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Tema 20. La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: objeto y ámbito de aplicación. Publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La transparencia y el acceso a la información en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid: disposiciones generales, publicidad activa, derecho de acceso a la información pública, participación y colaboración ciudadana.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, supuso la incorporación tardía de España, respecto de los países de nuestro entorno, a un derecho ya extendido internacionalmente: el derecho de cualquier ciudadano a acceder a la información en poder de las Administraciones Públicas, sin necesidad de motivar su solicitud, como instrumento de control democrático de la actuación pública. La ley se articula en torno a dos grandes pilares que conviene no confundir nunca en el examen: la publicidad activa (la Administración publica información por propia iniciativa, sin que nadie la pida) y el derecho de acceso (el ciudadano solicita información concreta que la Administración no tiene por qué haber publicado ya). En la Comunidad de Madrid, este marco estatal se completa y desarrolla con la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación, que además incorpora un tercer eje ausente en la ley estatal con ese nivel de desarrollo: la participación y la colaboración ciudadana, alineándose con el llamado gobierno abierto. Es un tema extenso pero muy agradecido en test porque su estructura es muy lógica y sus conceptos (límites, causas de inadmisión, silencio, reclamación) se repiten de forma muy similar en la norma estatal y en la autonómica.

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La Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: objeto

El artículo 1 de la Ley 19/2013 define su triple objeto: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a dicha actividad, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. La ley responde a una demanda de calidad democrática y generaliza una regulación del acceso a la información pública que hasta entonces existía solo de forma dispersa (artículo 105.b de la Constitución, legislación de procedimiento y normas sectoriales como la ambiental). La norma se estructura así: un Título Preliminar con el objeto (art. 1); el Título I, sobre la transparencia de la actividad pública, que comprende el ámbito subjetivo (arts. 2 a 4), la publicidad activa (arts. 5 a 11) y el derecho de acceso a la información pública (arts. 12 a 24); el Título II, sobre el buen gobierno (arts. 25 a 32), aplicable a los altos cargos y asimilados; y el Título III, que crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (arts. 33 a 40), como órgano encargado de promover la transparencia, velar por las obligaciones de publicidad, salvaguardar el derecho de acceso y garantizar el buen gobierno. Su carácter básico en gran parte de su contenido obliga a su desarrollo por las Comunidades Autónomas, como ha hecho la Comunidad de Madrid con la Ley 10/2019. La ley ha sido modificada en varias ocasiones; entre las reformas recientes destaca la Ley 14/2022, de 8 de julio, que añade al contenido de publicidad activa en materia de contratos la información estadística sobre la participación de las pymes (art. 8.1.a).

El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013

El artículo 2 de la Ley 19/2013 delimita un ámbito subjetivo muy amplio que abarca a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades que integran la Administración Local, y a los organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. Además, y esta es una de las novedades más destacadas de la ley respecto de la situación anterior, sus disposiciones resultan de aplicación a la Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España, al Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo (art. 2.1.f). Los entes enumerados en las letras a) a d) del art. 2.1 son los que la ley llama Administraciones Públicas a los efectos de este título; también quedan incluidas las sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 por 100 del capital, las fundaciones del sector público y las asociaciones constituidas por las Administraciones y entidades públicas. La ley también extiende sus obligaciones de publicidad activa, con matices, a las corporaciones de derecho público (colegios profesionales), a las fundaciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades a que se refiere el artículo, y el artículo 3 establece obligaciones de publicidad activa para los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, así como para las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 por 100 del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cifra de 5.000 euros. El artículo 4 impone a las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas el deber de suministrar a la Administración, previo requerimiento, la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia; este deber se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público.

El principio de publicidad activa

La publicidad activa constituye la primera de las dos grandes técnicas de transparencia que articula la ley y consiste en la obligación de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación de hacer pública, de forma periódica y actualizada, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, sin necesidad de que nadie la solicite. El artículo 5 exige que esta información se publique en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables; que sea comprensible, de acceso fácil y gratuito, y que esté a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados. El instrumento centralizado de referencia para la Administración General del Estado es el Portal de la Transparencia. Las obligaciones de este capítulo se entienden sin perjuicio de la normativa autonómica o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio de publicidad. Como límite transversal, son de aplicación a la publicidad activa los límites al derecho de acceso (art. 14) y, especialmente, el derivado de la protección de datos personales (art. 15); cuando la información contenga datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación de los mismos. La publicidad activa se articula en tres grandes bloques que la ley detalla en artículos sucesivos: información institucional, organizativa y de planificación (art. 6); información de relevancia jurídica (art. 7); e información económica, presupuestaria y estadística (art. 8), cada uno con un contenido mínimo obligatorio frecuentemente objeto de preguntas de test. El art. 9 atribuye el control de su cumplimiento al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa se considera infracción grave a efectos disciplinarios.

Obligaciones de información institucional, organizativa y de planificación

El artículo 6 de la Ley 19/2013 concreta el primer bloque de publicidad activa, exigiendo a los sujetos obligados que hagan pública información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulte de aplicación, así como su estructura organizativa, para lo cual deben aprobar un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los distintos órganos y su perfil y trayectoria profesional. Asimismo, deben publicar los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, y su grado de cumplimiento y resultados deben ser objeto de evaluación y publicación periódica, junto con los indicadores de medida y valoración utilizados, en la medida en que se desarrollen y aprueben. Este bloque de información institucional es el que mejor materializa la idea de rendición de cuentas de la actividad pública, al permitir a la ciudadanía conocer no solo qué hace y cómo se organiza cada entidad, sino también si cumple o no los objetivos que se ha marcado, siendo esta obligación de evaluación de resultados una de las novedades más valoradas de la ley por la doctrina especializada en gobierno abierto, aunque también una de las que en la práctica ha tenido un grado de cumplimiento más desigual entre las distintas Administraciones.

Obligaciones de información de relevancia jurídica

El artículo 7 de la Ley 19/2013 regula el segundo bloque de publicidad activa, referido a la información de relevancia jurídica, que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deben publicar: a) las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos; b) los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes (si no es preceptivo ningún dictamen, la publicación se realiza en el momento de su aprobación); c) los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda (cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se produce una vez que estos hayan sido solicitados, sin que ello suponga necesariamente la apertura de un trámite de audiencia pública); d) las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular la memoria del análisis de impacto normativo (regulada hoy por el Real Decreto 931/2017); y e) los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación. Esta obligación permite el escrutinio ciudadano de los proyectos legislativos y reglamentarios desde una fase temprana y conecta con la participación en la elaboración de normas de la Ley 39/2015. Nótese que las relaciones de puestos de trabajo y las resoluciones judiciales no figuran en este artículo: no deben confundirse con el contenido del art. 7.

Obligaciones de información económica, presupuestaria y estadística

El artículo 8 de la Ley 19/2013 regula el tercer bloque de publicidad activa, referido a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, que los sujetos obligados deben hacer públicos como mínimo: los contratos, con indicación del objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que se han publicitado, número de licitadores y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato y las decisiones de desistimiento y renuncia (la información relativa a los contratos menores puede publicarse trimestralmente), y, tras la Ley 14/2022, la información estadística sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas en los contratos adjudicados; la relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones y obligaciones económicas; las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios; los presupuestos, con descripción de las principales partidas e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo; y las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la ley, junto con las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo. Las Administraciones Públicas publicarán también la relación de los bienes inmuebles de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real, y las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales y altos cargos, en los términos legalmente previstos. Este bloque es, junto con el relativo a contratos y subvenciones, el que con más frecuencia se conecta en la práctica con las auditorías y controles anticorrupción realizados por organizaciones de la sociedad civil.

El Portal de la Transparencia

El artículo 10 de la Ley 19/2013 crea el Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio competente, a través del cual se ejerce el derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración General del Estado y se ofrece la información cuya publicación resulta obligada por la ley y aquella otra información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad, atendiendo a las materias sobre las que existe una mayor demanda de información. El precepto exige que la información publicada en el Portal se ofrezca de forma que resulte fácilmente accesible y comprensible para los ciudadanos, con especial referencia a los formatos que permiten su interoperabilidad y a la posibilidad de que la información sea reutilizada, conectando de este modo la Ley de Transparencia con la normativa de reutilización de la información del sector público. El Portal de la Transparencia constituye el modelo del que se ha nutrido la práctica totalidad de portales autonómicos y locales de transparencia posteriores, entre ellos el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, que integra tanto la información sujeta a publicidad activa exigida por la normativa estatal y autonómica como el canal para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración madrileña.

El derecho de acceso a la información pública: concepto

El artículo 12 de la Ley 19/2013 reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, entendida conforme al artículo 13 como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Se trata de un derecho reconocido a cualquier persona, física o jurídica, sin necesidad de motivar su solicitud ni de acreditar un interés legítimo, lo que constituye una de las diferencias esenciales respecto del tradicional derecho de acceso a archivos y registros regulado en la legislación de procedimiento administrativo (limitado a los interesados en un procedimiento concreto): el derecho de acceso de la Ley 19/2013 es un derecho de configuración universal, ejercitable por cualquier ciudadano al margen de cualquier procedimiento administrativo en curso. El ejercicio del derecho de acceso no está sujeto a ninguna motivación, y su denegación, cuando proceda, debe fundamentarse exclusivamente en los límites y causas de inadmisión legalmente tasados, sin que la Administración pueda oponer, por ejemplo, la falta de interés o de finalidad concreta del solicitante para justificar la denegación de una solicitud.

Los límites al derecho de acceso a la información pública

El derecho de acceso, pese a su amplitud, no es ilimitado: el artículo 14 de la Ley 19/2013 enumera un catálogo tasado de límites que operan cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, y la protección del medio ambiente. La aplicación de estos límites no es automática: debe ser justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atender a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha subrayado que el acceso es la regla general y que los límites y las causas de inadmisión se interpretan de forma restrictiva. Cuando no se aplique el límite a la totalidad de la información, se concede el acceso parcial (art. 16), omitiendo la parte afectada e indicando al solicitante qué parte se ha omitido. Junto a estos límites generales, el artículo 15 regula la protección de datos personales: si la información contiene datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso solo se autoriza con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este los hubiera hecho manifiestamente públicos; si contiene datos sobre origen racial, salud o vida sexual, datos genéticos o biométricos, o datos relativos a infracciones penales o administrativas que no conlleven amonestación pública al infractor, el acceso requiere consentimiento expreso del afectado o amparo en una norma con rango de ley. Con carácter general se concede el acceso a los datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, salvo que prevalezca la protección de datos u otros derechos constitucionalmente protegidos; y no son aplicables estas reglas si el acceso se hace previa disociación de los datos de modo que se impida la identificación de las personas.

El procedimiento de acceso a la información pública

El artículo 17 de la Ley 19/2013 regula la solicitud de acceso, que se dirige al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información y puede presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, de la información que se solicita, de una dirección de contacto, preferentemente electrónica, y, en su caso, de la modalidad de acceso preferida. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud; puede exponer los motivos, que podrán ser tenidos en cuenta al resolver, pero la ausencia de motivación no es por sí sola causa de rechazo. Los solicitantes pueden dirigirse a las Administraciones en cualquiera de las lenguas cooficiales del territorio. La tramitación (art. 19) tiene varias reglas muy preguntadas: si la información no obra en poder del sujeto al que se dirige, este la remite al competente, si lo conoce, e informa al solicitante; si la solicitud no identifica de forma suficiente la información, se pide al solicitante que la concrete en el plazo de diez días, con indicación de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido y de la suspensión del plazo para resolver; si la información pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concede un plazo de quince días para alegaciones, informando al solicitante de esta circunstancia y de la suspensión del plazo para resolver; y si la información fue elaborada en su integridad o parte principal por otro sujeto, se le remite la solicitud para que decida sobre el acceso. En la Administración General del Estado, la tramitación se apoya en las unidades de información de transparencia (art. 21), que reciben y registran las solicitudes y velan por su cumplimiento. Recuérdese que, a diferencia del acceso de un interesado a su expediente (art. 53.1.a de la Ley 39/2015, que exige la condición de interesado), el derecho de acceso de la Ley 19/2013 no exige acreditar interés alguno.

Las causas de inadmisión de solicitudes de acceso

El artículo 18 de la Ley 19/2013 enumera de forma tasada las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso, que se distinguen de los límites del artículo 14 en que estos justifican una denegación de fondo tras la ponderación de intereses, mientras que la inadmisión permite rechazar la solicitud mediante resolución motivada sin entrar en dicha ponderación. Se inadmiten a trámite las solicitudes: a) que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general; b) referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas; c) relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración; d) dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente; y e) manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley. Son cinco causas, no seis. Si se inadmite por la causa d), la resolución debe indicar el órgano que, a juicio de quien resuelve, es competente para conocer de la solicitud. La resolución de inadmisión debe ser motivada y comunicada al solicitante, quien puede impugnarla mediante la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o, directamente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La resolución de las solicitudes de acceso

El artículo 20 de la Ley 19/2013 dispone que la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso se notifica al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, plazo que puede ampliarse por otro mes cuando el volumen o la complejidad de la información lo hagan necesario, previa notificación al solicitante. Son motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero; si la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera vulnerar alguno de los límites, se indica esta circunstancia al desestimar. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada: silencio administrativo negativo, que responde a la voluntad del legislador de no forzar la entrega automática de información que pudiera afectar a intereses protegidos. Las resoluciones en materia de acceso son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la reclamación potestativa del artículo 24, y el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo es infracción grave a efectos disciplinarios. La formalización del acceso (art. 22) se hace preferentemente por vía electrónica, salvo que no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio; si no puede darse en el momento de la notificación, se otorga en un plazo no superior a diez días; si la información ya está publicada, basta con indicar cómo acceder a ella; y si hubo oposición de tercero, el acceso solo se materializa cuando haya transcurrido el plazo para recurrir sin que se haya interpuesto reclamación o recurso. El acceso a la información es gratuito; la expedición de copias o la transposición a formato distinto del original puede dar lugar a exacciones conforme a la normativa de tasas y precios públicos.

El régimen de impugnaciones: la reclamación ante el Consejo de Transparencia

El artículo 24 de la Ley 19/2013 configura la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como una vía de impugnación específica, con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública. La reclamación debe interponerse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo; el plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses, transcurrido el cual la reclamación se entiende desestimada. Esta reclamación tiene naturaleza sustitutiva de los recursos administrativos, de modo que no puede interponerse junto con un recurso de alzada o de reposición frente al mismo acto, y su resolución, que pone fin a la vía administrativa, es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las resoluciones del Consejo se publican, previa disociación de los datos personales, y se comunican al Defensor del Pueblo. La competencia para conocer de estas reclamaciones corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellas Comunidades Autónomas que atribuyan dicha competencia a un órgano específico independiente o que la encomienden al Consejo estatal mediante convenio (disposición adicional cuarta). En el plano contencioso, el criterio jurisprudencial es que la reclamación es una garantía potestativa y sustitutiva: el interesado puede ir directamente al juzgado, pero si elige reclamar no puede además interponer recurso administrativo.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: naturaleza y funciones

El artículo 33 de la Ley 19/2013 crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997 (hoy, el régimen de los organismos públicos de la Ley 40/2015), con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines y que está adscrito al ministerio que determine la normativa de estructura orgánica. Su finalidad (art. 34) es promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Sus funciones (art. 38) incluyen adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de la ley, asesorar en transparencia, acceso y buen gobierno, informar preceptivamente los proyectos normativos estatales que desarrollen la ley o se relacionen con su objeto, y evaluar el grado de aplicación de la ley; el Presidente ejerce funciones como adoptar criterios de interpretación uniforme, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, conocer de las reclamaciones del artículo 24, responder consultas e instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno se compone del Presidente, un Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, uno del Defensor del Pueblo, uno de la Agencia Española de Protección de Datos, uno de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y uno de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (art. 36), sin dedicación exclusiva ni remuneración. El Presidente es nombrado por un período no renovable de cinco años mediante real decreto, a propuesta del ministro competente, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso, que debe refrendar el nombramiento por mayoría absoluta en el plazo de un mes natural (art. 37). Su estatuto se desarrolla en el Real Decreto 919/2014.

El buen gobierno: principios éticos y de actuación

El Título II de la Ley 19/2013 regula el buen gobierno. En la Administración General del Estado se aplica a los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y el resto de altos cargos de la AGE y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de ella; y, de acuerdo con el artículo 25.2, es también aplicable a los altos cargos o asimilados que según la normativa autonómica o local tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales, sin que ello afecte a su condición de cargo electo. No es, por tanto, un régimen exclusivo de la AGE. El artículo 26 enumera los principios de buen gobierno: las personas incluidas en su ámbito observarán la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales; y adecuarán su actividad a unos principios generales (actuar con transparencia en la gestión, dedicación al servicio público, respeto del principio de imparcialidad, trato igual y sin discriminaciones, diligencia debida, conducta digna y asunción de la responsabilidad de sus decisiones) y a unos principios de actuación (plena dedicación, guardar la debida reserva, no aceptar regalos que superen los usos habituales o favores en condiciones ventajosas, y otros). Estos principios informan la interpretación y aplicación del régimen sancionador del título. La ley tipifica infracciones en materia de conflicto de intereses, de gestión económico-presupuestaria y disciplinarias (arts. 27 a 29), clasificadas en muy graves, graves y leves, con sanciones que incluyen desde la amonestación hasta la destitución o cese, la inhabilitación y la obligación de restituir cantidades indebidas, y la publicación de las sanciones en el Boletín Oficial correspondiente (art. 30). El plazo de prescripción de las infracciones es de cinco años las muy graves, tres años las graves y un año las leves; las sanciones prescriben en los mismos plazos (art. 32).

La transparencia en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales

La ley dispuso plazos de adaptación para las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (de dos años, en términos generales, desde la entrada en vigor de la ley en diciembre de 2013, frente al plazo menor de la Administración General del Estado), lo que dio lugar en los años posteriores a un desarrollo normativo autonómico muy heterogéneo, con leyes propias de transparencia en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, que en muchos casos han ampliado tanto el catálogo de sujetos obligados como el contenido de la publicidad activa exigida respecto del mínimo estatal. La Ley 19/2013 opera como legislación básica de aplicación directa y de mínimo común denominador, y el artículo 5.2 admite expresamente que la normativa autonómica prevea un régimen más amplio de publicidad. Las Entidades Locales están sujetas a la normativa básica estatal y al desarrollo autonómico correspondiente a su Comunidad, sin perjuicio de que puedan aprobar sus propias ordenanzas de transparencia dentro de la potestad reglamentaria local (el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, cuenta con su propia ordenanza de transparencia, aprobada en 2016). Las reclamaciones contra resoluciones en materia de acceso dictadas por las Comunidades Autónomas se resuelven por el órgano independiente que ellas creen, o por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cuando hayan optado por el convenio previsto en la disposición adicional cuarta. En la práctica, la ciudadanía convive con un régimen de transparencia en varios niveles superpuestos: estatal, autonómico y, en su caso, local.

La Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid: objeto

La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, desarrolla en el ámbito autonómico madrileño el marco básico de la Ley 19/2013, ampliándolo con un tercer eje que la norma estatal apenas desarrolla: la participación y la colaboración ciudadana, en línea con los principios del gobierno abierto promovidos internacionalmente por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Su objeto es regular, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública, y la participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos. Su ámbito subjetivo abarca la Administración de la Comunidad de Madrid y su sector público institucional (organismos autónomos, entes, empresas y fundaciones públicas), con previsiones específicas para las universidades públicas, las entidades locales y las instituciones autonómicas como la Asamblea de Madrid o la Cámara de Cuentas en lo relativo a su actividad sujeta a Derecho administrativo, así como para las entidades privadas que reciban fondos públicos o presten servicios públicos. Conviene consultar el articulado para el detalle de cada categoría de sujeto obligado.

Disposiciones generales de la Ley 10/2019

La Ley 10/2019 se estructura en un título de disposiciones generales, un título de publicidad activa, un título dedicado al derecho de acceso a la información pública, un título de participación y colaboración ciudadana y un título que regula el órgano de garantía, el Consejo de Transparencia y Participación. Las disposiciones generales recogen el objeto y el ámbito de aplicación, las definiciones (información pública, publicidad activa, acceso, datos abiertos, participación y colaboración ciudadana) y los principios que rigen su interpretación (entre ellos el libre acceso a la información pública, la accesibilidad, la gratuidad, la reutilización y la participación ciudadana). La ley reconoce, siguiendo el mismo esquema que la norma estatal, un doble derecho a favor de la ciudadanía: el derecho a acceder a la información pública de la Comunidad de Madrid y el derecho a participar y colaborar activamente en los asuntos públicos regionales. En materia organizativa, prevé estructuras de coordinación de la transparencia y unidades de transparencia en cada consejería, con funciones de coordinación, seguimiento de solicitudes de acceso y asesoramiento en su ámbito. Nota de método: las citas exactas de artículos de la ley madrileña deben contrastarse con el texto vigente antes de memorizarlas.

La publicidad activa en la normativa madrileña

El título de publicidad activa de la Ley 10/2019 contiene, por un lado, las disposiciones generales (obligación de disponer de portal o sede electrónica, obligación de transparencia y límites derivados de la protección de datos personales) y, por otro, el desglose, por bloques temáticos más numerosos y detallados que los tres de la Ley 19/2013, de la información institucional, organizativa, de altos cargos y personal directivo, de personal eventual, de empleo público, de retribuciones, normativa, de servicios y procedimientos, económico-financiera, patrimonial, de planificación, de obras públicas, de contratos, de convenios y encargos a medios propios, de concesión de servicios públicos, de ayudas y subvenciones, de ordenación del territorio y estadística. Entre las obligaciones reforzadas respecto del mínimo estatal se encuentra la publicación de las agendas de trabajo y reuniones de los responsables públicos. Toda la información se canaliza a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. La ley madrileña mantiene los límites generales derivados de la protección de datos personales como frontera de la publicidad activa y reitera la exigencia de que la información se ofrezca en formatos abiertos y reutilizables (datos abiertos), de manera que pueda ser aprovechada por terceros para análisis, periodismo de datos o control ciudadano. Recuérdese que la reutilización de la información del sector público se rige además por la Ley 37/2007, modificada por el Real Decreto-ley 24/2021.

El derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Madrid

El título dedicado al derecho de acceso de la Ley 10/2019 sigue el mismo esquema conceptual de la Ley 19/2013: derecho universal que se ejerce sin necesidad de motivar la solicitud, con límites remitidos a la normativa básica estatal y europea y causas de inadmisión equivalentes a las básicas, y con atribución de la competencia para resolver al titular del órgano o entidad que posea la información, con apoyo de las unidades de transparencia de cada consejería. La ley madrileña establece sus propios plazos de resolución y notificación (el plazo básico estatal es de un mes, ampliable por otro mes, y las normas autonómicas no pueden empeorar el mínimo básico), cuyo detalle conviene contrastar con el texto vigente. Al igual que en la norma estatal, el silencio ante la falta de resolución expresa dentro de plazo tiene efectos desestimatorios, y frente a la resolución expresa o presunta que deniegue el acceso, total o parcialmente, cabe una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Participación, alternativa a los recursos administrativos ordinarios y previa a la vía contencioso-administrativa. La regulación madrileña presta atención a la coordinación entre el derecho de acceso de la ley de transparencia y el derecho de acceso a expedientes por parte de los interesados regulado en la Ley 39/2015 (art. 53.1.a), dejando claro que ambos regímenes son compatibles y que la existencia de un procedimiento en curso no impide, con los límites correspondientes, el ejercicio del derecho de acceso general reconocido a cualquier ciudadano en los términos de la disposición adicional primera de la ley estatal.

El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid

La Ley 10/2019 crea el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, órgano de garantía autonómico equivalente en sus funciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, de resolver las reclamaciones presentadas frente a las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública y de promover la cultura de transparencia y participación en la actividad pública regional. Una singularidad que conviene retener frente al modelo estatal es su adscripción orgánica: mientras que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno depende de un ministerio (poder ejecutivo), la ley madrileña configura el Consejo como órgano independiente adscrito a la Asamblea de Madrid, que actúa con autonomía y plena independencia orgánica y funcional. Su resolución de las reclamaciones agota la vía administrativa y solo es susceptible de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Aviso: el opositor debe comprobar en la convocatoria y en el texto vigente el detalle de su composición, designación y funcionamiento efectivo.

La participación ciudadana en la Ley 10/2019

El eje de participación ciudadana constituye la aportación más singular de la Ley 10/2019 respecto del marco estatal. La ley precisa que los resultados de los procesos de participación tienen naturaleza consultiva y no vinculante. Entre los instrumentos específicos de participación que tipifica se encuentran: las consultas públicas, para recabar la opinión ciudadana sobre una propuesta antes de que la Administración adopte una decisión; los foros de consulta, espacios de debate para contrastar los efectos de una medida o actuación pública; los paneles ciudadanos, espacios temporales de información sobre cuestiones de interés público; y los grupos colaborativos de trabajo sectoriales, espacios de encuentro con sectores específicos afectados. A ello se suman derechos específicos como el derecho de participación en la elaboración de disposiciones de carácter general, mediante consulta pública previa a anteproyectos de ley y proyectos de reglamento (que complementa los trámites ya exigidos con carácter general por la Ley 39/2015, art. 133), y el derecho a proponer iniciativas reglamentarias, cuyos requisitos de respaldo ciudadano establece la propia ley.

La colaboración ciudadana y el Registro de Transparencia en Madrid

La Ley 10/2019 completa su regulación de participación y colaboración con un instrumento propio y distintivo, sin equivalente en la Ley 19/2013, que conviene no confundir con la participación ciudadana antes descrita: el Registro de Transparencia, que es en realidad un registro de grupos de interés (lobbies). Deben inscribirse en él, con carácter obligatorio, público y gratuito, las personas y entidades que, por cuenta propia o ajena, desarrollen actividades dirigidas a influir directa o indirectamente en la elaboración de normas o en las políticas públicas de los sujetos obligados por la ley, quedando excluidas actividades como la defensa de intereses de parte en un procedimiento administrativo concreto, el asesoramiento a un cliente sobre un asunto particular, el arbitraje o mediación y las actividades de los interlocutores sociales en el papel que les asigna la Constitución. La inscripción conlleva obligaciones de transparencia y la aceptación expresa de un Código Ético que impone, entre otros deberes, no difundir información confidencial y actuar con integridad, a cambio de derechos como poder actuar ante los responsables públicos, cuyas reuniones con los inscritos deben reflejarse en sus agendas. Junto a este registro, la ley promueve, dentro del principio de reutilización, la publicación de la información en formatos abiertos para su aprovechamiento por la sociedad civil, conectando así con los compromisos asumidos por España en los sucesivos Planes de Acción de Gobierno Abierto.

Derecho de acceso y otros regímenes: disposición adicional primera de la Ley 19/2013

La disposición adicional primera de la Ley 19/2013 delimita cómo convive el nuevo derecho con otros regímenes de acceso. Primero, la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo es de aplicación al acceso, por parte de quienes tengan la condición de interesados, a los documentos que se integren en un procedimiento en curso (arts. 53.1.a y 13.d de la Ley 39/2015): quien es interesado puede acceder a su expediente por esta vía sin acudir a la solicitud de la Ley 19/2013, aunque nada impide que utilice esta última cuando no cumpla los requisitos de la primera. Segundo, se rigen por su normativa específica, y por la Ley 19/2013 con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información: por ejemplo, la información medioambiental o la información de archivos históricos y otras materias reguladas por normas sectoriales. Tercero, la reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) queda al margen del derecho de acceso: acceder a una información no equivale a poder reutilizarla con fines comerciales sin condiciones. En el examen, la clave está en saber cuándo se aplica cada vía: interesado en procedimiento en curso (Ley 39/2015), cualquier persona (Ley 19/2013) y materias con régimen propio (normativa especial, con la Ley 19/2013 como supletoria).

Inventario de actividades de tratamiento y protección de datos en la publicidad activa

La relación entre transparencia y protección de datos se resuelve por equilibrio, no por prevalencia automática de una sobre otra. En publicidad activa, el artículo 5.3 de la Ley 19/2013 somete la publicación a los límites del acceso y, en especial, a la protección de datos personales del artículo 15; si hay datos especialmente protegidos, la publicación solo se hace previa disociación. La Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) añadió el artículo 6 bis a la Ley 19/2013, que obliga a los sujetos del artículo 77.1 de esa ley orgánica a publicar su inventario de actividades de tratamiento, con la información y la base legal que exige el RGPD. En el derecho de acceso, el artículo 15 reproduce un esquema graduado: más protección para los datos especialmente protegidos, regla general favorable al acceso para los datos meramente identificativos vinculados a la actividad pública y ponderación del caso concreto en los demás supuestos, teniendo en cuenta el interés público en la divulgación, la finalidad del solicitante, el menor perjuicio para los afectados y la mayor garantía de sus derechos cuando se trate de menores o cuando los datos puedan afectar a su intimidad o seguridad. El criterio interpretativo conjunto adoptado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos es la referencia para la aplicación de estas reglas.

El Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid y el gobierno abierto

El Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid es el instrumento por el que la Administración regional ofrece la información de publicidad activa y facilita el ejercicio del derecho de acceso por vía electrónica. Debe permitir a cualquier persona localizar la información sin necesidad de identificarse, ofrecer buscadores y formatos reutilizables, y publicarse de manera actualizada, con el criterio de que lo que no está en el portal puede solicitarse por la vía del derecho de acceso. La noción de gobierno abierto, a la que alude el preámbulo de la ley, se apoya en tres pilares que el opositor debe saber distinguir: transparencia (la Administración informa), participación (la ciudadanía opina e influye) y colaboración (la ciudadanía y las organizaciones intervienen como coproductores de políticas y servicios). A ello se suma la rendición de cuentas y el uso de datos abiertos. La participación, a diferencia de la colaboración, es en la ley madrileña esencialmente consultiva; y la colaboración se canaliza a través de órganos y procesos concretos de cada Administración. Por su parte, los Planes de Acción de Gobierno Abierto de España, aprobados en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, son el instrumento de compromisos nacionales en la materia.

Cuadro de memoria: plazos y cifras de transparencia

Un mes, ampliable por otro, es el plazo para resolver una solicitud de acceso en la Ley 19/2013, con silencio desestimatorio. Diez días: plazo para concretar una solicitud imprecisa y plazo máximo para dar acceso efectivo cuando no pueda hacerse en el momento de la notificación. Quince días: alegaciones de terceros afectados. Un mes: plazo para interponer la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y tres meses para que este resuelva (vencido el cual se entiende desestimada). Cinco años: mandato no renovable del Presidente del Consejo. Ocho miembros en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (el Presidente, un Diputado, un Senador, y representantes del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la AEPD, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la AIReF). 100.000 euros, 40 por 100 y 5.000 euros: umbrales de las entidades privadas obligadas a la publicidad activa por recibir subvenciones. Cinco, tres y un año: prescripción de infracciones muy graves, graves y leves de buen gobierno. Trimestral: periodicidad admitida para la publicación de los contratos menores.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • No confundir publicidad activa (la Administración publica sin que nadie lo pida, arts. 5 a 8 Ley 19/2013) con derecho de acceso (el ciudadano solicita algo concreto, arts. 12 y ss.): son dos técnicas distintas dentro de la misma ley.
  • El derecho de acceso de la Ley 19/2013 NO exige motivación ni interés legítimo — a diferencia del acceso a expedientes de un interesado en un procedimiento concreto (Ley 39/2015).
  • Los límites (art. 14, exigen ponderación de intereses) y las causas de inadmisión (art. 18, rechazo directo sin ponderar) son cosas distintas: no usarlos como sinónimos en el test.
  • El silencio administrativo en materia de acceso a la información es NEGATIVO en ambas leyes, pero el plazo difiere: 1 mes prorrogable otro más en la Ley 19/2013 estatal, frente a 20 días prorrogables por otros 20 en la Ley 10/2019 de Madrid (art. 42.1).
  • La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (o su equivalente autonómico en Madrid) es potestativa y SUSTITUTIVA de los recursos administrativos: no cabe interponerla junto con un recurso de alzada o reposición sobre el mismo acto.
  • El buen gobierno (Título II Ley 19/2013) solo se aplica a altos cargos de la AGE y su sector público estatal — no confundir con las obligaciones de transparencia, que tienen un ámbito subjetivo mucho más amplio.
  • La Ley 10/2019 de Madrid añade un tercer eje que la ley estatal apenas desarrolla: la participación y colaboración ciudadana (arts. 51-64: consultas públicas, foros de consulta, paneles ciudadanos, grupos colaborativos de trabajo sectoriales, derecho a proponer iniciativas reglamentarias con 10.000 firmas); la ley no prevé presupuestos participativos.
  • El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (arts. 72-79) está adscrito orgánicamente a la ASAMBLEA DE MADRID, a diferencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, adscrito al Ministerio competente (poder ejecutivo).
  • El Registro de Transparencia de la Ley 10/2019 (arts. 65-71) es un registro de grupos de interés (lobbies) que buscan influir en normas o políticas públicas, con Código Ético obligatorio; no debe confundirse con el Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones (art. 31).
  • El art. 18 Ley 19/2013 enumera cinco causas de inadmisión (información en curso de elaboración, auxiliar o de apoyo, que exige reelaboración, dirigida a órgano que no la posee, y solicitudes repetitivas o abusivas); no existe una sexta por reiteración de solicitudes ya resueltas.
  • Terceros afectados: quince días para alegaciones (art. 19.3); si el acceso se concede pese a su oposición, la resolución debe estar motivada y el acceso solo se materializa transcurrido el plazo para recurrir.
  • El buen gobierno (Título II) se aplica a altos cargos de la AGE y a los altos cargos o asimilados de CCAA y entidades locales (incluidas las Juntas de Gobierno locales): no es un régimen exclusivo de la AGE.
  • Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: mandato de cinco años no renovable, nombrado por real decreto y con refrendo del Congreso por mayoría absoluta.
  • Las entidades privadas están obligadas a publicidad activa cuando reciban más de 100.000 euros en un año o al menos el 40 por 100 de sus ingresos anuales procedan de subvenciones públicas (con un mínimo de 5.000 euros).
  • La información sobre contratos menores puede publicarse trimestralmente; la Ley 14/2022 añade la estadística de participación de pymes en la contratación.
  • Acceso a datos especialmente protegidos (art. 15): ideología, afiliación sindical, religión o creencias exigen consentimiento expreso y por escrito; origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos e infracciones no públicas exigen consentimiento expreso o norma con rango de ley.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Sobre la gratuidad del acceso a la información pública, la Ley 19/2013 establece que:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 20 de Administrativo C. Madrid?

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, supuso la incorporación tardía de España, respecto de los países de nuestro entorno, a un derecho ya extendido internacionalmente: el derecho de cualquier ciudadano a acceder a la información en poder de las Administraciones Públicas, sin necesidad de motivar su solicitud, como instrumento de control democrático de la actuación pública. La ley se articula en torno a dos grandes pilares que conviene no confundir nunca en el examen: la publicidad activa (la Administración publica información por propia iniciativa, sin que nadie la pida) y el derecho de acceso (el ciudadano solicita información concreta que la Administración no tiene por qué haber publicado ya). En la Comunidad de Madrid, este marco estatal se completa y desarrolla con la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación, que además incorpora un tercer eje ausente en la ley estatal con ese nivel de desarrollo: la participación y la colaboración ciudadana, alineándose con el llamado gobierno abierto. Es un tema extenso pero muy agradecido en test porque su estructura es muy lógica y sus conceptos (límites, causas de inadmisión, silencio, reclamación) se repiten de forma muy similar en la norma estatal y en la autonómica.

¿Qué hay que memorizar del Tema 20 para el examen?

No confundir publicidad activa (la Administración publica sin que nadie lo pida, arts. 5 a 8 Ley 19/2013) con derecho de acceso (el ciudadano solicita algo concreto, arts. 12 y ss.): son dos técnicas distintas dentro de la misma ley. El derecho de acceso de la Ley 19/2013 NO exige motivación ni interés legítimo — a diferencia del acceso a expedientes de un interesado en un procedimiento concreto (Ley 39/2015). Los límites (art. 14, exigen ponderación de intereses) y las causas de inadmisión (art. 18, rechazo directo sin ponderar) son cosas distintas: no usarlos como sinónimos en el test. El silencio administrativo en materia de acceso a la información es NEGATIVO en ambas leyes, pero el plazo difiere: 1 mes prorrogable otro más en la Ley 19/2013 estatal, frente a 20 días prorrogables por otros 20 en la Ley 10/2019 de Madrid (art. 42.1). La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (o su equivalente autonómico en Madrid) es potestativa y SUSTITUTIVA de los recursos administrativos: no cabe interponerla junto con un recurso de alzada o reposición sobre el mismo acto. El buen gobierno (Título II Ley 19/2013) solo se aplica a altos cargos de la AGE y su sector público estatal — no confundir con las obligaciones de transparencia, que tienen un ámbito subjetivo mucho más amplio. La Ley 10/2019 de Madrid añade un tercer eje que la ley estatal apenas desarrolla: la participación y colaboración ciudadana (arts. 51-64: consultas públicas, foros de consulta, paneles ciudadanos, grupos colaborativos de trabajo sectoriales, derecho a proponer iniciativas reglamentarias con 10.000 firmas); la ley no prevé presupuestos participativos. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (arts. 72-79) está adscrito orgánicamente a la ASAMBLEA DE MADRID, a diferencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, adscrito al Ministerio competente (poder ejecutivo). El Registro de Transparencia de la Ley 10/2019 (arts. 65-71) es un registro de grupos de interés (lobbies) que buscan influir en normas o políticas públicas, con Código Ético obligatorio; no debe confundirse con el Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones (art. 31). El art. 18 Ley 19/2013 enumera cinco causas de inadmisión (información en curso de elaboración, auxiliar o de apoyo, que exige reelaboración, dirigida a órgano que no la posee, y solicitudes repetitivas o abusivas); no existe una sexta por reiteración de solicitudes ya resueltas. Terceros afectados: quince días para alegaciones (art. 19.3); si el acceso se concede pese a su oposición, la resolución debe estar motivada y el acceso solo se materializa transcurrido el plazo para recurrir. El buen gobierno (Título II) se aplica a altos cargos de la AGE y a los altos cargos o asimilados de CCAA y entidades locales (incluidas las Juntas de Gobierno locales): no es un régimen exclusivo de la AGE. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: mandato de cinco años no renovable, nombrado por real decreto y con refrendo del Congreso por mayoría absoluta. Las entidades privadas están obligadas a publicidad activa cuando reciban más de 100.000 euros en un año o al menos el 40 por 100 de sus ingresos anuales procedan de subvenciones públicas (con un mínimo de 5.000 euros). La información sobre contratos menores puede publicarse trimestralmente; la Ley 14/2022 añade la estadística de participación de pymes en la contratación. Acceso a datos especialmente protegidos (art. 15): ideología, afiliación sindical, religión o creencias exigen consentimiento expreso y por escrito; origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos e infracciones no públicas exigen consentimiento expreso o norma con rango de ley.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887).
  • Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013 (BOE-A-2022-11392).
  • Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE-A-2018-16673): artículo 6 bis de la Ley 19/2013 y relación con el art. 15.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565): arts. 13 y 53.
  • Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

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