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Tema 32. La Seguridad Social (II). Acción protectora: contingencias y prestaciones.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

Este tema cierra el bloque de Seguridad Social abordando su núcleo más sustantivo: la acción protectora, es decir, el conjunto de prestaciones con las que el sistema responde a las situaciones de necesidad de las personas trabajadoras y sus familias. Concentra muchos datos memorísticos susceptibles de pregunta directa de test (porcentajes de bases reguladoras, grados de incapacidad, requisitos de carencia, duración de permisos y prestaciones), por lo que conviene sistematizar el estudio contingencia por contingencia. Buena parte de las cifras concretas de este bloque (edad de jubilación, periodos de cotización exigidos, cuantías del Ingreso Mínimo Vital, importes mínimos y máximos de las pensiones, IPREM) se actualizan periódicamente por vía legal, reglamentaria o presupuestaria, por lo que el opositor debe fijar bien la lógica de cada prestación y contrastar los datos numéricos exactos con la normativa vigente en el año de la convocatoria. Entre las reformas recientes que conviene conocer están la Ley 21/2021, de 28 de diciembre (garantía del poder adquisitivo de las pensiones), el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo (nuevo marco de sostenibilidad del sistema de pensiones) y el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo (reforma del subsidio por desempleo).

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La acción protectora del Sistema de la Seguridad Social

La Ley General de la Seguridad Social configura la acción protectora del sistema como el conjunto de prestaciones, tanto económicas como de servicios sociales, dirigidas a prevenir, reparar o superar situaciones de necesidad determinadas legalmente, derivadas de contingencias o de situaciones protegidas expresamente contempladas por la norma. Esta acción protectora se articula a través de dos grandes modalidades contributiva y no contributiva: la modalidad contributiva exige, con carácter general, un periodo previo de cotización (periodo de carencia) proporcional a la naturaleza de la prestación, y su cuantía guarda relación con las cotizaciones efectuadas; la modalidad no contributiva, en cambio, no exige cotización previa y se dirige a personas en situación de necesidad, con cuantías fijas o vinculadas a indicadores de renta, siendo el Ingreso Mínimo Vital el ejemplo más reciente y de mayor alcance dentro de esta modalidad. Comprender esta doble naturaleza del sistema es esencial para situar correctamente cada una de las prestaciones concretas que se estudian a lo largo del tema. La acción protectora se regula en el artículo 42 de la LGSS, que enumera las prestaciones: asistencia sanitaria en caso de maternidad, enfermedad común o profesional y accidentes, sean o no de trabajo; recuperación profesional; prestaciones económicas por incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, incapacidad permanente, lesiones permanentes no invalidantes, jubilación, desempleo, muerte y supervivencia, y las prestaciones familiares; y los servicios sociales. Conceptos transversales para el examen: el hecho causante (la contingencia que da origen al derecho), la base reguladora (importe sobre el que se aplica el porcentaje de la prestación), el periodo de carencia (cotización mínima exigida, que puede ser genérica o específica) y la prescripción del derecho al reconocimiento de las prestaciones, que es de cinco años contados desde el día siguiente al hecho causante, salvo las excepciones legales (art. 53 LGSS). Las pensiones contributivas se revalorizan cada año en función del incremento del IPC medio de los doce meses anteriores a diciembre (art. 58 LGSS, tras la Ley 21/2021).

Contingencias comunes y contingencias profesionales

La LGSS distingue dos grandes categorías de contingencias que dan lugar a la acción protectora del sistema, distinción que resulta transversal a buena parte de las prestaciones estudiadas en este tema. Las contingencias comunes comprenden la enfermedad común y el accidente no laboral, es decir, aquellas alteraciones de la salud o lesiones que no guardan relación directa con el trabajo desempeñado. Las contingencias profesionales comprenden el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, es decir, aquellas que sí traen causa, directa o indirectamente, de la actividad laboral. Esta distinción tiene consecuencias prácticas muy relevantes que conviene retener: en las contingencias profesionales no se exige, con carácter general, periodo previo de cotización (carencia) para acceder a las prestaciones derivadas de ellas, a diferencia de lo que ocurre en las contingencias comunes; además, la cuantía de determinadas prestaciones (incapacidad temporal, incapacidad permanente) suele ser más favorable cuando derivan de una contingencia profesional, y su cotización corre íntegramente a cargo del empresario, sin aportación del trabajador.

Modalidades contributiva y no contributiva y requisitos generales de acceso

Para acceder a las prestaciones contributivas se exige, con carácter general, estar afiliado y en alta o situación asimilada y haber cubierto el periodo de carencia que corresponda. La carencia puede ser genérica (un número de años de cotización para causar la prestación) o específica (parte de ella cercana al hecho causante, como en la jubilación). En las contingencias profesionales no se exige carencia. La modalidad no contributiva comprende prestaciones que no dependen de las cotizaciones y se dirigen a personas en situación de necesidad, con carencia de rentas; ejemplos son las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, las prestaciones familiares y el Ingreso Mínimo Vital. El esquema para estudiar cada prestación es siempre el mismo: situación protegida, beneficiarios y requisitos, base reguladora, cuantía, duración, gestión y compatibilidades.

El accidente de trabajo: concepto

El artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social define el accidente de trabajo como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. A partir de esta definición general, el propio precepto incorpora un conjunto de presunciones que amplían su alcance: tendrán la consideración de accidente de trabajo, entre otros supuestos, los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo (el conocido accidente in itinere); los que sufra con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos; y las enfermedades no incluidas como profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. Por el contrario, no tienen esta consideración los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, ni los debidos a dolo o imprudencia temeraria del propio trabajador. Se presume, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo (presunción iuris tantum del artículo 156.3). Entre los supuestos asimilados figuran también los accidentes ocurridos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga cuando tengan conexión con el trabajo, y las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Los trabajadores autónomos también tienen cobertura de accidente de trabajo en los términos del artículo 316 de la LGSS. Cuando el accidente o la enfermedad profesional se produce por falta de medidas de seguridad e higiene, las prestaciones económicas se incrementan con un recargo de entre el 30 y el 50 por ciento, a cargo exclusivo del empresario infractor y no asegurable (art. 164 LGSS).

La enfermedad profesional: concepto

El artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social define la enfermedad profesional como la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro de enfermedades profesionales aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la propia ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. A diferencia del concepto amplio y abierto de accidente de trabajo, la enfermedad profesional responde a un sistema de lista cerrada: solo se califican como tales aquellas patologías expresamente incluidas en el cuadro reglamentario, vinculadas además a una determinada actividad y a la exposición a un agente causante concreto. Esta configuración tiene una consecuencia práctica relevante: una enfermedad relacionada con el trabajo pero no incluida en dicho cuadro, o contraída fuera de las actividades listadas, no se calificará como enfermedad profesional, sin perjuicio de que pueda calificarse como accidente de trabajo si se acredita, conforme al artículo 156, que su causa exclusiva fue la ejecución del trabajo. El cuadro vigente es el aprobado por el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, que clasifica las enfermedades profesionales en seis grupos, según el agente causante: agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, y agentes carcinógenos. El mismo real decreto contiene un anexo con enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro podría contemplarse en el futuro.

La prestación de asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria constituye una prestación de servicios, y no una prestación económica, dirigida a la recuperación de la salud de los beneficiarios del sistema, que comprende la atención preventiva, curativa y rehabilitadora. En el modelo español se dispensa fundamentalmente a través del Sistema Nacional de Salud, de cobertura universal: la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) la configuró como derecho de los ciudadanos, y el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, restableció el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. La Ley General de la Seguridad Social mantiene su propia regulación de la asistencia sanitaria como una de las prestaciones del sistema, en particular en cuanto a las contingencias comunes y profesionales de los asegurados. Las Comunidades Autónomas han asumido la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social; en Madrid la presta el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y en Ceuta y Melilla el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). La asistencia derivada de contingencias profesionales puede estar a cargo de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social cuando la empresa tenga concertada con ellas la cobertura de dichas contingencias.

La incapacidad temporal: requisitos y cuantía

La incapacidad temporal es la situación en que se encuentra el trabajador que, estando impedido temporalmente para el trabajo y necesitado de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, recibe un subsidio sustitutivo de sus rentas de trabajo. Su duración máxima es de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta cuando se presuma que durante ellos el trabajador puede ser dado de alta médica por curación (art. 169 LGSS). Agotado el plazo de trescientos sesenta y cinco días, el INSS es el único competente para reconocer la prórroga y, en su caso, para calificar la situación del trabajador, pudiendo iniciar el expediente de incapacidad permanente. El acceso a la prestación exige estar afiliado y en alta o situación asimilada al alta y, si la contingencia es común, haber cubierto un periodo mínimo de cotización de ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante, carencia que no se exige cuando deriva de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional. En cuanto a su cuantía, en las contingencias comunes el subsidio es del sesenta por ciento de la base reguladora desde el cuarto día de baja hasta el vigésimo, y del setenta y cinco por ciento a partir del vigésimo primero; en las contingencias profesionales, el setenta y cinco por ciento se percibe desde el día siguiente al de la baja. En contingencias comunes no hay subsidio en los tres primeros días, del cuarto al decimoquinto lo abona la empresa en pago delegado, y desde el decimosexto corre a cargo de la Entidad Gestora o la Mutua. Los procesos de incapacidad temporal se rigen por el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, que regula la gestión y control de los procesos durante los primeros trescientos sesenta y cinco días de duración.

La incapacidad permanente: grados

La incapacidad permanente es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral (art. 193 LGSS). No obsta a la calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral si esta se estima médicamente incierta o a largo plazo. La LGSS clasifica la incapacidad permanente en grados, en función del porcentaje de reducción de la capacidad laboral del trabajador para su profesión habitual, graduación que determina el reconocimiento del derecho y la cuantía de la prestación. La calificación corresponde al INSS, a través de los Equipos de Valoración de Incapacidades, órganos técnicos que examinan al trabajador, formulan el dictamen-propuesta sobre la existencia y grado de la incapacidad y lo elevan al Director Provincial del INSS competente para dictar la resolución. Cuando el trabajador cumple la edad ordinaria de jubilación, las pensiones de incapacidad permanente pasan a denominarse pensiones de jubilación. Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional que no llegan a constituir incapacidad permanente, pero suponen una disminución o alteración de la integridad física, dan derecho a una indemnización a tanto alzado por baremo (lesiones permanentes no invalidantes).

La incapacidad permanente parcial, total, absoluta y la gran invalidez

La LGSS distingue cuatro grados de incapacidad permanente (art. 194). La incapacidad permanente parcial para la profesión habitual es aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al treinta y tres por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma, y da derecho a una indemnización a tanto alzado equivalente a veinticuatro mensualidades de la base reguladora. La incapacidad permanente total para la profesión habitual inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta, y da derecho a una pensión del cincuenta y cinco por ciento de la base reguladora, que se incrementa en un veinte por ciento de la base reguladora cuando el trabajador tiene cincuenta y cinco o más años y, por su falta de preparación o circunstancias sociales y laborales, se presume la dificultad de obtener empleo en actividad distinta (pasando así al setenta y cinco por ciento). La incapacidad permanente absoluta para todo trabajo inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio, y da derecho a una pensión equivalente al cien por cien de la base reguladora. La gran invalidez es la del trabajador afecto de incapacidad permanente que, por pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse o comer; la pensión se incrementa con un complemento destinado a remunerar a la persona que atienda al gran inválido, cuya cuantía mínima se vincula al cuarenta y cinco por ciento de la base mínima de cotización vigente o al treinta por ciento de la última base de cotización del trabajador, si resultara más elevado. Las pensiones de incapacidad permanente son revisables por mejoría o agravación, y su compatibilidad con el trabajo depende del grado y de la actividad desempeñada.

La jubilación: requisitos de acceso

El acceso a la pensión de jubilación contributiva en su modalidad ordinaria exige el cumplimiento simultáneo de los requisitos generales fijados por la LGSS: estar afiliado y en alta o situación asimilada; haber alcanzado la edad de jubilación; y haber cubierto un periodo mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho (art. 205). La edad ordinaria se encuentra desde la reforma de 2011 (Ley 27/2011) en un proceso de incremento gradual, que culmina en el año 2027, en el que la edad ordinaria será de sesenta y siete años, o de sesenta y cinco para quienes acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización. Durante el periodo transitorio, en el año 2026 la edad ordinaria es de sesenta y seis años y diez meses para quienes no alcancen el periodo de cotización exigido para acceder a la edad de sesenta y cinco años; esa cifra y los periodos de cotización de cada año deben contrastarse con el calendario legal. La cuantía de la pensión resulta de aplicar a la base reguladora (calculada con las bases de cotización de los últimos veinticinco años, es decir, trescientos meses, con las reglas de integración de lagunas) un porcentaje que depende de los años cotizados: se reconoce el cincuenta por ciento con quince años cotizados, y el porcentaje crece con cada mes adicional hasta alcanzar el cien por cien con treinta y siete años cotizados una vez completado el periodo transitorio. Existen una pensión máxima y una pensión mínima (complementos para mínimos) revisadas cada año, y el complemento para la reducción de la brecha de género (Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero), que sustituyó al complemento por maternidad.

La jubilación anticipada y la jubilación demorada

Junto a la jubilación ordinaria, la LGSS regula otras modalidades. La jubilación anticipada admite dos variantes tras la reforma de la Ley 21/2021 y el Real Decreto-ley 2/2023: la derivada de cese no voluntario en el trabajo, a la que puede acceder el trabajador hasta cuatro años antes de la edad ordinaria exigiendo un mínimo de treinta y tres años cotizados; y la voluntaria, hasta dos años antes de la edad ordinaria y con un mínimo de treinta y cinco años cotizados. En ambas se aplican coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión, que se determinan por periodos mensuales de anticipación, y que son menos gravosos en la modalidad involuntaria. Además, existen supuestos de jubilación anticipada por razón de la actividad o por discapacidad, con coeficientes reductores de la edad. La jubilación demorada, en el extremo opuesto, incentiva la permanencia en activo una vez cumplida la edad ordinaria y el periodo mínimo de cotización exigido: por cada año completo de demora se reconoce un incremento del cuatro por ciento de la pensión, o bien una cantidad a tanto alzado, o una combinación de ambos, conforme a las opciones que recoge la LGSS (art. 210). La jubilación flexible y la jubilación activa permiten compatibilizar la percepción de la pensión con el trabajo, en los términos que establece la ley y reduciendo proporcionalmente la pensión, de acuerdo con el artículo 213 LGSS.

La jubilación parcial

La jubilación parcial permite compatibilizar la percepción de una pensión de jubilación con la realización de un trabajo a tiempo parcial. La pensión se reconoce en proporción a la reducción de jornada que se pacte con la empresa, dentro de los límites legales (con carácter general, una reducción de entre el veinticinco y el cincuenta por ciento de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, límite que puede elevarse al setenta y cinco por ciento en los supuestos en que el relevista tenga contrato indefinido a jornada completa). Cuando la jubilación parcial se anticipa respecto de la edad ordinaria, la legislación exige la formalización simultánea de un contrato de relevo con otro trabajador, habitualmente en situación de desempleo o con contrato de duración determinada en la misma empresa, que cubra la jornada dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente, mecanismo pensado para favorecer el relevo generacional. La cuantía de la pensión es proporcional a la reducción de jornada pactada y se complementa con el salario correspondiente al tiempo de trabajo efectivamente prestado, de manera que el trabajador combina ingresos salariales y prestación de Seguridad Social hasta su jubilación completa. Los requisitos de edad y cotización dependen del año de acceso y de si se anticipa o no la edad ordinaria, por lo que deben comprobarse con la normativa vigente.

Las prestaciones por muerte y supervivencia

La Ley General de la Seguridad Social reconoce, bajo la denominación conjunta de prestaciones por muerte y supervivencia, un conjunto de prestaciones económicas dirigidas a proteger a los familiares del trabajador o pensionista fallecido, cuando este se encontrase en alta o situación asimilada al alta, o fuese ya pensionista del sistema, cumpliendo en cada caso los periodos de carencia exigidos en función de que el fallecimiento derive o no de contingencias profesionales, en cuyo caso no se exige periodo previo de cotización. Dentro de este bloque de prestaciones se distinguen, fundamentalmente, el auxilio por defunción, cantidad fija destinada a sufragar los gastos del sepelio; la pensión de viudedad, reconocida al cónyuge o pareja de hecho superviviente; la pensión de orfandad, reconocida a los hijos del causante; y las prestaciones en favor de familiares, reservadas a determinados parientes que dependieran económicamente del causante y no tuvieran derecho a otra pensión del sistema, cada una de ellas con sus propios requisitos específicos de acceso y su propia cuantía en relación con la base reguladora del causante.

La pensión de viudedad

La pensión de viudedad se reconoce al cónyuge superviviente del causante fallecido y, con requisitos específicos de convivencia y de inscripción o formalización, a la pareja de hecho superviviente. En general, para causar derecho es necesario que el causante se encontrara en alta o en situación asimilada y haya cubierto el periodo de cotización exigido (con carácter general, quinientos días dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento si la muerte deriva de enfermedad común y el causante no estaba en alta ni era pensionista). Cuando la muerte deriva de enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo matrimonial, se exige que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo o que existan hijos comunes, salvo que se acredite un periodo de convivencia previa como pareja de hecho que, sumado a la duración del matrimonio, supere los dos años. En el caso de las parejas de hecho, además de la convivencia estable e ininterrumpida de al menos cinco años, se exige la inscripción en un registro específico o la formalización en documento público con al menos dos años de antelación al fallecimiento. La cuantía general es el cincuenta y dos por ciento de la base reguladora del causante; se eleva al setenta por ciento cuando el pensionista tiene cargas familiares y la pensión constituye su principal o única fuente de ingresos, bajo los límites de renta legales, y existe además un incremento hasta el sesenta por ciento para pensionistas de sesenta y cinco o más años que cumplan las condiciones de ausencia de otras rentas, previstas en la disposición legal correspondiente. La pensión de viudedad es compatible con el trabajo, por cuenta propia o ajena, y con otras pensiones del sistema, en los términos legalmente previstos. En caso de separación o divorcio, la pensión se reparte con el cónyuge superviviente en proporción al tiempo de convivencia con el causante, en los términos de la ley.

La pensión de orfandad

La pensión de orfandad se reconoce a favor de los hijos del causante fallecido, con independencia de su filiación, siempre que al fallecer el causante sean menores de veintiún años, o de veinticinco si no realizan un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia que dé lugar a su inclusión en el sistema o, realizándolo, sus ingresos son inferiores al salario mínimo interprofesional anual; el límite de edad no existe cuando el huérfano está afectado por una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Su cuantía general es el veinte por ciento de la base reguladora del causante por cada huérfano; cuando no existe cónyuge superviviente con derecho a pensión de viudedad, la pensión se incrementa en la cuantía que habría correspondido a la viudedad (el cincuenta y dos por ciento), repartiéndose entre los huérfanos, con el límite del cien por cien de la base reguladora. Es la situación conocida como orfandad absoluta.

Las prestaciones familiares por hijo a cargo

Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, comprenden una asignación económica por cada hijo o menor acogido a cargo del beneficiario con una discapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento (y, en caso de discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento, con independencia de la edad del hijo), una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción en determinados supuestos (familias numerosas, monoparentales y madres con discapacidad) y beneficios por cuidado de hijos en materia de cotización, como el cómputo como periodo cotizado de determinados periodos de excedencia o reducción de jornada por cuidado de hijos. Tras la creación del Ingreso Mínimo Vital en 2020 y la reordenación de las políticas de protección a la infancia, la antigua asignación económica por hijo a cargo sin discapacidad ha quedado absorbida, para las situaciones de mayor necesidad, por el complemento de ayuda para la infancia del propio Ingreso Mínimo Vital, manteniéndose la asignación específica vinculada a la discapacidad del hijo o menor a cargo como prestación diferenciada.

La prestación por nacimiento y cuidado de menor

La prestación por nacimiento y cuidado de menor (arts. 177 y siguientes de la LGSS) protege la suspensión del contrato de trabajo, o de la actividad por cuenta propia, que se produce con ocasión del nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento de un menor, y reconoce un subsidio equivalente al cien por cien de la base reguladora, que es la de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, equiparó de forma progresiva los permisos de ambos progenitores en dieciséis semanas desde 2021, y el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, los amplió a diecinueve, de modo que el periodo de suspensión y de prestación es hoy de diecinueve semanas para cada progenitor, intransferible, y de treinta y dos semanas en los supuestos de monoparentalidad, de las que seis son de descanso obligatorio inmediatamente posterior al parto (o a la resolución judicial o administrativa), disfrutadas ininterrumpidamente a jornada completa; de las restantes, once pueden disfrutarse, de forma continua o interrumpida, durante los doce meses siguientes, y dos hasta que el menor cumpla ocho años. Se añade una semana más por cada hijo a partir del segundo en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, y una semana adicional por hijo con discapacidad. El acceso exige estar afiliado y en alta y acreditar un periodo mínimo de cotización según la edad: ninguno para menores de veintiún años; para quienes tienen entre veintiuno y veinticinco años, noventa días dentro de los siete años anteriores o ciento ochenta días a lo largo de la vida laboral; y para los mayores de veintiséis años, ciento ochenta días dentro de los siete años anteriores o trescientos sesenta días a lo largo de la vida laboral.

La prestación por riesgo durante el embarazo

La prestación por riesgo durante el embarazo protege la situación en que se encuentra la trabajadora embarazada cuando, debiendo cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, por existir un riesgo para su salud o la del feto derivado de las condiciones del puesto que venía desempeñando, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, lo que determina la suspensión del contrato de trabajo. El subsidio reconocido es equivalente al cien por cien de la base reguladora, percibiéndose desde el día siguiente a aquel en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo y hasta el día anterior al del inicio del periodo de suspensión por nacimiento, o el de reincorporación de la trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado, si esta se produce antes. Se trata de una prestación de naturaleza preventiva, distinta de la incapacidad temporal, cuya finalidad es proteger a la trabajadora y al feto frente a riesgos laborales que no pueden neutralizarse de otro modo.

La prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

Esta prestación protege la pérdida de ingresos que sufren los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores que reducen su jornada de trabajo, con la consiguiente disminución proporcional de su salario, para el cuidado directo, continuo y permanente del menor a su cargo afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave incluida en el listado reglamentario, mientras dure la necesidad de dicho cuidado y en tanto el menor permanezca ingresado en un centro hospitalario o requiera continuidad del tratamiento tras el alta hospitalaria. La reducción de jornada debe ser de al menos el cincuenta por ciento. La prestación consiste en un subsidio equivalente al cien por cien de la base reguladora de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, en proporción a la reducción de jornada que efectivamente se aplique, compatible con el trabajo en la parte de jornada no reducida. Puede reconocerse hasta que el menor cumpla dieciocho años, y puede prolongarse hasta los veintitrés años si el cáncer o la enfermedad grave se diagnosticó antes de los dieciocho y persiste la necesidad de cuidado directo y continuo. La prestación se solicita indistintamente por ambos progenitores, sucesiva o simultáneamente si concurren los requisitos, atendiendo al interés superior del menor.

La protección por desempleo: nivel contributivo y asistencial

La protección por desempleo (arts. 262 y siguientes de la LGSS) se estructura en dos niveles complementarios. El nivel contributivo reconoce una prestación a quienes hayan cotizado por desempleo al menos trescientos sesenta días dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo; su duración va de ciento veinte días (con trescientos sesenta días cotizados) hasta setecientos veinte días (con dos mil ciento sesenta o más días cotizados). La base reguladora es el promedio de las bases de cotización por contingencias profesionales de los últimos ciento ochenta días, y la cuantía es el setenta por ciento de la base reguladora durante los primeros ciento ochenta días y el sesenta por ciento a partir del día ciento ochenta y uno, con límites máximo y mínimo vinculados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y a las responsabilidades familiares. El nivel asistencial, complementario, reconoce un subsidio de cuantía vinculada al IPREM para colectivos específicos: quienes han agotado la prestación contributiva o no alcanzan la cotización necesaria para ella y reúnen los requisitos de carencia de rentas y, en su caso, de responsabilidades familiares que fije la norma vigente, los mayores de cincuenta y dos años que reúnan el resto de requisitos, los trabajadores emigrantes retornados, y quienes han sido liberados de prisión, entre otros supuestos tasados. El Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, reformó el subsidio, estableciendo cuantías decrecientes en función de la duración de la percepción (el noventa y cinco por ciento del IPREM durante los seis primeros meses, el noventa por ciento los seis siguientes y el ochenta por ciento después) y flexibilizando la compatibilidad con el trabajo. La gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), no al INSS. Para los trabajadores autónomos existe la prestación por cese de actividad, regulada en la LGSS tras el Real Decreto-ley 13/2022, con modalidad ordinaria y flexible.

El Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital fue creado por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad económica por carecer de recursos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. Posteriormente se estableció como prestación permanente por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, que es su norma reguladora vigente, sin perjuicio de que forme parte de la acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. A diferencia de las prestaciones contributivas, no está ligada a una carrera de cotización, sino que es una prestación de garantía de ingresos cuya gestión corresponde al INSS. Su cuantía se calcula completando los recursos del hogar hasta el nivel de renta garantizada, con complementos para unidades de convivencia con menores a cargo, familias monoparentales y discapacidad, entre ellos el complemento de ayuda para la infancia. Incorpora mecanismos de inclusión laboral que permiten compatibilizar, dentro de ciertos límites, la prestación con rentas de trabajo, para no desincentivar el empleo. La Comunidad de Madrid dispone además de su propia Renta Mínima de Inserción, de carácter autonómico y complementario.

Las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez forman parte de la modalidad no contributiva de la acción protectora: se reconocen a personas en situación de necesidad que no han cotizado, o lo han hecho de forma insuficiente, y carecen de recursos suficientes. La pensión de jubilación no contributiva exige tener sesenta y cinco o más años y residir legalmente en España durante diez años entre la mayoría de edad y la solicitud, de los cuales dos consecutivos inmediatamente anteriores; la pensión de invalidez no contributiva exige tener entre dieciocho y sesenta y cuatro años, un grado de discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento y cinco años de residencia, de los que dos deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud. La gestión y el reconocimiento corresponden a las Comunidades Autónomas que han recibido el traspaso (entre ellas la Comunidad de Madrid), y al IMSERSO en Ceuta y Melilla; la cuantía y el límite de rentas se actualizan cada año.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Contingencias comunes (enfermedad común, accidente no laboral) frente a profesionales (accidente de trabajo, enfermedad profesional): en las profesionales no se exige periodo de carencia previo.
  • Accidente de trabajo (art. 156 LGSS): concepto amplio con presunciones (in itinere, tiempo y lugar de trabajo); excluye fuerza mayor extraña al trabajo y dolo o imprudencia temeraria. Enfermedad profesional (art. 157 LGSS): cuadro cerrado (RD 1299/2006, seis grupos).
  • Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: del 30 al 50 por ciento, a cargo exclusivo del empresario infractor (art. 164 LGSS).
  • Incapacidad temporal: 365 días más 180 de prórroga; carencia de 180 días en 5 años solo en enfermedad común; subsidio del 60 por ciento (días 4 a 20) y 75 por ciento (desde el día 21) en contingencias comunes, 75 por ciento desde el día siguiente en profesionales. Días 4 a 15: pago de la empresa.
  • Incapacidad permanente: 4 grados. Parcial (33 por ciento de disminución, indemnización de 24 mensualidades), total (55 por ciento de la base reguladora, +20 por ciento desde los 55 años en los casos legales), absoluta (100 por ciento) y gran invalidez (100 por ciento más complemento).
  • Jubilación: carencia de 15 años con 2 en los últimos 15; edad ordinaria en transición hasta 2027 (67 años, o 65 con 38 años y 6 meses cotizados). Anticipada: involuntaria hasta 4 años antes (33 años cotizados) y voluntaria hasta 2 años antes (35 años). Demorada: 4 por ciento por año completo.
  • Viudedad: 52 por ciento de la base reguladora con carácter general, hasta 70 por ciento con cargas familiares e ingresos reducidos. Orfandad: 20 por ciento por huérfano, más la cuantía de la viudedad en la orfandad absoluta.
  • Nacimiento y cuidado de menor: 19 semanas por progenitor, intransferibles, y 32 en monoparentalidad, de las que 6 son obligatorias e ininterrumpidas tras el parto; subsidio del 100 por ciento de la base reguladora (RDL 9/2025).
  • Desempleo contributivo: 360 días cotizados en los 6 años anteriores; duración de 120 a 720 días; 70 por ciento durante 180 días y 60 por ciento después. Lo gestiona el SEPE, no el INSS.
  • El Ingreso Mínimo Vital nació por el RDL 20/2020 y se regula hoy por la Ley 19/2021; es una prestación no contributiva del sistema gestionada por el INSS. El complemento de ayuda para la infancia absorbe la antigua asignación por hijo a cargo sin discapacidad.
  • Prescripción del derecho al reconocimiento de prestaciones: 5 años desde el hecho causante (art. 53 LGSS). Revalorización anual de pensiones contributivas según el IPC medio (art. 58 LGSS).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

El periodo mínimo de cotización exigido con carácter general para la pensión de jubilación contributiva ordinaria es de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 32 de Administrativo C. Madrid?

Este tema cierra el bloque de Seguridad Social abordando su núcleo más sustantivo: la acción protectora, es decir, el conjunto de prestaciones con las que el sistema responde a las situaciones de necesidad de las personas trabajadoras y sus familias. Concentra muchos datos memorísticos susceptibles de pregunta directa de test (porcentajes de bases reguladoras, grados de incapacidad, requisitos de carencia, duración de permisos y prestaciones), por lo que conviene sistematizar el estudio contingencia por contingencia. Buena parte de las cifras concretas de este bloque (edad de jubilación, periodos de cotización exigidos, cuantías del Ingreso Mínimo Vital, importes mínimos y máximos de las pensiones, IPREM) se actualizan periódicamente por vía legal, reglamentaria o presupuestaria, por lo que el opositor debe fijar bien la lógica de cada prestación y contrastar los datos numéricos exactos con la normativa vigente en el año de la convocatoria. Entre las reformas recientes que conviene conocer están la Ley 21/2021, de 28 de diciembre (garantía del poder adquisitivo de las pensiones), el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo (nuevo marco de sostenibilidad del sistema de pensiones) y el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo (reforma del subsidio por desempleo).

¿Qué hay que memorizar del Tema 32 para el examen?

Contingencias comunes (enfermedad común, accidente no laboral) frente a profesionales (accidente de trabajo, enfermedad profesional): en las profesionales no se exige periodo de carencia previo. Accidente de trabajo (art. 156 LGSS): concepto amplio con presunciones (in itinere, tiempo y lugar de trabajo); excluye fuerza mayor extraña al trabajo y dolo o imprudencia temeraria. Enfermedad profesional (art. 157 LGSS): cuadro cerrado (RD 1299/2006, seis grupos). Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: del 30 al 50 por ciento, a cargo exclusivo del empresario infractor (art. 164 LGSS). Incapacidad temporal: 365 días más 180 de prórroga; carencia de 180 días en 5 años solo en enfermedad común; subsidio del 60 por ciento (días 4 a 20) y 75 por ciento (desde el día 21) en contingencias comunes, 75 por ciento desde el día siguiente en profesionales. Días 4 a 15: pago de la empresa. Incapacidad permanente: 4 grados. Parcial (33 por ciento de disminución, indemnización de 24 mensualidades), total (55 por ciento de la base reguladora, +20 por ciento desde los 55 años en los casos legales), absoluta (100 por ciento) y gran invalidez (100 por ciento más complemento). Jubilación: carencia de 15 años con 2 en los últimos 15; edad ordinaria en transición hasta 2027 (67 años, o 65 con 38 años y 6 meses cotizados). Anticipada: involuntaria hasta 4 años antes (33 años cotizados) y voluntaria hasta 2 años antes (35 años). Demorada: 4 por ciento por año completo. Viudedad: 52 por ciento de la base reguladora con carácter general, hasta 70 por ciento con cargas familiares e ingresos reducidos. Orfandad: 20 por ciento por huérfano, más la cuantía de la viudedad en la orfandad absoluta. Nacimiento y cuidado de menor: 19 semanas por progenitor, intransferibles, y 32 en monoparentalidad, de las que 6 son obligatorias e ininterrumpidas tras el parto; subsidio del 100 por ciento de la base reguladora (RDL 9/2025). Desempleo contributivo: 360 días cotizados en los 6 años anteriores; duración de 120 a 720 días; 70 por ciento durante 180 días y 60 por ciento después. Lo gestiona el SEPE, no el INSS. El Ingreso Mínimo Vital nació por el RDL 20/2020 y se regula hoy por la Ley 19/2021; es una prestación no contributiva del sistema gestionada por el INSS. El complemento de ayuda para la infancia absorbe la antigua asignación por hijo a cargo sin discapacidad. Prescripción del derecho al reconocimiento de prestaciones: 5 años desde el hecho causante (art. 53 LGSS). Revalorización anual de pensiones contributivas según el IPC medio (art. 58 LGSS).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (arts. 42, 53, 58, 156, 157, 164, 169, 177 y ss., 193-194, 205, 210, 213, 262 y ss.)
  • Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social
  • Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración
  • Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social
  • Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones
  • Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones
  • Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico
  • Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
  • Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, de medidas urgentes para la ampliación y consolidación de derechos sociales
  • Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, y Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital
  • Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud

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