Tema 22. Información administrativa y atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid. La Administración electrónica. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. La identificación y autenticación de las personas físicas y jurídicas para las diferentes actuaciones en la gestión electrónica. Decreto 188/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del personal a su servicio y de los participantes en procesos selectivos.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
Este tema combina dos planos que conviene distinguir desde el principio: por un lado, la información administrativa y la atención al ciudadano como función clásica de las oficinas y servicios de atención presencial y telefónica de cualquier Administración; por otro, la Administración electrónica, es decir, el conjunto de medios técnicos y jurídicos que permiten tramitar procedimientos y relacionarse con la Administración por internet, cuyo desarrollo reglamentario estatal más reciente es el Real Decreto 203/2021. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, este marco general se completa con una norma propia y muy singular para el opositor: el Decreto 188/2021, que impone al personal al servicio de la Administración regional —y, de forma muy relevante para quien se está preparando este mismo examen, a los participantes en procesos selectivos— la obligación de relacionarse electrónicamente con la Comunidad de Madrid, de modo que buena parte de los trámites de la propia oposición (inscripción, consulta de listas, notificaciones) se rigen precisamente por esta norma.
La información administrativa es la actividad de comunicación mediante la cual la Administración pone a disposición de los ciudadanos los datos, contenidos y orientaciones necesarios para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, así como para el conocimiento de la organización, funciones y servicios públicos existentes. La doctrina y la práctica administrativa distinguen tradicionalmente entre información general, dirigida a un destinatario indeterminado y referida a disposiciones vigentes, requisitos generales de actuaciones y procedimientos, y localización de dependencias, órganos y unidades administrativas; e información particular, referida al estado de tramitación de un procedimiento concreto en el que el solicitante tenga la condición de interesado, y que solo puede facilitarse a este último por afectar a datos personales o a un expediente identificado, distinción que conecta con la ya estudiada entre publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Junto a estas categorías, se distingue también entre información oral, prestada presencialmente o por teléfono, e información escrita, prestada a través de folletos, guías, sedes electrónicas o respuestas formales, siendo esta última la que ofrece mayores garantías de exactitud y trazabilidad frente a eventuales reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de una información incorrecta facilitada por la Administración.
Información general e información particular al ciudadano
La distinción entre información general e información particular tiene consecuencias prácticas relevantes en la organización administrativa: la información general puede prestarse por cualquier unidad de información y atención al ciudadano, sin necesidad de que quien la solicita acredite ningún interés o legitimación específica, y su contenido característico incluye la localización de dependencias administrativas, la identificación de los órganos competentes en cada materia, los requisitos jurídicos o técnicos exigidos para las actuaciones o solicitudes, y los horarios, direcciones, teléfonos y demás datos de las oficinas de registro y atención. La información particular, en cambio, exige la acreditación de la condición de interesado en el procedimiento concreto sobre el que se solicita información, dado que su contenido versa sobre el estado de tramitación de un expediente identificado y puede incluir datos de carácter personal, aplicándose en su prestación las garantías de protección de datos y de acceso a expedientes reguladas en la legislación de procedimiento administrativo común. La Administración de la Comunidad de Madrid articula la prestación de ambos tipos de información a través de un modelo mixto que combina la atención presencial en oficinas, la atención telefónica centralizada y la atención electrónica a través de la sede y el registro electrónicos, reforzando progresivamente estos dos últimos canales frente al presencial.
Las oficinas de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid dispone de una red de oficinas de atención al ciudadano distribuidas por su territorio, con la función de prestar información general y particular sobre los procedimientos, servicios y prestaciones de la Administración regional, así como de actuar como oficinas de registro para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos tanto a la propia Comunidad de Madrid como, en aplicación del principio de interoperabilidad entre registros consagrado en la legislación de procedimiento administrativo común, a cualquier otra Administración Pública. Estas oficinas integran, además de la función de registro presencial, servicios de asistencia en la identificación y firma electrónica y en el uso de los medios electrónicos disponibles, en cumplimiento de la obligación legal de asistir a aquellos interesados que no dispongan de los medios técnicos necesarios para relacionarse electrónicamente con la Administración, obligación que, no obstante, tiene menor recorrido práctico respecto de aquellos colectivos que la propia normativa madrileña obliga a relacionarse electrónicamente con carácter forzoso, como es el caso, precisamente, del personal al servicio de la Comunidad de Madrid y de los participantes en procesos selectivos, sujetos al Decreto 188/2021.
El sistema 012 de información y atención al ciudadano
El servicio 012 constituye el canal telefónico centralizado de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid, operativo mediante un número de tres cifras de fácil memorización y disponible con un amplio horario de atención, a través del cual los ciudadanos pueden obtener información general sobre los servicios, procedimientos, ayudas y prestaciones de la Administración regional, así como, en determinados trámites, iniciar gestiones concretas o ser derivados al servicio o unidad administrativa competente para su resolución. Este servicio se enmarca dentro del modelo de atención multicanal que caracteriza a la Administración electrónica moderna, en la que la atención telefónica no sustituye, sino que complementa, a la atención presencial en oficinas y a la atención electrónica a través de la sede electrónica, ofreciendo al ciudadano la posibilidad de elegir el canal que mejor se adapte a sus circunstancias y al tipo de trámite o consulta que necesite realizar. El servicio 012, como el resto de canales de información administrativa, está sujeto a los principios generales de calidad, veracidad y actualización de la información que rigen toda actividad de información administrativa, debiendo sus operadores facilitar información exacta y, en caso de duda, remitir al ciudadano a la unidad administrativa competente para una respuesta más precisa y formal.
La Administración electrónica: concepto y principios
La Administración electrónica puede definirse como el conjunto de medios y aplicaciones basados en tecnologías de la información y la comunicación que las Administraciones Públicas utilizan en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias, permitiendo la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos y la relación por vía telemática tanto entre la Administración y los ciudadanos como entre las distintas Administraciones y órganos administrativos entre sí. Su desarrollo normativo se articula fundamentalmente a través de dos leyes de 2015 (la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común, y la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público), completadas por el Real Decreto 203/2021, que aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que derogó y sustituyó al reglamento anterior de desarrollo de la Ley 11/2007 (Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre) y a otras normas reglamentarias previas sobre registros y notificaciones telemáticas. Entre los principios que informan la Administración electrónica destacan: el principio de neutralidad tecnológica, que impide condicionar el ejercicio de derechos al uso de una tecnología concreta; el principio de accesibilidad universal; el principio de interoperabilidad, que garantiza que los sistemas de información de las distintas Administraciones puedan comunicarse entre sí; y el principio de simplificación administrativa, que persigue reducir cargas mediante el aprovechamiento de la información y de los medios disponibles en la Administración.
El derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración
El artículo 14 de la Ley 39/2015 reconoce a las personas físicas el derecho, con carácter general, a elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con ellas, mientras que impone dicha obligación, sin posibilidad de elección, a las personas jurídicas, a las entidades sin personalidad jurídica, a quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, a los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, y a quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente. Además de estos colectivos legalmente obligados con carácter general, la propia ley permite que reglamentariamente las Administraciones puedan establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios: es precisamente en esta habilitación reglamentaria en la que se apoya el Decreto 188/2021 de la Comunidad de Madrid para imponer dicha obligación al personal a su servicio y a los participantes en sus procesos selectivos.
El Real Decreto 203/2021, Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos: objeto
El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, tiene por objeto desarrollar reglamentariamente las previsiones de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015 en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Derogó y sustituyó al reglamento anterior, aprobado bajo la vigencia de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (Real Decreto 1671/2009), para adaptar el desarrollo reglamentario a las dos leyes de 2015 y a la evolución tecnológica. Entró en vigor el 2 de abril de 2021. Regula, entre otras materias, los portales de internet, el Punto de Acceso General electrónico y las sedes electrónicas y sedes asociadas; la identificación y firma de las Administraciones y de los interesados; la actuación administrativa automatizada, asistida y proactiva; los registros electrónicos, las notificaciones y el uso de medios electrónicos en los procedimientos; el expediente administrativo electrónico y las copias; y las relaciones electrónicas entre Administraciones. Su ámbito de aplicación es el sector público estatal, pero constituye referencia y modelo para el desarrollo autonómico y local; en la Comunidad de Madrid se completa con su normativa propia y, de modo singular, con el Decreto 188/2021. Conviene no confundir este reglamento con los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010) y de Seguridad (Real Decreto 311/2022), que son normas distintas y complementarias.
La sede electrónica y el registro electrónico
La sede electrónica es la dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias (art. 38 de la Ley 40/2015). Su establecimiento conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma, y debe garantizar la identificación de la Administración titular y la seguridad de las comunicaciones. No debe confundirse con el portal de internet, que ofrece información y servicios sin los efectos jurídicos propios de la sede: los trámites con efectos jurídicos se realizan en la sede. El registro electrónico es el instrumento a través del cual se produce la constancia oficial de la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración, y de la salida de documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares (art. 16 de la Ley 39/2015). Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General; los organismos públicos vinculados o dependientes pueden disponer de su propio registro, plenamente interoperable e interconectado con el general. Los registros emiten automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento presentado, con fecha y hora de presentación y número de entrada de registro. Los registros de las distintas Administraciones deben ser interoperables, de modo que la presentación en el registro de una Administración incompetente no obliga a repetir el trámite. El registro electrónico permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, y se rige a efectos de cómputo de plazos por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso (art. 31 de la Ley 39/2015).
El punto de acceso general electrónico
El Punto de Acceso General electrónico (PAG) es el portal que facilita el acceso a los servicios, procedimientos e información de las Administraciones Públicas (art. 39 de la Ley 40/2015) y contiene la sede electrónica compuesta por los portales y sedes que correspondan; en la Administración General del Estado esta función la cumple el portal administracion.gob.es. A través del PAG las personas ejercen el derecho a comunicarse con las Administraciones por un punto de acceso electrónico (art. 13.a de la Ley 39/2015) y acceden a servicios comunes como la Carpeta Ciudadana (área personalizada donde cada persona puede consultar el estado de sus trámites y expedientes), el Registro Electrónico de Apoderamientos y la Dirección Electrónica Habilitada única. La Comunidad de Madrid dispone de su propio portal y de su sede electrónica, donde se integran los trámites y servicios de sus consejerías y organismos, el registro electrónico y su carpeta ciudadana. El diseño del PAG responde a los principios de simplificación y racionalización administrativa, tratando de ofrecer al ciudadano una experiencia unificada con independencia de la complejidad organizativa interna de la Administración con la que se relaciona.
Los sistemas de identificación de los interesados
El artículo 9 de la Ley 39/2015, desarrollado por el Real Decreto 203/2021, regula los sistemas que los interesados pueden utilizar para identificarse ante la Administración en sus relaciones electrónicas, distinguiendo entre sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica o de sello electrónico, sistemas de clave concertada u otros sistemas que las Administraciones consideren válidos, entre los que destaca el sistema Cl@ve como solución de identificación y autenticación común promovida por la Administración General del Estado. La identificación electrónica es el proceso mediante el cual una persona acredita ante la Administración su identidad, y se diferencia de la firma electrónica en que esta última añade, además, la garantía de la integridad del documento y de la voluntad de quien lo suscribe, siendo la identificación un requisito previo y necesario, pero no siempre suficiente, para la realización de determinadas actuaciones que, por su trascendencia jurídica, exigen específicamente la firma electrónica del interesado. El Reglamento de 2021 desarrolla estos sistemas en coherencia con el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), sobre identificación electrónica y servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183 que crea el marco europeo de identidad digital. Conviene recordar que las Administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social que consten en el DNI o documento identificativo equivalente (art. 9.1 de la Ley 39/2015).
Los sistemas de firma electrónica admitidos
El artículo 10 de la Ley 39/2015 admite, para firmar electrónicamente ante la Administración, los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación, los sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico incluidos en la citada lista de confianza, y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan, entre los que se incluyen los sistemas de firma mediante clave concertada asociados a un registro previo como usuario, muy utilizados en la práctica por su sencillez de uso frente al certificado digital tradicional. La firma electrónica cumple en el ámbito digital una función equivalente a la firma manuscrita en el ámbito del papel: identificar al firmante, vincularlo con el contenido del documento firmado y garantizar la integridad de este último frente a alteraciones posteriores, distinguiéndose, según su nivel de seguridad tecnológica y jurídica, entre firma electrónica simple, avanzada y cualificada, siendo esta última la única que la normativa europea equipara plenamente, en todos sus efectos jurídicos, a la firma manuscrita tradicional.
El certificado electrónico y el DNI electrónico
El certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad, constituyendo el instrumento técnico habitual para la identificación y firma electrónica cualificada ante las Administraciones Públicas; entre los prestadores de servicios de certificación reconocidos en España destaca la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cuyo certificado electrónico (el llamado certificado FNMT o de persona física) es uno de los más utilizados por los ciudadanos españoles en sus relaciones con la Administración electrónica. El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), regulado por su normativa específica, incorpora un chip criptográfico que permite acreditar electrónicamente y de forma indubitada la identidad de su titular y firmar digitalmente documentos con la misma validez jurídica que la firma manuscrita, constituyendo el instrumento de identificación electrónica emitido directamente por el Estado y de mayor difusión potencial entre la ciudadanía, si bien su uso efectivo requiere disponer de un lector de tarjetas inteligentes y del software correspondiente, circunstancia que ha impulsado en los últimos años el desarrollo de sistemas alternativos más sencillos de utilizar, como el propio sistema Cl@ve.
Cl@ve como sistema de identificación
Cl@ve es la plataforma común del sector público estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica de los ciudadanos, gestionada por la Administración General del Estado, con el objetivo de ofrecer un sistema unificado, sencillo y seguro para el acceso electrónico a los servicios públicos, evitando la proliferación de sistemas de identificación distintos para cada Administración y facilitando la interoperabilidad entre las sedes electrónicas del sector público, incluidas las de la Comunidad de Madrid. El sistema integra varios mecanismos de identificación de distinto nivel de seguridad: claves de uso puntual (Cl@ve PIN, mediante un código temporal enviado al usuario tras un registro previo), claves de uso reiterado (Cl@ve Permanente, mediante usuario y contraseña reforzados con un segundo factor), y la posibilidad de utilización de certificados electrónicos y DNI electrónico integrados en la misma plataforma. La oferta concreta de mecanismos (por ejemplo, la aplicación móvil) ha ido evolucionando, por lo que conviene contrastarla en la web oficial. La adopción generalizada de Cl@ve por la práctica totalidad de las Administraciones Públicas, entre ellas la Comunidad de Madrid, es uno de los ejemplos más claros del principio de interoperabilidad: evita que el ciudadano deba disponer de credenciales distintas según la Administración con la que quiera relacionarse. Para registrarse en Cl@ve es necesario acreditar la identidad (presencialmente, por videollamada o con certificado electrónico).
Los sistemas de identificación y firma de las Administraciones Públicas
Junto a los sistemas de identificación y firma de los ciudadanos, la normativa regula los sistemas mediante los que la propia Administración se identifica y firma electrónicamente sus actuaciones. La Ley 40/2015 distingue: la identificación de las Administraciones Públicas mediante sellos electrónicos basados en certificados electrónicos cualificados (art. 40); la actuación administrativa automatizada (art. 41); los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada, que son el sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, y el código seguro de verificación vinculado a la Administración, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante, que permite en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica (art. 42); y la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas (art. 43), que identifica a la persona firmante e implica la vinculación con la Administración mediante el certificado de empleado público u otros sistemas. El sello se usa con carácter general en la actuación automatizada, es decir, en actuaciones que se producen sin intervención directa de una persona física en cada caso; el código seguro de verificación es muy extendido en la práctica por su sencillez frente al uso de certificados individuales.
El sello electrónico de órgano
El sello electrónico de órgano, regulado en los artículos 40 y 42 de la Ley 40/2015 (y en el contexto de la actuación automatizada del artículo 41) y desarrollado por el Real Decreto 203/2021, es un instrumento de identificación y autenticación empleado por las Administraciones Públicas para el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, es decir, para aquellas actuaciones producidas por un sistema de información sin intervención directa de un empleado público en cada caso individual, como ocurre, por ejemplo, en la generación automática de notificaciones, en la emisión de determinados certificados o en la práctica de liquidaciones tributarias de escasa complejidad. A diferencia de la firma electrónica del personal al servicio de la Administración, que identifica y vincula a una persona física concreta, el sello electrónico de órgano identifica al propio órgano, organismo público o entidad de derecho público titular del sello, sin necesidad de que exista una persona física responsable directa de cada actuación amparada por él, si bien la creación de los sellos electrónicos debe formalizarse mediante la correspondiente resolución del órgano competente, que debe publicarse en la sede electrónica correspondiente, con indicación de las características del sistema de firma, el certificado electrónico correspondiente y el órgano responsable de su utilización y custodia, garantizando así la trazabilidad y el control sobre este tipo de actuaciones automatizadas.
La actuación administrativa automatizada
La actuación administrativa automatizada, regulada en el artículo 41 de la Ley 40/2015, es cualquier acto o actuación realizado íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en el que no haya intervenido de forma directa un empleado público, exigiendo la ley que, con carácter previo a su puesta en funcionamiento, se establezca por el órgano competente y se publique en la sede electrónica correspondiente cuál es el órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema de información, así como el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. La actuación administrativa automatizada resulta especialmente útil en trámites de escasa complejidad jurídica y elevado volumen (emisión de certificados, cálculos automáticos, notificaciones masivas), pero exige garantías reforzadas de control precisamente por la ausencia de intervención humana individualizada en cada caso concreto, garantías que se traducen en la exigencia de identificación mediante sello electrónico de órgano o código seguro de verificación, en la trazabilidad completa del algoritmo o sistema empleado, y en la posibilidad, en todo caso, de que el interesado impugne el acto automatizado: la ley exige que se indique previamente el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. El Real Decreto 203/2021 desarrolla además las modalidades de actuación administrativa asistida (el sistema genera documentos o borradores que un empleado público revisa y firma) y actuación administrativa proactiva, en que la Administración anticipa la prestación de un servicio o el reconocimiento de un derecho con los datos que ya posee, siempre con las garantías de protección de datos.
El archivo electrónico único
El artículo 17 de la Ley 39/2015 exige que cada Administración Pública mantenga un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable, debiendo cumplir dicho archivo, con las debidas medidas de seguridad, las exigencias de autenticidad, integridad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados que garanticen su valor probatorio y su disponibilidad a lo largo del tiempo, con independencia del formato y soporte en que originalmente se hubieran generado. Este mandato legal responde a la necesidad de sustituir progresivamente los tradicionales archivos administrativos en soporte papel por un modelo de conservación íntegramente digital, que facilita tanto la gestión interna de la Administración como el ejercicio del derecho de acceso a los documentos por parte de la ciudadanía, sin perjuicio de que los documentos que deban conservarse en soporte no electrónico por su especial valor se rijan por la legislación específica sobre archivos y patrimonio documental. La conservación se articula con la Ley 40/2015 (art. 46), el Esquema Nacional de Interoperabilidad y las normas técnicas de interoperabilidad de documento y expediente electrónicos. El archivo electrónico único debe garantizar, además, la interoperabilidad de los documentos conservados con el resto de sistemas de información de la propia Administración y de otras Administraciones Públicas, en aplicación del principio general de interoperabilidad que preside toda la normativa de Administración electrónica.
El Decreto 188/2021, obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Comunidad de Madrid del personal y de los participantes en procesos selectivos
El Decreto 188/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, tiene por objeto regular la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del personal a su servicio y de las personas que participan en procesos de selección para el acceso al empleo público (incluidas, según su articulado, las que forman parte de bolsas de trabajo o listas de espera), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2.e) y 3, de la Ley 39/2015. Conviene distinguir el fundamento de cada colectivo: para el personal al servicio de la Administración, el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015 ya impone por ley la obligación de relacionarse electrónicamente por razón de su condición de empleado público, en la forma que se determine reglamentariamente por cada Administración, de modo que el Decreto concreta reglamentariamente la forma de aplicación de esa obligación legal; para los aspirantes en procesos selectivos, en cambio, opera la habilitación reglamentaria del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, que permite imponer la obligación a colectivos de personas físicas que, por su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, tengan acreditado el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Es el propio Decreto el que, en ejercicio de esa habilitación, extiende la obligación a quienes participan en los procesos selectivos de acceso a la función pública autonómica, incluido cualquier aspirante a una convocatoria como la del Cuerpo de Administrativos objeto de este temario.
El ámbito subjetivo del Decreto 188/2021
El Decreto 188/2021 se aplica a la Administración de la Comunidad de Madrid y a su sector público institucional en los términos de su articulado (organismos autónomos y entes públicos de ella dependientes). Dentro de ese ámbito comprende, de un lado, al personal funcionario, laboral, estatutario o eventual al servicio de la Administración regional, cualquiera que sea la duración de su relación de empleo, en todas las actuaciones y trámites relacionados con su condición de empleado público, y, de otro lado, a las personas que participen como aspirantes en los procesos selectivos de acceso al empleo público convocados por la Comunidad de Madrid, con carácter permanente o temporal, incluida la selección mediante listas de espera o bolsas de trabajo, en todas las fases del procedimiento, desde la presentación de solicitudes hasta la elección de destinos, incluidas las reclamaciones y recursos que pudieran interponerse. Esta extensión a los aspirantes, y no solo a quienes ya son empleados públicos, es una de las singularidades más relevantes del decreto madrileño, y obliga en la práctica a que toda persona que quiera presentarse a una oposición de la Comunidad de Madrid disponga de un sistema de identificación electrónica válido (certificado electrónico, DNIe o Cl@ve) desde el momento de la inscripción. Nota: el ámbito exacto y los artículos concretos del decreto deben contrastarse con su texto publicado.
Efectos de la obligación de relación electrónica en los procesos selectivos
La sujeción de los participantes en procesos selectivos a la obligación de relacionarse electrónicamente con la Comunidad de Madrid tiene consecuencias prácticas directas para cualquier aspirante: la solicitud de participación en la convocatoria debe presentarse a través del registro electrónico de la Comunidad de Madrid, sin que quepa su presentación en papel salvo supuestos excepcionales debidamente acreditados; las notificaciones y comunicaciones relativas al desarrollo del proceso selectivo (listas de admitidos y excluidos, convocatorias a los ejercicios, resultados, requerimientos de subsanación) se practican por medios electrónicos, mediante comparecencia en la sede electrónica o la dirección electrónica habilitada única, y se entienden rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido (art. 43 de la Ley 39/2015), sin que la falta del aviso al dispositivo o correo del interesado impida la validez de la notificación (art. 41.6); y el cómputo de los plazos para alegaciones, subsanación o recursos se rige por las reglas generales: el registro electrónico permite presentar escritos las veinticuatro horas del día todos los días del año, pero los plazos por días se computan solo en días hábiles y una presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente (art. 31). Esta obligación electrónica generalizada explica que la Comunidad de Madrid facilite información y asistencia específica a los aspirantes sobre el uso de Cl@ve y de los restantes sistemas de identificación admitidos, dada su condición de requisito para participar válidamente en el proceso selectivo.
Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y atención al ciudadano
La atención al ciudadano se apoya en los derechos del artículo 13 de la Ley 39/2015: comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales de su Comunidad; acceder a la información pública, archivos y registros; ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos; exigir las responsabilidades de las Administraciones; obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica; y a la protección de los datos personales, especialmente a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros y sistemas de las Administraciones. A esos derechos se añaden los de quienes sean interesados en un procedimiento (art. 53), como conocer en cualquier momento el estado de tramitación, identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramitan, y no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración (art. 28). Los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad del artículo 3 de la Ley 40/2015 informan la actividad de información y atención. En la práctica, la información se presta por canales presenciales (oficinas de atención al ciudadano y de asistencia en materia de registros), telefónicos (el 012 en la Comunidad de Madrid y el 010 Línea Madrid en el Ayuntamiento de Madrid) y electrónicos (portales, sede y carpeta ciudadana), complementados con instrumentos de calidad como las cartas de servicios y los sistemas de sugerencias y quejas.
Asistencia en el uso de medios electrónicos y funcionarios habilitados
El artículo 12 de la Ley 39/2015 impone a las Administraciones garantizar que los interesados puedan relacionarse con ellas a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. También obliga a asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los supuestos de obligación del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Si alguno de estos trámites no pudiese realizarse porque el interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello; en este caso, es necesario que el interesado se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que debe quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. Las Administraciones mantienen un registro, u otro sistema equivalente, donde constan los funcionarios habilitados para esta actuación. Las oficinas de asistencia en materia de registros cumplen esta función y permiten, además, presentar documentos en papel para su digitalización.
Notificaciones electrónicas: reglas esenciales
Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (art. 41 de la Ley 39/2015). Se realizan mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única, o por ambos sistemas (art. 43). Se entiende practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, y rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceder a ella, quedando entonces por efectuado el trámite y siguiendo el procedimiento su curso. Con independencia de que la notificación sea en papel o electrónica, las Administraciones envían un aviso al dispositivo electrónico o al correo que el interesado haya comunicado, informándole de la puesta a disposición; la falta de práctica de este aviso no impide que la notificación sea plenamente válida. La notificación debe cursarse en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado (art. 40.2) y contener el texto íntegro de la resolución con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa y de los recursos que proceden. Si la notificación es infructuosa, se publica un anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a través del Tablón Edictal Único (art. 44).
Apoderamientos y representación electrónica
La Ley 39/2015 permite actuar por medio de representante (art. 5), con acreditación de la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir y renunciar a derechos. Esta representación puede acreditarse mediante apoderamiento apud acta, comparecencia personal, comparecencia electrónica en la sede o mediante la acreditación de la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración u organismo ante el que se actúe (arts. 5 y 6). Cada Administración mantiene su registro electrónico de apoderamientos; el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado puede ser utilizado por otras Administraciones. Los apoderamientos pueden ser generales (para cualquier actuación y ante cualquier Administración), para determinados trámites o para uno específico, y se inscriben con carácter temporal (la inscripción tiene una validez máxima de cinco años, es revocable en cualquier momento y puede prorrogarse, en los dos últimos años de vigencia, por periodos sucesivos de hasta cinco años). Un aspirante en un proceso selectivo puede, en general, actuar mediante representante, aunque la obligación de relacionarse electrónicamente alcanza también al representante.
Interoperabilidad, seguridad y accesibilidad de la Administración electrónica
La Administración electrónica descansa en tres pilares técnico-jurídicos complementarios. La interoperabilidad se regula en el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010), que fija los criterios para que sistemas y aplicaciones de las Administraciones puedan intercambiar información y compartir documentos, apoyándose en normas técnicas de interoperabilidad (documento electrónico, expediente electrónico, digitalización, copiado auténtico, política de firma, etc.). La seguridad se regula en el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo), que establece los principios básicos y requisitos mínimos de seguridad de la información tratada y los servicios prestados por el sector público, con categorías de sistemas (básica, media y alta) y la obligación de comunicar los incidentes. La accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público se regula en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, y exige que sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos. Instrumentos operativos: el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), que permite el intercambio de asientos registrales entre Administraciones; la Plataforma de Intermediación de Datos, que evita que se aporten documentos ya en poder de la Administración; FACe como punto general de entrada de facturas electrónicas; y el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3), que codifica de forma unívoca los órganos, unidades y oficinas.
Copias auténticas, digitalización y aportación de documentos
El artículo 27 de la Ley 39/2015 regula la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones: cada Administración determina los órganos con competencia para expedir copias auténticas; las copias auténticas tienen la misma validez y eficacia que el original. Los requisitos de una copia auténtica electrónica son que el documento copiado sea un original o una copia auténtica, que la copia incluya los metadatos que acrediten su condición de copia y que sea autorizada mediante firma electrónica o sello. La digitalización de documentos en papel debe garantizar la fidelidad e integridad de la imagen electrónica. Las copias en papel de documentos electrónicos son auténticas si incluyen la impresión de un código seguro de verificación o de otro sistema que permita contrastar su autenticidad. El artículo 28 establece que los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por ellas; en general, las Administraciones no exigen documentos originales, salvo que una norma lo establezca. En el contexto de una oposición, esto significa que la verificación de datos (titulación, DNI, empadronamiento) se hace por consulta a las plataformas de intermediación, salvo oposición expresa del interesado.
Cuadro de memoria: Administración electrónica
Art. 14.2 Ley 39/2015: obligados a relacionarse electrónicamente (personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales con colegiación obligatoria incluidos notarios y registradores, representantes de obligados, empleados públicos en la forma que determine cada Administración); art. 14.3: la Administración puede obligar reglamentariamente a colectivos de personas físicas con acceso acreditado a medios electrónicos (base del Decreto 188/2021 para los aspirantes). Art. 11.2: solo se exige firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para el resto basta la identificación. Art. 16: registro electrónico general; art. 16.4: lugares de presentación (registro electrónico, oficinas de Correos, representaciones diplomáticas y oficinas consulares, oficinas de asistencia en materia de registros y cualquier otro establecido). Art. 17: archivo electrónico único de procedimientos finalizados. Art. 31: registro 24 horas y día inhábil. Art. 43.2: rechazo a los diez días naturales. Real Decreto 203/2021: entra en vigor el 2 de abril de 2021. Real Decreto 4/2010 (ENI) y Real Decreto 311/2022 (ENS).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Información general (para cualquiera, sin acreditar interés) frente a información particular (solo al interesado en un expediente concreto, con datos personales): no confundirlas con publicidad activa/derecho de acceso de la Ley 19/2013, que es una distinción paralela pero distinta.
Identificación electrónica (acredita quién eres) y firma electrónica (acredita además la integridad del documento y la voluntad de suscribirlo) no son lo mismo: la identificación es requisito previo, la firma no siempre es necesaria.
Cl@ve (PIN, Permanente, o certificado/DNIe integrados) es el sistema común del sector público estatal; la Comunidad de Madrid lo integra en su sede electrónica para evitar credenciales distintas por Administración.
El sello electrónico de órgano identifica al ÓRGANO (no a una persona) y se usa específicamente en la actuación administrativa automatizada, que exige designar de antemano el órgano responsable a efectos de recurso.
El Decreto 188/2021 obliga a relacionarse electrónicamente con la Comunidad de Madrid no solo a los empleados públicos, sino también a los ASPIRANTES en procesos selectivos desde el momento de presentar la solicitud — esto incluye la propia oposición de Administrativo C1.
Personas jurídicas y colectivos profesionales colegiados están obligados por LEY (art. 14.2 Ley 39/2015) a relacionarse electrónicamente; el personal público ya está obligado por el propio art. 14.2.e) (el Decreto 188/2021 solo concreta la forma), mientras que para los ASPIRANTES en procesos selectivos el Decreto sí necesita apoyarse en la habilitación REGLAMENTARIA del art. 14.3.
El archivo electrónico único (art. 17 Ley 39/2015) es solo de documentos de procedimientos YA FINALIZADOS; no confundir con el expediente electrónico en tramitación.
Para la mayoría de actuaciones basta la identificación; la firma solo se exige para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir y renunciar a derechos (art. 11.2 Ley 39/2015).
Las notificaciones electrónicas se entienden rechazadas a los diez días naturales de la puesta a disposición sin acceso; el aviso al correo o dispositivo del interesado es una cortesía y su falta no invalida la notificación.
Actuación automatizada (art. 41 Ley 40/2015): sin intervención directa de un empleado público; debe designarse previamente el órgano responsable a efectos de impugnación; sistemas de firma: sello electrónico y código seguro de verificación (art. 42).
El Real Decreto 203/2021 sustituyó al Real Decreto 1671/2009 (reglamento de desarrollo de la Ley 11/2007, ya derogada) y entró en vigor el 2 de abril de 2021.
El Registro Electrónico General permite presentar documentos 24 horas, 365 días; una presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente (art. 31).
Oficinas de asistencia en materia de registros: digitalizan los documentos en papel presentados por quien no está obligado a la vía electrónica y devuelven los originales al interesado.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La obligación de los aspirantes en procesos selectivos de relacionarse electrónicamente con la Administración de la Comunidad de Madrid, regulada en el Decreto 188/2021, se apoya jurídicamente en:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 22 de Administrativo C. Madrid?
Este tema combina dos planos que conviene distinguir desde el principio: por un lado, la información administrativa y la atención al ciudadano como función clásica de las oficinas y servicios de atención presencial y telefónica de cualquier Administración; por otro, la Administración electrónica, es decir, el conjunto de medios técnicos y jurídicos que permiten tramitar procedimientos y relacionarse con la Administración por internet, cuyo desarrollo reglamentario estatal más reciente es el Real Decreto 203/2021. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, este marco general se completa con una norma propia y muy singular para el opositor: el Decreto 188/2021, que impone al personal al servicio de la Administración regional —y, de forma muy relevante para quien se está preparando este mismo examen, a los participantes en procesos selectivos— la obligación de relacionarse electrónicamente con la Comunidad de Madrid, de modo que buena parte de los trámites de la propia oposición (inscripción, consulta de listas, notificaciones) se rigen precisamente por esta norma.
¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?
Información general (para cualquiera, sin acreditar interés) frente a información particular (solo al interesado en un expediente concreto, con datos personales): no confundirlas con publicidad activa/derecho de acceso de la Ley 19/2013, que es una distinción paralela pero distinta. Identificación electrónica (acredita quién eres) y firma electrónica (acredita además la integridad del documento y la voluntad de suscribirlo) no son lo mismo: la identificación es requisito previo, la firma no siempre es necesaria. Cl@ve (PIN, Permanente, o certificado/DNIe integrados) es el sistema común del sector público estatal; la Comunidad de Madrid lo integra en su sede electrónica para evitar credenciales distintas por Administración. El sello electrónico de órgano identifica al ÓRGANO (no a una persona) y se usa específicamente en la actuación administrativa automatizada, que exige designar de antemano el órgano responsable a efectos de recurso. El Decreto 188/2021 obliga a relacionarse electrónicamente con la Comunidad de Madrid no solo a los empleados públicos, sino también a los ASPIRANTES en procesos selectivos desde el momento de presentar la solicitud — esto incluye la propia oposición de Administrativo C1. Personas jurídicas y colectivos profesionales colegiados están obligados por LEY (art. 14.2 Ley 39/2015) a relacionarse electrónicamente; el personal público ya está obligado por el propio art. 14.2.e) (el Decreto 188/2021 solo concreta la forma), mientras que para los ASPIRANTES en procesos selectivos el Decreto sí necesita apoyarse en la habilitación REGLAMENTARIA del art. 14.3. El archivo electrónico único (art. 17 Ley 39/2015) es solo de documentos de procedimientos YA FINALIZADOS; no confundir con el expediente electrónico en tramitación. Para la mayoría de actuaciones basta la identificación; la firma solo se exige para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir y renunciar a derechos (art. 11.2 Ley 39/2015). Las notificaciones electrónicas se entienden rechazadas a los diez días naturales de la puesta a disposición sin acceso; el aviso al correo o dispositivo del interesado es una cortesía y su falta no invalida la notificación. Actuación automatizada (art. 41 Ley 40/2015): sin intervención directa de un empleado público; debe designarse previamente el órgano responsable a efectos de impugnación; sistemas de firma: sello electrónico y código seguro de verificación (art. 42). El Real Decreto 203/2021 sustituyó al Real Decreto 1671/2009 (reglamento de desarrollo de la Ley 11/2007, ya derogada) y entró en vigor el 2 de abril de 2021. El Registro Electrónico General permite presentar documentos 24 horas, 365 días; una presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente (art. 31). Oficinas de asistencia en materia de registros: digitalizan los documentos en papel presentados por quien no está obligado a la vía electrónica y devuelven los originales al interesado.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565): arts. 5, 6, 9 a 17, 27, 28, 31, 40 a 44 y 70.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566): arts. 38 a 46.
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de Interoperabilidad; Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, Esquema Nacional de Seguridad; Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, de accesibilidad.
Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183; Ley 6/2020, de 11 de noviembre, de servicios electrónicos de confianza.
Decreto 188/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del personal a su servicio y de los participantes en procesos selectivos.
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