Ver esquema

Tema 25. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de aplicación, personal al servicio de las Administraciones Públicas. La Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid: del personal al servicio de la Comunidad de Madrid. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Decreto por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

Este tema abre el Bloque III del temario y sienta el vocabulario básico que reaparecerá en casi todos los temas siguientes: qué es un funcionario de carrera, un interino, un laboral o un eventual, y qué papel juega la norma estatal básica (el TREBEP) frente a la norma propia de la Comunidad de Madrid. Es un tema «bisagra»: pocas preguntas de examen se limitan a él en exclusiva, pero su contenido es prerrequisito para entender la selección de personal, las situaciones administrativas o el régimen disciplinario que se desarrollan en los temas 26 a 28. Además, incorpora dos elementos propios de la Comunidad de Madrid que conviene no descuidar por ser menos «clásicos»: la Ley 1/1986, de Función Pública de la Comunidad de Madrid, anterior al TREBEP pero vigente en todo lo no derogado o incompatible con él, y la regulación autonómica del teletrabajo, que descansa sobre la regulación básica del artículo 47 bis del TREBEP. Estructura recomendada de estudio: (1) ámbito del TREBEP; (2) las clases de personal (arts. 8 a 13) con sus plazos y notas distintivas; (3) la Ley 1/1986 y la organización del personal madrileño; (4) el teletrabajo.

← Ver el índice completo del temario

El Real Decreto Legislativo 5/2015, TREBEP: objeto y ámbito de aplicación

El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (BOE-A-2015-11719), que refunde en un texto único la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y sus modificaciones posteriores. Su artículo 1 establece el objeto de la norma: las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación, así como las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas en lo que proceda. El artículo 2 delimita el ámbito subjetivo: personal funcionario y, en lo que resulte de aplicación, personal laboral de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, de las Administraciones de las Entidades Locales, de los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, y de las Universidades Públicas. El propio artículo 2 prevé que el personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud se rijan por la legislación específica estatal y autonómica y, además, por los preceptos del Estatuto que expresamente se refieran a ellos, y que el Estatuto tenga carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación. Los artículos 3 y 4 completan el cuadro: el personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal (de la que el TREBEP forma parte) y la autonómica, y determinados colectivos con legislación específica propia (personal de las Cortes Generales y asambleas legislativas, jueces, magistrados y fiscales y resto del personal de la Administración de Justicia, personal militar, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, entre otros) solo quedan sujetos al Estatuto cuando su legislación específica así lo disponga. La mayor parte de sus preceptos tiene carácter de legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, de manera que vinculan directamente y condicionan la normativa propia de cada Administración, como la de la Comunidad de Madrid.

Las fuentes de la relación de empleo público

El marco normativo del empleo público se construye por capas. En la base, la Constitución Española, cuyo artículo 103.3 remite a la ley la regulación del estatuto de los funcionarios públicos y cuyo artículo 23.2 garantiza el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Sobre ella, el TREBEP actúa como legislación básica estatal común a todas las Administraciones (art. 149.1.18ª CE). A partir de ahí, cada Administración dicta su propia normativa de desarrollo: para la Comunidad de Madrid, principalmente la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, junto con sus reglamentos de ejecución (relaciones de puestos de trabajo, ofertas de empleo público, decretos sectoriales como el regulador del teletrabajo). Para el personal laboral la fuente principal no es el TREBEP sino la legislación laboral común —el Estatuto de los Trabajadores— y, de forma muy destacada, el convenio colectivo aplicable; el artículo 7 del TREBEP lo dice expresamente: el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del Estatuto que así lo dispongan. Determinados preceptos (derechos y deberes, código de conducta, régimen disciplinario básico, entre otros) se aplican, por tanto, también a este colectivo por remisión expresa. Comprender esta pirámide de fuentes es indispensable para no confundir, a lo largo del bloque, qué norma resuelve cada cuestión concreta. Conviene retener, por último, que la estructura del TREBEP se organiza en ocho títulos: I (objeto y ámbito), II (clases de personal), III (derechos y deberes, código de conducta), IV (adquisición y pérdida de la relación de servicio), V (ordenación de la actividad profesional), VI (situaciones administrativas), VII (régimen disciplinario) y VIII (cooperación entre Administraciones Públicas).

Concepto y clases de empleados públicos (art. 8 TREBEP)

El artículo 8.1 del TREBEP define como empleados públicos a quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. El artículo 8.2 los clasifica en cuatro categorías: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual. Estas cuatro clases se desarrollan en los artículos 9 a 12, y el artículo 13 regula, además, la figura del personal directivo profesional, que no es una quinta clase de empleado público sino una categoría funcional que puede cubrirse con personal funcionario o laboral (incluso mediante relación laboral de carácter especial de alta dirección, cuando así lo prevean las normas). Para el examen conviene recordar el criterio que sirve para distinguir cada clase: la naturaleza del vínculo (estatutario o contractual), la permanencia (carrera o interinidad/temporalidad) y la confianza política (eventual). Los principios y reglas del Código de Conducta de los artículos 52 a 54 se aplican a todos los empleados públicos, con independencia de su clase.

El personal funcionario de carrera

El artículo 9.1 del TREBEP define a los funcionarios de carrera como quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Se trata de la categoría central del empleo público: su relación no nace de un contrato sino de un acto unilateral de la Administración (el nombramiento), previa superación de un proceso selectivo, y se rige por normas de Derecho público y no por el Derecho laboral. El artículo 9.2 añade una regla clave: en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración se establezca. Esta naturaleza estatutaria explica notas propias del régimen funcionarial que lo distinguen del personal laboral: la relación puede modificarse unilateralmente por la Administración dentro de los límites legales, el régimen retributivo y disciplinario se fija por norma y no por negociación individual, y el acceso, la provisión de puestos y la pérdida de la condición se sujetan a un procedimiento reglado que desarrollan los temas siguientes de este bloque.

El personal funcionario interino

El artículo 10 del TREBEP regula a los funcionarios interinos como aquellos que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de estas circunstancias tasadas: a) la existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; b) la sustitución transitoria de los titulares; c) la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto; d) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses. La selección debe realizarse mediante procedimientos ágiles que respeten en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Cesan, además de por las causas generales de pérdida de la condición de funcionario (que son las de los arts. 63 y siguientes en lo que les resulte aplicable), cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento: así, en el caso de vacante, cuando se cubra reglamentariamente la plaza; en el de sustitución, cuando se reincorpore el titular; en el de programa, al finalizar éste; y en el de exceso de tareas, al vencer el plazo. La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, reforzó este artículo para combatir el abuso en la temporalidad: se limita la duración del nombramiento por vacante (que debe incluirse en una oferta de empleo público y cuya permanencia máxima es, con carácter general, de tres años) y se prevé una compensación económica por el incumplimiento de los plazos máximos, además de consecuencias de responsabilidad para las Administraciones que incumplan. Las cuantías y el detalle exacto de estas medidas deben consultarse en el texto vigente.

El personal laboral: fijo, indefinido y temporal

El artículo 11 del TREBEP define al personal laboral como quien, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos a las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato, éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. La figura del trabajador «indefinido no fijo» es de creación jurisprudencial (Tribunal Supremo) y se aplica a quienes han encadenado contratos temporales irregulares en las Administraciones Públicas: no adquieren la fijeza automática (porque el acceso a un puesto fijo exige superar un proceso selectivo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad) pero tampoco son meros temporales, y su relación se mantiene hasta que la plaza se cubra por los procedimientos reglamentarios o se amortice. A diferencia del funcionario, su relación se rige por el Derecho Laboral y nace de un contrato bilateral, no de un nombramiento; sus condiciones de trabajo se negocian colectivamente a través de convenios y su régimen disciplinario, aunque comparte principios con el del personal funcionario, se articula por remisión al Estatuto de los Trabajadores y al propio convenio. Para su acceso, el artículo 61 del TREBEP permite también el concurso de valoración de méritos, además de la oposición y del concurso-oposición. Recuérdese, por último, que los puestos que impliquen ejercicio de potestades públicas están reservados a funcionarios (art. 9.2), de modo que el personal laboral desempeña funciones no reservadas legalmente a aquellos.

El personal eventual

El artículo 12 del TREBEP califica como personal eventual a quien, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Su nombramiento y cese son libres y corresponden exclusivamente a las autoridades que se determinen en cada Administración Pública; el cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. Una nota que suele preguntarse en examen es que la condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función pública o para la promoción interna: quien lo ha sido no obtiene por ello ninguna ventaja en un proceso selectivo posterior. El número máximo de puestos de esta naturaleza lo determinan los órganos de gobierno de cada Administración, y tanto ese número como las condiciones retributivas serán públicos. Al personal eventual se le aplica, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. Tampoco puede formar parte de los órganos de selección de personal (art. 60.2 TREBEP).

El personal directivo profesional

El artículo 13 del TREBEP contempla al personal directivo profesional como aquel que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. Su régimen jurídico se establece por cada Administración en desarrollo de los principios del propio artículo. La determinación de la condición de directivo y de los puestos que desempeñan las funciones directivas se realiza por cada Administración; su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. Las normas podrán prever que este personal quede sometido a una relación laboral de carácter especial de alta dirección. Es importante retener que, a diferencia del personal eventual (de confianza y libre cese), el directivo profesional se selecciona por criterios de idoneidad y responde por resultados evaluables.

Los grupos y subgrupos de clasificación profesional (art. 76 TREBEP)

El artículo 76 del TREBEP clasifica los cuerpos y escalas de funcionarios de carrera en grupos y subgrupos según la titulación exigida para el ingreso: Grupo A, dividido en subgrupos A1 y A2, para los que se exige el título universitario de Grado (en los casos en que la ley exija otro título universitario, será éste el que se tenga en cuenta); Grupo B, que exige el título de Técnico Superior; Grupo C, dividido en subgrupos C1 (título de Bachiller o Técnico) y C2 (título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria). Además, la disposición adicional séptima del Estatuto permite que las Administraciones configuren agrupaciones profesionales de funcionarios para cuyo acceso no se exija titulación. El Cuerpo de Administrativos, objeto de esta oposición, se encuadra en el Subgrupo C1. Es un error frecuente creer que A1 y A2 se distinguen por titulaciones universitarias distintas: ambos exigen Grado, y la diferencia reside en el nivel de responsabilidad y complejidad de las funciones atribuidas a cada cuerpo y en el nivel retributivo (sueldo base) asignado a cada subgrupo.

La Ley 1/1986, de Función Pública de la Comunidad de Madrid: objeto

La Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, es la norma propia con la que la región desarrolla, dentro de su ámbito competencial —fundado en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero) y en el artículo 149.1.18ª de la Constitución—, el régimen estatutario de su personal. Aprobada con anterioridad al actual TREBEP (que a su vez refundió la Ley 7/2007), sigue vigente en todo lo que no resulte derogado por la legislación básica estatal o incompatible con ella; ésta prevalece y a ella debe ajustarse. Su objeto es regular el régimen del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid: el acceso, la provisión de puestos, la carrera administrativa, las retribuciones, las situaciones administrativas y el régimen disciplinario del personal funcionario, así como determinados aspectos comunes del personal laboral no cubiertos específicamente por la legislación laboral o el convenio colectivo. En el examen conviene fijar dos ideas: que se trata de una ley anterior al TREBEP pero posterior a la Constitución, y que su función es de complemento y desarrollo, nunca de contradicción, de la norma básica estatal. Por ello debe leerse con cautela: algunos de sus preceptos han podido quedar desplazados por la legislación básica posterior y, ante una duda, prevalece el TREBEP.

El ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública de Madrid

La Ley 1/1986 se aplica, con carácter general, al personal al servicio de la Administración regional y de sus organismos autónomos, con las especialidades que en cada caso señala la propia Ley. El personal al servicio de la Asamblea de Madrid queda fuera del ámbito de la Ley al disponer de su propio Estatuto de Personal, como corresponde a los órganos de carácter parlamentario (el TREBEP lo recoge igualmente entre el personal con legislación específica propia). Para el personal sanitario y docente, el TREBEP (art. 2.3) establece que se rigen por su legislación específica y por los preceptos del Estatuto que expresamente se refieran a ellos; en la práctica, remiten con carácter principal a su legislación sectorial: la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y la legislación educativa para el personal docente no universitario. El personal laboral, por su parte, se rige fundamentalmente por el Estatuto de los Trabajadores y por el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid (tema 29), sin perjuicio de que algunos aspectos comunes (determinadas situaciones, el régimen de incompatibilidades o el código de conducta) se apliquen de forma transversal a todo el personal al servicio de la Comunidad. Distinguir con precisión el régimen aplicable a cada colectivo es clave para no confundir, en preguntas de test, el régimen jurídico de un funcionario administrativo con el de un profesor o un sanitario de la propia Comunidad de Madrid.

Clases de personal al servicio de la Comunidad de Madrid

Siguiendo el esquema básico del TREBEP adaptado a su propia normativa, la Comunidad de Madrid distingue las mismas categorías generales de personal: funcionarios de carrera, que constituyen el núcleo de su Administración y ocupan con carácter general los puestos que impliquen ejercicio de autoridad o de potestades públicas; funcionarios interinos, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los supuestos tasados del artículo 10 del TREBEP; personal eventual, de confianza o de asesoramiento especial, en número limitado y de existencia pública; y personal laboral, contratado conforme a la legislación laboral y sujeto al Convenio Colectivo propio de la Comunidad. A ello se suman colectivos con normativa singular, como el personal docente y el personal estatutario sanitario, que aunque orgánicamente dependen de la Comunidad de Madrid, se rigen principalmente por su legislación sectorial específica (Estatuto Marco, legislación educativa). Lo relevante para el examen es no generalizar indebidamente el régimen del Cuerpo de Administrativos a todo el personal autonómico y recordar que la clasificación autonómica no puede contradecir la del artículo 8 del TREBEP.

Los cuerpos, escalas y especialidades de la función pública madrileña

Al igual que dispone el TREBEP con carácter básico, la función pública de la Comunidad de Madrid organiza a su personal funcionario en cuerpos y, dentro de éstos, en escalas o especialidades: agrupaciones que reúnen a quienes comparten una preparación específica común, adquirida a través de un proceso selectivo unitario, y desempeñan funciones comunes. Los cuerpos se adscriben a los grupos y subgrupos del artículo 76 del TREBEP (A1, A2, B, C1 y C2) en función de la titulación exigida para el ingreso. Dentro de los cuerpos de Administración General de la Comunidad de Madrid, el Cuerpo de Administrativos pertenece al Subgrupo C1 (título de Bachiller o Técnico) y el Cuerpo Auxiliar al Subgrupo C2 (Graduado en ESO). Los cuerpos generales son los de funciones administrativas comunes a toda la organización, no vinculados a una titulación específica más allá de la exigida para el subgrupo; frente a ellos, los cuerpos especiales exigen una titulación concreta ligada a las funciones a desempeñar (por ejemplo, cuerpos técnicos de ingeniería, arquitectura o letrados). La creación, modificación y supresión de cuerpos y escalas se efectúa por ley de la Asamblea de Madrid en el ámbito de la Comunidad.

La estructura de la gestión de personal en la Comunidad de Madrid

La organización de los recursos humanos de la Comunidad de Madrid se articula en torno a la Consejería competente en materia de función pública, que ejerce las competencias de planificación, ordenación y gestión del personal a través de la dirección general correspondiente; tanto la denominación de la Consejería como su adscripción varían con cada reorganización del Gobierno regional, por lo que el opositor no debe memorizar nombres concretos sino la función. Son instrumentos esenciales de esta estructura: el Registro de Personal, donde se inscriben los actos que afectan a la vida administrativa de cada empleado (nombramientos, tomas de posesión, situaciones administrativas, sanciones), cuya existencia impone con carácter básico el artículo 71 del TREBEP; las relaciones de puestos de trabajo (art. 74 TREBEP), que ordenan y clasifican cada puesto de la organización y que deben ser públicas; y la Oferta de Empleo Público propia de la Comunidad (art. 70 TREBEP), que planifica las necesidades de personal de nuevo ingreso y vincula a la Administración a convocar los correspondientes procesos selectivos, materia que se desarrolla con detalle en el tema siguiente de este bloque.

El teletrabajo en el empleo público: el artículo 47 bis del TREBEP

El teletrabajo en las Administraciones Públicas cuenta con un fundamento legal básico: el artículo 47 bis del TREBEP, introducido por el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. El precepto lo define como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. Sus notas esenciales son: la prestación mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial; tendrá carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados; el personal en teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto del personal presencial (incluida la normativa de prevención de riesgos laborales), salvo los inherentes a la prestación presencial; la Administración proporcionará y mantendrá los medios tecnológicos necesarios; y cada Administración determinará, previa negociación colectiva en el ámbito correspondiente, el tiempo de trabajo presencial y a distancia. De ahí la importancia de recordar que el teletrabajo no es un derecho subjetivo incondicionado del empleado público, sino una modalidad autorizada por la Administración, y que tampoco puede imponerse al empleado fuera de los supuestos excepcionales justificados.

El teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid: el Decreto regulador

La Comunidad de Madrid cuenta con una norma reglamentaria propia, aprobada por decreto del Consejo de Gobierno, que regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo dentro de su Administración, entendido como una modalidad de organización del trabajo consistente en el desempeño de la actividad profesional, total o parcialmente, fuera de las dependencias administrativas habituales, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. El decreto desarrolla, en el ámbito de la Comunidad, el marco básico del artículo 47 bis del TREBEP; conviene consultar en el texto vigente (publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) su número y fecha exactos, los porcentajes máximos de jornada no presencial, los colectivos y puestos excluidos y los plazos, que son datos susceptibles de modificación por la Administración. Con carácter general, esta modalidad se configura con dos notas esenciales que conviene retener: su carácter voluntario, de manera que ningún empleado puede ser obligado a teletrabajar fuera de los supuestos excepcionales y justificados que prevé la legislación básica, ni tiene un derecho incondicionado a que se le conceda; y su carácter reversible, de modo que la autorización puede dejarse sin efecto, a instancia del empleado o de la Administración, sin que ello suponga sanción ni menoscabo de sus derechos. La finalidad declarada de esta regulación es favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la eficiencia organizativa, sin merma de la calidad ni de la continuidad de los servicios públicos prestados a la ciudadanía.

Requisitos y modalidades del teletrabajo

Con carácter general, la norma autonómica reguladora del teletrabajo condiciona su concesión a que concurran, simultáneamente, requisitos referidos al puesto de trabajo y requisitos referidos a la persona que lo solicita. Respecto del puesto, debe tratarse de un puesto cuyas funciones sean susceptibles de desempeñarse de forma no presencial sin perjuicio para la organización del servicio (el propio artículo 47 bis exige que las necesidades del servicio lo permitan), quedando excluidos aquellos que exijan presencia física ineludible, como la atención directa al público presencial o el manejo de documentación o instalaciones que no puedan tratarse a distancia. Respecto del empleado, se exigen condiciones personales y de desempeño fijadas por la norma (como una antigüedad mínima o la ausencia de determinadas circunstancias), que deben comprobarse en el decreto vigente. La prestación se organiza combinando jornada presencial y no presencial dentro de un máximo semanal fijado reglamentariamente, de modo que se preserve el contacto periódico con el centro de trabajo y con el resto del equipo; el reparto concreto debe haber sido negociado previamente con la representación del personal, conforme al artículo 47 bis. Ninguna de estas condiciones debe confundirse con los permisos y reducciones de jornada por conciliación, que son instituciones distintas.

Derechos y deberes del personal en régimen de teletrabajo

El personal que presta servicios en la modalidad de teletrabajo conserva los derechos y deberes, individuales y colectivos, reconocidos al personal que desempeña su puesto de forma presencial (art. 47 bis.3 TREBEP): mismas retribuciones, mismas posibilidades de promoción y formación, mismo régimen de vacaciones, permisos y licencias, mismos derechos de representación sindical, y la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquello que sea inherente a la realización de la prestación de forma presencial. Se le reconocen además garantías propias de esta modalidad: el derecho a la desconexión digital fuera de su jornada de trabajo (art. 14.j bis del TREBEP, introducido por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), el derecho a que la Administración le proporcione y mantenga los medios tecnológicos necesarios para su actividad y el derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición. Como contrapartida, asume deberes propios de la modalidad: disponibilidad y localización durante la jornada acordada, cuidado diligente de los equipos y aplicaciones puestos a su disposición, cumplimiento de las medidas de seguridad de la información y confidencialidad respecto de los datos y documentos a los que tenga acceso fuera de las dependencias administrativas (especialmente por la normativa de protección de datos personales), y comunicación inmediata de cualquier incidencia que impida el normal desarrollo de su actividad.

La autorización y el acuerdo individual de teletrabajo

La incorporación de un empleado público a la modalidad de teletrabajo requiere autorización expresa del órgano competente (art. 47 bis.2 TREBEP) y suele formalizarse mediante un acuerdo o resolución individual que concreta las condiciones de la prestación. Su contenido mínimo incluye, entre otros extremos, la duración de la autorización, la distribución entre jornada presencial y no presencial, el horario y la forma de localización durante la prestación a distancia, los medios técnicos asignados y las obligaciones de custodia sobre ellos, y las causas y el procedimiento de reversión de la modalidad. Se trata de una modalidad de carácter voluntario y reversible: tanto el empleado como la Administración pueden solicitar el retorno a la modalidad presencial, de forma motivada cuando lo haga la Administración por razones organizativas o del servicio, sin que la denegación de una solicitud de teletrabajo, ni su posterior reversión, tengan carácter sancionador. Las cuestiones de detalle (plazos, supuestos de reversión, documentación) deben contrastarse con el decreto autonómico vigente.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El TREBEP es el RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, que refunde la Ley 7/2007, de 12 de abril; tiene carácter de legislación básica estatal (art. 149.1.18ª CE) y es supletorio para el personal de las Administraciones no incluido en su ámbito (art. 2).
  • Clases de empleados públicos (art. 8.2 TREBEP): funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o temporal) y personal eventual; el art. 13 regula además al personal directivo profesional, que no es una quinta clase.
  • Funciones que impliquen ejercicio de potestades públicas o salvaguarda de los intereses generales: reservadas exclusivamente a funcionarios públicos (art. 9.2).
  • Interino (art. 10): cuatro causas tasadas: vacante, sustitución transitoria, programa temporal (máximo 3 años, ampliable 12 meses más) y exceso o acumulación de tareas (máximo 6 meses dentro de un período de 12).
  • El personal eventual NO computa como mérito para el acceso ni la promoción interna, su nombramiento y cese son libres y cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que presta confianza o asesoramiento; no lo confundas con el directivo profesional, que se designa por idoneidad y responde por resultados evaluables.
  • Grupos del art. 76: A1 y A2 (ambos exigen Grado), B (Técnico Superior), C1 (Bachiller o Técnico), C2 (Graduado en ESO). El Cuerpo de Administrativos pertenece al Subgrupo C1.
  • La Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid es anterior al TREBEP, pero sigue vigente como norma de desarrollo en todo lo no derogado o incompatible con él.
  • El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por el convenio colectivo, y por los preceptos del TREBEP que así lo dispongan (art. 7).
  • Teletrabajo: art. 47 bis TREBEP (introducido por el RDL 29/2020): voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales justificados, siempre con autorización expresa, mismos derechos y deberes que el personal presencial, y tiempo presencial/a distancia fijado por cada Administración previa negociación colectiva.
  • El personal docente no universitario y el personal estatutario sanitario se rigen principalmente por su legislación sectorial propia (Estatuto Marco, legislación educativa) y por los preceptos del TREBEP que les mencionan; el personal de la Asamblea de Madrid tiene su propio Estatuto de Personal.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 110 aciertos

Respecto del personal eventual, el TREBEP establece que:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 25 de Administrativo C. Madrid?

Este tema abre el Bloque III del temario y sienta el vocabulario básico que reaparecerá en casi todos los temas siguientes: qué es un funcionario de carrera, un interino, un laboral o un eventual, y qué papel juega la norma estatal básica (el TREBEP) frente a la norma propia de la Comunidad de Madrid. Es un tema «bisagra»: pocas preguntas de examen se limitan a él en exclusiva, pero su contenido es prerrequisito para entender la selección de personal, las situaciones administrativas o el régimen disciplinario que se desarrollan en los temas 26 a 28. Además, incorpora dos elementos propios de la Comunidad de Madrid que conviene no descuidar por ser menos «clásicos»: la Ley 1/1986, de Función Pública de la Comunidad de Madrid, anterior al TREBEP pero vigente en todo lo no derogado o incompatible con él, y la regulación autonómica del teletrabajo, que descansa sobre la regulación básica del artículo 47 bis del TREBEP. Estructura recomendada de estudio: (1) ámbito del TREBEP; (2) las clases de personal (arts. 8 a 13) con sus plazos y notas distintivas; (3) la Ley 1/1986 y la organización del personal madrileño; (4) el teletrabajo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?

El TREBEP es el RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, que refunde la Ley 7/2007, de 12 de abril; tiene carácter de legislación básica estatal (art. 149.1.18ª CE) y es supletorio para el personal de las Administraciones no incluido en su ámbito (art. 2). Clases de empleados públicos (art. 8.2 TREBEP): funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o temporal) y personal eventual; el art. 13 regula además al personal directivo profesional, que no es una quinta clase. Funciones que impliquen ejercicio de potestades públicas o salvaguarda de los intereses generales: reservadas exclusivamente a funcionarios públicos (art. 9.2). Interino (art. 10): cuatro causas tasadas: vacante, sustitución transitoria, programa temporal (máximo 3 años, ampliable 12 meses más) y exceso o acumulación de tareas (máximo 6 meses dentro de un período de 12). El personal eventual NO computa como mérito para el acceso ni la promoción interna, su nombramiento y cese son libres y cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que presta confianza o asesoramiento; no lo confundas con el directivo profesional, que se designa por idoneidad y responde por resultados evaluables. Grupos del art. 76: A1 y A2 (ambos exigen Grado), B (Técnico Superior), C1 (Bachiller o Técnico), C2 (Graduado en ESO). El Cuerpo de Administrativos pertenece al Subgrupo C1. La Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid es anterior al TREBEP, pero sigue vigente como norma de desarrollo en todo lo no derogado o incompatible con él. El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por el convenio colectivo, y por los preceptos del TREBEP que así lo dispongan (art. 7). Teletrabajo: art. 47 bis TREBEP (introducido por el RDL 29/2020): voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales justificados, siempre con autorización expresa, mismos derechos y deberes que el personal presencial, y tiempo presencial/a distancia fijado por cada Administración previa negociación colectiva. El personal docente no universitario y el personal estatutario sanitario se rigen principalmente por su legislación sectorial propia (Estatuto Marco, legislación educativa) y por los preceptos del TREBEP que les mencionan; el personal de la Asamblea de Madrid tiene su propio Estatuto de Personal.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE-A-2015-11719): arts. 1 a 13, 47 bis, 52 a 54, 76.
  • Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
  • Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.
  • Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
  • Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid (consultar texto vigente en el BOCM).
  • Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
  • Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

Mientras tanto, practica con tests gratis de Administrativo C. Madrid.

Empieza gratis ahora