Tema 18. Ley de contratos del sector público: disposiciones generales. Contratos del sector público. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público. Partes en el contrato. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías. De la preparación de los contratos. De la adjudicación de los contratos. Prerrogativas de la Administración.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es la norma básica que rige la actividad contractual de las Administraciones Públicas y del resto del sector público: cómo se preparan, adjudican, ejecutan y extinguen los contratos por los que se adquieren obras, suministros o servicios, o se otorgan concesiones. Derogó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011 y es, junto con la Ley 39/2015, una de las normas de mayor peso práctico y de mayor frecuencia en el examen de administrativo, porque combina conceptos técnicos muy precisos (presupuesto base de licitación, valor estimado, garantías, procedimientos y criterios de adjudicación) con instituciones clásicas del Derecho Administrativo (prerrogativas de la Administración, contratos administrativos frente a privados). Este tema sigue el orden de la propia ley: disposiciones generales y ámbito (Título Preliminar), tipos de contratos, racionalidad y consistencia, partes del contrato (órgano de contratación y contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación), objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio y revisión, garantías, preparación (expediente, pliegos, tramitaciones), adjudicación (procedimientos, criterios, mesa, formalización) y prerrogativas de la Administración. Dato de actualidad: la ley ha sido modificada varias veces desde su publicación, por lo que el estudio debe hacerse siempre sobre el texto consolidado vigente.
La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: objeto y finalidad
La LCSP (BOE-A-2017-12902) entró en vigor el 9 de marzo de 2018 y derogó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011. El art. 1 fija su objeto y finalidad: regular la contratación del sector público a fin de garantizar que se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto y con el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Como novedad respecto de la legislación anterior, el art. 1.3 exige incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales en toda contratación pública, siempre que guarden relación con el objeto del contrato. La LCSP tiene carácter básico en la mayor parte de su articulado, de modo que las Comunidades Autónomas solo pueden aprobar normas de desarrollo que respeten sus previsiones. Además, en materia de recursos, la ley implanta con carácter general el recurso especial en materia de contratación.
El ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP (art. 3)
El art. 3 LCSP delimita el sector público a efectos de la ley y, dentro de él, tres categorías con distinto régimen. Primera: las Administraciones Públicas (art. 3.2): la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local; las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social; los organismos autónomos, las universidades públicas, las autoridades administrativas independientes y las demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las anteriores que no cumplan las características del art. 3.3; y las asociaciones constituidas por estas entidades. Segunda: los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de Administración Pública (art. 3.3), como las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público, las sociedades mercantiles de capital público que cumplan los requisitos legales y otras entidades creadas para satisfacer necesidades de interés general sin carácter industrial o mercantil. Tercera: el resto de entes del sector público que no son poderes adjudicadores. Regla de memoria: solo las Administraciones Públicas celebran contratos administrativos (y privados); los poderes adjudicadores no Administración Pública celebran contratos privados, con preparación y adjudicación sujetas a la LCSP (art. 318 para los no SARA); los entes que no son poderes adjudicadores se rigen para adjudicar por sus instrucciones internas de contratación, que deben respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación (art. 321).
Negocios y contratos excluidos de la LCSP
La sección dedicada a los negocios y contratos excluidos (arts. 4 a 11) enumera supuestos que, pese a ser celebrados por entidades del sector público, quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley, sin perjuicio de que sus principios se apliquen para resolver dudas y lagunas. Destacan: las relaciones jurídicas de carácter laboral; los convenios que celebren las Administraciones Públicas entre sí o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados por la ley y se cumplan los requisitos legales (art. 6); los negocios patrimoniales sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables (art. 9); los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación y los de servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores u otros instrumentos financieros (art. 11); y determinados contratos celebrados en el ámbito internacional o por organizaciones internacionales. Hay que advertir una trampa habitual: los contratos de creación e interpretación artística y literaria y de espectáculos no están excluidos, sino que, celebrados por una Administración Pública, son contratos privados (art. 26). Fuera del catálogo de exclusiones, pero con un régimen singular y no sometido a las reglas de adjudicación, está el encargo a medios propios personificados (art. 32), siempre que se cumplan los requisitos de control análogo, realización de la parte esencial de la actividad para la entidad que hace el encargo y ausencia de participación privada directa.
Tipos de contratos del sector público: obras, concesiones, suministro y servicios
La LCSP tipifica los contratos típicos en los arts. 13 a 17. El contrato de obras tiene por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I, o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad contratante (art. 13). El contrato de concesión de obras tiene por objeto la ejecución de obras, o de obras y su explotación, con contraprestación consistente en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio, con transferencia al concesionario del riesgo operacional (art. 14). El contrato de concesión de servicios tiene por objeto la gestión de un servicio con contraprestación consistente en el derecho a explotar los servicios o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio, con transferencia del riesgo operacional (art. 15); sustituye a la antigua gestión de servicios públicos. El contrato de suministro tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles (art. 16). El contrato de servicios tiene por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro (art. 17). Los contratos mixtos, que comprenden prestaciones propias de distintos tipos, se rigen por las normas de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico (art. 18). El riesgo operacional es el elemento diferencial de las concesiones: si no se transfiere, el contrato es de obras o de servicios.
Contratos sujetos a regulación armonizada
Los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), regulados en los arts. 19 a 23, son aquellos cuyo valor estimado supera los umbrales fijados por las Directivas europeas, que la Comisión Europea actualiza cada dos años, y que incluyen los contratos de obras y concesiones, y los de suministro y servicios, con umbrales distintos según el tipo de contrato y de entidad contratante (Administración General del Estado y sus organismos frente a las demás entidades). La condición de SARA activa reglas reforzadas: publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea, plazos mínimos más largos (35 días desde el envío del anuncio en el procedimiento abierto), recurso especial en materia de contratación y obligaciones adicionales en la formalización. Como los umbrales se revisan periódicamente, conviene consultar siempre su cuantía vigente en el Diario Oficial de la UE y en las resoluciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y no memorizar cifras antiguas. En la práctica, la determinación del valor estimado es la que decide si un contrato es SARA o no.
Contratos administrativos y contratos privados
La LCSP mantiene la distinción entre contratos administrativos y contratos privados, aplicable cuando el contratante es una Administración Pública (arts. 24 a 27). Son contratos administrativos los de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios, siempre que los celebre una Administración Pública, y los de objeto distinto que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella (art. 25). Son contratos privados los celebrados por las Administraciones Públicas cuyo objeto sea la prestación de servicios financieros o la creación e interpretación artística y literaria y espectáculos, y los restantes contratos distintos de los anteriores, y, en todo caso, los celebrados por poderes adjudicadores que no son Administración Pública (art. 26). Régimen jurídico: los contratos administrativos se rigen en su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo; los privados se rigen en su preparación y adjudicación por la LCSP y, en cuanto a efectos y extinción, por el derecho privado, con aplicación de ciertas normas de la ley. Jurisdicción (art. 27): el orden contencioso-administrativo conoce de las cuestiones sobre preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, y también de la preparación y adjudicación de los contratos privados; el orden civil conoce de los efectos y extinción de los contratos privados.
Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público
El Capítulo del Título I dedicado a la racionalidad y consistencia de la contratación fija exigencias transversales a cualquier expediente. El art. 28 establece la necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación: las entidades del sector público no pueden celebrar otros contratos que aquellos necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales, y la naturaleza y extensión de las necesidades, así como la idoneidad del objeto y contenido del contrato, deben determinarse con precisión y quedar constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento de adjudicación. Las entidades deben programar la actividad contractual y dar a conocer anualmente su plan de contratación mediante anuncio en el perfil del contratante. El art. 29 regula el plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, y sus prórrogas: la duración debe fijarse atendiendo a la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia su realización. Como regla general, los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva tienen un plazo máximo de duración de cinco años, incluidas las prórrogas, y los contratos menores no pueden superar un año ni ser objeto de prórroga; la duración de las concesiones de obras y servicios no excede de cuarenta años. Se añaden la libertad de pactos (art. 34), que permite incluir cláusulas no contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración; el contenido mínimo del contrato (art. 35); y la perfección del contrato (art. 36), que se produce con la formalización. Las reglas sobre fraccionamiento del objeto, valor estimado y lotes evitan eludir la publicidad y el procedimiento correspondientes.
Los órganos de contratación, el perfil del contratante y el responsable del contrato
Los órganos de contratación son aquellos a quienes corresponde, en cada entidad del sector público, la competencia para celebrar contratos en su nombre. En la Administración General del Estado, los Ministros y los Secretarios de Estado (art. 323). En las entidades locales, corresponden al alcalde o presidente de la entidad local las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, concesiones y administrativos especiales cuando su valor estimado no supere el diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, y al Pleno en los demás casos (disposición adicional segunda). En las Comunidades Autónomas y en los organismos y entes, los órganos que determine su normativa organizativa. El perfil del contratante (art. 63) es el espacio, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los sistemas equivalentes de las Comunidades Autónomas, donde se difunde toda la información de la actividad contractual (anuncios, pliegos, adjudicaciones, contratos menores, etc.). El responsable del contrato (art. 62) supervisa la ejecución, adopta las decisiones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación y emite las órdenes e instrucciones oportunas. Las medidas de lucha contra la corrupción y prevención de conflictos de intereses (art. 64) obligan a adoptar medidas adecuadas para detectar y solucionar los conflictos que pudieran surgir en los procedimientos, entendiendo por conflicto cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación que participe en el procedimiento o pueda influir en su resultado tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia.
Las partes en el contrato: contratista, uniones de empresarios y subcontratación
En todo contrato intervienen, al menos, el órgano de contratación y el contratista. Conforme al art. 65, solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así se exija, se encuentren debidamente clasificadas. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66). Pueden concurrir empresas extranjeras de Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo y de terceros países con las condiciones fijadas por la ley. Los empresarios pueden presentar proposiciones conjuntamente, constituyendo una unión temporal de empresarios, que no necesita formalizarse en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor; los empresarios que la integren responderán solidariamente frente a la Administración (art. 69). La subcontratación (arts. 215 y 216) permite que el contratista concierte con terceros la realización parcial de la prestación, con las limitaciones y obligaciones de comunicación que establece la ley; el pliego puede exigir que determinadas tareas críticas sean ejecutadas directamente por el contratista; el subcontratista contrata solo con el contratista principal, que responde ante la Administración, y el plazo de pago a los subcontratistas es de treinta días desde la aprobación de la factura.
La capacidad y solvencia del contratista
Los requisitos de aptitud para contratar son tres: capacidad de obrar (y habilitación empresarial o profesional exigible para la actividad que constituye el objeto del contrato, art. 65.2), no estar incurso en prohibición de contratar y solvencia o clasificación. La solvencia económica y financiera y la técnica o profesional (arts. 86 a 91 y concordantes) consiste en disponer de los medios económicos, humanos y técnicos necesarios para ejecutar el contrato con garantías. Los pliegos concretan los criterios de solvencia, que deben estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales (art. 74). Se acredita normalmente mediante los medios que fija el órgano de contratación en el anuncio y los pliegos: volumen anual de negocios, seguros de responsabilidad, relación de los principales contratos de objeto similar ejecutados en los últimos años, medios personales y materiales adscritos, titulaciones y certificados de calidad. El empresario puede basarse en la solvencia y los medios de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica del vínculo que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución dispondrá efectivamente de esos medios (integración de la solvencia con medios externos, art. 75). En los contratos de obras de valor estimado igual o superior a quinientos mil euros se exige clasificación como requisito de aptitud. Las declaraciones responsables y el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) permiten sustituir la aportación inicial de la documentación acreditativa (art. 140): la declaración responsable es el modo de acreditar inicialmente el cumplimiento de los requisitos previos, y la documentación se exige solo al licitador propuesto como adjudicatario.
Las prohibiciones para contratar
El art. 71 LCSP enumera de forma tasada las circunstancias que impiden contratar con el sector público, por razones de interés público. Entre las principales: haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de especial gravedad (constitución o participación en organización o grupo criminal, financiación del terrorismo, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, malversación, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, contra el medio ambiente u ordenación del territorio, entre otros); haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso salvo que haya adquirido eficacia un convenio, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado; haber dado lugar, por causa de la que hubiera sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad del sector público; no hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias o de Seguridad Social; haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable o al facilitar cualquier otro dato relativo a su capacidad y solvencia; y haber sido sancionado con carácter firme por infracciones graves o muy graves en las materias que enumera la ley. Algunas prohibiciones se aprecian directamente por el órgano de contratación y otras requieren declaración previa mediante procedimiento contradictorio. La duración máxima de la prohibición, cuando la ley no fija otra, es, con carácter general, de cinco años en los casos de condena penal firme sin plazo de inhabilitación y de tres años en los demás, a contar desde la fecha de la sentencia o resolución. Las prohibiciones se inscriben en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
La clasificación de los contratistas
La clasificación es un sistema de acreditación objetiva y estandarizada de la solvencia que reconoce a una empresa su aptitud para celebrar determinados contratos, agrupados por grupos, subgrupos y categorías según su cuantía. La otorga la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (o los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas) mediante procedimiento en el que la empresa acredita su solvencia económica, financiera y técnica. Es obligatoria en los contratos de obras de valor estimado igual o superior a quinientos mil euros (art. 77); en los contratos de servicios no es exigible, aunque la clasificación en el grupo y subgrupo correspondiente puede utilizarse como medio de acreditar la solvencia. En los contratos de suministro no existe clasificación. La clasificación se inscribe en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) y se revisa periódicamente, con obligación de comunicar las variaciones relevantes. Su principal ventaja es la simplificación: acredita de forma permanente la solvencia frente a todos los órganos de contratación, sin justificarla en cada licitación.
El objeto del contrato
El art. 99 LCSP exige que el objeto de los contratos del sector público sea determinado. No podrá fraccionarse con la finalidad de disminuir la cuantía del contrato y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, y debe justificarse debidamente en el expediente cuando se decida no dividirlo; la ley refuerza así el acceso de las pequeñas y medianas empresas, y permite limitar el número de lotes a los que puede licitar o en los que puede resultar adjudicatario un mismo licitador. En el contrato mixto (art. 18) se aplican las normas de la prestación principal, la de mayor importancia económica. La definición del objeto y las prescripciones técnicas no pueden hacer referencia a una fabricación o procedencia determinada, ni a marcas, patentes o tipos, que tengan por efecto favorecer o eliminar ciertas empresas o productos, salvo que sea imposible describir el objeto con suficiente precisión, en cuyo caso se acompañará de la mención «o equivalente» (art. 126).
El presupuesto base de licitación (art. 100)
El presupuesto base de licitación (PBL) es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. Es el importe sobre el que los licitadores formulan sus ofertas, normalmente a la baja, y cuya cobertura debe estar garantizada con crédito presupuestario suficiente. Al elaborarlo, los órganos de contratación deben cuidar que sea adecuado a los precios de mercado; en los presupuestos se desglosan los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. En las obras, el presupuesto incluye costes directos e indirectos, gastos generales y beneficio industrial. Diferencia fundamental con el valor estimado: el PBL incluye IVA y se refiere a la duración inicial del contrato, mientras que el valor estimado no incluye IVA y comprende prórrogas, modificaciones previstas, opciones eventuales y primas.
El valor estimado del contrato (art. 101)
El valor estimado es el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación, teniendo en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato, así como las modificaciones previstas en los pliegos conforme al art. 204 y las primas o pagos a los licitadores o candidatos. El método de cálculo debe ser objeto de justificación en el expediente. Sirve para determinar el procedimiento de adjudicación, las normas de publicidad y si el contrato queda sujeto a regulación armonizada, y se calcula con referencia al momento de envío del anuncio de licitación o, si no se exige, al de inicio del procedimiento. Reglas especiales: en los contratos de suministro o servicios de carácter periódico o renovable, se toma el valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio o los doce meses anteriores, ajustado en función de los cambios previstos, o el valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a la primera entrega; en los contratos mixtos, la suma del valor estimado de todas las prestaciones; en los acuerdos marco y sistemas dinámicos, el valor máximo estimado de los contratos basados. Queda prohibido fraccionar el contrato para eludir umbrales. No hay que confundir valor estimado, presupuesto base de licitación y precio del contrato.
El precio del contrato (art. 102)
Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. El precio puede formularse en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades que se entreguen o ejecuten, o en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas anormalmente bajas. El contrato ha de incluir el IVA como partida independiente. En las concesiones, la contraprestación puede consistir en el derecho a explotar la obra o el servicio, o en dicho derecho acompañado de un precio, con transferencia del riesgo operacional al concesionario. El pago del precio se realiza en el plazo de treinta días desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato, y la Administración debe aprobar dichos documentos en el plazo de treinta días desde la entrega efectiva de los bienes o la prestación del servicio (art. 198); en caso de demora, procede el abono de intereses de demora y la indemnización por costes de cobro conforme a la normativa sobre morosidad.
La revisión de precios (arts. 103 a 105)
La revisión de precios permite actualizar el importe del contrato durante su ejecución para compensar variaciones de costes, pero la LCSP, en línea con la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, limita su procedencia. Con carácter general, la revisión periódica y predeterminada de precios solo procede en los contratos de obras, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos en que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años, y siempre que el contrato se haya ejecutado, al menos, en el veinte por ciento de su importe y hayan transcurrido dos años desde su formalización: el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años quedan excluidos de la revisión. El pliego debe detallar la fórmula de revisión, que se aprueba por el Consejo de Ministros para los contratos del sector público estatal; queda prohibido tomar como referencia índices generales de precios, como el Índice de Precios de Consumo, o alguno de sus componentes. La revisión no se aplica a los contratos menores ni a los demás contratos en los que no se haya previsto expresamente en el pliego. El principio general es el de riesgo y ventura del contratista, y la revisión es una excepción que exige previsión en el pliego y cumplimiento de los requisitos legales.
Las garantías en la contratación (arts. 106 a 114)
La LCSP distingue la garantía provisional y la definitiva. La garantía provisional (art. 106) deja de ser la regla general y pasa a ser excepcional: los órganos de contratación podrán exigirla a los licitadores solo de forma motivada en el expediente, para asegurar el mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación, y por un importe que no podrá ser superior al tres por ciento del presupuesto base de licitación, excluido el IVA. La garantía definitiva (art. 107) se exige, salvo excepciones, al licitador que haya presentado la mejor oferta, por un importe del cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el IVA (o del presupuesto base de licitación, sin IVA, cuando el precio se determina por precios unitarios o el contrato se adjudica con precio provisional). En casos especiales, el pliego puede exigir además una garantía complementaria de hasta un cinco por ciento del precio final ofertado, de manera que la garantía total pueda alcanzar el diez por ciento del precio del contrato. La garantía definitiva se constituye en el plazo de diez días hábiles desde el requerimiento al licitador propuesto, junto con el resto de la documentación (art. 150.2), es decir, antes de la adjudicación. Las garantías pueden constituirse en efectivo, en valores de deuda pública, mediante aval prestado por bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca, o mediante contrato de seguro de caución (art. 108). La garantía definitiva responde de las penalidades, de la correcta ejecución de las prestaciones, de los gastos originados por demora y de los daños y perjuicios por incumplimiento, y se devuelve o cancela una vez cumplido el contrato y transcurrido el plazo de garantía (art. 111).
La preparación de los contratos: el expediente de contratación
La celebración de contratos por las Administraciones Públicas requiere la previa tramitación de un expediente de contratación, que se inicia por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que se completa con el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, el certificado de existencia de crédito o documento equivalente, y la fiscalización previa de la intervención (art. 116). El expediente debe justificar adecuadamente la elección del procedimiento y de los criterios de adjudicación, la clasificación exigida en su caso, el valor estimado con indicación de los métodos de cálculo, la necesidad de la Administración, la insuficiencia de medios en los contratos de servicios y la decisión de dividir o no en lotes. Concluida su tramitación ordinaria, el órgano de contratación dictará resolución motivada aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, lo que implica también la aprobación del gasto (art. 117). El expediente puede tramitarse con carácter ordinario, urgente o de emergencia. La tramitación anticipada permite iniciar el procedimiento antes de contar con crédito, sujeta a la existencia de crédito en el ejercicio en que comience la ejecución (conforme a la normativa presupuestaria y a la propia LCSP).
Los contratos menores (art. 118)
Son contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. En su tramitación basta la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente; en los contratos de obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas lo requieran. Se exige informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto para evitar la aplicación de los umbrales descritos, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra anterior. No pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga (art. 29.8). Los contratos menores se publican con la información trimestral exigida en el perfil de contratante, con la identidad del adjudicatario, el objeto, la duración y el importe de adjudicación incluido el IVA. Son los únicos contratos que pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria.
La tramitación urgente y la tramitación de emergencia (arts. 119 y 120)
La tramitación urgente (art. 119) procede en los expedientes de contratación cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público, debidamente motivadas. Sus efectos: los expedientes gozan de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervienen en la tramitación, y los plazos para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducen a la mitad, con las salvedades que establece la ley (entre ellas, el plazo de interposición del recurso especial). La tramitación de emergencia (art. 120) se aplica cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. El órgano de contratación puede ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales de la ley, incluso sin tramitar expediente de contratación previo ni aprobar el gasto con anterioridad; el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes desde la adopción del acuerdo; y se dará cuenta de los acuerdos adoptados al Consejo de Ministros (o a los órganos equivalentes de las demás Administraciones) dentro del plazo de treinta días. Es un régimen excepcional y es frecuente su pregunta en test.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
Los pliegos son los documentos que contienen las condiciones del contrato y vinculan tanto a la Administración como al contratista (ley del contrato). El pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 122) incluye los criterios de solvencia y adjudicación, las consideraciones sociales y ambientales que se establezcan como criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución, las garantías, el régimen de penalidades, las causas de resolución, las modificaciones previstas y las demás condiciones de naturaleza jurídica, económica y administrativa. El pliego de prescripciones técnicas (art. 124) define las características de la prestación y las prescripciones técnicas que han de regirla, y se formula de modo que permita el acceso en condiciones de igualdad de los licitadores sin crear obstáculos injustificados a la competencia (art. 126). Los pliegos deben aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación del contrato (art. 122.1), y no pueden modificarse con posterioridad salvo para corregir errores materiales, de hecho o aritméticos. Los pliegos de cláusulas administrativas generales y los pliegos tipo (art. 121) se aprueban por los órganos competentes y son de aplicación a categorías de contratos análogos.
Los procedimientos de adjudicación: abierto, abierto simplificado y restringido
Según el art. 131.2, la adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. El resto de procedimientos (licitación con negociación, diálogo competitivo, asociación para la innovación y negociado sin publicidad) solo puede utilizarse en los supuestos que se establecen en la ley. En el procedimiento abierto (arts. 156 a 158) todo empresario interesado puede presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. El plazo de presentación de proposiciones en contratos SARA no es inferior a treinta y cinco días desde el envío del anuncio a la Comisión Europea. En el procedimiento abierto simplificado (art. 159) se agiliza la tramitación para los contratos de menor cuantía: obras de valor estimado igual o inferior a 2.000.000 euros y suministros y servicios de valor igual o inferior a 100.000 euros, siempre que los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor no superen el veinticinco por ciento del total (cuarenta y cinco por ciento en los contratos de prestaciones intelectuales). Existe una modalidad abreviada (art. 159.6) para obras de valor estimado inferior a 80.000 euros y suministros y servicios inferiores a 35.000 euros. En el procedimiento restringido (arts. 160 a 165) solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación y reciban invitación; en la primera fase se seleccionan los candidatos con criterios objetivos de solvencia previamente establecidos, y en la segunda se presentan las proposiciones.
La licitación con negociación y el procedimiento negociado sin publicidad
En el procedimiento de licitación con negociación (arts. 166 a 171) la adjudicación recae en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. Solo puede emplearse en los supuestos que enumera el art. 167: entre otros, cuando las necesidades no puedan satisfacerse sin adaptar soluciones disponibles, cuando incluyan un diseño o soluciones innovadoras, cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas por circunstancias específicas vinculadas a su naturaleza, complejidad o riesgos, o cuando en un procedimiento abierto o restringido anterior solo se hayan presentado ofertas irregulares o inaceptables. El procedimiento negociado sin publicidad (art. 168) se reserva a supuestos tasados, como la ausencia de ofertas o candidaturas en un procedimiento abierto o restringido previo, razones técnicas o artísticas o derechos de exclusiva que impongan un único empresario, o la imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles. Importante: la LCSP de 2017 suprimió el negociado por razón de la cuantía, de modo que no existe ya un procedimiento negociado por importes reducidos; el papel de la contratación de menor cuantía lo cumplen los contratos menores y el procedimiento abierto simplificado.
El diálogo competitivo y la asociación para la innovación
El diálogo competitivo (arts. 172 a 176) es un procedimiento en el que el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de participación, para desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que sirvan de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. Se emplea en los mismos supuestos que la licitación con negociación (art. 172), típicamente cuando el órgano de contratación no puede definir con la precisión necesaria los medios técnicos, o la cobertura jurídica o financiera del proyecto. Consta de una fase de diálogo en la que se exploran las soluciones, y de una fase final de ofertas, tras declarar cerrado el diálogo. La asociación para la innovación (arts. 177 a 182) tiene por objeto el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y costes máximos acordados. El concurso de proyectos (arts. 183 a 187) es el procedimiento tendente a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería, mediante selección por un jurado.
Los criterios de adjudicación (arts. 145 y 146)
El art. 145 establece que la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, que se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Pueden incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato (por ejemplo, la reducción de emisiones, el empleo de personas con discapacidad, la estabilidad laboral o la accesibilidad). Excepcionalmente, el contrato puede adjudicarse atendiendo a un único criterio, que ha de estar relacionado con los costes, como el precio o el coste del ciclo de vida. Los criterios se clasifican en evaluables de forma automática (mediante cifras o porcentajes, como el precio o el plazo) y dependientes de un juicio de valor. Cuando se atribuya a los criterios dependientes de un juicio de valor una ponderación mayor que a los evaluables automáticamente, la valoración de los primeros corresponderá a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que no estén integrados en el órgano proponente del contrato, o a un organismo técnico especializado (art. 146.2). Las ofertas anormalmente bajas (art. 149) obligan al órgano de contratación a solicitar al licitador afectado que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, concediéndole un plazo suficiente que no podrá superar los cinco días hábiles, y a rechazar la oferta si no puede cumplirse por la inclusión de valores anormales, en particular por el incumplimiento de obligaciones medioambientales, sociales o laborales.
La mesa de contratación (art. 326)
La mesa de contratación es el órgano colegiado de asistencia técnica al órgano de contratación. En los procedimientos abierto, restringido, de licitación con negociación, de diálogo competitivo y de asociación para la innovación tramitados por Administraciones Públicas, interviene la mesa, a la que corresponde calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, valorar las proposiciones de los licitadores con arreglo a los criterios establecidos en los pliegos, proponer la adjudicación y, en su caso, proponer la exclusión por ofertas anormalmente bajas. Su composición: un presidente, un secretario y los vocales que se determinen; entre los vocales deben figurar necesariamente un funcionario que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y otro que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario (en las entidades locales, el secretario y el interventor); y los miembros han de ser en su mayoría personal funcionario. No podrán formar parte de las mesas ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual, aunque sí podrá asistir personal al servicio del órgano de contratación con funciones técnicas. La propuesta de adjudicación de la mesa no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto; el órgano de contratación, de forma motivada, puede apartarse de ella.
La adjudicación del contrato: requerimiento, adjudicación y notificación (arts. 150 y 151)
Una vez valoradas las ofertas por la mesa, esta eleva la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, que requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación acreditativa de su capacidad, solvencia y demás requisitos, así como la garantía definitiva cuando proceda (art. 150.2). Si no cumplimenta adecuadamente el requerimiento en plazo, se entiende que el licitador ha retirado su oferta y se pasa al siguiente. Recibida la documentación, el órgano de contratación adjudica el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes (art. 150.3). La adjudicación debe ser motivada, se notifica a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publica en el perfil del contratante en el plazo de quince días (art. 151). La notificación contendrá la información necesaria para que el licitador excluido o candidato descartado pueda interponer recurso suficientemente fundado. El plazo máximo para adjudicar en el procedimiento abierto, cuando solo se atiende al precio, es de quince días desde la apertura de las proposiciones, y de dos meses cuando se aplican varios criterios (art. 158). Los licitadores pueden retirar su proposición si transcurre el plazo sin adjudicación. La Administración podrá renunciar a la celebración o desistir del procedimiento antes de la adjudicación, por razones de interés público o por infracción no subsanable de las normas, con compensación a los licitadores por los gastos.
La formalización del contrato (art. 153)
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deben formalizarse en documento administrativo, que constituye título suficiente para acceder a cualquier registro público; el contratista puede solicitar elevarlo a escritura pública, corriendo de su cargo los gastos. En los contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación, la formalización no puede efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos (período de suspensión o standstill); transcurrido ese plazo, el órgano de contratación requiere al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que reciba el requerimiento, siempre que no se haya interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión. En los demás contratos, la formalización se efectúa no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación. Si por causas imputables al adjudicatario no se formalizase en plazo, la Administración podrá acordar la resolución previa audiencia del interesado, la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiera constituido, y la indemnización de los daños y perjuicios en lo que excedan de su importe; si las causas fueran imputables a la Administración, el contratista tiene derecho a la indemnización de los daños y perjuicios que la demora le ocasione. No puede iniciarse la ejecución sin formalización previa, salvo en la tramitación de emergencia. La formalización se publica en el perfil del contratante, y en los SARA también en el Diario Oficial de la Unión Europea (art. 154).
El recurso especial en materia de contratación
El recurso especial en materia de contratación (arts. 44 a 60) es un recurso administrativo, gratuito y potestativo, de resolución por órgano independiente, que se interpone con carácter previo al contencioso-administrativo. Procede contra los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales, los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación o produzcan indefensión, la adjudicación y las modificaciones basadas en la omisión de las exigencias legales, en contratos como los de obras y concesiones de valor estimado superior a tres millones de euros, y los de suministro y servicios de valor estimado superior a cien mil euros, y en los acuerdos marco y sistemas dinámicos. El plazo de interposición es, con carácter general, de quince días hábiles. Se resuelve por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el ámbito estatal y por los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas; en la Comunidad de Madrid, por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Su interposición contra la adjudicación suspende automáticamente la tramitación del procedimiento, evitando la formalización, y por eso se vincula con el plazo de standstill. Las resoluciones son recurribles ante el orden contencioso-administrativo.
Las prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos (arts. 190 y 191)
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta (art. 190). Estas prerrogativas son manifestación de la posición de supremacía de la Administración en los contratos administrativos y no existen en los contratos privados. Los acuerdos adoptados por el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. El art. 191 exige un procedimiento contradictorio, con audiencia al contratista, y establece los supuestos en que es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma: interpretación, nulidad y resolución cuando se formule oposición por el contratista, y modificaciones cuando su cuantía sea superior a un veinte por ciento del precio inicial del contrato y este exceda de seis millones de euros, entre otros supuestos. Los acuerdos son impugnables ante el orden contencioso-administrativo, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan.
La modificación y la resolución del contrato
Los contratos administrativos solo pueden modificarse por razones de interés público en los casos y con los límites establecidos en la ley (arts. 203 a 207). Las modificaciones previstas en el pliego (art. 204) deben estar definidas de forma clara, precisa e inequívoca, con indicación del alcance, límites y naturaleza, y no pueden superar, aislada o conjuntamente, el veinte por ciento del precio inicial del contrato (IVA excluido). Las modificaciones no previstas (art. 205) solo pueden realizarse cuando se justifiquen suficientemente en el expediente las razones y concurran los supuestos que la ley enumera: prestaciones adicionales que se hayan hecho necesarias y que un cambio de contratista no sea posible por razones económicas o técnicas; circunstancias sobrevenidas que una Administración diligente no hubiera podido prever; o modificaciones no sustanciales. En los dos primeros casos la modificación no puede alterar la cuantía del contrato por encima del cincuenta por ciento de su precio inicial. Cualquier modificación sustancial exige la resolución del contrato y la celebración de uno nuevo. Las modificaciones son obligatorias para el contratista cuando se ajustan a la ley. La resolución (arts. 211 y siguientes) procede por causas tasadas: muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o extinción de la personalidad jurídica, declaración de concurso o insolvencia, mutuo acuerdo, demora en el cumplimiento de plazos, demora en la formalización, suspensión de la iniciación del contrato por más de cuatro meses, imposibilidad de ejecutar la prestación, incumplimiento de la obligación principal y las demás señaladas en la ley y en los pliegos. Si la causa es el incumplimiento culpable del contratista, se le incauta la garantía y debe indemnizar los daños y perjuicios que cause en lo que exceda de aquella (art. 213).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 9/2017, de 8 de noviembre (BOE-A-2017-12902): transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE y derogó el TRLCSP (RDLeg 3/2011). Entró en vigor el 9 de marzo de 2018.
Ámbito subjetivo (art. 3): Administraciones Públicas, poderes adjudicadores que no son Administración Pública, y resto del sector público. Solo las Administraciones Públicas celebran contratos administrativos; los entes que no son poderes adjudicadores adjudican según sus instrucciones internas (art. 321).
Los contratos de creación e interpretación artística y literaria y de espectáculos y los de servicios financieros celebrados por Administraciones Públicas son contratos PRIVADOS (art. 26), no contratos excluidos.
No confundir presupuesto base de licitación (con IVA, límite de gasto, duración inicial) con valor estimado (sin IVA, incluye prórrogas, modificaciones previstas y opciones; determina el procedimiento y si es SARA).
La garantía provisional es excepcional y motivada (máximo 3 % del presupuesto base de licitación, sin IVA); la definitiva es del 5 % del precio final ofertado sin IVA, con posible complementaria de hasta otro 5 % (total máximo 10 %).
Revisión de precios: solo si el contrato se ha ejecutado al menos en el 20 % de su importe y han transcurrido dos años desde la formalización; prohibido el IPC y sus componentes.
Procedimientos ordinarios (art. 131.2): abierto y restringido. Licitación con negociación, diálogo competitivo, asociación para la innovación y negociado sin publicidad solo en supuestos tasados. El negociado por razón de la cuantía fue suprimido en 2017.
Abierto simplificado (art. 159): obras hasta 2.000.000 euros y suministros/servicios hasta 100.000 euros; abreviado (159.6): obras inferiores a 80.000 euros y suministros/servicios inferiores a 35.000 euros.
Contratos menores (art. 118): obras inferiores a 40.000 euros; suministros y servicios inferiores a 15.000 euros; duración máxima un año, sin prórroga.
La mesa de contratación propone, el órgano de contratación decide: la propuesta no crea derecho alguno al licitador propuesto, y el órgano puede apartarse de ella motivadamente. No pueden formar parte de la mesa cargos públicos representativos ni personal eventual.
Adjudicación: requerimiento de documentación en 10 días hábiles; adjudicación en 5 días hábiles desde la recepción; publicación en el perfil en 15 días; formalización no antes de 15 días hábiles (standstill) en contratos con recurso especial, y luego 5 días para formalizar.
Tramitación de emergencia (art. 120): ejecución sin expediente previo; inicio de la ejecución en un máximo de un mes; se da cuenta al Consejo de Ministros en 30 días.
Modificaciones previstas: hasta el 20 % del precio inicial. Modificaciones no previstas por prestaciones adicionales o circunstancias imprevisibles: hasta el 50 % del precio inicial. Las modificaciones sustanciales exigen nuevo contrato.
Prerrogativas (art. 190): interpretar, resolver dudas, modificar por interés público, declarar la responsabilidad del contratista, suspender la ejecución, resolver y determinar los efectos de la resolución. Solo en contratos administrativos; acuerdos inmediatamente ejecutivos.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
En la LCSP, los contratos de creación e interpretación artística y literaria y de espectáculos celebrados por una Administración Pública son:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 18 de Administrativo C. Madrid?
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es la norma básica que rige la actividad contractual de las Administraciones Públicas y del resto del sector público: cómo se preparan, adjudican, ejecutan y extinguen los contratos por los que se adquieren obras, suministros o servicios, o se otorgan concesiones. Derogó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011 y es, junto con la Ley 39/2015, una de las normas de mayor peso práctico y de mayor frecuencia en el examen de administrativo, porque combina conceptos técnicos muy precisos (presupuesto base de licitación, valor estimado, garantías, procedimientos y criterios de adjudicación) con instituciones clásicas del Derecho Administrativo (prerrogativas de la Administración, contratos administrativos frente a privados). Este tema sigue el orden de la propia ley: disposiciones generales y ámbito (Título Preliminar), tipos de contratos, racionalidad y consistencia, partes del contrato (órgano de contratación y contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación), objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio y revisión, garantías, preparación (expediente, pliegos, tramitaciones), adjudicación (procedimientos, criterios, mesa, formalización) y prerrogativas de la Administración. Dato de actualidad: la ley ha sido modificada varias veces desde su publicación, por lo que el estudio debe hacerse siempre sobre el texto consolidado vigente.
¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?
Ley 9/2017, de 8 de noviembre (BOE-A-2017-12902): transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE y derogó el TRLCSP (RDLeg 3/2011). Entró en vigor el 9 de marzo de 2018. Ámbito subjetivo (art. 3): Administraciones Públicas, poderes adjudicadores que no son Administración Pública, y resto del sector público. Solo las Administraciones Públicas celebran contratos administrativos; los entes que no son poderes adjudicadores adjudican según sus instrucciones internas (art. 321). Los contratos de creación e interpretación artística y literaria y de espectáculos y los de servicios financieros celebrados por Administraciones Públicas son contratos PRIVADOS (art. 26), no contratos excluidos. No confundir presupuesto base de licitación (con IVA, límite de gasto, duración inicial) con valor estimado (sin IVA, incluye prórrogas, modificaciones previstas y opciones; determina el procedimiento y si es SARA). La garantía provisional es excepcional y motivada (máximo 3 % del presupuesto base de licitación, sin IVA); la definitiva es del 5 % del precio final ofertado sin IVA, con posible complementaria de hasta otro 5 % (total máximo 10 %). Revisión de precios: solo si el contrato se ha ejecutado al menos en el 20 % de su importe y han transcurrido dos años desde la formalización; prohibido el IPC y sus componentes. Procedimientos ordinarios (art. 131.2): abierto y restringido. Licitación con negociación, diálogo competitivo, asociación para la innovación y negociado sin publicidad solo en supuestos tasados. El negociado por razón de la cuantía fue suprimido en 2017. Abierto simplificado (art. 159): obras hasta 2.000.000 euros y suministros/servicios hasta 100.000 euros; abreviado (159.6): obras inferiores a 80.000 euros y suministros/servicios inferiores a 35.000 euros. Contratos menores (art. 118): obras inferiores a 40.000 euros; suministros y servicios inferiores a 15.000 euros; duración máxima un año, sin prórroga. La mesa de contratación propone, el órgano de contratación decide: la propuesta no crea derecho alguno al licitador propuesto, y el órgano puede apartarse de ella motivadamente. No pueden formar parte de la mesa cargos públicos representativos ni personal eventual. Adjudicación: requerimiento de documentación en 10 días hábiles; adjudicación en 5 días hábiles desde la recepción; publicación en el perfil en 15 días; formalización no antes de 15 días hábiles (standstill) en contratos con recurso especial, y luego 5 días para formalizar. Tramitación de emergencia (art. 120): ejecución sin expediente previo; inicio de la ejecución en un máximo de un mes; se da cuenta al Consejo de Ministros en 30 días. Modificaciones previstas: hasta el 20 % del precio inicial. Modificaciones no previstas por prestaciones adicionales o circunstancias imprevisibles: hasta el 50 % del precio inicial. Las modificaciones sustanciales exigen nuevo contrato. Prerrogativas (art. 190): interpretar, resolver dudas, modificar por interés público, declarar la responsabilidad del contratista, suspender la ejecución, resolver y determinar los efectos de la resolución. Solo en contratos administrativos; acuerdos inmediatamente ejecutivos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE-A-2017-12902), texto consolidado
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública
Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo que no se oponga a la LCSP)
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (en lo vigente)
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Mientras tanto, practica con tests gratis de Administrativo C. Madrid.