Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
Este tercer tema de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid (Ley 5/2025) desarrolla el procedimiento por el que un crédito presupuestario aprobado se convierte, paso a paso, en un pago efectivo a un tercero: las clásicas fases ADOP (autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago), los documentos contables que las soportan, los regímenes especiales de pago (pagos a justificar y anticipos de caja fija) y, al cierre del ejercicio, la liquidación del presupuesto con sus dos grandes magnitudes, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería. Es, junto con el tema de modificaciones presupuestarias, la parte más técnica y memorística de todo el bloque de gestión financiera, muy presente en los test por la facilidad de plantear preguntas de «qué fase es cuál» o «qué documento corresponde a qué fase».
Nota de rigor: la regulación de la ejecución y liquidación en la Ley 5/2025 reproduce en lo esencial el modelo clásico de la legislación presupuestaria española (Ley 47/2003, General Presupuestaria, y su desarrollo contable). En esta revisión no ha sido posible contrastar el texto consolidado de la Ley 5/2025, por lo que no se citan sus números de artículo; el contenido se expone por instituciones y debe localizarse en el capítulo de ejecución y liquidación del texto vigente.
La ejecución del presupuesto de gastos es el conjunto de actos administrativos y contables mediante los cuales un crédito presupuestario, una vez aprobado, se va aplicando efectivamente al pago de las obligaciones de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, siguiendo un procedimiento reglado y secuencial conocido por el acrónimo ADOP: Autorización, Disposición o compromiso, reconocimiento de la Obligación y ordenación del Pago, a las que se añade el pago material como acto final ya no presupuestario sino de tesorería. Cada fase constituye un acto administrativo distinto, con su propio órgano competente, su propio efecto jurídico y su propio soporte contable, de modo que el paso de una fase a la siguiente exige siempre la existencia de crédito adecuado y suficiente. Las fases pueden realizarse de forma separada (una a una, en momentos distintos) o de forma acumulada en un único acto cuando las circunstancias lo permiten, dando lugar a los documentos combinados AD, ADO o ADOP. El régimen de ejecución del gasto se regula en el capítulo de la Ley de Hacienda dedicado a la ejecución y liquidación del presupuesto, inmediatamente después del capítulo de modificaciones presupuestarias. Antes de la fase A se emite, en su caso, el documento de retención de crédito (RC). Los órganos competentes para cada fase pueden ser distintos: el gestor (autorización y disposición), el órgano que reconoce la obligación y el ordenador de pagos.
La fase de autorización del gasto (A)
La autorización es el acto administrativo, y a la vez contable, mediante el cual el órgano competente para gestionar un gasto acuerda su realización por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Es un acto interno de la Administración que no genera todavía ninguna relación con terceros ni derecho alguno frente a la Hacienda de la Comunidad de Madrid: se trata de una decisión de gestión que pone en marcha el expediente de gasto y que, contablemente, se traduce en la retención del crédito correspondiente para evitar que se destine a otra finalidad. En el ámbito de la contratación pública, la autorización del gasto es un requisito previo e inseparable de la aprobación del expediente de contratación, hasta el punto de que ambos actos suelen adoptarse de forma simultánea por el órgano de contratación. La autorización puede referirse tanto a gastos de un solo ejercicio como al gasto total de una operación de carácter plurianual, en cuyo caso deberá ir acompañada, para cada uno de los ejercicios futuros afectados, del compromiso de dotar el crédito adecuado dentro de los límites cuantitativos y temporales legalmente establecidos para los gastos plurianuales. Los límites de la autorización dependen de la cuantía y de la naturaleza del gasto: la competencia corresponde al titular de la Consejería respecto de los créditos de su Sección, con los límites cuantitativos que fijen la ley y la Ley de Presupuestos, y los gastos de mayor cuantía requieren autorización del Consejo de Gobierno.
La fase de disposición o compromiso del gasto (D)
La disposición o compromiso de gasto es el acto administrativo mediante el cual el órgano competente acuerda, tras el cumplimiento de los trámites que legalmente correspondan (típicamente, la adjudicación de un contrato, la concesión de una subvención o el nombramiento de un funcionario), la realización de gastos previamente autorizados, por un importe determinado o determinable con exactitud. A diferencia de la autorización, la disposición sí genera una relación jurídica con un tercero identificado (el contratista adjudicatario, el beneficiario de la subvención, el empleado público), de modo que a partir de este momento la Administración queda vinculada frente a ese tercero en los términos del compromiso adquirido, aunque la obligación de pago todavía no ha nacido jurídicamente. La disposición del gasto es, además, un acto con relevancia jurídica externa: la eficacia del contrato o de la concesión de la subvención queda condicionada a su existencia. En muchos gastos, especialmente los de tramitación simplificada o de cuantía reducida, las fases de autorización y disposición se acumulan en un único documento contable (documento AD), sin que ello altere la naturaleza jurídica distinta de cada una de las dos fases.
La fase de reconocimiento de la obligación (O)
El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda de la Comunidad de Madrid, derivado de un gasto autorizado y comprometido, una vez que el acreedor ha cumplido o garantizado su correspondiente prestación (la entrega del bien, la ejecución de la obra, la prestación del servicio, el devengo de la retribución), y previa acreditación documental ante el órgano competente de dicho cumplimiento, generalmente mediante la conformidad de la factura o certificación correspondiente por el responsable del contrato o del servicio. Es la fase en la que nace verdaderamente la obligación de pago a cargo de la Hacienda Pública, y por ello exige la máxima cautela en su tramitación: solo puede reconocerse una obligación por prestaciones efectivamente realizadas a favor de la Comunidad de Madrid, con las salvedades expresamente previstas en la ley para ciertos anticipos, y su reconocimiento indebido (sin la prestación correspondiente) puede generar responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas para quien lo autorice. El reconocimiento de la obligación es, además, el punto de referencia para el cómputo de los plazos legales de pago a proveedores y para el devengo de los intereses de demora en caso de retraso.
La fase de ordenación del pago (P)
La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos competente, en función de la disponibilidad de tesorería y de la prioridad relativa de las distintas obligaciones pendientes, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Comunidad de Madrid a favor de los acreedores por obligaciones ya reconocidas. Es una fase de naturaleza distinta a las tres anteriores: pertenece más propiamente a la gestión de la tesorería que a la ejecución presupuestaria en sentido estricto, y por eso corresponde a un órgano específico, el ordenador de pagos (habitualmente la persona titular de la Consejería de Hacienda o el órgano en quien delegue), y no necesariamente al mismo órgano gestor del gasto. La ordenación del pago se sujeta al plan de disposición de fondos de la Tesorería, que establece los criterios y la prelación con que deben satisfacerse las obligaciones cuando la disponibilidad de fondos no permite atenderlas todas simultáneamente, respetando los plazos legales de pago a proveedores. En la práctica, el principio de unidad de caja de la Tesorería determina que los fondos se gestionen de manera centralizada. La ordenación del pago y el pago material constituyen las dos últimas fases del proceso de ejecución del gasto.
El pago material
El pago material es el acto último de todo el procedimiento de ejecución del gasto, mediante el cual la Tesorería de la Comunidad de Madrid satisface efectivamente, en la cuenta o a favor del acreedor correspondiente, el importe de la obligación ordenada, extinguiendo así la deuda. A diferencia de las fases anteriores, que son actos administrativos de naturaleza presupuestaria y contable, el pago material es un acto de ejecución puramente financiera y de tesorería, que se realiza normalmente mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el acreedor. Tiene efectos liberatorios para la Hacienda desde el momento en que se hace efectivo. Su retraso respecto de los plazos legalmente establecidos para el pago a proveedores genera el devengo de intereses de demora y da derecho al acreedor a reclamar, además, una indemnización por los costes de cobro, conforme a la normativa estatal de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley 3/2004, de 29 de diciembre), aplicable también al sector público. En el sector público, el plazo de pago es de treinta días desde la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de la prestación (art. 198 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público). El tipo legal de interés de demora es el de la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo más ocho puntos porcentuales, y la indemnización mínima por costes de cobro es de cuarenta euros.
La Tesorería y las operaciones no presupuestarias
La Tesorería de la Comunidad de Madrid está constituida por el conjunto de recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la Hacienda autonómica, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. Sirve al principio de unidad de caja: todos los ingresos y los pagos se integran en una caja única, sin afectación de unos ingresos a determinados gastos, salvo las excepciones legales. Las funciones de la Tesorería comprenden la recaudación de los derechos, el pago de las obligaciones, la custodia de fondos y valores, la gestión de la liquidez y la elaboración del plan de disposición de fondos y del presupuesto monetario. Las operaciones no presupuestarias son movimientos de fondos que no afectan al presupuesto de ingresos ni de gastos, como las retenciones tributarias y de cuotas sociales practicadas a los empleados, las fianzas y depósitos recibidos, y los anticipos de caja fija, que se registran en cuentas de naturaleza no presupuestaria y deben regularizarse al cierre. Esta distinción es útil para entender por qué los pagos de anticipos de caja fija no tienen reflejo presupuestario hasta su reposición.
Operaciones de cierre del ejercicio
Las operaciones de cierre del ejercicio comprenden la regularización de los saldos de las cuentas, la determinación de los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, la anulación de los créditos no comprometidos (sin perjuicio de las incorporaciones de remanentes autorizadas), el cálculo del resultado presupuestario y del remanente de tesorería, la elaboración de las cuentas anuales y la formación de la Cuenta General. La liquidación se aprueba por el órgano competente de la Consejería de Hacienda y la Cuenta General se remite a la Cámara de Cuentas y a la Asamblea de Madrid dentro de los plazos legales, para su examen y para la aprobación definitiva. El cierre garantiza que las cifras del ejercicio puedan compararse con las del presupuesto inicial y con las modificaciones aprobadas, lo que permite medir el grado de ejecución y comprobar el cumplimiento de la LOEPSF. El resultado de la liquidación sirve de base para elaborar los presupuestos siguientes, especialmente en materia de remanentes disponibles para financiar modificaciones y de saldos de dudoso cobro.
Los documentos contables ADOP y RC
Cada una de las fases de ejecución del gasto se soporta documentalmente en un documento contable específico que recoge, entre otros extremos, el importe, la aplicación presupuestaria afectada y el órgano que lo expide: documento A (autorización), documento D (disposición), documento O (reconocimiento de la obligación) y documento P (ordenación del pago), que pueden emitirse de forma individual o combinada (AD, ADO, ADOP) cuando las fases se acumulan en un único acto de gestión. El documento ADOP es el más habitual en gastos de tramitación simplificada, gastos menores o gastos de carácter periódico y reiterativo (suministros, arrendamientos). Junto a estos, el documento RC (retención de crédito) es un documento contable previo, no propiamente una fase de ejecución del gasto, que refleja la reserva de una parte del crédito disponible con anterioridad a la autorización, típicamente para iniciar un expediente de contratación o de gasto, garantizando así que existe cobertura presupuestaria antes de comprometer a la Administración frente a terceros. La denominación y codificación exactas pueden variar según el sistema de información económico-financiero de cada Administración, por lo que conviene atender a la función que cada documento cumple más que a su etiqueta concreta. Los documentos contables se rigen, en último término, por el Plan General de Contabilidad Pública y por las normas de desarrollo de la Comunidad.
La factura electrónica y el registro contable de facturas
La obligación de pago de las Administraciones Públicas se acredita normalmente con la factura del proveedor. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, obliga a presentar facturas electrónicas a los proveedores (con la excepción de las facturas de importe no superior a cinco mil euros, que las Administraciones pueden excluir) y exige que cada Administración disponga de un registro contable de facturas en el que se anotan todas las que se reciban, desde su presentación hasta su pago. La conformidad de la factura por el responsable del contrato o del servicio es la base para el reconocimiento de la obligación, y el registro contable de facturas permite controlar los plazos de pago y calcular el periodo medio de pago a proveedores, que forma parte de las obligaciones de sostenibilidad financiera de la LOEPSF. Las facturas en las que no se tramita la conformidad en el plazo legal son objeto de informes periódicos de la Intervención.
Los pagos a justificar
Los pagos a justificar son una modalidad excepcional de pago que permite librar fondos con cargo a un crédito presupuestario sin que se acompañen, en el momento de la ordenación del pago, los documentos justificativos de la obligación, porque tales documentos no pueden aportarse con carácter previo al libramiento (por ejemplo, gastos a realizar fuera de la sede del órgano gestor, o en el extranjero, cuya justificación solo puede obtenerse una vez realizado el gasto). El perceptor de fondos a justificar, que ha de ser un habilitado designado al efecto, queda obligado a rendir la correspondiente cuenta justificativa dentro del plazo legal (tres meses en el modelo estatal de la Ley General Presupuestaria, art. 79), acreditando documentalmente la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que se libraron; en caso contrario, incurre en la obligación de reintegro y puede derivarse responsabilidad contable. Se trata de una excepción a la regla general de que el pago exige el previo reconocimiento de la obligación con su justificación completa, por lo que su uso está reservado a supuestos tasados y sometido a un estricto control posterior. No pueden librarse nuevos fondos a un perceptor que tenga pendiente de justificar fondos anteriores por el mismo concepto presupuestario.
El control de la ejecución: función interventora
La ejecución del presupuesto de gastos se somete a control interno. En el ámbito de la Comunidad de Madrid corresponde a la Intervención General, que ejerce la función interventora (fiscalización previa de los actos con contenido económico: comprobación de la existencia de crédito adecuado y suficiente, de la competencia del órgano y de la adecuación del expediente a la ley), el control financiero permanente y la auditoría pública. En el modelo general de la Ley General Presupuestaria, el interventor que discrepa del acto fiscalizado formula un reparo, que suspende la tramitación del expediente hasta que se resuelva; si el órgano gestor no acepta el reparo, la discrepancia se eleva al órgano que determine la ley (generalmente el Consejo de Gobierno). La omisión de la fiscalización preceptiva es un vicio de legalidad que no impide, sin embargo, abonar la prestación efectivamente realizada si se tramita el correspondiente procedimiento de revisión, para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración. El control externo corresponde a la Cámara de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, que pueden apreciar responsabilidad contable en los casos de alcance, malversación o menoscabo de fondos.
Los anticipos de caja fija
Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a las cajas pagadoras habilitadas para atender de forma ágil gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo y de pequeña cuantía (por ejemplo, dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación y reparaciones menores, gastos de tracto sucesivo), cuya tramitación por el procedimiento ordinario resultaría desproporcionadamente costosa en relación con su importe (art. 78 de la Ley General Presupuestaria en el modelo estatal). A diferencia de los pagos a justificar, que se aplican directamente a un crédito presupuestario del ejercicio y se cancelan con su justificación, el anticipo de caja fija es un fondo de tesorería permanente y renovable: la caja pagadora va realizando pagos con cargo a él y, periódicamente, rinde cuenta justificativa de los pagos realizados para que se le reponga el fondo hasta su cuantía inicial. Los gastos se aplican a los créditos presupuestarios en el momento de la reposición, y no en el de cada pago material. Al cierre del ejercicio, los fondos pendientes de aplicar deben justificarse. Su régimen se regula, junto con el de los pagos a justificar, en el capítulo de ejecución del presupuesto de la Ley de Hacienda, y su gestión corresponde a los habilitados designados en cada Consejería u organismo.
La ejecución del presupuesto de ingresos
A diferencia de la ejecución del presupuesto de gastos, sujeta a las fases regladas ADOP por el carácter limitativo de los créditos, la ejecución del presupuesto de ingresos es más simple porque el estado de ingresos tiene naturaleza estimativa, no limitativa: la Hacienda de la Comunidad puede y debe recaudar todos los derechos que legalmente le correspondan aunque su importe supere la previsión inicial, y la falta de cumplimiento de la previsión de ingresos no impide, por sí sola, la ejecución del gasto ya autorizado (sin perjuicio de las consecuencias sobre el déficit y los objetivos de estabilidad). La ejecución de los ingresos se articula en fases paralelas, aunque menos formalizadas: el reconocimiento del derecho (cuando se declara y liquida un derecho de cobro a favor de la Hacienda), la extinción del derecho (normalmente por el cobro efectivo, aunque también puede extinguirse por prescripción, compensación, insolvencia declarada, condonación o anulación en los casos legalmente previstos) y el ingreso material de los fondos en la Tesorería. Pueden darse además devoluciones de ingresos indebidos, que se contabilizan como menor ingreso. Los derechos de la Hacienda de la Comunidad que no se hayan cobrado al cierre del ejercicio pasan a formar parte de los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados. La gestión de los ingresos tributarios y no tributarios se rige, además de por la Ley 5/2025, por la normativa tributaria general (LGT) cuando se trate de tributos propios o cedidos gestionados por la Comunidad.
El carácter limitativo de los créditos presupuestarios
El carácter limitativo de los créditos para gastos es una manifestación directa del principio de especialidad cuantitativa y constituye la garantía última del control parlamentario sobre el gasto público: los créditos autorizados en el estado de gastos constituyen el límite máximo de las obligaciones que pueden reconocerse con cargo a los mismos, de modo que son nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar (así lo establece, para el Estado, el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria, modelo de la legislación autonómica). La regla admite dos matizaciones: de un lado, los créditos declarados ampliables, en los que el límite puede superarse por mandato de la ley (obligaciones legalmente cuantificadas, como pensiones o intereses de la deuda); de otro, la posibilidad de superar el crédito inicialmente aprobado mediante los procedimientos de modificación presupuestaria estudiados en el tema anterior (transferencia, generación, ampliación, incorporación, crédito extraordinario, suplemento de crédito), que no vulneran el carácter limitativo porque operan precisamente incrementando, con las debidas garantías, el propio límite. Los compromisos de gasto adquiridos sin crédito suficiente dan lugar a responsabilidad del gestor y pueden obligar a tramitar un reconocimiento extrajudicial o un expediente de revisión de oficio. El carácter limitativo es lo que diferencia la naturaleza jurídica del estado de gastos (un mandato-límite) de la del estado de ingresos (una previsión no vinculante).
La liquidación del presupuesto: concepto y contenido
La liquidación del presupuesto es la operación contable que se realiza al cierre de cada ejercicio económico y que tiene por objeto determinar, referidos a 31 de diciembre, los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, así como los derechos y las obligaciones anulados, cuantificando el grado de ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos aprobado para ese ejercicio. Su resultado se integra en la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, que reúne la liquidación de todos los presupuestos del sector público autonómico junto con las cuentas anuales de las entidades sujetas a contabilidad empresarial; su formación corresponde a la Intervención General, bajo la dirección de la Consejería competente en Hacienda, y se rinde a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y a la Asamblea. Del proceso de liquidación se obtienen las dos magnitudes fundamentales que resumen la situación económico-financiera del ejercicio liquidado: el resultado presupuestario, que mide el saldo entre los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, y el remanente de tesorería, que mide la posición de liquidez acumulada de la Hacienda a esa fecha. Ambas magnitudes, aunque relacionadas, responden a lógicas distintas y no deben confundirse. A efectos de estabilidad presupuestaria, además, se calcula la capacidad o necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, que difiere de las magnitudes presupuestarias.
El resultado presupuestario
El resultado presupuestario es la magnitud que mide la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio (ingresos reconocidos) y las obligaciones presupuestarias reconocidas en el mismo periodo (gastos reconocidos), ofreciendo una fotografía del comportamiento del presupuesto corriente sin tener en cuenta los ejercicios anteriores. El resultado así calculado se somete después a ajustes para obtener el resultado presupuestario ajustado, que es la magnitud más representativa de la situación financiera del ejercicio: se suman los créditos gastados financiados con remanente de tesorería de ejercicios anteriores (porque ese gasto no se financió con ingresos del propio ejercicio, sino con un ahorro acumulado previo), se suman las desviaciones de financiación negativas y se restan las desviaciones de financiación positivas del ejercicio, derivadas de gastos con financiación afectada (fondos europeos o de otras Administraciones) cuya ejecución no coincide temporalmente con la del ingreso que los financia. En fórmula: resultado presupuestario ajustado = derechos reconocidos netos − obligaciones reconocidas netas + créditos gastados financiados con remanente de tesorería + desviaciones de financiación negativas − desviaciones de financiación positivas. Un resultado positivo (superávit) indica que los derechos liquidados han superado a las obligaciones reconocidas; uno negativo (déficit), lo contrario. La magnitud de referencia para verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria no es el resultado presupuestario sino la capacidad o necesidad de financiación calculada con criterios del SEC.
El remanente de tesorería
El remanente de tesorería es la magnitud que mide la posición de liquidez acumulada de la Hacienda de la Comunidad de Madrid a 31 de diciembre, calculada como la suma de los fondos líquidos disponibles en caja y cuentas bancarias más los derechos pendientes de cobro (de presupuestos corrientes y de presupuestos cerrados de ejercicios anteriores, así como de operaciones no presupuestarias), menos las obligaciones pendientes de pago (igualmente de presupuestos corrientes, cerrados y no presupuestarias). A diferencia del resultado presupuestario, que es una magnitud de flujo referida únicamente al ejercicio liquidado, el remanente de tesorería es una magnitud de stock que acumula el efecto de todos los ejercicios anteriores no consumido ni comprometido. Del remanente de tesorería total se distingue el remanente de tesorería para gastos generales, que es la parte del remanente total efectivamente disponible para financiar nuevos gastos (créditos extraordinarios, suplementos de crédito, incorporaciones de remanentes) una vez descontados los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada de proyectos con financiación finalista que aún no se ha aplicado a su finalidad; solo esta parte «para gastos generales» puede utilizarse libremente como fuente de financiación de modificaciones presupuestarias, mientras que la financiación afectada debe reservarse necesariamente a los proyectos a los que está vinculada.
Ejemplo numérico: resultado presupuestario y remanente de tesorería
Un ejemplo sencillo ayuda a fijar las fórmulas. Supóngase que en un ejercicio los derechos reconocidos netos son de 1.000 millones de euros y las obligaciones reconocidas netas de 950 millones: el resultado presupuestario es de +50 millones (superávit). Si se han gastado 20 millones de créditos financiados con remanente de tesorería y las desviaciones de financiación positivas del ejercicio son de 10 millones, el resultado presupuestario ajustado sería 50 + 20 − 10 = 60 millones. Por su parte, el remanente de tesorería a fin de ejercicio se calcula sumando los fondos líquidos (por ejemplo, 300 millones) y los derechos pendientes de cobro (por ejemplo, 400 millones) y restando las obligaciones pendientes de pago (por ejemplo, 250 millones): 300 + 400 − 250 = 450 millones de remanente de tesorería total. Si de él hay que descontar 100 millones de saldos de dudoso cobro y 50 millones de exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales sería de 300 millones, que es la cifra que puede utilizarse para financiar modificaciones presupuestarias. Lo relevante para el examen es no confundir el signo ni el contenido de cada magnitud: el resultado es de flujo y de un solo ejercicio; el remanente es de stock y acumula ejercicios.
Los saldos de dudoso cobro
Los saldos de dudoso cobro son la corrección de valor que, dentro del cálculo del remanente de tesorería, debe practicarse sobre los derechos pendientes de cobro cuya recaudación se presenta como incierta o de difícil realización, con objeto de que el remanente de tesorería refleje una imagen fiel y prudente de la verdadera liquidez disponible y no sobrevalore como recursos aprovechables unos derechos que, en la práctica, difícilmente llegarán a cobrarse. La determinación de qué derechos deben considerarse de dudoso cobro se realiza aplicando criterios objetivos vinculados a la antigüedad de la deuda (cuanto más tiempo lleva un derecho pendiente de cobro sin gestionarse con éxito, mayor es la probabilidad de que resulte incobrable) y a la naturaleza del deudor o del propio derecho (situación de concurso o insolvencia del deudor, deudas prescritas o próximas a prescribir, derechos en fase de apremio sin bienes embargables conocidos), pudiendo establecerse porcentajes de minoración crecientes en función de los años de antigüedad de la deuda. Esta corrección se resta directamente del remanente de tesorería para gastos generales, de modo que un aumento relevante de los saldos de dudoso cobro —por ejemplo, ante un deterioro generalizado de la morosidad de deudores tributarios— reduce automáticamente la capacidad de la Comunidad de Madrid para financiar modificaciones presupuestarias con cargo al remanente, aun cuando contablemente esos derechos sigan figurando como pendientes de cobro.
Las obligaciones de ejercicios anteriores, la prescripción y el cierre
Al cierre del ejercicio, las obligaciones reconocidas y no pagadas y los derechos reconocidos y no cobrados pasan a formar parte de los presupuestos cerrados y se siguen contabilizando en las cuentas de ejercicios cerrados hasta su extinción. Los gastos realizados en un ejercicio sin que se reconociera la obligación en él deben imputarse al ejercicio corriente en los supuestos legales (atrasos de personal, compromisos debidamente adquiridos y obligaciones procedentes de ejercicios anteriores con la oportuna autorización), con el procedimiento de reconocimiento que establezca la ley, sin que pueda utilizarse esta vía para eludir el carácter limitativo de los créditos. En el modelo estatal, el derecho al reconocimiento o liquidación de obligaciones y el derecho al cobro de la Hacienda prescriben a los cuatro años (art. 25 de la Ley General Presupuestaria), y la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid regula plazos equivalentes. La cancelación de derechos y obligaciones prescritos y la depuración de saldos antiguos son operaciones habituales del cierre.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Orden de las fases ADOP: Autorización (reserva interna de crédito, sin relación con terceros) → Disposición o compromiso (vincula a un tercero identificado) → reconocimiento de la Obligación (nace el derecho de cobro del acreedor; exige prestación ya realizada) → ordenación del Pago (orden contra la Tesorería) → pago material (extinción efectiva de la deuda).
La autorización y la disposición pueden acumularse en un documento AD; las cuatro fases pueden acumularse en un ADOP, muy habitual en gastos periódicos o de tramitación simplificada.
El documento RC (retención de crédito) es previo a la fase de autorización, no una fase de ejecución en sí misma: reserva crédito antes de comprometer a la Administración.
No confundas pagos a justificar (se aplican a un crédito del ejercicio y se cancelan rindiendo cuenta; plazo de justificación de tres meses en el modelo estatal) con anticipos de caja fija (fondo extrapresupuestario permanente y renovable para gastos periódicos de poca cuantía, que se repone periódicamente).
El estado de gastos es limitativo (los actos que lo excedan son nulos de pleno derecho; excepciones: créditos ampliables y modificaciones reguladas); el estado de ingresos es estimativo, de modo que puede superarse la previsión sin infracción.
Resultado presupuestario = derechos reconocidos netos − obligaciones reconocidas netas del ejercicio (magnitud de flujo). Ajustado: + créditos gastados financiados con remanente + desviaciones de financiación negativas − desviaciones positivas.
Remanente de tesorería = fondos líquidos + derechos pendientes de cobro − obligaciones pendientes de pago (magnitud de stock). Para gastos generales: total − saldos de dudoso cobro − exceso de financiación afectada.
Del remanente de tesorería total solo el remanente para gastos generales puede usarse libremente para financiar modificaciones presupuestarias (créditos extraordinarios, suplementos, incorporaciones).
Plazo de pago en el sector público: 30 días desde la aprobación de la conformidad (Ley 3/2004 y art. 198 LCSP); interés de demora = tipo BCE más ocho puntos; indemnización mínima por costes de cobro de 40 euros.
Factura electrónica obligatoria para los proveedores (excepto facturas hasta 5.000 euros): Ley 25/2013, con registro contable de facturas.
Los números de artículo de la Ley 5/2025 no se citan por no haber podido contrastarse; localiza cada institución en el capítulo de ejecución y liquidación del texto consolidado.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El documento contable AD supone:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 36 de Administrativo C. Madrid?
Este tercer tema de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid (Ley 5/2025) desarrolla el procedimiento por el que un crédito presupuestario aprobado se convierte, paso a paso, en un pago efectivo a un tercero: las clásicas fases ADOP (autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago), los documentos contables que las soportan, los regímenes especiales de pago (pagos a justificar y anticipos de caja fija) y, al cierre del ejercicio, la liquidación del presupuesto con sus dos grandes magnitudes, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería. Es, junto con el tema de modificaciones presupuestarias, la parte más técnica y memorística de todo el bloque de gestión financiera, muy presente en los test por la facilidad de plantear preguntas de «qué fase es cuál» o «qué documento corresponde a qué fase».
Nota de rigor: la regulación de la ejecución y liquidación en la Ley 5/2025 reproduce en lo esencial el modelo clásico de la legislación presupuestaria española (Ley 47/2003, General Presupuestaria, y su desarrollo contable). En esta revisión no ha sido posible contrastar el texto consolidado de la Ley 5/2025, por lo que no se citan sus números de artículo; el contenido se expone por instituciones y debe localizarse en el capítulo de ejecución y liquidación del texto vigente.
¿Qué hay que memorizar del Tema 36 para el examen?
Orden de las fases ADOP: Autorización (reserva interna de crédito, sin relación con terceros) → Disposición o compromiso (vincula a un tercero identificado) → reconocimiento de la Obligación (nace el derecho de cobro del acreedor; exige prestación ya realizada) → ordenación del Pago (orden contra la Tesorería) → pago material (extinción efectiva de la deuda). La autorización y la disposición pueden acumularse en un documento AD; las cuatro fases pueden acumularse en un ADOP, muy habitual en gastos periódicos o de tramitación simplificada. El documento RC (retención de crédito) es previo a la fase de autorización, no una fase de ejecución en sí misma: reserva crédito antes de comprometer a la Administración. No confundas pagos a justificar (se aplican a un crédito del ejercicio y se cancelan rindiendo cuenta; plazo de justificación de tres meses en el modelo estatal) con anticipos de caja fija (fondo extrapresupuestario permanente y renovable para gastos periódicos de poca cuantía, que se repone periódicamente). El estado de gastos es limitativo (los actos que lo excedan son nulos de pleno derecho; excepciones: créditos ampliables y modificaciones reguladas); el estado de ingresos es estimativo, de modo que puede superarse la previsión sin infracción. Resultado presupuestario = derechos reconocidos netos − obligaciones reconocidas netas del ejercicio (magnitud de flujo). Ajustado: + créditos gastados financiados con remanente + desviaciones de financiación negativas − desviaciones positivas. Remanente de tesorería = fondos líquidos + derechos pendientes de cobro − obligaciones pendientes de pago (magnitud de stock). Para gastos generales: total − saldos de dudoso cobro − exceso de financiación afectada. Del remanente de tesorería total solo el remanente para gastos generales puede usarse libremente para financiar modificaciones presupuestarias (créditos extraordinarios, suplementos, incorporaciones). Plazo de pago en el sector público: 30 días desde la aprobación de la conformidad (Ley 3/2004 y art. 198 LCSP); interés de demora = tipo BCE más ocho puntos; indemnización mínima por costes de cobro de 40 euros. Factura electrónica obligatoria para los proveedores (excepto facturas hasta 5.000 euros): Ley 25/2013, con registro contable de facturas. Los números de artículo de la Ley 5/2025 no se citan por no haber podido contrastarse; localiza cada institución en el capítulo de ejecución y liquidación del texto consolidado.
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Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid (capítulo de ejecución y liquidación del presupuesto; consultar el texto consolidado para los números de artículo)
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid (derogada con efectos de 1 de enero de 2026)
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (modelo de referencia: arts. 25, 46, 78 y 79)
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (art. 198)
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público
Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Mientras tanto, practica con tests gratis de Administrativo C. Madrid.