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Tema 26. La selección del personal: la Oferta de Empleo Público y los procesos de selección. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. La estructuración del empleo público. Provisión de puestos de trabajo y movilidad.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

Este es, probablemente, el tema más denso en procedimiento de todo el bloque de recursos humanos: recorre el ciclo completo de la vida administrativa del funcionario, desde que la Administración detecta una necesidad de personal (Oferta de Empleo Público) hasta que ese puesto se cubre, se pierde o se traslada a otra persona. Es un tema muy «preguntable» en formato test porque combina plazos concretos, listados cerrados de causas y distinciones que se prestan a confusión (concurso frente a libre designación, renuncia frente a jubilación, movilidad ordinaria frente a movilidad por violencia de género). La columna vertebral son el Título IV (adquisición y pérdida de la relación de servicio) y el Título V (ordenación de la actividad profesional) del TREBEP, que el opositor debe manejar con soltura porque son la base común a la que se remite, con matices, la normativa propia de la Comunidad de Madrid en materia de acceso y provisión de puestos. Orden de estudio recomendado: planificación y OEP (arts. 69-71); acceso (arts. 55-62); pérdida de la condición (arts. 63-68); estructuración del empleo (arts. 72-77, con el art. 74 sobre RPT y el art. 76 sobre grupos); y provisión y movilidad (arts. 78-84).

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La planificación de recursos humanos y los registros de personal

El Capítulo I del Título V del TREBEP se abre con la planificación de los recursos humanos (art. 69), cuyo objetivo es contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dotación adecuada de personal, su ordenación y su movilidad, a través de instrumentos como los planes de ordenación de recursos humanos que cada Administración puede aprobar. Dentro de la misma lógica de gestión, el artículo 71 obliga a cada Administración a constituir su Registro de Personal, y regula el Registro Central de Personal, en los que se inscriben los datos de los empleados públicos y los actos que afectan a su vida administrativa (nombramientos, tomas de posesión, situaciones administrativas, sanciones). La Oferta de Empleo Público, que se trata a continuación, es el principal instrumento concreto de esta planificación en lo que respecta al personal de nuevo ingreso.

La Oferta de Empleo Público: concepto y contenido

El artículo 70 del TREBEP configura la Oferta de Empleo Público (OEP) como el instrumento de planificación de los recursos humanos que aprueba cada Administración cuando existan necesidades de personal que deban proveerse mediante personal de nuevo ingreso y exista asignación presupuestaria. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por ciento adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. La OEP se aprueba anualmente por el órgano de gobierno de la Administración correspondiente, previa negociación con las organizaciones sindicales en la mesa de negociación que corresponda (la materia es objeto de negociación conforme al art. 37), y debe publicarse en el diario oficial respectivo. Una idea clave para el examen es el plazo de ejecución: la propia norma establece que la ejecución de la Oferta de Empleo Público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ha reforzado el control de la temporalidad estructural (por ejemplo, previendo consecuencias para las Administraciones que incumplan los plazos de ejecución y procesos extraordinarios de estabilización); los detalles de esos procesos deben consultarse en la propia Ley.

La reserva de plazas para personas con discapacidad

El artículo 59 del TREBEP dispone que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. Las Administraciones adoptarán medidas de adaptación de tiempos y medios en los procesos selectivos para las personas con discapacidad que lo soliciten. Conviene retener la distinción entre ambas cifras: el siete por ciento es el cupo de reserva sobre las vacantes ofertadas, y el dos por ciento es el objetivo progresivo sobre el total de efectivos de cada Administración.

Principios rectores del acceso al empleo público: igualdad, mérito y capacidad

El artículo 55 del TREBEP recoge los principios que deben presidir todos los procesos selectivos, tanto para el acceso al empleo público como para la promoción interna. El apartado 1 reconoce que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (proyección directa de los arts. 14 y 23.2 CE). El apartado 2 añade los principios que han de garantizar las Administraciones: publicidad de las convocatorias y de sus bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección; adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. En el ámbito de test conviene retener el listado completo, porque los distractores más frecuentes consisten en sustituir un principio por otro parecido o en añadir uno que no figura (por ejemplo, la neutralidad política o la preferencia por residentes).

Requisitos generales de acceso al empleo público

El artículo 56 del TREBEP fija los requisitos generales que deben reunir quienes pretendan acceder al empleo público, sin perjuicio de los requisitos específicos que puedan exigirse para el ingreso en un cuerpo o escala concreto: a) tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente para el acceso de nacionales de otros Estados; b) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial; y e) poseer la titulación exigida. Las personas con discapacidad tendrán derecho a participar en condiciones de igualdad, con adaptaciones de tiempo y medios cuando sea necesario. El artículo 57, por su parte, extiende el acceso a nacionales de otros Estados: los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden acceder como personal funcionario en igualdad de condiciones que los españoles, con excepción de los empleos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado y de las Administraciones Públicas; lo mismo cabe, con matices, para determinados familiares (cónyuges y descendientes) y para nacionales de Estados con los que existan tratados que lo prevean, y los extranjeros con residencia legal pueden acceder como personal laboral en igualdad de condiciones.

Sistemas de selección: oposición, concurso-oposición y concurso

El artículo 61 del TREBEP regula los sistemas selectivos. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición, que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para evidenciar los conocimientos y capacidades de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Solamente en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso, que consistirá únicamente en la valoración de méritos. La oposición consiste, por tanto, en la superación de una o más pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los aspirantes; el concurso-oposición combina la valoración de méritos con la superación de pruebas, y en estos procesos la valoración de méritos sólo podrá otorgar una puntuación proporcionada que no determine, por sí misma, el resultado del proceso selectivo. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas. Para asegurar la objetividad y racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de períodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, pruebas psicotécnicas o la realización de entrevistas, e incluso con reconocimientos médicos. Para el personal laboral, además de la oposición y del concurso-oposición, el TREBEP permite el concurso de valoración de méritos. Las Leyes de estabilización (Ley 20/2021) han previsto procesos extraordinarios de concurso-oposición y de concurso para plazas ocupadas de forma temporal; su régimen específico debe consultarse en la propia Ley.

Los órganos de selección: tribunales y comisiones

El artículo 60 del TREBEP dispone que los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie, lo que excluye, por ejemplo, que un sindicato designe directamente a un vocal en representación de sus afiliados. Los miembros de estos órganos están sujetos al régimen de abstención y recusación de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los órganos de selección —habitualmente denominados tribunales calificadores en los procesos de oposición y comisiones de valoración en los concursos de méritos— gozan de la denominada discrecionalidad técnica en la valoración de las pruebas, lo que limita, sin eliminar, el control jurisdiccional posterior de sus decisiones: los tribunales de justicia pueden controlar el cumplimiento de las bases, la motivación, la arbitrariedad o el error manifiesto, pero no sustituir el juicio técnico del órgano calificador.

La adquisición de la condición de funcionario de carrera

El artículo 62 del TREBEP condiciona la adquisición de la condición de funcionario de carrera al cumplimiento sucesivo de cuatro requisitos, sin que ninguno de ellos pueda omitirse. Se trata, por tanto, de un proceso escalonado que no concluye con la simple superación de las pruebas selectivas, extremo que es objeto frecuente de confusión en preguntas de examen: a) superación del proceso selectivo; b) nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el diario oficial correspondiente; c) acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico; y d) toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Hasta que no concurren estos cuatro elementos, el aspirante que ha superado el proceso selectivo no ostenta todavía la condición de funcionario de carrera, sino una mera expectativa de derecho. Es un error frecuente pensar que la simple superación de la oposición o la publicación de la lista de aprobados otorga ya la condición de funcionario.

Los requisitos de adquisición: superación del proceso selectivo, nombramiento, acatamiento y toma de posesión

Desarrollando el artículo 62 del TREBEP, cada uno de los cuatro requisitos cumple una función distinta. La superación del proceso selectivo acredita el mérito y la capacidad del aspirante conforme a las bases de la convocatoria. El nombramiento es el acto administrativo, dictado por el órgano competente de cada Administración, mediante el cual se formaliza el ingreso, y debe publicarse en el diario oficial correspondiente como garantía de publicidad y de seguridad jurídica frente a terceros. El acatamiento es una declaración formal de sujeción a la Constitución, y en su caso al Estatuto de Autonomía, mediante la cual el nuevo funcionario asume el marco jurídico dentro del cual va a ejercer sus funciones. Finalmente, la toma de posesión es el acto de incorporación efectiva al puesto, dentro del plazo fijado en la convocatoria o en la resolución de nombramiento; las bases de las convocatorias y la normativa de desarrollo suelen prever que el incumplimiento injustificado del plazo comporta la pérdida de los derechos derivados de la superación del proceso selectivo. Algunas Administraciones prevén, además, un período de prácticas o un curso selectivo, durante el cual los aspirantes tienen la condición de funcionarios en prácticas y no de carrera.

La pérdida de la condición de funcionario de carrera

El artículo 63 del TREBEP enumera, con carácter cerrado, las causas por las que se pierde la condición de funcionario de carrera: a) la renuncia a la condición de funcionario; b) la pérdida de la nacionalidad; c) la jubilación total del funcionario; d) la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; y e) la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. Se trata de un listado tasado, sin cláusula abierta, lo que significa que ninguna otra circunstancia distinta de las expresamente previstas puede determinar por sí sola la pérdida de esta condición. Conviene distinguir esta figura de las situaciones administrativas (como la excedencia), que no suponen pérdida de la condición de funcionario sino una situación distinta del servicio activo, con posibilidad de reingreso posterior; y de la suspensión de funciones, que tampoco extingue el vínculo sino que lo paraliza temporalmente. Los artículos 64 a 68 desarrollan cada una de las causas y la rehabilitación.

La renuncia a la condición de funcionario

La renuncia, primera de las causas de pérdida enumeradas en el artículo 63 del TREBEP y regulada en el artículo 64, es un acto voluntario del funcionario que debe manifestarse por escrito y ser aceptada expresamente por la Administración. La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido, de manera que quien renuncia no queda excluido de futuras convocatorias, a diferencia de lo que sucede con la separación del servicio por sanción disciplinaria. La renuncia no será aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito, precisamente para evitar que se utilice como vía de escape de la exigencia de responsabilidad.

La jubilación del funcionario

El artículo 67 del TREBEP distingue varias modalidades de jubilación como causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera. La jubilación podrá ser voluntaria, a solicitud del funcionario, siempre que reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de Seguridad Social que le sea aplicable; forzosa, que se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad; o por incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala. Respecto de la jubilación forzosa, en los términos de las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumplan setenta años de edad, debiendo la Administración competente resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. Cabe, además, la jubilación parcial en los términos y condiciones que establezca la legislación de Seguridad Social aplicable. Cualquiera de estas modalidades (total) extingue la relación de servicio. Para evitar confusiones, conviene recordar que la jubilación total es la causa de pérdida que figura en el art. 63; la parcial no extingue la relación.

La sanción disciplinaria de separación del servicio

La separación del servicio constituye la sanción disciplinaria de mayor gravedad prevista en el ordenamiento de la función pública y solo puede imponerse como consecuencia de la comisión de una falta disciplinaria calificada como muy grave, previa la tramitación del correspondiente procedimiento disciplinario con las garantías legalmente exigidas. A diferencia de otras sanciones (como la suspensión firme de funciones), la separación del servicio no es temporal sino definitiva: implica la pérdida de la condición de funcionario de carrera conforme al artículo 63 del TREBEP, siempre que la sanción tenga carácter firme. En el caso de los funcionarios interinos, la separación comporta la revocación de su nombramiento. Su desarrollo completo se aborda en el tema dedicado a las situaciones administrativas y al régimen disciplinario dentro de este mismo bloque.

La pérdida de la nacionalidad

El artículo 63 del TREBEP contempla la pérdida de la nacionalidad como causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera, en la medida en que la nacionalidad española constituye, con carácter general, uno de los requisitos de acceso exigidos por el artículo 56 de la propia norma. Esta causa debe interpretarse, no obstante, en conexión con el artículo 57, que permite el acceso al empleo público, para determinados puestos que no impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado, a nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y a determinados familiares suyos, así como a nacionales de terceros Estados en virtud de tratados internacionales. El artículo 65 regula esta causa en esa línea: la pérdida de la nacionalidad determina la pérdida de la condición de funcionario, salvo que se conserve o adquiera otra que, conforme a esas reglas, habilite para el puesto que se ocupa.

La pena principal o accesoria de inhabilitación

El artículo 63 del TREBEP contempla, como última causa tasada de pérdida de la condición de funcionario de carrera, la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. El artículo 66 distingue ambas modalidades: la inhabilitación absoluta o la especial para empleo o cargo público, cuando son firmes, producen la pérdida de la condición de funcionario respecto de todos los empleos o cargos que tuviere (si es absoluta), o sólo respecto de los empleos o cargos especificados en la sentencia (si es especial). Para que opere como causa de pérdida de la condición funcionarial, la condena debe haber alcanzado firmeza, no bastando la mera imputación penal ni una sentencia todavía recurrible. En el Código Penal, la inhabilitación absoluta priva de todos los honores, empleos y cargos públicos del penado, aunque sean electivos, y de la capacidad para obtener otros; la especial priva del empleo o cargo concreto sobre el que recayere y de la capacidad para obtener el mismo u otros análogos durante el tiempo de la condena.

La rehabilitación de la condición de funcionario

El artículo 68 del TREBEP prevé la rehabilitación de la condición de funcionario en supuestos determinados. Quien hubiera perdido la condición de funcionario por causa distinta de la separación del servicio o de la inhabilitación (por ejemplo, la pérdida de la nacionalidad o la jubilación por incapacidad permanente, una vez desaparecida la causa) podrá, en los términos que establezcan las leyes de función pública, solicitar la rehabilitación. Con carácter excepcional, las Administraciones Públicas podrán conceder la rehabilitación a quienes hubieran perdido la condición por haber sido condenados a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. El régimen exacto debe consultarse en el artículo 68 y en las leyes de desarrollo de cada Administración.

La estructuración del empleo público: cuerpos y escalas

El TREBEP regula, en el Capítulo II de su Título V (arts. 72 a 77), la estructuración del empleo público a partir de la agrupación del personal en cuerpos y escalas. Los cuerpos y escalas se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o, en el ámbito de la respectiva competencia, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y agrupan a los funcionarios que comparten una preparación específica común, adquirida a través de un proceso selectivo unitario, para el desempeño de funciones también comunes. Dentro de un mismo cuerpo pueden existir varias especialidades cuando así se determine, exigidas por la peculiaridad de las funciones a desarrollar. La adscripción de cada cuerpo o escala a un grupo o subgrupo de clasificación profesional (A1, A2, B, C1 o C2; art. 76) se determina en función de la titulación exigida para el acceso: A1 y A2 exigen título universitario de Grado, B el de Técnico Superior, C1 el de Bachiller o Técnico y C2 el de Graduado en ESO. El Cuerpo de Administrativos pertenece al subgrupo C1. Esta clasificación condiciona, entre otros efectos, el nivel retributivo (sueldo base y trienios) y el tipo de funciones asignadas a cada cuerpo.

Las relaciones de puestos de trabajo (RPT)

El artículo 74 del TREBEP dispone que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. Constituyen, por tanto, el catálogo detallado de todos los puestos de trabajo existentes en una organización administrativa, y son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. Su elaboración y modificación deben ser objeto de negociación con las organizaciones sindicales en lo que afecte a las condiciones de trabajo, y su publicidad garantiza la transparencia y la seguridad jurídica tanto para la propia Administración como para el personal que aspira a ocupar cada puesto mediante los procedimientos de provisión correspondientes.

La provisión de puestos de trabajo: concurso y libre designación

El artículo 78 del TREBEP dispone que las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera se proveerán a través de los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública, que se regulan en los artículos siguientes y en las normas que dicte cada Administración Pública. El concurso constituye el procedimiento normal de provisión (art. 79), mientras que la libre designación tiene carácter excepcional y se reserva para los puestos que así se consideren en las relaciones de puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus funciones (art. 80). Esta dualidad de sistemas es una de las ideas más recurrentes en el examen: no cabe optar libremente por uno u otro, sino que es la relación de puestos de trabajo la que determina, para cada puesto concreto, cuál de los dos procedimientos resulta aplicable.

El concurso de méritos: fases y remoción

El concurso, sistema normal de provisión de puestos, consiste en la comprobación y valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos, por órganos de carácter colegiado. Se desarrolla a través de una sucesión de trámites reglados. Comienza con la convocatoria pública, que debe publicarse en el diario oficial correspondiente y contener las bases (puestos ofertados, requisitos exigidos y baremo de méritos aplicable). Sigue la presentación de solicitudes por los funcionarios interesados que reúnan los requisitos exigidos para el puesto. A continuación, el órgano colegiado examina la documentación acreditativa de los méritos alegados (antigüedad, grado personal consolidado, trabajo desarrollado, cursos de formación y perfeccionamiento superados, titulaciones académicas y, en su caso, memoria o entrevista cuando la convocatoria lo prevea) y otorga a cada candidato una puntuación conforme al baremo. Finalmente, el órgano competente dicta la resolución motivada del concurso, expresando el puesto adjudicado y el candidato al que corresponde. Una nota distintiva muy preguntada es la remoción: los puestos obtenidos por concurso sólo pueden removerse por causas sobrevenidas derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo que impida su desempeño, o por falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto, y siempre previo expediente contradictorio (art. 79.2).

La libre designación

El artículo 80 del TREBEP configura la libre designación como el procedimiento de provisión mediante convocatoria pública en el que la apreciación discrecional por el órgano competente recae sobre la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. A pesar de esa discrecionalidad, el nombramiento debe ser motivado, con referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria y a la competencia para proceder al mismo; se trata, por tanto, de una discrecionalidad limitada y no de arbitrariedad. Podrán cubrirse por este procedimiento los puestos de trabajo así considerados en las relaciones de puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus funciones (por ejemplo, de especial responsabilidad y confianza). Como contrapartida de la mayor flexibilidad en el nombramiento, los funcionarios nombrados por libre designación podrán ser cesados discrecionalmente; en caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes a dicho sistema. Esta es la diferencia esencial con el puesto obtenido por concurso, cuya remoción exige causa y expediente contradictorio.

La movilidad del personal funcionario

El artículo 81 del TREBEP reconoce a cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos humanos, la facultad de establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos de la misma, en el ámbito de sus competencias. Por lo que se refiere a la movilidad entre distintas Administraciones, el Estatuto prevé que los órganos de cooperación (Conferencia Sectorial de Administración Pública y Comisión de Coordinación del Empleo Público, Título VIII) impulsen medidas de movilidad y que las Administraciones puedan suscribir convenios para facilitarla. Con carácter general, el funcionario que obtiene destino en otra Administración a través de estos procedimientos pasa a la situación de servicio en otras Administraciones Públicas (art. 88) y se rige por la legislación de función pública de la Administración de destino, conservando su condición de funcionario de la Administración de origen. Esta movilidad se distingue de la simple provisión de puestos dentro de una misma Administración en que implica un cambio del ente al que el funcionario queda adscrito.

La movilidad por razón de violencia de género

El artículo 82 del TREBEP (en conexión con el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) reconoce a las funcionarias víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, un derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su cuerpo o escala, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Se trata de una movilidad de naturaleza tuitiva, que se aparta de las reglas generales de provisión de puestos precisamente para proteger a la víctima, y que la propia norma refuerza con la obligación de la Administración Pública competente de comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. Esta movilidad tiene la consideración de traslado forzoso, y el mismo artículo extiende garantías similares, en los términos que establece, a las víctimas del terrorismo. La idea clave para el examen es que, a diferencia de lo que ocurre en el concurso, no se exige que exista vacante de necesaria cobertura.

Permutas, adscripción provisional y atribución temporal de funciones

Junto a los procedimientos ordinarios de concurso y libre designación, las normas de función pública de cada Administración contemplan otras formas de provisión y de movilidad. La permuta es una fórmula de movilidad consistente en el intercambio recíproco de destino entre dos funcionarios, con sujeción a los requisitos que establezca la normativa aplicable (pertenencia a cuerpos o escalas equivalentes, ausencia de expediente disciplinario en tramitación y valoración de las necesidades del servicio); su concesión no responde a un derecho subjetivo sino a una facultad que la Administración ejerce valorando el interés del servicio. Los funcionarios que carecen de puesto definitivo (por ejemplo, tras un reingreso o por supresión del puesto) pueden ser adscritos provisionalmente a un puesto mientras participan en los procedimientos de provisión, con la obligación de concurrir a los mismos. Por último, la Administración puede atribuir temporalmente funciones no asignadas específicamente al puesto de trabajo cuando así lo exijan necesidades del servicio debidamente justificadas. El régimen concreto de cada una de estas fórmulas no es básico y debe consultarse en la normativa de la Comunidad de Madrid.

La comisión de servicios

La comisión de servicios es una forma de provisión temporal de puestos de trabajo, de carácter excepcional y provisional, que permite cubrir de forma inmediata un puesto vacante cuando su cobertura resulte urgente e inaplazable y no sea posible acudir en tiempo a los procedimientos ordinarios de provisión, o bien atender a la realización de funciones especiales que no correspondan al puesto habitual del funcionario. Su nota característica es la temporalidad: se concede por un plazo determinado, que en el ámbito de la Administración General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo) es de un año prorrogable por otro, transcurrido el cual el puesto debe cubrirse definitivamente por los procedimientos ordinarios de concurso o libre designación; la normativa de la Comunidad de Madrid contiene su propia regulación, que debe consultarse. El funcionario que pasa a desempeñar un puesto en comisión de servicios conserva el puesto de origen, sobre el que mantiene reserva, y percibe las retribuciones correspondientes al puesto que efectivamente desempeña. Se mantiene en situación de servicio activo.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La ejecución de la Oferta de Empleo Público tiene un plazo improrrogable de 3 años (art. 70 TREBEP); obliga a convocar las plazas comprometidas y hasta un 10% adicional.
  • Reserva para personas con discapacidad (art. 59): cupo no inferior al 7% de las vacantes, con objetivo progresivo del 2% de los efectivos totales.
  • Principios del art. 55 TREBEP: igualdad, mérito y capacidad + publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación y agilidad — cuidado con los distractores que añaden principios inexistentes.
  • Requisitos generales (art. 56): nacionalidad española (salvo art. 57), capacidad funcional, 16 años cumplidos y no exceder la edad de jubilación forzosa, no estar separado ni inhabilitado y poseer la titulación exigida.
  • El sistema general para funcionarios de carrera son oposición y concurso-oposición; el concurso solo en virtud de ley y con carácter excepcional (art. 61).
  • Los interinos, el personal eventual y el personal de elección o designación política no pueden formar parte de los órganos de selección (art. 60.2); la pertenencia es siempre a título individual.
  • Adquirir la condición de funcionario de carrera exige 4 requisitos sucesivos (art. 62): superar el proceso selectivo, nombramiento publicado en el diario oficial, acatamiento de la Constitución y toma de posesión.
  • El listado de causas de pérdida de la condición de funcionario (art. 63) es tasado: renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación total, separación del servicio firme e inhabilitación firme. La excedencia y la suspensión NO son causas de pérdida.
  • La renuncia no se acepta si hay expediente disciplinario o auto de procesamiento/apertura de juicio oral (art. 64); no inhabilita para reingresar por un nuevo proceso selectivo.
  • Jubilación forzosa a los 65 años, con posible prolongación solicitada hasta los 70 (art. 67).
  • Concurso = procedimiento normal de provisión; libre designación = excepción para los puestos así previstos en la RPT; el cese en libre designación es discrecional (con puesto garantizado), mientras que la remoción de un puesto por concurso exige causa y expediente contradictorio (art. 79.2).
  • La RPT comprende al menos denominación, grupos, cuerpos o escalas, sistemas de provisión y retribuciones complementarias, y es pública (art. 74).
  • La movilidad de las víctimas de violencia de género (art. 82) no exige que exista vacante de necesaria cobertura — es la excepción más citada en examen a la regla general de provisión.
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Según el artículo 79 del TREBEP, el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo es:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 26 de Administrativo C. Madrid?

Este es, probablemente, el tema más denso en procedimiento de todo el bloque de recursos humanos: recorre el ciclo completo de la vida administrativa del funcionario, desde que la Administración detecta una necesidad de personal (Oferta de Empleo Público) hasta que ese puesto se cubre, se pierde o se traslada a otra persona. Es un tema muy «preguntable» en formato test porque combina plazos concretos, listados cerrados de causas y distinciones que se prestan a confusión (concurso frente a libre designación, renuncia frente a jubilación, movilidad ordinaria frente a movilidad por violencia de género). La columna vertebral son el Título IV (adquisición y pérdida de la relación de servicio) y el Título V (ordenación de la actividad profesional) del TREBEP, que el opositor debe manejar con soltura porque son la base común a la que se remite, con matices, la normativa propia de la Comunidad de Madrid en materia de acceso y provisión de puestos. Orden de estudio recomendado: planificación y OEP (arts. 69-71); acceso (arts. 55-62); pérdida de la condición (arts. 63-68); estructuración del empleo (arts. 72-77, con el art. 74 sobre RPT y el art. 76 sobre grupos); y provisión y movilidad (arts. 78-84).

¿Qué hay que memorizar del Tema 26 para el examen?

La ejecución de la Oferta de Empleo Público tiene un plazo improrrogable de 3 años (art. 70 TREBEP); obliga a convocar las plazas comprometidas y hasta un 10% adicional. Reserva para personas con discapacidad (art. 59): cupo no inferior al 7% de las vacantes, con objetivo progresivo del 2% de los efectivos totales. Principios del art. 55 TREBEP: igualdad, mérito y capacidad + publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación y agilidad — cuidado con los distractores que añaden principios inexistentes. Requisitos generales (art. 56): nacionalidad española (salvo art. 57), capacidad funcional, 16 años cumplidos y no exceder la edad de jubilación forzosa, no estar separado ni inhabilitado y poseer la titulación exigida. El sistema general para funcionarios de carrera son oposición y concurso-oposición; el concurso solo en virtud de ley y con carácter excepcional (art. 61). Los interinos, el personal eventual y el personal de elección o designación política no pueden formar parte de los órganos de selección (art. 60.2); la pertenencia es siempre a título individual. Adquirir la condición de funcionario de carrera exige 4 requisitos sucesivos (art. 62): superar el proceso selectivo, nombramiento publicado en el diario oficial, acatamiento de la Constitución y toma de posesión. El listado de causas de pérdida de la condición de funcionario (art. 63) es tasado: renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación total, separación del servicio firme e inhabilitación firme. La excedencia y la suspensión NO son causas de pérdida. La renuncia no se acepta si hay expediente disciplinario o auto de procesamiento/apertura de juicio oral (art. 64); no inhabilita para reingresar por un nuevo proceso selectivo. Jubilación forzosa a los 65 años, con posible prolongación solicitada hasta los 70 (art. 67). Concurso = procedimiento normal de provisión; libre designación = excepción para los puestos así previstos en la RPT; el cese en libre designación es discrecional (con puesto garantizado), mientras que la remoción de un puesto por concurso exige causa y expediente contradictorio (art. 79.2). La RPT comprende al menos denominación, grupos, cuerpos o escalas, sistemas de provisión y retribuciones complementarias, y es pública (art. 74). La movilidad de las víctimas de violencia de género (art. 82) no exige que exista vacante de necesaria cobertura — es la excepción más citada en examen a la regla general de provisión.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 13 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE-A-2015-11719): arts. 55 a 68 (acceso y pérdida de la relación de servicio) y 69 a 84 (ordenación de la actividad profesional, provisión y movilidad).
  • Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: arts. 23 y 24 (abstención y recusación).
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: art. 24.
  • Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
  • Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la AGE (referencia comparada).

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