Tema 47. El denominado período intermedio; auto de conclusión del sumario; eventual revocación del auto y nuevas diligencias y resoluciones. El sobreseimiento y sus clases. El auto de apertura del juicio oral. Los artículos de previo pronunciamiento. Las calificaciones provisionales de las partes. Conformidad del acusado.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El período o fase intermedia es la fase del proceso penal que media entre la instrucción y el juicio oral. Su finalidad es decidir, con control judicial, si hay base suficiente para abrir el juicio oral o si procede el sobreseimiento, fijar el objeto del proceso mediante los escritos de calificación o acusación, y depurar los obstáculos procesales (artículos de previo pronunciamiento). Este tema desarrolla el auto de conclusión del sumario y su revisión, las nuevas diligencias, el sobreseimiento libre y provisional (arts. 637 y 641 LECrim), el auto de apertura del juicio oral, los artículos de previo pronunciamiento (art. 666), las calificaciones provisionales (arts. 649 y ss.), la conformidad del acusado en el procedimiento ordinario, en el abreviado (art. 787) y en el enjuiciamiento rápido (art. 801), y las diferencias entre el sumario ordinario y el procedimiento abreviado (arts. 779 a 785).
El período intermedio se sitúa entre la finalización de la instrucción y el comienzo, si procede, del juicio oral. Cumple una función de control y de depuración: verificar si hay indicios racionales de criminalidad suficientes para justificar la apertura del juicio oral frente al acusado, o si procede el sobreseimiento de la causa por insuficiencia de indicios o por concurrir una causa legal que impida continuar el proceso. Este filtro previo evita que se someta a una persona a la carga personal y reputacional de un juicio público sin base razonable, y protege además el principio acusatorio: sin acusación formulada no hay juicio oral. En esta fase se decide también qué órgano ha de enjuiciar, se aseguran las responsabilidades pecuniarias y se delimita el objeto del proceso. El órgano que instruye no puede enjuiciar: la instrucción corresponde al juez de instrucción y el enjuiciamiento al tribunal competente (Audiencia Provincial en el sumario ordinario, Sección de lo Penal o Audiencia Provincial en el abreviado según la pena).
El auto de conclusión del sumario
Practicadas las diligencias que estime necesarias, el juez de instrucción dicta auto declarando concluso el sumario (art. 622 LECrim) y remite la causa, con las piezas de convicción, al tribunal competente para el enjuiciamiento, que en el procedimiento ordinario por delitos graves es la Audiencia Provincial (o la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia en los casos de su competencia). Antes de dictarlo, el instructor debe haber practicado las diligencias solicitadas por las partes que no sean inútiles o perjudiciales. El auto es meramente instrumental: constata que la instrucción ha cumplido su función investigadora sin prejuzgar el fondo, y marca el paso a la fase intermedia. Se emplaza a las partes para que se personen ante el tribunal sentenciador y se acuerda el mantenimiento o no de las medidas cautelares vigentes.
Revisión del auto de conclusión; revocación y nuevas diligencias
Recibido el sumario, el tribunal competente para el enjuiciamiento revisa el auto de conclusión a instancia de las partes personadas, que pueden solicitar la revocación y la práctica de diligencias complementarias, o de oficio (arts. 627 y ss. LECrim). El tribunal confirma el auto de conclusión o lo revoca (art. 631 LECrim). Si lo revoca, devuelve las actuaciones al instructor para que practique las diligencias que se señalen, que deben limitarse a los extremos concretos que resulten imprescindibles, sin reabrir indefinidamente la instrucción; practicadas, se dicta nuevo auto de conclusión. Si lo confirma, continúa la fase intermedia. Esta revisión es un control de la suficiencia de la instrucción antes del juicio, y no un trámite de recurso ordinario contra el auto de conclusión.
Traslado a las acusaciones y apertura del juicio oral o sobreseimiento
Confirmado el auto de conclusión, se da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las demás acusaciones personadas para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. Rige el principio acusatorio: no puede abrirse juicio oral sin acusación, y el tribunal no puede abrir de oficio contra la voluntad de todas las acusaciones. Si el Ministerio Fiscal pide sobreseimiento pero hay otra acusación (particular o popular) que solicita la apertura, la causa continúa a instancia de esta, con las limitaciones que la jurisprudencia ha fijado para la acusación popular en solitario (doctrinas Botín y Atutxa). Si todas las acusaciones piden el sobreseimiento, el tribunal lo acuerda salvo que los hechos le parezcan constitutivos de delito, supuesto en que puede acudirse a los mecanismos de control del propio Ministerio Fiscal (consulta al superior jerárquico). Las partes pueden también instar la apertura contra personas no incluidas inicialmente.
El sobreseimiento: concepto y clases
El sobreseimiento es la resolución que pone fin, de forma definitiva o provisional, al proceso penal sin llegar a juicio oral, cuando no hay base suficiente para acusar. Se distingue entre sobreseimiento libre, que produce efectos equiparables a los de una sentencia absolutoria firme (cosa juzgada material y garantía de non bis in idem), y sobreseimiento provisional, que no cierra definitivamente la causa y permite reabrirla si aparecen nuevos elementos. Según su alcance puede ser total (todos los delitos y todos los encausados) o parcial (solo respecto de alguno de los delitos o de los encausados, continuando el proceso respecto de los demás). Se acuerda por auto motivado y es recurrible en los términos legales. La distinción entre las clases es una de las más preguntadas en examen.
El sobreseimiento libre (art. 637 LECrim)
Procede el sobreseimiento libre cuando: 1.º no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa; 2.º el hecho no sea constitutivo de delito; 3.º aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores (art. 637 LECrim). Cuando el sobreseimiento libre es firme, produce los efectos de la cosa juzgada y equivale a una sentencia absolutoria, de modo que no puede reabrirse el proceso por los mismos hechos frente a la misma persona; cabe invocarlo en otro proceso mediante el artículo de previo pronunciamiento de cosa juzgada (art. 666.2.ª). Exige un grado de certeza superior al del sobreseimiento provisional. Además, el sobreseimiento libre deja sin efecto el auto de procesamiento y las medidas cautelares personales acordadas.
El sobreseimiento provisional (art. 641 LECrim)
Procede el sobreseimiento provisional cuando: 1.º no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa; 2.º resulte del sumario haberse cometido un delito, pero no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores (art. 641 LECrim). No produce efectos de cosa juzgada: la causa se archiva, y puede reabrirse en cualquier momento, mientras no haya prescrito el delito, si se aportan nuevos elementos de investigación (nuevas pruebas, testimonios, avances policiales o científicos, por ejemplo en identificación genética) que permitan continuar con perspectivas razonables de éxito. Corresponde al Ministerio Fiscal o a las demás acusaciones (incluidas nuevas personaciones) solicitar la reapertura ante el órgano que lo acordó. Es el remedio ordinario y más frecuente cuando, agotadas las diligencias, no se logra identificar al responsable.
Diferencias entre sobreseimiento libre y provisional
El sobreseimiento libre cierra definitivamente el proceso (art. 637): se funda en la inexistencia del hecho, en su atipicidad o en la exención de responsabilidad de los procesados, y equivale a una absolución con efecto de cosa juzgada. El provisional suspende la tramitación por insuficiencia probatoria actual (art. 641), no produce cosa juzgada y permite la reapertura si surgen nuevos elementos. El libre se apoya en una certeza sobre la inexistencia de responsabilidad penal; el provisional, en una falta de prueba suficiente. Ambos requieren auto motivado y pueden ser totales o parciales. El sobreseimiento libre no debe confundirse con el archivo por prescripción, extinción de la responsabilidad o falta de competencia, ni el provisional con la mera paralización del procedimiento.
La fase intermedia en el procedimiento abreviado (arts. 779 a 785 LECrim)
En el procedimiento abreviado, concluida la instrucción (diligencias previas), el juez dicta, según los casos, una de las resoluciones del art. 779.1: sobreseimiento libre o provisional; si el hecho no constituye delito que deba seguir por abreviado, el sumario ordinario o la remisión al órgano competente; o, si el hecho constituye delito comprendido en el art. 757, el auto de continuación del procedimiento abreviado (art. 779.1.4.ª), que cierra la instrucción y es el equivalente de la conclusión del sumario. A continuación se da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas por plazo de diez días para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento, o excepcionalmente diligencias complementarias (art. 780). El escrito de acusación contiene los hechos punibles, su calificación, la participación del acusado, las circunstancias, la pena y la responsabilidad civil, y la proposición de prueba (art. 781). Si se solicita la apertura del juicio oral, el juez de instrucción la acuerda salvo que concurra alguno de los supuestos de sobreseimiento libre o provisional (art. 783); el auto de apertura expresa también las medidas cautelares reales y personales y no es recurrible, salvo en lo relativo a la situación personal y la fianza. Se da traslado a la defensa, que dispone de cinco días para presentar escrito de defensa (art. 784), tras lo cual se remiten las actuaciones al órgano de enjuiciamiento (art. 785).
El auto de apertura del juicio oral: contenido
El auto de apertura del juicio oral determina contra qué personas se abre el juicio (puede excluir a alguna de las inicialmente investigadas y sobreseer respecto de ellas), el delito o delitos objeto de acusación, el órgano competente para el enjuiciamiento, y las medidas de aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias: fianza que debe prestar el acusado y embargo de bienes si no la presta, y la fianza del responsable civil subsidiario (art. 589 y arts. 615 y ss. LECrim). Se mantiene o modifica la situación personal del acusado (libertad, prisión provisional). Los hechos por los que se abre juicio son los que determinan las acusaciones; el juez no puede incluir hechos distintos o personas no acusadas. Es el momento en que el investigado pasa a ser acusado (en el sumario ordinario, procesado).
Efectos del auto de apertura del juicio oral
Pone fin a la fase intermedia y abre la fase de juicio oral, con las garantías de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción. La causa se remite al órgano de enjuiciamiento con las calificaciones formuladas y el material de la instrucción. En el procedimiento ordinario el tribunal que enjuicia es distinto del instructor, y en el abreviado el juez de instrucción no puede formar parte del órgano sentenciador. Desde la apertura el acusado puede ejercer los derechos de defensa con la plenitud que la ley prevé, y las partes proponen la prueba. Las medidas cautelares reales acordadas aseguran las responsabilidades pecuniarias. La resolución de apertura no prejuzga la culpabilidad y no equivale a una declaración de que existe delito.
Los artículos de previo pronunciamiento: concepto y enumeración (art. 666 LECrim)
Son cuestiones de carácter procesal que pueden plantearse antes de iniciarse el juicio oral para que se resuelvan con carácter previo al fondo. El art. 666 LECrim los enumera de forma cerrada: 1.º) la declinatoria de jurisdicción; 2.º) la cosa juzgada; 3.º) la prescripción del delito; 4.º) la amnistía o el indulto; 5.º) la falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria con arreglo a las leyes. Pueden proponerse por las partes, y la defensa tiene un papel esencial al haber recibido la acusación. Su finalidad es depurar tempranamente obstáculos que, de concurrir, harían inútil el juicio. En el procedimiento abreviado no existe un trámite idéntico: las cuestiones equivalentes (jurisdicción, competencia, vulneración de derechos fundamentales, existencia de artículos de previo pronunciamiento, defectos de forma del escrito de acusación o solicitud de sobreseimiento) se plantean como cuestiones previas al inicio de las sesiones del juicio oral y se resuelven en el acto (art. 786.2 LECrim).
Tramitación y efectos de los artículos de previo pronunciamiento
Se proponen por escrito dentro del plazo concedido a la defensa para contestar a la calificación de la acusación, se da audiencia a las demás partes, se practica en su caso la prueba pertinente, y se resuelven por auto antes de continuar hacia el juicio. Efectos de la estimación: la declinatoria determina la remisión de las actuaciones al órgano competente; la cosa juzgada, la prescripción, la amnistía y el indulto conducen al sobreseimiento libre de la causa, al ser causas que extinguen la responsabilidad penal o impiden continuar el proceso; la falta de autorización administrativa produce la suspensión hasta que se supla el requisito. Si se desestiman, las cuestiones pueden volver a alegarse como defensa en el juicio oral. La naturaleza es distinta: unos son meramente atributivos de competencia y otros extinguen la acción penal.
Las calificaciones provisionales: concepto y contenido (arts. 649 y ss. LECrim)
Las calificaciones provisionales, o conclusiones provisionales, son los escritos en que las partes exponen su posición sobre los hechos, su calificación jurídica y las consecuencias. El art. 650 LECrim exige que contengan: 1.ª) los hechos punibles que resulten del sumario; 2.ª) la calificación legal del delito, con determinación del precepto penal aplicable; 3.ª) la participación que en él hubieren tenido los procesados; 4.ª) los hechos que resulten del sumario y constituyan circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes; 5.ª) las penas en que hayan incurrido los procesados, con las responsabilidades civiles, y la proposición de las pruebas de que intenten valerse. Cada acusación califica primero (el Ministerio Fiscal y después las demás acusaciones), por escrito y en el plazo legal, y a continuación la defensa. Son escritos de alegaciones que fijan el marco fáctico y jurídico dentro del cual se mueve el juicio y delimitan la prueba, y la acusación debe ser clara para que la defensa pueda contradecirla: el acusado tiene derecho a conocer la acusación (art. 24.2 CE).
Calificación provisional de la acusación y de la defensa
El escrito de acusación (el del Ministerio Fiscal y, sucesivamente, los de las demás acusaciones) fija los hechos imputados, su calificación, el grado de participación y de ejecución, las circunstancias modificativas, la pena concreta y la responsabilidad civil. Vincula al tribunal en el sentido del principio acusatorio: no puede condenar por hechos distintos, por delito heterogéneo ni imponer pena superior a la más grave solicitada. El escrito de defensa responde a la acusación: puede manifestar conformidad total o parcial, discrepar de los hechos o proponer una calificación alternativa, alegar eximentes o atenuantes o pedir la absolución, e incluye la proposición de pruebas. La conformidad parcial permite aceptar determinados hechos y discutir la calificación jurídica o las circunstancias. La defensa no tiene obligación de colaborar con la acusación, y el silencio del acusado no puede valorarse en su contra.
Modificación de las conclusiones tras la prueba
Practicada la prueba, las partes califican definitivamente: elevan a definitivas sus conclusiones provisionales o las modifican (art. 732 LECrim), dentro de los límites del hecho punible objeto de acusación, sin introducir hechos sustancialmente distintos ni cambiar la identidad del hecho. Estas conclusiones definitivas, y no las provisionales, son las que vinculan al tribunal. Si el tribunal estima que el hecho ha sido calificado con manifiesto error, el presidente puede plantear a las partes una calificación jurídica diferente, que debe ser sometida a contradicción (tesis, art. 733 LECrim; en el procedimiento abreviado, art. 788.3). Si todas las acusaciones retiran la acusación, el tribunal debe dictar sentencia absolutoria (no existe acusación): el principio acusatorio impide la condena de oficio. El tribunal puede imponer una pena inferior a la solicitada, nunca superior.
La conformidad del acusado: concepto y requisitos
La conformidad es el acto por el cual el acusado, asistido de abogado, reconoce los hechos objeto de acusación y acepta la pena de mayor gravedad de entre las solicitadas, de modo que se evita la práctica de la prueba y se dicta sentencia de conformidad. Es una manifestación del principio de oportunidad y un mecanismo de terminación anticipada. Requisitos de validez: voluntad libre y consciente del acusado, con conocimiento de sus consecuencias y asistencia letrada (la voluntariedad se asegura mediante la audiencia del acusado personalmente); acuerdo de todas las acusaciones y de la defensa sobre los hechos y la pena; y que la pena no exceda de los límites legales: en el sumario ordinario el art. 655 admite la sentencia de conformidad cuando la pena más grave solicitada no exceda de seis años de prisión, y en el procedimiento abreviado el art. 787 exige también que la pena no exceda de seis años de prisión (o cualquier pena de distinta naturaleza o multa). La conformidad requiere que el acusado esté presente, salvo supuestos de juicio en ausencia previstos por la ley, y puede ser parcial, en cuyo caso el juicio continúa respecto de los extremos no conformados.
Momentos procesales para prestar la conformidad
En el procedimiento ordinario puede manifestarse en el escrito de calificación de la defensa (art. 655) o, estando ya abierto el juicio, al inicio de las sesiones (arts. 688 y ss.), cuando el presidente pregunta al acusado si se confiesa autor del delito y responsable civil. En el procedimiento abreviado, la conformidad puede prestarse en el escrito de defensa (art. 784) o antes de iniciarse la práctica de la prueba en el juicio oral (art. 787), mediante petición conjunta de acusación y defensa, con la conformidad del acusado presente, de que se dicte sentencia de acuerdo con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad. En el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, el acusado puede conformarse ante el juzgado de guardia (art. 801), y la pena solicitada se reduce en un tercio, lo que lo hace especialmente atractivo (no debe atribuirse esta reducción al procedimiento abreviado en general). Cuanto antes se preste la conformidad, mayores son los beneficios en forma de atenuante de confesión o reducción de pena cuando la ley la prevé.
Efectos de la conformidad y control del tribunal
Si el tribunal considera correcta la calificación formulada y ajustada a derecho la pena, dicta sentencia de estricta conformidad, sin práctica de prueba sobre el fondo. Si entiende que la calificación no es correcta o que la pena solicitada no es procedente, o si alberga dudas sobre la voluntariedad de la conformidad, no la acepta y ordena la continuación del juicio (arts. 787.3 y 688 y ss.), y en tal caso la conformidad prestada no puede ser utilizada como prueba de cargo contra el acusado. El control judicial garantiza que la conformidad no encubra acuerdos jurídicamente incorrectos o no libres. La sentencia dictada de conformidad es firme y solo puede recurrirse cuando no se hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad (art. 787.7 LECrim); la conformidad con la sentencia no impide al condenado interponer recurso por esos motivos. La conformidad penal no determina necesariamente la responsabilidad civil.
Límites a la conformidad del acusado
La conformidad no puede recaer sobre hechos distintos de los objeto de acusación ni el tribunal puede imponer pena superior a la más grave solicitada. La conformidad en la responsabilidad penal es independiente de la civil: si el perjudicado o su representación procesal no se han mostrado conformes con la reclamación, la determinación de la responsabilidad civil queda para la práctica de prueba en el juicio. Existen límites de pena (seis años de prisión en el ordinario y en el abreviado) y de objeto, y en los procedimientos con pluralidad de acusados la conformidad de uno de ellos no afecta a los demás, cuyo juicio continúa. El acusado que se conforma no renuncia a la presunción de inocencia, pero se entiende que acepta voluntariamente la acusación y sus consecuencias.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El auto de conclusión del sumario (art. 622 LECrim) lo dicta el juez de instrucción y se somete a revisión del tribunal sentenciador (art. 631): confirma o revoca y devuelve para nuevas diligencias.
Sobreseimiento libre (art. 637): inexistencia de indicios del hecho, atipicidad, o exención de responsabilidad; equivale a absolución y produce cosa juzgada.
Sobreseimiento provisional (art. 641): falta de justificación del delito o de motivos para acusar a persona determinada; no produce cosa juzgada y permite reabrir la causa mientras no prescriba el delito.
El sobreseimiento puede ser total o parcial; en ambos casos se acuerda por auto motivado.
No hay juicio oral sin acusación (principio acusatorio); si todas las acusaciones piden el sobreseimiento, procede acordarlo.
Artículos de previo pronunciamiento (art. 666): declinatoria de jurisdicción, cosa juzgada, prescripción del delito, amnistía o indulto, falta de autorización administrativa para procesar. Estimados los de cosa juzgada, prescripción y amnistía o indulto, el efecto es el sobreseimiento libre.
En el procedimiento abreviado, las cuestiones equivalentes se plantean como cuestiones previas al inicio del juicio (art. 786.2).
Abreviado: auto de continuación (art. 779.1.4.ª), acusación en diez días (art. 780), apertura del juicio oral (art. 783), defensa en cinco días (art. 784).
Contenido de las calificaciones (art. 650): hechos, calificación legal, participación, circunstancias modificativas, penas y responsabilidad civil, y prueba propuesta.
Las conclusiones DEFINITIVAS (art. 732), no las provisionales, vinculan al tribunal; la tesis del art. 733 permite plantear una calificación distinta.
Conformidad: pena no superior a seis años de prisión en ordinario (art. 655) y abreviado (art. 787); el tribunal puede rechazarla; la sentencia solo se recurre por incumplimiento de sus requisitos (art. 787.7).
La reducción de un tercio de la pena se vincula a la conformidad en el enjuiciamiento rápido ante el juzgado de guardia (art. 801), no a la conformidad en el abreviado general.
La conformidad penal no vincula la responsabilidad civil si el perjudicado no se ha conformado.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
La estimación del artículo de previo pronunciamiento de cosa juzgada produce como efecto:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 47 de Gestión Procesal (Justicia)?
El período o fase intermedia es la fase del proceso penal que media entre la instrucción y el juicio oral. Su finalidad es decidir, con control judicial, si hay base suficiente para abrir el juicio oral o si procede el sobreseimiento, fijar el objeto del proceso mediante los escritos de calificación o acusación, y depurar los obstáculos procesales (artículos de previo pronunciamiento). Este tema desarrolla el auto de conclusión del sumario y su revisión, las nuevas diligencias, el sobreseimiento libre y provisional (arts. 637 y 641 LECrim), el auto de apertura del juicio oral, los artículos de previo pronunciamiento (art. 666), las calificaciones provisionales (arts. 649 y ss.), la conformidad del acusado en el procedimiento ordinario, en el abreviado (art. 787) y en el enjuiciamiento rápido (art. 801), y las diferencias entre el sumario ordinario y el procedimiento abreviado (arts. 779 a 785).
¿Qué hay que memorizar del Tema 47 para el examen?
El auto de conclusión del sumario (art. 622 LECrim) lo dicta el juez de instrucción y se somete a revisión del tribunal sentenciador (art. 631): confirma o revoca y devuelve para nuevas diligencias. Sobreseimiento libre (art. 637): inexistencia de indicios del hecho, atipicidad, o exención de responsabilidad; equivale a absolución y produce cosa juzgada. Sobreseimiento provisional (art. 641): falta de justificación del delito o de motivos para acusar a persona determinada; no produce cosa juzgada y permite reabrir la causa mientras no prescriba el delito. El sobreseimiento puede ser total o parcial; en ambos casos se acuerda por auto motivado. No hay juicio oral sin acusación (principio acusatorio); si todas las acusaciones piden el sobreseimiento, procede acordarlo. Artículos de previo pronunciamiento (art. 666): declinatoria de jurisdicción, cosa juzgada, prescripción del delito, amnistía o indulto, falta de autorización administrativa para procesar. Estimados los de cosa juzgada, prescripción y amnistía o indulto, el efecto es el sobreseimiento libre. En el procedimiento abreviado, las cuestiones equivalentes se plantean como cuestiones previas al inicio del juicio (art. 786.2). Abreviado: auto de continuación (art. 779.1.4.ª), acusación en diez días (art. 780), apertura del juicio oral (art. 783), defensa en cinco días (art. 784). Contenido de las calificaciones (art. 650): hechos, calificación legal, participación, circunstancias modificativas, penas y responsabilidad civil, y prueba propuesta. Las conclusiones DEFINITIVAS (art. 732), no las provisionales, vinculan al tribunal; la tesis del art. 733 permite plantear una calificación distinta. Conformidad: pena no superior a seis años de prisión en ordinario (art. 655) y abreviado (art. 787); el tribunal puede rechazarla; la sentencia solo se recurre por incumplimiento de sus requisitos (art. 787.7). La reducción de un tercio de la pena se vincula a la conformidad en el enjuiciamiento rápido ante el juzgado de guardia (art. 801), no a la conformidad en el abreviado general. La conformidad penal no vincula la responsabilidad civil si el perjudicado no se ha conformado.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036, texto consolidado), en especial arts. 622 y ss., 631, 637, 641, 649 y ss., 655, 666 y ss., 688 y ss., 732, 733, 757, 779 a 786, 787 y 801.
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), art. 24.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666).
Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre acusación popular (STS 1045/2007 y STS 54/2008).
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