Tema 39. El Plan General de Contabilidad Pública: Primera parte: marco conceptual de la contabilidad pública. Quinta parte: definiciones a nivel de grupo.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
El Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, es el instrumento técnico-contable que traslada al sector público los criterios de la reforma contable general basada en las Normas Internacionales de Contabilidad, adaptándolos a las singularidades de la actividad pública: la existencia de un presupuesto limitativo, la ausencia de ánimo de lucro y la necesidad de rendir cuentas de la ejecución presupuestaria además de la situación patrimonial. Este tema se centra en dos de sus cinco partes: la Primera, el marco conceptual, que fija los principios y las definiciones que informan todo el sistema (activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos, criterios de valoración); y la Quinta, las definiciones a nivel de grupo, que explican el contenido de cada uno de los grandes grupos del cuadro de cuentas. Las Comunidades Autónomas, entre ellas la de Madrid, aplican un plan de contabilidad pública acorde con el PGCP estatal, cuya estructura (cinco partes y nueve grupos) y principios básicos se mantienen. Dado que el PGCP se inspira en el Plan General de Contabilidad de 2007 (Real Decreto 1514/2007), conviene estudiar ambos en paralelo, identificando lo propio del sector público: el estado de liquidación del presupuesto y el potencial de servicio.
El Plan General de Contabilidad Pública: ámbito de aplicación
El Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, es el marco contable de las entidades del sector público administrativo estatal y constituye el modelo sobre el que se han elaborado los planes de contabilidad pública de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales (que cuentan con su propia instrucción, adaptada a su organización), así como el de otras entidades del sector público que apliquen contabilidad pública en lugar de contabilidad empresarial. Su base legal está en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que atribuye a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la competencia para elaborar el Plan General de Contabilidad Pública. Entró en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2011. Quedan fuera de su ámbito directo las entidades del sector público con forma de sociedad mercantil, que se rigen por el Plan General de Contabilidad de 2007 aplicable a las empresas (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre) o por el de pequeñas y medianas empresas, según corresponda. La Comunidad de Madrid, conforme a su ley de Hacienda, aplica un plan de contabilidad pública para su Administración General y sus organismos autónomos coherente con el PGCP estatal, mientras que las entidades de naturaleza empresarial o fundacional aplican el plan contable que corresponda a su naturaleza jurídica; el detalle de la norma autonómica concreta de contabilidad no se reproduce aquí por no haberse podido confirmar.
La estructura del Plan General de Contabilidad Pública
El PGCP se estructura, siguiendo el modelo del Plan General de Contabilidad de 2007 pero con las adaptaciones propias del sector público, en cinco partes claramente diferenciadas. La Primera parte contiene el marco conceptual de la contabilidad pública, que fija las cuentas anuales, los requisitos de la información a incluir en ellas, los principios contables, los elementos de las cuentas anuales y los criterios de reconocimiento y valoración aplicables. La Segunda parte desarrolla las normas de reconocimiento y valoración, aplicando y concretando los criterios del marco conceptual a cada elemento patrimonial concreto (inmovilizado, existencias, instrumentos financieros, provisiones, ingresos y gastos, entre otros). La Tercera parte regula las cuentas anuales: su formulación, estructura y contenido (balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de liquidación del presupuesto y memoria). La Cuarta parte contiene el cuadro de cuentas, con la relación y codificación numérica de todas las cuentas utilizables, agrupadas en nueve grupos. La Quinta parte ofrece las definiciones y relaciones contables de cada grupo, subgrupo y cuenta, explicando su contenido y su forma de cargo y abono. Un truco de memoria: Marco, Normas, Cuentas anuales, Cuadro de cuentas, Definiciones (1.ª a 5.ª). Este tema solo desarrolla la 1.ª y la 5.ª; las normas de reconocimiento y valoración (2.ª), las cuentas anuales (3.ª) y el cuadro de cuentas (4.ª) se estudian en otros temas, aunque aquí se mencionan para situar los conceptos.
El marco conceptual de la contabilidad pública: concepto y finalidad
El marco conceptual, contenido en la Primera parte del PGCP, constituye el fundamento sobre el que se asienta todo el desarrollo posterior del Plan, y su finalidad es servir de guía para la elaboración de normas contables, para resolver aquellas cuestiones que no tengan una regulación específica en el resto del Plan, y para facilitar la comprensión de los criterios seguidos en la elaboración de las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales de las entidades públicas. Establece, en particular: las cuentas anuales que integran la información pública periódica que deben rendir las entidades sujetas al Plan; los requisitos que dicha información debe cumplir para ser útil (relevancia, fiabilidad, comparabilidad y claridad, entre otros); los principios contables que se aplican con carácter obligatorio; los elementos de las cuentas anuales (activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos); y los criterios de reconocimiento y de valoración de dichos elementos. Al igual que ocurre en la contabilidad privada, el marco conceptual no tiene, por sí mismo, la consideración de norma de registro y valoración con eficacia directa, sino que orienta e informa la interpretación del resto de las partes del Plan.
Los principios contables públicos
El marco conceptual del PGCP recoge un conjunto de principios contables de aplicación obligatoria que deben conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad. Entre ellos destacan el principio de gestión continuada (se presume, salvo prueba en contrario, que la gestión de la entidad continuará en el futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación); el principio del devengo (los efectos de las transacciones y demás hechos económicos se reconocen cuando ocurren, imputándose a la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, a diferencia del criterio de caja propio de la contabilidad presupuestaria); el principio de uniformidad (mantener los criterios de un ejercicio a otro); el principio de importancia relativa (admite la omisión o agrupación de aspectos irrelevantes); el principio de registro (los hechos económicos se registran cuando nacen los derechos y obligaciones); el principio de prudencia (no se contabilizan beneficios no realizados, pero sí los riesgos y pérdidas probables); el principio de imputación de la transacción; el principio del precio de adquisición; el principio de correlación de ingresos y gastos; el principio de no compensación (no se compensan partidas de activo y pasivo, ni de ingresos y gastos); y el principio de desafectación (los ingresos se destinan a financiar el conjunto de los gastos, salvo que por ley estén afectados a un fin determinado). En total el PGCP enumera once principios contables públicos. En caso de conflicto entre principios, el marco conceptual establece que debe prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel.
El principio de gestión continuada
El principio de gestión continuada parte de la presunción, salvo prueba en contrario, de que la gestión de la entidad contable pública continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene por objeto determinar el valor del patrimonio a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación de la entidad, situaciones ajenas por naturaleza a la actividad ordinaria del sector público, que no persigue el lucro ni contempla, salvo supuestos extraordinarios, su propia extinción como empresa en marcha. Este principio justifica, entre otras consecuencias, que los activos se valoren siguiendo criterios de coste histórico o de valor razonable pensados para una entidad que va a seguir utilizándolos en su actividad ordinaria, y no criterios de valor de liquidación apresurada; y que los activos de uso duradero se amorticen a lo largo de su vida útil.
El principio del devengo
El principio del devengo establece que los efectos de las transacciones o hechos económicos se reconocen contablemente cuando ocurren, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y los ingresos que afectan al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. Es el principio que marca la diferencia esencial entre la contabilidad económico-patrimonial (regida por el devengo, propia del PGCP) y la contabilidad presupuestaria (regida, con carácter general, por el criterio de caja o por reglas específicas de imputación temporal del gasto y del ingreso presupuestario, ligadas al reconocimiento de obligaciones y derechos), lo que explica por qué el resultado presupuestario de un ejercicio y el resultado económico-patrimonial del mismo ejercicio pueden no coincidir: por ejemplo, la amortización del inmovilizado es un gasto económico-patrimonial que se imputa por devengo a lo largo de la vida útil del bien, pero no genera obligación presupuestaria alguna en el momento de su cómputo, ya que la salida de fondos presupuestaria ya se produjo, en su totalidad, en el momento de la adquisición del bien.
Los elementos de las cuentas anuales: los activos
El marco conceptual define los activos como los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la entidad, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la entidad obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro, o bien un potencial de servicio, concepto este último característico de la contabilidad pública y que la distingue de la contabilidad empresarial: muchos activos del sector público (un colegio, un hospital, una carretera) no generan directamente beneficios económicos futuros en sentido estrictamente monetario, pero sí un potencial de servicio a la colectividad que justifica igualmente su reconocimiento como activo. Los activos se clasifican, a efectos de su presentación en el balance, en activos no corrientes (inmovilizado material e intangible, inversiones inmobiliarias, inversiones financieras a largo plazo) y activos corrientes (existencias, deudores presupuestarios y no presupuestarios, inversiones financieras a corto plazo, efectivo y otros activos líquidos equivalentes), atendiendo fundamentalmente al plazo previsible de realización, uso o consumo del elemento patrimonial, de forma paralela a la clasificación que existe en la contabilidad empresarial.
Los elementos de las cuentas anuales: los pasivos
El marco conceptual define los pasivos como las obligaciones actuales de la entidad, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos futuros, o un potencial de servicio. Dentro de los pasivos se distinguen las provisiones, que son pasivos que, en la fecha de cierre del ejercicio, resultan indeterminados en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se cancelarán (por ejemplo, provisiones para litigios en curso o para responsabilidades probables), de las deudas propiamente dichas, en las que tanto la cuantía como el vencimiento están perfectamente determinados. A efectos de su presentación en el balance, los pasivos se clasifican en pasivos no corrientes (deudas a largo plazo, provisiones a largo plazo) y pasivos corrientes (deudas a corto plazo, acreedores presupuestarios y no presupuestarios, provisiones a corto plazo), atendiendo igualmente al plazo previsible de vencimiento, liquidación o cancelación de la obligación. En el sector público resulta especialmente relevante la deuda financiera derivada de las operaciones de endeudamiento reguladas en el correspondiente título de la Ley de Hacienda, que constituye habitualmente la partida más significativa del pasivo no corriente.
El patrimonio neto
El patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos, e incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por la entidad o entidades propietarias o por terceros, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados y otras variaciones que le afecten, en el caso del sector público, singularmente el patrimonio aportado, el patrimonio generado (equivalente funcional de las reservas empresariales, formado por los resultados de ejercicios anteriores no aplicados) y los ajustes por cambios de valor que, transitoriamente, deban imputarse directamente al patrimonio neto antes de su reclasificación al resultado del ejercicio. En la contabilidad pública, a diferencia de la empresarial, el patrimonio neto no representa una participación en el capital social susceptible de generar dividendos, sino la financiación propia y acumulada de la entidad, siendo las subvenciones, donaciones y legados recibidos con carácter no reintegrable uno de los componentes más característicos y de mayor peso relativo del patrimonio neto de muchas entidades del sector público.
Los ingresos y los gastos
El marco conceptual define los ingresos como los incrementos en el patrimonio neto de la entidad durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones de los socios o propietarios, y los gastos, de forma simétrica, como los decrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o incremento de pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones a los socios o propietarios. Estos conceptos, propios de la contabilidad económico-patrimonial regida por el devengo, no deben confundirse con los ingresos y gastos presupuestarios estudiados en el tema de ejecución y liquidación del presupuesto (derechos reconocidos y obligaciones reconocidas), que responden a una lógica de imputación distinta, ligada al procedimiento administrativo de ejecución presupuestaria más que al devengo económico puro; de hecho, uno de los principales retos de la contabilidad pública es precisamente la conciliación entre ambas magnitudes, reflejada en el estado de liquidación del presupuesto y en las notas de conciliación de la memoria de las cuentas anuales.
Criterios de valoración: coste histórico y valor razonable
El marco conceptual del PGCP establece los criterios generales de valoración que se aplican, en cada caso concreto, según lo dispuesto en las normas de reconocimiento y valoración de la Segunda parte del Plan. El coste histórico o coste de un activo es su precio de adquisición o su coste de producción, y de un pasivo es el valor que corresponde a la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda, o, en algunos casos, la cantidad en efectivo y otros activos líquidos equivalentes que se espera entregar para liquidar una deuda en el curso normal de la actividad; es el criterio de valoración general y por defecto aplicable a la mayoría de los elementos patrimoniales del sector público (inmovilizado material e intangible, existencias). El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua, y se aplica singularmente a determinados instrumentos financieros; con carácter general, en el sector público el valor razonable tiene un ámbito de aplicación más restringido que en la contabilidad empresarial, dada la naturaleza y la finalidad de la mayoría de los activos públicos, orientados a la prestación de servicios más que a su realización en el mercado.
Las cuentas anuales del sector público: balance y cuenta de resultados
Las cuentas anuales que, conforme a la Tercera parte del PGCP, deben formular las entidades sujetas al Plan comprenden, con carácter general: el balance, que refleja la situación patrimonial de la entidad a la fecha de cierre del ejercicio, estructurado en activo, pasivo y patrimonio neto; la cuenta del resultado económico-patrimonial, equivalente funcional de la cuenta de pérdidas y ganancias empresarial, que recoge los ingresos y gastos del ejercicio (por devengo) para determinar el resultado económico-patrimonial, distinguiendo habitualmente entre operaciones de gestión ordinaria y otras partidas; el estado de cambios en el patrimonio neto, que muestra las variaciones producidas en el patrimonio neto durante el ejercicio y su origen; el estado de flujos de efectivo, que informa sobre los movimientos de tesorería; el estado de liquidación del presupuesto, singular y propio de la contabilidad pública sin equivalente en la empresarial, que refleja la ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos del ejercicio; y la memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en los demás documentos. Este conjunto de estados permite ofrecer una imagen completa tanto de la situación patrimonial y del resultado económico como del grado de cumplimiento del presupuesto legalmente aprobado.
El estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo tiene por objeto informar sobre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la entidad, clasificando los movimientos por actividades e indicando, además, la variación neta de dichos activos durante el ejercicio, con la finalidad de facilitar información sobre la capacidad de la entidad para generar tesorería y sobre las necesidades de liquidez que ha debido atender. Los flujos de efectivo se clasifican en tres categorías: flujos de las actividades de gestión (los derivados de la actividad ordinaria de la entidad y otras actividades que no puedan calificarse como de inversión o de financiación), flujos de las actividades de inversión (los relacionados con la adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes) y flujos de las actividades de financiación (los que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero de la entidad, como las operaciones de endeudamiento o su amortización). Es un estado de especial utilidad para complementar la información del balance y de la cuenta del resultado económico-patrimonial con una perspectiva estrictamente de liquidez.
La memoria de las cuentas anuales
La memoria de las cuentas anuales completa, amplía y comenta la información contenida en el balance, en la cuenta del resultado económico-patrimonial, en el estado de cambios en el patrimonio neto, en el estado de flujos de efectivo y en el estado de liquidación del presupuesto, y forma con ellos una unidad, de modo que todos estos documentos deben ser elaborados con arreglo a los principios y criterios establecidos en el Plan de forma que muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad. Su contenido comprende, entre otros extremos, la organización y actividad de la entidad, las bases de presentación de las cuentas anuales, las normas de reconocimiento y valoración aplicadas, información detallada sobre cada una de las partidas del balance y de la cuenta del resultado, información sobre la ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos con el detalle exigido (incluyendo el remanente de tesorería y sus componentes), información sobre operaciones con partes vinculadas, y cualquier otra información complementaria necesaria para alcanzar la imagen fiel cuando la aplicación de las restantes disposiciones del Plan no sea suficiente por sí sola. La memoria es, en la práctica, el documento contable de mayor extensión y detalle informativo del conjunto de las cuentas anuales.
Definiciones a nivel de grupo: Grupo 1, financiación básica
El cuadro de cuentas del PGCP se organiza en nueve grupos numerados del 1 al 9, siguiendo la misma lógica estructural que el Plan General de Contabilidad de 2007 aplicable a las empresas, con las adaptaciones terminológicas y de contenido propias del sector público. El Grupo 1, denominado financiación básica, comprende los elementos patrimoniales que, en general, tienen como características comunes las de ser fuente de financiación propia o ajena a largo plazo destinada a financiar el activo permanente y a cubrir un margen razonable del circulante. Incluye, entre otros, el patrimonio aportado y el patrimonio generado (equivalentes funcionales del capital y las reservas de la empresa privada), las subvenciones, donaciones y legados recibidos con carácter no reintegrable pendientes de imputar a resultados, las provisiones a largo plazo y las deudas a largo plazo, ya sean con entidades de crédito, mediante emisión de obligaciones u otros valores negociables, o con otras Administraciones Públicas. Es el grupo que recoge, en definitiva, la estructura financiera a largo plazo de la entidad, tanto sus recursos propios como su endeudamiento no corriente.
Grupo 2, activo no corriente
El Grupo 2, denominado activo no corriente en el PGCP de 2010 (en el plan anterior de 1994 se llamaba inmovilizado), comprende los elementos patrimoniales destinados a servir de forma duradera en la actividad de la entidad, incluidas las inversiones inmobiliarias, distinguiendo fundamentalmente entre el inmovilizado material (terrenos, construcciones como edificios públicos, centros educativos o sanitarios, infraestructuras, instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario, equipos informáticos), el inmovilizado intangible (aplicaciones informáticas, propiedad industrial, derechos de uso sobre bienes cedidos en uso), y las inversiones financieras a largo plazo, entre ellas las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas (por ejemplo, participaciones en el capital de sociedades mercantiles públicas). Recoge también, en su caso, la amortización acumulada y las correcciones valorativas por deterioro del inmovilizado, cuentas de signo contrario que minoran el valor bruto de los elementos correspondientes para reflejar su pérdida sistemática de valor por el uso o el paso del tiempo, o su pérdida excepcional de valor cuando concurran indicios de deterioro. En el sector público, el inmovilizado material tiene un peso muy superior al de la contabilidad empresarial dada la naturaleza de la actividad (infraestructuras, equipamientos, patrimonio histórico-artístico).
Grupo 3, existencias
El Grupo 3, existencias, comprende los activos poseídos por la entidad para su venta en el curso ordinario de su actividad, en proceso de producción, o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios, siguiendo la definición general de existencias trasladada desde la contabilidad empresarial. Aunque su peso relativo dentro del sector público administrativo (Administración General, organismos autónomos) es habitualmente menor que en la contabilidad de una empresa mercantil, dada la escasa actividad productiva o comercial en sentido estricto de estas entidades, sí resultan relevantes en determinados ámbitos de la actividad pública: entidades sanitarias que gestionan existencias de material clínico, farmacéutico y de consumo hospitalario; entidades educativas con material didáctico; o entidades de naturaleza empresarial del sector público que sí desarrollan una actividad de producción o comercialización de bienes en sentido propio. El grupo incluye subgrupos para comerciales, materias primas, productos en curso, productos terminados y subproductos, residuos y materiales recuperados, y provisiones por depreciación de existencias, con la misma lógica que en la contabilidad empresarial.
Grupo 4, acreedores y deudores
El Grupo 4, acreedores y deudores, comprende las cuentas personales y efectos comerciales activos y pasivos que tienen su origen en el tráfico de la entidad, así como las cuentas con Administraciones Públicas y otras cuentas a cobrar y a pagar de naturaleza análoga (excluidas las de naturaleza estrictamente financiera, propias del Grupo 5), constituyendo uno de los grupos con mayor especificidad y desarrollo en la contabilidad pública respecto de la empresarial, precisamente por la necesidad de reflejar la doble dimensión presupuestaria y patrimonial de estos derechos y obligaciones. Incluye, entre otros, los deudores presupuestarios (derechos de cobro reconocidos derivados de la ejecución del presupuesto de ingresos del propio ejercicio y de ejercicios cerrados), los acreedores presupuestarios (obligaciones reconocidas derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos, tanto del ejercicio corriente como de presupuestos cerrados), los deudores y acreedores no presupuestarios (operaciones de naturaleza extrapresupuestaria, como fianzas o depósitos recibidos y constituidos), y las cuentas específicas con la Hacienda Pública y con otras Administraciones Públicas por operaciones de naturaleza tributaria o de transferencias. Este grupo es, en la práctica, la conexión contable más directa entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad económico-patrimonial.
Grupo 5, cuentas financieras
El Grupo 5, cuentas financieras, comprende los medios líquidos disponibles, otros activos y pasivos financieros no incluidos en los grupos 1 y 4, incluidas las provisiones a corto plazo, distinguiéndose de estos últimos por su carácter estrictamente financiero y por su vencimiento, realización o exigibilidad a corto plazo, en contraposición al Grupo 1, que recoge la financiación básica a largo plazo. Incluye, entre otros, los préstamos y créditos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos; los valores representativos de deuda a corto plazo, tanto emitidos por la propia entidad (deuda pública a corto plazo) como los adquiridos como inversión financiera temporal; las fianzas y depósitos constituidos y recibidos a corto plazo; y, de forma muy destacada por su volumen de operaciones, la tesorería propiamente dicha: caja y bancos, tanto en cuentas restringidas de recaudación como de pagos, que constituyen el reflejo contable directo de la actividad de tesorería. Es, junto con el Grupo 4, uno de los grupos de mayor movimiento diario en la contabilidad de cualquier entidad del sector público.
Grupo 6, compras y gastos
El Grupo 6, compras y gastos, comprende los aprovisionamientos de mercaderías y demás bienes adquiridos por la entidad para revenderlos, ya sea sin transformación o previo sometimiento a algún proceso de fabricación o transformación, y todos los gastos del ejercicio, incluidas las adquisiciones de servicios, cuya contrapartida sea, normalmente, una cuenta del Grupo 4 o del Grupo 5. Comprende, entre otros subgrupos, los aprovisionamientos y compras propiamente dichos; los gastos de personal (sueldos y salarios, seguridad social a cargo de la entidad, otros gastos sociales), que en el sector público administrativo constituye habitualmente el capítulo de gasto más voluminoso; los gastos en servicios exteriores (arrendamientos, reparaciones, servicios profesionales independientes, suministros); los tributos; las pérdidas y los gastos excepcionales; las dotaciones para amortizaciones; las pérdidas por deterioro y otras dotaciones; las transferencias y subvenciones concedidas, subgrupo de especial relevancia y volumen en el sector público al ser uno de los instrumentos principales de la actividad de fomento de las Administraciones; y los gastos financieros, derivados fundamentalmente del servicio de la deuda pública. Todas las cuentas de este grupo tienen, con carácter general, saldo deudor y se cargan por el importe del gasto devengado en el ejercicio.
Grupo 7, ventas e ingresos
El Grupo 7, ventas e ingresos, comprende las ventas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas por la actividad de la entidad, tanto las que constituyen su tráfico habitual como otros ingresos, cuya contrapartida es, con carácter general, una cuenta del Grupo 4 o del Grupo 5, siendo el grupo simétricamente opuesto al Grupo 6 en cuanto recoge todos los ingresos devengados en el ejercicio. Comprende, entre otros subgrupos, las ventas de bienes y prestaciones de servicios propiamente dichas; los ingresos tributarios (impuestos, tasas y contribuciones especiales devengados, con la particularidad de que su reconocimiento contable puede no coincidir exactamente con el reconocimiento presupuestario del derecho, dado el distinto criterio de imputación temporal aplicable); las transferencias y subvenciones recibidas, tanto corrientes como de capital, procedentes de otras Administraciones Públicas o de la Unión Europea, subgrupo de especial peso en la contabilidad de la Comunidad de Madrid dado el sistema de financiación autonómica; los trabajos realizados por la entidad para su propio inmovilizado; los ingresos financieros; y otros ingresos de gestión ordinaria y beneficios e ingresos excepcionales. Todas las cuentas de este grupo tienen, con carácter general, saldo acreedor y se abonan por el importe del ingreso devengado en el ejercicio, en aplicación directa del principio del devengo estudiado en el marco conceptual.
Grupo 8, gastos imputados al patrimonio neto
El Grupo 8, gastos imputados al patrimonio neto, recoge los gastos que, por prescripción del Plan, no se llevan a la cuenta del resultado económico-patrimonial en el momento en que se producen, sino directamente a una partida del patrimonio neto, de donde se reclasificarán después al resultado cuando se cumplan las condiciones establecidas. Se trata de un grupo de uso transitorio: sus cuentas se saldan al cierre del ejercicio contra las correspondientes cuentas de patrimonio neto, de modo que el balance no muestra saldo en el Grupo 8. Responde a la lógica del estado de cambios en el patrimonio neto, en el que se presentan los ingresos y gastos reconocidos directamente en patrimonio. Su equivalente en el Plan General de Contabilidad de 2007 es también el Grupo 8, con idéntica denominación.
Grupo 9, ingresos imputados al patrimonio neto
El Grupo 9, ingresos imputados al patrimonio neto, es el simétrico del Grupo 8: recoge los ingresos que, por prescripción del Plan, no se llevan a la cuenta del resultado económico-patrimonial en el momento en que se generan, sino directamente a una partida del patrimonio neto. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las subvenciones, donaciones y legados recibidos en tanto están pendientes de imputación a resultados y determinados ajustes por cambios de valor. Al igual que el Grupo 8, es un grupo de uso transitorio cuyas cuentas se saldan al cierre del ejercicio. Mnemotecnia: los grupos 6 y 7 son gastos e ingresos del resultado; los grupos 8 y 9 son gastos e ingresos del patrimonio neto.
Contabilidad presupuestaria y contabilidad económico-patrimonial: cuadro de diferencias
Conviene sistematizar las diferencias entre las dos contabilidades. La contabilidad presupuestaria registra la ejecución del presupuesto de gastos (créditos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos) y del presupuesto de ingresos (derechos reconocidos y recaudación), y se refleja en el estado de liquidación del presupuesto. La contabilidad económico-patrimonial registra los hechos económicos por devengo con independencia de su cobro o pago y se refleja en el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. La conexión entre ambas se produce principalmente a través del Grupo 4 (deudores y acreedores presupuestarios) y del Grupo 5 (tesorería). Resultado presupuestario y resultado económico-patrimonial miden magnitudes distintas y casi nunca coinciden: la compra de un inmovilizado es gasto presupuestario en el ejercicio de la adquisición pero solo genera gasto económico por amortización en los ejercicios de su vida útil.
Requisitos de la información y criterios de reconocimiento
El marco conceptual exige que la información de las cuentas anuales sea relevante (útil para la toma de decisiones y la rendición de cuentas), fiable (libre de errores materiales y neutral), comparable (en el tiempo y entre entidades) y clara (comprensible). Estos requisitos se matizan con las restricciones de oportunidad, materialidad y equilibrio entre coste y beneficio. Respecto del reconocimiento, un elemento se registra en las cuentas anuales cuando cumple la definición de activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso o gasto, es probable que se produzcan beneficios o rendimientos económicos o potencial de servicio asociados, y puede valorarse con fiabilidad. El marco conceptual enumera también otros criterios de valoración además de los dos principales: valor neto realizable, valor actual, valor en uso, coste de reposición, coste amortizado, coste de producción y valor contable.
Esquema de ecuaciones y definiciones de memoria
Ecuación patrimonial: Activo = Pasivo + Patrimonio neto. Resultado económico-patrimonial = Ingresos - Gastos (por devengo). Patrimonio neto = Activo - Pasivo. Activo corriente: realizable, consumible o vendible en el ciclo normal de explotación o en un plazo máximo de un año; no corriente: el resto. Pasivo corriente: exigible en un año o menos. Imagen fiel: objetivo final de las cuentas, que debe mostrar el patrimonio, la situación financiera, el resultado económico-patrimonial y la ejecución del presupuesto. Estados que forman las cuentas anuales (seis): balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de liquidación del presupuesto y memoria.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El PGCP tiene 5 partes: 1ª Marco conceptual, 2ª Normas de reconocimiento y valoración, 3ª Cuentas anuales, 4ª Cuadro de cuentas, 5ª Definiciones y relaciones contables — este tema desarrolla la 1ª y la 5ª.
El devengo (contabilidad económico-patrimonial: gasto/ingreso se imputa cuando ocurre, no cuando se cobra/paga) es distinto del criterio presupuestario clásico (obligación/derecho reconocido) — por eso el resultado económico-patrimonial y el resultado presupuestario de un mismo ejercicio pueden no coincidir. Ejemplo típico de examen: la amortización es gasto contable pero no genera obligación presupuestaria.
Activo: control económico de un recurso del que se espera un beneficio económico O un potencial de servicio (concepto propio del sector público, sin equivalente exacto en la empresa privada). Pasivo: obligación actual cuya extinción probablemente implique salida de recursos.
Patrimonio neto público = patrimonio aportado + patrimonio generado + ajustes por cambios de valor; no representa capital social ni genera dividendos, a diferencia de la empresa privada.
Coste histórico es el criterio general y por defecto en el sector público (inmovilizado, existencias); el valor razonable tiene un ámbito más restringido que en la empresa privada, principalmente instrumentos financieros.
El estado de liquidación del presupuesto es EXCLUSIVO de la contabilidad pública, sin equivalente en el Plan General de Contabilidad empresarial de 2007.
9 grupos del cuadro de cuentas (memorizar el número, muy preguntado en test): 1 Financiación básica, 2 Inmovilizado, 3 Existencias, 4 Acreedores y deudores, 5 Cuentas financieras, 6 Compras y gastos, 7 Ventas e ingresos, 8 y 9 Gastos e ingresos imputados al patrimonio neto (ajustes por cambios de valor).
Los once principios contables públicos son: gestión continuada, uniformidad, importancia relativa, registro, prudencia, devengo, imputación de la transacción, precio de adquisición, correlación de ingresos y gastos, no compensación y desafectación.
El Grupo 2 se denomina activo no corriente en el PGCP 2010 (inmovilizado era la denominación del plan de 1994).
Los grupos 8 y 9 (gastos e ingresos imputados al patrimonio neto) son transitorios y se saldan al cierre contra patrimonio neto; los grupos 6 y 7 son gastos e ingresos del resultado.
Las cuentas anuales del PGCP son seis: balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de liquidación del presupuesto y memoria.
Las cuentas del Grupo 6 (gastos) tienen saldo deudor y las del Grupo 7 (ingresos) saldo acreedor; la conexión entre contabilidad presupuestaria y patrimonial se hace sobre todo a través del Grupo 4.
Base normativa: Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que aprueba el PGCP; elaborado conforme a la Ley 47/2003 General Presupuestaria; el PGC empresarial es el Real Decreto 1514/2007.
El estado de flujos de efectivo clasifica los flujos en tres categorías: actividades de gestión, de inversión y de financiación.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuántas partes tiene el PGCP?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 39 de Administrativo C. Madrid?
El Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, es el instrumento técnico-contable que traslada al sector público los criterios de la reforma contable general basada en las Normas Internacionales de Contabilidad, adaptándolos a las singularidades de la actividad pública: la existencia de un presupuesto limitativo, la ausencia de ánimo de lucro y la necesidad de rendir cuentas de la ejecución presupuestaria además de la situación patrimonial. Este tema se centra en dos de sus cinco partes: la Primera, el marco conceptual, que fija los principios y las definiciones que informan todo el sistema (activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos, criterios de valoración); y la Quinta, las definiciones a nivel de grupo, que explican el contenido de cada uno de los grandes grupos del cuadro de cuentas. Las Comunidades Autónomas, entre ellas la de Madrid, aplican un plan de contabilidad pública acorde con el PGCP estatal, cuya estructura (cinco partes y nueve grupos) y principios básicos se mantienen. Dado que el PGCP se inspira en el Plan General de Contabilidad de 2007 (Real Decreto 1514/2007), conviene estudiar ambos en paralelo, identificando lo propio del sector público: el estado de liquidación del presupuesto y el potencial de servicio.
¿Qué hay que memorizar del Tema 39 para el examen?
El PGCP tiene 5 partes: 1ª Marco conceptual, 2ª Normas de reconocimiento y valoración, 3ª Cuentas anuales, 4ª Cuadro de cuentas, 5ª Definiciones y relaciones contables — este tema desarrolla la 1ª y la 5ª. El devengo (contabilidad económico-patrimonial: gasto/ingreso se imputa cuando ocurre, no cuando se cobra/paga) es distinto del criterio presupuestario clásico (obligación/derecho reconocido) — por eso el resultado económico-patrimonial y el resultado presupuestario de un mismo ejercicio pueden no coincidir. Ejemplo típico de examen: la amortización es gasto contable pero no genera obligación presupuestaria. Activo: control económico de un recurso del que se espera un beneficio económico O un potencial de servicio (concepto propio del sector público, sin equivalente exacto en la empresa privada). Pasivo: obligación actual cuya extinción probablemente implique salida de recursos. Patrimonio neto público = patrimonio aportado + patrimonio generado + ajustes por cambios de valor; no representa capital social ni genera dividendos, a diferencia de la empresa privada. Coste histórico es el criterio general y por defecto en el sector público (inmovilizado, existencias); el valor razonable tiene un ámbito más restringido que en la empresa privada, principalmente instrumentos financieros. El estado de liquidación del presupuesto es EXCLUSIVO de la contabilidad pública, sin equivalente en el Plan General de Contabilidad empresarial de 2007. 9 grupos del cuadro de cuentas (memorizar el número, muy preguntado en test): 1 Financiación básica, 2 Inmovilizado, 3 Existencias, 4 Acreedores y deudores, 5 Cuentas financieras, 6 Compras y gastos, 7 Ventas e ingresos, 8 y 9 Gastos e ingresos imputados al patrimonio neto (ajustes por cambios de valor). Los once principios contables públicos son: gestión continuada, uniformidad, importancia relativa, registro, prudencia, devengo, imputación de la transacción, precio de adquisición, correlación de ingresos y gastos, no compensación y desafectación. El Grupo 2 se denomina activo no corriente en el PGCP 2010 (inmovilizado era la denominación del plan de 1994). Los grupos 8 y 9 (gastos e ingresos imputados al patrimonio neto) son transitorios y se saldan al cierre contra patrimonio neto; los grupos 6 y 7 son gastos e ingresos del resultado. Las cuentas anuales del PGCP son seis: balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de liquidación del presupuesto y memoria. Las cuentas del Grupo 6 (gastos) tienen saldo deudor y las del Grupo 7 (ingresos) saldo acreedor; la conexión entre contabilidad presupuestaria y patrimonial se hace sobre todo a través del Grupo 4. Base normativa: Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que aprueba el PGCP; elaborado conforme a la Ley 47/2003 General Presupuestaria; el PGC empresarial es el Real Decreto 1514/2007. El estado de flujos de efectivo clasifica los flujos en tres categorías: actividades de gestión, de inversión y de financiación.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (competencias de contabilidad pública de la IGAE).
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad (comparación con el plan empresarial).
Normativa de contabilidad pública de la Comunidad de Madrid (no confirmada la disposición concreta en esta revisión).
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