Ver esquema

Tema 24. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Estructura y contenido. Especialidades en el Sector Público. Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD): Definiciones. Principios. Legitimación para el tratamiento de datos personales. Derechos de los interesados. Obligaciones de los responsables y encargados. Delegado de protección de datos.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

La protección de datos personales es, junto con la transparencia, uno de los dos grandes pilares que hoy condicionan cualquier actuación administrativa que implique el tratamiento de información sobre personas físicas, y para un puesto administrativo es contenido de uso diario: cada solicitud, cada expediente, cada base de datos de personal maneja datos personales sujetos a este régimen. El marco jurídico vigente combina dos normas de nivel distinto que deben leerse siempre de forma conjunta: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma de la Unión Europea directamente aplicable en toda España desde el 25 de mayo de 2018, que fija el núcleo sustantivo común (principios, bases de legitimación, derechos, obligaciones); y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), que adapta el ordenamiento español al RGPD, completa sus previsiones allí donde el propio Reglamento remite a los Estados miembros, y añade un título propio, sin equivalente en el RGPD, dedicado a la garantía de los derechos digitales. Conviene memorizar bien qué regula cada norma para no confundir en el test un artículo del RGPD con uno de la LOPDGDD.

← Ver el índice completo del temario

La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales: estructura

La LOPDGDD se estructura en diez títulos: el Título I recoge las disposiciones generales (objeto y ámbito de aplicación); el Título II regula los principios de protección de datos; el Título III, los derechos de las personas; el Título IV, las disposiciones aplicables a tratamientos concretos; el Título V, el responsable y el encargado del tratamiento; el Título VI, las transferencias internacionales de datos; el Título VII, las autoridades de protección de datos, con especial atención a la Agencia Española de Protección de Datos; el Título VIII, los procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa; el Título IX, el régimen sancionador; y el Título X, la garantía de los derechos digitales, título de gran extensión (arts. 79 a 97) que constituye la aportación más original de la ley española respecto del propio RGPD, al reconocer derechos de nueva generación vinculados al entorno digital que la norma europea no aborda (derecho a la desconexión digital, derecho al olvido en redes sociales, derecho a la educación digital, protección de menores en internet, entre otros). Esta estructura combina, por tanto, una función de desarrollo y complemento del RGPD en los títulos I a IX con una función netamente autónoma y de creación normativa propia en el Título X.

Objeto y ámbito de aplicación de la LOPDGDD

El artículo 1 de la LOPDGDD define su doble objeto: a) adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y completar sus disposiciones, en aquellos aspectos en que el Reglamento permite un margen de configuración a los Estados miembros o remite a su derecho interno, de modo que el derecho fundamental a la protección de datos, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejerce con arreglo al RGPD y a la propia ley orgánica; y b) garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato del artículo 18.4 de la Constitución. El artículo 2 delimita el ámbito de aplicación material: cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como el tratamiento no automatizado de datos contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, tanto por entidades privadas como por las Administraciones Públicas, con las especialidades que la ley establece para el sector público. No se aplica, entre otros supuestos, a los tratamientos excluidos del ámbito del RGPD (actividades no comprendidas en el Derecho de la Unión, actividades personales o domésticas, política exterior y de seguridad común), a los tratamientos de datos de personas fallecidas (sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3) ni a los sujetos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. Los tratamientos regidos por disposiciones específicas (por ejemplo, el régimen electoral general, o los tratamientos con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, regulados por la Ley Orgánica 7/2021 que traspone la Directiva (UE) 2016/680) se rigen por su normativa propia, con la LOPDGDD y el RGPD como derecho supletorio en lo no previsto. El artículo 3 permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, y sus herederos, puedan solicitar el acceso a los datos de la persona fallecida y su rectificación o supresión, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente o lo establezca una ley.

Los derechos digitales reconocidos en la LOPDGDD

El Título X de la LOPDGDD reconoce un catálogo de derechos digitales que carecen de equivalente directo en el RGPD y que constituyen la aportación más singular de la norma española, entre los que destacan: el derecho a la neutralidad de internet y el derecho de acceso universal a internet; el derecho a la educación digital; el derecho a la protección de los menores en internet, con especial atención al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores frente a la difusión de sus datos o imágenes en redes sociales sin autorización de sus representantes legales; el derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales; el derecho al olvido en la búsqueda de contenidos y en redes sociales, que permite a cualquier persona solicitar la eliminación o la limitación de la difusión de informaciones que carecen de relevancia pública actual; el derecho a la portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes; el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, que garantiza el respeto al tiempo de descanso, permisos y vacaciones del trabajador; y el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo, así como frente a los sistemas de geolocalización de los trabajadores empleados por parte del empleador.

Especialidades del tratamiento de datos en el Sector Público

La LOPDGDD y el RGPD contemplan un conjunto de especialidades para los responsables públicos, que actúan en ejercicio de potestades públicas y en cumplimiento de obligaciones legales. Entre ellas destacan: la habilitación para tratar datos sin consentimiento cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, o de una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.c y e RGPD), con la exigencia del artículo 8 LOPDGDD de que el tratamiento fundado en una obligación legal lo prevea una norma de Derecho de la Unión o con rango de ley, y que el fundado en una misión de interés público o poderes públicos derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley; la exclusión de la base del interés legítimo para el tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones (art. 6.1 RGPD, último párrafo); la limitación del derecho de portabilidad, que el propio RGPD (art. 20.3) no aplica al tratamiento necesario para una misión de interés público; la obligación de designar un delegado de protección de datos, que el RGPD (art. 37.1.a) impone a toda autoridad u organismo público, con excepción de los tribunales en ejercicio de su función judicial; la obligación de publicar un inventario de las actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos (art. 31.2 LOPDGDD); la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad como referencia para las medidas de seguridad (disposición adicional primera); y un régimen sancionador específico (art. 77 LOPDGDD), por el que, cuando los responsables o encargados del sector público cometen una infracción, la autoridad de protección de datos dicta resolución declarando la infracción y estableciendo las medidas correctoras, sin imponer multa (se sustituye por apercibimiento y medidas, y puede proponer actuaciones disciplinarias).

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): ámbito de aplicación

El RGPD 2016/679, de aplicación directa y obligatoria en todos los Estados miembros de la Unión Europea desde el 25 de mayo de 2018, sin necesidad de transposición al ordenamiento interno, delimita su ámbito de aplicación material en el artículo 2, extendiéndolo al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, y excluyendo expresamente de su ámbito los tratamientos efectuados en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, los realizados por los Estados miembros en el ejercicio de actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del título V, capítulo 2, del Tratado de la Unión Europea (política exterior y de seguridad común), los efectuados por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, y los realizados por las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, que se rigen por su Directiva específica. El artículo 3 RGPD delimita, además, su ámbito de aplicación territorial, extendiéndolo, con el llamado criterio de establecimiento, a cualquier responsable o encargado establecido en la Unión Europea, y, con el criterio de mercado, a responsables o encargados no establecidos en la Unión cuando el tratamiento esté relacionado con la oferta de bienes o servicios a interesados en la Unión o con el control de su comportamiento.

Definiciones básicas del RGPD: dato personal, tratamiento, responsable y encargado

El artículo 4 RGPD recoge las definiciones esenciales para la comprensión de todo el Reglamento. Dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable, considerándose identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador (nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea) o uno o varios elementos propios de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social. Tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción. El responsable del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; y el encargado del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable, distinción esencial porque cada figura asume obligaciones y responsabilidades jurídicas propias y diferenciadas dentro del sistema del RGPD.

Principios relativos al tratamiento de datos personales

El artículo 5 RGPD enumera los principios que deben presidir cualquier tratamiento de datos personales, constituyendo el núcleo axiológico de todo el sistema europeo de protección de datos: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva. El propio artículo 5.2 RGPD precisa que el responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de todos estos principios y capaz de demostrarlo, consagrando así el principio de responsabilidad proactiva (accountability) como una suerte de metaprincipio que impregna la aplicación práctica de todos los demás: no basta con cumplir la norma, hay que poder acreditar documentalmente ese cumplimiento en cualquier momento ante la autoridad de control. Estos principios generales se desarrollan y concretan a lo largo de todo el articulado posterior del RGPD (las bases de legitimación desarrollan el principio de licitud, las medidas de seguridad desarrollan el de integridad y confidencialidad, el registro de actividades de tratamiento y la evaluación de impacto son manifestaciones instrumentales del principio de responsabilidad proactiva), por lo que constituyen el punto de partida obligado para el estudio sistemático del resto de la materia.

El principio de licitud, lealtad y transparencia

El artículo 5.1.a) RGPD exige que los datos personales sean tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. La licitud implica que todo tratamiento debe fundamentarse necesariamente en alguna de las bases jurídicas tasadas por el artículo 6 RGPD (consentimiento, contrato, obligación legal, interés vital, misión de interés público, interés legítimo), sin que pueda existir tratamiento válido de datos personales al margen de estas bases de legitimación. La lealtad exige que el tratamiento no se realice de manera que resulte inesperada, engañosa o perjudicial para el interesado en relación con las expectativas razonables que este pudiera tener sobre el uso de sus datos, prohibiendo prácticas que, aun siendo formalmente lícitas, resulten desleales por su opacidad o por generar en el interesado una impresión distinta de la realidad del tratamiento efectuado. La transparencia, desarrollada con detalle en los artículos 12 a 14 RGPD, obliga al responsable a facilitar al interesado, en el momento de la recogida de sus datos, información clara, concisa, inteligible y de fácil acceso sobre la identidad del responsable, la finalidad del tratamiento, la base de legitimación, los destinatarios de los datos, el plazo de conservación y los derechos que le asisten, utilizando siempre un lenguaje claro y sencillo, especialmente cuando la información se dirija a menores de edad.

El principio de minimización de datos

El artículo 5.1.c) RGPD exige que los datos personales sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, principio conocido como minimización de datos, que constituye una manifestación específica, en el ámbito de la protección de datos, del principio general de proporcionalidad que rige toda la actuación administrativa. Este principio se proyecta en dos vertientes complementarias: por un lado, obliga al responsable a no recoger más datos de los estrictamente necesarios para cumplir la finalidad declarada del tratamiento, evitando la recogida indiscriminada o excesiva de información con la mera expectativa de un eventual uso futuro; y, por otro lado, exige que el propio diseño de los sistemas y procedimientos de tratamiento incorpore, desde su concepción (privacidad desde el diseño, art. 25 RGPD), mecanismos que limiten por defecto el acceso y el volumen de datos tratados a lo estrictamente indispensable para cada finalidad concreta. En el ámbito administrativo, este principio tiene una relevancia práctica muy directa: al diseñar un formulario, una base de datos o un procedimiento de tramitación, la Administración debe justificar la necesidad de cada dato solicitado en relación con la finalidad del procedimiento, no pudiendo exigir datos personales adicionales por mera comodidad de gestión o por precaución frente a necesidades futuras no concretadas.

El principio de exactitud y de limitación del plazo de conservación

El artículo 5.1.d) RGPD exige que los datos personales sean exactos y, si fuera necesario, actualizados, debiendo adoptarse todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan, principio que fundamenta directamente el derecho de rectificación reconocido al interesado y que impone al responsable una obligación activa de verificación y actualización periódica de la información que conserva. El artículo 5.1.e) RGPD consagra, por su parte, el principio de limitación del plazo de conservación, exigiendo que los datos se mantengan de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento, si bien admite excepciones cuando los datos se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica, o fines estadísticos, siempre que se apliquen las medidas técnicas y organizativas apropiadas exigidas por el propio Reglamento para salvaguardar los derechos y libertades del interesado. Este principio obliga a las Administraciones Públicas a establecer políticas de conservación y, en su caso, de supresión o anonimización de los datos personales contenidos en sus expedientes y bases de datos, en coordinación con la normativa de archivos y patrimonio documental, que en ocasiones exige la conservación permanente de determinados fondos por su valor histórico.

El principio de integridad y confidencialidad

El artículo 5.1.f) RGPD exige que los datos personales sean tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas, principio que se desarrolla y concreta específicamente en el artículo 32 RGPD sobre seguridad del tratamiento. Este principio exige al responsable y al encargado del tratamiento una evaluación previa del riesgo asociado a cada tratamiento concreto, atendiendo a la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del mismo, así como a los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, debiendo adoptar en consecuencia medidas como la seudonimización y el cifrado de datos personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico, y un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de dichas medidas. En el ámbito administrativo, el cumplimiento de este principio se traduce habitualmente en la implementación del Esquema Nacional de Seguridad, cuyo cumplimiento resulta obligatorio para las Administraciones Públicas en el ámbito de sus sistemas de información.

El principio de responsabilidad proactiva (accountability)

El artículo 5.2 RGPD consagra el principio de responsabilidad proactiva, conocido internacionalmente por su denominación en inglés (accountability), conforme al cual el responsable del tratamiento no solo debe cumplir con el resto de principios y obligaciones que impone el Reglamento, sino que además debe ser capaz de demostrar dicho cumplimiento ante la autoridad de control en cualquier momento, invirtiendo así la lógica tradicional de un modelo de protección de datos basado en autorizaciones administrativas previas (vigente en España bajo la Ley Orgánica 15/1999) hacia un modelo de autorresponsabilidad y autoevaluación continua del propio responsable. Este principio se materializa en un conjunto de obligaciones instrumentales muy concretas y de gran relevancia práctica, todas ellas estudiadas en puntos posteriores de este mismo tema: la llevanza de un registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD); la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos cuando el tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas (art. 35 RGPD); la implementación de medidas de protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD); la notificación de las violaciones de seguridad de los datos personales (arts. 33 y 34 RGPD); y, cuando proceda, la designación de un delegado de protección de datos (arts. 37 a 39 RGPD), constituyendo en conjunto el verdadero núcleo de la gestión práctica de la protección de datos en cualquier organización, pública o privada.

Las bases de legitimación para el tratamiento de datos

El artículo 6.1 RGPD enumera de forma tasada las seis bases jurídicas que legitiman el tratamiento de datos personales, siendo necesario que concurra al menos una de ellas para que cualquier tratamiento resulte lícito: el consentimiento del interesado para uno o varios fines específicos; que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación de medidas precontractuales a petición suya; que sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable; que sea necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física; que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable; y que sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado. Es fundamental para el examen retener que estas seis bases son alternativas, no acumulativas: basta con que concurra una sola de ellas para legitimar el tratamiento, y que la letra f) (interés legítimo) no es de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones (último párrafo del art. 6.1 RGPD), de modo que la Administración Pública, en el ejercicio ordinario de sus funciones, se apoya predominantemente en las bases de obligación legal y de misión de interés público o ejercicio de poderes públicos, no en el consentimiento, que resulta la base de legitimación característica, en cambio, del tratamiento de datos por entidades privadas.

El consentimiento como base de legitimación

El artículo 4.11 RGPD define el consentimiento del interesado como toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen, exigiendo el artículo 7 RGPD que el responsable sea capaz de demostrar que el interesado consintió el tratamiento de sus datos, que la solicitud de consentimiento se presente de forma que se distinga claramente de otros asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y con un lenguaje claro y sencillo, y reconociendo en todo caso al interesado el derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, con la misma facilidad con que lo prestó, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. El artículo 8 RGPD regula, además, las condiciones aplicables al consentimiento de los menores en relación con los servicios de la sociedad de la información, fijando la edad general a partir de la cual el menor puede prestar su propio consentimiento en los dieciséis años, si bien la LOPDGDD ha ejercido la habilitación que el propio RGPD concede a los Estados miembros para rebajar esta edad, fijándola en España en los catorce años, por debajo de la cual el tratamiento solo se considera lícito si lo consiente el titular de la patria potestad o tutela del menor.

El tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión de interés público

La base de legitimación del artículo 6.1.e) RGPD, consistente en que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, constituye la base de legitimación característica y más frecuentemente invocada por las Administraciones Públicas en el desarrollo de su actividad ordinaria, precisamente porque su actuación se fundamenta, con carácter general, en el ejercicio de potestades y funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico, y no en la libre voluntad contractual o en el consentimiento individual de cada ciudadano afectado. El propio artículo 6.3 RGPD exige, no obstante, que la base jurídica de este tratamiento debe venir establecida por el Derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros que se aplique al responsable, debiendo dicho fundamento jurídico perseguir un objetivo de interés público y ser proporcional al fin legítimo perseguido, exigencia que en el ámbito administrativo español se traduce en la necesidad de identificar la norma concreta (la propia ley reguladora del procedimiento, del cuerpo de funcionarios, del registro o base de datos correspondiente) que atribuye a la Administración la competencia o función cuyo ejercicio justifica el tratamiento de los datos personales de que se trate; el artículo 8 LOPDGDD precisa que, para el tratamiento fundado en una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos, la competencia debe estar atribuida por una norma con rango de ley, y que el tratamiento basado en una obligación legal debe estar previsto en una norma de Derecho de la Unión o con rango de ley, de modo que no cabe un tratamiento de datos genérico amparado simplemente en la condición pública del responsable sin conexión con una función o competencia concreta.

Los derechos de los interesados: acceso, rectificación y supresión

El Capítulo III del RGPD (artículos 12 a 23) reconoce a toda persona física un catálogo de derechos frente al tratamiento de sus datos personales, conocidos tradicionalmente en España, con anterioridad al RGPD, como derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), ampliados ahora con nuevos derechos propios del Reglamento europeo. El derecho de acceso (art. 15 RGPD) permite al interesado obtener del responsable confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, acceder a dichos datos personales y a una información detallada sobre las finalidades del tratamiento, las categorías de datos, los destinatarios, el plazo de conservación previsto y el origen de los datos cuando no se hayan obtenido directamente del interesado. El derecho de rectificación (art. 16 RGPD) permite obtener sin dilación indebida la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan, así como que se completen los datos personales que sean incompletos. El derecho de supresión (art. 17 RGPD), también llamado derecho al olvido, permite obtener la supresión de los datos personales que conciernan al interesado cuando concurra alguna de las circunstancias tasadas por el propio precepto (los datos ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos, el interesado retira el consentimiento en que se basaba el tratamiento, o el tratamiento resulta ilícito), estando sujeto no obstante a importantes excepciones cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal o para el ejercicio de poderes públicos.

El derecho al olvido

El derecho de supresión regulado en el artículo 17 RGPD es conocido popularmente como derecho al olvido, denominación acuñada a raíz de la célebre sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 (asunto Google Spain), que reconoció por primera vez, con anterioridad incluso a la aprobación del propio RGPD, el derecho de los ciudadanos a solicitar a los motores de búsqueda en internet la eliminación de enlaces a información personal que resulte inadecuada, no pertinente, no actualizada o excesiva en relación con el tiempo transcurrido, cuando no exista un interés público prevalente que justifique su mantenimiento. El artículo 17.3 RGPD delimita, no obstante, importantes límites y excepciones al ejercicio de este derecho: no procederá cuando el tratamiento sea necesario para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información; para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de los datos, impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público; por razones de interés público en el ámbito de la salud pública; con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, en la medida en que el ejercicio del derecho pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento; o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

El derecho a la limitación del tratamiento

El artículo 18 RGPD reconoce al interesado el derecho a obtener del responsable la limitación del tratamiento de sus datos personales, entendida como el marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento futuro, en cuatro supuestos tasados: cuando el interesado impugne la exactitud de sus datos personales, durante el plazo que permita al responsable verificar dicha exactitud; cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21.1 RGPD, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. Cuando el tratamiento de datos personales se limite en virtud de este derecho, dichos datos solo podrán, con excepción de su conservación, ser tratados con el consentimiento del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica, o por razones de un interés público importante de la Unión o de un Estado miembro, debiendo el responsable informar al interesado antes de que se levante dicha limitación.

El derecho a la portabilidad de los datos

El artículo 20 RGPD reconoce al interesado el derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado inicialmente, e incluso, cuando sea técnicamente posible, a que los datos personales se transmitan directamente de un responsable a otro. Este derecho constituye una de las novedades más originales incorporadas por el RGPD respecto de la anterior normativa europea de protección de datos, y responde a la finalidad de fomentar la libre competencia y evitar situaciones de dependencia tecnológica del interesado respecto de un proveedor de servicios concreto (su origen se encuentra, precisamente, en el ámbito de los servicios digitales y de las redes sociales), si bien su ejercicio queda limitado a los tratamientos basados en el consentimiento o en un contrato, y realizados por medios automatizados, quedando expresamente excluido, como ya se ha estudiado, el tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, lo que explica que este derecho tenga, en el ámbito específico de la actividad administrativa, un recorrido práctico mucho más limitado que en el sector privado.

El derecho de oposición

El artículo 21 RGPD reconoce al interesado el derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos, o en la satisfacción de intereses legítimos del responsable o de un tercero, en cuyo caso el responsable dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. El artículo 21.2 y 21.3 RGPD regulan, con un régimen singularmente reforzado, el derecho de oposición cuando los datos personales se traten con fines de mercadotecnia directa, en cuyo caso el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con dicha mercadotecnia, sin necesidad de justificar motivo alguno relacionado con su situación particular y sin excepción posible, cesando el responsable el tratamiento de forma automática desde el momento en que reciba la oposición. Este derecho, junto con el de limitación, opera como un mecanismo de control activo del interesado sobre tratamientos que, aun siendo lícitos, este puede querer detener por razones vinculadas a su situación personal concreta.

Obligaciones del responsable del tratamiento

El artículo 24 RGPD impone al responsable del tratamiento la obligación general de aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el propio Reglamento, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas, obligación de carácter general que se concreta en un conjunto de deberes específicos regulados en artículos posteriores: implementar la protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD), garantizando que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento; llevar un registro de las actividades de tratamiento bajo su responsabilidad (art. 30 RGPD); cooperar con la autoridad de control cuando esta así lo solicite en el desempeño de sus funciones (art. 31 RGPD); aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo (art. 32 RGPD); notificar las violaciones de seguridad tanto a la autoridad de control como, en su caso, a los propios interesados afectados (arts. 33 y 34 RGPD); realizar evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos cuando el tratamiento entrañe un alto riesgo (art. 35 RGPD); y designar un delegado de protección de datos en los supuestos legalmente exigidos (arts. 37 a 39 RGPD).

Obligaciones del encargado del tratamiento

El artículo 28 RGPD regula con detalle la relación jurídica entre el responsable y el encargado del tratamiento, exigiendo que dicha relación se articule necesariamente mediante un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, así como las obligaciones y derechos del responsable. Entre las obligaciones que este contrato de encargo debe imponer necesariamente al encargado destacan: tratar los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, incluso en lo que respecta a las transferencias internacionales de datos; garantizar que las personas autorizadas para tratar los datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria; tomar todas las medidas de seguridad exigidas por el artículo 32 RGPD; asistir al responsable en la respuesta a las solicitudes de ejercicio de derechos de los interesados; ayudar al responsable a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad, notificación de violaciones y evaluación de impacto; y, a elección del responsable, destruir o devolver todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento. El encargado no puede, además, recurrir a otro encargado sin autorización previa, específica o general, por escrito del responsable.

El registro de actividades de tratamiento

El artículo 30 RGPD exige que cada responsable y, en su caso, su representante, lleve un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad, que deberá contener, entre otra información, el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del representante y del delegado de protección de datos; los fines del tratamiento; una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales; las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales; en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional; cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos; y, cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad aplicadas. El artículo 30.5 RGPD exime de esta obligación a las empresas u organizaciones con menos de 250 empleados, salvo que el tratamiento que realicen pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos, exención que, en la práctica, no ampara a las Administraciones Públicas, cuya actividad de tratamiento de datos no es meramente ocasional. Además, el artículo 31 LOPDGDD obliga a los responsables y encargados a mantener el registro de actividades de tratamiento (art. 31.1) y a los sujetos del artículo 77.1 (Administraciones Públicas, órganos constitucionales, jurisdiccionales, organismos públicos, etc.) a hacer público un inventario de sus actividades de tratamiento, accesible por medios electrónicos, en el que conste la información del artículo 30 RGPD y la base legal del tratamiento (art. 31.2); este inventario se conecta con la obligación de publicidad activa del artículo 6 bis de la Ley 19/2013.

La evaluación de impacto relativa a la protección de datos

El artículo 35 RGPD exige al responsable del tratamiento realizar, con carácter previo al tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, exigiendo el propio precepto dicha evaluación, en todo caso, cuando se produzca una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales mediante decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos significativos, cuando se traten a gran escala categorías especiales de datos, o cuando se realice una observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público (videovigilancia masiva). El contenido mínimo de la evaluación de impacto debe incluir una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de los fines del mismo, una evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad, una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, y las medidas previstas para afrontar dichos riesgos. Cuando de dicha evaluación resulte que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no adopta medidas para mitigarlo, el artículo 36 RGPD exige la consulta previa a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento.

Las medidas de seguridad en el tratamiento de datos

El artículo 32 RGPD exige al responsable y al encargado del tratamiento aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, entre las que se incluyen expresamente, cuando proceda, la seudonimización y el cifrado de datos personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos de forma rápida en caso de incidente físico o técnico, y un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas adoptadas. A diferencia del sistema anterior a 2018, basado en un catálogo cerrado de medidas de seguridad clasificadas en tres niveles según el tipo de dato (básico, medio, alto), el RGPD abandona ese modelo prescriptivo y opta por un enfoque basado en el riesgo, en el que es el propio responsable quien debe valorar, caso por caso, qué medidas resultan adecuadas y proporcionadas, sin perjuicio de que en el ámbito público estas exigencias se articulen y concreten, en la práctica, a través del Esquema Nacional de Seguridad.

La notificación de violaciones de seguridad de datos

El artículo 33 RGPD impone al responsable del tratamiento la obligación de notificar cualquier violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control competente, sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar setenta y dos horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de seguridad constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, debiendo motivarse en todo caso cualquier retraso respecto de dicho plazo. Se entiende por violación de la seguridad de los datos personales, según la definición del artículo 4.12 RGPD, toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. Cuando la violación de seguridad entrañe además un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el artículo 34 RGPD exige, adicionalmente, que el responsable comunique la violación de seguridad al propio interesado afectado sin dilación indebida, describiendo en un lenguaje claro y sencillo la naturaleza de la violación de seguridad, si bien esta comunicación directa al interesado no será necesaria cuando el responsable haya adoptado medidas que hagan ininteligibles los datos (cifrado) o cuando suponga un esfuerzo desproporcionado, en cuyo caso se optará por una comunicación pública o medida equivalente.

El Delegado de Protección de Datos: designación y funciones

Los artículos 37 a 39 RGPD regulan la figura del delegado de protección de datos, cuya designación resulta obligatoria, entre otros supuestos, cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, exceptuando a los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial, exigencia que la LOPDGDD complementa en su artículo 34, que, además de remitirse a los supuestos del artículo 37.1 RGPD, enumera varias categorías de entidades (en su mayoría privadas) que deben designarlo en todo caso, como los colegios profesionales, los centros docentes y las universidades, las entidades de crédito o los centros sanitarios, entre otras; las designaciones, nombramientos y ceses se comunican a la Agencia Española de Protección de Datos o a la autoridad autonómica en el plazo de diez días. Para las autoridades públicas la obligación deriva directamente del RGPD, sin las condiciones de volumen o de naturaleza especial que operan en el ámbito privado; el artículo 37.3 RGPD permite designar un único delegado para varias autoridades u organismos públicos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño. Las funciones del delegado de protección de datos, enumeradas en el artículo 39 RGPD, incluyen: informar y asesorar al responsable o encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del RGPD; supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y de las políticas del responsable o encargado, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal, y las auditorías correspondientes; ofrecer el asesoramiento que se le solicite en relación con la evaluación de impacto y supervisar su aplicación; cooperar con la autoridad de control; y actuar como punto de contacto para dicha autoridad y para los propios interesados. El delegado debe ejercer sus funciones con independencia, no puede recibir instrucciones en cuanto al ejercicio de las mismas, no puede ser destituido ni sancionado por desempeñarlas (el artículo 36 LOPDGDD precisa que, si es persona física integrada en la organización, no puede ser removido ni sancionado salvo dolo o negligencia grave en su ejercicio) y rinde cuentas directamente al más alto nivel jerárquico. Debe ser designado en función de sus cualidades profesionales y, en particular, de sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos (art. 37.5 RGPD); la LOPDGDD admite que ello se demuestre mediante mecanismos voluntarios de certificación (art. 35). Los interesados pueden dirigirse al delegado antes de presentar una reclamación ante la autoridad de control, y este debe comunicar su decisión en el plazo máximo de dos meses (art. 37 LOPDGDD).

La Agencia Española de Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos, regulada por el Título VII de la LOPDGDD (con especial referencia a sus artículos 44 y siguientes), es la autoridad administrativa independiente de ámbito estatal encargada de supervisar la aplicación del RGPD y de la propia LOPDGDD, actuando con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones, y con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Sus funciones, enumeradas de forma extensa por el artículo 58 RGPD y desarrolladas por la LOPDGDD, incluyen funciones de investigación (realizar investigaciones en forma de auditorías, obtener acceso a los datos personales y a los locales del responsable o encargado), funciones correctivas (dirigir advertencias y apercibimientos al responsable o encargado, ordenar la rectificación o supresión de datos, imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, e imponer sanciones administrativas), y funciones consultivas y de autorización (autorizar cláusulas contractuales tipo, aprobar códigos de conducta, autorizar determinadas transferencias internacionales de datos). En el ámbito autonómico, y por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, no existe actualmente una agencia de protección de datos propia (la agencia autonómica madrileña se extinguió a comienzos de 2013, a diferencia de lo que ocurre en otras Comunidades como Cataluña o el País Vasco, que cuentan con autoridades propias), por lo que la Agencia Española de Protección de Datos ejerce sus competencias de control también sobre los tratamientos realizados por la Administración de la Comunidad de Madrid y por las entidades locales de su territorio.

Categorías especiales de datos y datos de condenas e infracciones

El artículo 9 RGPD prohíbe, con carácter general, el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona. La prohibición se levanta en los supuestos tasados del artículo 9.2, entre los que están el consentimiento explícito del interesado, el cumplimiento de obligaciones en el ámbito laboral y de la seguridad social, la protección de intereses vitales, los datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos, la formulación o defensa de reclamaciones, un interés público esencial, la medicina preventiva o laboral y la salud pública, y el archivo en interés público, la investigación científica o histórica y los fines estadísticos. El artículo 9 de la LOPDGDD añade dos reglas: a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no basta para levantar la prohibición de tratar datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico; y los tratamientos basados en las letras g) (interés público esencial), h) (salud) e i) (salud pública) del artículo 9.2 RGPD y fundados en el Derecho español deben estar amparados en una norma con rango de ley. El artículo 10 RGPD y el 10 LOPDGDD regulan los datos de condenas e infracciones penales, cuyo tratamiento solo puede realizarse bajo el control de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o español. Los datos de salud, biométricos y genéticos exigen especial cautela en la gestión del personal (reconocimientos médicos, control de acceso por huella).

Información por capas, transparencia y ejercicio de los derechos

Los artículos 12 a 14 RGPD obligan al responsable a facilitar al interesado, de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, la información sobre el tratamiento (identidad y datos de contacto del responsable y del delegado, fines y base jurídica, destinatarios, transferencias, plazo de conservación, derechos y posibilidad de reclamar ante la autoridad de control). El artículo 11 LOPDGDD permite cumplir este deber mediante información por capas o niveles: en una primera capa, la información básica (identidad del responsable, finalidad del tratamiento y posibilidad de ejercer los derechos), con una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. El ejercicio de derechos (arts. 12 a 18 LOPDGDD) se rige por reglas comunes: el responsable debe facilitar al interesado información sobre las actuaciones derivadas de su solicitud en el plazo de un mes desde la recepción, prorrogable por otros dos meses cuando sea necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes, informando de la prórroga y los motivos dentro del primer mes (art. 12 RGPD); la información y las actuaciones son gratuitas, salvo solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas. Se prevé que el derecho de acceso pueda considerarse repetitivo si se ejerce más de una vez en seis meses, salvo causa legítima (art. 13 LOPDGDD). El ejercicio de los derechos puede hacerse por representante, y los afectados pueden dirigirse al delegado de protección de datos. Cuando se suprimen datos, el artículo 32 LOPDGDD exige su bloqueo: se conservan, identificados y separados, a disposición de jueces, tribunales, Ministerio Fiscal y Administraciones Públicas competentes durante el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades, y transcurrido ese plazo se destruyen.

Decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles

El artículo 22 RGPD reconoce el derecho de todo interesado a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Quedan fuera de la prohibición las decisiones necesarias para la celebración o ejecución de un contrato, las autorizadas por el Derecho de la Unión o del Estado miembro (con medidas adecuadas) o las basadas en el consentimiento explícito. En todo caso, el responsable debe adoptar medidas para salvaguardar los derechos del interesado, como el derecho a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión. En la Administración, esta regla se conecta con la actuación administrativa automatizada del artículo 41 de la Ley 40/2015, que exige definir el órgano responsable a efectos de impugnación; y con las evaluaciones de impacto cuando se utilicen sistemas de decisión automatizada que afecten a derechos. Los datos de categorías especiales no pueden utilizarse para decisiones automatizadas salvo consentimiento explícito o interés público esencial con medidas adecuadas.

Responsables conjuntos, representantes, códigos de conducta y certificación

Además de las obligaciones ya estudiadas, el RGPD regula figuras que completan el sistema de responsabilidad. Corresponsables (art. 26): cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento, deben determinar de modo transparente sus responsabilidades mediante un acuerdo, cuyos aspectos esenciales se ponen a disposición del interesado. Representantes (art. 27): los responsables o encargados no establecidos en la Unión que traten datos de residentes en ella designan un representante. Protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25): el responsable aplica medidas técnicas y organizativas, como la seudonimización, para aplicar los principios de protección de datos, y por defecto solo se tratan los datos necesarios para cada fin. Códigos de conducta (arts. 40 y 41) y certificación (arts. 42 y 43): instrumentos voluntarios para demostrar el cumplimiento, aprobados o acreditados por las autoridades de control. Confidencialidad: las personas que actúan bajo la autoridad del responsable o del encargado y tienen acceso a datos solo pueden tratarlos siguiendo las instrucciones del responsable (art. 29). Cooperación con la autoridad de control (art. 31).

Evaluación de impacto, listas de la AEPD y consulta previa

La evaluación de impacto relativa a la protección de datos (art. 35 RGPD) se realiza antes del tratamiento cuando sea probable que entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. El apartado 3 enumera tres supuestos en los que es obligatoria: a) evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente; b) tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos relativos a condenas e infracciones penales; y c) observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. La autoridad de control publica listas de tratamientos que requieren evaluación y, en su caso, de tratamientos que no la requieren (apartados 4 y 5), y el responsable recaba el asesoramiento del delegado de protección de datos cuando haya sido designado. Si la evaluación indica que el tratamiento entrañaría un alto riesgo en ausencia de medidas, el responsable debe consultar previamente a la autoridad de control (art. 36), que dispone de un plazo de ocho semanas, prorrogable por seis semanas más, para asesorar por escrito al responsable. Los resultados de la evaluación, junto con la documentación de las medidas adoptadas, forman parte de la responsabilidad proactiva.

Régimen sancionador y procedimiento ante la AEPD

El RGPD establece dos escalones de multas administrativas en su artículo 83: hasta 10.000.000 de euros o, tratándose de una empresa, el 2 por 100 del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior (infracciones de obligaciones del responsable y del encargado, entre otras), y hasta 20.000.000 de euros o el 4 por 100 (infracciones de los principios básicos, de las condiciones del consentimiento, de los derechos de los interesados o de las transferencias internacionales), optándose por la cuantía mayor. La LOPDGDD (Título IX, arts. 70 a 78) califica las infracciones como muy graves (que prescriben a los tres años), graves (dos años) y leves (un año), con las sanciones prescribiendo en los mismos plazos; por ejemplo, tratar datos sin que concurra ninguna de las condiciones de licitud del artículo 6 RGPD es una infracción muy grave (art. 72.1.b). No están sujetos al régimen sancionador los delegados de protección de datos (art. 70.2). Para las Administraciones Públicas y otros responsables del artículo 77, no se impone multa, sino que la autoridad dicta resolución declarando la infracción y estableciendo las medidas que procedan, sin perjuicio de las actuaciones disciplinarias que procedan, y estas resoluciones se publican en la web de la autoridad de control. En el procedimiento ante la AEPD (Título VIII), las reclamaciones se admiten o inadmiten a trámite en el plazo de tres meses (si no se notifica en ese plazo se entiende admitida), las actuaciones previas de investigación no pueden exceder de doce meses y el procedimiento sancionador tiene un plazo máximo para resolver de nueve meses desde el acuerdo de inicio. Cuando la sanción supera un millón de euros y el infractor es persona jurídica, se publica en el BOE la información que identifica al infractor, la infracción y el importe (art. 76.4).

Transferencias internacionales de datos

El Capítulo V del RGPD (arts. 44 a 50) establece el principio de que solo pueden transferirse datos personales a un tercer país u organización internacional si se cumplen las condiciones del Reglamento. Las vías son: la decisión de adecuación de la Comisión Europea (art. 45), que declara que el país garantiza un nivel de protección adecuado (existe, por ejemplo, la decisión de julio de 2023 sobre el Marco de Privacidad de Datos UE-EEUU); a falta de ella, las garantías adecuadas (art. 46), entre las que están las cláusulas contractuales tipo, las normas corporativas vinculantes (art. 47), los códigos de conducta y los mecanismos de certificación; y, en último término, las excepciones para situaciones específicas (art. 49), como el consentimiento explícito informado o la necesidad para ejecutar un contrato. La LOPDGDD regula en su Título VI (arts. 40 a 43) el régimen de las transferencias, la aprobación por la AEPD de determinados instrumentos y las autorizaciones y el procedimiento. En el sector público el encargado del tratamiento ubicado fuera de la UE o con subencargados no europeos exige especial atención al contrato de encargo y a las garantías, y debe informarse en el registro de actividades y en las cláusulas informativas a los interesados.

Reformas recientes de la LOPDGDD y normas conexas

La LOPDGDD ha sido objeto de modificaciones puntuales que conviene conocer porque el examen suele preguntar por redacciones actualizadas. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, reescribió el artículo 24 de la LOPDGDD, ahora titulado «Tratamiento de datos para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas», que se remite al RGPD, a la propia LOPDGDD y a la ley del informante (BOE-A-2023-4513). La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela (BOE-A-2025-26698), modificó el artículo 23.1 LOPDGDD para añadir, junto a los sistemas de exclusión publicitaria (listas Robinson), los servicios de preferencia, que permiten al interesado limitar la recepción de publicidad solo a determinadas empresas. La Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, regula la protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, trasponiendo la Directiva (UE) 2016/680.

Videovigilancia y derechos digitales: reglas esenciales

El artículo 22 LOPDGDD regula los tratamientos con fines de videovigilancia: las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden llevar a cabo tratamientos de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones; los datos se suprimen en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando deban conservarse para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones; el deber de información se cumple con un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible. En el ámbito laboral, los artículos 87 a 91 reconocen la intimidad ante el uso de dispositivos digitales puestos a disposición por el empleador, la videovigilancia y la grabación de sonidos en el lugar de trabajo (esta última solo cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de instalaciones, bienes y personas, y con carácter proporcional), los sistemas de geolocalización (con información previa clara y expresa) y la desconexión digital (art. 88: los trabajadores y empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido). El artículo 96 regula el testamento digital: las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, y sus herederos, pueden acceder a los contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información e impartir instrucciones sobre su utilización, destino o supresión, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente o lo establezca una ley.

Cuadro de memoria: plazos y cifras de protección de datos

Fechas: RGPD aprobado el 27 de abril de 2016 y aplicable desde el 25 de mayo de 2018; LOPDGDD de 5 de diciembre de 2018 (BOE-A-2018-16673). Edad del consentimiento propio del menor: 14 años en España (art. 7 LOPDGDD) frente a 16 años de referencia del RGPD (art. 8). Plazos: 72 horas para notificar una violación de seguridad a la autoridad de control; un mes (prorrogable dos meses más) para atender el ejercicio de derechos; diez días para comunicar designaciones y ceses de delegados a la AEPD; dos meses para que el delegado conteste una reclamación previa; un mes para el delegado cuando la AEPD remite la reclamación; ocho semanas (más seis) para la consulta previa; tres meses para admitir a trámite una reclamación; un mes de conservación máxima de imágenes de videovigilancia con las excepciones legales. Cuantías: multas de hasta 10 millones de euros o el 2 por 100, y de hasta 20 millones de euros o el 4 por 100. Prescripción de infracciones: tres años (muy graves), dos (graves) y uno (leves). Diez títulos tiene la LOPDGDD y el Título X (arts. 79 a 97) es el de los derechos digitales.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Distinguir claramente el RGPD (reglamento europeo, de aplicación directa, contiene el núcleo sustantivo: principios, bases de legitimación, derechos, obligaciones) de la LOPDGDD (ley española, completa lo que el RGPD remite a los Estados y añade el Título X de derechos digitales, sin equivalente en el RGPD).
  • Las 6 bases de legitimación del art. 6 RGPD son ALTERNATIVAS, no acumulativas — la Administración se apoya sobre todo en "obligación legal" y "misión de interés público/ejercicio de poderes públicos", casi nunca en el consentimiento.
  • La edad para que un menor preste su propio consentimiento en servicios de la sociedad de la información: el RGPD fija 16 años con carácter general, pero España la ha rebajado a 14 años vía LOPDGDD.
  • El derecho a la portabilidad (art. 20 RGPD) solo opera si el tratamiento se basa en consentimiento o contrato y es automatizado — por eso normalmente NO se aplica frente a la Administración, que trata datos por obligación legal o interés público.
  • El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD) exime a entidades con menos de 250 empleados salvo excepciones — pero esa exención NO aplica a las Administraciones Públicas, siempre obligadas a llevarlo.
  • Plazo para notificar una violación de seguridad a la autoridad de control: 72 horas desde que se tuvo constancia (art. 33 RGPD); si hay alto riesgo para el afectado, hay que comunicárselo también a él (art. 34).
  • Designar Delegado de Protección de Datos es SIEMPRE obligatorio para cualquier organismo del sector público (art. 34 LOPDGDD) — a diferencia del sector privado, donde solo es obligatorio en ciertos supuestos.
  • No confundir accountability/responsabilidad proactiva (poder DEMOSTRAR el cumplimiento, no solo cumplir) con el resto de principios del art. 5 RGPD: es el principio "paraguas" que exige documentación y evidencias.
  • La letra f) del art. 6.1 RGPD (interés legítimo) no se aplica al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones: la Administración usa sobre todo obligación legal (c) y misión de interés público o poderes públicos (e).
  • Art. 8 LOPDGDD: el tratamiento por obligación legal debe estar previsto en el Derecho de la UE o en una norma con rango de ley, y el fundado en misión de interés público o poderes públicos debe derivar de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.
  • La obligación de designar delegado en el sector público procede del art. 37.1.a RGPD (autoridades u organismos públicos, salvo tribunales en función judicial); el art. 34 LOPDGDD enumera sobre todo entidades privadas y exige comunicar designaciones y ceses en 10 días.
  • Régimen sancionador especial del sector público (art. 77 LOPDGDD): resolución declarando la infracción y medidas correctoras, sin multa; el RGPD (art. 83.7) permite a los Estados fijar si se imponen multas a autoridades públicas.
  • Multas del RGPD: hasta 10 millones de euros o 2 por 100 del volumen de negocio; hasta 20 millones de euros o 4 por 100 en las infracciones más graves; se impone la cuantía mayor.
  • Derecho de acceso repetitivo: más de una vez en seis meses salvo causa legítima (art. 13 LOPDGDD); plazo de atención de derechos: un mes, prorrogable dos meses.
  • Información por capas (art. 11 LOPDGDD): primera capa con identidad del responsable, finalidad y posibilidad de ejercer derechos, y acceso sencillo a la información adicional.
  • Prescripción de infracciones de la LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año; no se aplica el régimen sancionador al delegado de protección de datos.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

El derecho a la portabilidad de los datos (art. 20 RGPD) se aplica cuando el tratamiento:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 24 de Administrativo C. Madrid?

La protección de datos personales es, junto con la transparencia, uno de los dos grandes pilares que hoy condicionan cualquier actuación administrativa que implique el tratamiento de información sobre personas físicas, y para un puesto administrativo es contenido de uso diario: cada solicitud, cada expediente, cada base de datos de personal maneja datos personales sujetos a este régimen. El marco jurídico vigente combina dos normas de nivel distinto que deben leerse siempre de forma conjunta: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma de la Unión Europea directamente aplicable en toda España desde el 25 de mayo de 2018, que fija el núcleo sustantivo común (principios, bases de legitimación, derechos, obligaciones); y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), que adapta el ordenamiento español al RGPD, completa sus previsiones allí donde el propio Reglamento remite a los Estados miembros, y añade un título propio, sin equivalente en el RGPD, dedicado a la garantía de los derechos digitales. Conviene memorizar bien qué regula cada norma para no confundir en el test un artículo del RGPD con uno de la LOPDGDD.

¿Qué hay que memorizar del Tema 24 para el examen?

Distinguir claramente el RGPD (reglamento europeo, de aplicación directa, contiene el núcleo sustantivo: principios, bases de legitimación, derechos, obligaciones) de la LOPDGDD (ley española, completa lo que el RGPD remite a los Estados y añade el Título X de derechos digitales, sin equivalente en el RGPD). Las 6 bases de legitimación del art. 6 RGPD son ALTERNATIVAS, no acumulativas — la Administración se apoya sobre todo en "obligación legal" y "misión de interés público/ejercicio de poderes públicos", casi nunca en el consentimiento. La edad para que un menor preste su propio consentimiento en servicios de la sociedad de la información: el RGPD fija 16 años con carácter general, pero España la ha rebajado a 14 años vía LOPDGDD. El derecho a la portabilidad (art. 20 RGPD) solo opera si el tratamiento se basa en consentimiento o contrato y es automatizado — por eso normalmente NO se aplica frente a la Administración, que trata datos por obligación legal o interés público. El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD) exime a entidades con menos de 250 empleados salvo excepciones — pero esa exención NO aplica a las Administraciones Públicas, siempre obligadas a llevarlo. Plazo para notificar una violación de seguridad a la autoridad de control: 72 horas desde que se tuvo constancia (art. 33 RGPD); si hay alto riesgo para el afectado, hay que comunicárselo también a él (art. 34). Designar Delegado de Protección de Datos es SIEMPRE obligatorio para cualquier organismo del sector público (art. 34 LOPDGDD) — a diferencia del sector privado, donde solo es obligatorio en ciertos supuestos. No confundir accountability/responsabilidad proactiva (poder DEMOSTRAR el cumplimiento, no solo cumplir) con el resto de principios del art. 5 RGPD: es el principio "paraguas" que exige documentación y evidencias. La letra f) del art. 6.1 RGPD (interés legítimo) no se aplica al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones: la Administración usa sobre todo obligación legal (c) y misión de interés público o poderes públicos (e). Art. 8 LOPDGDD: el tratamiento por obligación legal debe estar previsto en el Derecho de la UE o en una norma con rango de ley, y el fundado en misión de interés público o poderes públicos debe derivar de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. La obligación de designar delegado en el sector público procede del art. 37.1.a RGPD (autoridades u organismos públicos, salvo tribunales en función judicial); el art. 34 LOPDGDD enumera sobre todo entidades privadas y exige comunicar designaciones y ceses en 10 días. Régimen sancionador especial del sector público (art. 77 LOPDGDD): resolución declarando la infracción y medidas correctoras, sin multa; el RGPD (art. 83.7) permite a los Estados fijar si se imponen multas a autoridades públicas. Multas del RGPD: hasta 10 millones de euros o 2 por 100 del volumen de negocio; hasta 20 millones de euros o 4 por 100 en las infracciones más graves; se impone la cuantía mayor. Derecho de acceso repetitivo: más de una vez en seis meses salvo causa legítima (art. 13 LOPDGDD); plazo de atención de derechos: un mes, prorrogable dos meses. Información por capas (art. 11 LOPDGDD): primera capa con identidad del responsable, finalidad y posibilidad de ejercer derechos, y acceso sencillo a la información adicional. Prescripción de infracciones de la LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año; no se aplica el régimen sancionador al delegado de protección de datos.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), DOUE L 119, de 4 de mayo de 2016.
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE-A-2018-16673).
  • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales.
  • Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (BOE-A-2023-4513): modificación del art. 24 LOPDGDD.
  • Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela (BOE-A-2025-26698): modificación del art. 23.1 LOPDGDD.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887): arts. 6 bis y 15.
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
  • Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, asunto C-131/12 (Google Spain).

Mientras tanto, practica con tests gratis de Administrativo C. Madrid.

Empieza gratis ahora