Tema 63. Procedimientos especiales: Procedimientos para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Cuestión de ilegalidad. Procedimientos en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
Junto a los procedimientos ordinario y abreviado, el Título V de la Ley 29/1998 (LJCA) regula procedimientos especiales: el de protección de los derechos fundamentales de la persona (arts. 114 a 122), fiel al mandato del art. 53.2 de la Constitución de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, con plazo de interposición de diez días y presencia necesaria del Ministerio Fiscal; la cuestión de ilegalidad (arts. 123 a 126, con base en el art. 27), mecanismo mediante el cual el órgano que ha estimado un recurso indirecto sin ser competente para el directo remite la cuestión al que sí lo es para que declare la nulidad de la disposición con efectos generales; y el procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos de las Entidades Locales (art. 127 LJCA y arts. 65 a 67 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local), expresión del control estatal excepcional sobre la actuación local.
Los procedimientos especiales en la LJCA: visión de conjunto
El Título V de la LJCA, titulado 'Procedimientos especiales', comprende, entre otros, el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona (Capítulo I, arts. 114 a 122), la cuestión de ilegalidad (Capítulo II, arts. 123 a 126) y el procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos (Capítulo III, art. 127). La ley incorporó después otros procedimientos especiales, como el de garantía de la unidad de mercado (Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, que añadió los arts. 127 bis a 127 quater LJCA), que no forma parte de este epígrafe. En todos ellos se aplican las normas generales de la LJCA y, supletoriamente, la LEC, con las especialidades de plazos y trámites de cada procedimiento.
Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales: fundamento y ámbito
El art. 53.2 de la Constitución reconoce a todo ciudadano la tutela de las libertades y derechos de los arts. 14 a 29 y de la objeción de conciencia (art. 30.2) ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El art. 114 LJCA aplica este procedimiento especial, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, a la tutela de dichos derechos (susceptibles de amparo constitucional) frente a actos, disposiciones, vías de hecho o inactividad de las Administraciones Públicas. No ampara derechos fuera de ese ámbito (por ejemplo, el derecho de propiedad del art. 33 CE o la protección de datos fuera del art. 18), que se tutelan por el cauce ordinario.
Principios de preferencia y sumariedad
El procedimiento se rige por los principios de preferencia (su tramitación tiene prioridad sobre el resto de asuntos pendientes ante el mismo órgano) y sumariedad (plazos considerablemente más breves que los del procedimiento ordinario), previstos en el art. 53.2 CE y desarrollados en los arts. 114 y ss. LJCA. Responde a la especial trascendencia y urgencia de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. La sumariedad no impide alegar los motivos de legalidad ordinaria si guardan relación con el derecho invocado, pero no puede convertirse en un proceso sobre legalidad ordinaria.
Legitimación e intervención del Ministerio Fiscal
Está legitimado quien invoque la lesión de un derecho fundamental de su titularidad o un interés legítimo en los términos generales del art. 19 LJCA. El Ministerio Fiscal es siempre parte en este procedimiento, con independencia de quién lo promueva, y vela por la protección del derecho fundamental invocado y por el interés público, pudiendo formular las alegaciones que estime pertinentes incluso si difieren de las del recurrente o de la Administración. Su intervención necesaria expresa la dimensión constitucional del procedimiento.
Plazo de interposición del recurso de protección de derechos fundamentales
El plazo para interponer el recurso es de diez días (art. 115.1 LJCA), mucho más breve que el plazo general de dos meses (art. 46). Se computa desde el día siguiente a la notificación del acto, desde el transcurso del plazo fijado para la resolución en caso de silencio, desde el requerimiento para el cese de la vía de hecho o desde la publicación de la disposición impugnada. Si se ha presentado recurso administrativo previo, existen reglas específicas sobre el cómputo del plazo. En este procedimiento no rige la inhabilidad del mes de agosto: el art. 128.2 LJCA lo exceptúa expresamente. Precisamente porque el plazo es muy breve, el interesado debe actuar con especial diligencia.
Tramitación del procedimiento de protección de derechos fundamentales
La tramitación sigue, en lo sustancial, la del procedimiento ordinario con plazos reducidos: interposición, tramitación preferente, admisión (en la que el órgano comprueba que el recurso se ajusta a este cauce y, de no hacerlo, puede acordar la inadmisión previa audiencia), reclamación del expediente (con plazo muy breve), emplazamiento de los interesados, demanda y contestación (plazos cortos), prueba si procede, y vista o conclusiones. La sentencia se dicta con rapidez. En el trámite de admisión el tribunal puede rechazar el recurso si no versa sobre derechos susceptibles de amparo; el cauce ordinario sigue abierto al recurrente.
Medidas cautelares en el procedimiento de protección de derechos fundamentales
Las medidas cautelares siguen las reglas generales (arts. 129 a 136 LJCA): la ponderación de intereses y el peligro por la mora procesal. En este procedimiento, la especial trascendencia de los derechos en juego hace que el tribunal acuerde la suspensión con especial facilidad cuando sea necesaria para preservar la efectividad de la sentencia, salvo que la medida pueda ocasionar una perturbación grave de los intereses generales o de terceros. Cabe además la adopción de medidas cautelarísimas inaudita parte en caso de especial urgencia (art. 135 LJCA), seguidas de un trámite contradictorio posterior.
La sentencia en el procedimiento de protección de derechos fundamentales
La sentencia se pronuncia sobre la vulneración o no del derecho fundamental invocado y, si estima el recurso, declara la nulidad de la actuación administrativa y adopta las medidas necesarias para el pleno restablecimiento del derecho, incluida, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios, de acuerdo con el art. 31 y siguientes LJCA. El núcleo del pronunciamiento es la lesión del derecho fundamental.
Recursos contra la sentencia del procedimiento de derechos fundamentales
La sentencia dictada por un Juzgado es siempre apelable, con independencia de su cuantía (art. 81.2 LJCA). Las dictadas por Salas de lo Contencioso-Administrativo en única instancia pueden recurrirse en casación en los términos generales. Esta posibilidad de recurrir es relevante porque, para acudir al recurso de amparo, el interesado debe agotar la vía judicial previa.
Relación con el recurso de amparo constitucional
Cuando la vulneración del derecho procede de la actuación de una Administración, el amparo es subsidiario y exige agotar la vía judicial procedente (art. 43 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional), con un plazo de veinte días desde la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial (art. 43.2). Si la vulneración se atribuye directamente a un órgano judicial, el plazo del art. 44.2 LOTC es de treinta días desde la notificación de la resolución que agota la vía judicial. El procedimiento especial de la LJCA es el cauce específico para obtener la tutela de los derechos del art. 53.2 CE, pero no es el único: puede acudirse a un recurso ordinario invocando el derecho vulnerado. En cualquier caso, la vulneración debe haberse invocado formalmente en el proceso en cuanto fue conocida.
La cuestión de ilegalidad: concepto y finalidad
La cuestión de ilegalidad (arts. 27 y 123 a 126 LJCA) es un mecanismo de control de disposiciones generales entre órganos jurisdiccionales que evita que la ilegalidad de un reglamento, apreciada al resolver un recurso indirecto, quede limitada a los efectos de ese recurso. Cuando el órgano que ha estimado el recurso indirecto no es competente para conocer del recurso directo contra la disposición, debe plantear la cuestión ante el que sí lo es, para que se pronuncie con carácter general. Es el equivalente, en el orden contencioso, de la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE), pero se plantea ante un tribunal ordinario y se refiere a la legalidad de un reglamento.
Presupuestos para plantear la cuestión de ilegalidad
Son presupuestos: a) que el órgano haya dictado sentencia firme estimatoria de un recurso (directo contra un acto o indirecto) por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada; b) que el órgano no sea competente para conocer del recurso directo contra esa disposición; si lo es, declara la ilegalidad en la propia sentencia y no hay cuestión (art. 27.2). La cuestión se plantea tras la firmeza de la sentencia, y no suspende la eficacia de ésta.
Órgano competente para resolver la cuestión de ilegalidad
La cuestión se plantea ante el órgano que hubiera sido competente para conocer del recurso directo contra la disposición, con arreglo a las reglas generales de competencia (según el rango de la disposición: Juzgados, Salas de los TSJ, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo). A él le corresponde el pronunciamiento general sobre la validez de la disposición.
Tramitación de la cuestión de ilegalidad
El órgano que dictó la sentencia plantea la cuestión mediante auto, en un plazo muy breve desde la firmeza, y remite testimonio de los autos. En el órgano competente se emplaza a las partes, se da audiencia al Ministerio Fiscal y se publica el anuncio en el diario oficial correspondiente para que quienes tengan interés puedan comparecer y alegar. Se resuelve mediante sentencia. La publicidad es consecuencia de los efectos generales del pronunciamiento.
Efectos de la sentencia que resuelve la cuestión de ilegalidad
Si declara la ilegalidad de la disposición, la sentencia produce efectos generales (erga omnes), equivalentes a los de la sentencia que estima un recurso directo (art. 72.2 LJCA), y debe publicarse en el mismo diario oficial en que se publicó la disposición. La sentencia que resolvió el recurso indirecto sólo tuvo efectos entre las partes, y la que resuelve la cuestión no altera por sí misma las situaciones jurídicas firmes anteriores. La utilidad práctica de la cuestión está precisamente en esta diferencia de efectos.
Comparación: recurso directo, recurso indirecto y cuestión de ilegalidad
Recurso directo: se dirige contra la disposición general en el plazo de dos meses desde su publicación. Recurso indirecto: se dirige contra un acto de aplicación, alegando la ilegalidad de la disposición, y puede interponerse aunque la disposición sea firme (art. 26). Cuestión de ilegalidad: se plantea tras sentencia firme estimatoria del recurso indirecto por órgano incompetente para el directo. Efectos: recurso directo estimatorio y cuestión de ilegalidad estimada, erga omnes; recurso indirecto, inter partes.
Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos: ámbito
El Capítulo III del Título V (art. 127 LJCA) regula el procedimiento jurisdiccional cuando un acuerdo de una Entidad Local ha sido suspendido por la Administración del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma en uso de las potestades de control que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), reserva a estas Administraciones en supuestos tasados (arts. 65 a 67 LBRL). Es de aplicación residual y se enmarca en el control sobre las Entidades locales respetuoso con la autonomía local garantizada en los arts. 137 y 140 CE.
La suspensión de acuerdos de Entidades Locales por el Delegado del Gobierno
Conforme a la LBRL, el Delegado del Gobierno puede suspender los actos o acuerdos de las Entidades Locales cuando atenten gravemente contra el interés general de España, y se prevé también la actuación del Delegado en el supuesto de acuerdos que afecten al orden público; la suspensión administrativa no es definitiva sino que debe someterse al control del tribunal. Los plazos concretos y los presupuestos de cada modalidad (requerimiento previo, comunicación al tribunal) deben consultarse en el texto vigente de la LBRL y del art. 127 LJCA.
Control judicial: ratificación o levantamiento de la suspensión
Una vez suspendido el acuerdo, la Administración que lo suspendió debe someter la medida al órgano judicial competente en el plazo que establece el art. 127 LJCA; el tribunal, tras oír a la Entidad Local afectada, resuelve ratificando la suspensión (si aprecia el supuesto legal) o levantándola, permitiendo que el acuerdo recupere su eficacia, con la preferencia propia de los procesos especiales. Es la garantía última frente a un uso desproporcionado de la potestad de suspensión.
Derechos susceptibles de tutela por el procedimiento especial
Por remisión al art. 53.2 CE, el procedimiento protege los derechos de la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29) y la igualdad del art. 14, además de la objeción de conciencia del art. 30.2: igualdad (art. 14); vida e integridad física y moral (art. 15); libertad ideológica y religiosa (art. 16); libertad y seguridad personales (art. 17); honor, intimidad e imagen, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones (art. 18); libertad de residencia y circulación (art. 19); libertades de expresión e información (art. 20); reunión (art. 21); asociación (art. 22); participación política y acceso a funciones públicas (art. 23); tutela judicial efectiva (art. 24); legalidad penal y sancionadora (art. 25); prohibición de tribunales de honor (art. 26); educación (art. 27); sindicación y huelga (art. 28); petición (art. 29). En la práctica, los supuestos más frecuentes son la libertad de reunión, la libertad sindical, el derecho de acceso a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad y la legalidad sancionadora.
Ejemplo práctico de la cuestión de ilegalidad
Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no puede conocer en recurso directo de una ordenanza municipal (la competencia corresponde a la Sala del Tribunal Superior de Justicia, art. 10.1.b LJCA). Si un ciudadano recurre una sanción impuesta en aplicación de esa ordenanza y alega su ilegalidad, el Juzgado puede estimar el recurso indirecto por considerar ilegal la ordenanza; al ser firme la sentencia, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante la Sala del TSJ, que podrá anular la ordenanza con efectos generales. Si el recurso indirecto lo resolviera la propia Sala del TSJ, ésta declararía en la misma sentencia la ilegalidad de la ordenanza, sin cuestión. Los reales decretos y acuerdos del Consejo de Ministros se impugnan directamente ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (art. 12.1.a LJCA).
Cuadro de plazos relevantes del tema
Recurso contencioso-administrativo ordinario contra acto expreso: dos meses (art. 46.1). Procedimiento para la protección de derechos fundamentales: diez días (art. 115.1). Amparo constitucional: veinte días desde la notificación de la resolución del proceso judicial previo cuando la vulneración procede de la Administración (art. 43.2 LOTC) y treinta días cuando se imputa a un órgano judicial (art. 44.2 LOTC). Recurso directo contra disposición general: dos meses desde la publicación. Recurso indirecto: sin plazo. En el procedimiento de derechos fundamentales no rige la inhabilidad de agosto (art. 128.2 LJCA).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Derechos protegidos por el procedimiento especial: arts. 14 a 29 y 30.2 CE (susceptibles de amparo). Principios del art. 53.2 CE: preferencia y sumariedad.
Plazo de interposición: 10 días (art. 115.1 LJCA), frente a los 2 meses ordinarios. No rige la inhabilidad de agosto (art. 128.2 LJCA).
El Ministerio Fiscal es siempre parte en el procedimiento de derechos fundamentales.
La sentencia de un Juzgado en este procedimiento es siempre apelable (art. 81.2 LJCA).
Amparo constitucional: subsidiario, exige agotar la vía judicial; plazo de 20 días tras la resolución del proceso judicial previo cuando la lesión procede de la Administración (art. 43.2 LOTC) y de 30 días cuando se imputa a un órgano judicial (art. 44.2 LOTC).
Cuestión de ilegalidad: la plantea el órgano que, sin ser competente para el recurso directo, ha dictado sentencia firme estimatoria de un recurso indirecto por ilegalidad de la disposición; se plantea ante el competente para el directo. Si es competente para el directo, declara la nulidad en la propia sentencia (art. 27.2).
Efectos de la sentencia de la cuestión de ilegalidad: generales, con publicación en el diario oficial de la disposición. Recurso indirecto: efectos solo entre las partes.
No confundir cuestión de ilegalidad (art. 27 LJCA; reglamentos; tribunal ordinario) con cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE; normas con rango de ley; Tribunal Constitucional).
Suspensión previa de acuerdos locales: art. 127 LJCA y arts. 65 a 67 LBRL; el tribunal ratifica o levanta la suspensión administrativa.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 53.2 de la Constitución, el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios se basa en los principios de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 63 de Gestión Procesal (Justicia)?
Junto a los procedimientos ordinario y abreviado, el Título V de la Ley 29/1998 (LJCA) regula procedimientos especiales: el de protección de los derechos fundamentales de la persona (arts. 114 a 122), fiel al mandato del art. 53.2 de la Constitución de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, con plazo de interposición de diez días y presencia necesaria del Ministerio Fiscal; la cuestión de ilegalidad (arts. 123 a 126, con base en el art. 27), mecanismo mediante el cual el órgano que ha estimado un recurso indirecto sin ser competente para el directo remite la cuestión al que sí lo es para que declare la nulidad de la disposición con efectos generales; y el procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos de las Entidades Locales (art. 127 LJCA y arts. 65 a 67 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local), expresión del control estatal excepcional sobre la actuación local.
¿Qué hay que memorizar del Tema 63 para el examen?
Derechos protegidos por el procedimiento especial: arts. 14 a 29 y 30.2 CE (susceptibles de amparo). Principios del art. 53.2 CE: preferencia y sumariedad. Plazo de interposición: 10 días (art. 115.1 LJCA), frente a los 2 meses ordinarios. No rige la inhabilidad de agosto (art. 128.2 LJCA). El Ministerio Fiscal es siempre parte en el procedimiento de derechos fundamentales. La sentencia de un Juzgado en este procedimiento es siempre apelable (art. 81.2 LJCA). Amparo constitucional: subsidiario, exige agotar la vía judicial; plazo de 20 días tras la resolución del proceso judicial previo cuando la lesión procede de la Administración (art. 43.2 LOTC) y de 30 días cuando se imputa a un órgano judicial (art. 44.2 LOTC). Cuestión de ilegalidad: la plantea el órgano que, sin ser competente para el recurso directo, ha dictado sentencia firme estimatoria de un recurso indirecto por ilegalidad de la disposición; se plantea ante el competente para el directo. Si es competente para el directo, declara la nulidad en la propia sentencia (art. 27.2). Efectos de la sentencia de la cuestión de ilegalidad: generales, con publicación en el diario oficial de la disposición. Recurso indirecto: efectos solo entre las partes. No confundir cuestión de ilegalidad (art. 27 LJCA; reglamentos; tribunal ordinario) con cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE; normas con rango de ley; Tribunal Constitucional). Suspensión previa de acuerdos locales: art. 127 LJCA y arts. 65 a 67 LBRL; el tribunal ratifica o levanta la suspensión administrativa.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 53.2, 137, 140 y 163.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE-A-1998-16718), arts. 26, 27, 46, 81, 114-127 y 128.
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, arts. 43 y 44.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 65 a 67.
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (introducción de los arts. 127 bis a quater LJCA).
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