Tema 15. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Concepto y clases. Requisitos generales y efectos. Procedimiento de responsabilidad patrimonial.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
El tema 15 desarrolla una de las instituciones más garantistas del Derecho Administrativo: la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, reconocida en el art. 106.2 de la Constitución y desarrollada, en su vertiente sustantiva, en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 32 y siguientes) y, en su vertiente procedimental, en la Ley 39/2015 (arts. 65, 67, 81, 91 y 96.4, entre otros). Es un sistema de responsabilidad objetiva y directa: el particular no tiene que probar culpa o negligencia de ningún funcionario concreto, sino el daño, la relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público y la antijuridicidad de la lesión. Se pregunta mucho en examen por sus requisitos, el plazo de prescripción de un año, el plazo de resolución de seis meses y las particularidades del procedimiento, entre ellas el dictamen preceptivo del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico.
La responsabilidad patrimonial de la Administración: fundamento constitucional (art. 106.2 CE) y evolución
El art. 106.2 de la Constitución reconoce a los particulares el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El art. 121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y el art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 ya consagraron un sistema de responsabilidad objetiva, recogido después en la Ley 30/1992 y, actualmente, en la Ley 40/2015. El precepto constitucional consagra un sistema unitario para toda la actuación administrativa, con independencia de que derive de una actuación lícita o ilícita, de un acto formal o de una simple actuación material, sin exigir la prueba de culpa o negligencia de ningún agente concreto. Su conocimiento corresponde al orden contencioso-administrativo, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación (art. 9.4 LOPJ y art. 2.e LJCA).
Concepto de responsabilidad patrimonial
La responsabilidad patrimonial de la Administración puede definirse como la obligación legal que pesa sobre las Administraciones Públicas de indemnizar a los particulares por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos, siempre que sean consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, con el fin de que ningún particular soporte de forma individualizada una carga que debe recaer sobre el conjunto de la sociedad beneficiada por la actividad administrativa (principio de solidaridad de las cargas públicas). Las Administraciones responden de los daños causados por sus autoridades y personal a su servicio y por los servicios que gestionan, incluidos los de sus entidades del sector público institucional.
Caracteres del sistema de responsabilidad: objetiva, directa y unitaria
El sistema español de responsabilidad patrimonial es objetivo, en la medida en que no exige acreditar culpa o negligencia del funcionario o del servicio, bastando la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el perjuicio producido; directo, porque el particular perjudicado dirige su reclamación directamente contra la Administración, sin necesidad de identificar ni demandar previamente al empleado público que hubiera intervenido (art. 36.1 de la Ley 40/2015: los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños causados por las autoridades y el personal a su servicio); y unitario, porque se aplica a toda la actividad administrativa. La Administración dispone, además, de la acción de repetición contra la autoridad o el personal responsable en caso de dolo, o culpa o negligencia graves (art. 36.2). No debe confundirse el carácter objetivo del sistema con la ausencia de requisitos: el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente, individualizado y antijurídico, y debe existir nexo causal (art. 32).
Requisitos de la responsabilidad patrimonial (art. 32 Ley 40/2015)
El art. 32 de la Ley 40/2015 establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Para que proceda la indemnización, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. La doctrina y la jurisprudencia sistematizan los requisitos en: a) lesión o daño antijurídico; b) efectividad, evaluabilidad económica e individualización del daño; c) imputabilidad a la Administración (relación de causalidad); d) ausencia de fuerza mayor; y e) ausencia de prescripción de la acción (un año).
La lesión antijurídica
La lesión alegada debe ser antijurídica, expresión que no se refiere a que la conducta de la Administración sea contraria a Derecho (pues el sistema cubre también la actividad lícita), sino a que el particular perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño. Cuando exista un título jurídico, legal o convencional, que imponga al particular la obligación de soportar ese concreto daño (por ejemplo, una carga tributaria legalmente establecida, o el riesgo típico de determinadas actividades voluntariamente asumidas por el interesado), no procede indemnización alguna, por real que sea el perjuicio patrimonial sufrido. Conforme al art. 34.1, no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos (riesgos del desarrollo), sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.
El daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado
Junto a la antijuridicidad, el daño debe ser efectivo, esto es, real y actual, y no meramente hipotético, eventual o futuro e incierto; evaluable económicamente, susceptible de traducirse en una cuantificación dineraria; e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, de modo que no se trate de una carga general que todos los ciudadanos deban soportar por igual como consecuencia normal de la vida en sociedad (por ejemplo, las molestias generales derivadas de unas obras públicas de interés colectivo). El daño puede ser material, personal (físico o psíquico) o moral, y comprende el daño emergente y el lucro cesante, cuando sean ciertos.
La relación de causalidad
Es requisito ineludible un nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño efectivamente producido. La jurisprudencia contencioso-administrativa ha matizado la exigencia estricta de causalidad directa mediante criterios correctores de imputación objetiva (causa adecuada, concurrencia de causas), especialmente relevantes cuando intervienen simultáneamente varias causas, como la actuación de terceros, la propia conducta del perjudicado o un supuesto de fuerza mayor; estas circunstancias pueden moderar la indemnización o excluir por completo la responsabilidad. La carga de la prueba de la lesión y del nexo causal corresponde al reclamante, mientras que a la Administración le incumbe probar la concurrencia de fuerza mayor o de la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero.
La ausencia de fuerza mayor
El propio art. 106.2 CE y el art. 32.1 de la Ley 40/2015 excluyen la responsabilidad cuando el daño derive de fuerza mayor, entendida como aquel acontecimiento imprevisible, o que aun siendo previsto resulta inevitable, y que resulta ajeno al funcionamiento del servicio público (un fenómeno de la naturaleza de excepcional intensidad, por ejemplo). Debe diferenciarse del caso fortuito, que es un suceso interno al propio funcionamiento del servicio (un fallo mecánico imprevisto en unas instalaciones públicas, por ejemplo), que no exonera de responsabilidad a la Administración precisamente por ser interno a la actividad administrativa.
La imputación del daño a la Administración
Además de la relación causal material, es necesario imputar jurídicamente el daño a una Administración Pública concreta, lo que exige identificar el servicio público cuyo funcionamiento, normal o anormal, ha generado el perjuicio y determinar si la actuación causante del daño se produjo dentro del ámbito de las competencias de esa Administración. Esta operación resulta compleja en supuestos de gestión compartida entre distintas Administraciones o cuando intervienen entidades del sector público institucional con personalidad jurídica propia, diferenciada de la Administración territorial matriz. Los contratistas responden de los daños causados a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando los daños hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, supuesto en el que responde esta (art. 196 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público).
La responsabilidad por funcionamiento normal y anormal de los servicios públicos
El sistema cubre tanto los daños derivados de una actuación administrativa defectuosa, irregular o contraria a las reglas técnicas exigibles (funcionamiento anormal) como los derivados de una actuación correcta y ajustada a Derecho (funcionamiento normal), en la medida en que cause un daño antijurídico que el afectado no tenga el deber jurídico de soportar; un ejemplo característico es el de los daños derivados de la ejecución de obras públicas correctamente proyectadas y ejecutadas que, sin embargo, perjudican de forma singular a un propietario colindante. La inactividad o pasividad de la Administración puede generar también responsabilidad (omisión de la actuación a la que está obligada), así como las actuaciones materiales y las vías de hecho.
La responsabilidad derivada de actos legislativos (art. 32.3 a 32.5)
Las Administraciones indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que estos no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen (art. 32.3). Cuando el daño derive de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá la indemnización si el particular ha obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada (art. 32.4). Si el daño deriva de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, deben concurrir los requisitos que fija el art. 32.5: que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado, que exista relación de causalidad directa entre el incumplimiento y el daño, y que se haya obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, habiéndose alegado la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada. El funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y el error judicial se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 292 y siguientes).
La responsabilidad concurrente de varias Administraciones (art. 33)
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria; el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de responsabilidad entre ellas. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención; será solidaria cuando no sea posible dicha determinación (art. 33.2).
La indemnización: valoración y cuantía (art. 34)
La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado (art. 34.2). La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de la competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan (art. 34.3). La indemnización podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado (art. 34.4). En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
La responsabilidad de Derecho privado y la responsabilidad de autoridades y personal
Cuando las Administraciones actúen en relaciones de Derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. En cuanto a autoridades y personal, la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca. Para exigir esta responsabilidad se ponderarán, entre otros criterios, el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso (art. 36.2). Asimismo, se instruirá igual procedimiento por los daños causados en los bienes y derechos de la propia Administración cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad (art. 67 LPAC)
El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En los supuestos de responsabilidad derivada de una ley declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión, el plazo de un año se computa desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la sentencia del Tribunal Constitucional o desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia del Tribunal de Justicia, respectivamente. Los interesados solo podrán solicitar el inicio del procedimiento cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.
El procedimiento de responsabilidad patrimonial: iniciación (arts. 65 y 67 LPAC)
El procedimiento puede iniciarse de oficio, por acuerdo del órgano competente, cuando no haya prescrito el derecho a reclamar de los interesados (art. 65), o a instancia de parte mediante la correspondiente reclamación (art. 67). La solicitud deberá especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. Se dirige a la Administración presuntamente responsable. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, las reclamaciones se dirigen a la Consejería, organismo o entidad cuyo servicio haya causado el daño.
La instrucción del procedimiento de responsabilidad patrimonial
Durante la instrucción se aplican, con las especialidades propias de la materia, las reglas generales de la Ley 39/2015: alegaciones, prueba (período de entre diez y treinta días), informes y trámite de audiencia a los interesados por plazo de diez a quince días, antes de la propuesta de resolución. En todo caso, el art. 81.1 exige solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. El órgano instructor puede recabar de oficio cuantos informes considere necesarios para la resolución del expediente.
El dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico
Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (art. 81.2 LPAC). En el caso de la Comunidad de Madrid, el órgano consultivo es la Comisión Jurídica Asesora, creada por la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, y la legislación autonómica fija el umbral de las reclamaciones en 15.000 euros (dato a contrastar con el texto vigente). El dictamen debe pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y el modo de la indemnización. Constituye un trámite esencial del procedimiento, y su omisión cuando resulta preceptivo puede viciar de nulidad el procedimiento.
La resolución y la terminación convencional
La resolución que ponga fin al procedimiento debe pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, aplicando los criterios del art. 34 de la Ley 40/2015 (art. 91 LPAC). El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses desde que el procedimiento se inició; transcurrido sin resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización (silencio negativo). Las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial ponen fin a la vía administrativa (art. 114.1.e LPAC), por lo que son impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa o mediante recurso potestativo de reposición. El art. 86.5 LPAC permite la terminación convencional: el acuerdo alcanzado entre los interesados y el órgano competente para resolver deberá fijar la cuantía y modo de la indemnización conforme a los criterios del art. 34 de la Ley 40/2015.
El procedimiento simplificado en materia de responsabilidad patrimonial
El art. 96.4 LPAC prevé una modalidad de tramitación simplificada específica para los procedimientos de responsabilidad patrimonial: cuando el órgano competente para instruir considere inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado, que se resolverá en el plazo de treinta días. Si en cualquier momento el órgano aprecia que el asunto no es resoluble por esta vía, continuará por la tramitación ordinaria. La regulación exacta de los trámites y del dictamen en esta modalidad debe consultarse en el texto vigente del precepto.
La acción de repetición
Cuando la Administración indemniza directamente a los particulares lesionados, puede exigir posteriormente de oficio a sus autoridades y demás personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, mediante la instrucción de un procedimiento específico con audiencia del interesado (art. 36.2 Ley 40/2015). Esta acción de repetición es una garantía adicional del correcto funcionamiento del servicio público, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que corresponda; es independiente del derecho del particular a ser indemnizado directamente por la Administración.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Sistema OBJETIVO y DIRECTO: no hace falta probar culpa de un funcionario concreto, ni reclamar primero contra él (art. 36.1 Ley 40/2015).
Requisitos: lesión antijurídica, daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, relación de causalidad, ausencia de fuerza mayor y no prescripción (art. 32).
Excluye la responsabilidad la fuerza mayor (externa, imprevisible o inevitable), NO el caso fortuito (interno al funcionamiento del servicio).
Cubre el funcionamiento normal y el anormal de los servicios: la clave es que el daño sea antijurídico (el particular no tenga el deber de soportarlo), no que la actuación sea ilícita. No son indemnizables los riesgos del desarrollo (art. 34.1).
Prescripción: 1 año desde el hecho o desde la manifestación del efecto lesivo (daños físicos/psíquicos: desde la curación o la determinación de las secuelas). Para anulación de un acto o disposición: 1 año desde la notificación de la resolución o sentencia definitiva (art. 67).
Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (Comisión Jurídica Asesora en Madrid): preceptivo en reclamaciones de 50.000 euros o más, o la cuantía que fije la legislación autonómica.
Plazo para resolver y notificar: 6 meses; silencio negativo. La resolución pone fin a la vía administrativa (art. 114.1.e LPAC).
Informe del servicio causante del daño: preceptivo, plazo máximo de 10 días (art. 81.1 LPAC).
Indemnización: referida al día en que se produjo la lesión, actualizada con el índice de garantía de la competitividad (INE) y con los intereses que procedan (art. 34.3).
Responsabilidad concurrente: solidaria en actuaciones conjuntas de varias Administraciones; en otros casos, por competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención (art. 33).
La acción de repetición contra el personal exige dolo, o culpa o negligencia GRAVES (no cualquier negligencia leve).
Jurisdicción competente: contencioso-administrativa, aunque la Administración actúe en relaciones de Derecho privado (art. 9.4 LOPJ).
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La responsabilidad patrimonial de la Administración, según el sistema español, es:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Administrativo C. Madrid?
El tema 15 desarrolla una de las instituciones más garantistas del Derecho Administrativo: la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, reconocida en el art. 106.2 de la Constitución y desarrollada, en su vertiente sustantiva, en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 32 y siguientes) y, en su vertiente procedimental, en la Ley 39/2015 (arts. 65, 67, 81, 91 y 96.4, entre otros). Es un sistema de responsabilidad objetiva y directa: el particular no tiene que probar culpa o negligencia de ningún funcionario concreto, sino el daño, la relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público y la antijuridicidad de la lesión. Se pregunta mucho en examen por sus requisitos, el plazo de prescripción de un año, el plazo de resolución de seis meses y las particularidades del procedimiento, entre ellas el dictamen preceptivo del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico.
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
Sistema OBJETIVO y DIRECTO: no hace falta probar culpa de un funcionario concreto, ni reclamar primero contra él (art. 36.1 Ley 40/2015). Requisitos: lesión antijurídica, daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, relación de causalidad, ausencia de fuerza mayor y no prescripción (art. 32). Excluye la responsabilidad la fuerza mayor (externa, imprevisible o inevitable), NO el caso fortuito (interno al funcionamiento del servicio). Cubre el funcionamiento normal y el anormal de los servicios: la clave es que el daño sea antijurídico (el particular no tenga el deber de soportarlo), no que la actuación sea ilícita. No son indemnizables los riesgos del desarrollo (art. 34.1). Prescripción: 1 año desde el hecho o desde la manifestación del efecto lesivo (daños físicos/psíquicos: desde la curación o la determinación de las secuelas). Para anulación de un acto o disposición: 1 año desde la notificación de la resolución o sentencia definitiva (art. 67). Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (Comisión Jurídica Asesora en Madrid): preceptivo en reclamaciones de 50.000 euros o más, o la cuantía que fije la legislación autonómica. Plazo para resolver y notificar: 6 meses; silencio negativo. La resolución pone fin a la vía administrativa (art. 114.1.e LPAC). Informe del servicio causante del daño: preceptivo, plazo máximo de 10 días (art. 81.1 LPAC). Indemnización: referida al día en que se produjo la lesión, actualizada con el índice de garantía de la competitividad (INE) y con los intereses que procedan (art. 34.3). Responsabilidad concurrente: solidaria en actuaciones conjuntas de varias Administraciones; en otros casos, por competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención (art. 33). La acción de repetición contra el personal exige dolo, o culpa o negligencia GRAVES (no cualquier negligencia leve). Jurisdicción competente: contencioso-administrativa, aunque la Administración actúe en relaciones de Derecho privado (art. 9.4 LOPJ).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, art. 106.2
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 32 a 37)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 65, 67, 81, 86, 91, 96 y 114)
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 9.4 y arts. 292 y siguientes)
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. 2.e)
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado
Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de supresión del Consejo Consultivo y creación de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (art. 196)
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