Tema 6. La Comunidad de Madrid (I). El Estatuto de Autonomía: Estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad de Madrid: Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva. La Asamblea de Madrid: Composición, funciones y potestades.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
Tras haber desarrollado en el tema anterior el marco general del Título VIII CE, este tema desciende a la Comunidad Autónoma de Madrid en particular: su Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 3/1983), su peculiar vía de acceso a la autonomía como región uniprovincial sin entidad regional histórica previa, el sistema de competencias que asumió, y la organización y funcionamiento de la Asamblea de Madrid como su Parlamento autonómico. Es un tema de altísima rentabilidad para esta oposición concreta, puesto que el opositor accede precisamente al Cuerpo de Administrativos de esta misma Comunidad Autónoma.
Antecedentes históricos de la Comunidad de Madrid como autonomía uniprovincial
La provincia de Madrid no encajaba con naturalidad en ninguna de las dos vías generales de acceso a la autonomía previstas en el art. 143.1 CE: no formaba parte de un conjunto de provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes que reclamasen la autonomía conjuntamente (como sí ocurrió en Castilla y León o Castilla-La Mancha), ni contaba con la condición de territorio con «entidad regional histórica» propia y diferenciada, al haber estado tradicionalmente vinculada a la región castellana, cuya identidad autonómica cristalizó en otras Comunidades limítrofes. Por ello, la Comunidad de Madrid se constituyó acudiendo al cauce excepcional del art. 144.a) CE, que permite a las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma incluso cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1 CE. La singularidad de ser, además, la capital del Estado (art. 5 CE) reforzó las razones de interés nacional invocadas para justificar este proceso autonómico específico, distinto por tanto del seguido tanto por la vía lenta del art. 143 como por la vía rápida del art. 151 CE.
La Ley Orgánica 3/1983, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
La Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, sancionado por el Rey Juan Carlos I y con entrada en vigor el 1 de marzo de 1983. El Estatuto se estructura en un título preliminar y varios títulos, con disposiciones adicionales, transitorias y una disposición final. Desde su aprobación inicial ha sido objeto de sucesivas reformas parciales (en varias ocasiones), que han ido ampliando y precisando su contenido competencial y ajustando su organización institucional, sin alterar su naturaleza jurídica de norma institucional básica de la Comunidad de Madrid, conforme al esquema general del art. 147 CE ya estudiado. Al tratarse de una Comunidad constituida por la vía singular del art. 144.a) CE, y no por las vías generales del art. 143 o del art. 151 CE, el proceso de elaboración de su Estatuto no exigió referéndum de ratificación popular, a diferencia de lo ocurrido con los Estatutos de las Comunidades que accedieron por la vía rápida del art. 151 CE.
Estructura del Estatuto de Autonomía de Madrid
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se estructura, siguiendo el esquema típico de este tipo de normas institucionales básicas, en un conjunto de disposiciones iniciales relativas a la identidad, el territorio, la capitalidad y los símbolos de la Comunidad; un bloque dedicado a las competencias asumidas por la Comunidad de Madrid, distinguiendo entre competencias exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución, y de mera ejecución de la legislación del Estado; un bloque institucional que regula la Asamblea de Madrid, el Presidente y el Consejo de Gobierno, y la Administración de Justicia en el territorio de la Comunidad; disposiciones sobre la Hacienda de la Comunidad de Madrid y su economía; y, finalmente, las previsiones sobre el procedimiento de reforma del propio Estatuto. Este esquema estructural (identidad y territorio, competencias, instituciones, hacienda, reforma) es común, con variantes de detalle, al resto de Estatutos de Autonomía aprobados al amparo del Título VIII CE, y responde al contenido mínimo exigido por el art. 147.2 CE ya estudiado en el tema anterior.
Territorio y capitalidad de la Comunidad de Madrid
El Estatuto de Autonomía delimita el territorio de la Comunidad de Madrid haciéndolo coincidir exactamente con el de la provincia de Madrid, lo que convierte a esta Comunidad Autónoma en una de las pocas de carácter estrictamente uniprovincial del mapa autonómico español (junto con Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Navarra y Baleares, esta última con matices insulares propios). Esta coincidencia entre el territorio provincial y el autonómico tiene consecuencias prácticas relevantes: en la Comunidad de Madrid no existe la figura del Subdelegado del Gobierno como órgano distinto del Delegado del Gobierno (dado que ambos ámbitos territoriales —provincial y autonómico— coinciden), y tampoco existe una Diputación Provincial diferenciada del Gobierno autonómico, cuyas funciones de asistencia a los municipios asume la propia Comunidad de Madrid. En cuanto a la capitalidad, el Estatuto establece que la capital de la Comunidad de Madrid es la ciudad de Madrid, que, además, ostenta simultáneamente la condición de capital del Estado (art. 5 CE), particularidad que distingue a la Comunidad madrileña del resto de Comunidades Autónomas, ninguna de las cuales comparte su capital con la del Estado en su conjunto.
Símbolos de la Comunidad de Madrid
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en aplicación de la habilitación del art. 4.2 CE (que permite a los Estatutos reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas), regula los símbolos propios de la Comunidad, entre los que destaca su bandera, formada por siete estrellas blancas de cinco puntas sobre fondo rojo carmesí (las siete estrellas aluden a las de la constelación de la Osa Mayor que figuran en el escudo de la villa de Madrid), además del escudo propio y del himno, regulados por ley autonómica. La Comunidad celebra su fiesta el 2 de mayo, en recuerdo del levantamiento de 1808. Al igual que sucede con la bandera del Estado (art. 4.1 CE), la utilización de la bandera autonómica es obligatoria, junto a la bandera de España, en los edificios públicos y en los actos oficiales celebrados en el territorio de la Comunidad de Madrid, conforme prevé con carácter general el art. 4.2 CE. Estos símbolos, aunque de menor trascendencia jurídica y competencial que el resto del contenido del Estatuto, forman parte de su contenido normativo propio y suelen ser objeto de preguntas de detalle en los procesos selectivos, precisamente por su carácter descriptivo y fácilmente verificable.
Las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid
El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Madrid un conjunto de competencias exclusivas, esto es, materias en las que corresponde a la Comunidad tanto la potestad legislativa como la reglamentaria y la función ejecutiva en su integridad, sin perjuicio de los límites generales que en cada materia pueda fijar la competencia estatal sobre bases o condiciones básicas de igualdad (art. 149.1 CE), que en muchos ámbitos limita en la práctica el alcance de una competencia autonómica calificada formalmente de «exclusiva». Entre las materias asumidas como propias por la Comunidad de Madrid en su Estatuto se encuentran, siguiendo el marco general del art. 148.1 CE ya estudiado: la organización de sus instituciones de autogobierno; la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda; las obras públicas de interés de la Comunidad que no afecten a otro territorio; los montes, aprovechamientos y servicios forestales; la agricultura y la ganadería; la artesanía; el turismo; la asistencia social; y el fomento de la cultura y de la investigación en su ámbito territorial, entre otras materias tasadas expresamente en el propio texto estatutario.
Las competencias de desarrollo legislativo y ejecución
Junto a las competencias exclusivas, el Estatuto atribuye a la Comunidad de Madrid competencias de desarrollo legislativo y ejecución sobre determinadas materias en las que el Estado se ha reservado únicamente la aprobación de la legislación básica (las bases, los principios o las condiciones básicas), correspondiendo a la Comunidad Autónoma tanto la aprobación de la legislación de desarrollo de esas bases estatales como la posterior ejecución administrativa de la materia en su territorio. Es la técnica competencial característica de materias como la sanidad (donde el Estado fija las bases y la coordinación general, y la Comunidad Autónoma desarrolla y ejecuta la ordenación concreta de sus servicios sanitarios), la educación (respetando en todo caso el desarrollo del art. 27 CE y las competencias básicas estatales sobre títulos académicos y profesionales), o el régimen de la función pública de sus propios empleados (dentro de las bases del régimen estatutario fijadas por el Estado ex art. 149.1.18ª CE). En la práctica, la Comunidad de Madrid asumió la educación no universitaria a finales de los años noventa y la sanidad, con el traspaso del antiguo INSALUD, a comienzos de 2002, y tiene transferidos los medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Esta modalidad competencial exige una lectura combinada de la legislación básica estatal y de la legislación autonómica de desarrollo, siendo frecuente que ambas normas deban interpretarse de forma conjunta para determinar el régimen jurídico aplicable a un supuesto concreto.
Las competencias de ejecución de la legislación del Estado
La tercera modalidad competencial que recoge el Estatuto es la de mera ejecución de la legislación del Estado: en estas materias, tanto la legislación básica como la de desarrollo corresponden íntegramente al Estado, reservándose la Comunidad de Madrid únicamente la función ejecutiva (esto es, la aplicación administrativa concreta de esa legislación estatal en su territorio, mediante los correspondientes actos administrativos, autorizaciones, inspecciones o resoluciones). Es la modalidad de menor intensidad competencial de las tres, y suele emplearse en materias en las que el Estado considera imprescindible mantener una regulación normativa plenamente homogénea en todo el territorio nacional, delegando únicamente la gestión administrativa cotidiana a la Comunidad Autónoma más próxima al territorio y a los administrados afectados. Esta gradación en tres niveles de intensidad competencial (exclusiva, de desarrollo legislativo y ejecución, y de mera ejecución) es una técnica común a la mayoría de los Estatutos de Autonomía aprobados en España, y refleja de manera práctica el reparto abierto y modulable de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas que diseñan, de forma combinada, los arts. 148 y 149 CE ya estudiados en el tema anterior.
La potestad legislativa de la Comunidad de Madrid
La potestad legislativa de la Comunidad de Madrid, reconocida en su Estatuto de Autonomía en el marco del art. 152.1 CE, se ejerce por la Asamblea de Madrid dentro del ámbito de las materias sobre las que la Comunidad ha asumido competencias exclusivas o de desarrollo legislativo, conforme al reparto competencial ya visto. Las leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid tienen el mismo rango normativo (fuerza de ley) que las leyes estatales dentro de su propio ámbito material y territorial de aplicación, sin que exista entre ellas una relación de jerarquía sino de distribución competencial: no es correcto afirmar que una ley estatal prevalezca siempre sobre una ley autonómica, sino que cada una debe aplicarse dentro de su propio ámbito de competencia, y solo en caso de invasión competencial cabría plantear el correspondiente conflicto o recurso ante el Tribunal Constitucional. El control de constitucionalidad de las leyes de la Asamblea de Madrid corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional, mediante recurso o cuestión de inconstitucionalidad, sin que los Tribunales ordinarios (incluida la jurisdicción contencioso-administrativa) puedan inaplicarlas por su propia autoridad al considerarlas contrarias a la Constitución.
La potestad reglamentaria de la Comunidad de Madrid
La potestad reglamentaria de la Comunidad de Madrid corresponde al Consejo de Gobierno (el equivalente autonómico del Consejo de Ministros estatal), que puede dictar reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, tanto de las propias leyes de la Asamblea de Madrid como, en su caso, de la legislación estatal cuya ejecución corresponda a la Comunidad Autónoma conforme al reparto competencial visto en los puntos anteriores. Al igual que ocurre en el ámbito estatal con la potestad reglamentaria del Gobierno de la Nación (art. 97 CE), los reglamentos autonómicos están sometidos al principio de jerarquía normativa (no pueden contradecir ni a la Constitución, ni al Estatuto de Autonomía, ni a las leyes, tanto estatales como autonómicas dentro de su respectivo ámbito competencial) y son plenamente fiscalizables por la jurisdicción contencioso-administrativa (a diferencia de las leyes autonómicas, cuyo control corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional), conforme al esquema general de control judicial de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa que consagra el art. 106.1 CE para el conjunto de las Administraciones Públicas, sin distinción entre la estatal, la autonómica y la local.
La función ejecutiva de la Comunidad de Madrid
La función ejecutiva de la Comunidad de Madrid comprende el conjunto de actividades administrativas de aplicación concreta de la legislación (propia o estatal, según el reparto competencial ya visto) mediante actos administrativos, y se ejerce a través de la Administración de la Comunidad de Madrid, organizada en Consejerías bajo la dirección política del Consejo de Gobierno, siguiendo un esquema organizativo paralelo, dentro de su ámbito autonómico, al ya estudiado para la Administración General del Estado (órganos superiores y órganos directivos, estructura departamental en Consejerías equivalentes a los Ministerios estatales). Esta función ejecutiva incluye tanto la ejecución de las materias de competencia exclusiva y de desarrollo legislativo de la Comunidad, como la mera ejecución administrativa de la legislación estatal en aquellas materias en que el Estatuto solo atribuye a la Comunidad de Madrid esta última modalidad competencial. El régimen jurídico de esta actividad ejecutiva se somete, con carácter general, a las mismas leyes básicas estatales que rigen para el conjunto de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público), sin perjuicio de las especialidades organizativas propias que la Comunidad de Madrid haya establecido mediante su propia Ley de Gobierno y Administración (Ley 1/1983, de 13 de diciembre). El régimen de su función pública se contiene en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica estatal (Estatuto Básico del Empleado Público).
Las instituciones de autogobierno según el Estatuto
El Estatuto de Autonomía de Madrid configura sus instituciones de autogobierno siguiendo el esquema básico previsto por el art. 152.1 CE ya estudiado en el tema anterior para las Comunidades Autónomas: la Asamblea de Madrid, como órgano de representación del pueblo madrileño con potestad legislativa dentro del ámbito competencial de la Comunidad; el Presidente de la Comunidad de Madrid, elegido por la Asamblea de entre sus propios Diputados y nombrado por el Rey, que ostenta la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la representación ordinaria del Estado en su territorio; y el Consejo de Gobierno, órgano colegiado que ejerce las funciones ejecutivas y administrativas, integrado por el Presidente y los Consejeros. A estas tres instituciones políticas se añade, sin ser propiamente una institución «de» la Comunidad Autónoma (por pertenecer al Poder Judicial único del Estado, conforme al principio de unidad jurisdiccional del art. 117.5 CE), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que culmina la organización judicial en el territorio de la Comunidad, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
La Asamblea de Madrid: composición y elección de los diputados
La Asamblea de Madrid es el Parlamento autonómico de la Comunidad de Madrid, elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto mediante un sistema de representación proporcional (circunscripción única coincidente con el territorio de toda la Comunidad, dado su carácter uniprovincial, a diferencia de otras Comunidades Autónomas pluriprovinciales que emplean la provincia como circunscripción electoral interna). El número de Diputados no es fijo, pues el Estatuto lo vincula a la población (un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000); desde las elecciones de 2023 la Asamblea cuenta con 135 Diputados, elegidos por un mandato de cuatro años. Las elecciones se celebran el cuarto domingo de mayo cada cuatro años, dentro del marco general que establece la legislación electoral del Estado (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), sin perjuicio de los supuestos de disolución anticipada de la Cámara. La aplicación de la fórmula de reparto proporcional (D'Hondt) y de la barrera electoral mínima (el 5 % de los votos válidos emitidos en la Comunidad) determina, en la práctica, qué formaciones políticas alcanzan representación parlamentaria efectiva en cada convocatoria electoral.
Funciones de la Asamblea de Madrid: legislativa, presupuestaria y de control
La Asamblea de Madrid ejerce, dentro de su ámbito autonómico, las tres grandes funciones que con carácter general corresponden a cualquier Parlamento en un sistema democrático parlamentario, en paralelo a las que el art. 66.2 CE atribuye a las Cortes Generales a nivel estatal: la función legislativa, mediante la aprobación de leyes autonómicas dentro de las materias de competencia exclusiva o de desarrollo legislativo de la Comunidad de Madrid; la función presupuestaria, mediante la aprobación anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuyo proyecto elabora y presenta el Consejo de Gobierno; y la función de control de la acción del Consejo de Gobierno, ejercida a través de instrumentos parlamentarios como las preguntas e interpelaciones, las mociones, las comparecencias de los Consejeros, las Comisiones de investigación, y, en su expresión máxima, la moción de censura y la cuestión de confianza reguladas en el propio Estatuto y en su normativa de desarrollo con un diseño equivalente, en sus rasgos esenciales, al previsto en la Constitución para las relaciones entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la Nación (arts. 112, 113 y 114 CE).
El Presidente de la Asamblea de Madrid y la Mesa
El Presidente de la Asamblea de Madrid es elegido por el Pleno de la propia Cámara de entre sus Diputados, en la sesión constitutiva posterior a cada renovación electoral, y ejerce funciones equivalentes, dentro del ámbito autonómico, a las que el art. 72.3 CE atribuye a los Presidentes del Congreso y del Senado: ostenta la representación de la Cámara, dirige sus debates, y ejerce en su nombre todos los poderes administrativos y las facultades de policía en el interior de la sede parlamentaria. Junto al Presidente, la Mesa de la Asamblea es el órgano rector de la Cámara, encargado de organizar su trabajo y su régimen de gobierno interior, y se integra por el propio Presidente, varios Vicepresidentes y varios Secretarios, elegidos igualmente por el Pleno de entre los Diputados. La Mesa de la Asamblea de Madrid ejerce funciones análogas a las de la Mesa del Congreso o del Senado: calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias, fijación del orden del día de los trabajos de la Cámara (habitualmente en coordinación con la Junta de Portavoces) y aprobación del proyecto de presupuesto propio de la Asamblea, en ejercicio de su autonomía presupuestaria.
Los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid
Los Diputados de la Asamblea de Madrid se organizan en Grupos Parlamentarios, normalmente coincidentes con las candidaturas electorales bajo las que resultaron elegidos, siguiendo el mismo esquema organizativo ya visto para el Congreso y el Senado. A través de los Grupos Parlamentarios se canaliza la práctica totalidad de la actividad parlamentaria: presentación de proposiciones de ley y de enmiendas, formulación de preguntas e interpelaciones al Consejo de Gobierno, presentación de mociones, solicitud de comparecencias y de Comisiones de investigación, y participación proporcional en la composición de la Mesa, la Junta de Portavoces y las distintas Comisiones de la Cámara. Los Diputados que no se integren en un Grupo Parlamentario propio (por no alcanzar el número mínimo exigido por el Reglamento de la Asamblea, o por otras causas reglamentarias) se integran en un Grupo Mixto, previsto igualmente en el Reglamento de la Cámara para dar cauce a la actividad parlamentaria de quienes no forman parte de los Grupos constituidos por las principales fuerzas políticas con representación en la Asamblea.
La Diputación Permanente de la Asamblea
La Asamblea de Madrid cuenta, al igual que el Congreso y el Senado en el ámbito estatal (art. 78 CE), con una Diputación Permanente, órgano compuesto por un número reducido de Diputados que representan proporcionalmente a los distintos Grupos Parlamentarios, presidida por el propio Presidente de la Asamblea, cuya función esencial es velar por los poderes de la Cámara cuando esta no se encuentra reunida, ya sea por hallarse fuera de periodo de sesiones, ya sea por haber sido disuelta o haber expirado el mandato de sus Diputados. En este último supuesto, la Diputación Permanente continúa ejerciendo sus funciones hasta la constitución de la nueva Asamblea tras la celebración de las correspondientes elecciones autonómicas, garantizando así que no se produzca un vacío institucional en la representación parlamentaria madrileña durante el periodo electoral. La Diputación Permanente puede, además, convocar a la Cámara en sesión extraordinaria cuando las circunstancias así lo exijan, siguiendo un esquema funcional equivalente, dentro de su ámbito autonómico, al ya estudiado para las Diputaciones Permanentes del Congreso y del Senado.
El procedimiento legislativo en la Asamblea de Madrid
El procedimiento legislativo en la Asamblea de Madrid sigue, con las adaptaciones propias de un Parlamento unicameral (a diferencia del sistema bicameral estatal de Congreso y Senado), un esquema similar al procedimiento legislativo ordinario ya estudiado para las Cortes Generales: iniciación mediante proyecto de ley del Consejo de Gobierno o proposición de ley de origen parlamentario, popular o, en su caso, de otras Comunidades Autónomas o de las Cortes Generales cuando así lo prevea la normativa correspondiente; toma en consideración (en el caso de las proposiciones de ley); tramitación en Comisión, con presentación de enmiendas por los Grupos Parlamentarios y debate y votación artículo por artículo; y aprobación final en el Pleno de la Cámara. A diferencia del procedimiento legislativo estatal, al no existir una segunda Cámara autonómica equivalente al Senado, el texto aprobado por el Pleno de la Asamblea de Madrid se considera definitivamente aprobado sin necesidad de ulterior tramitación en otra Cámara, remitiéndose a continuación para su promulgación por el Presidente de la Comunidad de Madrid en nombre del Rey y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
La iniciativa legislativa popular en la Comunidad de Madrid
El Estatuto de Autonomía de Madrid, siguiendo el mandato general de participación ciudadana que inspira el conjunto del ordenamiento constitucional, prevé la posibilidad de que los ciudadanos madrileños ejerzan la iniciativa legislativa popular ante la Asamblea de Madrid, mediante la presentación de una proposición de ley avalada por un número mínimo de firmas de electores de la Comunidad de Madrid, en los términos que desarrolla la correspondiente ley autonómica reguladora de esta institución. Al igual que ocurre con la iniciativa popular estatal del art. 87.3 CE, esta vía de participación directa presenta límites materiales (quedando excluidas, con carácter general, las materias de naturaleza tributaria, presupuestaria, de organización institucional básica, o cualesquiera otras que la propia ley autonómica excluya expresamente) y exige la superación de un umbral mínimo de firmas acreditadas dentro de un plazo determinado para su tramitación. Esta institución constituye, junto con otros mecanismos de participación ciudadana (consultas populares, derecho de petición autonómico), una manifestación del principio democrático que legitima el conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunidad de Madrid.
La reforma del Estatuto de Autonomía de Madrid
La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid sigue el procedimiento que el propio texto estatutario establece, dentro del marco general que fija el art. 147.3 CE: la iniciativa de reforma corresponde, según prevea el propio Estatuto, al Consejo de Gobierno, a la Asamblea de Madrid (a propuesta de un número mínimo de sus Diputados o Grupos Parlamentarios) o a las Cortes Generales; el proyecto de reforma debe ser aprobado por la Asamblea de Madrid con una mayoría cualificada reforzada respecto de la exigida para las leyes ordinarias; y, en todo caso, cualquier reforma estatutaria, sea cual sea el procedimiento interno seguido dentro de la Comunidad de Madrid, exige necesariamente su aprobación final por las Cortes Generales mediante ley orgánica, conforme al mandato general e inexcusable del art. 147.3 CE aplicable a la reforma de todos los Estatutos de Autonomía, con independencia de cuál haya sido su vía originaria de acceso a la autonomía. Esta doble intervención (autonómica y estatal) refleja, una vez más, la naturaleza híbrida del Estatuto como norma a la vez propia de la Comunidad Autónoma y perteneciente formalmente al ordenamiento del Estado.
Los primeros artículos del Estatuto: identidad, territorio y fiesta de la Comunidad
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid proclama que Madrid, como expresión de su identidad regional y como instrumento de su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma. Su territorio coincide con el de la provincia de Madrid, y su organización institucional se rige por el Estatuto, por la Constitución y por el resto del ordenamiento. El Estatuto fue sancionado por el Rey el 25 de febrero de 1983 y las primeras elecciones a la Asamblea de Madrid se celebraron en mayo de 1983. La Comunidad de Madrid, como todas las Comunidades Autónomas, no tiene un Tribunal propio: su organización judicial culmina en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Estatuto debe leerse siempre en relación con el art. 147 CE (contenido mínimo), el art. 152.1 CE (organización institucional) y los arts. 148 y 149 CE (competencias).
Competencias exclusivas y otras materias de la Comunidad de Madrid con fuerte presencia en el examen
Entre las materias en las que la Comunidad de Madrid ejerce competencias legislativas propias destacan la ordenación del territorio y el urbanismo (Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid), la vivienda, las obras públicas de interés regional, la agricultura y los montes, el turismo, la artesanía, la cultura, el deporte, los servicios sociales y el patrimonio histórico de interés de la Comunidad. En otras materias comparte la competencia con el Estado: desarrolla la legislación básica estatal en sanidad, educación, medio ambiente, régimen local o función pública. Entre las materias de pura ejecución de la legislación estatal están las propias del ámbito laboral. A la hora de contestar una pregunta, conviene aplicar siempre el esquema: ¿qué dice la CE (arts. 148 y 149) y qué ha asumido el Estatuto? Una competencia solo es autonómica si la Comunidad la ha asumido estatutariamente o si el Estado la ha transferido o delegado por el art. 150 CE.
Otras potestades y funciones de la Asamblea de Madrid
Además de legislar, aprobar los presupuestos y controlar al Consejo de Gobierno, la Asamblea de Madrid ejerce otras funciones de relevancia constitucional y estatutaria: elige al Presidente de la Comunidad; designa los Senadores que corresponden a la Comunidad conforme al art. 69.5 CE (uno y otro más por cada millón de habitantes); puede solicitar del Gobierno de la Nación la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando hasta tres miembros para su defensa (art. 87.2 CE); está legitimada, junto a los órganos ejecutivos autonómicos, para interponer recurso de inconstitucionalidad contra normas con fuerza de ley que afecten a su ámbito de autonomía (art. 162.1.a CE); aprueba su propio Reglamento, que debe ser sometido a votación final de totalidad y requiere mayoría absoluta; y ejerce su autonomía presupuestaria. Dependen de la Asamblea órganos de control como la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, órgano fiscalizador de las cuentas del sector público autonómico. Existe asimismo un Consejo Consultivo, órgano de asesoramiento jurídico de la Comunidad, que no debe confundirse con el Consejo de Estado estatal (art. 107 CE).
El sistema electoral de la Asamblea de Madrid
La elección de la Asamblea de Madrid se rige por el Estatuto, por la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, y supletoriamente por la LOREG. Sus rasgos esenciales son: sufragio universal, libre, igual, directo y secreto; representación proporcional con la fórmula D'Hondt; circunscripción única coincidente con la Comunidad; barrera del 5 % de los votos válidos emitidos en la Comunidad para participar en el reparto de escaños; listas cerradas y bloqueadas; mandato de cuatro años; y convocatoria para el cuarto domingo de mayo, salvo que se produzca la disolución anticipada de la Asamblea (como ocurrió en las elecciones anticipadas del 4 de mayo de 2021). El decreto de convocatoria es dictado por el Presidente de la Comunidad. Son electores y elegibles los españoles mayores de edad que gocen de la condición política de madrileños, es decir, los que, teniendo la nacionalidad española, tengan vecindad administrativa en algún municipio de la Comunidad.
El Presidente y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
El Presidente de la Comunidad de Madrid ostenta tres títulos: dirige el Consejo de Gobierno, tiene la suprema representación de la Comunidad y la representación ordinaria del Estado en su territorio. Es elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey, y es políticamente responsable ante la Asamblea, de modo que el modelo es parlamentario, con instrumentos análogos a la moción de censura y la cuestión de confianza de los arts. 112 a 114 CE. Promulga en nombre del Rey las leyes de la Asamblea y ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y, a efectos de su conocimiento general, en el BOE. Puede disolver la Asamblea bajo su exclusiva responsabilidad, en los términos que prevé el Estatuto. El Consejo de Gobierno, formado por el Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes en su caso y los Consejeros, ejerce las funciones ejecutivas y administrativas y la potestad reglamentaria (decretos del Consejo de Gobierno y órdenes de los Consejeros en materias de su departamento). La Administración autonómica se organiza en Consejerías, con Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales y Subdirecciones Generales, en un esquema paralelo al de la Administración General del Estado.
Esquema comparativo: Cortes Generales y Asamblea de Madrid
Cortes Generales: bicamerales (Congreso y Senado); legislan sobre materias de competencia estatal; control del Gobierno de la Nación; mandato de 4 años; sede en Madrid; sistema electoral con circunscripción provincial. Asamblea de Madrid: unicameral; legisla sobre materias de competencia de la Comunidad; control del Consejo de Gobierno; mandato de 4 años; sede en Madrid; circunscripción única y barrera del 5 %. En ambos casos el Rey nombra al Presidente (del Gobierno o de la Comunidad); en el caso estatal el Presidente no necesita ser parlamentario, mientras que el Presidente autonómico es elegido de entre los miembros de la Asamblea (art. 152.1 CE). Las leyes de la Asamblea tienen fuerza de ley y solo pueden ser anuladas por el Tribunal Constitucional; los reglamentos del Consejo de Gobierno son controlados por la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Madrid accedió a la autonomía por la vía especial del art. 144.a) CE (autorización de las Cortes Generales por interés nacional), no por el art. 143 (vía lenta) ni por el art. 151 (vía rápida), al ser uniprovincial y sin entidad regional histórica propia reconocida.
El Estatuto de Autonomía de Madrid es la LO 3/1983, de 25 de febrero, en vigor desde el 1 de marzo de 1983; reformado varias veces.
Al coincidir el territorio autonómico con el provincial, Madrid no tiene Subdelegado del Gobierno (sus funciones las asume el Delegado), ni Diputación Provincial diferenciada del Gobierno autonómico.
Tres niveles de competencia según intensidad: exclusiva (legislación + reglamento + ejecución, todo autonómico) > desarrollo legislativo y ejecución (el Estado solo pone las bases) > mera ejecución (toda la normación es estatal, solo se ejecuta administrativamente).
La Asamblea de Madrid es unicameral: el procedimiento legislativo no tiene una segunda cámara equivalente al Senado, a diferencia de las Cortes Generales.
Las leyes autonómicas madrileñas solo pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional (nunca inaplicadas por un juez ordinario); los reglamentos del Consejo de Gobierno sí son fiscalizables por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Cualquier reforma del Estatuto, sea cual sea su tramitación interna en la Asamblea de Madrid, exige siempre aprobación final de las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 147.3 CE).
Fecha de las primeras elecciones a la Asamblea de Madrid: mayo de 1983; el Estatuto es de 25 de febrero de 1983.
La Asamblea de Madrid se elige por circunscripción única, con fórmula D'Hondt y una barrera del 5 % de los votos válidos; mandato de cuatro años y elecciones el cuarto domingo de mayo (salvo disolución anticipada).
El número de Diputados de la Asamblea no es fijo (se vincula a la población): 135 desde las elecciones de 2023.
Madrid designa Senadores autonómicos por el art. 69.5 CE: uno y otro más por cada millón de habitantes, designados por la Asamblea.
La bandera de la Comunidad de Madrid es roja carmesí con siete estrellas blancas de cinco puntas; su fiesta es el 2 de mayo.
Para el opositor: Ley 1/1983 (Gobierno y Administración) y Ley 1/1986 (Función Pública) de la Comunidad de Madrid; no confundir con la normativa estatal (Leyes 39 y 40/2015 y TREBEP).
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Una vez aprobada una ley por el Pleno de la Asamblea de Madrid:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Administrativo C. Madrid?
Tras haber desarrollado en el tema anterior el marco general del Título VIII CE, este tema desciende a la Comunidad Autónoma de Madrid en particular: su Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 3/1983), su peculiar vía de acceso a la autonomía como región uniprovincial sin entidad regional histórica previa, el sistema de competencias que asumió, y la organización y funcionamiento de la Asamblea de Madrid como su Parlamento autonómico. Es un tema de altísima rentabilidad para esta oposición concreta, puesto que el opositor accede precisamente al Cuerpo de Administrativos de esta misma Comunidad Autónoma.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
Madrid accedió a la autonomía por la vía especial del art. 144.a) CE (autorización de las Cortes Generales por interés nacional), no por el art. 143 (vía lenta) ni por el art. 151 (vía rápida), al ser uniprovincial y sin entidad regional histórica propia reconocida. El Estatuto de Autonomía de Madrid es la LO 3/1983, de 25 de febrero, en vigor desde el 1 de marzo de 1983; reformado varias veces. Al coincidir el territorio autonómico con el provincial, Madrid no tiene Subdelegado del Gobierno (sus funciones las asume el Delegado), ni Diputación Provincial diferenciada del Gobierno autonómico. Tres niveles de competencia según intensidad: exclusiva (legislación + reglamento + ejecución, todo autonómico) > desarrollo legislativo y ejecución (el Estado solo pone las bases) > mera ejecución (toda la normación es estatal, solo se ejecuta administrativamente). La Asamblea de Madrid es unicameral: el procedimiento legislativo no tiene una segunda cámara equivalente al Senado, a diferencia de las Cortes Generales. Las leyes autonómicas madrileñas solo pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional (nunca inaplicadas por un juez ordinario); los reglamentos del Consejo de Gobierno sí son fiscalizables por la jurisdicción contencioso-administrativa. Cualquier reforma del Estatuto, sea cual sea su tramitación interna en la Asamblea de Madrid, exige siempre aprobación final de las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 147.3 CE). Fecha de las primeras elecciones a la Asamblea de Madrid: mayo de 1983; el Estatuto es de 25 de febrero de 1983. La Asamblea de Madrid se elige por circunscripción única, con fórmula D'Hondt y una barrera del 5 % de los votos válidos; mandato de cuatro años y elecciones el cuarto domingo de mayo (salvo disolución anticipada). El número de Diputados de la Asamblea no es fijo (se vincula a la población): 135 desde las elecciones de 2023. Madrid designa Senadores autonómicos por el art. 69.5 CE: uno y otro más por cada millón de habitantes, designados por la Asamblea. La bandera de la Comunidad de Madrid es roja carmesí con siete estrellas blancas de cinco puntas; su fiesta es el 2 de mayo. Para el opositor: Ley 1/1983 (Gobierno y Administración) y Ley 1/1986 (Función Pública) de la Comunidad de Madrid; no confundir con la normativa estatal (Leyes 39 y 40/2015 y TREBEP).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 143, 144, 147, 148, 149, 152 y 162
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid
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