica, no pudiendo perpetuarse indefinidamente sin nueva valoración de su necesidad. También las personas físicas y jurídicas privadas pueden adoptar este tipo de medidas en los términos de la ley (art. 11.2). La LO 3/2007 concreta la habilitación en numerosas medidas específicas: el impulso de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración del empleo público (art. 51.d) y en el nombramiento de los titulares de órganos directivos de la Administración General del Estado (art. 52), y la recomendación de una presencia equilibrada en los consejos de administración de las sociedades. La disposición adicional primera define la presencia o composición equilibrada como aquella en la que las personas de cada sexo no superan el 60 por 100 ni son menos del 40 por 100. La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, ha reforzado esta regla en órganos de decisión políticos, administrativos y empresariales, y ha incorporado artículos a la LRJSP para la AGE y su sector público. Estas medidas han generado un amplio debate jurisprudencial sobre sus límites frente al principio de mérito y capacidad.
Los planes de igualdad en las Administraciones Públicas
El artículo 64 LO 3/2007 impone al Gobierno la aprobación, al inicio de cada legislatura, de un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan establece los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público y las estrategias o medidas para su consecución; es objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos, y su cumplimiento es evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. Dentro del empleo público, los artículos 51 a 62 fijan criterios de actuación (remover obstáculos a la igualdad en el acceso y la carrera, facilitar la conciliación, fomentar la formación en igualdad, promover la presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración, establecer medidas efectivas contra el acoso sexual y por razón de sexo y eliminar la discriminación retributiva), exigen que las pruebas de acceso a la AGE contemplen el estudio del principio de igualdad (art. 61) y obligan a negociar un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo (art. 62). En las empresas, el artículo 45 obliga a respetar la igualdad de trato y de oportunidades y a elaborar y aplicar un plan de igualdad a las de cincuenta o más personas trabajadoras, tras diagnóstico negociado (art. 46), con inscripción en el registro de planes de igualdad; el desarrollo reglamentario de los planes y de la igualdad retributiva se contiene en los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020, tras la reforma del Real Decreto-ley 6/2019. En la Comunidad de Madrid, esta obligación se traduce en planes de igualdad propios aprobados periódicamente para el personal al servicio de su Administración, con medidas de conciliación, prevención del acoso y promoción de la presencia equilibrada de mujeres en los puestos directivos.
La tutela judicial y administrativa contra la discriminación
El artículo 12 LO 3/2007 reconoce que cualquier persona puede recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos (lo que permite la intervención de sindicatos y asociaciones en los términos de esas leyes procesales); y en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la persona acosada es la única legitimada. A ello se suma la garantía de indemnidad (art. 9: no pueden producirse consecuencias adversas para la persona que reclame o demande, ni para quien le preste asistencia) y las reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas del artículo 10. La tutela se articula en el orden jurisdiccional social para las discriminaciones en las relaciones laborales, en el contencioso-administrativo cuando la discriminación proviene de una actuación de una Administración Pública y, subsidiariamente, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional una vez agotada la vía judicial ordinaria. Por otro lado, la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, refuerza la tutela con una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y con medidas procesales propias.
La inversión de la carga de la prueba en casos de discriminación
El artículo 13 LO 3/2007 establece una regla procesal de singular trascendencia práctica: en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad; a estos efectos, el órgano judicial, a instancia de parte, puede recabar informe de los organismos públicos competentes. La regla no se aplica a los procesos penales. Esta técnica, que tiene su antecedente en el Derecho de la Unión sobre la carga de la prueba, invierte el criterio procesal general de que quien alega un hecho debe probarlo, si bien no supone una inversión automática: la jurisprudencia y la legislación procesal exigen que la parte actora aporte previamente indicios fundados o razonables de discriminación, y solo entonces se traslada a la parte demandada la carga de acreditar que su actuación obedeció a razones objetivas y justificadas ajenas a cualquier ánimo discriminatorio. Esta técnica se ha extendido a otros motivos de discriminación y, tras la Ley 15/2022, a la vía administrativa: el nuevo artículo 77.3 bis de la Ley 39/2015 dispone que, si el interesado alega discriminación en un procedimiento administrativo y aporta indicios fundados, corresponde a la Administración, o a quien se impute la situación discriminatoria, justificar de forma objetiva, razonable y probada las medidas adoptadas.
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, articula una respuesta integral y multidisciplinar frente a la violencia de género, combinando en un único texto medidas de sensibilización y prevención, medidas educativas, medidas en el ámbito publicitario y de los medios de comunicación, derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (laborales, económicos, de Seguridad Social), tutela institucional y tutela penal y judicial, con un enfoque integral que trasciende la mera respuesta punitiva. El artículo 1 de la ley define su objeto: actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, comprendiendo todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. La ley crea, además, órganos judiciales especializados (los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, integrados en el orden jurisdiccional penal y con competencias civiles en los términos de la LOPJ), la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y modifica numerosos cuerpos legales preexistentes (Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Estatuto de los Trabajadores) para dar coherencia sistemática a la respuesta integral diseñada.
El concepto de violencia de género en la LO 1/2004
El concepto legal de violencia de género que articula la LO 1/2004 es deliberadamente restrictivo respecto de nociones más amplias manejadas en el ámbito internacional (como la del Convenio de Estambul, de 2011, ratificado por España), porque se circunscribe a la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1.1). Quedan fuera de su ámbito específico otras formas de violencia contra la mujer que no se produzcan en el marco de una relación de pareja o expareja (violencia sexual fuera de la pareja, trata de personas, mutilación genital femenina), sin perjuicio de que reciban protección por otras vías, entre ellas la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. El artículo 1.3 precisa que la violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. El artículo 1.2 extiende las medidas de protección integral a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, guarda y custodia, y el artículo 1.4 añade que también es violencia de género la que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de los agresores indicados (lo que la doctrina denomina violencia vicaria). Los menores expuestos a esta violencia tienen derecho a asistencia social integral, con profesionales de la psicología infantil (art. 19.5).
Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género
El Título II de la LO 1/2004 reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género un catálogo amplio de derechos: el derecho a la información y al asesoramiento adecuados a su situación personal, sin discriminación en el acceso a los mismos (art. 18), con formato accesible para mujeres con discapacidad y accesible para quienes desconozcan el castellano; el derecho a la atención integral a través de servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral (art. 19), organizados por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales bajo los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional; el derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada (art. 20), que incluye asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia y defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida; los derechos laborales y de Seguridad Social (art. 21), entre los que destacan la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, el cambio de centro de trabajo, la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato, así como la consideración de las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación de violencia como justificadas, y remuneradas cuando lo determinen los servicios sociales o de salud; y los derechos económicos, entre ellos una ayuda de pago único (art. 27) para las víctimas que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional (excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias) y que tengan especiales dificultades para obtener un empleo, de importe equivalente a seis meses de subsidio por desempleo (doce meses si tienen una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por 100), ampliable en caso de responsabilidades familiares. La Ley Orgánica 10/2022 añadió además el artículo 19 bis, que garantiza el derecho a la atención sanitaria de las víctimas y sus hijos e hijas. Estos derechos se activan mediante la acreditación de la situación de violencia (art. 23): sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios, o informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida, o cualquier otro título previsto en la normativa sectorial; para menores, también documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
La LO 1/2004 adiciona a la Ley Orgánica del Poder Judicial los artículos 87 bis y 87 ter, que crean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como órganos judiciales especializados. En cada partido judicial habrá uno o más de estos juzgados, con sede en la capital del partido (excepcionalmente puede haber juzgados que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos de la provincia); el Consejo General del Poder Judicial puede acordar que, donde convenga por la carga de trabajo, conozca de estos asuntos un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción o de Instrucción, y donde exista un solo juzgado de primera instancia e instrucción será este el que asuma estos asuntos. Competencia penal (art. 87 ter.1): instrucción de los procesos por delitos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hayan cometido contra quien sea o haya sido esposa o mujer ligada por análoga relación de afectividad, o contra descendientes o menores o incapaces que convivan con el autor cuando también se haya producido un acto de violencia de género; instrucción de procesos por delitos contra los derechos y deberes familiares cuando la víctima sea alguna de esas personas; y adopción de las órdenes de protección, sin perjuicio de las competencias del juez de guardia. Competencia civil: pueden conocer, entre otros, de los asuntos de filiación, maternidad y paternidad, nulidad, separación y divorcio, relaciones paterno-filiales, medidas de trascendencia familiar, guarda y custodia y alimentos reclamados en nombre de los hijos; y la tendrán de forma exclusiva y excluyente cuando concurran simultáneamente cuatro requisitos: que se trate de un proceso civil sobre esas materias, que alguna de las partes sea víctima de actos de violencia de género, que alguna sea imputada como autora de esos actos y que se hayan iniciado actuaciones penales ante el juzgado de violencia sobre la mujer o se haya adoptado una orden de protección. En todos estos casos está vedada la mediación. Con la reforma organizativa de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los juzgados se integran progresivamente en los tribunales de instancia como secciones de violencia sobre la mujer; el calendario de implantación debe contrastarse con la normativa vigente.
La orden de protección a las víctimas
La orden de protección a las víctimas de violencia doméstica y de género se regula en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica; la LO 1/2004 se limita a remitirse a él (art. 62): recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia actúan conforme al artículo 544 ter LECrim. Se trata de una resolución judicial que, tras un procedimiento rápido (con audiencia urgente que debe celebrarse en el plazo más breve posible dentro de las setenta y dos horas siguientes a la presentación de la solicitud), integra en un único instrumento medidas cautelares penales (como la salida del domicilio, el alejamiento o la prohibición de comunicación) y medidas de naturaleza civil (uso de la vivienda familiar, régimen de custodia y visitas, prestación de alimentos), y activa el acceso a los derechos de asistencia y protección social previstos para las víctimas. Las medidas civiles tienen una vigencia temporal de treinta días, que se prolonga treinta días más si en ese plazo se presenta demanda en la jurisdicción civil. Puede solicitarla la propia víctima, las personas con las que mantenga alguna de las relaciones del artículo 173.2 del Código Penal o el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que pueda acordarse de oficio por el juez, y puede presentarse también ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales, que la remiten de inmediato al juez. Su adopción exige indicios fundados de la comisión de un delito de violencia de género o doméstica y una situación objetiva de riesgo para la víctima. Las medidas judiciales de protección y seguridad de los artículos 61 y siguientes de la LO 1/2004 (salida del domicilio, alejamiento, suspensión de comunicaciones, suspensión de la patria potestad, la guarda y custodia o el régimen de visitas respecto de los menores) son compatibles con cualesquiera otras medidas cautelares de los procesos civiles y penales.
La Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como "ley trans" (es una ley ordinaria, no orgánica), tiene por objeto establecer y regular los derechos y garantías necesarios para hacer efectivo el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas trans, y garantizar los derechos de las personas LGTBI, eliminando cualquier forma de discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales. Entre sus novedades destaca la despatologización de la transexualidad: reconoce el derecho a la rectificación registral de la mención del sexo mediante un procedimiento ante el Registro Civil que no exige informe médico o psicológico ni tratamiento hormonal previo. El régimen es escalonado por edad: las personas mayores de dieciséis años pueden solicitarla por sí mismas; las de catorce a dieciséis años deben ser asistidas por sus representantes legales; las de doce a catorce años requieren autorización judicial previa; y por debajo de doce años no se admite la rectificación registral, aunque pueden adoptarse medidas de acompañamiento. El procedimiento prevé una comparecencia de ratificación posterior a la solicitud, y la posibilidad de revertir la rectificación en los términos de la ley. La norma regula también medidas de no discriminación en los ámbitos laboral, sanitario, educativo y publicitario, prohíbe las terapias de conversión y contiene un régimen sancionador propio. La competencia sobre el Registro Civil es exclusiva del Estado (artículo 149.1.8.ª CE).
El marco normativo autonómico de igualdad de género en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid cuenta con un marco normativo propio en materia de igualdad, de prevención de la violencia de género y de protección de las personas LGTBI que complementa y desarrolla la legislación estatal, y que se articula en torno a: la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid; la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid; la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid; y la planificación estratégica regional (estrategias y planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aprobados con periodicidad plurianual), que fija objetivos y líneas de actuación en ámbitos como el empleo, la conciliación, la educación en igualdad, la salud y la participación social y política de las mujeres. Esta normativa se completa con organismos administrativos especializados, como la dirección general competente en materia de igualdad, encargada de impulsar, coordinar y evaluar las políticas de igualdad de la Administración regional, y con la red de puntos y centros de atención a víctimas de violencia de género, que complementa los recursos de titularidad estatal y municipal previstos en la LO 1/2004. Las denominaciones concretas de las consejerías y direcciones generales varían con las reorganizaciones del Gobierno regional, por lo que conviene contrastarlas con la estructura vigente.
La Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género
La Comunidad de Madrid articula su respuesta específica frente a la violencia de género a través de sucesivas estrategias o planes regionales, aprobados con carácter plurianual por el Consejo de Gobierno, que concretan a nivel regional los principios y objetivos de la LO 1/2004 mediante líneas de actuación en materia de sensibilización y prevención, detección precoz, atención integral a las víctimas, coordinación institucional entre los distintos servicios implicados (sanitarios, sociales, judiciales, policiales, educativos) y evaluación periódica de resultados. Estas estrategias regionales se despliegan a través de una red de recursos especializados de titularidad autonómica, entre los que se incluyen los puntos municipales del observatorio regional de la violencia de género, los servicios de atención integral y de urgencia a las víctimas, los recursos de acogida temporal para mujeres y sus hijos e hijas en situación de riesgo, y programas específicos de recuperación psicológica y de inserción sociolaboral, coordinados con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en el territorio de la Comunidad de Madrid, incluida la coordinación con la Policía Municipal en los municipios madrileños que cuentan con este cuerpo, en aplicación del principio de colaboración interinstitucional que inspira toda la respuesta integral diseñada por la LO 1/2004.
La Ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid
La Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, fue una de las primeras normas autonómicas españolas en reconocer y proteger de forma integral los derechos de las personas trans en el ámbito regional madrileño, con anterioridad a la ley estatal 4/2023. Garantiza, entre otros, el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y al libre desarrollo de la personalidad acorde con ella, sin sufrir presiones o discriminación, y establece que no es exigible, para ejercer este derecho o acceder a servicios acordes con la identidad sentida, acreditar la identidad de género mediante informe psicológico o médico, ni la realización de cirugías genitales, tratamientos hormonales o pruebas psiquiátricas o psicológicas. La ley establece medidas de no discriminación y de actuación positiva en los ámbitos educativo, sanitario, laboral, social, deportivo y de los medios de comunicación, y contempla un régimen de infracciones y sanciones administrativas propio. Junto a ella, la Ley 3/2016, de 22 de julio, aborda de forma integral la protección frente a la LGTBIfobia y la discriminación por orientación e identidad sexual. Tras la entrada en vigor de la Ley 4/2023, ambas leyes madrileñas han debido ajustarse a los aspectos regulados por la norma estatal con carácter básico (en particular, el procedimiento de rectificación registral, que es competencia exclusiva del Estado en materia de Registro Civil), quedando como marco de referencia autonómico para las medidas de no discriminación, sensibilización y actuación positiva en los ámbitos de competencia propia de la Comunidad de Madrid. La vigencia del texto actual de ambas leyes debe contrastarse con el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por las reformas posteriores.
Los planes de igualdad en la Administración de la Comunidad de Madrid
En aplicación del mandato del artículo 64 LO 3/2007, la Comunidad de Madrid aprueba de forma periódica su propio Plan de Igualdad para el personal a su servicio, instrumento de diagnóstico y actuación que analiza la situación de mujeres y hombres en el conjunto de la función pública regional (distribución por categorías, niveles retributivos, presencia en puestos directivos, uso de medidas de conciliación) y establece medidas concretas dirigidas a corregir las desigualdades detectadas, en ámbitos como el acceso al empleo público, la promoción profesional, la formación, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la prevención y el protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el trabajo, exigencia que la LO 3/2007 impone a las Administraciones Públicas mediante la negociación de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo (art. 62 para la AGE, y protocolos equivalentes en el resto). Estos planes se elaboran con la participación de la representación sindical del personal, en aplicación del principio general de negociación colectiva que rige la elaboración de los planes de igualdad tanto en el sector público como en el privado, y su seguimiento y evaluación corresponde a las comisiones de igualdad constituidas al efecto, que valoran periódicamente el grado de cumplimiento de las medidas previstas y proponen, en su caso, su actualización o revisión conforme evoluciona la situación de la plantilla de la Administración madrileña.
La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
La Ley 15/2022, de 12 de julio (BOE-A-2022-11589), es la norma general antidiscriminatoria y complementa a la LO 3/2007, que se centra en el sexo. Su objeto es garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetando la igual dignidad de las personas, y prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, introduce medidas de tutela (legitimación de entidades, inversión de la carga de la prueba, nulidad de pleno derecho de actos discriminatorios y consecuencias de indemnización) y modifica la Ley 39/2015 añadiendo el artículo 77.3 bis sobre la carga de la prueba en el procedimiento administrativo. Debe distinguirse de la LO 3/2007: ésta regula específicamente la igualdad entre mujeres y hombres; la Ley 15/2022 regula la igualdad de trato por todos los motivos, con carácter general y subsidiario.
Conciliación, permisos y corresponsabilidad en el empleo público
La LO 3/2007 reformó el régimen de permisos y licencias para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad, y el Real Decreto-ley 6/2019 equiparó los permisos por nacimiento de ambos progenitores en dieciséis semanas, que el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, amplió a diecinueve (treinta y dos en los supuestos de monoparentalidad). En el empleo público, el Estatuto Básico del Empleado Público (art. 49) reconoce hoy un permiso por nacimiento de diecinueve semanas para la madre biológica y de otras diecinueve semanas para el otro progenitor, con seis semanas de descanso obligatorio e ininterrumpido inmediatamente posteriores al parto en ambos casos; además existen permisos por lactancia, por cuidado de menor afectado por enfermedad grave, por violencia de género (reducción o reordenación de jornada, movilidad, suspensión con reserva de puesto) y otras medidas de flexibilidad horaria. El examen suele preguntar por la finalidad de estas medidas (conciliar la vida personal, familiar y laboral y fomentar la corresponsabilidad), por la equiparación de permisos de nacimiento y por el derecho de la funcionaria víctima de violencia de género a la movilidad, el cambio de unidad y la reducción de jornada con mantenimiento de retribuciones.
Instituciones de la LO 1/2004: Delegación del Gobierno, Observatorio y Fiscal
La LO 1/2004 crea un sistema institucional propio. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29), adscrita al Ministerio de Igualdad o al departamento con competencias en la materia, formula las políticas públicas en esta materia, elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres, coordina e impulsa las acciones y está legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos e intereses tutelados por la ley. El Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado de asesoramiento, evaluación y colaboración institucional. En la Fiscalía existe el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer (art. 70 de la ley, que añade el art. 18 quáter al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), con categoría de Fiscal de Sala, nombrado por el Fiscal General del Estado, que interviene en los procesos penales de especial trascendencia y coordina las secciones de violencia sobre la mujer de las fiscalías. A estas instituciones se suman las unidades de coordinación y de violencia sobre la mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el teléfono 016 de atención a víctimas, el sistema VioGén de seguimiento integral de los casos del Ministerio del Interior, con niveles de riesgo, y el servicio ATENPRO de atención telefónica móvil. La protección de la intimidad de las víctimas (art. 63) permite además a los jueces acordar vistas a puerta cerrada y actuaciones reservadas.
Pacto de Estado y refuerzo reciente de la respuesta frente a la violencia de género
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados en 2017, dio lugar a un conjunto de reformas legales y a una dotación de fondos para Comunidades Autónomas y entidades locales; entre sus desarrollos normativos destaca el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, que amplió los medios de acreditación de la condición de víctima (informes de servicios sociales, sanitarios o de acogida, además de la sentencia, la orden de protección o el informe del Ministerio Fiscal) y reforzó el papel de ayuntamientos y Comunidades Autónomas. La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, introdujo nuevas medidas de asistencia (art. 19 bis sobre atención sanitaria) y ampliaciones del régimen de protección a víctimas de violencia sexual, y mejoró la atención a los menores víctimas, incluidas las de violencia vicaria. En el ámbito europeo, la Directiva (UE) 2024/1385, sobre lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, establece normas mínimas que los Estados deben incorporar a su Derecho interno en los plazos fijados; su efecto sobre la legislación española deberá comprobarse en cada convocatoria.
Cuadro de memoria: fechas, edades y cifras de igualdad
Normas y fechas: LO 3/2007, de 22 de marzo (igualdad); LO 1/2004, de 28 de diciembre (violencia de género); Ley 4/2023, de 28 de febrero (trans y LGTBI); Ley 15/2022, de 12 de julio (igualdad de trato); LO 10/2022, de 6 de septiembre (libertad sexual); LO 2/2024, de 1 de agosto (paridad); Ley 27/2003, de 31 de julio (orden de protección); Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Ley 2/2016, de 29 de marzo y Ley 3/2016, de 22 de julio (Comunidad de Madrid). Cifras: composición equilibrada 60/40; ayuda del art. 27: rentas inferiores al 75 por 100 del SMI y pago único de 6 meses de subsidio (12 si discapacidad igual o superior al 33 por 100); plan de igualdad empresarial: 50 o más trabajadores; rectificación registral: más de 16 años libremente, 14-16 con asistencia de representantes, 12-14 con autorización judicial; orden de protección: audiencia en 72 horas y medidas civiles con vigencia de 30 días.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Distinguir igualdad formal (art. 14 CE, prohibición de discriminación) de igualdad material o sustancial (art. 9.2 CE, obligación de los poderes públicos de promover condiciones reales de igualdad): esta combinación legitima las acciones positivas.
Discriminación directa (trato menos favorable explícito por razón de sexo) frente a discriminación indirecta (norma o práctica aparentemente neutra que perjudica de hecho a un sexo, salvo justificación objetiva) — art. 3 LO 3/2007.
La inversión de la carga de la prueba (art. 13 LO 3/2007) exige primero indicios razonables de discriminación por parte de quien demanda; no es una inversión automática y no se aplica en el proceso penal.
El concepto legal de "violencia de género" de la LO 1/2004 es más restrictivo que el internacional: solo cubre la ejercida por cónyuge o pareja/expareja afectiva, no cualquier violencia contra la mujer.
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen competencias PENALES y CIVILES a la vez (evitan la dispersión de procedimientos) cuando la víctima de violencia de género está implicada en ambos tipos de asuntos.
La orden de protección no está en la LO 1/2004 como artículo propio: se creó modificando la LECrim (art. 544 ter) e integra en un solo acto medidas penales y civiles, activando además el estatuto integral de la víctima.
La Ley 4/2023 despatologiza la transexualidad: rectificación registral sin informe médico ni tratamiento hormonal previo, con régimen escalonado de garantías según la edad (16+, 16-17, 12-15).
En Madrid, la Ley 2/2016 (identidad/expresión de género) es anterior a la ley estatal 4/2023 y sigue vigente para lo no reservado al Estado (el registro civil sí es competencia estatal exclusiva).
La Ley 4/2023 es una ley ORDINARIA (no orgánica); la LO 3/2007 y la LO 1/2004 sí son orgánicas. En el test se suele atribuir a la ley trans un rango orgánico que no tiene.
La orden de protección procede de la Ley 27/2003 (art. 544 ter LECrim); la LO 1/2004 solo remite a ella (art. 62). Audiencia urgente en un máximo de 72 horas y medidas civiles con vigencia de 30 días.
Rectificación registral del sexo (Ley 4/2023): mayores de 16 por sí mismos; de 14 a 16 con asistencia de representantes legales; de 12 a 14 con autorización judicial; menores de 12 no se admite.
Composición equilibrada (DA 1.ª LO 3/2007): ningún sexo por encima del 60 por 100 ni por debajo del 40 por 100.
El Plan de Igualdad de la AGE se aprueba al inicio de cada legislatura y su cumplimiento se evalúa anualmente por el Consejo de Ministros (art. 64 LO 3/2007).
La ayuda económica específica del art. 27 LO 1/2004 exige rentas inferiores al 75 por 100 del SMI (no al SMI completo) y especiales dificultades para obtener empleo.
Competencia civil de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: exclusiva y excluyente solo si concurren simultáneamente los cuatro requisitos del art. 87 ter.3 LOPJ; la mediación está vedada.
La Ley 15/2022 añade el art. 77.3 bis a la Ley 39/2015: con indicios fundados de discriminación, la Administración debe justificar de forma objetiva, razonable y probada sus medidas.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, añadió a la Ley 39/2015 una regla sobre:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 21 de Administrativo C. Madrid?
La igualdad efectiva entre mujeres y hombres es, junto con la protección frente a la violencia de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, uno de los ejes normativos que con mayor intensidad se han desarrollado en España en las últimas dos décadas, con una arquitectura legal que combina el mandato constitucional del artículo 14 y 9.2 CE, dos grandes leyes orgánicas de referencia (la LO 3/2007 de igualdad y la LO 1/2004 de violencia de género), una ley ordinaria específica para las personas trans y LGTBI (la Ley 4/2023, conocida como "ley trans") y la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, y un desarrollo autonómico propio en la Comunidad de Madrid. Para el examen conviene distinguir con claridad tres bloques que a veces se solapan en la pregunta pero responden a lógicas y normas distintas: la igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo en general (LO 3/2007), la respuesta penal, asistencial y judicial específica frente a la violencia que sufren las mujeres por parte de parejas o exparejas (LO 1/2004) y la protección de los derechos de las personas LGTBI, con especial atención a las personas trans (LO 4/2023 y normativa madrileña).
¿Qué hay que memorizar del Tema 21 para el examen?
Distinguir igualdad formal (art. 14 CE, prohibición de discriminación) de igualdad material o sustancial (art. 9.2 CE, obligación de los poderes públicos de promover condiciones reales de igualdad): esta combinación legitima las acciones positivas. Discriminación directa (trato menos favorable explícito por razón de sexo) frente a discriminación indirecta (norma o práctica aparentemente neutra que perjudica de hecho a un sexo, salvo justificación objetiva) — art. 3 LO 3/2007. La inversión de la carga de la prueba (art. 13 LO 3/2007) exige primero indicios razonables de discriminación por parte de quien demanda; no es una inversión automática y no se aplica en el proceso penal. El concepto legal de "violencia de género" de la LO 1/2004 es más restrictivo que el internacional: solo cubre la ejercida por cónyuge o pareja/expareja afectiva, no cualquier violencia contra la mujer. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen competencias PENALES y CIVILES a la vez (evitan la dispersión de procedimientos) cuando la víctima de violencia de género está implicada en ambos tipos de asuntos. La orden de protección no está en la LO 1/2004 como artículo propio: se creó modificando la LECrim (art. 544 ter) e integra en un solo acto medidas penales y civiles, activando además el estatuto integral de la víctima. La Ley 4/2023 despatologiza la transexualidad: rectificación registral sin informe médico ni tratamiento hormonal previo, con régimen escalonado de garantías según la edad (16+, 16-17, 12-15). En Madrid, la Ley 2/2016 (identidad/expresión de género) es anterior a la ley estatal 4/2023 y sigue vigente para lo no reservado al Estado (el registro civil sí es competencia estatal exclusiva). La Ley 4/2023 es una ley ORDINARIA (no orgánica); la LO 3/2007 y la LO 1/2004 sí son orgánicas. En el test se suele atribuir a la ley trans un rango orgánico que no tiene. La orden de protección procede de la Ley 27/2003 (art. 544 ter LECrim); la LO 1/2004 solo remite a ella (art. 62). Audiencia urgente en un máximo de 72 horas y medidas civiles con vigencia de 30 días. Rectificación registral del sexo (Ley 4/2023): mayores de 16 por sí mismos; de 14 a 16 con asistencia de representantes legales; de 12 a 14 con autorización judicial; menores de 12 no se admite. Composición equilibrada (DA 1.ª LO 3/2007): ningún sexo por encima del 60 por 100 ni por debajo del 40 por 100. El Plan de Igualdad de la AGE se aprueba al inicio de cada legislatura y su cumplimiento se evalúa anualmente por el Consejo de Ministros (art. 64 LO 3/2007). La ayuda económica específica del art. 27 LO 1/2004 exige rentas inferiores al 75 por 100 del SMI (no al SMI completo) y especiales dificultades para obtener empleo. Competencia civil de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: exclusiva y excluyente solo si concurren simultáneamente los cuatro requisitos del art. 87 ter.3 LOPJ; la mediación está vedada. La Ley 15/2022 añade el art. 77.3 bis a la Ley 39/2015: con indicios fundados de discriminación, la Administración debe justificar de forma objetiva, razonable y probada sus medidas.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 9.2, 14 y 53.2 (BOE-A-1978-31229).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115).
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE-A-2004-21760).
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (BOE-A-2022-14630).
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (BOE-A-2022-11589).
Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres (BOE-A-2024-15936).
Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica; art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo; Real Decreto 901/2020 y Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre.
Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid; Ley 2/2016, de 29 de marzo, y Ley 3/2016, de 22 de julio, de la Comunidad de Madrid.
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