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Tema 15. Los Cuerpos Generales (II): Situaciones administrativas. Ordenación de la actividad profesional. Provisión de puestos de trabajo. Régimen disciplinario.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

Este tema completa el estatuto de los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia. Estudia las situaciones administrativas en que puede hallarse el funcionario (servicio activo, servicios especiales, servicio en Comunidades Autónomas u otras Administraciones, excedencias y suspensión), la ordenación de la actividad profesional mediante relaciones de puestos de trabajo y la planificación de efectivos, los sistemas de provisión de puestos de trabajo (concurso de traslados, libre designación, comisión de servicios) y el régimen disciplinario (faltas, sanciones, procedimiento, medidas cautelares y prescripción). Su marco normativo es la LOPJ (Libro VI), el Real Decreto 1451/2005 (ingreso, provisión de destinos y promoción), el Real Decreto 796/2005 (régimen disciplinario) y, supletoriamente, el TREBEP.

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Situaciones administrativas: concepto y enumeración

Las situaciones administrativas determinan el régimen de derechos y deberes del funcionario en función de su relación con el puesto y el servicio. Conforme al art. 85 TREBEP, de aplicación supletoria, los funcionarios de carrera pueden encontrarse en: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. La LOPJ, en la regulación de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, recoge las situaciones de servicio activo, servicios especiales, servicio en Comunidades Autónomas, excedencia (voluntaria y forzosa) y suspensión de funciones. La denominación «servicio en Comunidades Autónomas» responde a la peculiaridad del personal de Justicia transferido a las CCAA con competencias asumidas.

Servicio activo y servicios especiales

Servicio activo: situación ordinaria del funcionario que presta servicios en su condición de tal, con plenitud de derechos y deberes y desempeño efectivo de un puesto de trabajo. Servicios especiales (art. 87 TREBEP): se declara a quienes se hallen en supuestos como adquirir la condición de miembro del Gobierno o de órganos de gobierno de las CCAA, ser elegidos Diputados o Senadores de las Cortes Generales, ser designados altos cargos, o desempeñar cargos en organismos internacionales, entre otros. Efectos: derecho a la reserva de puesto de trabajo, cómputo del tiempo a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos, y percepción de las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen (sin derecho a las del Cuerpo de origen salvo los trienios).

Servicio en otras Administraciones Públicas y servicio en Comunidades Autónomas

Los funcionarios transferidos a una Comunidad Autónoma o que obtienen destino en ella mediante los procedimientos de provisión quedan en servicio activo en el ámbito de esa Administración. Cuando pasan a prestar servicios en otra Administración Pública por transferencia, por concurso o por otros procedimientos de provisión, quedan en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas (art. 88 TREBEP), conservando su condición de funcionarios de carrera del Cuerpo de origen y rigiéndose por la legislación de la Administración en la que presten servicios.

Excedencias: clases

La excedencia (art. 89 TREBEP) puede ser: a) voluntaria por interés particular, para lo que se exige haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores, sin reserva de puesto y sin cómputo del tiempo a efectos de carrera, trienios o derechos pasivos; b) voluntaria por agrupación familiar, para quienes tengan cónyuge o pareja de hecho funcionario de carrera o laboral fijo que haya obtenido destino definitivo en otro municipio por concurso o por nombramiento definitivo; c) voluntaria por prestación de servicios en el sector público cuando se pasa a prestar servicios en organismos o entidades del sector público y no corresponda quedar en servicio activo ni en otra situación; d) excedencia por cuidado de familiares, con una duración máxima de tres años por cada hijo (a contar desde el nacimiento o la resolución de adopción o acogimiento) y por el cuidado de un familiar hasta el segundo grado por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad que no pueda valerse por sí mismo; e) excedencia por razón de violencia de género; f) excedencia por razón de violencia terrorista. Además, la LOPJ contempla la excedencia forzosa en los supuestos que reglamentariamente se determinen.

Excedencia por cuidado de familiares y por violencia de género o terrorismo: efectos

En la excedencia por cuidado de familiares, el periodo se computa a efectos de trienios, carrera y régimen de Seguridad Social; el funcionario tiene derecho a reserva del puesto de trabajo durante un periodo inicial y, transcurrido este, a la reserva de un puesto en la misma localidad y de igual retribución. En la excedencia por violencia de género o por razón de violencia terrorista no se exige tiempo previo de servicios ni plazo de permanencia; durante los primeros seis meses se tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo, computándose el tiempo a efectos de antigüedad, carrera y Seguridad Social, y el periodo puede prorrogarse, cuando la protección de la víctima lo exija, por periodos de tres meses hasta un máximo de dieciocho meses, con idénticos efectos. Durante los dos primeros meses de la excedencia por violencia de género la funcionaria tiene derecho a percibir las retribuciones íntegras, conforme a la normativa de protección integral.

Reingreso al servicio activo

El funcionario en excedencia con reserva de puesto (cuidado de familiares en el periodo de reserva, violencia de género, servicios especiales) se reincorpora al mismo puesto. El funcionario en excedencia sin reserva (interés particular, agrupación familiar, prestación de servicios en el sector público) debe solicitar el reingreso en el plazo que establezca la normativa y, mientras no obtiene destino definitivo, puede ser adscrito provisionalmente a un puesto vacante de su Cuerpo, con la obligación de participar en los concursos de provisión que se convoquen. Si no solicita el reingreso en plazo, puede ser declarado en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. El tiempo en excedencia voluntaria por interés particular o agrupación familiar no se computa a efectos de antigüedad.

Suspensión de funciones

La suspensión de funciones puede ser firme o provisional (art. 90 TREBEP). La suspensión firme se impone como sanción disciplinaria, con un máximo de seis años; cuando excede de seis meses, determina la pérdida del puesto de trabajo. La suspensión provisional puede acordarse como medida cautelar durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario (art. 98.3 TREBEP): en caso de procedimiento disciplinario no puede exceder de seis meses salvo paralización imputable al interesado, y el funcionario tiene derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, quedando el resto de retribuciones a expensas del resultado final del procedimiento. La suspensión provisional por condena o procesamiento penal puede mantenerse mientras dure la causa que la motiva.

Ordenación de la actividad profesional: planificación y relaciones de puestos de trabajo

La ordenación de la actividad profesional corresponde al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, y se instrumenta a través de la planificación de recursos humanos (art. 69 TREBEP), las Ofertas de Empleo Público (art. 70) y las relaciones de puestos de trabajo (RPT) o instrumentos similares (art. 74 TREBEP). Las RPT comprenden, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los Cuerpos a que se adscriben, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Son públicas y su modificación se somete a negociación con las organizaciones sindicales cuando afecta a condiciones de trabajo. Junto a ellas, las plantillas orgánicas fijan el número de puestos por órgano judicial o unidad de la oficina judicial. La carrera profesional y la formación continua se desarrollan conforme a los arts. 16 y siguientes TREBEP.

Provisión de puestos de trabajo: concurso de traslados

El concurso de traslados es el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo de los Cuerpos Generales, regulado por la LOPJ y desarrollado por el Real Decreto 1451/2005. Se resuelve por baremo de méritos, entre los que pesa decisivamente la antigüedad (tiempo de servicios efectivos en el Cuerpo) junto con otros méritos (formación, desempeño de determinados puestos, grado personal), y se aplica a puestos de su Cuerpo. Los puestos se convocan por el Ministerio de Justicia o, en las CCAA con competencias asumidas, por la propia Comunidad, con participación de funcionarios de todo el territorio nacional en los términos que prevea cada convocatoria. El concurso se rige por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (art. 78 TREBEP) y la adjudicación es irrenunciable salvo causa justificada.

Libre designación, comisión de servicios y otras formas de provisión

La libre designación (art. 80 TREBEP) consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el puesto; se reserva a puestos de especial responsabilidad y confianza expresamente identificados en la RPT, con convocatoria pública, y el cese es discrecional pero motivado. La comisión de servicios (art. 81.3 TREBEP) permite cubrir temporalmente un puesto vacante o atender necesidades urgentes, con reserva del puesto de origen; puede ser voluntaria o forzosa. La adscripción provisional se usa tras el reingreso o cuando se suprime el puesto. El funcionario que obtiene un puesto mediante concurso o libre designación pasa a ocupar el puesto con carácter definitivo. La movilidad por razón de violencia de género (art. 82 TREBEP) permite el traslado a otro puesto propio del Cuerpo en la localidad solicitada sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura, con reserva del puesto de origen durante seis meses, y tiene la consideración de traslado forzoso.

Régimen disciplinario: normativa y principios

La responsabilidad disciplinaria del personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia se regula en la LOPJ y en el Reglamento de régimen disciplinario aprobado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, con aplicación supletoria del TREBEP (Título VII, arts. 93 a 98). Rigen los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia y prohibición de doble sanción por los mismos hechos (principio non bis in idem). Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves, y la imposición de la sanción exige un procedimiento previo con audiencia del interesado. La responsabilidad disciplinaria es independiente de la responsabilidad civil y penal.

Faltas disciplinarias y sanciones

Entre las faltas muy graves recogidas con carácter general en el art. 95 TREBEP se encuentran el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución, toda actuación que suponga discriminación por razón de origen, sexo, religión u otra condición, el abandono del servicio, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos, la publicación o utilización indebida de secretos oficiales, la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas, la violación de la neutralidad o independencia política, el incumplimiento del deber de sigilo, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades y el acoso por razón de origen racial o étnico, religión, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. Las sanciones (art. 96 TREBEP) son: separación del servicio, suspensión firme de funciones (máximo seis años), traslado forzoso, demérito y apercibimiento. La LOPJ y el Real Decreto 796/2005 gradúan la sanción en función de la gravedad: apercibimiento para las faltas leves, suspensión de funciones o traslado forzoso, con limitaciones de duración, para las graves, y separación del servicio o suspensión de larga duración para las muy graves. La separación del servicio supone la pérdida de la condición de funcionario (art. 63 TREBEP).

Procedimiento disciplinario

El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, orden superior, moción razonada de los subordinados o denuncia, pudiendo preceder una información reservada. Comprende el nombramiento de un instructor (y, en su caso, un secretario) que no puede ser el órgano que decide, la formulación de un pliego de cargos, el trámite de alegaciones y la proposición y práctica de prueba, la propuesta de resolución y el trámite de audiencia, y la resolución motivada del órgano competente, que debe decidir todas las cuestiones planteadas y no puede aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento. Debe garantizarse siempre el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la audiencia del expedientado. Para las faltas leves la normativa prevé un procedimiento abreviado. La resolución es recurrible en vía administrativa y contencioso-administrativa. La anotación de las sanciones en el expediente personal puede cancelarse en los plazos legales.

Prescripción, cancelación y relaciones con la jurisdicción penal

Las faltas y las sanciones prescriben en plazos que dependen de su gravedad, computados desde la comisión de la falta o, si es continuada, desde que cesó; el plazo de prescripción de la sanción se cuenta desde la firmeza de la resolución. Como referencia, el art. 97 TREBEP, de aplicación supletoria, establece plazos de tres años para las faltas muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves, y de tres años, dos años y un año, respectivamente, para las sanciones. El inicio del procedimiento, con conocimiento del interesado, interrumpe la prescripción de la falta; el plazo se reanuda si el expediente permanece paralizado durante el tiempo legalmente previsto por causa no imputable al expedientado. Cuando los hechos puedan constituir delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial y, por regla general, suspenderá el procedimiento disciplinario hasta que recaiga resolución judicial firme, quedando vinculada por los hechos declarados probados.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Situaciones administrativas (art. 85 TREBEP): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. La LOPJ añade la denominación «servicio en Comunidades Autónomas» y la excedencia forzosa.
  • Excedencia voluntaria por interés particular: exige cinco años de servicios efectivos previos y no da derecho a reserva de puesto. La de cuidado de familiares: hasta tres años por hijo.
  • Excedencia por violencia de género o terrorismo: sin tiempo previo de servicios; reserva del puesto durante seis meses, prorrogable hasta un máximo de dieciocho.
  • La suspensión firme tiene un máximo de seis años y, si excede de seis meses, supone la pérdida del puesto. La suspensión provisional como medida cautelar da derecho a retribuciones básicas y prestaciones familiares.
  • Concurso de traslados: sistema ordinario de provisión de puestos, con baremo de méritos y gran peso de la antigüedad. Libre designación: puestos de especial responsabilidad y confianza, con convocatoria pública y cese motivado.
  • La comisión de servicios es una forma de provisión temporal con reserva del puesto de origen; puede ser voluntaria o forzosa.
  • Movilidad por violencia de género (art. 82 TREBEP): traslado sin necesidad de vacante de necesaria cobertura, con reserva del puesto de origen durante seis meses.
  • Régimen disciplinario de Justicia: LOPJ + Real Decreto 796/2005, de 1 de julio; TREBEP supletorio. Faltas muy graves, graves y leves.
  • La separación del servicio, sanción máxima, supone la pérdida de la condición de funcionario. Suspensión firme: máximo seis años (art. 96 TREBEP).
  • Prescripción de referencia (art. 97 TREBEP): faltas muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones 3 años, 2 años y 1 año.
  • El procedimiento disciplinario exige instructor distinto del órgano que resuelve, pliego de cargos, prueba, propuesta de resolución y audiencia al expedientado.
  • La responsabilidad disciplinaria es compatible con la civil y la penal, pero rige el non bis in idem; si hay proceso penal sobre los mismos hechos, se suspende el expediente y se respetan los hechos probados.
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¿Qué sistema es el ordinario de provisión de puestos de trabajo de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 15 de Gestión Procesal (Justicia)?

Este tema completa el estatuto de los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia. Estudia las situaciones administrativas en que puede hallarse el funcionario (servicio activo, servicios especiales, servicio en Comunidades Autónomas u otras Administraciones, excedencias y suspensión), la ordenación de la actividad profesional mediante relaciones de puestos de trabajo y la planificación de efectivos, los sistemas de provisión de puestos de trabajo (concurso de traslados, libre designación, comisión de servicios) y el régimen disciplinario (faltas, sanciones, procedimiento, medidas cautelares y prescripción). Su marco normativo es la LOPJ (Libro VI), el Real Decreto 1451/2005 (ingreso, provisión de destinos y promoción), el Real Decreto 796/2005 (régimen disciplinario) y, supletoriamente, el TREBEP.

¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?

Situaciones administrativas (art. 85 TREBEP): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. La LOPJ añade la denominación «servicio en Comunidades Autónomas» y la excedencia forzosa. Excedencia voluntaria por interés particular: exige cinco años de servicios efectivos previos y no da derecho a reserva de puesto. La de cuidado de familiares: hasta tres años por hijo. Excedencia por violencia de género o terrorismo: sin tiempo previo de servicios; reserva del puesto durante seis meses, prorrogable hasta un máximo de dieciocho. La suspensión firme tiene un máximo de seis años y, si excede de seis meses, supone la pérdida del puesto. La suspensión provisional como medida cautelar da derecho a retribuciones básicas y prestaciones familiares. Concurso de traslados: sistema ordinario de provisión de puestos, con baremo de méritos y gran peso de la antigüedad. Libre designación: puestos de especial responsabilidad y confianza, con convocatoria pública y cese motivado. La comisión de servicios es una forma de provisión temporal con reserva del puesto de origen; puede ser voluntaria o forzosa. Movilidad por violencia de género (art. 82 TREBEP): traslado sin necesidad de vacante de necesaria cobertura, con reserva del puesto de origen durante seis meses. Régimen disciplinario de Justicia: LOPJ + Real Decreto 796/2005, de 1 de julio; TREBEP supletorio. Faltas muy graves, graves y leves. La separación del servicio, sanción máxima, supone la pérdida de la condición de funcionario. Suspensión firme: máximo seis años (art. 96 TREBEP). Prescripción de referencia (art. 97 TREBEP): faltas muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones 3 años, 2 años y 1 año. El procedimiento disciplinario exige instructor distinto del órgano que resuelve, pliego de cargos, prueba, propuesta de resolución y audiencia al expedientado. La responsabilidad disciplinaria es compatible con la civil y la penal, pero rige el non bis in idem; si hay proceso penal sobre los mismos hechos, se suspende el expediente y se respetan los hechos probados.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Libro VI (situaciones administrativas, provisión de puestos y régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia).
  • Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, Reglamento de ingreso, provisión de destinos y promoción profesional de los Cuerpos Generales.
  • Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, Reglamento general de régimen disciplinario de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público (arts. 69-70, 74, 78-82, 85-90 y 93-98).
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

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