Ver esquema

Tema 18. La representación y sus clases. Legitimación en el proceso civil. Asistencia letrada y representación procesal, estatuto jurídico, derechos y deberes. Intervención no preceptiva de estos profesionales. La intervención en los procesos civiles del Ministerio Fiscal y del Abogado del Estado.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula la comparecencia en juicio y la defensa y representación de las partes en el Libro I, Título I (arts. 6 a 35). Este tema estudia la representación y sus clases, la legitimación (arts. 10 y 11 LEC), el estatuto jurídico del Procurador (representación procesal) y del Abogado (dirección técnica), sus derechos y deberes, los supuestos en que no es preceptiva su intervención, el régimen de la asistencia jurídica gratuita y la intervención en el proceso civil del Ministerio Fiscal y del Abogado del Estado, junto con los servicios jurídicos de otras Administraciones.

← Ver el índice completo del temario

La representación y sus clases

La representación es la actuación en nombre y por cuenta de otro. Clases: a) representación legal o necesaria, que atribuye la ley a quien actúa por quienes carecen de capacidad procesal (padres o tutores de menores, curadores con facultades representativas, representantes de masas patrimoniales, administradores de personas jurídicas); b) representación voluntaria o convencional, que nace de un apoderamiento (el poder otorgado a Procurador); c) representación orgánica, la de los administradores de sociedades o presidentes de comunidades de propietarios; y d) representación procesal propiamente dicha o postulación, atribuida en exclusiva a los Procuradores de los Tribunales (art. 543 LOPJ y art. 23 LEC). La representación procesal se distingue de la defensa técnica (Abogado, art. 542 LOPJ y art. 31 LEC). Con la representación, el representado es la parte y los efectos del proceso recaen sobre él; en la sustitución procesal, en cambio, el legitimado extraordinario actúa en nombre propio.

Legitimación en el proceso civil (arts. 10 y 11 LEC)

El art. 10 LEC considera partes legítimas a quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso (legitimación ordinaria), salvo que por ley se atribuya legitimación a persona distinta (legitimación extraordinaria). Es activa (del demandante) o pasiva (del demandado). Ejemplos de legitimación extraordinaria: la acción subrogatoria del acreedor (art. 1111 CC), las asociaciones de consumidores y usuarios (art. 11 LEC), el Ministerio Fiscal en los procesos sobre estado civil y capacidad, y la legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación (art. 11 bis LEC). Distinción básica: la capacidad para ser parte y la capacidad procesal son presupuestos procesales; la legitimación es una cuestión de fondo que se resuelve en la sentencia.

Legitimación para la defensa de consumidores y usuarios (art. 11 LEC)

Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, el art. 11 LEC reconoce legitimación a las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y de la asociación, y los intereses generales de los consumidores y usuarios. Distingue: a) intereses colectivos, cuando los perjudicados por un hecho dañoso son un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes están perfectamente determinados o son fácilmente determinables; la legitimación corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto su defensa y a los propios grupos de afectados; b) intereses difusos, cuando los perjudicados son una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación; la legitimación para demandar corresponde exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la ley, sean representativas. Esta legitimación se entiende sin perjuicio de la que el ordenamiento reconoce al Ministerio Fiscal en materia de defensa de los consumidores. En estos procesos se llama a los perjudicados al proceso conforme al art. 15 LEC.

El Procurador: función y estatuto (arts. 23 y siguientes LEC; art. 543 LOPJ)

Corresponde exclusivamente a los Procuradores de los Tribunales la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa (art. 543 LOPJ). El art. 23 LEC dispone que la comparecencia en juicio se hará por medio de procurador, que habrá de ser licenciado o graduado en Derecho y estar legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del asunto. El acceso a la profesión se rige por la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Exige título universitario, formación especializada y evaluación y colegiación. Los Procuradores se rigen por su Estatuto General y por los Estatutos de los Colegios. Sus funciones son representar a la parte en el proceso, recibir los actos de comunicación dirigidos a su representado (con plena eficacia, art. 28 LEC), cursar y recibir traslados de copias de escritos y documentos a los procuradores de las demás partes (art. 276 LEC), y cooperar con el órgano judicial en los actos de comunicación y ejecución que se le encomienden. Sus honorarios (derechos) se reclaman mediante la cuenta del procurador (art. 34 LEC).

El poder de representación: clases y subsanación (arts. 24 y 25 LEC)

El poder en que se otorga la representación al Procurador puede otorgarse: a) mediante escritura pública ante Notario (poder notarial); b) mediante comparecencia personal ante el Letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial (poder apud acta), sin coste, que se refiere al proceso concreto; c) por comparecencia electrónica en la sede judicial electrónica. El poder general para pleitos faculta para realizar todos los actos procesales de la tramitación (art. 25.1 LEC), pero se requiere poder especial para renunciar, transigir, desistir, allanarse, someter a arbitraje y otros actos de disposición (art. 25.2 LEC). El Procurador debe acompañar el poder con el primer escrito o ante la primera actuación. Si se aprecia falta o insuficiencia del poder, se concede un plazo (no superior a diez días, art. 24 LEC) para subsanarlo; transcurrido sin hacerlo, se tiene por no personada a la parte, con las consecuencias que correspondan (archivo si es el demandante; continuación del proceso en rebeldía si es el demandado).

El Abogado: función y estatuto (art. 31 LEC; art. 542 LOPJ)

La denominación y función de abogado corresponde a quien ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico (art. 542 LOPJ). El art. 31 LEC dispone que los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados legalmente para actuar en el tribunal que conozca del asunto, y que no se podrá proveer a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado. Requisitos de acceso: título de Grado en Derecho (o licenciatura), curso de formación especializada, evaluación y colegiación (Ley 34/2006). El estatuto profesional se contiene en el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, y en el Código Deontológico. Derechos: libertad e independencia en la defensa, libre actuación ante los tribunales (con el respeto debido al órgano judicial), percibir honorarios, ser tratado con consideración y el derecho a la protección del secreto profesional. Deberes: diligencia, lealtad, confidencialidad, evitar conflictos de intereses, y observancia de las normas deontológicas.

El secreto profesional y otros deberes

El art. 542.3 LOPJ establece que los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos. Es una garantía del derecho de defensa (art. 24 CE) y de la relación de confianza con el cliente. Cede únicamente en los supuestos que la ley prevea, como las obligaciones de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales, con las limitaciones que impone la normativa sectorial. Los Procuradores están también sujetos a un deber de secreto respecto de los asuntos que conozcan. Ambos responden civilmente por los daños causados por su actuación negligente o dolosa, y disciplinariamente ante su Colegio. Colegiarse es obligatorio para el ejercicio ante los tribunales.

Intervención preceptiva y no preceptiva de Procurador y Abogado

Regla general: comparecencia por Procurador y dirección por Abogado son preceptivas (arts. 23 y 31 LEC). Se exceptúan: 1.º los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros, y la petición inicial del procedimiento monitorio, cualquiera que sea su cuantía (art. 814 LEC); 2.º los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio, o aquellos que sean necesarios para evitar un perjuicio irreparable a los derechos del litigante o la caducidad o preclusión de derechos; 3.º la comparecencia en los juicios universales para presentar créditos o derechos. En el orden de la jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015), solo se exige Abogado y Procurador en los expedientes que la propia ley enumera, y no en la conciliación. Si la parte se vale voluntariamente de estos profesionales cuando no es preceptivo, sus derechos y honorarios solo se incluyen en las costas de la parte contraria condenada si el tribunal aprecia temeridad o si el domicilio de la parte que los ha utilizado está en lugar distinto de aquel en que se tramita el juicio (art. 32.5 LEC).

Renuncia, cese y sustitución

El Procurador y el Abogado pueden renunciar a la representación o defensa, debiendo comunicarlo a su cliente y al tribunal y continuando en sus funciones hasta que se persone el sustituto o hasta que transcurra el plazo legal, para evitar la indefensión de la parte. La parte puede revocar el poder en cualquier momento, y el cese se comunica al tribunal. La falta de provisión de fondos del cliente y la existencia de conflicto de intereses son causas habituales de renuncia. El tribunal debe velar por que la parte no quede sin representación ni defensa.

Comunicaciones electrónicas con Procuradores y Abogados

La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, y el sistema LexNET (Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre) regulan las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia. El art. 273 LEC obliga a los profesionales de la justicia (abogados, procuradores) y a las personas jurídicas a presentar sus escritos y documentos y a recibir las notificaciones por medios telemáticos. Los traslados entre procuradores se hacen por esa vía, con los efectos que la ley prevé en cuanto a plazos. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, incorpora al orden civil, entre otras novedades, el requisito de procedibilidad de acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias.

La asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996)

El art. 119 CE establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y su Reglamento (Real Decreto 996/2003, de 25 de julio) reconocen este derecho a quienes carezcan de recursos económicos suficientes, según los umbrales que se vinculan al IPREM (con carácter general, el doble del IPREM), y a ciertos colectivos sin atender a su nivel de recursos para determinados procedimientos, como las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos. Contenido: asesoramiento previo, defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador cuando sean preceptivos, inserción gratuita de anuncios, exención de tasas y depósitos para recurrir, asistencia pericial gratuita y obtención gratuita de copias, testimonios e instrumentos públicos. Se tramita ante el Colegio de Abogados o ante el juzgado, y la resuelve la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita; el Colegio efectúa la designación provisional. La resolución puede impugnarse ante el órgano judicial.

El Ministerio Fiscal: estatuto y principios

El art. 124 CE atribuye al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Está regulado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y no actúa como representante de las partes, aunque ejerce la protección de las personas especialmente vulnerables.

Intervención del Ministerio Fiscal en el proceso civil

Según el art. 3 EOMF, corresponde al Ministerio Fiscal tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley (art. 3.6), e intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando afecte a menores, incapaces o desvalidos en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación (art. 3.7). En la LEC: tiene capacidad para ser parte en los procesos en que haya de intervenir (art. 6.1.6.º LEC); en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores (Libro IV, art. 749 LEC) es parte en los procesos sobre provisión de apoyos judiciales a personas con discapacidad y en los de nulidad matrimonial, sin que pueda asumir la defensa de ninguna de las partes, y su intervención es preceptiva en los demás cuando alguno de los interesados sea menor, persona con discapacidad que precise apoyo o esté en situación de ausencia legal. También interviene como parte en los procesos de tutela de derechos fundamentales (art. 249 LEC), y en los expedientes de jurisdicción voluntaria que afecten a menores y personas con discapacidad. Cuando interviene como parte tiene los derechos y cargas procesales de ésta, incluido el de recurrir.

El Abogado del Estado y otros servicios jurídicos públicos

El art. 551 LOPJ atribuye a los Abogados del Estado la representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, ante cualquier jurisdicción, así como el asesoramiento jurídico. La Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, desarrollada por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio (Reglamento del Servicio Jurídico del Estado), regula esta función, que se presta bajo la dirección del Abogado General del Estado. Los Abogados del Estado actúan en el proceso civil en defensa de la Administración General del Estado y de los organismos públicos cuando son parte (demandante o demandado), sin necesidad de Procurador ni de poder. La representación y defensa de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales corresponde a los Letrados de sus servicios jurídicos o a abogados colegiados en los términos que prevea su normativa.

Costas y responsabilidad de los profesionales

El abogado y el procurador responden frente al cliente por los daños y perjuicios causados por su actuación negligente o dolosa, conforme a las reglas generales de la responsabilidad contractual. Los profesionales perciben los honorarios libremente pactados con su cliente. Reclamación de honorarios: art. 34 LEC (cuenta del procurador) y art. 35 LEC (cuenta del abogado), mediante un procedimiento sumario de reclamación. Las partes con asistencia jurídica gratuita están exentas del pago de los honorarios, y el profesional del turno de oficio percibe su retribución con cargo a fondos públicos.

Cuadro comparativo: Procurador y Abogado

Procurador: representa a la parte (actúa en su nombre en el proceso); recibe los actos de comunicación; exige poder; es titulado en Derecho con habilitación; está regulado por el art. 543 LOPJ y los arts. 23 y siguientes LEC; reclama sus derechos por la cuenta del art. 34 LEC. Abogado: dirige técnicamente al litigante (asesora y defiende); firma los escritos; no necesita poder para defender (basta la designación del cliente); art. 542 LOPJ y art. 31 LEC; reclama sus honorarios por la cuenta del art. 35 LEC. Ambos deben estar colegiados y pueden ser designados de oficio por el turno de oficio cuando se reconoce la asistencia jurídica gratuita.

Cuadro comparativo: capacidad, legitimación y postulación

Capacidad para ser parte (art. 6): ¿puede ser titular de derechos y deberes procesales? Capacidad procesal (art. 7): ¿puede actuar por sí misma en el proceso? Legitimación (arts. 10 y 11): ¿es la persona adecuada respecto del objeto concreto del proceso? Postulación (arts. 23 y 31): ¿quién debe actuar por ella, Procurador y Abogado? Una persona jurídica tiene capacidad para ser parte, pero no capacidad procesal propia: actúa por medio de sus representantes legales. Un menor tiene capacidad para ser parte, pero necesita representación o asistencia de sus representantes legales. El defecto de la primera ocasiona la terminación del proceso sin sentencia de fondo; el de la legitimación, una sentencia desestimatoria de la demanda.

La firma de abogado y el control de la postulación por la oficina judicial

Conforme al art. 31 LEC, no se proveerá ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado, salvo los supuestos exceptuados. Al recibir los escritos, la oficina judicial (Letrado de la Administración de Justicia y funcionarios de tramitación) comprueba la postulación: firma del abogado, apoderamiento del procurador, poder suficiente y acreditación de la colegiación en el ámbito del tribunal. Los defectos subsanables se ponen de manifiesto a la parte con concesión de plazo. En los sistemas de gestión procesal y en LexNET, los escritos y documentos se presentan por vía telemática por abogados y procuradores, y la oficina judicial registra su presentación. Es una tarea habitual del Cuerpo de Tramitación y de Gestión Procesal.

Ejemplos de legitimación extraordinaria y de intervención del Ministerio Fiscal

Casos prácticos: a) la asociación de consumidores que demanda para que cese una cláusula abusiva en las condiciones generales de contratación actúa por legitimación extraordinaria (art. 11 LEC); b) el acreedor que ejerce la acción del deudor contra un tercero lo hace por subrogación (art. 1111 CC); c) el Ministerio Fiscal que insta la provisión de apoyos a una persona con discapacidad tiene legitimación propia; d) el heredero que continúa un pleito por fallecimiento de su causante no es un legitimado extraordinario sino un sucesor procesal (art. 16 LEC). Estos casos suelen plantearse en los exámenes en forma de supuesto, pidiendo identificar el tipo de legitimación y la forma de postulación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Representación (Procurador, arts. 23 y ss. LEC y art. 543 LOPJ) y defensa técnica (Abogado, art. 31 LEC y art. 542 LOPJ) son funciones distintas y, por regla general, preceptivas.
  • No es preceptiva la intervención de Procurador ni de Abogado en: juicios verbales de cuantía no superior a 2.000 euros; petición inicial del monitorio (cualquiera que sea su cuantía); ciertos escritos urgentes o de personación; comparecencia en juicios universales para presentar créditos.
  • Si la parte se vale de abogado y procurador cuando no son preceptivos, no se repercute su coste en la contraria condenada en costas, salvo temeridad o domicilio de la parte en lugar distinto al del juicio (art. 32.5 LEC).
  • Poder: notarial o apud acta (comparecencia ante el LAJ, también electrónica). El poder general no faculta para renunciar, transigir, desistir, allanarse ni someter a arbitraje: requiere poder especial (art. 25 LEC).
  • Falta o insuficiencia de poder: subsanable en un plazo no superior a diez días (art. 24 LEC).
  • Legitimación ordinaria (titular de la relación jurídica) frente a extraordinaria (atribuida por ley: asociaciones de consumidores, Ministerio Fiscal, acción subrogatoria). La legitimación es cuestión de fondo.
  • Art. 11 LEC: intereses colectivos (perjudicados determinados o fácilmente determinables) vs. intereses difusos (indeterminados): estos últimos solo pueden ejercitarse por asociaciones de consumidores representativas.
  • Secreto profesional del abogado: art. 542.3 LOPJ; no puede ser obligado a declarar sobre hechos conocidos por su actuación profesional.
  • Estatuto General de la Abogacía Española: Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo. Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador: Ley 34/2006, de 30 de octubre.
  • Ministerio Fiscal: art. 124 CE; unidad de actuación y dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. Interviene en procesos sobre estado civil, capacidad, menores, derechos fundamentales y en los previstos por la ley.
  • En los procesos sobre provisión de apoyos y de nulidad matrimonial el Ministerio Fiscal es siempre parte, sin que pueda asumir la defensa de ninguna de las partes (art. 749 LEC).
  • Abogado del Estado: Ley 52/1997, de 27 de noviembre; art. 551 LOPJ. Representa y defiende al Estado y a sus organismos autónomos sin necesidad de poder ni Procurador.
  • Asistencia jurídica gratuita: art. 119 CE, Ley 1/1996 y Real Decreto 996/2003; umbral de referencia vinculado al IPREM (con carácter general, el doble).
  • Procurador = representación procesal (art. 543 LOPJ); Abogado = defensa técnica (art. 542 LOPJ). Sus cuentas de honorarios se reclaman por los arts. 34 y 35 LEC.
  • No se proveerá ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado, salvo los supuestos exceptuados (art. 31 LEC).
  • El Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial con autonomía funcional (art. 2 EOMF) y no representa a las partes; ejerce la defensa de la legalidad y del interés público.
  • Los Abogados del Estado actúan sin poder ni Procurador; la defensa de las Comunidades Autónomas y entidades locales corresponde a sus letrados o a abogados colegiados.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 110 aciertos

Para renunciar, transigir, desistir o allanarse en nombre del poderdante, el Procurador necesita:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 18 de Gestión Procesal (Justicia)?

La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula la comparecencia en juicio y la defensa y representación de las partes en el Libro I, Título I (arts. 6 a 35). Este tema estudia la representación y sus clases, la legitimación (arts. 10 y 11 LEC), el estatuto jurídico del Procurador (representación procesal) y del Abogado (dirección técnica), sus derechos y deberes, los supuestos en que no es preceptiva su intervención, el régimen de la asistencia jurídica gratuita y la intervención en el proceso civil del Ministerio Fiscal y del Abogado del Estado, junto con los servicios jurídicos de otras Administraciones.

¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?

Representación (Procurador, arts. 23 y ss. LEC y art. 543 LOPJ) y defensa técnica (Abogado, art. 31 LEC y art. 542 LOPJ) son funciones distintas y, por regla general, preceptivas. No es preceptiva la intervención de Procurador ni de Abogado en: juicios verbales de cuantía no superior a 2.000 euros; petición inicial del monitorio (cualquiera que sea su cuantía); ciertos escritos urgentes o de personación; comparecencia en juicios universales para presentar créditos. Si la parte se vale de abogado y procurador cuando no son preceptivos, no se repercute su coste en la contraria condenada en costas, salvo temeridad o domicilio de la parte en lugar distinto al del juicio (art. 32.5 LEC). Poder: notarial o apud acta (comparecencia ante el LAJ, también electrónica). El poder general no faculta para renunciar, transigir, desistir, allanarse ni someter a arbitraje: requiere poder especial (art. 25 LEC). Falta o insuficiencia de poder: subsanable en un plazo no superior a diez días (art. 24 LEC). Legitimación ordinaria (titular de la relación jurídica) frente a extraordinaria (atribuida por ley: asociaciones de consumidores, Ministerio Fiscal, acción subrogatoria). La legitimación es cuestión de fondo. Art. 11 LEC: intereses colectivos (perjudicados determinados o fácilmente determinables) vs. intereses difusos (indeterminados): estos últimos solo pueden ejercitarse por asociaciones de consumidores representativas. Secreto profesional del abogado: art. 542.3 LOPJ; no puede ser obligado a declarar sobre hechos conocidos por su actuación profesional. Estatuto General de la Abogacía Española: Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo. Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador: Ley 34/2006, de 30 de octubre. Ministerio Fiscal: art. 124 CE; unidad de actuación y dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. Interviene en procesos sobre estado civil, capacidad, menores, derechos fundamentales y en los previstos por la ley. En los procesos sobre provisión de apoyos y de nulidad matrimonial el Ministerio Fiscal es siempre parte, sin que pueda asumir la defensa de ninguna de las partes (art. 749 LEC). Abogado del Estado: Ley 52/1997, de 27 de noviembre; art. 551 LOPJ. Representa y defiende al Estado y a sus organismos autónomos sin necesidad de poder ni Procurador. Asistencia jurídica gratuita: art. 119 CE, Ley 1/1996 y Real Decreto 996/2003; umbral de referencia vinculado al IPREM (con carácter general, el doble). Procurador = representación procesal (art. 543 LOPJ); Abogado = defensa técnica (art. 542 LOPJ). Sus cuentas de honorarios se reclaman por los arts. 34 y 35 LEC. No se proveerá ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado, salvo los supuestos exceptuados (art. 31 LEC). El Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial con autonomía funcional (art. 2 EOMF) y no representa a las partes; ejerce la defensa de la legalidad y del interés público. Los Abogados del Estado actúan sin poder ni Procurador; la defensa de las Comunidades Autónomas y entidades locales corresponde a sus letrados o a abogados colegiados.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, arts. 6 a 11, 15, 23 a 35, 273, 276, 749 y 814.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 542, 543 y 551.
  • Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
  • Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
  • Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.
  • Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita; Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
  • Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
  • Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.
  • Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia; Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre (LexNET).
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión Procesal (Justicia).

Empieza gratis ahora