Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de la Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes. El Tribunal Constitucional. Composición y funciones.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Constitución de 1978 estructura el Estado en torno a la Corona como jefatura simbólica, unas Cortes Generales bicamerales titulares de la potestad legislativa y un Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la norma fundamental. Este tema desarrolla la arquitectura formal del texto (Título Preliminar, diez títulos, disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final), las atribuciones regias, la composición y funcionamiento de las Cámaras, el procedimiento de elaboración de las leyes y las demás normas con rango de ley (decreto legislativo y decreto-ley), y la organización y competencias del Tribunal Constitucional, materias que en la Administración de Justicia tienen relevancia directa por la posición del TC frente al Poder Judicial.
La CE consta de un preámbulo (sin valor normativo directo, pero orientador de la interpretación), un Título Preliminar (arts. 1-9, con los valores superiores del art. 1.1 -libertad, justicia, igualdad y pluralismo político- y los principios del art. 9.3), diez títulos (I De los derechos y deberes fundamentales, II De la Corona, III De las Cortes Generales, IV Del Gobierno y de la Administración, V De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, VI Del Poder Judicial, VII Economía y Hacienda, VIII De la Organización Territorial del Estado, IX Del Tribunal Constitucional, X De la Reforma Constitucional), 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Es una Constitución rígida (procedimientos agravados de reforma), extensa y de eficacia directa (art. 9.1: vincula a ciudadanos y poderes públicos). Fue aprobada por las Cortes, ratificada por referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978, fecha de su entrada en vigor.
El Título Preliminar (arts. 1-9 CE)
Antes de los títulos numerados, la CE fija en su Título Preliminar los pilares del sistema: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1), con forma política de Monarquía parlamentaria (art. 1.3) y soberanía nacional residenciada en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2). El art. 2 combina la indisoluble unidad de la Nación española con el reconocimiento del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas. El art. 3 declara el castellano lengua oficial del Estado, con oficialidad compartida de las demás lenguas españolas en sus respectivas Comunidades Autónomas conforme a sus Estatutos. Los arts. 4-5 fijan la bandera y la capitalidad de Madrid. Los arts. 6-7 reconocen a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales como cauces de participación (con exigencia de estructura y funcionamiento internos democráticos), el art. 8 define la misión de las Fuerzas Armadas y el art. 9 cierra el título con la sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento (art. 9.1) y con los siete principios del art. 9.3: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
La Corona: carácter y atribuciones del Rey (Título II, arts. 56-65 CE)
El art. 56 define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3); sus actos están siempre refrendados (art. 64), de modo que de ellos responden las personas que los refrendan. El refrendo corresponde al Presidente del Gobierno y, en su caso, a los ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el art. 99 serán refrendados por el Presidente del Congreso. El art. 62 enumera sus funciones: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos de la Constitución; convocar a referéndum en los casos previstos; proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente; expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes; ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales; y el alto patronazgo de las Reales Academias. El art. 63 le atribuye acreditar a los embajadores, manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados y, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. El art. 65 prevé que el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, que distribuye libremente, y nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.
La sucesión a la Corona (art. 57 CE)
La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión sigue el orden regular de primogenitura y representación, prefiriéndose siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y, en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. El heredero tiene desde su nacimiento o desde que se produce el hecho que origina el llamamiento la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, corresponde a las Cortes Generales proveer a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España. Las personas con derecho a la sucesión que contraigan matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales quedan excluidas de la sucesión. Toda abdicación o renuncia, así como cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona, se resuelve por ley orgánica (así, la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hizo efectiva la abdicación de Don Juan Carlos I, a la que siguió la proclamación de Felipe VI el 19 de junio de 2014).
Regencia y tutela del Rey (arts. 58-60 CE)
El art. 58 establece que la Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. Si el Rey fuera menor de edad, ejerce la Regencia el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona según el orden establecido en la Constitución (art. 59.1). Si el Rey se inhabilitara para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero, si fuera mayor de edad, y, si no lo fuera, se procederá como en el caso anterior (art. 59.2). Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de una, tres o cinco personas (art. 59.3). Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad (art. 59.4), y se ejerce siempre en nombre del Rey (art. 59.5). Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales (art. 60.1). No pueden acumularse los cargos de Regente y de tutor del Rey menor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey (art. 60.2). El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de cargos o representación política.
Las Cortes Generales: composición (arts. 66-69 CE)
El art. 66 proclama que las Cortes Generales representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución; son inviolables. Se componen de Congreso de los Diputados y Senado (art. 66.1). El Congreso tiene un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados (art. 68.1; la LOREG lo fija en 350), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con criterios de representación proporcional (fórmula D'Hondt) y la provincia como circunscripción electoral, para un mandato de 4 años (art. 68.4); Ceuta y Melilla están representadas cada una por un Diputado. Las elecciones tienen lugar entre los treinta y los sesenta días desde la terminación del mandato y el Congreso electo ha de convocarse dentro de los veinticinco días siguientes a las elecciones (art. 68.6). El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69.1): se eligen 4 senadores por provincia por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con un sistema mayoritario corregido (voto limitado a 3 candidatos); en las provincias insulares cada isla o agrupación de islas con Cabildo o Consejo Insular constituye una circunscripción (tres senadores en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y uno en las demás islas o agrupaciones), y Ceuta y Melilla eligen dos senadores cada una. Además, cada Comunidad Autónoma designa un senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio, designado por la Asamblea legislativa o, en su defecto, por el órgano colegiado superior de la Comunidad (art. 69.5). El mandato de los senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara (art. 69.6). Los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2), y nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso (art. 67.1). Son inelegibles e incompatibles las personas que determinen la ley electoral (art. 70), entre ellas, con carácter general, los magistrados, jueces y fiscales en activo.
Las Cortes Generales: estatuto de los parlamentarios (arts. 71-72 CE)
Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1). Durante su mandato gozan asimismo de inmunidad: solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva, el llamado suplicatorio (art. 71.2). En las causas contra ellos es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71.3). Perciben una asignación que fija cada Cámara (art. 71.4). Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales; los Reglamentos se aprueban por mayoría absoluta en una votación final sobre su totalidad (art. 72.1). Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas; las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales (art. 72.2 y 72.3). Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes (art. 72.3).
Las Cortes Generales: funcionamiento (arts. 73-80 CE)
Las Cámaras se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio (art. 73.1). Pueden reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras; las sesiones extraordinarias deberán convocarse con un orden del día determinado (art. 73.2). Las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales (art. 74.1). Las decisiones previstas en los arts. 94.1 (tratados que requieren autorización previa), 145.2 (acuerdos de cooperación entre CCAA) y 158.2 (Fondo de Compensación Interterritorial) se adoptan por mayoría de cada una de las Cámaras; si no hay acuerdo, se intenta obtenerlo en una Comisión Mixta y, en su defecto, decide el Congreso por mayoría absoluta (art. 74.2). Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones (art. 75.1); pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, quedando excluidos de la delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado (art. 75.2 y 75.3). Pueden nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, cuyas conclusiones no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado se comunique al Ministerio Fiscal (art. 76). Pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, y está prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas (art. 77). En cada Cámara existe una Diputación Permanente de un mínimo de veintiún miembros, que vela por los poderes de las Cámaras cuando no estén reunidas, hayan sido disueltas o haya expirado su mandato (art. 78). Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros (art. 79.1); los acuerdos, para ser válidos, deben ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas (art. 79.2). El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable (art. 79.3). Las sesiones plenarias son públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento (art. 80).
Las leyes orgánicas y ordinarias; reserva de ley (art. 81 CE)
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución (art. 81.1). Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2). La reserva de ley orgánica se interpreta restrictivamente: no cualquier norma que afecte a un derecho exige ley orgánica, sino su desarrollo directo; la relación con la ley ordinaria no es de jerarquía sino de distribución material de competencias. Las leyes ordinarias se aprueban por mayoría simple. Las leyes orgánicas no pueden ser objeto de delegación legislativa (art. 82.1) ni de decreto-ley en las materias vedadas por el art. 86.
La elaboración de las leyes: iniciativa (arts. 87-89 CE)
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno (proyectos de ley), al Congreso y al Senado (proposiciones de ley, conforme a la Constitución y a los Reglamentos), y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas, que pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros encargados de su defensa (art. 87.2). También existe la iniciativa popular: se exigen no menos de 500.000 firmas acreditadas, y quedan excluidas las materias propias de ley orgánica, las tributarias o de carácter internacional y lo relativo a la prerrogativa de gracia (art. 87.3, desarrollado por la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular). Los proyectos de ley son aprobados por el Consejo de Ministros, que los somete al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos (art. 88). La tramitación de las proposiciones de ley se regula por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos del art. 87 (art. 89).
La elaboración de las leyes: tramitación, sanción y publicación (arts. 90-91 CE)
Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso, su Presidente da inmediata cuenta al Presidente del Senado, que lo somete a deliberación (art. 90.1). El Senado, en el plazo de dos meses a partir de la recepción del texto (veinte días naturales si el proyecto ha sido declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso), puede oponer su veto, mediante mensaje motivado aprobado por mayoría absoluta, o introducir enmiendas (art. 90.2 y 90.3). El Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses desde su interposición, por mayoría simple. Las enmiendas del Senado se someten a votación del Congreso, que las acepta o rechaza por mayoría simple. En la práctica, el Congreso tiene la última palabra y el Senado actúa como Cámara de segunda lectura. El Rey sanciona en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y ordena su inmediata publicación (art. 91). La sanción es un acto debido, por lo que el Rey no goza de veto. Las leyes entran en vigor, salvo disposición en contrario, a los veinte días de su publicación completa en el BOE (art. 2.1 del Código Civil).
Fases del procedimiento legislativo ordinario
Tras la iniciativa (proyecto de ley del Gobierno o proposición de ley de las Cámaras, las CCAA o la iniciativa popular), el texto se publica y se abre un plazo de presentación de enmiendas (a la totalidad, de devolución o con texto alternativo, y al articulado); la Comisión legislativa competente designa una Ponencia que elabora el informe; sobre él dictamina la Comisión; y el texto pasa al Pleno para su debate y votación final. Aprobado por el Congreso, el proyecto pasa al Senado con el procedimiento descrito en el punto anterior; si el Senado introduce enmiendas o veto, el Congreso decide en última instancia. Existen especialidades: procedimiento de urgencia, procedimiento de lectura única, delegación en Comisiones (art. 75.2) y procedimientos especiales para los Presupuestos Generales del Estado y las leyes orgánicas.
Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el art. 81, es decir, no reservadas a ley orgánica (art. 82.1 y 82.2). La delegación debe otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo (art. 82.2, 82.4 y 82.5); en este último caso la autorización determinará el ámbito normativo de la delegación, precisando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. La delegación debe otorgarse al Gobierno de forma expresa, para materia concreta y con fijación de plazo; no puede entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado, ni permite la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno (art. 82.3). Se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. Las leyes de bases no pueden autorizar en ningún caso la modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo (art. 83). Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de Decretos Legislativos (art. 85). Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación pueden establecer fórmulas adicionales de control (art. 82.6).
Legislación de urgencia: el decreto-ley (art. 86 CE)
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales que toman la forma de decretos-leyes, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (art. 86.1). Los decretos-leyes deben ser sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación; en ese plazo la Cámara debe pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación (art. 86.2). Durante dicho plazo las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3). La jurisprudencia constitucional exige un presupuesto habilitante (la extraordinaria y urgente necesidad) cuya apreciación por el Gobierno es controlable por el Tribunal Constitucional, y rechaza el uso del decreto-ley para afectar a los derechos del Título I en su contenido esencial. La convalidación no sana los vicios de inconstitucionalidad, y el decreto-ley convalidado puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad.
Los tratados internacionales (arts. 93-96 CE)
El art. 93 CE permite, mediante ley orgánica, autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución; es la base jurídica de la adhesión de España a la Unión Europea, y corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, garantizar el cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales. El art. 94.1 exige la previa autorización de las Cortes Generales para obligarse por medio de tratados o convenios de carácter político o militar, que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I, que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución; el resto de los tratados se comunican al Congreso y al Senado (art. 94.2). Si un tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución, su celebración exige la previa revisión constitucional (art. 95.1), y el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no tal contradicción (art. 95.2; control previo, art. 161.1.d). Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional (art. 96.1). Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utiliza el mismo procedimiento previsto para su aprobación (art. 96.2).
El referéndum y la reforma constitucional (arts. 92, 166-169 CE)
Las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso (art. 92); sus modalidades se regulan en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero. La reforma constitucional ordinaria (art. 167) exige la aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo, se intenta mediante una Comisión de composición paritaria y, en su defecto, basta la aprobación del Senado por mayoría absoluta y del Congreso por mayoría de dos tercios. Aprobada la reforma, se somete a referéndum de ratificación si lo solicitan, dentro de los quince días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. La revisión total o parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I o al Título II sigue el procedimiento agravado del art. 168: aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras con mayoría de dos tercios y referéndum obligatorio. No cabe iniciativa de reforma en tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio (art. 169). La Constitución se ha reformado en tres ocasiones: en 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales por el Tratado de Maastricht), en 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y en 2024 (art. 49, sustitución del término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad', publicada en el BOE el 17 de febrero de 2024).
Estructura del Título I: derechos y deberes fundamentales
El Título I, el más extenso, se inicia en el art. 10 (dignidad de la persona y derechos inviolables como fundamento del orden político y de la paz social) y se divide en cinco capítulos: Capítulo I, de los españoles y los extranjeros (arts. 11-13); Capítulo II, derechos y libertades (arts. 14-38), con el principio de igualdad del art. 14 y dos secciones de protección distinta -Sección 1ª (arts. 15-29), de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y Sección 2ª (arts. 30-38), de los derechos y deberes de los ciudadanos-; Capítulo III, de los principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52); Capítulo IV, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53-54); y Capítulo V, de la suspensión de los derechos y libertades (art. 55). Esta arquitectura no es meramente sistemática: determina el nivel de protección de cada derecho, según se explica en el punto siguiente.
Niveles de protección de los derechos: el art. 53 CE
El art. 53 CE gradúa la tutela según en qué parte del Título I se ubique cada derecho. Los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos, y solo por ley, que en todo caso debe respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio (art. 53.1). Los derechos del art. 14 y de la Sección 1ª (arts. 15-29), más la objeción de conciencia del art. 30.2, gozan además de la tutela reforzada del art. 53.2: pueden reclamarse ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; su desarrollo exige ley orgánica (art. 81.1). Los derechos de la Sección 2ª se desarrollan por ley ordinaria y carecen de amparo constitucional. Los principios rectores del Capítulo III (art. 53.3) informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen: no son directamente exigibles por sí solos.
El Defensor del Pueblo (art. 54 CE)
El art. 54 CE crea el Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ellas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Se rige por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que desarrolla su estatuto, su procedimiento de designación (propuesta de la Comisión mixta Congreso-Senado y votación favorable de tres quintos del Congreso y posterior ratificación del Senado) y sus facultades de investigación e inspección frente a todas las Administraciones Públicas. Su mandato es de cinco años. Carece de potestad para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración, pero puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la modificación de normas. Está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo (art. 162.1 CE).
La suspensión de derechos y libertades (art. 55 CE)
El art. 55.1 CE permite suspender determinados derechos (libertad y seguridad del art. 17, salvo en lo relativo a la asistencia de abogado en caso de estado de excepción; inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, art. 18.2 y 18.3; libertad de residencia y circulación, art. 19; libertad de expresión y de información en los términos del art. 20.1.a) y d) y 20.5; derecho de reunión, art. 21; huelga, art. 28.2; y conflicto colectivo, art. 37.2) cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. El estado de alarma no permite suspender derechos, solo limitarlos: la STC 148/2021, de 14 de julio, declaró inconstitucionales algunas de las restricciones adoptadas durante la pandemia (en particular, la limitación general de la libertad de circulación) por entender que equivalían a una suspensión, que solo cabe en excepción o sitio. El art. 55.2 prevé además una suspensión individual (no general) de los derechos a la duración máxima de la detención preventiva, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, y con responsabilidad penal por la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en la ley orgánica.
El Título V regula el control parlamentario del Gobierno, que responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso (art. 108). Las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar información y ayuda del Gobierno (art. 109), reclamar la presencia de los miembros del Gobierno (art. 110) y formular interpelaciones y preguntas (art. 111). La cuestión de confianza (art. 112) la plantea el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o sobre una declaración de política general, y se entiende otorgada cuando vota a favor la mayoría simple de los Diputados. La moción de censura (art. 113) es constructiva: debe ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno y ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso; no puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación y, si no es aprobada, sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. El art. 115 regula la disolución anticipada de las Cámaras por el Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad, previa deliberación del Consejo de Ministros, sin que pueda proponerse antes de que transcurra un año desde la anterior disolución, ni cuando esté en trámite una moción de censura ni durante la vigencia de un estado excepcional. El art. 116 remite a una ley orgánica (Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio) los estados de alarma, excepción y sitio: la alarma la declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no puede prorrogarse; la excepción la declara el Gobierno con autorización previa del Congreso, por un máximo de treinta días prorrogables por otros treinta; el sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno. No puede procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados estos estados (art. 116.5).
La investidura del Presidente del Gobierno (art. 99 CE)
Tras cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales de pérdida del cargo, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno. El candidato expone ante el Congreso el programa político del Gobierno y solicita la confianza de la Cámara. Si el Congreso, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorga su confianza, el Rey lo nombra Presidente; si no se alcanza dicha mayoría, se somete la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después y la confianza se entiende otorgada si obtiene mayoría simple. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorga la confianza, se tramitan sucesivas propuestas; si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación, ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
El Tribunal Constitucional: composición (Título IX, arts. 159-160 CE; LO 2/1979)
El TC se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1). Han de ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional (art. 159.2). Su mandato es de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres (art. 159.3). La condición de miembro es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil; en lo demás, tienen las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial (art. 159.4). Los miembros del TC son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato (art. 159.5). El Presidente es nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Pleno del Tribunal, por un periodo de tres años (art. 160). El TC funciona en Pleno, en dos Salas de seis magistrados cada una y en Secciones, con arreglo a la LO 2/1979, de 3 de octubre, modificada, entre otras, por la LO 6/2007, de 24 de mayo (amparo y especial trascendencia constitucional) y por la LO 15/2015, de 16 de octubre (ejecución de las resoluciones del Tribunal).
El Tribunal Constitucional: funciones y competencias (arts. 161-165 CE)
El art. 161 CE (desarrollado por la LOTC) atribuye al TC competencia sobre: el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del art. 53.2 CE; los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí; y las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. Entre estas últimas están la cuestión de inconstitucionalidad planteada por jueces y tribunales (art. 163), el control previo de constitucionalidad de tratados internacionales (art. 95.2), los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, los conflictos en defensa de la autonomía local (LO 7/1999) y la impugnación por el Gobierno de disposiciones y resoluciones de los órganos de las CCAA (art. 161.2, con suspensión automática que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses). Las sentencias del TC se publican en el BOE con los votos particulares, si los hubiere; tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas; las que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley tienen plenos efectos frente a todos (art. 164). Una ley orgánica regula el funcionamiento del TC, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones (art. 165).
Recurso y cuestión de inconstitucionalidad: régimen y diferencias
Ambos instrumentos depuran del ordenamiento las normas con rango de ley contrarias a la Constitución, pero con requisitos distintos. El recurso de inconstitucionalidad (arts. 161.1.a y 162.1.a CE) tiene legitimación tasada -el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y, para normas que afecten a su ámbito de autonomía, los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas- y debe interponerse en el plazo de tres meses desde la publicación de la norma impugnada (art. 33 LOTC; la propia LOTC prevé una ampliación del plazo para el Presidente del Gobierno y los órganos autonómicos cuando acuerdan iniciar negociaciones en comisión bilateral). La cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE; arts. 35 y ss. LOTC) la plantea de oficio o a instancia de parte el juez o tribunal ordinario que, al conocer de un asunto, alberga dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo; solo puede plantearse una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, previa audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal, y suspende provisionalmente el procedimiento hasta que el TC resuelva. En ambos casos, la sentencia estimatoria tiene efectos generales (erga omnes) desde su publicación en el BOE, aunque, salvo los procesos penales o sancionadores en que resulte reducción de pena o sanción o exclusión de responsabilidad, no se revisan los procesos fenecidos por sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40 LOTC).
El recurso de amparo constitucional
El recurso de amparo (arts. 53.2 y 161.1.b CE) protege frente a violaciones de los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 (igualdad) y en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15-29), más la objeción de conciencia del art. 30.2, cuando provengan de disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. Tiene carácter subsidiario: exige el agotamiento previo de todos los recursos utilizables en la vía judicial ordinaria. Están legitimados para interponerlo la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b CE). La reforma de la LOTC de 2007 (LO 6/2007) introdujo el requisito de la especial trascendencia constitucional del asunto como condición de admisibilidad, que el recurrente debe justificar expresamente en su demanda (art. 49.1 LOTC), y la admisión a trámite corresponde a las Secciones o Salas mediante providencia.
El Tribunal de Cuentas (art. 136 CE)
El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público (art. 136.1); depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Sin perjuicio de su propia jurisdicción, remite a las Cortes un informe anual en el que, cuando proceda, comunica las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiera incurrido. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces (art. 136.3). Su composición, organización y funciones se rigen por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y por la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 1.1 CE recoge cuatro valores superiores (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político); no confundirlos con los siete principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad).
Los actos del Rey están sujetos a refrendo (art. 64 CE): el Rey no asume responsabilidad, que recae en quien refrenda. Excepción: la distribución de la cantidad global para su Familia y Casa y el nombramiento y relevo libre de su personal civil y militar (art. 65). La propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99 los refrenda el Presidente del Congreso.
El Senado tiene doble origen: senadores de elección directa por provincia (4 por provincia, con reglas especiales para islas, Ceuta y Melilla) y senadores designados por las Asambleas de las CCAA (1 fijo + 1 por millón de habitantes).
El veto del Senado se levanta por mayoría absoluta del Congreso, o por mayoría simple transcurridos dos meses desde su interposición (art. 90.2 CE). El plazo del Senado es de dos meses, o veinte días naturales si el proyecto es urgente.
El TC tiene 12 miembros (4+4+2+2), mandato de 9 años con renovación por tercios cada 3; su Presidente se elige para 3 años. No confundir con el CGPJ (20 vocales más el Presidente, mandato de 5 años).
El Título Preliminar (arts. 1-9) fija los pilares del sistema: Estado social y democrático de Derecho, Monarquía parlamentaria, soberanía popular, unidad de la Nación y autonomía territorial.
Solo los derechos del art. 14, la Sección 1ª del Cap. II Título I (arts. 15-29) y la objeción de conciencia (art. 30.2) tienen recurso de amparo; los de la Sección 2ª (30-38) y los principios rectores del Cap. III (39-52) no.
El estado de alarma NO permite suspender derechos fundamentales (solo limitarlos); solo la excepción y el sitio permiten la suspensión general del art. 55.1 CE. El estado de alarma lo declara el Gobierno (15 días máx., prórroga con autorización del Congreso); la excepción, el Gobierno con autorización previa del Congreso (30 días + 30); el sitio, el Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno.
Moción de censura: constructiva (exige candidato alternativo), mayoría absoluta del Congreso, propuesta por 1/10 de Diputados, no se vota hasta pasados cinco días. Cuestión de confianza: la plantea el propio Presidente y basta mayoría simple.
Decreto legislativo (arts. 82-85): delegación de las Cortes al Gobierno, mediante ley de bases o ley ordinaria, nunca en materia de ley orgánica. Decreto-ley (art. 86): iniciativa del propio Gobierno por urgencia, convalidación por el Congreso en 30 días; no puede tocar derechos del Título I, instituciones básicas, régimen de CCAA ni Derecho electoral general.
Art. 93 CE: base de la cesión de competencias a la UE (ley orgánica). Art. 94.1: autorización previa de las Cortes para tratados políticos, militares, que afecten a la integridad territorial o a derechos fundamentales, con carga financiera o que exijan medidas legislativas. Art. 95: tratado contrario a la CE exige previa reforma constitucional.
En la sucesión a la Corona (art. 57), a igualdad de grado, el varón precede a la mujer: es el texto vigente, sin reforma aprobada pese al debate político. Actual heredera: la Princesa de Asturias.
No confundir recurso de inconstitucionalidad (legitimación tasada, plazo 3 meses desde publicación) con cuestión de inconstitucionalidad (la plantea el juez que conoce del asunto, sin plazo propio, suspende el procedimiento).
El recurso de amparo es subsidiario: exige agotar antes la vía judicial ordinaria; desde 2007 exige además acreditar la especial trascendencia constitucional del asunto.
Las Cortes Generales tienen dos periodos de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio. La Diputación Permanente tiene mínimo 21 miembros. La inmunidad parlamentaria exige suplicatorio; la inviolabilidad cubre las opiniones en el ejercicio de funciones; la competencia es de la Sala de lo Penal del TS.
Reformas de la CE: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49). Reforma ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara; agravada (art. 168): 2/3, disolución, ratificación y referéndum obligatorio. Referéndum del art. 167 solo si lo pide 1/10 de una Cámara en 15 días.
Las sesiones conjuntas de las Cortes las preside el Presidente del Congreso. Investidura (art. 99): mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple 48 horas después; si en dos meses no hay Presidente, se disuelven las Cortes.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional propone el Consejo General del Poder Judicial?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Gestión Procesal (Justicia)?
La Constitución de 1978 estructura el Estado en torno a la Corona como jefatura simbólica, unas Cortes Generales bicamerales titulares de la potestad legislativa y un Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la norma fundamental. Este tema desarrolla la arquitectura formal del texto (Título Preliminar, diez títulos, disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final), las atribuciones regias, la composición y funcionamiento de las Cámaras, el procedimiento de elaboración de las leyes y las demás normas con rango de ley (decreto legislativo y decreto-ley), y la organización y competencias del Tribunal Constitucional, materias que en la Administración de Justicia tienen relevancia directa por la posición del TC frente al Poder Judicial.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
El art. 1.1 CE recoge cuatro valores superiores (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político); no confundirlos con los siete principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad). Los actos del Rey están sujetos a refrendo (art. 64 CE): el Rey no asume responsabilidad, que recae en quien refrenda. Excepción: la distribución de la cantidad global para su Familia y Casa y el nombramiento y relevo libre de su personal civil y militar (art. 65). La propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99 los refrenda el Presidente del Congreso. El Senado tiene doble origen: senadores de elección directa por provincia (4 por provincia, con reglas especiales para islas, Ceuta y Melilla) y senadores designados por las Asambleas de las CCAA (1 fijo + 1 por millón de habitantes). El veto del Senado se levanta por mayoría absoluta del Congreso, o por mayoría simple transcurridos dos meses desde su interposición (art. 90.2 CE). El plazo del Senado es de dos meses, o veinte días naturales si el proyecto es urgente. El TC tiene 12 miembros (4+4+2+2), mandato de 9 años con renovación por tercios cada 3; su Presidente se elige para 3 años. No confundir con el CGPJ (20 vocales más el Presidente, mandato de 5 años). El Título Preliminar (arts. 1-9) fija los pilares del sistema: Estado social y democrático de Derecho, Monarquía parlamentaria, soberanía popular, unidad de la Nación y autonomía territorial. Solo los derechos del art. 14, la Sección 1ª del Cap. II Título I (arts. 15-29) y la objeción de conciencia (art. 30.2) tienen recurso de amparo; los de la Sección 2ª (30-38) y los principios rectores del Cap. III (39-52) no. El estado de alarma NO permite suspender derechos fundamentales (solo limitarlos); solo la excepción y el sitio permiten la suspensión general del art. 55.1 CE. El estado de alarma lo declara el Gobierno (15 días máx., prórroga con autorización del Congreso); la excepción, el Gobierno con autorización previa del Congreso (30 días + 30); el sitio, el Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno. Moción de censura: constructiva (exige candidato alternativo), mayoría absoluta del Congreso, propuesta por 1/10 de Diputados, no se vota hasta pasados cinco días. Cuestión de confianza: la plantea el propio Presidente y basta mayoría simple. Decreto legislativo (arts. 82-85): delegación de las Cortes al Gobierno, mediante ley de bases o ley ordinaria, nunca en materia de ley orgánica. Decreto-ley (art. 86): iniciativa del propio Gobierno por urgencia, convalidación por el Congreso en 30 días; no puede tocar derechos del Título I, instituciones básicas, régimen de CCAA ni Derecho electoral general. Art. 93 CE: base de la cesión de competencias a la UE (ley orgánica). Art. 94.1: autorización previa de las Cortes para tratados políticos, militares, que afecten a la integridad territorial o a derechos fundamentales, con carga financiera o que exijan medidas legislativas. Art. 95: tratado contrario a la CE exige previa reforma constitucional. En la sucesión a la Corona (art. 57), a igualdad de grado, el varón precede a la mujer: es el texto vigente, sin reforma aprobada pese al debate político. Actual heredera: la Princesa de Asturias. No confundir recurso de inconstitucionalidad (legitimación tasada, plazo 3 meses desde publicación) con cuestión de inconstitucionalidad (la plantea el juez que conoce del asunto, sin plazo propio, suspende el procedimiento). El recurso de amparo es subsidiario: exige agotar antes la vía judicial ordinaria; desde 2007 exige además acreditar la especial trascendencia constitucional del asunto. Las Cortes Generales tienen dos periodos de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio. La Diputación Permanente tiene mínimo 21 miembros. La inmunidad parlamentaria exige suplicatorio; la inviolabilidad cubre las opiniones en el ejercicio de funciones; la competencia es de la Sala de lo Penal del TS. Reformas de la CE: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49). Reforma ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara; agravada (art. 168): 2/3, disolución, ratificación y referéndum obligatorio. Referéndum del art. 167 solo si lo pide 1/10 de una Cámara en 15 días. Las sesiones conjuntas de las Cortes las preside el Presidente del Congreso. Investidura (art. 99): mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple 48 horas después; si en dos meses no hay Presidente, se disuelven las Cortes.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229).
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
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