Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
El Poder Judicial es el tercer poder del Estado, regulado en el Título VI CE (arts. 117 a 127), y su nota más característica frente al Legislativo y al Ejecutivo es que no constituye un único órgano sino un conjunto de Juzgados y Tribunales que ejercen la potestad jurisdiccional de forma independiente entre sí, gobernados en su estatuto colectivo por el Consejo General del Poder Judicial. Este tema exige especial atención a un cambio normativo reciente y de plena vigencia: la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha sustituido, con una implantación escalonada que culmina el 31 de diciembre de 2025, el mapa tradicional de juzgados unipersonales por un Tribunal de Instancia único por partido judicial, organizado en Secciones especializadas. El tema se completa con el Tribunal Constitucional (Título IX CE, arts. 159 a 165), órgano de garantía constitucional que, pese a ejercer una función jurisdiccional, no forma parte orgánicamente del Poder Judicial.
El Título VI CE (arts. 117 a 127) regula el Poder Judicial. El art. 117.1 CE lo define con una fórmula muy citada en examen: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». El art. 117.3 atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional —juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado— exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan; el art. 117.4 precisa que estos no ejercerán más funciones que las jurisdiccionales y las expresamente atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. El art. 117.5 consagra el principio de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, y el art. 117.6 prohíbe los Tribunales de excepción. El resto del título regula la responsabilidad patrimonial por error judicial (art. 121), el Consejo General del Poder Judicial (art. 122), el Tribunal Supremo (art. 123) y el Ministerio Fiscal (art. 124), entre otras materias.
El principio de unidad jurisdiccional
El art. 117.5 CE proclama que «el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales», añadiendo que la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Este principio significa que en España existe un único Poder Judicial ordinario, integrado por Jueces y Magistrados de carrera sometidos a un estatuto único regulado por la LOPJ, sin que puedan crearse jurisdicciones especiales paralelas al margen de ese cuerpo único (la única excepción constitucionalmente admitida y expresamente tasada es la jurisdicción militar, limitada al ámbito estrictamente castrense salvo en estado de sitio). El principio de unidad jurisdiccional se complementa con la prohibición de Tribunales de excepción del art. 117.6 CE y debe distinguirse de la distribución por órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social) y por Secciones especializadas dentro del Tribunal de Instancia, que no rompen la unidad del Poder Judicial porque todos ellos forman parte del mismo cuerpo único de Jueces y Magistrados gobernado por el mismo Consejo General del Poder Judicial.
La independencia judicial: inamovilidad y exclusividad de jurisdicción
La independencia judicial, proclamada en el art. 117.1 CE, se articula a través de varias garantías concretas. La inamovilidad implica que Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley (típicamente desarrolladas mediante expediente disciplinario tramitado por el Consejo General del Poder Judicial), protegiéndoles así frente a presiones externas vinculadas a la posible pérdida de su puesto. La exclusividad de jurisdicción (art. 117.3 y 117.4 CE) significa que solo los Jueces y Tribunales predeterminados por la ley pueden ejercer la potestad jurisdiccional, y que estos no pueden ejercer funciones distintas de las estrictamente jurisdiccionales (con la única excepción de las que la ley les atribuya en garantía de algún derecho, como ciertas funciones de jurisdicción voluntaria). A ello se suman el sometimiento único al imperio de la ley (sin sujeción jerárquica a instrucciones de superiores en el ejercicio de la función jurisdiccional, a diferencia de lo que ocurre en el Ministerio Fiscal) y el régimen de incompatibilidades del art. 127.1 CE, que impide a Jueces, Magistrados y Fiscales en activo desempeñar otros cargos públicos o pertenecer a partidos políticos o sindicatos (la ley establece el sistema y modalidades de asociación profesional).
Organización judicial por órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo, social
La organización judicial española se estructura, ante todo, por órdenes jurisdiccionales según la naturaleza de los asuntos: el orden civil conoce de los litigios entre particulares regidos por el Derecho privado y, con carácter residual, de las materias que no estén atribuidas a otro orden; el orden penal conoce de la exigencia de responsabilidad penal por la comisión de delitos; el orden contencioso-administrativo controla la legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas sujeta a Derecho administrativo y la responsabilidad patrimonial de estas; y el orden social conoce de los conflictos individuales y colectivos derivados del contrato de trabajo y del Derecho de la Seguridad Social. Existe además una jurisdicción militar, de carácter especial y limitada constitucionalmente al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio (art. 117.5 CE). Tras la reforma de la LO 1/2025, esta distribución por órdenes ya no se corresponde con juzgados unipersonales distintos, sino que se proyecta hacia dentro del Tribunal de Instancia único de cada partido judicial, mediante Secciones especializadas por orden y materia dentro de ese mismo órgano.
Los Juzgados de Paz
Los Juzgados de Paz son el órgano judicial de base territorial más próximo al ciudadano, existentes en los municipios donde no tiene su sede un Tribunal de Instancia (es decir, en los municipios que no son cabeza de partido judicial), y siguen manteniéndose como tales tras la reforma de la LO 1/2025, que no ha afectado a su naturaleza ni a su denominación. Están servidos por un Juez de Paz que, a diferencia de los Jueces y Magistrados de carrera, no forma parte de la carrera judicial: es una persona lega en Derecho (no se exige titulación jurídica), elegida por el Pleno del Ayuntamiento correspondiente entre los vecinos del municipio y nombrada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo por un periodo de cuatro años. Sus competencias son limitadas y de naturaleza esencialmente básica: las funciones que la ley les atribuya en materia de Registro Civil y de auxilio judicial, los actos de conciliación, y el conocimiento de asuntos civiles y penales de mínima cuantía o levedad que la ley les atribuya expresamente, actuando siempre bajo la coordinación y supervisión del Tribunal de Instancia del partido judicial al que pertenecen.
Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Bajo la organización judicial anterior a la LO 1/2025, existían Juzgados de Primera Instancia (orden civil) y Juzgados de Instrucción (fase de instrucción del proceso penal) como órganos unipersonales independientes, uno por cada partido judicial (agrupación de uno o varios municipios limítrofes, normalmente de la misma provincia). Desde el 31 de diciembre de 2025, esta denominación ha dejado de corresponder a órganos judiciales autónomos: sus funciones las asume la Sección Civil y la Sección de Instrucción (según la denominación y organización interna que corresponda) del Tribunal de Instancia único constituido en cada partido judicial, conforme a la reforma de la LOPJ (la LOPJ, en su redacción dada por la LO 1/2025, establece la existencia de un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con Secciones especializadas por materias, entre ellas las de lo Civil, Instrucción, Familia, Mercantil, Violencia sobre la Mujer, Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria, Contencioso-Administrativo y Social; la denominación y el número de Secciones dependen de cada partido judicial). El cambio no es meramente terminológico: el Tribunal de Instancia integra en un solo órgano, con un único Presidente y una estructura de gobierno común, todas las materias que antes se repartían entre juzgados unipersonales distintos e independientes entre sí, buscando una gestión más flexible de los medios personales y materiales dentro de cada partido judicial, sin alterar por ello el reparto competencial por materias que sigue existiendo internamente a través de las Secciones especializadas.
Las Audiencias Provinciales
Las Audiencias Provinciales son órganos judiciales colegiados con sede en la capital de cada provincia, cuya jurisdicción se extiende, con carácter general, a toda la provincia (sin perjuicio de que puedan establecerse Secciones fuera de la capital). No se han visto afectadas en su naturaleza ni denominación por la reforma de la LO 1/2025, que solo transformó los antiguos juzgados unipersonales, no los órganos colegiados provinciales o superiores. Conocen, fundamentalmente, de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los órganos judiciales del orden civil y penal del partido judicial (hoy, por las Secciones correspondientes del Tribunal de Instancia), así como, en el orden penal, del enjuiciamiento en primera instancia de los delitos más graves atribuidos a su competencia por la ley (mediante Jurado, cuando proceda, o mediante tribunal profesional). Se organizan en Secciones, cada una compuesta normalmente por tres Magistrados, y su Presidente es nombrado en la forma prevista en la LOPJ para los cargos de gobierno de los órganos jurisdiccionales, con intervención del Consejo General del Poder Judicial.
Los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) culmina la organización judicial dentro de cada Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la competencia que corresponda al Tribunal Supremo, conforme prevé expresamente el art. 152.1 CE dentro del Título VIII (organización territorial), en relación con el art. 123 CE. Existe un TSJ por cada Comunidad Autónoma y se organiza en tres Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, pudiendo además conocer de recursos de casación en materia de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad Autónoma cuando este exista. El TSJ conoce, entre otras materias, de los recursos de casación y de revisión en el ámbito de su competencia territorial que no correspondan al Tribunal Supremo, y de la instrucción y el enjuiciamiento de las causas penales contra determinados aforados autonómicos (Presidente y miembros del Consejo de Gobierno, Diputados autonómicos, entre otros, según lo que prevea cada Estatuto de Autonomía). Su Presidente, nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, ostenta además la representación del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma respectiva.
La Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional es un órgano jurisdiccional con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, de carácter especializado por razón de la materia (no por razón del territorio, a diferencia del resto de órganos judiciales ordinarios). No ha sido afectada en su naturaleza por la LO 1/2025. Se organiza en varias Salas: de lo Penal (que conoce, entre otros, de delitos de terrorismo, de determinados delitos económicos de especial trascendencia y repercusión, narcotráfico organizado, y de la ejecución de las euroórdenes y de los procedimientos de extradición pasiva cuando corresponda), de lo Contencioso-Administrativo (que fiscaliza determinados actos de Ministros y Secretarios de Estado, entre otros órganos centrales del Estado), Social y, en su caso, de Apelación. Su creación respondió históricamente a la necesidad de concentrar en un único órgano especializado el conocimiento de determinados delitos de especial complejidad o trascendencia que, por su naturaleza transversal o su conexión con varios territorios, no resultaba operativo atribuir a la jurisdicción territorial ordinaria de un único partido judicial, provincia o Comunidad Autónoma.
El Tribunal Supremo: composición y salas
El art. 123.1 CE dispone que «el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales», precisión esta última que reserva al Tribunal Constitucional la máxima instancia en materia de garantías constitucionales (recurso de amparo, de inconstitucionalidad, entre otras), sin que ello suponga jerarquía del Tribunal Constitucional sobre el Tribunal Supremo, al tratarse de órganos de naturaleza distinta. El art. 123.2 CE dispone que el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley; dicho Presidente lo es también, simultáneamente, del propio Consejo General del Poder Judicial (art. 122.3 CE). El Tribunal Supremo se organiza en cinco Salas, correspondientes a los distintos órdenes jurisdiccionales: Primera (Civil), Segunda (Penal), Tercera (Contencioso-Administrativo), Cuarta (Social) y Quinta (Militar, esta última de carácter especial), conociendo fundamentalmente de recursos de casación y de las causas contra aforados de mayor rango (miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, entre otros).
El Ministerio Fiscal: funciones y organización
El art. 124.1 CE define al Ministerio Fiscal por su misión: «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social». El art. 124.2 CE fija los principios de su actuación: unidad de actuación y dependencia jerárquica interna (a diferencia de la independencia que caracteriza a Jueces y Magistrados), con sujeción en todo caso a los principios de legalidad e imparcialidad. El art. 124.3 CE remite a la ley la regulación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (hoy, la Ley 50/1981, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). El art. 124.4 CE dispone que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Aunque el Ministerio Fiscal no integra el Poder Judicial en sentido estricto (sus miembros no ejercen función jurisdiccional), la Constitución lo regula dentro del mismo Título VI por su función de garantía de la legalidad ante los Tribunales.
El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza y funciones
El art. 122.2 CE define al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el órgano de gobierno del Poder Judicial, remitiendo a una ley orgánica (la LOPJ) la determinación de su estatuto y del régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, «en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario». El CGPJ no ejerce función jurisdiccional alguna (no juzga ni ejecuta lo juzgado): su misión es exclusivamente de gobierno del Poder Judicial en su vertiente organizativa y estatutaria, preservando así la independencia judicial frente a una eventual injerencia del Ejecutivo en materias tan sensibles como el nombramiento, ascenso, traslado o régimen disciplinario de Jueces y Magistrados. Entre sus funciones más relevantes figuran los nombramientos de los cargos judiciales de mayor relevancia (Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, de Audiencias Provinciales, del Tribunal Supremo, y la elección de su Presidente, que lo es también del Tribunal Supremo), la selección y formación de Jueces y Magistrados, la inspección de Juzgados y Tribunales, y el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre Jueces y Magistrados, todo ello sin perjuicio de la competencia que sobre medios materiales y personal no judicial pueda corresponder al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.
Composición del CGPJ y forma de elección de sus miembros
El art. 122.3 CE fija la composición del CGPJ en veinte miembros (vocales) nombrados por el Rey por un periodo de cinco años, más el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, lo que hace un total de veintiún miembros. De los veinte vocales, doce deben ser Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, y los ocho restantes son juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, de los cuales cuatro son propuestos por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado, en ambos casos elegidos por mayoría de tres quintos de los miembros de la Cámara respectiva. Esta exigencia de mayoría cualificada de tres quintos busca garantizar un consenso amplio entre las principales fuerzas parlamentarias en la designación de los vocales del Consejo, evitando que una mayoría simple pueda controlar en solitario el órgano de gobierno del Poder Judicial. El sistema de designación de los doce vocales de procedencia judicial ha sido objeto de sucesivas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (entre otras, las de 1985, 2001 y 2013), sin que ello afecte al marco constitucional descrito, que se mantiene inalterado desde 1978. Tras un largo periodo de prórroga del mandato iniciado en 2018, el Consejo se renovó en el verano de 2024.
El Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo
La Constitución unifica en una sola persona dos cargos formalmente distintos: la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y la Presidencia del Tribunal Supremo (arts. 122.3 y 123.2 CE). Este Presidente es nombrado por el Rey, a propuesta del propio CGPJ, entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, no siendo necesario, a diferencia de los veinte vocales, que forme parte previamente del propio Consejo. Su mandato tiene una duración de cinco años, coincidente con el del resto de vocales. La unificación de ambas presidencias responde a una lógica de representación institucional unitaria del Poder Judicial en su conjunto, tanto en su vertiente de gobierno (CGPJ) como en su vértice jurisdiccional (Tribunal Supremo), y otorga a esta figura una posición protocolaria de gran relevancia, equiparada por precedencia a la de los Presidentes de las otras altas instituciones del Estado. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, sus funciones son asumidas por el Vicepresidente del Tribunal Supremo o, en su caso, por el vocal del Consejo que corresponda según lo previsto en la LOPJ.
Las funciones de gobierno del Poder Judicial
Las funciones de gobierno que el art. 122.2 CE atribuye al CGPJ («en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario») se concretan y desarrollan extensamente en la LOPJ, y pueden agruparse en varios bloques: función de nombramiento (de los cargos judiciales discrecionales de mayor rango, así como la resolución de los concursos de traslado entre Jueces y Magistrados de carrera); función de selección y formación (a través de la Escuela Judicial, en colaboración con el sistema de acceso a la carrera judicial mediante oposición y posterior formación teórico-práctica); función de inspección (control del funcionamiento de Juzgados y Tribunales, cargas de trabajo, cumplimiento de plazos); función disciplinaria (instrucción y resolución de expedientes por faltas leves, graves y muy graves cometidas por Jueces y Magistrados en el ejercicio de su función, con las correspondientes sanciones, hasta la separación de la carrera judicial); e informes preceptivos sobre anteproyectos de ley y disposiciones generales que afecten a la organización y funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, al estatuto orgánico de Jueces y Magistrados, o a la organización y competencias del Ministerio Fiscal, entre otras materias tasadas por su propia Ley Orgánica.
El Tribunal Constitucional: naturaleza y composición
El Tribunal Constitucional (TC) se regula en el Título IX CE (arts. 159 a 165) y en su propia Ley Orgánica. Pese a ejercer una función jurisdiccional (resuelve mediante sentencias, dictadas conforme a Derecho, con fuerza de cosa juzgada), no forma parte orgánicamente del Poder Judicial regulado en el Título VI, sino que constituye un órgano constitucional autónomo, situado fuera de la estructura judicial ordinaria y por encima de ella en materia de garantías constitucionales, conforme a la reserva del propio art. 123.1 CE ya visto. El art. 159.1 CE fija su composición en doce miembros, nombrados por el Rey, de los cuales cuatro son propuestos por el Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro por el Senado con idéntica mayoría (entre candidatos presentados por las Comunidades Autónomas, en su caso), dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. En su composición intervienen así las dos Cámaras de las Cortes Generales, el Gobierno y el órgano de gobierno del Poder Judicial, lo que refuerza su carácter de garante imparcial del conjunto del sistema constitucional.
Nombramiento y estatuto de los magistrados del Tribunal Constitucional
El art. 159.2 CE exige que los miembros del Tribunal Constitucional sean nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. El art. 159.3 CE fija su mandato en nueve años, renovándose por terceras partes cada tres años, lo que garantiza una renovación escalonada que evita cambios bruscos y simultáneos en la composición del Tribunal tras cada legislatura ordinaria. El art. 159.4 CE regula el régimen de incompatibilidades de los magistrados, equiparable en lo esencial al de los Jueces y Magistrados de la carrera judicial (incompatible con todo mandato representativo, con cargos políticos o administrativos, con el ejercicio de funciones directivas en un partido político o sindicato, con empleo al servicio de estos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil), en garantía de su independencia e imparcialidad. El art. 159.5 CE proclama expresamente que los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato, en términos equivalentes a los previstos para el Poder Judicial.
Competencias del Tribunal Constitucional
El art. 161.1 CE atribuye al Tribunal Constitucional jurisdicción en todo el territorio español y competencia para conocer, entre otras materias: del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (art. 161.1.a); del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades a que se refiere el art. 53.2 CE, en los casos y formas que la ley establezca (art. 161.1.b); de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre sí (art. 161.1.c); y de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas (art. 161.1.d), entre las que destaca, por remisión de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por los órganos judiciales, los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, los conflictos en defensa de la autonomía local, y el control previo de constitucionalidad de tratados internacionales (art. 95 CE). El art. 161.2 CE permite además al Gobierno impugnar ante el Tribunal las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas; la impugnación produce por sí misma la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal debe ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
El recurso de inconstitucionalidad
El recurso de inconstitucionalidad (art. 161.1.a CE) permite un control abstracto y directo de constitucionalidad de leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (leyes ordinarias, orgánicas, decretos-leyes, decretos legislativos, tratados internacionales una vez incorporados), sin necesidad de que exista un litigio concreto que dé lugar a él. Su plazo de interposición es de tres meses desde la publicación de la norma impugnada (ampliable en los casos previstos por la LOTC cuando se abre una negociación en comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma). La legitimación para interponerlo, conforme al art. 162.1.a) CE, corresponde al Presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a cincuenta Diputados, a cincuenta Senadores, y a los órganos colegiados ejecutivos y, en su caso, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas, cuando la norma impugnada pueda afectar a su propio ámbito de autonomía. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley tiene efectos generales (erga omnes) desde el día de su publicación en el BOE, y vincula a todos los poderes públicos; no obstante, no permite, con carácter general, revisar procesos ya fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, salvo en los casos y con el alcance que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevea (típicamente, en materia penal cuando la inconstitucionalidad suponga la reducción de la pena o la exclusión, exención o limitación de la responsabilidad).
La cuestión de inconstitucionalidad
La cuestión de inconstitucionalidad es el mecanismo de control concreto de constitucionalidad, distinto del recurso de inconstitucionalidad en su origen y legitimación: no la plantean sujetos políticos legitimados directamente ante el Tribunal Constitucional, sino que la plantea un órgano judicial ordinario, de oficio o a instancia de parte, cuando, al conocer de un proceso concreto del que está conociendo, considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pudiera ser contraria a la Constitución. El órgano judicial suspende el proceso, plantea la cuestión ante el Tribunal Constitucional (que debe oír previamente a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantearla) y queda a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional antes de poder dictar sentencia sobre el fondo del asunto. Este mecanismo materializa el llamado «monopolio de rechazo» del Tribunal Constitucional: ningún Juez o Tribunal ordinario puede inaplicar directamente por su propia autoridad una ley que considere inconstitucional (a diferencia de lo que ocurre con el Derecho de la Unión Europea), sino que debe plantear siempre la duda ante el único órgano competente para declarar la inconstitucionalidad con efectos generales.
El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, previsto en el art. 161.1.b) CE en desarrollo del art. 53.2 CE, protege frente a violaciones del derecho a la igualdad (art. 14 CE) y de los derechos y libertades de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29 CE), más la objeción de conciencia (art. 30.2 CE), cuando dichas violaciones tengan su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, de las Cortes Generales o de cualquier otro órgano legislativo, o de las Administraciones Públicas y sus autoridades, funcionarios o agentes. Su carácter subsidiario exige haber agotado previamente todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial ordinaria correspondiente. Están legitimados para interponerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Los plazos son: treinta días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial previo cuando la violación procede de un órgano judicial (art. 44.2 LOTC); veinte días cuando procede de una disposición, acto o vía de hecho del Gobierno o de la Administración, contados desde la notificación de la resolución recaída en el previo recurso judicial (art. 43.2 LOTC); y tres meses desde que sea firme la decisión o acto sin valor de ley de las Cámaras o Asambleas (art. 42 LOTC). Desde la reforma de 2007 solo se admite si el asunto reviste especial trascendencia constitucional. Debe distinguirse de los amparos judiciales ordinarios que resuelven los propios Tribunales del Poder Judicial en vía de recurso.
Los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas
El art. 161.1.c) CE atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o de las de estas entre sí. Se distinguen dos modalidades principales: los conflictos positivos de competencia, que se plantean cuando el Estado o una Comunidad Autónoma entienden que una disposición o resolución de otra Administración territorial no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, invadiendo así el ámbito propio de competencias de quien plantea el conflicto; y los conflictos negativos de competencia, menos frecuentes, que surgen cuando ninguna Administración se considera competente para resolver una pretensión formulada por un particular, o cuando el Gobierno requiere a una Comunidad Autónoma para que ejerza una competencia que esta rehúsa asumir. A estos conflictos se añaden, por vía de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los conflictos entre órganos constitucionales del Estado y los conflictos en defensa de la autonomía local, promovidos por municipios y provincias frente a leyes estatales o autonómicas que lesionen su autonomía constitucionalmente garantizada.
Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional
El art. 164.1 CE regula los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional: se publican en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere; tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho producen además efectos generales (erga omnes) desde la fecha de su publicación, vinculando a todos los poderes públicos, no solo a las partes del proceso concreto. El art. 164.2 CE precisa que, salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad, principio de conservación de la norma que permite declaraciones de inconstitucionalidad parcial limitadas a preceptos, incisos o interpretaciones concretas, sin necesidad de expulsar del ordenamiento la totalidad de la ley recurrida. Estas reglas explican por qué las sentencias del Tribunal Constitucional, a diferencia de las del resto de Tribunales, pueden modificar directamente el ordenamiento jurídico objetivo, más allá de resolver el caso concreto que las origina.
Principios constitucionales de la Administración de Justicia (arts. 118 a 126 CE)
Además de los principios del art. 117, el Título VI contiene otras reglas muy preguntadas. El art. 118 impone el deber de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales y de prestar la colaboración requerida en el curso del proceso. El art. 119 establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (justicia gratuita). El art. 120 dispone que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones previstas en las leyes de procedimiento; que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; y que las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. El art. 121 reconoce el derecho a una indemnización a cargo del Estado por los daños causados por error judicial y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. El art. 125 permite a los ciudadanos ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado (Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado), así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. El art. 126 hace depender de los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal a la Policía Judicial, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
Planta judicial: partido judicial, provincia, Comunidad Autónoma y ámbito nacional
La organización judicial territorial se articula en cinco niveles: el municipio (Juzgado de Paz), el partido judicial (Tribunal de Instancia, tras la LO 1/2025), la provincia (Audiencia Provincial), la Comunidad Autónoma (Tribunal Superior de Justicia) y toda España (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional). La Audiencia Nacional mantiene sus Juzgados Centrales (de Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria), que no se integran en los Tribunales de Instancia de los partidos judiciales. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, tienen su sede el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la Comunidad tiene asumidas las competencias sobre los medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, sin que ello afecte al estatuto de Jueces y Magistrados, que sigue dependiendo en exclusiva del Consejo General del Poder Judicial. Deben memorizarse las Salas de cada nivel: Audiencia Provincial (Secciones civiles y penales), TSJ (tres Salas), Audiencia Nacional (Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Apelación) y Tribunal Supremo (cinco Salas).
Carrera judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia
La carrera judicial se estructura en tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez (art. 299 LOPJ). El ingreso se realiza por oposición y un curso teórico-práctico en la Escuela Judicial, aunque también existe el acceso por concurso entre juristas de reconocida competencia a la categoría de Magistrado. Los Jueces y Magistrados se agrupan en asociaciones profesionales de carácter no político (art. 127 CE). Junto a ellos prestan servicio los Letrados de la Administración de Justicia (denominación que sustituyó a la de Secretarios Judiciales), funcionarios que ejercen la fe pública judicial, dirigen la oficina judicial y tienen atribuidas competencias procesales propias, y los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia (gestión, tramitación y auxilio judicial), además de otros cuerpos especiales como los médicos forenses. El Ministerio Fiscal se rige por su propio Estatuto Orgánico (Ley 50/1981) y sus miembros forman una carrera distinta de la judicial.
Órganos de gobierno interno del Poder Judicial
El gobierno del Poder Judicial no corresponde solo al CGPJ. La LOPJ prevé también órganos de gobierno internos: las Salas de Gobierno (del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia), que ejercen funciones de gobierno, inspección y nombramiento de Jueces de Paz en el caso de los TSJ; los Presidentes de los Tribunales y Audiencias; las Juntas de Jueces; y, en los Tribunales de Instancia, el Presidente del Tribunal y los Presidentes de Sección. En el propio CGPJ, el Pleno es el órgano máximo de decisión y existen una Comisión Permanente, una Comisión Disciplinaria, una Comisión de Igualdad y una Comisión de Estudios e Informes, entre otros órganos. El Vicepresidente del Tribunal Supremo sustituye al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad. La potestad disciplinaria sobre Jueces y Magistrados es ejercida por el CGPJ, con la instrucción a cargo de un promotor de la acción disciplinaria; las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.
Organización interna del Tribunal Constitucional: Pleno, Salas y Presidente
El Tribunal Constitucional actúa en Pleno (todos sus miembros), en Salas (dos Salas de seis magistrados cada una) y en Secciones (de tres magistrados). El Pleno conoce de los asuntos de mayor trascendencia (recurso y cuestión de inconstitucionalidad, conflictos de competencia, conflictos en defensa de la autonomía local entre otros), y las Salas conocen principalmente de los recursos de amparo. El art. 160 CE establece que el Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey, entre sus miembros y a propuesta del mismo Tribunal en Pleno, por un periodo de tres años. Los magistrados continúan en su cargo hasta la toma de posesión de sus sucesores, lo que permite que el Tribunal funcione durante los periodos de retraso en la renovación. La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, regula su organización y funcionamiento, y ha sido objeto de reformas importantes, entre ellas la de 2007 (admisión del amparo por especial trascendencia constitucional) y las de 2015 (refuerzo de los mecanismos para ejecutar sus resoluciones).
Otros procesos ante el Tribunal Constitucional: tratados, conflictos entre órganos y autonomía local
Además de los procesos estudiados, el Tribunal Constitucional conoce de: a) el requerimiento previo del art. 95 CE, por el que el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede pedirle que declare si existe contradicción entre la Constitución y un tratado internacional cuyo texto definitivo está fijado pero al que España aún no se ha obligado; la estipulación de un tratado contrario a la Constitución exige la previa revisión constitucional (art. 95.1); b) los conflictos entre órganos constitucionales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y CGPJ), previstos en la LOTC; c) los conflictos en defensa de la autonomía local, planteados por municipios y provincias contra normas con rango de ley que lesionen su autonomía constitucionalmente garantizada; d) la impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas por el Gobierno (art. 161.2 CE, título V LOTC); y e) los conflictos de competencia, que exigen en general un requerimiento previo de incompetencia en el plazo de dos meses desde la publicación de la disposición.
Esquema comparativo: recurso, cuestión de inconstitucionalidad y amparo
Recurso de inconstitucionalidad: control abstracto de normas con rango de ley; lo interponen el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos de las Comunidades Autónomas (en su ámbito); plazo de tres meses; sentencia con efectos generales. Cuestión de inconstitucionalidad: control concreto; la plantea un Juez o Tribunal dentro de un proceso, de oficio o a instancia de parte, cuando una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo pueda ser contraria a la Constitución; no tiene plazo propio y suspende provisionalmente el proceso; no cabe respecto de normas preconstitucionales, que los jueces pueden considerar derogadas por la Constitución. Recurso de amparo: protección de derechos (art. 14, arts. 15 a 29 y 30.2); lo interponen el afectado, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; plazos de 20 o 30 días según el origen de la violación (3 meses frente a actos parlamentarios); subsidiario. Frente al Derecho de la Unión Europea, en cambio, el juez ordinario puede y debe inaplicar la norma nacional contraria, sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional (primacía del Derecho de la Unión), y puede plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Desde el 31-12-2025 (LO 1/2025), ya NO existen Juzgados de Instrucción, de lo Penal, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, de Violencia sobre la Mujer, Mercantiles, de lo Contencioso-Administrativo ni de lo Social como órganos unipersonales independientes: son Secciones especializadas de un único Tribunal de Instancia por partido judicial. No describir estos juzgados como órganos autónomos vigentes en el examen.
Los Juzgados de Paz SÍ se mantienen, en los municipios que no son sede de partido judicial; el Juez de Paz no pertenece a la carrera judicial.
Audiencias Provinciales, TSJ, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo no han cambiado de naturaleza ni denominación con la reforma de 2025.
El CGPJ tiene 21 miembros (20 vocales + Presidente, que también preside el Tribunal Supremo): 12 vocales judiciales + 8 juristas (4 Congreso + 4 Senado), los ocho juristas por mayoría de 3/5 de cada Cámara (la LOPJ exige también tres quintos para los doce de procedencia judicial).
El Tribunal Constitucional NO forma parte del Poder Judicial (Título VI); se regula aparte en el Título IX y tiene 12 miembros con mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3 años.
No confundir recurso de inconstitucionalidad (control abstracto, lo plantean sujetos políticos legitimados, plazo 3 meses) con cuestión de inconstitucionalidad (control concreto, la plantea un órgano judicial dentro de un proceso, sin plazo de interposición propio).
El recurso de amparo constitucional solo protege el art. 14 y los arts. 15 a 29 CE, más la objeción de conciencia (30.2); es subsidiario, exige agotar la vía judicial previa.
Plazos de amparo (LOTC): 30 días si el origen es un órgano judicial (art. 44.2); 20 días si es la Administración tras agotar la vía judicial (art. 43.2); 3 meses frente a actos parlamentarios sin valor de ley (art. 42). Es fácil invertir 20 y 30.
El Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se elige por el Pleno del CGPJ y se nombra por el Rey; el mandato es de cinco años; el Presidente del Tribunal Constitucional se nombra por tres años (art. 160 CE).
Art. 161.2 CE: cuando el Gobierno impugna una disposición autonómica, la suspensión es automática; el Tribunal Constitucional debe ratificarla o levantarla en un plazo máximo de cinco meses.
Art. 127 CE: la prohibición de pertenecer a partidos políticos o sindicatos alcanza a Jueces, Magistrados y Fiscales en activo; sí pueden asociarse profesionalmente.
Los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional no desaparecen con la LO 1/2025; el Tribunal de Instancia se constituye en cada partido judicial, no en la provincia ni en la Audiencia Nacional.
Art. 120 CE: actuaciones judiciales públicas, procedimiento predominantemente oral (sobre todo en materia criminal) y sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Los magistrados del Tribunal Constitucional son nombrados por un periodo de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Administrativo C. Madrid?
El Poder Judicial es el tercer poder del Estado, regulado en el Título VI CE (arts. 117 a 127), y su nota más característica frente al Legislativo y al Ejecutivo es que no constituye un único órgano sino un conjunto de Juzgados y Tribunales que ejercen la potestad jurisdiccional de forma independiente entre sí, gobernados en su estatuto colectivo por el Consejo General del Poder Judicial. Este tema exige especial atención a un cambio normativo reciente y de plena vigencia: la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha sustituido, con una implantación escalonada que culmina el 31 de diciembre de 2025, el mapa tradicional de juzgados unipersonales por un Tribunal de Instancia único por partido judicial, organizado en Secciones especializadas. El tema se completa con el Tribunal Constitucional (Título IX CE, arts. 159 a 165), órgano de garantía constitucional que, pese a ejercer una función jurisdiccional, no forma parte orgánicamente del Poder Judicial.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
Desde el 31-12-2025 (LO 1/2025), ya NO existen Juzgados de Instrucción, de lo Penal, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, de Violencia sobre la Mujer, Mercantiles, de lo Contencioso-Administrativo ni de lo Social como órganos unipersonales independientes: son Secciones especializadas de un único Tribunal de Instancia por partido judicial. No describir estos juzgados como órganos autónomos vigentes en el examen. Los Juzgados de Paz SÍ se mantienen, en los municipios que no son sede de partido judicial; el Juez de Paz no pertenece a la carrera judicial. Audiencias Provinciales, TSJ, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo no han cambiado de naturaleza ni denominación con la reforma de 2025. El CGPJ tiene 21 miembros (20 vocales + Presidente, que también preside el Tribunal Supremo): 12 vocales judiciales + 8 juristas (4 Congreso + 4 Senado), los ocho juristas por mayoría de 3/5 de cada Cámara (la LOPJ exige también tres quintos para los doce de procedencia judicial). El Tribunal Constitucional NO forma parte del Poder Judicial (Título VI); se regula aparte en el Título IX y tiene 12 miembros con mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3 años. No confundir recurso de inconstitucionalidad (control abstracto, lo plantean sujetos políticos legitimados, plazo 3 meses) con cuestión de inconstitucionalidad (control concreto, la plantea un órgano judicial dentro de un proceso, sin plazo de interposición propio). El recurso de amparo constitucional solo protege el art. 14 y los arts. 15 a 29 CE, más la objeción de conciencia (30.2); es subsidiario, exige agotar la vía judicial previa. Plazos de amparo (LOTC): 30 días si el origen es un órgano judicial (art. 44.2); 20 días si es la Administración tras agotar la vía judicial (art. 43.2); 3 meses frente a actos parlamentarios sin valor de ley (art. 42). Es fácil invertir 20 y 30. El Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se elige por el Pleno del CGPJ y se nombra por el Rey; el mandato es de cinco años; el Presidente del Tribunal Constitucional se nombra por tres años (art. 160 CE). Art. 161.2 CE: cuando el Gobierno impugna una disposición autonómica, la suspensión es automática; el Tribunal Constitucional debe ratificarla o levantarla en un plazo máximo de cinco meses. Art. 127 CE: la prohibición de pertenecer a partidos políticos o sindicatos alcanza a Jueces, Magistrados y Fiscales en activo; sí pueden asociarse profesionalmente. Los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional no desaparecen con la LO 1/2025; el Tribunal de Instancia se constituye en cada partido judicial, no en la provincia ni en la Audiencia Nacional. Art. 120 CE: actuaciones judiciales públicas, procedimiento predominantemente oral (sobre todo en materia criminal) y sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), Título VI (arts. 117 a 127), Título IX (arts. 159 a 165) y art. 152.1
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
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