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Tema 13. Garantías del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Referencia a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

El tema 13 recorre, en orden cronológico, el procedimiento administrativo común regulado en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC): cómo se inicia (de oficio o a solicitud del interesado), cómo se ordena e instruye (alegaciones, prueba, informes, audiencia, información pública) y cómo termina (resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material de continuarlo o terminación convencional). Se abre con las garantías del procedimiento (derechos del interesado, abstención y recusación, obligación de resolver, motivación y audiencia) y se cierra con la tramitación simplificada del art. 96, que no debe confundirse con la tramitación de urgencia del art. 33 (esta sí reduce a la mitad los plazos). Es el complemento natural del tema 11 (plazos y silencio) y se solapa parcialmente con el tema 12 (actos): aquí el foco está en el procedimiento como cauce, no en el acto final como resultado.

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Las garantías del procedimiento administrativo común

Las garantías del procedimiento se articulan en torno a varios bloques normativos. El art. 105 de la Constitución remite a la ley la regulación de la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones que les afecten, del acceso a los archivos y registros administrativos y del procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. El art. 53 LPAC recoge los derechos del interesado en el procedimiento; el art. 13 LPAC, los derechos generales de las personas en sus relaciones con las Administraciones (comunicarse por medios electrónicos, ser asistidos en su uso, acceso a la información pública, trato respetuoso, protección de datos, entre otros); los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 regulan la abstención y la recusación de autoridades y personal; los arts. 20 y 21 LPAC, la responsabilidad de la tramitación y la obligación de resolver; y el art. 35 LPAC, la motivación de los actos que limiten derechos o se separen del criterio de informes y dictámenes. Son manifestación procedimental de los principios generales del art. 3 de la Ley 40/2015.

Derechos del interesado en el procedimiento (art. 53 LPAC)

El art. 53.1 LPAC reconoce a quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo los siguientes derechos: a) conocer en cualquier momento el estado de la tramitación y el sentido del silencio que corresponda, así como obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento; b) identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; c) no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables, que ya se encuentren en poder de las Administraciones o que hayan sido elaborados por estas; d) formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución; e) obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos; f) actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses; g) cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el art. 98.2; y h) cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. El art. 53.2 añade, en los procedimientos de naturaleza sancionadora, el derecho a ser notificado de los hechos imputados, de las infracciones que puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer (así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para sancionar y de la norma que atribuya la competencia), y el derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Abstención y recusación, responsabilidad de la tramitación y obligación de resolver

La imparcialidad se garantiza mediante la abstención y la recusación (arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015). La abstención es el deber de la autoridad o del personal al servicio de las Administraciones en quienes concurra alguno de los motivos legales (tener interés personal en el asunto o ser administrador de sociedad o entidad interesada; parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, o con los administradores de entidades interesadas, y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato; amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas; haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento; y tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar) de comunicarlo a su superior inmediato, que resolverá lo procedente. La recusación es el derecho del interesado a plantearla en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. La actuación de autoridades y personal en los que concurran motivos de abstención no implica, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Por su parte, el art. 20 LPAC hace responsables directos de la tramitación a los titulares de las unidades administrativas y al personal al servicio de las Administraciones encargado de la instrucción, y el art. 21 LPAC impone a la Administración la obligación de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo será el fijado por la norma reguladora del procedimiento, que no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea; si la norma no fija plazo, este es de tres meses.

Concepto y clases de procedimiento administrativo

Además del procedimiento administrativo común regulado con carácter general en la Ley 39/2015, existen numerosos procedimientos especiales por razón de la materia (sancionador, de responsabilidad patrimonial, de revisión de oficio, expropiatorio, de contratación pública, tributario), regidos en primer término por su normativa sectorial propia. La disposición adicional primera LPAC dispone que los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en la ley, o que regulen trámites adicionales o distintos, no necesitarán adecuarse a esta, si bien las especialidades procedimentales que se establezcan deberán ser las estrictamente necesarias. Junto a esta clasificación por razón de la materia, cabe distinguir el procedimiento ordinario, sujeto a los plazos y trámites generales, del procedimiento de tramitación simplificada (art. 96) y de la tramitación de urgencia (art. 33).

Las fases del procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo común se articula, con carácter general, en cuatro grandes fases: la iniciación, que marca el comienzo del expediente, de oficio o a solicitud del interesado (arts. 54 a 69); la ordenación, que agrupa los trámites necesarios para el correcto desarrollo del procedimiento, presididos por el impulso de oficio (arts. 70 a 74); la instrucción, en la que se realizan los actos necesarios para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución (alegaciones, prueba, informes, audiencia, información pública; arts. 75 a 83); y la finalización, que pone fin al procedimiento mediante resolución expresa u otra de las formas legalmente previstas (arts. 84 a 95). Tras ella, el Capítulo VII (arts. 98 a 105) se ocupa de la ejecución. El art. 96 regula, como cauce abreviado, la tramitación simplificada.

La iniciación del procedimiento: de oficio y a solicitud del interesado

El art. 54 LPAC establece que los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. La iniciación de oficio se regula en los arts. 58 a 62: se produce por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. La iniciación a solicitud del interesado se regula en los arts. 66 a 69. La forma de iniciación resulta determinante para el régimen jurídico del silencio administrativo (en los iniciados de oficio no hay silencio positivo; el art. 25 regula la falta de resolución expresa) y de la caducidad (art. 25 para los iniciados de oficio y art. 95 para la paralización imputable al interesado). Los procedimientos sancionadores y los de responsabilidad patrimonial cuentan con reglas propias de iniciación (arts. 63 y 64 para los primeros; art. 65 y 67 para los de responsabilidad patrimonial).

Información y actuaciones previas y medidas provisionales

El art. 55 LPAC permite al órgano competente, con anterioridad al inicio del procedimiento, abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran. Estas actuaciones serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de estos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. El art. 56 LPAC permite al órgano competente adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, una vez iniciado el procedimiento, si existen elementos de juicio suficientes. Antes de la iniciación, solo pueden adoptarse en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados; deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que ha de efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, y que podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. No pueden adoptarse medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

Los requisitos formales de la solicitud de iniciación

El art. 66 LPAC exige que las solicitudes que se formulen para iniciar un procedimiento contengan, como mínimo: nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente; identificación del medio electrónico o, en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación; hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud; lugar y fecha; firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio; y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras del procedimiento especifiquen lo contrario. Las Administraciones deben establecer modelos y sistemas normalizados de solicitud cuando se trate de procedimientos que impliquen la tramitación masiva de un gran número de solicitudes.

La subsanación y mejora de la solicitud

El art. 68 LPAC dispone que, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos del art. 66 u otros exigidos por la legislación específica, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Este precepto debe distinguirse del régimen especial del art. 14 LPAC: si un sujeto obligado a relacionarse electrónicamente presenta su solicitud presencialmente, la Administración le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

La declaración responsable y la comunicación

El art. 69 LPAC define la declaración responsable como el documento suscrito por un interesado en el que este manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. La comunicación es aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Ambas permiten, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

La acumulación de procedimientos

El art. 57 LPAC permite al órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. Se trata de una decisión de ordenación del procedimiento cuya finalidad es evitar resoluciones contradictorias sobre asuntos sustancialmente idénticos o estrechamente conectados y favorecer la economía procedimental.

La ordenación del procedimiento: el impulso de oficio y la celeridad

El art. 71 LPAC dispone que el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. El incumplimiento de esta regla dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo. Completan la ordenación la concentración de trámites (art. 72: se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo), el cumplimiento de trámites por los interesados (art. 73: plazo de diez días a partir del día siguiente al de la notificación del acto correspondiente, salvo que la norma fije otro; si el interesado no cumple el trámite en dicho plazo, se podrá declarar decaído su derecho al trámite correspondiente, aunque la actuación realizada fuera de plazo se admitirá y producirá sus efectos legales si se produce antes o dentro del día en que se notifique la resolución en que se tenga por transcurrido el plazo) y las cuestiones incidentales (art. 74: no suspenden la tramitación del procedimiento, salvo la recusación).

El expediente administrativo electrónico

El art. 70 LPAC define el expediente administrativo como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y deberán incluir un índice numerado de todos los documentos que contengan cuando se remita. No forma parte del expediente la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

La instrucción del procedimiento: los actos de instrucción

El art. 75 LPAC califica de actos de instrucción los necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, disponiendo que se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. En todo caso, la Administración debe practicar por su propia iniciativa cuantos actos resulten necesarios para determinar los hechos relevantes, como manifestación del principio de oficialidad y de la búsqueda de la verdad material, y no de una mera verdad formal derivada de lo alegado o probado exclusivamente por las partes.

Las alegaciones de los interesados

El art. 76 LPAC reconoce a los interesados la facultad de aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. En todo momento los interesados podrán alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados u omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

La prueba en el procedimiento administrativo

El art. 77 LPAC dispone que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. El instructor solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. Conforme al art. 78, se notificará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas admitidas, con indicación de lugar, fecha y hora, y cuando la prueba suponga gastos que no deba soportar la Administración, esta podrá exigir su anticipo a reserva de la liquidación definitiva.

Los informes en el procedimiento: solicitud y emisión

Los arts. 79 y 80 LPAC regulan la solicitud y emisión de informes en el procedimiento administrativo: salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. A efectos de resolver, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentándose, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y reunirán los requisitos que señale la legislación específica aplicable. A falta de disposición expresa, el plazo para su emisión será de diez días. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver.

Informes preceptivos, facultativos, vinculantes y determinantes

Conviene distinguir cuatro categorías que el examen suele mezclar. Preceptivo es el informe que la norma exige solicitar (su omisión puede viciar el procedimiento); facultativo es el que el órgano instructor decide recabar por estimarlo necesario. Vinculante es el que obliga al órgano decisor a ajustarse a su contenido, calificación que solo puede resultar de una disposición expresa. No vinculante es la regla general: el órgano decisor puede apartarse, pero debe motivar su decisión (art. 35.1.c LPAC, que exige motivación de los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos). Determinante es el informe de cuyo contenido depende el sentido de la resolución; cuando es preceptivo y determinante y se solicita a un órgano de la misma o distinta Administración, el art. 22.1.d) LPAC permite suspender el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre la petición, que ha de comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente se les comunicará, con un límite máximo de tres meses; si el informe no se recibe en dicho plazo, proseguirá el procedimiento.

El trámite de audiencia a los interesados

El art. 82 LPAC dispone que, instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, a fin de que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. Los interesados, en el trámite de audiencia, pueden formular alegaciones y presentar documentos; la audiencia es una garantía de rango constitucional (art. 105.c CE) cuya omisión absoluta puede determinar la nulidad del acto por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (art. 47.1.e LPAC), y cuya omisión no esencial puede dar lugar a anulabilidad si causa indefensión (art. 48.2 LPAC).

La información pública

El art. 83 LPAC permite al órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, acordar un período de información pública, anunciado en el diario oficial correspondiente, con el fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, la Administración deberá dar respuesta razonada a las alegaciones presentadas, que podrá ser común para todas aquellas que planteen cuestiones substancialmente iguales. Debe distinguirse de la audiencia: esta se dirige a los interesados, mientras que la información pública está abierta a cualquier persona.

La terminación del procedimiento: formas

El art. 84 LPAC dispone que pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, que habrá de ser motivada. A ellas se suma la terminación convencional regulada en el art. 86 y, en los procedimientos sancionadores, el pago voluntario de la sanción (art. 85), que implica la terminación del procedimiento. Como técnica supletoria ante la falta de resolución en plazo opera el silencio administrativo, sin que ello exima a la Administración de su obligación de dictar resolución expresa. Los procedimientos terminan, en definitiva, de forma normal (resolución) o anormal (desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material, terminación convencional).

La resolución expresa: contenido

El art. 88 LPAC establece que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el art. 35, y expresarán además los recursos que contra la misma procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen oportuno. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por este, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. En los procedimientos sancionadores existe en cambio una propuesta de resolución previa (art. 89) y la resolución no podrá aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica (art. 90).

Actuaciones complementarias

El art. 87 LPAC permite al órgano instructor, antes de dictar la propuesta de resolución, y mediante acuerdo motivado, disponer la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de siete días para formular alegaciones tras la finalización de las mismas. Estas actuaciones se realizarán en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. No tienen la consideración de actuaciones complementarias los informes preceptivos ni los trámites que deban practicarse en cumplimiento de la ley.

El desistimiento y la renuncia

El art. 94 LPAC reconoce que todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. El desistimiento afecta únicamente a la solicitud o pretensión concreta formulada por el interesado, sin extinguir el derecho sustantivo subyacente, de modo que puede volver a iniciar un procedimiento posterior; la renuncia, en cambio, afecta al propio derecho material en que se fundaba la solicitud. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes (art. 93).

La caducidad del procedimiento

La caducidad opera por dos vías distintas que no deben confundirse. a) En los procedimientos iniciados de oficio de los que pudieran derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, el vencimiento del plazo máximo sin dictarse y notificarse resolución expresa legitima a los interesados para entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo; en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad, y se ordenará el archivo de las actuaciones (art. 25.1.b LPAC). b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable a este, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento; consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado (art. 95.1). Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Podrá no ser aplicable la caducidad en el caso de que la cuestión suscitada afecte al interés general, cuando fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. En los casos en que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad, y en todo caso los de naturaleza probatoria.

La terminación convencional

El art. 86 LPAC permite a las Administraciones Públicas celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo estos actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no en función de su naturaleza y de los interesados en el procedimiento. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas cuando versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. Los acuerdos no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades de las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos.

La tramitación de urgencia (art. 33 LPAC) y su diferencia con la simplificada

Cuando razones de interés público lo aconsejen, de oficio o a petición del interesado, podrá acordarse la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos (art. 33.1). Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento no cabrá recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución final (art. 33.3), y el acuerdo de ampliación de plazos tampoco es recurrible (art. 32). La tramitación de urgencia es, por tanto, una técnica de reducción de plazos; la tramitación simplificada del art. 96 es, en cambio, una técnica de reducción de trámites con un plazo propio de treinta días para resolver. Son figuras distintas y la confusión entre ambas es un clásico de examen.

La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

El art. 96 LPAC dispone que, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. Si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el acuerdo de tramitación simplificada se notificará a los interesados, y si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. La nota característica es la simplificación de trámites y no la reducción a la mitad de los plazos, que es propia de la tramitación de urgencia. En la tramitación simplificada pueden intervenir los trámites propios del procedimiento común, pero se concentran: el procedimiento se resolverá en el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria. El plazo de treinta días se reduce, por tanto, frente al general de tres a seis meses.

Trámites y especialidades de la tramitación simplificada

Los trámites que integran el procedimiento simplificado, según el art. 96.6 LPAC, son: a) inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado; b) subsanación de la solicitud presentada, en su caso; c) alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días; d) trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado; e) informe del servicio jurídico, cuando este sea preceptivo; f) informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando este sea preceptivo; y g) dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, cuando sea preceptivo. Cuando en la tramitación del procedimiento fuese necesaria la emisión de un informe preceptivo por parte de un órgano de la Administración u organismo distinto del instructor, el plazo para su emisión será de cinco días.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Subsanación de solicitud: plazo de 10 días (ampliable hasta 5 más en casos de dificultad especial, salvo procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva); si no se subsana, se tiene al interesado por desistido, previa resolución (art. 68 LPAC).
  • Trámite de audiencia: entre 10 y 15 días; se puede omitir si no figuran en el procedimiento ni se tienen en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que los aducidos por el interesado (art. 82 LPAC).
  • Información pública: anuncio en el diario oficial, plazo no inferior a 20 días; no atribuye por sí misma la condición de interesado, pero obliga a dar respuesta razonada (art. 83 LPAC).
  • Prueba: período de entre 10 y 30 días (art. 77 LPAC); el rechazo de pruebas innecesarias requiere resolución motivada.
  • Informes: salvo disposición en contrario, facultativos y NO vinculantes; plazo de emisión de 10 días; si son preceptivos y determinantes se puede suspender el plazo para resolver (máximo 3 meses, art. 22.1.d LPAC).
  • Desistimiento afecta a la solicitud (se puede volver a pedir); renuncia afecta al derecho (si no está prohibida). La Administración acepta de plano, salvo que terceros interesados personados insten la continuación en 10 días (art. 94 LPAC).
  • Caducidad: en los procedimientos iniciados de oficio con efectos desfavorables o de gravamen, por vencimiento del plazo máximo (art. 25.1.b); en los iniciados a solicitud, por paralización imputable al interesado tras advertencia y 3 meses (art. 95). No interrumpe la prescripción.
  • Medidas provisionales previas a la iniciación: solo por urgencia inaplazable y deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, dentro de los 15 días siguientes a su adopción (art. 56 LPAC).
  • Tramitación simplificada (art. 96): plazo de resolución de 30 días desde el día siguiente a la notificación del acuerdo; alegaciones iniciales en 5 días; audiencia solo si la resolución va a ser desfavorable; informe preceptivo de órgano distinto del instructor en 5 días.
  • Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos, salvo presentación de solicitudes y recursos; contra el acuerdo de urgencia no cabe recurso. NO confundir con la simplificada, que reduce trámites y fija 30 días.
  • Resolución (art. 88): las cuestiones conexas no planteadas se ponen de manifiesto por plazo no superior a 15 días; en procedimientos a solicitud no puede agravar la situación inicial del solicitante.
  • El procedimiento se impulsa de oficio (art. 71); las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación, salvo la recusación (art. 74); los trámites de los interesados se cumplen en 10 días (art. 73).
  • Actuaciones complementarias (art. 87): acuerdo motivado, antes de la propuesta de resolución, plazo máximo de 15 días y alegaciones de los interesados en 7 días.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

El plazo del trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento administrativo común (art. 82 LPAC) no podrá ser:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 13 de Administrativo C. Madrid?

El tema 13 recorre, en orden cronológico, el procedimiento administrativo común regulado en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC): cómo se inicia (de oficio o a solicitud del interesado), cómo se ordena e instruye (alegaciones, prueba, informes, audiencia, información pública) y cómo termina (resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material de continuarlo o terminación convencional). Se abre con las garantías del procedimiento (derechos del interesado, abstención y recusación, obligación de resolver, motivación y audiencia) y se cierra con la tramitación simplificada del art. 96, que no debe confundirse con la tramitación de urgencia del art. 33 (esta sí reduce a la mitad los plazos). Es el complemento natural del tema 11 (plazos y silencio) y se solapa parcialmente con el tema 12 (actos): aquí el foco está en el procedimiento como cauce, no en el acto final como resultado.

¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?

Subsanación de solicitud: plazo de 10 días (ampliable hasta 5 más en casos de dificultad especial, salvo procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva); si no se subsana, se tiene al interesado por desistido, previa resolución (art. 68 LPAC). Trámite de audiencia: entre 10 y 15 días; se puede omitir si no figuran en el procedimiento ni se tienen en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que los aducidos por el interesado (art. 82 LPAC). Información pública: anuncio en el diario oficial, plazo no inferior a 20 días; no atribuye por sí misma la condición de interesado, pero obliga a dar respuesta razonada (art. 83 LPAC). Prueba: período de entre 10 y 30 días (art. 77 LPAC); el rechazo de pruebas innecesarias requiere resolución motivada. Informes: salvo disposición en contrario, facultativos y NO vinculantes; plazo de emisión de 10 días; si son preceptivos y determinantes se puede suspender el plazo para resolver (máximo 3 meses, art. 22.1.d LPAC). Desistimiento afecta a la solicitud (se puede volver a pedir); renuncia afecta al derecho (si no está prohibida). La Administración acepta de plano, salvo que terceros interesados personados insten la continuación en 10 días (art. 94 LPAC). Caducidad: en los procedimientos iniciados de oficio con efectos desfavorables o de gravamen, por vencimiento del plazo máximo (art. 25.1.b); en los iniciados a solicitud, por paralización imputable al interesado tras advertencia y 3 meses (art. 95). No interrumpe la prescripción. Medidas provisionales previas a la iniciación: solo por urgencia inaplazable y deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, dentro de los 15 días siguientes a su adopción (art. 56 LPAC). Tramitación simplificada (art. 96): plazo de resolución de 30 días desde el día siguiente a la notificación del acuerdo; alegaciones iniciales en 5 días; audiencia solo si la resolución va a ser desfavorable; informe preceptivo de órgano distinto del instructor en 5 días. Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos, salvo presentación de solicitudes y recursos; contra el acuerdo de urgencia no cabe recurso. NO confundir con la simplificada, que reduce trámites y fija 30 días. Resolución (art. 88): las cuestiones conexas no planteadas se ponen de manifiesto por plazo no superior a 15 días; en procedimientos a solicitud no puede agravar la situación inicial del solicitante. El procedimiento se impulsa de oficio (art. 71); las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación, salvo la recusación (art. 74); los trámites de los interesados se cumplen en 10 días (art. 73). Actuaciones complementarias (art. 87): acuerdo motivado, antes de la propuesta de resolución, plazo máximo de 15 días y alegaciones de los interesados en 7 días.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, art. 105
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 13, 20, 21, 22, 25, 33, 35, 53 a 96)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 3, 23 y 24)

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