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Tema 19. Subvenciones públicas: Disposiciones generales y procedimientos de concesión.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, constituyen el marco jurídico general de la actividad de fomento de las Administraciones Públicas: la técnica por la cual el sector público entrega fondos a particulares o a otras entidades públicas, sin contraprestación directa, para incentivar la realización de una actividad de interés público o social o para fomentar una finalidad pública. Es una de las tres grandes formas clásicas de intervención administrativa (junto a la de policía y la de servicio público) y, en el temario de administrativo, un tema muy denso en procedimiento porque combina la fase de concesión (bases reguladoras, convocatoria, concurrencia competitiva) con la fase de control posterior (justificación, reintegro, régimen sancionador). Conviene tener siempre presente la distinción entre el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva y el procedimiento de concesión directa, así como el papel de la Base de Datos Nacional de Subvenciones como instrumento de transparencia y control del conjunto del sistema de ayudas públicas en España.

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La Ley 38/2003, General de Subvenciones: objeto y ámbito

El artículo 1 LGS define el objeto de la ley: la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas, con la finalidad de garantizar una gestión eficaz y transparente que se ajuste a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. La ley tiene carácter básico en buena parte de su articulado (su disposición final primera la dicta al amparo del artículo 149.1 de la Constitución, en particular de sus reglas 13.ª y 18.ª, relativas a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y a las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y relaciona los preceptos que tienen ese carácter), lo que determina que resulte de aplicación a todas las Administraciones Públicas, si bien las Comunidades Autónomas pueden dictar normas propias de desarrollo, como ocurre en la Comunidad de Madrid con su normativa presupuestaria y de gestión económico-financiera. El artículo 3 LGS delimita el ámbito subjetivo de aplicación, comprendiendo a la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados a ella, así como, en lo básico, a las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, sus organismos autónomos y demás entes de derecho público con personalidad jurídica propia vinculados a las mismas.

Concepto de subvención

El artículo 2 LGS define la subvención como toda disposición dineraria realizada por una Administración Pública a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios; que esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido; y que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social, o de promoción de una finalidad pública. La ausencia de contraprestación directa es el rasgo que diferencia estructuralmente la subvención del contrato: en el contrato la Administración recibe una prestación equivalente al precio, mientras que en la subvención el beneficiario recibe fondos públicos a cambio de realizar una actividad que, aunque beneficia también al interés general, no supone una prestación directa e inmediata a favor de la Administración concedente. El propio artículo 2 y los siguientes excluyen del régimen de la ley o del concepto de subvención figuras próximas, como las aportaciones dinerarias entre Administraciones para financiar globalmente la actividad del ente receptor, las prestaciones del sistema de Seguridad Social o los beneficios fiscales; conviene no confundir la subvención con el convenio (la LRJSP prohíbe que un convenio tenga por objeto prestaciones propias de los contratos) ni con el contrato (que sí implica contraprestación).

Principios generales de la gestión de subvenciones

El artículo 8 LGS establece los principios que deben presidir la gestión de las subvenciones: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, entre los que destaca la exigencia de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. La ley exige además que, con carácter previo al establecimiento de nuevas subvenciones, se concreten en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, condicionando el otorgamiento de subvenciones a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto o en las leyes especiales que regulen su concesión. El procedimiento ordinario de concesión, salvo las excepciones legalmente previstas, debe tramitarse en régimen de concurrencia competitiva, entendida como el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de dichos criterios.

Los sujetos de la relación jurídica subvencional

La relación jurídica subvencional presenta una estructura triangular potencial que combina hasta tres sujetos: el órgano concedente, que es la Administración Pública o cualquier organismo o entidad de derecho público que proceda al otorgamiento de la subvención; el beneficiario, que es la persona que ha de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentra en la situación que legitima su concesión; y, eventualmente, la entidad colaboradora, que actúa de intermediaria entre ambos. La LGS regula también con detalle la figura de la agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad jurídica, que pueden acceder a la condición de beneficiario, exigiendo en tal caso que se hagan constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. Con carácter general, antes de la propuesta de resolución de concesión el beneficiario debe acreditar que está al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; el Reglamento (RD 887/2006) permite sustituir los certificados por una declaración responsable cuando la subvención no supere una cuantía reducida (3.000 euros), requisito de comprobación habitual en la práctica administrativa y muy preguntado en test.

El beneficiario de la subvención: requisitos y obligaciones

El artículo 11 LGS define al beneficiario como la persona que ha de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentra en la situación que legitima su concesión, exigiendo el artículo 13 que no incurra en ninguna de las prohibiciones tasadas por la ley para obtener la condición de beneficiario (haber sido condenado por sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, no hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, o haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, entre otras). El artículo 14 LGS enumera las obligaciones del beneficiario, entre las que destacan: cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención; justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención; someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que correspondan; comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones para la misma finalidad, en cumplimiento del principio de incompatibilidad relativa que rige el sistema; y conservar los documentos justificativos durante el plazo que sea susceptible de actuaciones de comprobación y control.

La entidad colaboradora

El artículo 12 LGS define a la entidad colaboradora como aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entrega y distribuye los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabora en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos, cuando así se prevea. Pueden tener esta condición las Administraciones Públicas y sus organismos, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por Administraciones Públicas, las asociaciones, fundaciones y demás entidades, públicas o privadas, que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan, formalizándose su participación mediante un convenio de colaboración en el que se regulan, de acuerdo con lo previsto por la LGS, sus derechos y obligaciones. Entre sus obligaciones principales destacan: entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras, comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes de la concesión de las subvenciones, justificar la entrega de los fondos ante el órgano concedente, y someterse a las actuaciones de comprobación que este pueda efectuar, así como a las de control financiero. Al igual que el beneficiario, la entidad colaboradora no puede estar incursa en las prohibiciones legalmente tasadas.

El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva

El artículo 22 LGS configura la concurrencia competitiva como el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, cuyas fases se desarrollan a partir del artículo 23: iniciación de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que debe desarrollar el procedimiento para su concesión y se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la cual dará traslado del extracto al diario oficial correspondiente; instrucción del procedimiento por el órgano que se designe en las bases reguladoras, incluyendo la evaluación de las solicitudes conforme a los criterios de valoración previamente fijados; y resolución de concesión por el órgano competente, en la que se hará constar de manera expresa el rechazo del resto de solicitudes. El artículo 22.1 LGS establece la regla general de que el procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, comparando las solicitudes presentadas entre sí y adjudicando la subvención, con el límite del crédito disponible fijado en la convocatoria, a aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios previamente establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria. La norma permite, no obstante, que en las convocatorias tramitadas por este procedimiento se pueda fijar una cuantía adicional, cuya aplicación no requerirá una nueva convocatoria, para el caso de que se incremente el crédito disponible.

El procedimiento de concesión directa

Frente a la regla general de la concurrencia competitiva, el artículo 22.2 LGS admite la concesión directa de subvenciones, con carácter excepcional y siempre que quede debidamente justificada su procedencia, en tres supuestos tasados: las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones; aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que siguen el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa; y, con carácter más residual, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. La concesión directa no está exenta de garantías: exige igualmente la existencia de crédito adecuado y suficiente, la aprobación del gasto por el órgano competente, y la formalización, cuando así se prevea, de un convenio o resolución de concesión en el que se establezcan las condiciones y compromisos aplicables, siendo objeto habitual de fiscalización por los órganos de control interno precisamente por sustraerse a la comparación competitiva propia del régimen ordinario.

Las bases reguladoras de las subvenciones

El artículo 17 LGS exige que, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, se aprueben las correspondientes bases reguladoras, mediante orden del ministro u órgano competente en la Administración General del Estado, o mediante el instrumento normativo que corresponda en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en las que se concretará, entre otros extremos, el objeto de la subvención, el procedimiento de concesión, los requisitos que deberán reunir los beneficiarios, el procedimiento de justificación, los criterios de graduación de los posibles incumplimientos y la posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta. Las bases reguladoras constituyen la norma de cabecera de todo el sistema subvencional en una materia determinada y su naturaleza jurídica es la de disposición administrativa de carácter general, lo que determina su sujeción a los principios de jerarquía normativa, publicidad e irretroactividad propios de este tipo de normas, y su fiscalización, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa a través del recurso indirecto o de la cuestión de ilegalidad. Las bases reguladoras deben respetar, en todo caso, los principios y el contenido mínimo exigido por la LGS y su Reglamento, si bien pueden ser objeto de adaptación específica mediante la correspondiente convocatoria, siempre que esta se mantenga dentro de los límites fijados por aquellas.

La convocatoria de subvenciones

El artículo 23 LGS regula la convocatoria como el acto administrativo mediante el que se inicia el procedimiento de concesión y que debe contener, como contenido mínimo, la indicación de la disposición que establece las bases reguladoras, la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas y crédito presupuestario al que se imputan, el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, los requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos, los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento, el plazo de presentación de solicitudes, el plazo de resolución y notificación, y los criterios de valoración de las solicitudes, entre otros extremos. La convocatoria debe publicarse, junto con su extracto, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que remite el extracto para su publicación en el diario oficial correspondiente, sistema instaurado precisamente para simplificar la tramitación administrativa sin merma de la publicidad efectiva del procedimiento. La aprobación de la convocatoria corresponde al órgano competente y debe indicar expresamente el sometimiento de la subvención regulada a los requisitos y condiciones que establece la propia LGS, así como cumplir el requisito previo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión.

La instrucción del procedimiento de concesión

El artículo 24 LGS regula la instrucción del procedimiento de concesión, que corresponde al órgano que se designe en las normas reguladoras de la subvención, y que comprende, entre otras actuaciones, la comprobación de que las solicitudes reúnen los requisitos exigidos y, si hay defecto o falta de documentación, el requerimiento al interesado para que subsane en el plazo de diez días, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud (en línea con el artículo 68 de la Ley 39/2015). A continuación se evalúan las solicitudes conforme a los criterios de valoración fijados en las bases y en la convocatoria. Cuando el procedimiento se tramita en concurrencia competitiva, la evaluación corresponde a un órgano colegiado, cuya composición establecen las bases reguladoras, que emite un informe con el resultado de la evaluación; a la vista de dicho informe, el órgano instructor formula la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notifica a los interesados para que, en el plazo que se establezca, presenten alegaciones. Examinadas las alegaciones se formula la propuesta de resolución definitiva, que expresa el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión y su cuantía, con su evaluación y los criterios seguidos. Dos reglas que se preguntan: la propuesta de resolución, provisional o definitiva, no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le notifique la resolución de concesión; y el trámite de audiencia puede omitirse cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

La resolución de concesión

El artículo 25 LGS establece que el procedimiento de concesión termina con la resolución del órgano competente, que debe ser motivada, fijar la cuantía de la subvención e incorporar, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el beneficiario; en los procedimientos en concurrencia competitiva, la resolución hace constar de manera expresa el rechazo del resto de solicitudes. El plazo máximo para resolver y notificar no puede exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea; el plazo se cuenta desde la publicación de la convocatoria, salvo que esta posponga sus efectos a una fecha posterior. Transcurrido el plazo sin haberse notificado resolución expresa, el interesado puede entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, lo que constituye una excepción destacada, y muy preguntada en test, a la regla general del silencio positivo del artículo 24 de la Ley 39/2015 (la propia LPAC admite el silencio negativo cuando una norma con rango de ley lo establezca). Contra la resolución cabe el régimen de recursos de la Ley 39/2015 y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo; en la resolución deben indicarse los recursos que procedan. Una vez notificada, la resolución es el título que reconoce al beneficiario el derecho a percibir la subvención, condicionado al cumplimiento de las obligaciones asumidas. Si se prevé la reformulación de solicitudes, esta no puede alterar el objeto ni las condiciones, ni dañar derechos de tercero.

El pago de la subvención: anticipos y pagos a cuenta

El artículo 34 LGS regula el pago de la subvención, que se realiza, con carácter general, previa justificación por el beneficiario de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió. La ley permite que las bases prevean pagos a cuenta, que son pagos fraccionados que responden al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas y se abonan por la cuantía correspondiente a la parte de la actividad ya realizada, y pagos anticipados, que son entregas de fondos con anterioridad a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Tanto unos como otros pueden condicionarse a la constitución de garantías por el beneficiario, aunque la normativa reglamentaria exime de ellas a determinados sujetos (Administraciones Públicas, entidades sin ánimo de lucro en ciertos supuestos, subvenciones de escasa cuantía). Regla clave: no puede realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. Recuérdese que el pago anticipado y el pago a cuenta son excepciones que deben preverse en las bases reguladoras: sin esa previsión, la regla es pago previa justificación.

La justificación de la subvención

Los artículos 30 y 31 LGS regulan la justificación como la obligación del beneficiario de acreditar, ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión, constituyendo un requisito ineludible para tener por correctamente aplicados los fondos públicos percibidos. La forma más habitual de justificación es la cuenta justificativa, que debe incluir, según su modalidad, la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas y la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, si bien la ley admite otras modalidades más simplificadas, como la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, la cuenta justificativa simplificada para subvenciones de menor cuantía, o la justificación mediante módulos cuando la naturaleza de la actividad subvencionada así lo permita. El plazo de justificación se determina en las bases reguladoras y en la convocatoria, y su incumplimiento, o la justificación insuficiente, constituye causa de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, además de poder generar responsabilidad en el orden sancionador; los gastos subvencionables deben corresponder de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada y haberse realizado en el plazo establecido por las bases reguladoras, exigiéndose además que se acredite su pago efectivo con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

El reintegro de subvenciones: causas

El artículo 37 LGS enumera las causas que dan lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro (o hasta la devolución voluntaria, si el beneficiario devuelve sin previo requerimiento). Entre las causas más relevantes se encuentran: la obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando aquellas que lo hubieran impedido; el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión; el incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente; el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión exigidas; la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero; y el incumplimiento de las obligaciones impuestas a beneficiarios y entidades colaboradoras con motivo de la concesión cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a satisfacer sus compromisos, la cantidad a reintegrar se determina aplicando criterios de proporcionalidad (art. 37.2). El reintegro es un procedimiento administrativo no sancionador: su finalidad es restituir fondos indebidamente percibidos o aplicados, no castigar; las cantidades a reintegrar tienen la consideración de ingresos de derecho público. El procedimiento de reintegro se inicia de oficio y tiene un plazo máximo de resolución de doce meses desde el acuerdo de iniciación.

El régimen sancionador en materia de subvenciones

El Título IV de la LGS (artículos 52 a 69) regula el régimen sancionador aplicable a las infracciones administrativas en materia de subvenciones, entendiendo por tales las acciones y omisiones tipificadas en la propia ley, cometidas por los sujetos que puedan resultar responsables (beneficiarios, entidades colaboradoras y, en su caso, terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación). La ley clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, atendiendo a criterios como la cuantía no justificada de la subvención, la existencia o no de ocultación a la Administración, la trascendencia social de los hechos, la existencia de intencionalidad, el incumplimiento de las obligaciones de adoptar medidas de difusión, y la reiteración de las infracciones cometidas, pudiendo ser las sanciones pecuniarias (multa) y no pecuniarias, entre estas últimas la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, de contratar con la Administración o de actuar como entidad colaboradora durante un plazo de hasta tres años en las infracciones graves y de hasta cinco años en las muy graves, y rigiéndose el procedimiento sancionador, en lo no previsto en la LGS, por los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas (legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad). La responsabilidad derivada del incumplimiento a que se refiere el régimen sancionador es independiente y compatible con la obligación de reintegro que, en su caso, proceda, tratándose de dos consecuencias jurídicas distintas y acumulables ante unos mismos hechos.

El control financiero de subvenciones

El Título III de la LGS (artículos 44 a 51) regula el control financiero de subvenciones, atribuido con carácter general a la Intervención General de la Administración del Estado, y a los órganos de control equivalentes en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, y que tiene por objeto verificar la adecuada y correcta obtención, disfrute y aplicación de la subvención por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, así como el cumplimiento de las obligaciones impuestas con motivo de la concesión. El control financiero se distingue del control interno ordinario de la actividad económico-financiera del sector público en que se proyecta específicamente sobre la actividad subvencional, comprendiendo tanto actuaciones de comprobación material de la realización de la actividad subvencionada como el examen de los registros contables, cuentas o estados financieros del beneficiario, así como cualquier otro documento de que dispongan, y facultando al órgano de control para recabar de las personas o entidades sujetas al mismo cuanta información resulte necesaria, así como para acceder a los locales, aunque no constituyan el domicilio social. El ejercicio del control financiero puede dar lugar a la incoación del correspondiente expediente de reintegro y, en su caso, del expediente sancionador, cuando de las actuaciones de comprobación se deriven indicios racionales del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa reguladora de la subvención.

La Base de Datos Nacional de Subvenciones

La Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), regulada en el artículo 20 LGS, es un sistema de información integrado, de carácter público, cuya finalidad es servir de instrumento para la planificación y coordinación de las políticas de fomento, dar mayor transparencia a las ayudas y subvenciones públicas concedidas por cualquier Administración, y facilitar el seguimiento y control de las subvenciones desde el momento en que se conceden. Toda Administración concedente está obligada a comunicar a la BDNS, entre otros datos, la convocatoria y el extracto de su contenido, así como las subvenciones concedidas, con indicación, según los casos, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario, la entidad concedente, el importe, el beneficiario y el objeto de la subvención; esta comunicación se convirtió, tras la reforma introducida por la Ley 15/2014, en el mecanismo sustitutivo de la publicación en los diarios oficiales, remitiendo estos directamente al extracto correspondiente disponible en la BDNS. La BDNS opera además como sistema nacional de publicidad de subvenciones a los efectos de las obligaciones de transparencia de la Ley 19/2013, y permite verificar, con carácter previo a la concesión de una nueva subvención, si el solicitante está incurso en alguna prohibición para obtener la condición de beneficiario, en particular las derivadas de procedimientos de reintegro o sancionadores no concluidos.

Normativa aplicable y fuentes del régimen subvencional

El régimen jurídico de las subvenciones se ordena por capas. En primer lugar, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE-A-2003-20977), y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En segundo lugar, las normas propias de cada Administración (en el ámbito local, las ordenanzas generales o específicas de subvenciones y las bases de ejecución del presupuesto; en las Comunidades Autónomas, su legislación de desarrollo, que no puede contradecir los preceptos básicos). En tercer lugar, las bases reguladoras y la convocatoria de cada línea, que son la norma específica aplicable al caso. Finalmente, y con carácter supletorio, la legislación de procedimiento administrativo común (Ley 39/2015) para todo lo no previsto, y las reglas del Derecho de la Unión Europea cuando la subvención se financie con fondos europeos o se encuadre en el régimen de ayudas de Estado. Un principio útil para el examen: la LGS regula la subvención como técnica de fomento; los premios sin contraprestación, las becas y las ayudas de acción social del personal propio tienen reglas singulares, y no deben confundirse con los contratos, que sí implican contraprestación, ni con los convenios, que persiguen un fin común.

Requisitos previos para conceder y órganos competentes

Antes de conceder una subvención deben cumplirse varios requisitos previos que la ley y el Reglamento exigen de forma acumulativa: la aprobación de las bases reguladoras; la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto; la competencia del órgano que concede; y el cumplimiento de la normativa presupuestaria sobre autorización, disposición y fiscalización del gasto. Con carácter previo a la aprobación de nuevas subvenciones, el artículo 8 LGS exige además el plan estratégico de subvenciones, que es un instrumento de planificación de carácter programático, no normativo, y que no crea derechos para los posibles beneficiarios: su efectividad queda condicionada a la aprobación de las bases y a la dotación presupuestaria. En el ámbito de la Administración General del Estado, son órganos competentes para conceder los Ministros y los Secretarios de Estado, y en los organismos públicos, los presidentes o directores, según sus normas de creación; cuando el importe de la subvención sea superior a 12 millones de euros, se exige la autorización previa del Consejo de Ministros. En las entidades locales, la competencia se determina conforme a la legislación de régimen local y a las bases de ejecución del presupuesto.

Contenido de las bases reguladoras y bases en la Administración local

El artículo 17 LGS fija el contenido mínimo que deben tener las bases reguladoras: la definición del objeto de la subvención; los requisitos que deben reunir los beneficiarios y entidades colaboradoras y la forma y plazo de acreditarlos; el procedimiento de concesión (concurrencia competitiva o concesión directa); los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, su ponderación; la cuantía individualizada o los criterios para determinarla; el órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución; el plazo y la forma de justificación; las medidas de garantía; la posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta; las circunstancias que podrán dar lugar a la modificación de la resolución; la compatibilidad o incompatibilidad con otras ayudas; y los criterios de graduación de los posibles incumplimientos. En la Administración General del Estado las bases se aprueban por orden ministerial, previos los informes preceptivos; en las entidades locales se aprueban en el marco de las bases de ejecución del presupuesto mediante una ordenanza general de subvenciones o una ordenanza específica para cada modalidad, lo que explica que un mismo Ayuntamiento tenga un régimen general más las convocatorias concretas. Las bases son una disposición de carácter general: pueden ser impugnadas directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa o indirectamente al recurrir su acto de aplicación.

La concesión directa: tipos y tramitación

El artículo 22.2 LGS enumera los tres supuestos de concesión directa, y el artículo 28 y el Reglamento desarrollan su tramitación. Primero, las subvenciones nominativas, previstas con ese carácter en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales: el beneficiario y el importe constan en el presupuesto y la concesión se formaliza mediante resolución o convenio. Segundo, las subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía viene impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que siguen el procedimiento que establezca esa norma. Tercero, con carácter excepcional, las subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública; en el ámbito estatal el Reglamento prevé para este supuesto un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro competente. Rasgo común: la concesión directa exige expediente, crédito y justificación de las razones por las que se prescinde de la concurrencia, y no exime de las obligaciones de justificación, reintegro y control. Diferencia que cae en test: la concurrencia competitiva compara solicitudes entre sí y ordena por puntuación; la concesión directa no compara, porque el beneficiario viene determinado de antemano o por razones singulares.

Prohibiciones para ser beneficiario y obligaciones de comprobación

El artículo 13.2 LGS enumera las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora: haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas; haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso salvo que haya adquirido eficacia un convenio, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación; haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración; estar incursos los administradores de la entidad en alguno de los supuestos de la normativa sobre incompatibilidades de altos cargos; no hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social; tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal; no hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones; y haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. La apreciación de estas prohibiciones, cuando sea posible, se produce de oficio mediante la consulta de las bases de datos, entre ellas la BDNS; en caso contrario, se acreditan por testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable. Atención a un matiz clásico: estas prohibiciones son tasadas, de interpretación restrictiva, y se aplican tanto al beneficiario como a la entidad colaboradora.

Obligaciones del beneficiario: subcontratación, conservación y publicidad

Además de las obligaciones que enumera el artículo 14 (realizar la actividad, justificar, someterse a control, comunicar otras ayudas y modificaciones de las condiciones, acreditar estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, disponer de los libros contables y registros que exija la normativa, conservar los documentos, dar publicidad a la financiación y proceder al reintegro cuando corresponda), conviene retener tres desarrollos. Primero, la subcontratación (art. 29): se entiende que el beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad subvencionada; la subcontratación se permite hasta el porcentaje que fijen las bases y, si estas no dicen nada, hasta el 100 por 100; no se puede subcontratar con personas incursas en las prohibiciones del artículo 13 ni con entidades vinculadas con el beneficiario salvo en condiciones controladas; y cuando la actividad subcontratada supere el 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el contrato debe formalizarse por escrito y ser autorizado previamente por el órgano concedente. Segundo, la conservación de documentos, que debe mantenerse mientras puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control (en la práctica, el plazo de prescripción del reintegro, cuatro años). Tercero, la publicidad: el beneficiario debe dar adecuada difusión al carácter público de la financiación, y su incumplimiento es causa de reintegro.

Gastos subvencionables y compatibilidad con otras ayudas

El artículo 31 LGS considera gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las bases; además deben estar efectivamente pagados antes de que acabe el período de justificación. Reglas de examen: si el gasto subvencionable supera las cuantías fijadas para el contrato menor en la legislación de contratos del sector público (actualmente 40.000 euros en obras y 15.000 euros en suministros y servicios), el beneficiario debe solicitar como mínimo tres ofertas de proveedores distintos antes de contraer el compromiso, salvo que no existan en el mercado suficientes entidades que presten el servicio o suministren el bien, y elegir de acuerdo con criterios de eficiencia y economía, justificando la elección si no es la oferta más ventajosa; en el caso de bienes inventariables, las bases fijan el período durante el cual deben mantenerse destinados al fin concreto de la subvención, que no puede ser inferior a cinco años si son bienes inscribibles en un registro público ni a dos años para los demás. En cuanto a la compatibilidad (art. 19), salvo que las bases dispongan otra cosa, las subvenciones son compatibles con otras, pero el importe de todas ellas no puede superar el coste de la actividad subvencionada; el beneficiario debe comunicar la obtención de otras ayudas y, si hay exceso, procede la minoración o el reintegro del exceso. La obtención concurrente de otras ayudas puede dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Justificación: plazo, requerimiento y comprobación

En la fase de justificación hay varios plazos y trámites que se preguntan con frecuencia. El plazo de justificación lo fijan las bases y la convocatoria y, en defecto de regla expresa, el Reglamento establece que la cuenta justificativa debe presentarse como máximo tres meses después de finalizar el plazo de realización de la actividad. Si transcurre el plazo sin presentar la justificación, el órgano administrativo requiere al beneficiario para que la presente en el plazo improrrogable de quince días, advirtiéndole de que la falta de presentación en ese plazo llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades; la presentación en este plazo adicional no exime de las sanciones que correspondan. Una vez presentada la cuenta, el órgano concedente comprueba la adecuada justificación de la subvención y la realización de la actividad (art. 32), pudiendo practicar comprobaciones de valores y requerir la aportación de los documentos originales. El incumplimiento de la obligación de justificar o la justificación insuficiente determina el reintegro total o parcial. Para la justificación, el Reglamento admite la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, la cuenta con informe de auditor, la cuenta simplificada para subvenciones de importe reducido, la justificación por módulos y la presentación de estados contables, según determinen las bases.

Invalidez de la concesión y supuestos de reintegro: sujetos, prescripción y procedimiento

El artículo 36 LGS dispone que son causas de nulidad de la resolución de concesión las previstas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, y causas de anulabilidad las demás infracciones del ordenamiento jurídico, en especial las reglas de la propia LGS; la declaración de nulidad o anulación lleva consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas. En el reintegro, están obligados al mismo los beneficiarios y las entidades colaboradoras (en la parte que corresponda a los fondos que hayan recibido y no hayan entregado), y los responsables solidarios o subsidiarios que la ley prevé. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años, contados desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación, y se interrumpe por cualquier acción de la Administración realizada con conocimiento formal del beneficiario, por la interposición de recursos y por actuaciones de control financiero. Es competente para exigir el reintegro el órgano concedente, previo expediente en el que se da audiencia al interesado. Por último, la devolución voluntaria puede hacerse sin requerimiento previo de la Administración; en tal caso, los intereses de demora se calculan hasta el momento en que se produce la devolución efectiva.

Infracciones, sanciones y relación con el reintegro

El régimen sancionador de la LGS (Título IV) considera infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la ley, que son sancionables incluso a título de simple negligencia. Son responsables los beneficiarios, las entidades colaboradoras, los representantes legales de unos y otras y las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación que se hayan visto obligadas a colaborar con la Administración. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves; por ejemplo, la falta de justificación de la aplicación de los fondos suele ser infracción grave, mientras que la obtención de la subvención falseando u ocultando las condiciones, o la no aplicación de los fondos a los fines para los que se concedieron, se tipifican como muy graves. Las sanciones pueden ser pecuniarias (multa fija o proporcional sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada) y, en infracciones graves y muy graves, no pecuniarias. Reintegro y sanción son compatibles y acumulables, porque tienen naturaleza y finalidad distintas; en el procedimiento sancionador rigen las garantías propias del Derecho sancionador (legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y non bis in idem), mientras que el reintegro es un procedimiento no sancionador. El plazo de prescripción de las infracciones y de las sanciones es de cuatro años.

Cuadro de memoria: plazos y cifras de la LGS

Seis meses: plazo máximo para resolver y notificar la concesión (silencio desestimatorio). Diez días: subsanación de solicitudes defectuosas. Quince días: alegaciones de terceros en otros procedimientos; en la justificación, plazo improrrogable tras el requerimiento por falta de presentación. Tres meses: plazo máximo para presentar la cuenta justificativa tras finalizar la actividad, salvo que las bases digan otra cosa. Doce meses: plazo máximo del procedimiento de reintegro. Cuatro años: prescripción del derecho a reintegro, de las infracciones y de las sanciones. Tres años y cinco años: duración máxima de las sanciones no pecuniarias en infracciones graves y muy graves. Doce millones de euros: umbral a partir del cual la concesión de una subvención por la AGE requiere autorización del Consejo de Ministros. Cuantías del contrato menor (40.000 y 15.000 euros): umbral para exigir tres ofertas. Veinte por ciento y 60.000 euros: umbrales de subcontratación que exigen contrato escrito y autorización previa. Estos números son los que habitualmente se alteran en las opciones incorrectas de los tests.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El rasgo que define la subvención frente al contrato es la AUSENCIA de contraprestación directa a favor de la Administración: en el contrato hay intercambio, en la subvención hay fomento de una actividad de interés general.
  • El procedimiento ordinario es la concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS); la concesión directa (art. 22.2) es la excepción y exige justificación expresa: subvenciones nominativas en presupuestos, impuestas por ley, o por razones de interés público/social/económico/humanitario acreditadas.
  • El silencio administrativo en el procedimiento de concesión de subvenciones es NEGATIVO (desestimatorio) si transcurren 6 meses sin resolución expresa — excepción a la regla general de silencio positivo del procedimiento administrativo común.
  • Distinguir pago a cuenta (fraccionado, según ritmo de ejecución ya realizada) de pago anticipado (entrega de fondos ANTES de justificar, como financiación de la actividad).
  • El reintegro (devolver lo cobrado indebidamente) y la sanción (consecuencia punitiva) son compatibles y acumulables: no son la misma cosa ni se excluyen entre sí.
  • La Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) sustituye, desde la reforma de la Ley 15/2014, a la publicación en diarios oficiales: la convocatoria se publica en la BDNS y esta remite el extracto al boletín correspondiente.
  • Beneficiario (recibe y ejecuta) y entidad colaboradora (entrega/distribuye fondos por cuenta del órgano concedente) son sujetos distintos: no confundir sus obligaciones respectivas.
  • Las bases reguladoras son disposición de carácter general: se aprueban por orden ministerial en la AGE y, en las entidades locales, por ordenanza (general o específica); la convocatoria las aplica y no puede contradecirlas.
  • La propuesta de resolución, provisional o definitiva, no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se notifique la resolución de concesión.
  • Pago previa justificación es la regla; los pagos anticipados y a cuenta solo caben si lo prevén las bases, y no se paga a quien no esté al corriente con Hacienda y la Seguridad Social o sea deudor por reintegro.
  • Reintegro y sanción son cosas distintas: el reintegro no es sancionador (devuelve lo indebidamente percibido más interés de demora; plazo del procedimiento 12 meses; prescripción 4 años); la sanción exige procedimiento sancionador y se admite incluso por simple negligencia.
  • Sanciones no pecuniarias: pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, contratar o ser entidad colaboradora hasta 3 años en infracciones graves y hasta 5 años en muy graves.
  • Gasto subvencionable por encima de las cuantías del contrato menor (40.000 euros obras; 15.000 euros suministros y servicios): hay que pedir tres ofertas, salvo que no existan suficientes proveedores.
  • Trampa típica: el silencio en la concesión es negativo (6 meses), pero eso no significa que la Administración deje de estar obligada a resolver expresamente.
  • Concesión directa no es discrecionalidad libre: solo en los tres supuestos del art. 22.2 LGS (nominativas, impuestas por norma con rango de ley, razones excepcionales de interés público, social, económico o humanitario debidamente acreditadas).
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La Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene, entre otras, la función de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 19 de Administrativo C. Madrid?

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, constituyen el marco jurídico general de la actividad de fomento de las Administraciones Públicas: la técnica por la cual el sector público entrega fondos a particulares o a otras entidades públicas, sin contraprestación directa, para incentivar la realización de una actividad de interés público o social o para fomentar una finalidad pública. Es una de las tres grandes formas clásicas de intervención administrativa (junto a la de policía y la de servicio público) y, en el temario de administrativo, un tema muy denso en procedimiento porque combina la fase de concesión (bases reguladoras, convocatoria, concurrencia competitiva) con la fase de control posterior (justificación, reintegro, régimen sancionador). Conviene tener siempre presente la distinción entre el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva y el procedimiento de concesión directa, así como el papel de la Base de Datos Nacional de Subvenciones como instrumento de transparencia y control del conjunto del sistema de ayudas públicas en España.

¿Qué hay que memorizar del Tema 19 para el examen?

El rasgo que define la subvención frente al contrato es la AUSENCIA de contraprestación directa a favor de la Administración: en el contrato hay intercambio, en la subvención hay fomento de una actividad de interés general. El procedimiento ordinario es la concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS); la concesión directa (art. 22.2) es la excepción y exige justificación expresa: subvenciones nominativas en presupuestos, impuestas por ley, o por razones de interés público/social/económico/humanitario acreditadas. El silencio administrativo en el procedimiento de concesión de subvenciones es NEGATIVO (desestimatorio) si transcurren 6 meses sin resolución expresa — excepción a la regla general de silencio positivo del procedimiento administrativo común. Distinguir pago a cuenta (fraccionado, según ritmo de ejecución ya realizada) de pago anticipado (entrega de fondos ANTES de justificar, como financiación de la actividad). El reintegro (devolver lo cobrado indebidamente) y la sanción (consecuencia punitiva) son compatibles y acumulables: no son la misma cosa ni se excluyen entre sí. La Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) sustituye, desde la reforma de la Ley 15/2014, a la publicación en diarios oficiales: la convocatoria se publica en la BDNS y esta remite el extracto al boletín correspondiente. Beneficiario (recibe y ejecuta) y entidad colaboradora (entrega/distribuye fondos por cuenta del órgano concedente) son sujetos distintos: no confundir sus obligaciones respectivas. Las bases reguladoras son disposición de carácter general: se aprueban por orden ministerial en la AGE y, en las entidades locales, por ordenanza (general o específica); la convocatoria las aplica y no puede contradecirlas. La propuesta de resolución, provisional o definitiva, no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se notifique la resolución de concesión. Pago previa justificación es la regla; los pagos anticipados y a cuenta solo caben si lo prevén las bases, y no se paga a quien no esté al corriente con Hacienda y la Seguridad Social o sea deudor por reintegro. Reintegro y sanción son cosas distintas: el reintegro no es sancionador (devuelve lo indebidamente percibido más interés de demora; plazo del procedimiento 12 meses; prescripción 4 años); la sanción exige procedimiento sancionador y se admite incluso por simple negligencia. Sanciones no pecuniarias: pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, contratar o ser entidad colaboradora hasta 3 años en infracciones graves y hasta 5 años en muy graves. Gasto subvencionable por encima de las cuantías del contrato menor (40.000 euros obras; 15.000 euros suministros y servicios): hay que pedir tres ofertas, salvo que no existan suficientes proveedores. Trampa típica: el silencio en la concesión es negativo (6 meses), pero eso no significa que la Administración deje de estar obligada a resolver expresamente. Concesión directa no es discrecionalidad libre: solo en los tres supuestos del art. 22.2 LGS (nominativas, impuestas por norma con rango de ley, razones excepcionales de interés público, social, económico o humanitario debidamente acreditadas).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE-A-2003-20977).
  • Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
  • Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565): silencio, subsanación y recursos.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566): convenios y potestad sancionadora.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887): publicidad activa de subvenciones y ayudas.

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