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Tema 8. Referencia a los Tratados originarios y modificativos de la Unión Europea. Instituciones principales: El Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La participación de las Comunidades Autónomas en el ámbito comunitario.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

España forma parte de la Unión Europea desde 1986, y el Derecho de la Unión constituye hoy una fuente normativa de primer orden para cualquier Administración Pública española, incluida la de la Comunidad de Madrid, que gestiona fondos europeos y aplica normativa comunitaria en numerosos ámbitos materiales. Este tema recorre la evolución de los Tratados constitutivos y modificativos, describe las cinco instituciones principales de la Unión (Consejo Europeo, Consejo, Comisión, Parlamento Europeo y Tribunal de Justicia), y cierra con los cauces por los que las Comunidades Autónomas españolas participan en los asuntos europeos que afectan a sus propias competencias.

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Los orígenes de la integración europea: CECA, CEE y Euratom

El proceso de integración europea se inició con la Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950, que propuso poner en común la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una Alta Autoridad común, como fórmula para hacer materialmente imposible una nueva guerra entre ambos países. Esta propuesta cristalizó en el Tratado de París de 1951, que creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), integrada por seis Estados fundadores: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El éxito de esta primera experiencia de integración sectorial impulsó, pocos años después, la firma de los Tratados de Roma de 1957, que crearon simultáneamente dos nuevas Comunidades entre los mismos seis Estados: la Comunidad Económica Europea (CEE), orientada a la creación de un mercado común general mediante la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom, o CEEA), dedicada al desarrollo conjunto y pacífico de la energía nuclear. Estas tres Comunidades (CECA, CEE y Euratom) constituyeron el núcleo original de lo que hoy es la Unión Europea.

Fusión de ejecutivos, ampliaciones y Brexit

Tras los Tratados de Roma, el Tratado de Fusión de 1965 (en vigor desde 1967) unificó los órganos ejecutivos de las tres Comunidades, de modo que pasaron a compartir una Comisión y un Consejo únicos. El Tratado CECA se firmó por cincuenta años y expiró en 2002, por lo que sus competencias se integraron en el marco comunitario; los Tratados CEE (hoy TFUE) y Euratom siguen vigentes. Los Estados miembros han ido creciendo por ampliaciones sucesivas: 1973 (Reino Unido, Dinamarca e Irlanda), 1981 (Grecia), 1986 (España y Portugal, mediante el Tratado de adhesión de 1985), 1995 (Austria, Finlandia y Suecia), 2004 (diez Estados de Europa central y oriental y del Mediterráneo), 2007 (Bulgaria y Rumanía) y 2013 (Croacia). El Reino Unido se retiró de la Unión el 31 de enero de 2020 tras activar el art. 50 TUE, por lo que la Unión cuenta hoy con 27 Estados miembros. España ingresó el 1 de enero de 1986.

El Tratado de Roma de 1957

El Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 1957 por Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, constituyó la Comunidad Económica Europea (CEE), con entrada en vigor el 1 de enero de 1958. Su objetivo fundamental era la creación progresiva de un mercado común entre los Estados miembros, basado en las cuatro libertades básicas que hoy siguen vertebrando el mercado interior de la Unión: la libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y de capitales, junto con el establecimiento de una unión aduanera con un arancel exterior común frente a terceros países. El mismo día se firmó también el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). El Tratado de Roma creó, ya desde su origen, un embrión de las instituciones actuales de la Unión: una Asamblea Parlamentaria (antecedente del actual Parlamento Europeo), un Consejo, una Comisión y un Tribunal de Justicia, sentando así las bases del entramado institucional que, con sucesivas reformas y ampliaciones de poderes, ha llegado hasta la actualidad.

El Acta Única Europea

El Acta Única Europea (AUE), firmada en 1986 y en vigor desde el 1 de julio de 1987, constituyó la primera gran reforma en profundidad de los Tratados constitutivos originarios. Su principal objetivo fue relanzar el proceso de integración mediante el establecimiento de un plazo concreto (el 31 de diciembre de 1992) para la culminación efectiva del mercado interior, entendido como un espacio sin fronteras interiores en el que estuviera garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales conforme a las disposiciones de los Tratados. Para facilitar la adopción de la ingente normativa de armonización necesaria para completar el mercado interior en ese plazo, el AUE introdujo además una novedad institucional decisiva: la extensión del voto por mayoría cualificada en el Consejo a un número mucho mayor de materias relacionadas con el mercado interior, superando así la regla de la unanimidad que hasta entonces dificultaba enormemente la adopción de decisiones. El AUE reforzó también los poderes del entonces incipiente Parlamento Europeo mediante la introducción del procedimiento de cooperación, precedente directo del actual procedimiento legislativo ordinario.

El Tratado de Maastricht: creación de la Unión Europea

El Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992 y en vigor desde el 1 de noviembre de 1993, creó formalmente la Unión Europea, sustituyendo la denominación de Comunidad Económica Europea por la de Comunidad Europea (que pasó a ser uno de los tres pilares de la nueva Unión) y añadiendo dos nuevos pilares de naturaleza intergubernamental: la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la cooperación en Justicia y Asuntos de Interior (JAI). Este diseño en tres pilares (estructura hoy superada tras el Tratado de Lisboa, que unificó todo en la única Unión Europea) reflejaba la voluntad de avanzar hacia una integración política más profunda sin renunciar al control intergubernamental en las materias más sensibles para la soberanía de los Estados. El Tratado de Maastricht estableció además las bases de la Unión Económica y Monetaria, con el calendario y los criterios de convergencia que condujeron a la introducción del euro como moneda única, e introdujo la ciudadanía de la Unión Europea, que se añade a la nacionalidad de cada Estado miembro sin sustituirla, reconociendo a todo ciudadano de la Unión derechos como el de libre circulación y residencia, o el de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en su Estado de residencia.

El Tratado de Ámsterdam

El Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997 y en vigor desde el 1 de mayo de 1999, tuvo como objetivos principales reforzar la dimensión social de la Unión (mediante la incorporación del Acuerdo sobre Política Social al propio Tratado, tras la incorporación del Reino Unido a esta materia), avanzar en la comunitarización de determinadas políticas hasta entonces situadas en el tercer pilar intergubernamental (visados, asilo e inmigración, que pasaron parcialmente al primer pilar comunitario), y reforzar el espacio de libertad, seguridad y justicia, incorporando al marco de la Unión el acervo de Schengen (el acuerdo y el convenio de aplicación sobre supresión gradual de controles en las fronteras comunes, que hasta entonces se había desarrollado al margen del marco institucional comunitario). El Tratado de Ámsterdam extendió también el ámbito de aplicación del procedimiento de codecisión (precedente directo del actual procedimiento legislativo ordinario) y simplificó su funcionamiento, reforzando con ello el papel colegislador del Parlamento Europeo junto al Consejo. Introdujo además mecanismos de cooperación reforzada, que permiten a un grupo de Estados miembros avanzar en la integración en determinadas materias sin necesidad de que participen todos los Estados de la Unión.

El Tratado de Niza

El Tratado de Niza, firmado en 2001 y en vigor desde el 1 de febrero de 2003, tuvo como finalidad principal adaptar el funcionamiento institucional de la Unión Europea ante la perspectiva inminente de su ampliación a los países de Europa Central y Oriental (ampliación que se materializó efectivamente en 2004, con la incorporación de diez nuevos Estados miembros). Para ello, el Tratado de Niza reponderó el reparto de votos en el Consejo entre los Estados miembros, ajustó el número de escaños del Parlamento Europeo y de miembros de la Comisión ante la futura ampliación, y extendió nuevamente el ámbito de aplicación del voto por mayoría cualificada a determinadas materias en las que hasta entonces regía la unanimidad, buscando así evitar la parálisis decisoria que podría derivarse de un número mucho mayor de Estados miembros con derecho de veto. Coincidiendo con la cumbre de Niza, el Consejo Europeo de diciembre de 2000 proclamó solemnemente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que no formó parte del Tratado de Niza ni tuvo inicialmente fuerza jurídica vinculante, y que solo alcanzaría valor jurídico equiparable al de los Tratados años después, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

El Tratado de Lisboa: reforma institucional

El Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, constituye la reforma institucional más profunda de la historia reciente de la Unión Europea, y sustituyó al fallido Tratado por el que se pretendía establecer una Constitución para Europa (rechazado en referéndum por Francia y Países Bajos en 2005), recuperando buena parte de su contenido sustantivo pero sin la forma ni la denominación de «Constitución». Sus principales novedades institucionales incluyen: la desaparición de la estructura en tres pilares heredada de Maastricht, unificándose todo en la única Unión Europea, dotada expresamente de personalidad jurídica propia; la atribución de fuerza jurídica vinculante, equiparada a la de los propios Tratados, a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; la creación de la figura del Presidente permanente del Consejo Europeo y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; la generalización del procedimiento legislativo ordinario (la antigua codecisión) como procedimiento legislativo por defecto de la Unión; y el reforzamiento de los Parlamentos nacionales en el control del principio de subsidiariedad. El Tratado de Lisboa dio además su redacción actual, hoy vigente, tanto al Tratado de la Unión Europea (TUE) como al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El Tratado de la Unión Europea (TUE)

El Tratado de la Unión Europea (TUE), en su versión consolidada tras la reforma de Lisboa, constituye, junto con el TFUE, el Derecho originario o primario de la Unión Europea, esto es, la norma de mayor rango dentro del ordenamiento jurídico comunitario, de la que derivan y a la que deben respeto todas las demás normas del Derecho derivado (reglamentos, directivas y decisiones). El TUE contiene las disposiciones de naturaleza más constitucional o estructural de la Unión: sus valores y objetivos fundacionales (art. 2 y art. 3 TUE, respectivamente), las disposiciones sobre las instituciones principales de la Unión (arts. 13 a 19 TUE, que regulan de forma sintética al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea), las disposiciones sobre cooperación reforzada, las disposiciones específicas sobre la Política Exterior y de Seguridad Común, y las disposiciones finales sobre el propio procedimiento de reforma de los Tratados y sobre el derecho de un Estado miembro a retirarse voluntariamente de la Unión (art. 50 TUE, base jurídica utilizada por el Reino Unido para materializar el «Brexit»).

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), heredero directo del antiguo Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (a su vez heredero del Tratado de Roma de 1957), completa al TUE dentro del Derecho originario de la Unión, desarrollando con mucho mayor detalle técnico las disposiciones más generales y estructurales que el TUE se limita a enunciar. El TFUE regula, entre otras materias: los principios y el ámbito de aplicación territorial y personal de la Unión; el detalle del funcionamiento del mercado interior y de las cuatro libertades fundamentales (mercancías, personas, servicios y capitales); las políticas y acciones internas de la Unión en sus distintos ámbitos materiales (agricultura, transportes, competencia, política social, medio ambiente, entre muchas otras); la acción exterior de la Unión distinta de la PESC (política comercial común, cooperación al desarrollo); y, de manera especialmente relevante para este tema, las disposiciones institucionales de detalle (composición numérica exacta, procedimientos de elección o nombramiento, reglas de funcionamiento interno) de cada una de las instituciones y órganos que el TUE solo esboza en sus rasgos más generales, incluyendo el detalle del procedimiento legislativo ordinario y de las distintas formaciones del Consejo.

Principios y competencias de la Unión (arts. 4 y 5 TUE; arts. 2 a 6 TFUE)

La Unión actúa con arreglo a tres principios fundamentales recogidos en el art. 5 TUE. El principio de atribución: la Unión solo tiene las competencias que los Estados le han atribuido en los Tratados, y las no atribuidas pertenecen a los Estados. El principio de subsidiariedad: en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión solo interviene si los objetivos no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados y pueden lograrse mejor a escala de la Unión; los Parlamentos nacionales vigilan su cumplimiento. Y el principio de proporcionalidad: el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. En cuanto a los tipos de competencia, el TFUE distingue las competencias exclusivas (arts. 2 y 3: unión aduanera, política comercial común, política monetaria de la zona euro, normas de competencia del mercado interior y conservación de los recursos biológicos marinos), las compartidas (art. 4: mercado interior, agricultura, medio ambiente, transportes, energía, política social, cohesión, protección de los consumidores, entre otras) y las de apoyo, coordinación o complemento (art. 6: protección de la salud, industria, cultura, turismo, educación, protección civil, cooperación administrativa). Los Estados mantienen la responsabilidad de su identidad nacional, incluida la autonomía regional y local (art. 4.2 TUE).

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada solemnemente en el Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 y posteriormente adaptada y vuelta a proclamar en 2007, recoge en un único texto sistemático el catálogo de derechos civiles, políticos, económicos y sociales reconocidos a los ciudadanos y residentes de la Unión Europea, organizados en seis títulos temáticos: dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. Aunque proclamada ya en el año 2000, la Carta careció inicialmente de fuerza jurídica vinculante propia, y no fue hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009) cuando el art. 6.1 TUE le atribuyó expresamente «el mismo valor jurídico que los Tratados», equiparándola así en rango al Derecho originario de la Unión. La Carta vincula a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros, pero únicamente cuando estos apliquen Derecho de la Unión (no en cualquier actuación puramente interna ajena al ámbito comunitario), matiz de gran relevancia práctica que suele explotarse en preguntas de examen que buscan comprobar si el opositor conoce el ámbito de aplicación limitado de la Carta frente al de las constituciones nacionales.

Las instituciones de la Unión y el equilibrio institucional (art. 13 TUE)

El art. 13 TUE enumera siete instituciones de la Unión: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Por tanto, el enunciado del tema se centra en las cinco primeras, pero conviene saber que el BCE y el Tribunal de Cuentas Europeo son también instituciones en sentido estricto. El Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones no son instituciones sino órganos consultivos que asisten al Parlamento, al Consejo y a la Comisión (art. 13.4 TUE). Cada institución actúa dentro de los límites de las atribuciones conferidas por los Tratados (principio de equilibrio institucional) y con arreglo a los procedimientos que estos establecen; las instituciones mantienen entre sí una cooperación leal. Fuera del elenco de instituciones existen órganos y organismos de gran relevancia práctica, como el Defensor del Pueblo Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Servicio Europeo de Acción Exterior o la Fiscalía Europea (EPPO), esta última creada por el Reglamento (UE) 2017/1939, con competencia para investigar y ejercer la acción penal por delitos que perjudican a los intereses financieros de la Unión y en funcionamiento desde junio de 2021; España participa en ella.

El Consejo Europeo: composición, funciones y presidencia

El Consejo Europeo, regulado en el art. 15 TUE, está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión Europea, participando igualmente el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en sus trabajos. Su función, conforme al propio art. 15.1 TUE, es dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones y prioridades políticas generales, sin ejercer función legislativa alguna: el Consejo Europeo marca el rumbo político de la Unión pero no aprueba normas de Derecho derivado, tarea que corresponde al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo. Desde la reforma de Lisboa, el Consejo Europeo cuenta con un Presidente permanente, elegido por el propio Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, renovable una sola vez, que no puede ejercer simultáneamente un mandato nacional, a diferencia del sistema anterior de presidencia rotatoria semestral que aún se mantiene, en cambio, para el Consejo de la Unión Europea.

El Consejo Europeo: funcionamiento y titulares

El Consejo Europeo se reúne dos veces por semestre por convocatoria de su Presidente (y, cuando la situación lo exija, en reuniones extraordinarias), y salvo disposición en contrario de los Tratados decide por consenso (art. 15.4 TUE). Cuando vota, las decisiones se toman por unanimidad o por mayoría cualificada según prevean los Tratados; su Presidente y el Presidente de la Comisión no participan en la votación. Entre sus competencias concretas figuran proponer el candidato a Presidente de la Comisión, nombrar al Alto Representante (con la aprobación del Presidente de la Comisión), fijar la composición del Parlamento Europeo y la del Consejo en los casos previstos o decidir sobre la apertura de procedimientos de modificación de los Tratados. Su Presidente impulsa los trabajos, facilita la cohesión y el consenso y presenta un informe al Parlamento tras cada reunión, y asume en su nivel la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y seguridad común, sin perjuicio de las competencias del Alto Representante. A fecha de esta revisión, el Presidente del Consejo Europeo es António Costa (desde diciembre de 2024), el Presidente de la Comisión es Ursula von der Leyen (segundo mandato 2024-2029) y la Alta Representante es Kaja Kallas; son datos susceptibles de cambio que conviene contrastar con las fuentes oficiales. El Consejo Europeo no debe confundirse con el Consejo de Europa, organización internacional ajena a la Unión con sede en Estrasburgo.

El Consejo de la Unión Europea: formaciones y presidencia rotatoria

El Consejo de la Unión Europea (frecuentemente llamado «el Consejo», a secas, para distinguirlo del Consejo Europeo), regulado en el art. 16 TUE, ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria de la Unión, y ejerce funciones de definición de políticas y de coordinación en los términos que establecen los Tratados. Está integrado por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, con capacidad para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que representa y para ejercer el derecho de voto. Sus trabajos los prepara el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), integrado por los embajadores de los Estados ante la Unión. A diferencia del Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea se reúne en distintas formaciones según la materia a tratar (Asuntos Generales, Asuntos Exteriores, Agricultura y Pesca, ECOFIN para asuntos económicos y financieros, entre otras muchas), integrada cada formación por el Ministro competente en la materia de cada Estado miembro. Su presidencia, salvo la formación de Asuntos Exteriores (presidida de forma permanente por el Alto Representante), es rotatoria entre los Estados miembros por periodos semestrales, siguiendo un orden previamente establecido, correspondiendo al Estado que ostenta la presidencia de turno organizar y dirigir las reuniones y fijar buena parte de la agenda política del semestre.

La presidencia semestral y las formaciones del Consejo: datos útiles

La presidencia rotatoria del Consejo la ejerce cada Estado durante seis meses, agrupados en tríos de presidencias que comparten un programa común durante dieciocho meses. Las presidencias recientes y próximas son: Polonia y Dinamarca en 2025, Chipre en el primer semestre de 2026 e Irlanda en el segundo semestre de 2026 (por lo que a fecha de esta revisión la ocupa Irlanda), seguidas de Lituania y Grecia en 2027. España ejerció la presidencia en el segundo semestre de 2023. El Consejo funciona en diez formaciones, entre las que figuran Asuntos Generales (que coordina el trabajo de las demás y prepara el Consejo Europeo), Asuntos Exteriores (presidida por el Alto Representante), Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), Justicia y Asuntos de Interior, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente o Educación, Juventud, Cultura y Deporte. El Consejo ejerce conjuntamente con el Parlamento la función legislativa y presupuestaria, define las políticas y coordina, celebra acuerdos internacionales y adopta, en su caso, actos de ejecución. Las sesiones en que delibera y vota sobre proyectos de actos legislativos son públicas. Los trabajos se preparan en el Coreper (I para asuntos como mercado interior o medio ambiente; II para asuntos generales, económicos y exteriores), asistido por grupos de trabajo; la Secretaría General del Consejo da apoyo administrativo.

El sistema de votación en el Consejo: la mayoría cualificada

El sistema de votación por mayoría cualificada en el Consejo, regulado en el art. 16.4 TUE, constituye desde el 1 de noviembre de 2014 la llamada «doble mayoría»: una decisión se considera aprobada por mayoría cualificada cuando reúne el voto favorable de al menos el 55% de los miembros del Consejo (lo que en la práctica exige normalmente un mínimo de quince Estados miembros), que representen además Estados miembros que reúnan, como mínimo, el 65% de la población total de la Unión Europea. Este sistema de doble mayoría busca reflejar simultáneamente dos criterios de legitimidad: el número de Estados (para evitar que un pequeño grupo de Estados muy poblados imponga su voluntad a la mayoría de los Estados miembros) y el peso poblacional (para evitar el efecto inverso, que una coalición de muchos Estados pequeños poco poblados pudiera imponerse a Estados con una parte muy sustancial de la población total de la Unión). Junto a la mayoría cualificada, subsisten determinadas materias especialmente sensibles para la soberanía de los Estados (fiscalidad, política exterior y de seguridad común, ampliación de la Unión, entre otras) en las que sigue exigiéndose la unanimidad de todos los Estados miembros del Consejo.

Reglas de votación en el Consejo: regla general, excepciones y minoría de bloqueo

El art. 16.3 TUE establece que el Consejo decide por mayoría cualificada salvo que los Tratados dispongan otra cosa. La definición de la mayoría cualificada del art. 16.4 TUE (al menos el 55% de los miembros del Consejo, que incluya al menos quince de ellos, y que representen Estados que reúnan al menos el 65% de la población) se completa con la minoría de bloqueo: debe estar integrada por al menos cuatro miembros del Consejo, de manera que, si no se alcanza esa cifra, la mayoría cualificada se considera alcanzada. Cuando el Consejo no actúa a propuesta de la Comisión o del Alto Representante, la mayoría cualificada se endurece (art. 238.2 TFUE): al menos el 72% de los miembros del Consejo que representen Estados que reúnan al menos el 65% de la población. Se exige unanimidad en materias sensibles, como la política exterior y de seguridad común (con matices), la fiscalidad, la adhesión de nuevos Estados, la seguridad social o el marco financiero plurianual; en el procedimiento legislativo se requiere unanimidad para que el Consejo modifique una propuesta de la Comisión (art. 293 TFUE). La abstención de los miembros presentes o representados no impide la adopción de acuerdos que requieran unanimidad. Algunas decisiones se toman por mayoría simple (la mayoría de los miembros que componen el Consejo), como las cuestiones de procedimiento. Las llamadas cláusulas pasarela permiten pasar de unanimidad a mayoría cualificada o de un procedimiento legislativo especial al ordinario, con control de los Parlamentos nacionales.

La Comisión Europea: composición y nombramiento

La Comisión Europea, regulada en el art. 17 TUE, está compuesta, desde el 1 de noviembre de 2014, por un número de miembros correspondiente a dos tercios del número de Estados miembros, salvo que el Consejo Europeo decida modificar esta cifra por unanimidad (decisión que, en la práctica, ha llevado a mantener un Comisario por cada Estado miembro, incluyendo entre ellos a su Presidente y al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, que ejerce además una de las Vicepresidencias de la Comisión). El procedimiento de nombramiento combina la intervención del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo: el Consejo Europeo, por mayoría cualificada y teniendo en cuenta el resultado de las elecciones europeas, propone al Parlamento Europeo un candidato a Presidente de la Comisión, que debe ser elegido por este por mayoría de sus miembros; a continuación, el Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adopta la lista de los demás miembros propuestos por los Estados miembros; y, finalmente, el Colegio de Comisarios en su conjunto (Presidente, Alto Representante y demás miembros) se somete a un voto de aprobación del Parlamento Europeo antes de su nombramiento definitivo por el Consejo Europeo por mayoría cualificada.

Funciones de la Comisión: iniciativa legislativa y guardiana de los Tratados

El art. 17.1 TUE atribuye a la Comisión Europea un conjunto de funciones que la convierten en la institución más próxima, dentro del sistema institucional de la Unión, a un Ejecutivo de naturaleza tecnocrática: promueve el interés general de la Unión y toma las iniciativas adecuadas con este fin; vela por la aplicación de los Tratados y de las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de estos (función de «guardiana de los Tratados», que incluye la posibilidad de iniciar procedimientos de infracción contra los Estados miembros que incumplan el Derecho de la Unión, pudiendo llegar a demandarlos ante el Tribunal de Justicia); supervisa la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia; ejecuta el presupuesto de la Unión y gestiona los programas; ejerce funciones de coordinación, ejecución y gestión conforme a las condiciones establecidas en los Tratados; y, de manera especialmente relevante, ejerce con carácter general el monopolio de la iniciativa legislativa de la Unión: salvo excepciones tasadas, ningún acto legislativo de la Unión puede adoptarse sin una propuesta previa de la Comisión, lo que le otorga una posición de enorme influencia sobre la agenda normativa efectiva de la Unión Europea.

La Comisión: mandato, responsabilidad y Alto Representante

El mandato de la Comisión es de cinco años, coincidente con la legislatura del Parlamento Europeo; los Comisarios son elegidos por su competencia general y su compromiso europeo y ofrecen garantías plenas de independencia: no solicitan ni aceptan instrucciones de ningún Gobierno ni de organismo alguno. La Comisión actúa como órgano colegiado, bajo la orientación política de su Presidente, que define las orientaciones, decide la organización interna y nombra a los Vicepresidentes (salvo el Alto Representante, que ostenta una de las Vicepresidencias). Es responsable colectivamente ante el Parlamento, que puede censurarla; si prospera la moción de censura, los miembros deben dimitir colectivamente de sus cargos y el Alto Representante deja las funciones que ejerce en la Comisión. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad conduce la política exterior y de seguridad común, preside el Consejo de Asuntos Exteriores y es Vicepresidente de la Comisión, apoyándose en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Además de la iniciativa legislativa, la Comisión representa exteriormente a la Unión, salvo en la política exterior y de seguridad común, y puede adoptar actos delegados y de ejecución cuando el legislador se lo atribuya. Sus propuestas se acompañan de evaluaciones de impacto y de la verificación del respeto a la subsidiariedad.

El Parlamento Europeo: composición y elección

El Parlamento Europeo, regulado en el art. 14 TUE, está compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión, con un límite máximo de setecientos cincuenta diputados más su Presidente, elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años. La distribución de escaños entre los Estados miembros se rige por el principio de proporcionalidad decreciente: ningún Estado miembro puede tener asignados menos de seis diputados ni más de noventa y seis, de modo que los Estados más poblados tienen más representantes en términos absolutos, pero proporcionalmente menos representantes por habitante que los Estados menos poblados, en un diseño que busca equilibrar la representación democrática directa de la ciudadanía europea en su conjunto con la necesidad de garantizar una presencia mínima significativa a los Estados de menor población. A diferencia de las elecciones a las Cortes Generales o a la Asamblea de Madrid, las elecciones al Parlamento Europeo se celebran simultáneamente en todos los Estados miembros dentro de un mismo periodo electoral común, si bien cada Estado conserva su propio sistema electoral concreto dentro de los principios comunes fijados por el Derecho de la Unión (representación proporcional, entre otros).

El Parlamento Europeo: cifras vigentes y organización

Aunque el art. 14 TUE fija un máximo de 750 diputados más el Presidente, el Consejo Europeo decide la composición concreta a propuesta del Parlamento y con su aprobación. Para la legislatura 2024-2029, tras las elecciones celebradas del 6 al 9 de junio de 2024, el Parlamento cuenta con 720 diputados; Alemania es el Estado con más escaños (96), España dispone de 61 y los Estados con menos población (Malta, Luxemburgo y Chipre, entre otros) cuentan con 6. La sede oficial está en Estrasburgo (donde se celebran las sesiones plenarias mensuales), con sesiones adicionales y comisiones en Bruselas, y la Secretaría General en Luxemburgo. Los diputados se integran en grupos políticos transnacionales por afinidad política y no por nacionalidad. El Presidente es elegido por el Pleno por un periodo de dos años y medio, renovable, y dirige los trabajos y representa al Parlamento. Los diputados disfrutan de privilegios e inmunidades. El Parlamento actúa por mayoría de los votos emitidos salvo disposición contraria de los Tratados, y las comisiones parlamentarias permanentes preparan los trabajos del Pleno. Las elecciones se celebran cada cinco años, por lo que las siguientes corresponden a 2029.

Funciones del Parlamento Europeo: legislativa, presupuestaria y de control

El art. 14.1 TUE atribuye al Parlamento Europeo tres grandes funciones, en paralelo a las que con carácter general corresponden a cualquier Parlamento nacional. La función legislativa la ejerce conjuntamente con el Consejo, siendo hoy la regla general el procedimiento legislativo ordinario (antigua codecisión), en el que ambas instituciones actúan en pie de igualdad como colegisladoras. La función presupuestaria la ejerce igualmente junto con el Consejo, correspondiéndole la aprobación final del presupuesto anual de la Unión. La función de control político la ejerce sobre la Comisión de manera especialmente intensa: elige a su Presidente y aprueba mediante voto la totalidad del Colegio de Comisarios antes de su nombramiento, puede exigir a la Comisión que responda a sus preguntas parlamentarias, y dispone del instrumento máximo de la moción de censura contra la Comisión en su conjunto (que exige una mayoría reforzada de dos tercios de los votos emitidos, representando además la mayoría de los miembros que integran el Parlamento Europeo, y cuya aprobación obliga a la Comisión a dimitir colegiadamente). El Parlamento Europeo elige también al Defensor del Pueblo Europeo, encargado de investigar las quejas por mala administración de las instituciones de la Unión.

El procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea (codecisión)

El procedimiento legislativo ordinario (art. 294 TFUE), denominado codecisión hasta la reforma de Lisboa, es el procedimiento legislativo por defecto de la Unión, salvo que los Tratados prevean expresamente un procedimiento legislativo especial. Sitúa al Parlamento Europeo y al Consejo en pie de igualdad como colegisladores: ningún acto legislativo puede aprobarse sin el acuerdo de ambas instituciones. Se inicia con una propuesta de la Comisión. En primera lectura, el Parlamento adopta su posición y la transmite al Consejo; si este la aprueba, el acto queda adoptado; si no, el Consejo adopta su propia posición en primera lectura y la devuelve al Parlamento. En segunda lectura, el Parlamento dispone de tres meses (prorrogables un mes) para aprobar la posición del Consejo, con lo que el acto queda adoptado, o para rechazarla o enmendarla, para lo cual necesita la mayoría de los miembros que lo componen. Si el Consejo aprueba todas las enmiendas, el acto queda adoptado; en caso contrario, el Presidente del Consejo, de acuerdo con el del Parlamento, convoca el Comité de Conciliación, formado por una delegación del Consejo y un número igual de representantes del Parlamento, con participación de la Comisión. El Comité dispone de seis semanas (prorrogables dos) para aprobar un texto conjunto; si lo logra, el Parlamento (por mayoría de los votos emitidos) y el Consejo (por mayoría cualificada) disponen de seis semanas (prorrogables dos) en tercera lectura para adoptarlo; si no lo logran, el acto se considera no adoptado. En la práctica, la inmensa mayoría de los actos se cierran en primera lectura mediante negociaciones informales denominadas triálogos entre Parlamento, Consejo y Comisión. Junto al procedimiento ordinario existen procedimientos legislativos especiales, como la consulta (el Parlamento solo emite dictamen) y la aprobación (el Parlamento debe dar su consentimiento).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: composición y funciones

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), regulado en el art. 19 TUE, es en realidad una institución compuesta por varios órganos jurisdiccionales, no un tribunal único: comprende el Tribunal de Justicia propiamente dicho, el Tribunal General y los tribunales especializados que puedan crearse. El Tribunal de Justicia stricto sensu está compuesto por un Juez por cada Estado miembro, asistido por Abogados Generales (cuya función es presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que así lo requieran, orientando pero sin vincular la posterior decisión del Tribunal). El art. 19.1 TUE, párrafo segundo, encomienda al TJUE en su conjunto garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, velando en particular por que los Estados miembros cumplan las obligaciones derivadas de los Tratados, por la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión, y por la interpretación uniforme del Derecho de la Unión en todo su territorio, esta última función canalizada muy especialmente a través del mecanismo de la cuestión prejudicial.

Composición del Tribunal de Justicia y principales recursos

El Tribunal de Justicia cuenta con un Juez por Estado miembro (27) y once Abogados Generales; los Jueces y Abogados Generales son nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité que informa sobre la idoneidad de los candidatos (comité del art. 255 TFUE), para un mandato de seis años renovable, con renovación parcial cada tres. El Presidente del Tribunal de Justicia es elegido por los Jueces para un mandato de tres años renovable. El Tribunal puede reunirse en Pleno, en Gran Sala (quince jueces) o en Salas de menos Jueces. Entre las vías procesales del TJUE destacan: el recurso por incumplimiento (arts. 258 a 260 TFUE), por el que la Comisión (o un Estado) denuncia que un Estado ha incumplido sus obligaciones, y que puede acabar en la imposición de sanciones económicas; el recurso de anulación (art. 263), contra actos de las instituciones por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o desviación de poder, que pueden interponer Estados, instituciones y, con requisitos de legitimación, particulares; el recurso por omisión (art. 265); la responsabilidad extracontractual de la Unión (arts. 268 y 340); y la cuestión prejudicial (art. 267). Las sentencias del Tribunal de Justicia en los recursos por incumplimiento declaran el incumplimiento, y el Estado debe adoptar las medidas necesarias para ejecutarla.

El Tribunal General

El Tribunal General, creado originariamente en 1988 bajo la denominación de Tribunal de Primera Instancia (renombrado tras la reforma de Lisboa), es el segundo gran órgano jurisdiccional integrado dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y dispone, conforme al art. 19.2 TUE, de al menos un Juez por cada Estado miembro (desde 2019 cuenta con dos Jueces por Estado miembro, es decir, 54 con 27 Estados). Su creación respondió a la necesidad de descargar de trabajo al Tribunal de Justicia propiamente dicho, asumiendo el Tribunal General el conocimiento en primera instancia de determinados recursos directos (fundamentalmente los interpuestos por personas físicas o jurídicas —particulares y empresas— contra actos de las instituciones de la Unión que les afecten directa e individualmente, así como determinados litigios en materia de competencia, ayudas de Estado, propiedad intelectual de la Unión o función pública europea), reservándose al Tribunal de Justicia, con carácter general, el conocimiento de las cuestiones prejudiciales (si bien desde octubre de 2024 el Tribunal General puede conocer de ellas en ciertas materias específicas, como el IVA, los impuestos especiales o el código aduanero), de los recursos por incumplimiento contra los Estados miembros, y de los recursos de casación contra las sentencias del propio Tribunal General. El Tribunal de la Función Pública de la Unión, que fue el tribunal especializado creado en 2004, se disolvió en 2016 y sus competencias pasaron al Tribunal General. Esta estructura en dos instancias dentro del TJUE permite compatibilizar la garantía de una doble instancia jurisdiccional efectiva con la necesaria unidad de interpretación última del Derecho de la Unión, que en todo caso corresponde al Tribunal de Justicia.

La cuestión prejudicial

La cuestión prejudicial es, sin duda, el mecanismo procesal más importante para garantizar la aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea en el conjunto de sus Estados miembros, regulado en el TFUE: permite (y, en determinados supuestos, obliga) a los órganos jurisdiccionales nacionales que estén conociendo de un litigio a plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión sobre la interpretación de los Tratados o sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Unión, cuando la resolución de dicha cuestión resulte necesaria para poder dictar su sentencia. A diferencia de la cuestión de inconstitucionalidad española (mecanismo con el que suele compararse en examen), el planteamiento de la cuestión prejudicial es facultativo para los órganos judiciales nacionales cuya resolución sea susceptible de ulterior recurso judicial de Derecho interno, pero resulta obligatorio para los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial (típicamente, los tribunales de última instancia, como el Tribunal Supremo). La sentencia del Tribunal de Justicia que resuelve la cuestión prejudicial vincula tanto al órgano judicial nacional que la planteó como, en la práctica, al resto de tribunales de todos los Estados miembros que deban aplicar la misma disposición del Derecho de la Unión.

La cuestión prejudicial: excepciones a la obligación y efectos

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha matizado la obligación de plantear la cuestión prejudicial que el art. 267 TFUE impone a los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno. Conforme a la doctrina del acto aclarado (sentencia CILFIT, 1982), no existe obligación si la cuestión no es pertinente para resolver el litigio, si el Tribunal ya se ha pronunciado sobre una cuestión idéntica o si la correcta aplicación del Derecho de la Unión es tan evidente que no deja lugar a duda razonable (acto claro). Los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden, en cambio, declarar la invalidez de un acto de una institución de la Unión: solo el Tribunal de Justicia puede hacerlo (sentencia Foto-Frost, 1987), por lo que, ante la duda sobre validez, están obligados a plantear la cuestión. La cuestión prejudicial no es un recurso ni una instancia: el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, sino que interpreta el Derecho de la Unión o aprecia la validez del acto, y es el juez nacional quien lo aplica al caso concreto. La sentencia prejudicial de interpretación tiene efectos retroactivos (declara el sentido que el Derecho de la Unión ha tenido desde su entrada en vigor), salvo limitación temporal que acuerde el propio Tribunal. Es un instrumento clave para la primacía y el efecto directo del Derecho de la Unión, y a ello se refiere el tema siguiente.

El Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo, con sede en Luxemburgo, es la institución de la Unión encargada de fiscalizar la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos de la Unión Europea, así como la buena gestión financiera de su presupuesto, desempeñando dentro del ámbito comunitario una función equiparable a la que, dentro del ordenamiento español, corresponde al Tribunal de Cuentas nacional respecto del sector público estatal. Está compuesto por un miembro de cada Estado miembro, nombrado por el Consejo por un mandato de seis años renovable, tras consultar al Parlamento Europeo, entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos países a organismos de control externo, o que posean una calificación especial para esta función. El Tribunal de Cuentas Europeo elabora un Informe Anual sobre la ejecución del presupuesto de la Unión correspondiente a cada ejercicio, que se transmite al Parlamento Europeo y al Consejo y sirve de base fundamental para el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión (la llamada «aprobación de la gestión» o descargo presupuestario), además de emitir informes especiales sobre cuestiones concretas de gestión financiera de fondos europeos, de especial relevancia práctica para las Administraciones españolas y autonómicas que gestionan fondos estructurales y de cohesión de la Unión.

Otros órganos y organismos de la Unión relevantes para la Administración

El Defensor del Pueblo Europeo, elegido por el Parlamento Europeo, investiga las reclamaciones por mala administración de las instituciones, órganos y organismos de la Unión; cualquier ciudadano o residente de la Unión puede dirigirse a él. El Comité Económico y Social Europeo representa a la sociedad civil organizada (empleadores, trabajadores y otros sectores) y emite dictámenes consultivos. El Banco Europeo de Inversiones financia proyectos que promueven los objetivos de la Unión. El Supervisor Europeo de Protección de Datos controla el tratamiento de datos personales por las instituciones de la Unión. La Fiscalía Europea investiga y persigue los delitos contra el presupuesto de la Unión, y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) realiza investigaciones administrativas contra el fraude y la corrupción que afecten a fondos europeos. Para una Administración como la madrileña, que gestiona fondos europeos, es relevante saber que estos controles pueden proyectarse sobre la ejecución de fondos europeos, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus o el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Reglamento (UE) 2021/241), cuyo plazo de ejecución llega hasta 2026.

El Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort del Meno, es la institución de la Unión responsable de la política monetaria de la zona euro, dotada de personalidad jurídica propia y de una independencia funcional, institucional, personal y financiera especialmente reforzada respecto del resto de instituciones de la Unión y de los propios Estados miembros, precisamente para garantizar que sus decisiones de política monetaria no se vean condicionadas por intereses políticos coyunturales. Junto con los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, el BCE integra el Eurosistema, cuyo objetivo principal, fijado por el TFUE, es mantener la estabilidad de precios en la zona euro, y, sin perjuicio de este objetivo prioritario, apoyar las políticas económicas generales de la Unión. Entre sus funciones básicas figuran: definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro; realizar operaciones de cambio de divisas; poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros de la zona euro; promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago; y autorizar, con carácter exclusivo, la emisión de billetes de banco en euros dentro de la Unión, autorización que también puede referirse a la emisión de moneda por parte de los bancos centrales nacionales.

El BCE: órganos de decisión y zona euro

El BCE se organiza en tres órganos de decisión. El Consejo de Gobierno, integrado por los miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados de la zona euro, es el principal órgano de decisión y formula la política monetaria. El Comité Ejecutivo, compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y cuatro miembros más nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de ocho años no renovable, ejecuta la política monetaria y gestiona los asuntos corrientes. El Consejo General incluye al Presidente, al Vicepresidente y a los gobernadores de todos los bancos centrales nacionales de la Unión. El Banco de España es el banco central nacional que forma parte del Eurosistema. La zona euro la integran en 2026 veintiún Estados miembros, tras la incorporación de Bulgaria el 1 de enero de 2026. Desde noviembre de 2014, el BCE ejerce además la supervisión prudencial de las entidades de crédito más significativas de la zona euro dentro del Mecanismo Único de Supervisión, uno de los pilares de la unión bancaria. El Presidente actual es Christine Lagarde, cuyo mandato de ocho años comenzó en 2019.

La participación de las Comunidades Autónomas en asuntos comunitarios

Aunque la Constitución española no atribuye a las Comunidades Autónomas competencia alguna en materia de relaciones internacionales (reservada en exclusiva al Estado por el art. 149.1.3ª CE), la progresiva ampliación de las competencias de la Unión Europea a materias que en el orden interno son de competencia autonómica (agricultura, medio ambiente, ordenación del territorio, entre muchas otras) ha hecho necesario articular cauces internos que permitan a las Comunidades Autónomas participar, de una forma u otra, en la formación de la posición española ante las instituciones de la Unión cuando estas materias están en juego, sin que ello suponga en ningún caso el reconocimiento de una capacidad de acción exterior propia y autónoma de las Comunidades Autónomas frente a la Unión Europea o frente a terceros Estados, que sigue correspondiendo en exclusiva al Estado. Estos cauces de participación autonómica en asuntos europeos se articulan fundamentalmente a través de tres vías complementarias: la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas, y la participación indirecta en el Comité de las Regiones de la Unión Europea.

Marco jurídico de la participación autonómica: fase ascendente y fase descendente

La participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos se descompone en dos fases. En la fase ascendente, las Comunidades colaboran en la formación de la posición española ante las instituciones de la Unión cuando la materia afecta a sus competencias; el cauce principal es la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (regulada por la Ley 2/1997) y sus conferencias sectoriales, y, de forma complementaria, la integración de representantes autonómicos en las delegaciones españolas en determinadas formaciones del Consejo y en grupos de trabajo y comités de la Comisión, en virtud de acuerdos de cooperación alcanzados desde 2004. En la fase descendente, las Comunidades ejecutan y aplican el Derecho de la Unión en las materias de su competencia: la ejecución del Derecho de la Unión corresponde a quien, según el orden interno de distribución de competencias, ostente la competencia material, sin que la integración en la Unión altere ese reparto. El Estado responde frente a la Unión del cumplimiento, pero puede repercutir la responsabilidad a la Comunidad Autónoma o Administración que hubiera causado el incumplimiento (Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, sobre repercusión de responsabilidades por incumplimiento de normas de Derecho de la Unión Europea). El Tribunal Constitucional admitió la posibilidad de que las Comunidades Autónomas abran oficinas en Bruselas, siempre que no ejerzan una representación política exterior (STC 165/1994, relativa a la oficina del País Vasco). Las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.3.ª CE).

La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE)

La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) es el órgano de cooperación multilateral entre el Estado y las Comunidades Autónomas específicamente dedicado a la coordinación de la posición española ante las instituciones de la Unión Europea en aquellas materias de interés autonómico, regulada por la Ley 2/1997 e integrada por un miembro del Gobierno de la Nación (que la preside) y por el Consejero competente en la materia de cada Comunidad Autónoma, con participación de la Administración General del Estado a través de la Secretaría de Estado competente en asuntos europeos. Su función esencial es facilitar información recíproca entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre las iniciativas normativas de la Unión Europea que puedan afectar a competencias autonómicas, articular mecanismos de participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la posición española que se defenderá en las distintas formaciones del Consejo de la Unión Europea (especialmente en aquellas materias, como agricultura, pesca o medio ambiente, con mayor incidencia competencial autonómica), y coordinar, en general, la actuación conjunta de todas las Administraciones territoriales españolas en el proceso de formación, transposición y ejecución del Derecho de la Unión Europea, evitando así divergencias o descoordinaciones que pudieran perjudicar los intereses generales de España ante las instituciones comunitarias.

Las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas

Las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas son delegaciones o representaciones permanentes que la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas españolas (incluida la Comunidad de Madrid) han establecido en la capital belga, sede principal de las instituciones de la Unión Europea, con el objetivo de realizar un seguimiento directo y permanente de la actividad normativa y de las políticas comunitarias que puedan afectar a sus intereses y competencias propias. A diferencia de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (que sí ostenta la representación oficial e institucional del Estado español ante las instituciones comunitarias, siendo el único cauce reconocido de interlocución formal), estas Oficinas autonómicas no tienen reconocida una función de representación institucional formal ante las instituciones de la Unión, actuando más bien como oficinas de información, de promoción de los intereses económicos, sociales y culturales de su respectiva Comunidad Autónoma, y de facilitación del acceso de sus entidades públicas y privadas a fondos y programas europeos. Su existencia responde a la creciente relevancia práctica que la normativa y las políticas de la Unión Europea tienen sobre ámbitos materiales de competencia autonómica, pese a la ausencia de competencia autonómica formal en materia de relaciones internacionales.

El Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones es un órgano consultivo de la Unión Europea, integrado por representantes de los entes regionales y locales de los Estados miembros que ostenten un mandato electoral en una entidad regional o local, o que sean políticamente responsables ante una asamblea electa. Su función esencial es emitir dictámenes, preceptivos en determinadas materias expresamente tasadas por los Tratados (cohesión económica y social, redes transeuropeas, transporte, medio ambiente, educación y cultura, entre otras) y facultativos en el resto de casos, sobre las propuestas normativas de la Comisión y del Consejo que tengan una incidencia directa en los intereses regionales o locales de la Unión, dando así voz institucional a este nivel territorial dentro del proceso normativo comunitario, sin que sus dictámenes tengan, en ningún caso, carácter vinculante para las instituciones legislativas de la Unión. El Comité cuenta con 329 miembros, de los que 21 corresponden a España, nombrados por el Consejo por un mandato de cinco años; el Comité puede además interponer recurso ante el Tribunal de Justicia para defender sus prerrogativas o por vulneración del principio de subsidiariedad en actos en cuya adopción deba ser consultado. La Comunidad de Madrid, al igual que el resto de Comunidades Autónomas españolas, participa en la composición de la delegación española dentro del Comité de las Regiones, constituyendo esta institución, junto con la CARUE y las Oficinas autonómicas en Bruselas, el tercer gran cauce de participación de las entidades territoriales españolas en el proceso de construcción europea.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Orden cronológico de los Tratados: Roma (1957, CEE y Euratom) → Acta Única (1986/87) → Maastricht (1992/93, crea la UE y los 3 pilares) → Ámsterdam (1997/99) → Niza (2001/03) → Lisboa (2007/09, estructura actual vigente).
  • Solo con el Tratado de Lisboa (2009) la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (proclamada ya en Niza, 2000) adquiere el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6.1 TUE) — antes no era vinculante.
  • Consejo Europeo (Jefes de Estado/Gobierno, marca orientaciones políticas, NO legisla) es distinto del Consejo de la Unión Europea (un Ministro por Estado, SÍ colegisla con el Parlamento Europeo, presidencia rotatoria semestral).
  • Mayoría cualificada en el Consejo desde 2014: doble mayoría del 55% de los Estados + 65% de la población de la UE (art. 16.4 TUE).
  • La Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa; el Parlamento Europeo y el Consejo son los colegisladores en el procedimiento legislativo ordinario, situados en pie de igualdad.
  • Cuestión prejudicial (Derecho UE, la plantea un juez nacional, obligatoria para tribunales de última instancia) no debe confundirse con la cuestión de inconstitucionalidad española (Tribunal Constitucional, distinto ámbito y distinta obligatoriedad).
  • Las Comunidades Autónomas NO tienen competencia en relaciones internacionales (reservada al Estado, art. 149.1.3ª CE); participan en asuntos europeos solo a través de cauces de cooperación (CARUE, Oficinas en Bruselas, Comité de las Regiones), nunca con representación exterior propia.
  • Hay SIETE instituciones (art. 13 TUE): Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión, TJUE, BCE y Tribunal de Cuentas. El Comité de las Regiones y el CESE son órganos consultivos, no instituciones.
  • Parlamento Europeo: máximo 750 + Presidente según el art. 14 TUE; en la legislatura 2024-2029 tiene 720 diputados (96 el máximo por Estado, 6 el mínimo; España, 61); mandato de 5 años.
  • Mayoría cualificada: 55% de los Estados (al menos 15) y 65% de la población; la minoría de bloqueo exige al menos cuatro Estados. Sin propuesta de la Comisión: 72% de los Estados y 65% de la población.
  • El Consejo Europeo decide por consenso (art. 15.4 TUE) y su Presidente es elegido por mayoría cualificada para 2,5 años, renovable una vez. No confundir con el Consejo de Europa.
  • Procedimiento legislativo ordinario: propuesta de la Comisión; primera lectura; segunda lectura (3 meses + 1); conciliación (6 semanas + 2); tercera lectura (6 semanas + 2). Si fracasa la conciliación, el acto no se adopta.
  • Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE): facultativa para los jueces nacionales y obligatoria para los de última instancia, salvo acto aclarado o acto claro (CILFIT); solo el TJUE declara la invalidez de actos de la Unión (Foto-Frost).
  • El Tribunal General cuenta con dos Jueces por Estado desde 2019 y no es un tribunal de apelación del Tribunal de Justicia: contra sus sentencias cabe recurso de casación ante este.
  • La Carta de Derechos Fundamentales vincula a los Estados solo cuando aplican Derecho de la Unión (art. 51 de la Carta); su valor jurídico es el de los Tratados (art. 6.1 TUE).
  • Comité de las Regiones: órgano consultivo (dictámenes no vinculantes), 329 miembros, 21 españoles, mandato de cinco años; puede recurrir ante el TJUE por subsidiariedad y para defender sus prerrogativas.
  • Principios de la Unión: atribución, subsidiariedad y proporcionalidad (art. 5 TUE). Competencias: exclusivas, compartidas y de apoyo (arts. 3, 4 y 6 TFUE).
  • Presidencias recientes del Consejo: España ejerció la presidencia en el segundo semestre de 2023; Irlanda ejerce el segundo semestre de 2026.
  • Las CCAA no tienen competencia en relaciones internacionales (art. 149.1.3.ª CE); abren oficinas en Bruselas (STC 165/1994), participan en la CARUE (Ley 2/1997) y el Estado puede repercutirles las sanciones por incumplimiento del Derecho de la Unión (RD 515/2013).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Según el art. 13 TUE, ¿cuál de las siguientes NO es una institución de la Unión Europea?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 8 de Administrativo C. Madrid?

España forma parte de la Unión Europea desde 1986, y el Derecho de la Unión constituye hoy una fuente normativa de primer orden para cualquier Administración Pública española, incluida la de la Comunidad de Madrid, que gestiona fondos europeos y aplica normativa comunitaria en numerosos ámbitos materiales. Este tema recorre la evolución de los Tratados constitutivos y modificativos, describe las cinco instituciones principales de la Unión (Consejo Europeo, Consejo, Comisión, Parlamento Europeo y Tribunal de Justicia), y cierra con los cauces por los que las Comunidades Autónomas españolas participan en los asuntos europeos que afectan a sus propias competencias.

¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?

Orden cronológico de los Tratados: Roma (1957, CEE y Euratom) → Acta Única (1986/87) → Maastricht (1992/93, crea la UE y los 3 pilares) → Ámsterdam (1997/99) → Niza (2001/03) → Lisboa (2007/09, estructura actual vigente). Solo con el Tratado de Lisboa (2009) la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (proclamada ya en Niza, 2000) adquiere el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6.1 TUE) — antes no era vinculante. Consejo Europeo (Jefes de Estado/Gobierno, marca orientaciones políticas, NO legisla) es distinto del Consejo de la Unión Europea (un Ministro por Estado, SÍ colegisla con el Parlamento Europeo, presidencia rotatoria semestral). Mayoría cualificada en el Consejo desde 2014: doble mayoría del 55% de los Estados + 65% de la población de la UE (art. 16.4 TUE). La Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa; el Parlamento Europeo y el Consejo son los colegisladores en el procedimiento legislativo ordinario, situados en pie de igualdad. Cuestión prejudicial (Derecho UE, la plantea un juez nacional, obligatoria para tribunales de última instancia) no debe confundirse con la cuestión de inconstitucionalidad española (Tribunal Constitucional, distinto ámbito y distinta obligatoriedad). Las Comunidades Autónomas NO tienen competencia en relaciones internacionales (reservada al Estado, art. 149.1.3ª CE); participan en asuntos europeos solo a través de cauces de cooperación (CARUE, Oficinas en Bruselas, Comité de las Regiones), nunca con representación exterior propia. Hay SIETE instituciones (art. 13 TUE): Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión, TJUE, BCE y Tribunal de Cuentas. El Comité de las Regiones y el CESE son órganos consultivos, no instituciones. Parlamento Europeo: máximo 750 + Presidente según el art. 14 TUE; en la legislatura 2024-2029 tiene 720 diputados (96 el máximo por Estado, 6 el mínimo; España, 61); mandato de 5 años. Mayoría cualificada: 55% de los Estados (al menos 15) y 65% de la población; la minoría de bloqueo exige al menos cuatro Estados. Sin propuesta de la Comisión: 72% de los Estados y 65% de la población. El Consejo Europeo decide por consenso (art. 15.4 TUE) y su Presidente es elegido por mayoría cualificada para 2,5 años, renovable una vez. No confundir con el Consejo de Europa. Procedimiento legislativo ordinario: propuesta de la Comisión; primera lectura; segunda lectura (3 meses + 1); conciliación (6 semanas + 2); tercera lectura (6 semanas + 2). Si fracasa la conciliación, el acto no se adopta. Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE): facultativa para los jueces nacionales y obligatoria para los de última instancia, salvo acto aclarado o acto claro (CILFIT); solo el TJUE declara la invalidez de actos de la Unión (Foto-Frost). El Tribunal General cuenta con dos Jueces por Estado desde 2019 y no es un tribunal de apelación del Tribunal de Justicia: contra sus sentencias cabe recurso de casación ante este. La Carta de Derechos Fundamentales vincula a los Estados solo cuando aplican Derecho de la Unión (art. 51 de la Carta); su valor jurídico es el de los Tratados (art. 6.1 TUE). Comité de las Regiones: órgano consultivo (dictámenes no vinculantes), 329 miembros, 21 españoles, mandato de cinco años; puede recurrir ante el TJUE por subsidiariedad y para defender sus prerrogativas. Principios de la Unión: atribución, subsidiariedad y proporcionalidad (art. 5 TUE). Competencias: exclusivas, compartidas y de apoyo (arts. 3, 4 y 6 TFUE). Presidencias recientes del Consejo: España ejerció la presidencia en el segundo semestre de 2023; Irlanda ejerce el segundo semestre de 2026. Las CCAA no tienen competencia en relaciones internacionales (art. 149.1.3.ª CE); abren oficinas en Bruselas (STC 165/1994), participan en la CARUE (Ley 2/1997) y el Estado puede repercutirles las sanciones por incumplimiento del Derecho de la Unión (RD 515/2013).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Tratado de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 202, de 7 de junio de 2016), arts. 2, 3, 5, 6, 13 a 19 y 50
  • Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 202, de 7 de junio de 2016), arts. 2 a 6, 223 a 309 y 340
  • Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009)
  • Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2007/C 303/01)
  • Ley 2/1997, de 13 de marzo, por la que se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas
  • Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea
  • Sentencia del Tribunal Constitucional 165/1994, de 26 de mayo
  • Constitución Española de 1978 (art. 93 y art. 149.1.3.ª)

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