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Tema 7. La Comunidad de Madrid (II): La Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid: Estructura y contenido. La Presidencia y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La Administración Autonómica: Organización y estructura básica. Las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes que integran la misma.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

Si el tema anterior desarrolló el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica y la Asamblea de Madrid como Parlamento autonómico, este tema completa el cuadro institucional descendiendo al desarrollo legislativo ordinario de las instituciones ejecutivas: la Ley 1/1983, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, que regula con detalle al Presidente, el Consejo de Gobierno y la organización de la Administración autonómica en Consejerías, Organismos Autónomos y demás entes de su sector público. El esquema organizativo resultante reproduce, dentro del ámbito autonómico madrileño, la misma lógica ya estudiada para la Administración General del Estado (Ley 50/1997 y Ley 40/2015): separación entre el órgano de gobierno político y la Administración que lo ejecuta, y clasificación de esta última en órganos superiores, órganos directivos y sector público institucional.

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La Ley 1/1983, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid: estructura

La Ley 1/1983, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, constituye el desarrollo legislativo ordinario del bloque institucional previsto en el Estatuto de Autonomía, cumpliendo dentro del ámbito autonómico madrileño una función equivalente a la que, en el ámbito estatal, desempeñan conjuntamente la Ley 50/1997, del Gobierno, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Su contenido se estructura en un bloque dedicado al Gobierno de la Comunidad de Madrid en sentido estricto (el Presidente y el Consejo de Gobierno, su composición, nombramiento, cese, funcionamiento y responsabilidad política ante la Asamblea) y un bloque dedicado a la Administración de la Comunidad de Madrid (su organización departamental en Consejerías, los órganos superiores y directivos dentro de cada una de ellas, y el régimen de los Organismos Autónomos y demás entidades de su sector público institucional). Al igual que sucede con la distinción estatal entre la Ley 50/1997 y la Ley 40/2015, conviene no confundir el Gobierno de la Comunidad de Madrid (órgano político) con su Administración (aparato organizativo que ejecuta las decisiones de aquel), pese a que ambos se regulen en una única ley autonómica.

Marco normativo del Gobierno y la Administración madrileños

El bloque normativo de este tema se ordena en cuatro niveles. En la cúspide, la Constitución (arts. 147 a 152 y, en particular, el art. 152.1, que fija el modelo institucional de las Comunidades Autónomas de acceso por la vía del art. 143: Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey) y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, y reformado en varias ocasiones. Después, la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, que desarrolla las instituciones ejecutivas. Junto a ella, la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, y la normativa de Hacienda autonómica (Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre), que regulan los organismos y entes del sector público. Y, con carácter supletorio y de contraste, la legislación básica estatal sobre régimen jurídico del sector público (Ley 40/2015) y sobre procedimiento (Ley 39/2015). Conviene recordar que las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva sobre la organización de sus instituciones de autogobierno (art. 148.1.1.ª CE), pero deben respetar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas que fija el Estado (art. 149.1.18.ª CE).

El Presidente de la Comunidad de Madrid: elección y estatuto

El Presidente de la Comunidad de Madrid es elegido por la Asamblea de Madrid de entre sus propios Diputados, en un procedimiento de investidura equivalente, en sus rasgos esenciales, al previsto en el art. 99 CE para la investidura del Presidente del Gobierno de la Nación: el candidato o candidatos expone su programa político ante el Pleno de la Asamblea y solicita la confianza de la Cámara, que se otorga por mayoría absoluta en primera votación o, transcurrido el plazo reglamentario, por mayoría simple en una votación posterior. Una vez investido por la Asamblea, el Presidente es formalmente nombrado por el Rey (art. 152.1 CE), en paralelo al esquema constitucional ya visto para el Presidente del Gobierno de la Nación (art. 62.d) CE). Si, transcurrido el plazo que fija el Estatuto desde la primera votación, ningún candidato obtiene la confianza de la Cámara, la Asamblea queda disuelta y se convocan nuevas elecciones. El estatuto personal del Presidente incluye un régimen de incompatibilidades equivalente al de los Consejeros y al de los propios Ministros estatales (incompatibilidad con el ejercicio de cualquier otra actividad profesional, mercantil o representativa, salvo su propio mandato como Diputado de la Asamblea), así como determinadas prerrogativas y garantías propias del cargo durante su mandato.

Funciones del Presidente de la Comunidad de Madrid

El Presidente de la Comunidad de Madrid ostenta, conforme al esquema institucional que traza el propio Estatuto de Autonomía y desarrolla la Ley 1/1983, una triple función esencial, equivalente a la ya estudiada con carácter general para los Presidentes autonómicos en el marco del art. 152.1 CE: dirige el Consejo de Gobierno, coordinando la actuación de los distintos Consejeros y fijando las directrices generales de la acción de gobierno, en un papel similar al que el art. 98.2 CE atribuye al Presidente del Gobierno de la Nación respecto de sus Ministros; ostenta la suprema representación de la Comunidad de Madrid en sus relaciones con otras instituciones, tanto dentro como fuera del territorio autonómico; y ejerce la representación ordinaria del Estado en el territorio de la Comunidad de Madrid (art. 152.1 CE), en tanto que máxima autoridad autonómica que, a la vez, se integra en el entramado institucional del conjunto del Estado. A estas funciones se añaden las de naturaleza más estrictamente ejecutiva y normativa que la Ley 1/1983 le atribuye, como la firma y promulgación de las leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid en nombre del Rey, y la dirección de las relaciones de la Comunidad con el resto de Administraciones Públicas.

Otras atribuciones del Presidente: organización del Gobierno y relaciones con la Asamblea

Además de dirigir el Consejo de Gobierno, el Presidente ejerce las competencias que definen su posición de preeminencia dentro del Ejecutivo autonómico. Nombra y separa libremente a los Vicepresidentes y a los Consejeros; fija el número, la denominación y las competencias de las Consejerías mediante Decreto del Presidente; convoca, preside y fija el orden del día del Consejo de Gobierno; puede delegar determinadas funciones ejecutivas en el Vicepresidente o en los Consejeros; y firma los Decretos del Consejo de Gobierno junto al Consejero proponente. En sus relaciones con el Parlamento autonómico, plantea la cuestión de confianza, responde ante la Asamblea de la política general del Gobierno y, con las limitaciones y condiciones que fija el Estatuto, ostenta la facultad de acordar la disolución anticipada de la Asamblea y convocar elecciones. Este último punto es característico del parlamentarismo racionalizado y se concibe como contrapeso de la moción de censura: el Presidente puede disolver la Cámara, y la Cámara puede cesar al Presidente. Ninguna de estas facultades se ejerce de forma ilimitada, por lo que debe consultarse en cada caso el texto estatutario vigente.

Nombramiento y cese del Presidente

El nombramiento del Presidente de la Comunidad de Madrid, una vez investido por la Asamblea conforme al procedimiento ya descrito, corresponde formalmente al Rey, en un acto que debe ser refrendado (en aplicación de la misma lógica del art. 64 CE ya estudiada para los actos regios de ámbito estatal). El cese del Presidente se produce, siguiendo un esquema paralelo al del art. 101.1 CE para el Presidente del Gobierno de la Nación, en los siguientes supuestos: celebración de elecciones autonómicas (tras la constitución de la nueva Asamblea de Madrid resultante de ellas); pérdida de la confianza parlamentaria, ya sea por la aprobación de una moción de censura o por la denegación de una cuestión de confianza planteada por el propio Presidente, ambas reguladas por el Estatuto y su normativa de desarrollo con un diseño equivalente al estatal; y dimisión o fallecimiento del Presidente. Al igual que ocurre a nivel estatal (art. 101.2 CE), el Presidente cesante continúa en funciones, junto con el resto del Consejo de Gobierno, hasta la toma de posesión del nuevo Presidente, limitándose durante ese periodo transitorio a la gestión ordinaria de los asuntos públicos.

El Gobierno en funciones y la sustitución del Presidente

Tras unas elecciones, o tras el cese del Presidente por cualquier causa, el Consejo de Gobierno continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. El Gobierno en funciones no es un Gobierno de plenos poderes: se limita al despacho ordinario de los asuntos públicos, sin que pueda adoptar decisiones que comprometan de forma relevante la orientación política del siguiente Ejecutivo. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento temporal del Presidente, este es sustituido por el Vicepresidente (o por el Vicepresidente que corresponda por orden de prelación, si hubiera varios) y, si no existiera ninguno, por el Consejero que determine la propia Ley 1/1983 o el Presidente mediante decreto, según el orden de precedencia de las Consejerías. En caso de vacante definitiva, no hay sustitución en el cargo: debe iniciarse el procedimiento de investidura de un nuevo Presidente. Este régimen reproduce el que la Ley 50/1997 establece para el Presidente del Gobierno de la Nación.

El Consejo de Gobierno: composición y funciones

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es el órgano colegiado superior que dirige la política y la Administración de la Comunidad, y se integra por el Presidente, quien lo preside, los Vicepresidentes (cuando existan) y los Consejeros, cada uno de ellos al frente de una Consejería. Sus funciones esenciales, en paralelo a las que el art. 97 CE atribuye al Gobierno de la Nación dentro de su propio ámbito, incluyen: la dirección de la política autonómica en las materias de competencia de la Comunidad de Madrid; el ejercicio de la potestad reglamentaria de desarrollo de las leyes, tanto autonómicas como, en su caso, estatales cuya ejecución corresponda a la Comunidad; la elaboración y aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, que posteriormente se somete a la Asamblea para su aprobación definitiva; el nombramiento y cese de los altos cargos de la Administración autonómica; y la elaboración de los proyectos de ley que se remiten a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, siguiendo un esquema funcional equivalente al del Consejo de Ministros estatal respecto de las Cortes Generales.

Funcionamiento del Consejo de Gobierno y normas que adopta

El Consejo de Gobierno funciona como órgano colegiado: se reúne convocado por el Presidente, que fija el orden del día; los acuerdos se adoptan tras deliberación y se documentan en actas de las que da fe el Secretario del Consejo, cargo que recae en uno de sus miembros o en el titular de la Secretaría General del Consejo de Gobierno, según establezca la organización vigente. Para la validez de sus sesiones y de sus acuerdos rigen las reglas generales de los órganos colegiados de la Ley 40/2015 (quórum, mayoría, actas), sin perjuicio de las normas propias de la Ley 1/1983 y de su reglamento interno. En cuanto a las disposiciones que producen los órganos del Ejecutivo autonómico, deben distinguirse tres tipos: los Decretos del Presidente (organizativos, como el que fija las Consejerías, o de nombramiento), los Decretos del Consejo de Gobierno (reglamentos generales y acuerdos de especial relevancia, como los de estructura orgánica y los nombramientos de altos cargos) y las Órdenes de los Consejeros (normas reglamentarias de ámbito departamental y actos de gestión). La relación entre ellos sigue el principio de jerarquía normativa: un decreto prevalece sobre una orden, y esta no puede contradecir una norma de rango superior. Los reglamentos autonómicos se publican en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Los Vicepresidentes del Consejo de Gobierno

La Ley 1/1983 prevé la posibilidad, no obligatoria, de que el Presidente de la Comunidad de Madrid nombre uno o varios Vicepresidentes del Consejo de Gobierno, cuya existencia y número dependen de la organización concreta que cada Gobierno autonómico decida adoptar en cada legislatura, de forma equivalente a lo que ocurre con las Vicepresidencias del Gobierno de la Nación (previstas, pero no siempre existentes con el mismo número, en el art. 98.1 CE). Los Vicepresidentes ejercen, por delegación o encomienda expresa del Presidente, funciones de coordinación de la acción de determinadas Consejerías agrupadas por áreas afines, o de sustitución del Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad de este, hasta que se proceda a la elección de un nuevo Presidente conforme al procedimiento de investidura ordinario si la vacante fuera definitiva. En muchas ocasiones, el cargo de Vicepresidente se combina con la titularidad simultánea de una Consejería concreta (normalmente aquella de mayor peso político o de coordinación transversal, como la de Presidencia), acumulando así la doble condición de miembro del Consejo de Gobierno con función de coordinación general y de responsable sectorial de un área departamental específica.

Los Consejeros: nombramiento, cese y funciones

Los Consejeros son los miembros del Consejo de Gobierno responsables de la dirección política y administrativa de una Consejería, equivalentes dentro del ámbito autonómico madrileño a los Ministros del Gobierno de la Nación (art. 98.1 CE). Son nombrados y separados libremente por el Presidente de la Comunidad de Madrid, sin necesidad de que ostenten previamente la condición de Diputado de la Asamblea (a diferencia del propio Presidente, que sí debe serlo), pudiendo proceder tanto de la propia carrera política como de perfiles técnicos o profesionales externos a la Asamblea. Sus funciones esenciales incluyen: la dirección y gestión de los sectores de actividad propios de su Consejería y de los organismos y entidades adscritos a ella; el ejercicio de la potestad reglamentaria dentro del ámbito de su competencia departamental, mediante Órdenes de la Consejería; la elaboración de los anteproyectos normativos correspondientes a su área de responsabilidad; y su participación, como miembros del Consejo de Gobierno, en la adopción colegiada de las decisiones que a este correspondan, asumiendo además la responsabilidad política individual de su gestión departamental ante el propio Consejo de Gobierno y, en última instancia, ante la Asamblea de Madrid.

Responsabilidad penal y estatuto de los miembros del Gobierno

El régimen de responsabilidad de los miembros del Gobierno autonómico tiene tres planos que conviene no confundir. La responsabilidad política: el Consejo de Gobierno responde solidariamente ante la Asamblea, y cada Consejero responde además de su gestión departamental. La responsabilidad penal: según el Estatuto de Autonomía, las causas contra el Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno se siguen ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid por los hechos cometidos en el territorio de la Comunidad, y ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo si se cometen fuera de él. Y la responsabilidad patrimonial e incompatibilidades: los miembros del Gobierno y los altos cargos están sometidos a un régimen de incompatibilidades y a las obligaciones de declaración de bienes e intereses previstas en la normativa autonómica de altos cargos y transparencia. Por último, la condición de Consejero se pierde por cese libre acordado por el Presidente, por dimisión, por cese del propio Presidente (el nuevo Gobierno exige nuevos nombramientos) y por las demás causas que fija la ley.

Órganos de colaboración y apoyo del Gobierno

Junto a los órganos políticos propiamente dichos (Presidente, Vicepresidentes, Consejeros), la Ley 1/1983 y su normativa de desarrollo prevén distintos órganos de colaboración y apoyo al funcionamiento del Consejo de Gobierno, equivalentes a los que existen en el ámbito estatal en torno al Consejo de Ministros. Entre ellos se encuentran las Comisiones Preparatorias o de coordinación previa a las reuniones del propio Consejo de Gobierno, integradas normalmente por los Viceconsejeros o Secretarios Generales Técnicos de las distintas Consejerías, con la función de depurar técnica y jurídicamente los asuntos antes de su elevación al Consejo, evitando así que este deba abordar directamente cuestiones de mero trámite o de coordinación interdepartamental que pueden resolverse en un nivel técnico previo. También cumplen esta función de apoyo las Secretarías Generales Técnicas de cada Consejería (con funciones de asesoramiento jurídico, producción normativa y coordinación de los servicios comunes), así como los Gabinetes de la Presidencia y de cada Consejería, de naturaleza más política y de asesoramiento directo e inmediato al titular correspondiente, sin integrarse propiamente en la estructura jerárquica ordinaria de la Consejería.

Órganos consultivos y de asesoramiento jurídico de la Comunidad de Madrid

Junto a los órganos propios del Gobierno, la Comunidad de Madrid cuenta con órganos de asesoramiento que sirven de garantía de legalidad en la actuación administrativa. El Consejo Consultivo fue suprimido y sustituido en 2015 por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que emite dictámenes jurídicos en los asuntos que determina la ley (por ejemplo, proyectos de reglamentos ejecutivos, revisión de oficio de actos nulos o responsabilidad patrimonial por encima de determinada cuantía). El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Comunidad y de sus entes corresponden a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, dirigidos por la Abogacía General. El control económico-financiero interno lo ejerce la Intervención General de la Comunidad de Madrid, y el control externo, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Estos órganos no integran la jerarquía de las Consejerías, aunque se vinculan orgánicamente a alguna de ellas.

La responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea de Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es políticamente responsable, de forma solidaria, ante la Asamblea de Madrid, conforme al esquema parlamentario ya previsto con carácter general en el art. 152.1 CE para las Comunidades Autónomas. Esta responsabilidad se articula, con un diseño equivalente al estatal, a través de dos instrumentos de control máximo: la moción de censura, que debe incluir necesariamente un candidato alternativo a la Presidencia (moción de censura constructiva, siguiendo el modelo del art. 113 CE) y exige su aprobación por mayoría absoluta de los Diputados de la Asamblea; y la cuestión de confianza, que puede plantear el propio Presidente sobre su programa de gobierno o sobre una declaración de política general, entendiéndose otorgada la confianza cuando vote a favor de ella la mayoría simple de la Cámara. Junto a estos mecanismos extraordinarios, la responsabilidad política del Gobierno se exige de forma ordinaria y continuada a través de los instrumentos habituales de control parlamentario (preguntas, interpelaciones, comparecencias, mociones no vinculadas a la censura), que permiten a la Asamblea fiscalizar de manera permanente la acción del Consejo de Gobierno sin necesidad de llegar a plantear su cese.

La Administración de la Comunidad de Madrid: principios de organización

La Administración de la Comunidad de Madrid, en tanto que Administración Pública, está sujeta a los mismos principios constitucionales de organización y funcionamiento que el art. 103.1 CE proclama con carácter general para el conjunto de las Administraciones Públicas españolas: sirve con objetividad los intereses generales, y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La Ley 1/1983 desarrolla estos principios generales trasladándolos a la organización concreta de la Administración autonómica madrileña, estructurada de forma departamental en Consejerías (equivalentes a los Ministerios estatales), cada una de ellas organizada internamente siguiendo el mismo esquema jerárquico ya estudiado para la Administración General del Estado: órganos superiores de dirección política (el propio Consejero) y órganos directivos de gestión técnica (Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales), sin perjuicio de la existencia de un sector público institucional propio de la Comunidad de Madrid (Organismos Autónomos, entes públicos, empresas públicas, consorcios y fundaciones), que completa el conjunto de su Administración instrumental.

La estructura departamental: las Consejerías

Al igual que la Administración General del Estado se organiza en Ministerios, la Administración de la Comunidad de Madrid se estructura departamentalmente en Consejerías, cada una de las cuales agrupa un conjunto de sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa dentro del ámbito competencial de la Comunidad. El número, la denominación y el ámbito de competencias de cada Consejería se determinan, en cada momento, mediante Decreto del Presidente de la Comunidad de Madrid (que es quien organiza su Gobierno), pudiendo modificarse con cada remodelación gubernamental sin necesidad de reforma legal, del mismo modo que ocurre con la estructura ministerial estatal mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. La estructura orgánica interna de cada Consejería (Viceconsejerías, Direcciones Generales y demás unidades) se aprueba después mediante Decreto del Consejo de Gobierno. Cada Consejería se organiza internamente en Viceconsejerías (cuando existan), Secretaría General Técnica y Direcciones Generales, que a su vez pueden subdividirse en Subdirecciones Generales y Servicios, reproduciendo así, dentro del ámbito autonómico madrileño, el mismo esquema organizativo jerárquico y departamental ya estudiado para los Ministerios de la Administración General del Estado, con las lógicas adaptaciones de escala y de denominación propias del ámbito autonómico.

Órganos superiores y directivos de las Consejerías

Dentro de cada Consejería de la Comunidad de Madrid se distingue, siguiendo la misma lógica organizativa ya estudiada para la Administración General del Estado, entre el órgano superior (el propio Consejero, que fija los objetivos y prioridades de actuación de su Departamento) y los órganos directivos, encargados de desarrollar y ejecutar esas directrices políticas: los Viceconsejeros (cuando existan, con funciones de coordinación general del conjunto de la Consejería, inmediatamente por debajo del Consejero), los Secretarios Generales Técnicos (con funciones de asesoramiento jurídico, coordinación normativa y gestión de los servicios comunes de la Consejería) y los Directores Generales (responsables de la gestión de un área funcionalmente homogénea dentro de la Consejería). Estos órganos directivos (altos cargos) son nombrados y separados, con carácter general, por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero respectivo, entre personas con la cualificación y experiencia adecuadas al desempeño del puesto, pudiendo exigirse en determinados casos la condición de funcionario de carrera perteneciente a cuerpos o escalas para cuyo ingreso se requiera titulación superior, de forma equivalente a lo previsto para los Directores Generales de la Administración General del Estado.

Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales

Las Viceconsejerías, cuando su creación se considera necesaria dentro de una Consejería concreta (normalmente en aquellas de mayor volumen de gestión o de mayor complejidad organizativa), actúan como órgano de coordinación general inmediatamente subordinado al Consejero, asumiendo por delegación de este la dirección y coordinación de las distintas Direcciones Generales integradas en la Consejería, y sustituyéndole en caso de ausencia, vacante o enfermedad. La Secretaría General Técnica, presente con carácter prácticamente constante en todas las Consejerías, concentra las funciones de naturaleza horizontal o de apoyo transversal común a toda la Consejería: asesoramiento jurídico, tramitación de la producción normativa (elaboración de anteproyectos de ley y de proyectos de reglamento), gestión de personal, régimen interior, estadística, publicaciones y documentación. Las Direcciones Generales, por su parte, son los órganos directivos encargados de la gestión ordinaria de cada una de las grandes áreas materiales en que se divide el ámbito competencial de la Consejería (por ejemplo, dentro de una hipotética Consejería de Sanidad, podrían existir Direcciones Generales de Salud Pública, de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, o de Recursos Humanos del ámbito sanitario, entre otras posibles).

Cuadro comparativo: Administración General del Estado y Administración de la Comunidad de Madrid

Resulta útil memorizar el paralelismo entre ambas Administraciones. Gobierno: Consejo de Ministros (Presidente del Gobierno, Vicepresidentes y Ministros) frente a Consejo de Gobierno (Presidente, Vicepresidentes y Consejeros). Nombramiento del jefe del Ejecutivo: el Presidente del Gobierno es investido por el Congreso y nombrado por el Rey; el Presidente de la Comunidad es investido por la Asamblea de Madrid y nombrado por el Rey. Departamentos: Ministerios (creados por Real Decreto del Presidente del Gobierno) frente a Consejerías (creadas por Decreto del Presidente de la Comunidad). Órganos superiores: Ministros y Secretarios de Estado frente a Consejeros (la Administración autonómica no tiene Secretarios de Estado). Órganos directivos: Subsecretarios, Secretarios Generales, Directores Generales y Subdirectores Generales frente a Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales. Sector público institucional: Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones en ambos niveles. Normas del Ejecutivo: Real Decreto y Orden Ministerial frente a Decreto y Orden de Consejero. La principal diferencia de nomenclatura es que el órgano superior de cada departamento autonómico es el Consejero y no existe una figura intermedia equivalente al Secretario de Estado.

Los Organismos Autónomos de la Comunidad de Madrid

Los Organismos Autónomos son entidades de Derecho Público, dependientes de la Administración de la Comunidad de Madrid, dotadas de personalidad jurídica propia y diferenciada, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se crean para la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos en régimen de descentralización funcional (no territorial), quedando en todo caso sujetos en su actuación al Derecho administrativo. Esta figura organizativa es equivalente, dentro del sector público institucional autonómico, a los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado regulados por la Ley 40/2015, y responde a la misma lógica: separar la gestión ordinaria de una función o servicio público específico de la estructura departamental jerárquica ordinaria de la Consejería, dotándola de mayor flexibilidad y autonomía de gestión (presupuestaria y de personal, dentro de los límites generales del sector público), sin que ello suponga en ningún caso una privatización o huida hacia formas de Derecho privado, ya que los Organismos Autónomos siguen sujetos íntegramente al Derecho administrativo tanto en su régimen de contratación como en su régimen de personal y de responsabilidad patrimonial.

La Ley 1/1984 y los Organismos Autónomos: adscripción, tipos y control

La regulación específica de la Administración Institucional madrileña se contiene en la Ley 1/1984, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, que distingue tradicionalmente entre Organismos Autónomos de carácter administrativo (gestión de funciones administrativas, prestación de servicios o fomento) y Organismos Autónomos de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo, y regula también las empresas públicas con forma de sociedad mercantil. Todos los organismos se adscriben a una Consejería, a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de resultados y el control de eficacia, mientras que su control financiero corresponde a la Intervención General. Su creación, modificación y extinción se someten a lo dispuesto en la Ley 1/1984 y en la normativa de Hacienda autonómica. Ante la parte externa, el organismo autónomo actúa en nombre propio, con patrimonio propio y con sus propios órganos de gobierno (habitualmente un Consejo de Administración o Rector y un Director o Gerente). Su personal es funcionario o laboral, según los casos. Debe vigilarse, por tratarse de normativa viva, si la clasificación y denominación de entes ha sido modificada por reformas posteriores del sector público madrileño.

Los Entes Públicos y Entidades de Derecho Público de la Comunidad de Madrid

Además de los Organismos Autónomos en sentido estricto, el sector público institucional de la Comunidad de Madrid incluye otras Entidades de Derecho Público con una configuración jurídica más flexible que la de aquellos, a las que suele denominarse Entes Públicos o Entidades de Derecho Público de régimen singular. Estas entidades, aunque sujetas también en lo esencial al Derecho administrativo (especialmente en materias como la contratación pública o el control presupuestario), gozan típicamente de un régimen jurídico-privado más amplio en determinados aspectos de su gestión ordinaria (personal laboral en mayor proporción, mayor flexibilidad en su régimen económico-financiero, gestión patrimonial diferenciada), lo que las hace especialmente adecuadas para la gestión de actividades que requieren una capacidad de adaptación al mercado o al entorno sectorial mayor que la propia de un Organismo Autónomo tradicional (por ejemplo, en ámbitos como la gestión de infraestructuras, la promoción económica o determinados servicios sanitarios especializados). Su creación, modificación y extinción se somete, al igual que la del resto de entidades del sector público institucional, a los principios de necesidad, eficiencia y sostenibilidad financiera que rigen con carácter general la creación de cualquier entidad pública instrumental.

Las empresas públicas de la Comunidad de Madrid

Las empresas públicas o sociedades mercantiles autonómicas son entidades del sector público institucional de la Comunidad de Madrid constituidas con forma jurídico-privada de sociedad mercantil (normalmente sociedad anónima o de responsabilidad limitada), cuyo capital social pertenece mayoritariamente, de forma directa o indirecta, a la Comunidad de Madrid o a otras entidades de su sector público. A diferencia de los Organismos Autónomos y de las Entidades de Derecho Público, las sociedades mercantiles autonómicas se rigen, con carácter general, por el ordenamiento jurídico privado en su actividad ordinaria (contratación laboral de su personal, relaciones comerciales), si bien quedan sujetas al Derecho administrativo y al control del sector público en determinadas materias tasadas por la ley: elaboración de presupuestos, contratación sujeta a la normativa de contratos del sector público en los términos que a esta correspondan según su naturaleza de poder adjudicador, control económico-financiero por parte de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, y fiscalización por el Tribunal de Cuentas y, en su caso, por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Se utilizan típicamente para la gestión de actividades de naturaleza más próxima a la actividad económica o empresarial ordinaria.

Los consorcios y fundaciones del sector público autonómico

Los consorcios son entidades de derecho público dotadas de personalidad jurídica propia, constituidas por la Comunidad de Madrid junto con otras Administraciones Públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas mediante una gestión compartida (típicamente en ámbitos como la gestión sanitaria, la promoción cultural o el desarrollo local, con participación conjunta de la Comunidad y de determinados Ayuntamientos). Las fundaciones del sector público, por su parte, son entidades sin ánimo de lucro constituidas mayoritariamente con aportación pública de la Comunidad de Madrid, que se rigen por la legislación general de fundaciones (de naturaleza civil) con las especialidades que impone su pertenencia al sector público (control presupuestario, sujeción a la normativa de contratación pública, control por la Intervención General y por el Tribunal de Cuentas). Ambas figuras comparten con las empresas públicas la nota de flexibilidad organizativa frente a los Organismos Autónomos y las Entidades de Derecho Público tradicionales, si bien introducen además el elemento de la colaboración institucional (en el caso del consorcio) o del patrimonio afecto a un fin (en el caso de la fundación) como rasgo diferencial propio de cada una de estas formas jurídicas.

El sector público autonómico: clasificación

El conjunto del sector público de la Comunidad de Madrid puede clasificarse, siguiendo el mismo esquema conceptual ya estudiado para el sector público institucional estatal de la Ley 40/2015, en dos grandes bloques. De un lado, la Administración General de la Comunidad de Madrid en sentido estricto, integrada por el Consejo de Gobierno y la estructura departamental de Consejerías, con sus órganos superiores y directivos, que actúa siempre sujeta íntegramente al Derecho administrativo. De otro, el sector público institucional autonómico, compuesto por el conjunto de entidades instrumentales dependientes o vinculadas a aquella, dotadas de personalidad jurídica propia y diferenciada: los Organismos Autónomos y demás Entidades de Derecho Público (con sujeción plena o predominante al Derecho administrativo; su régimen básico procede de la Ley 1/1984, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, y de la normativa de Hacienda autonómica), las sociedades mercantiles autonómicas (sujetas predominantemente al Derecho privado, con las excepciones tasadas de sujeción al Derecho público ya vistas), y los consorcios y fundaciones del sector público (con un régimen mixto propio). Esta clasificación por grado de sujeción al Derecho administrativo o al Derecho privado, más que por la simple denominación formal de cada entidad, es la clave que permite determinar en cada caso concreto el régimen jurídico aplicable a su actividad, a su personal y a su contratación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Presidente de la Comunidad de Madrid debe ser Diputado de la Asamblea; los Consejeros NO necesitan serlo — igual que ocurre a nivel estatal entre el Presidente del Gobierno y los Ministros.
  • El Consejo de Gobierno = Presidente + Vicepresidentes (si existen) + Consejeros; equivale, dentro del ámbito autonómico, al Consejo de Ministros estatal.
  • Dentro de cada Consejería, orden jerárquico descendente: Consejero (órgano superior) > Viceconsejero (si existe) > Secretario General Técnico / Director General (órganos directivos) > Subdirector General.
  • Moción de censura autonómica: constructiva (candidato alternativo incluido), mayoría absoluta. Cuestión de confianza: la plantea el Presidente, basta mayoría simple — mismo esquema que a nivel estatal (arts. 112-114 CE).
  • Organismos Autónomos: sujeción plena al Derecho administrativo. Sociedades mercantiles autonómicas: Derecho privado en su actividad ordinaria, con excepciones tasadas de Derecho público (contratación, control económico-financiero).
  • Consorcios = colaboración entre Administraciones/entidades distintas; Fundaciones del sector público = patrimonio afecto a un fin, régimen de fundaciones civiles con especialidades de control público.
  • No confundir la Ley 1/1983 (Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid) con el Estatuto de Autonomía (LO 3/1983): el Estatuto es norma institucional básica de rango de ley orgánica estatal; la Ley 1/1983 es desarrollo legislativo ordinario autonómico.
  • Normas básicas: Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (LO 3/1983, de 25 de febrero); Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid; Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional.
  • El Presidente es elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey (art. 152.1 CE). Los Consejeros son nombrados y separados libremente por el Presidente.
  • Quién dicta qué: Decreto del Presidente (número y denominación de las Consejerías, nombramiento de Consejeros), Decreto del Consejo de Gobierno (estructura orgánica de las Consejerías, reglamentos generales y nombramiento de altos cargos), Orden del Consejero (ámbito departamental).
  • Trampa frecuente: las Consejerías se crean o reestructuran por Decreto del PRESIDENTE, no por ley ni por acuerdo del Consejo de Gobierno; su estructura orgánica interna sí se aprueba por Decreto del Consejo de Gobierno.
  • En la Administración autonómica no existen Secretarios de Estado: la jerarquía de cada Consejería es Consejero > Viceconsejero (si existe) > Secretario General Técnico y Directores Generales > Subdirectores Generales.
  • Responsabilidad política: el Consejo de Gobierno responde solidariamente ante la Asamblea; la moción de censura exige mayoría absoluta y candidato alternativo; la cuestión de confianza la plantea el Presidente y se otorga por mayoría simple.
  • Responsabilidad penal de Presidente y miembros del Consejo de Gobierno: ante el TSJ de Madrid si el hecho se comete en la Comunidad, y ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo si se comete fuera.
  • Un Gobierno en funciones solo despacha los asuntos ordinarios; el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.
  • El control consultivo de legalidad corresponde hoy a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que sustituyó al antiguo Consejo Consultivo.
  • Organismos Autónomos: Derecho administrativo, adscritos a una Consejería. Sociedades mercantiles autonómicas: Derecho privado con excepciones. Consorcios: varias Administraciones. Fundaciones del sector público: patrimonio afecto a un fin.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

El número y la denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid se establecen mediante:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 7 de Administrativo C. Madrid?

Si el tema anterior desarrolló el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica y la Asamblea de Madrid como Parlamento autonómico, este tema completa el cuadro institucional descendiendo al desarrollo legislativo ordinario de las instituciones ejecutivas: la Ley 1/1983, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, que regula con detalle al Presidente, el Consejo de Gobierno y la organización de la Administración autonómica en Consejerías, Organismos Autónomos y demás entes de su sector público. El esquema organizativo resultante reproduce, dentro del ámbito autonómico madrileño, la misma lógica ya estudiada para la Administración General del Estado (Ley 50/1997 y Ley 40/2015): separación entre el órgano de gobierno político y la Administración que lo ejecuta, y clasificación de esta última en órganos superiores, órganos directivos y sector público institucional.

¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?

El Presidente de la Comunidad de Madrid debe ser Diputado de la Asamblea; los Consejeros NO necesitan serlo — igual que ocurre a nivel estatal entre el Presidente del Gobierno y los Ministros. El Consejo de Gobierno = Presidente + Vicepresidentes (si existen) + Consejeros; equivale, dentro del ámbito autonómico, al Consejo de Ministros estatal. Dentro de cada Consejería, orden jerárquico descendente: Consejero (órgano superior) > Viceconsejero (si existe) > Secretario General Técnico / Director General (órganos directivos) > Subdirector General. Moción de censura autonómica: constructiva (candidato alternativo incluido), mayoría absoluta. Cuestión de confianza: la plantea el Presidente, basta mayoría simple — mismo esquema que a nivel estatal (arts. 112-114 CE). Organismos Autónomos: sujeción plena al Derecho administrativo. Sociedades mercantiles autonómicas: Derecho privado en su actividad ordinaria, con excepciones tasadas de Derecho público (contratación, control económico-financiero). Consorcios = colaboración entre Administraciones/entidades distintas; Fundaciones del sector público = patrimonio afecto a un fin, régimen de fundaciones civiles con especialidades de control público. No confundir la Ley 1/1983 (Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid) con el Estatuto de Autonomía (LO 3/1983): el Estatuto es norma institucional básica de rango de ley orgánica estatal; la Ley 1/1983 es desarrollo legislativo ordinario autonómico. Normas básicas: Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (LO 3/1983, de 25 de febrero); Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid; Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional. El Presidente es elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey (art. 152.1 CE). Los Consejeros son nombrados y separados libremente por el Presidente. Quién dicta qué: Decreto del Presidente (número y denominación de las Consejerías, nombramiento de Consejeros), Decreto del Consejo de Gobierno (estructura orgánica de las Consejerías, reglamentos generales y nombramiento de altos cargos), Orden del Consejero (ámbito departamental). Trampa frecuente: las Consejerías se crean o reestructuran por Decreto del PRESIDENTE, no por ley ni por acuerdo del Consejo de Gobierno; su estructura orgánica interna sí se aprueba por Decreto del Consejo de Gobierno. En la Administración autonómica no existen Secretarios de Estado: la jerarquía de cada Consejería es Consejero > Viceconsejero (si existe) > Secretario General Técnico y Directores Generales > Subdirectores Generales. Responsabilidad política: el Consejo de Gobierno responde solidariamente ante la Asamblea; la moción de censura exige mayoría absoluta y candidato alternativo; la cuestión de confianza la plantea el Presidente y se otorga por mayoría simple. Responsabilidad penal de Presidente y miembros del Consejo de Gobierno: ante el TSJ de Madrid si el hecho se comete en la Comunidad, y ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo si se comete fuera. Un Gobierno en funciones solo despacha los asuntos ordinarios; el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. El control consultivo de legalidad corresponde hoy a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que sustituyó al antiguo Consejo Consultivo. Organismos Autónomos: Derecho administrativo, adscritos a una Consejería. Sociedades mercantiles autonómicas: Derecho privado con excepciones. Consorcios: varias Administraciones. Fundaciones del sector público: patrimonio afecto a un fin.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (arts. 103, 147 a 152)
  • Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
  • Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid
  • Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid
  • Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

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