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Tema 30. El contrato de trabajo: Concepto y naturaleza. Forma. Contenido y régimen jurídico. Modalidades. Duración. Modificación, suspensión y extinción.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

Este tema abandona el terreno de la función pública para adentrarse en el Derecho del Trabajo general, regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET). Su relevancia para el Cuerpo de Administrativos de la Comunidad de Madrid es directa: buena parte de la gestión de personal que realiza este cuerpo afecta también al personal laboral, y conocer el régimen general del contrato de trabajo es indispensable para tramitar correctamente altas, modificaciones contractuales, expedientes de incapacidad temporal o procedimientos de extinción. Es, además, uno de los temas del programa más afectados por reformas legislativas recientes —en particular la reforma laboral operada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre—, que simplificó de forma notable las modalidades de contratación temporal y reforzó la contratación indefinida como forma común de empleo, cambios que conviene tener muy presentes frente a versiones desactualizadas del temario. Orden de estudio recomendado: concepto, sujetos y forma (arts. 1 a 8, 14); contenido y régimen jurídico (arts. 3 a 5, 26 a 38); modalidades y duración (arts. 11, 12, 15, 16); modificación (arts. 39 a 41), suspensión (arts. 45 a 48) y extinción (arts. 49 a 56).

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Concepto y naturaleza jurídica del contrato de trabajo

El artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores delimita su ámbito de aplicación a las personas trabajadoras que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. De esta definición se extrae el concepto de contrato de trabajo: el negocio jurídico bilateral por el que una persona física se obliga a prestar unos servicios a cambio de una retribución, bajo la organización y dirección de otra. Se trata de un contrato de naturaleza sinalagmática (genera obligaciones recíprocas para ambas partes), consensual (se perfecciona por el mero consentimiento, sin perjuicio de las formalidades exigidas para determinadas modalidades), oneroso (existe siempre contraprestación económica) y de tracto sucesivo (sus efectos se prolongan en el tiempo, a diferencia de los contratos de ejecución instantánea). Esta naturaleza jurídica lo distingue claramente de la relación estatutaria del funcionario público, que no nace de un contrato sino de un nombramiento unilateral de la Administración.

Elementos esenciales del contrato de trabajo

Como todo contrato, el de trabajo requiere la concurrencia de los elementos esenciales generales del negocio jurídico: consentimiento válido de ambas partes, objeto cierto (la prestación de servicios) y causa (la obtención de una retribución a cambio del trabajo prestado). A estos elementos generales, la doctrina laboralista añade las notas configuradoras específicas que permiten calificar una relación jurídica concreta como relación laboral, y que resultan determinantes cuando existe controversia sobre la naturaleza de una prestación de servicios: la voluntariedad de la prestación, que excluye los trabajos forzosos; la ajenidad, es decir, que los frutos del trabajo se atribuyen directamente al empresario y no al propio trabajador; la dependencia o subordinación, que implica la sujeción del trabajador al poder de organización y dirección del empresario; y la retribución, que excluye del ámbito laboral las prestaciones de servicios realizadas a título gratuito o benévolo. La concurrencia conjunta de estas cuatro notas es lo que distingue un contrato de trabajo de otras figuras próximas, como el arrendamiento de servicios mercantil o el trabajo autónomo.

Sujetos del contrato de trabajo: empleador y trabajador

El artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores define a los empresarios como todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes, que reciban la prestación de servicios de las personas trabajadoras, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas. El concepto de empresario laboral es, por tanto, más amplio que el de empresario mercantil, pudiendo serlo cualquier ente con capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, incluidas las Administraciones Públicas en su condición de empleadoras de personal laboral. El trabajador, por su parte, ha de ser necesariamente una persona física —nunca una persona jurídica—, que preste sus servicios de forma voluntaria, retribuida, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del empresario. El artículo 1.3 excluye del ámbito del ET, entre otras, las relaciones de los funcionarios públicos, las prestaciones personales obligatorias, la actividad de los consejeros de administración, los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad, los trabajos familiares (salvo prueba de condición de asalariados) y la actividad de las personas que intervienen en operaciones mercantiles por cuenta de otras. El artículo 2 regula las relaciones laborales de carácter especial (alta dirección, servicio del hogar familiar, penados en instituciones penitenciarias, deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos, estibadores portuarios, entre otras), a las que el ET se aplica de forma supletoria.

La capacidad para contratar

El artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años; la intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos solo se autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro para su salud física ni para su formación profesional y humana; y los menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo respecto de los que se establezcan limitaciones a su contratación, ni horas extraordinarias. El artículo 7 regula la capacidad para contratar la prestación de trabajo: pueden hacerlo quienes tengan plena capacidad de obrar conforme al Código Civil (mayores de edad y menores emancipados); los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de quien los tenga a su cargo; y los extranjeros, de acuerdo con la legislación específica sobre la materia (normativa de extranjería, que exige con carácter general la correspondiente autorización de residencia y trabajo). Si el representante legal de una persona con capacidad limitada la autoriza expresamente para realizar un trabajo, ésta queda también autorizada para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de su contrato.

La forma del contrato de trabajo

El artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores consagra, como regla general, la libertad de forma: el contrato de trabajo puede celebrarse por escrito o de palabra, presumiéndose existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, y el que lo recibe a cambio de una retribución, salvo prueba en contrario. No obstante, la propia norma exige la forma escrita, con carácter obligatorio, para determinadas modalidades contractuales en atención a su especial trascendencia jurídica: entre otros, los contratos formativos, los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo, los contratos de trabajo a distancia, los contratos para trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero, los contratos temporales cuya duración sea superior a cuatro semanas y, en general, cuantos así lo exija una disposición legal. Cuando exista obligación de formalizar por escrito, cualquiera de las partes podrá exigir que se haga, incluso durante el desarrollo de la relación laboral. El incumplimiento de la exigencia de forma escrita cuando esta es preceptiva no determina la nulidad del contrato, sino que da lugar a una presunción legal de que el contrato se ha concertado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o a tiempo parcial. La contratación debe comunicarse a los servicios públicos de empleo en el plazo legalmente establecido.

El período de prueba

El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores permite concertar por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En defecto de pacto en convenio, la duración no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el período de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. En los contratos temporales de duración determinada concertados por tiempo no superior a seis meses, el período de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso, sin necesidad de alegar causa ni de preaviso y sin derecho a indemnización, salvo pacto en contrario. La ley declara nulo el pacto de período de prueba cuando el trabajador ya hubiese desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación, siendo ésta una de las cuestiones más preguntadas en test sobre esta institución. Transcurrido el período de prueba sin desistimiento, el contrato produce plenos efectos y el tiempo de servicios prestados se computa a efectos de antigüedad.

El contenido del contrato de trabajo: derechos y obligaciones

Los artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores fijan el contenido mínimo de derechos y deberes derivados de todo contrato de trabajo, sin perjuicio de las condiciones específicas que las partes puedan pactar dentro de los límites legales y convencionales. Entre los derechos básicos del trabajador figuran: el trabajo y la libre elección de profesión u oficio; la libre sindicación; la negociación colectiva; la adopción de medidas de conflicto colectivo; la huelga; la reunión; la información, consulta y participación en la empresa; y, en la relación de trabajo, la ocupación efectiva; la promoción y formación profesional en el trabajo; la no discriminación; la integridad física y una adecuada política de prevención de riesgos laborales; el respeto a su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, incluida la protección frente al acoso; la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida; y el ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato. Como contrapartida, el artículo 5 impone al trabajador los deberes básicos de cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia, observar las medidas de prevención de riesgos, cumplir las órdenes del empresario en el ejercicio regular de sus facultades de dirección, no concurrir con la actividad de la empresa y contribuir a la mejora de la productividad.

El régimen jurídico aplicable al contrato de trabajo

El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores establece el sistema de fuentes de la relación laboral, ordenadas jerárquicamente: en primer lugar, las disposiciones legales y reglamentarias del Estado; en segundo lugar, los convenios colectivos; en tercer lugar, la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes mencionados; y, subsidiariamente, los usos y costumbres locales y profesionales. Este sistema se completa con dos principios rectores: el principio de norma mínima, que impide a la autonomía de la voluntad individual disponer en perjuicio del trabajador de los mínimos legales o convencionales de derecho necesario; y el principio de condición más beneficiosa, conforme al cual las condiciones más favorables pactadas o reconocidas individualmente al trabajador se mantienen aunque una norma posterior establezca condiciones distintas, salvo que ésta disponga expresamente su carácter absorbible o compensable. El artículo 3.3 añade que los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto.

Salario, jornada, descansos y vacaciones

El contenido económico y temporal del contrato se regula en los artículos 26 a 38 del ET. Se considera salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo (art. 26). El Gobierno fija, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, el salario mínimo interprofesional (art. 27). Los trabajadores tienen derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con motivo de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores (art. 31). La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual (art. 34.1), con un descanso mínimo de doce horas entre jornadas (art. 34.3) y un descanso semanal mínimo de día y medio ininterrumpido (art. 37.1). Las horas extraordinarias, voluntarias salvo pacto, no podrán superar las ochenta al año (art. 35.2). El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio o contrato individual y en ningún caso inferior a treinta días naturales (art. 38.1). La empresa debe garantizar el registro diario de jornada (art. 34.9). Cabe que convenios o pactos prevean una jornada inferior (como ocurre en las Administraciones Públicas).

Modalidades de contratación: el contrato indefinido y el fijo-discontinuo

El artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, establece como regla general que el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido, y que el contrato de duración determinada solo podrá celebrarse por causa justificada de temporalidad. Esta reforma supuso un cambio de paradigma respecto de la situación anterior, invirtiendo la lógica que durante décadas había convivido con una elevadísima tasa de temporalidad estructural en el mercado de trabajo español: en lugar de un catálogo amplio de causas de temporalidad, la norma actual reduce éstas a dos supuestos tasados —el contrato por circunstancias de la producción y el contrato de sustitución—, de manera que, fuera de ellos (y de los contratos formativos, de naturaleza distinta), todo contrato de trabajo debe entenderse celebrado por tiempo indefinido; las personas contratadas incumpliendo lo establecido en el artículo 15 adquirirán la condición de fijas. Como modalidad de contrato indefinido, el artículo 16 regula el contrato fijo-discontinuo, que se concertará para realizar trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan períodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados; debe formalizarse por escrito y el llamamiento a la actividad sigue las reglas del convenio.

El contrato temporal por circunstancias de la producción

El artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores regula el contrato por circunstancias de la producción, una de las dos únicas causas de temporalidad admitidas tras la reforma laboral de 2021. Puede celebrarse cuando se produzca un incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no responda a los supuestos del fijo-discontinuo. Entre estas oscilaciones se entienden incluidas las que derivan de las vacaciones anuales. La duración del contrato no podrá ser superior a seis meses; por convenio colectivo de ámbito sectorial se podrá ampliar la duración máxima hasta un año. Si se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total exceda de la máxima. La propia norma prevé además una modalidad específica para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada: las empresas podrán utilizar este contrato un máximo de noventa días en el año natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que deberán estar debidamente identificadas en el contrato; estos noventa días no podrán ser utilizados de manera continuada. Las personas contratadas incumpliendo estas reglas adquieren la condición de fijas.

El contrato de sustitución

El artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores regula el contrato de sustitución como la segunda de las dos causas de temporalidad admitidas tras la reforma de 2021, previsto para tres supuestos: sustituir a una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución; completar la jornada reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo; o cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser superior a tres meses (o el plazo inferior recogido en convenio colectivo), ni pueda celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima. En los dos primeros supuestos, el contrato podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia de la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las funciones el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado del puesto y, como máximo, durante quince días.

El contrato formativo: en alternancia y para la obtención de práctica profesional

El artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, tras la reforma de 2021, regula el contrato formativo en dos modalidades diferenciadas, ambas de naturaleza temporal pero orientadas a una finalidad formativa que las distingue del resto de contratos temporales. El contrato de formación en alternancia tiene por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo; su duración mínima es de tres meses y la máxima de dos años. El contrato para la obtención de la práctica profesional, por su parte, podrá concertarse con quienes estuvieran en posesión de un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o títulos equivalentes, dentro de los tres años (cinco si el contrato se celebra con una persona con discapacidad) siguientes a la terminación de los estudios correspondientes, con la finalidad de obtener una práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados; su duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. Ambos contratos se formalizan por escrito.

El contrato a tiempo parcial

El artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores regula el contrato a tiempo parcial como aquel en que se ha acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, entendiendo por tal a un trabajador con el mismo tipo de contrato que preste servicios en la misma empresa y centro de trabajo, con igual o similar trabajo. Puede celebrarse por tiempo indefinido o por duración determinada, y debe formalizarse por escrito, con indicación del número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año y su distribución. Admite la realización de horas complementarias —adicionales a las pactadas, sujetas a límites y a un régimen de preaviso específico— cuando se haya pactado expresamente; el pacto de horas complementarias no puede exceder del treinta por ciento de las horas ordinarias objeto del contrato (ampliable hasta el sesenta por ciento por convenio). No se pueden realizar horas extraordinarias, salvo las derivadas de fuerza mayor. La propia norma proclama el principio de igualdad de derechos entre el trabajador a tiempo parcial y el trabajador a tiempo completo, sin que puedan ser tratados de manera menos favorable por el solo hecho de trabajar a tiempo parcial, salvo que un tratamiento diferente esté justificado por razones objetivas, aplicándose en todo caso un criterio de proporcionalidad cuando así lo justifique la naturaleza del derecho de que se trate.

La duración del contrato de trabajo

Tras la reforma laboral de 2021, la duración del contrato de trabajo se rige por el principio general de indefinición, salvo que concurra alguna de las causas tasadas de temporalidad que la propia norma admite con carácter excepcional: circunstancias de la producción, sustitución o, con su propia naturaleza y finalidad diferenciada, contrato formativo. Cada una de estas modalidades tiene sus propios límites máximos de duración, cuyo incumplimiento, o cuya utilización en fraude de ley, determina que las personas contratadas adquieran la condición de fijas. Además, el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores establece una regla de límite al encadenamiento de contratos temporales: las personas trabajadoras que en un período de veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas. Conviene recordar que, al finalizar el contrato por expiración del tiempo convenido, excepto en los contratos de interinidad y en los formativos, la persona trabajadora tiene derecho a una indemnización equivalente a la parte proporcional de doce días de salario por cada año de servicio (art. 49.1.c ET).

La modificación sustancial de las condiciones de trabajo

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores permite a la empresa acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, considerando como tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales, entre otras, las que afecten a la jornada de trabajo, al horario y distribución del tiempo de trabajo, al régimen de trabajo a turnos, al sistema de remuneración y cuantía salarial, al sistema de trabajo y rendimiento, y a las funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39. Cuando la modificación es individual, exige notificación al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su efectividad; cuando es colectiva, exige la apertura de un período de consultas con la representación de los trabajadores, de duración no superior a quince días. En determinados supuestos, el trabajador no conforme con la modificación y que resulte perjudicado puede optar por rescindir su contrato con derecho a una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de nueve mensualidades; también puede impugnarla ante la jurisdicción social en el plazo de veinte días hábiles.

La movilidad funcional y geográfica

El artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores regula la movilidad funcional, que se realizará dentro del grupo profesional del trabajador, sin otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral; la movilidad fuera del grupo profesional solo cabe por razones técnicas u organizativas justificadas y por el tiempo imprescindible para su atención, sin merma de la dignidad del trabajador ni perjuicio para su formación y promoción. Si se realizasen funciones superiores a las del grupo profesional durante más de seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso (si no obsta lo dispuesto en convenio) o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial. El artículo 40, por su parte, regula la movilidad geográfica, distinguiendo el traslado —cambio de centro de trabajo que exige el cambio de residencia del trabajador, que requiere la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y, si es individual, notificación al trabajador y a sus representantes con una antelación mínima de treinta días— del desplazamiento temporal, de menor entidad (en desplazamientos superiores a tres meses, preaviso mínimo de cinco días laborables, y más de doce meses en tres años se consideran traslado). Frente al traslado, el trabajador afectado puede optar entre aceptarlo, percibiendo una compensación por gastos, o extinguir su contrato con una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades.

La suspensión del contrato de trabajo: causas

El artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores enumera de forma extensa las causas de suspensión del contrato de trabajo, situación que exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y de remunerar el trabajo, sin extinguir el vínculo laboral: el mutuo acuerdo de las partes; las causas consignadas válidamente en el contrato; la incapacidad temporal del trabajador; el nacimiento y cuidado de menor; el riesgo durante el embarazo y el riesgo durante la lactancia natural; el ejercicio de cargo público representativo; la privación de libertad del trabajador mientras no exista sentencia condenatoria; la suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias; la fuerza mayor temporal; las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que den lugar a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE, art. 47); la excedencia forzosa; el ejercicio del derecho de huelga; el cierre legal de la empresa; y la decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia sexual. Desaparecida la causa suspensiva, el trabajador tiene derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado en los supuestos de suspensión con reserva. El ERTE por causas ETOP se tramita con un período de consultas de duración máxima de quince días; el Real Decreto-ley 32/2021 introdujo además el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo (art. 47 bis).

La excedencia laboral

El artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores regula la excedencia como una de las causas de suspensión del contrato de trabajo, distinguiendo la excedencia forzosa, que se concede por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, dando derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia, debiendo solicitarse el reingreso dentro del mes siguiente al cese en el cargo público; y la excedencia voluntaria, que puede solicitar el trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año, por un plazo no menor a cuatro meses ni mayor a cinco años, sin derecho a retribución ni a la reserva del puesto de trabajo concreto, si bien conserva un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría que hubiera o se produjeran en la empresa. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia. Junto a estas, la norma regula la excedencia por cuidado de hijos (hasta tres años) y de familiares (hasta segundo grado, no superior a dos años salvo mayor duración por convenio), con reserva de puesto durante el primer año (ampliable a quince o dieciocho meses en familias numerosas) y derecho a un puesto del mismo grupo profesional transcurrido dicho plazo.

La extinción del contrato de trabajo: causas

El artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores enumera las causas por las que se extingue el contrato de trabajo: el mutuo acuerdo de las partes; las causas consignadas válidamente en el contrato, salvo que las mismas constituyan abuso de derecho; la expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio objeto del contrato; la dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar; la muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador; la jubilación del trabajador; la muerte, jubilación o incapacidad del empresario, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante; la fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo; el despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; la voluntad de la trabajadora que se vea obligada a extinguir definitivamente su contrato como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia sexual; el despido del trabajador (disciplinario); las causas objetivas legalmente procedentes; y la resolución del contrato por voluntad del trabajador fundamentada en un incumplimiento contractual grave del empresario (art. 50), con derecho a indemnización similar a la del despido improcedente.

El despido disciplinario

Los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores regulan el despido disciplinario como la extinción del contrato de trabajo decidida unilateralmente por el empresario, fundada en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, de entre las causas tasadas por la propia ley: las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo; la indisciplina o desobediencia en el trabajo; las ofensas verbales o físicas al empresario, a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos; la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en el desempeño del trabajo; la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal o pactado del trabajo; la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo; y el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, así como el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa. El despido debe comunicarse por escrito, mediante carta de despido, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.

El despido por causas objetivas

Los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores regulan el despido objetivo, que permite extinguir el contrato de trabajo por causas tasadas distintas del incumplimiento culpable del trabajador: la ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa; la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo; las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando el número de contratos afectados sea inferior a los umbrales del despido colectivo; y, en el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por las Administraciones Públicas o por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación económica estable, la insuficiencia de la correspondiente consignación presupuestaria. El antiguo despido objetivo por faltas de asistencia justificadas pero intermitentes (art. 52.d) fue derogado por el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por lo que ya no constituye causa de despido. La forma exige comunicación escrita expresando la causa, poniendo a disposición del trabajador, simultáneamente, una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades, y concediendo un preaviso de quince días; durante el preaviso, el trabajador tiene derecho a una licencia de seis horas semanales para buscar nuevo empleo.

El despido colectivo

El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores define el despido colectivo como la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a diez trabajadores en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores; al diez por ciento del número de trabajadores en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores; o a treinta trabajadores en las que ocupen trescientos o más; entendiéndose igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecte a la totalidad de la plantilla, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de la actividad empresarial fundada en las mismas causas. Su tramitación exige, en todo caso, la apertura de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duración no superior a treinta días naturales (quince en empresas de menos de cincuenta trabajadores), previa comunicación a la autoridad laboral. La indemnización legal es de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades.

Calificación del despido, efectos y plazo de impugnación

El despido disciplinario o por causas objetivas puede ser calificado como procedente, improcedente o nulo (art. 55.3 y siguientes ET). El despido procedente convalida la extinción del contrato, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación (sólo en el objetivo se mantiene la indemnización de veinte días). Si el despido se declara improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación, o el abono de una indemnización de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades (art. 56). El despido nulo (por causas de discriminación, vulneración de derechos fundamentales o protección de trabajadoras embarazadas, entre otros supuestos) obliga a la readmisión inmediata con abono de los salarios dejados de percibir. La acción contra el despido caduca a los veinte días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido (art. 59.3 ET), siendo preceptiva la conciliación o mediación previa. Es una de las cifras más preguntadas junto con la de la indemnización de 33 días.

La dimisión del trabajador

La dimisión es la forma de extinción del contrato de trabajo por voluntad unilateral del propio trabajador, recogida como causa extintiva en el artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, que no exige la concurrencia ni la alegación de causa alguna, a diferencia de lo que sucede con la resolución causal del contrato instada por el trabajador ante un incumplimiento grave del empresario (art. 50). Su único requisito formal es el respeto del plazo de preaviso que, en su caso, establezca el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, la costumbre del lugar y de la actividad, plazo cuya finalidad es permitir a la empresa organizar la sustitución del trabajador saliente. El incumplimiento del preaviso no impide la eficacia de la dimisión, que produce sus efectos extintivos igualmente, si bien puede dar lugar a que el convenio prevea una consecuencia económica o a que el empresario reclame los daños y perjuicios que acredite.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El ET es el RDLeg 2/2015, de 23 de octubre; tras el RDL 32/2021, el contrato indefinido es la forma común y solo quedan 2 causas de temporalidad: circunstancias de la producción (art. 15.2) y sustitución (art. 15.3). Los incumplimientos generan fijeza.
  • Circunstancias de la producción: máximo 6 meses (hasta 1 año por convenio sectorial); modalidad de situaciones previsibles: máximo 90 días por año natural, no continuados. Sustitución para cobertura de vacante durante la selección: máximo 3 meses.
  • El contrato formativo (art. 11) tiene 2 modalidades: formación en alternancia (3 meses a 2 años) y obtención de práctica profesional (6 meses a 1 año; dentro de los 3 años siguientes al título, 5 si hay discapacidad).
  • Encadenamiento (art. 15.5): más de 18 meses en 24 con dos o más contratos por circunstancias de la producción para el mismo puesto -> fijeza.
  • Período de prueba: máximo 6 meses (técnicos titulados) o 2 meses (resto), 3 en empresas de menos de 25 trabajadores; 1 mes en temporales de hasta 6 meses; nulo si ya se desempeñaron antes las mismas funciones.
  • Capacidad: prohibida la admisión de menores de 16 años (art. 6); de 16 a 18 años con autorización o vida independiente con consentimiento (art. 7).
  • Movilidad funcional (art. 39) = dentro del grupo profesional; traslado (art. 40) = cambio de residencia, preaviso de 30 días, indemnización de 20 días/año con máximo de 12 mensualidades si se opta por extinguir. MSCT individual: preaviso de 15 días (art. 41).
  • Despido objetivo: indemnización de 20 días/año con máximo de 12 mensualidades, preaviso de 15 días (arts. 52-53). El despido por absentismo intermitente (antiguo art. 52.d) está derogado desde el RDL 4/2020.
  • Despido improcedente: 33 días por año de servicio, máximo 24 mensualidades; plazo de impugnación de 20 días hábiles.
  • Despido colectivo (art. 51): umbrales en 90 días: 10 trabajadores (menos de 100), 10% (100 a 300), 30 trabajadores (300 o más); período de consultas de hasta 30 días naturales (15 en empresas de menos de 50).
  • Excedencia voluntaria laboral: antigüedad de 1 año, duración de 4 meses a 5 años, sin reserva de puesto pero con derecho preferente de reingreso; solo puede repetirse tras 4 años desde el final de la anterior.
  • No confundas este tema, que es Derecho del Trabajo general, con el régimen estatutario de los funcionarios (temas 25 a 28).
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Pregunta 1 de 140 aciertos

La excedencia voluntaria laboral (art. 46.2 ET) puede solicitarla el trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año, por un plazo:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 30 de Administrativo C. Madrid?

Este tema abandona el terreno de la función pública para adentrarse en el Derecho del Trabajo general, regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET). Su relevancia para el Cuerpo de Administrativos de la Comunidad de Madrid es directa: buena parte de la gestión de personal que realiza este cuerpo afecta también al personal laboral, y conocer el régimen general del contrato de trabajo es indispensable para tramitar correctamente altas, modificaciones contractuales, expedientes de incapacidad temporal o procedimientos de extinción. Es, además, uno de los temas del programa más afectados por reformas legislativas recientes —en particular la reforma laboral operada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre—, que simplificó de forma notable las modalidades de contratación temporal y reforzó la contratación indefinida como forma común de empleo, cambios que conviene tener muy presentes frente a versiones desactualizadas del temario. Orden de estudio recomendado: concepto, sujetos y forma (arts. 1 a 8, 14); contenido y régimen jurídico (arts. 3 a 5, 26 a 38); modalidades y duración (arts. 11, 12, 15, 16); modificación (arts. 39 a 41), suspensión (arts. 45 a 48) y extinción (arts. 49 a 56).

¿Qué hay que memorizar del Tema 30 para el examen?

El ET es el RDLeg 2/2015, de 23 de octubre; tras el RDL 32/2021, el contrato indefinido es la forma común y solo quedan 2 causas de temporalidad: circunstancias de la producción (art. 15.2) y sustitución (art. 15.3). Los incumplimientos generan fijeza. Circunstancias de la producción: máximo 6 meses (hasta 1 año por convenio sectorial); modalidad de situaciones previsibles: máximo 90 días por año natural, no continuados. Sustitución para cobertura de vacante durante la selección: máximo 3 meses. El contrato formativo (art. 11) tiene 2 modalidades: formación en alternancia (3 meses a 2 años) y obtención de práctica profesional (6 meses a 1 año; dentro de los 3 años siguientes al título, 5 si hay discapacidad). Encadenamiento (art. 15.5): más de 18 meses en 24 con dos o más contratos por circunstancias de la producción para el mismo puesto -> fijeza. Período de prueba: máximo 6 meses (técnicos titulados) o 2 meses (resto), 3 en empresas de menos de 25 trabajadores; 1 mes en temporales de hasta 6 meses; nulo si ya se desempeñaron antes las mismas funciones. Capacidad: prohibida la admisión de menores de 16 años (art. 6); de 16 a 18 años con autorización o vida independiente con consentimiento (art. 7). Movilidad funcional (art. 39) = dentro del grupo profesional; traslado (art. 40) = cambio de residencia, preaviso de 30 días, indemnización de 20 días/año con máximo de 12 mensualidades si se opta por extinguir. MSCT individual: preaviso de 15 días (art. 41). Despido objetivo: indemnización de 20 días/año con máximo de 12 mensualidades, preaviso de 15 días (arts. 52-53). El despido por absentismo intermitente (antiguo art. 52.d) está derogado desde el RDL 4/2020. Despido improcedente: 33 días por año de servicio, máximo 24 mensualidades; plazo de impugnación de 20 días hábiles. Despido colectivo (art. 51): umbrales en 90 días: 10 trabajadores (menos de 100), 10% (100 a 300), 30 trabajadores (300 o más); período de consultas de hasta 30 días naturales (15 en empresas de menos de 50). Excedencia voluntaria laboral: antigüedad de 1 año, duración de 4 meses a 5 años, sin reserva de puesto pero con derecho preferente de reingreso; solo puede repetirse tras 4 años desde el final de la anterior. No confundas este tema, que es Derecho del Trabajo general, con el régimen estatutario de los funcionarios (temas 25 a 28).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 14 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE-A-2015-11430): arts. 1 a 8, 11, 12, 14 a 16, 26 a 41, 45 a 59.
  • Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
  • Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia justificadas pero intermitentes.
  • Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (plazos y procedimiento de impugnación).

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