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Tema 20. Los actos procesales. Requisitos de los actos procesales: a) lugar; b) tiempo: Términos y plazos: Cómputo de los plazos; c) forma (consideración de la lengua oficial). Defectos de los actos: Nulidad, anulabilidad, irregularidad; subsanación de defectos.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

Los actos procesales son las manifestaciones de voluntad, declaraciones o actuaciones materiales del órgano jurisdiccional, de las partes y de los terceros que intervienen en el proceso, y están sujetos a requisitos de lugar, tiempo y forma. Este tema desarrolla dichos requisitos (sede y actuaciones telemáticas; días y horas hábiles; términos y plazos y su cómputo; preclusión; lengua oficial, documentos, publicidad y documentación de las vistas) y los defectos de los actos procesales (nulidad de pleno derecho, defectos de forma o anulabilidad, irregularidad), con su régimen de alegación, el incidente excepcional de nulidad de actuaciones y la subsanación y conservación de los actos.

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Concepto de acto procesal y clases

El acto procesal es toda manifestación de voluntad, declaración o actuación material realizada dentro de un proceso por el órgano jurisdiccional, las partes o los terceros que en él intervienen, con eficacia para constituir, desarrollar o extinguir la relación jurídico-procesal. Según el sujeto que los realiza se distinguen: actos del órgano jurisdiccional (resoluciones, actos de comunicación, actos de ordenación e impulso, actos de ejecución material), actos de las partes (de postulación o petición, de alegación, de prueba, de impugnación, de disposición sobre el objeto del proceso) y actos de terceros (declaraciones testificales, dictámenes periciales, actuaciones de auxiliares y colaboradores). Todos están sujetos a requisitos generales de lugar, tiempo y forma, cuya finalidad es garantizar la seguridad jurídica, la igualdad de las partes y el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Las normas básicas se encuentran en el Título V del Libro I de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (actuaciones judiciales) y en los arts. 182 a 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (actuaciones judiciales, plazos, idioma y nulidad).

El lugar de los actos procesales

Las actuaciones judiciales han de practicarse, con carácter general, en la sede del órgano judicial (edificio de los Juzgados o Tribunal de Instancia). No obstante, pueden practicarse fuera de ella sin perder su carácter judicial cuando sea necesario: reconocimiento judicial de un lugar o cosa, declaración de una persona que no puede desplazarse por enfermedad, o actuaciones en otro partido judicial mediante auxilio judicial (exhorto), que se desarrolla en el Tema 22. Las actuaciones orales pueden realizarse mediante videoconferencia u otros sistemas análogos que permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, en los términos de la LOPJ (art. 229) y la LEC, con garantías de seguridad y de identificación. En el ámbito electrónico, la sede judicial electrónica, regulada por la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, es el punto de acceso para los actos que pueden realizarse por vía telemática (presentación de escritos, consulta de expedientes, actos de comunicación). Las novedades de digitalización y tramitación electrónica del Plan de Justicia 2030 se incorporaron por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El tiempo de los actos procesales: días y horas hábiles

Las actuaciones judiciales se practican en días y horas hábiles. Son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la Comunidad Autónoma o en la localidad correspondiente (art. 182 LOPJ y art. 130 LEC), y los días del mes de agosto, salvo para las actuaciones que las leyes procesales declaren urgentes (art. 183 LOPJ; art. 131 LEC). Son horas hábiles las que median entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde (art. 130.3 LEC). Para la instrucción de las causas criminales todos los días y horas son hábiles. Son urgentes, entre otras, las actuaciones dirigidas a la adopción de medidas cautelares, a la tutela de los derechos fundamentales y las que la ley califique expresamente como tales. Cuando existe causa urgente que lo justifique, los días y horas inhábiles pueden habilitarse de oficio o a instancia de parte, mediante resolución motivada, por el órgano competente (Juez o Tribunal, y el Letrado de la Administración de Justicia respecto de las actuaciones que le competen).

Términos y plazos: concepto y clases

El término es el momento o fecha señalado para la realización de un acto (por ejemplo, el señalamiento de una vista), mientras que el plazo es el espacio de tiempo dentro del cual debe o puede realizarse un acto. Los plazos pueden ser legales (fijados por la ley, como los veinte días para contestar a la demanda en el juicio ordinario o los diez del juicio verbal), judiciales (señalados por el tribunal o por el Letrado de la Administración de Justicia cuando la ley no los fija) y convencionales (acordados por las partes dentro de los límites que permite la ley). Se distinguen además los plazos propios, que se aplican a las partes y cuyo transcurso produce preclusión, de los plazos impropios u ordenatorios, dirigidos al órgano judicial (por ejemplo, el de veinte días para dictar sentencia en el juicio ordinario, art. 434 LEC, o diez en el verbal, art. 447 LEC), cuyo incumplimiento no invalida el acto, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda. Los plazos son, por regla general, improrrogables (art. 134 LEC), y su cómputo no se interrumpe por la mera voluntad de las partes.

Cómputo de los plazos (arts. 132 a 136 LEC)

Los plazos comienzan a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiera efectuado el acto de comunicación (notificación, emplazamiento, citación o requerimiento) o, si el plazo es común a varias partes, desde el día siguiente a la última notificación; el día inicial (día a quo) no se computa. En los plazos señalados por días solo se cuentan los días hábiles, con exclusión de los inhábiles. Los plazos señalados por meses o por años se computan de fecha a fecha. Si el último día es inhábil, el plazo se prolonga hasta el primer día hábil siguiente. Los actos de las partes sujetos a plazo solo pueden realizarse dentro del día hábil en que concluya el plazo, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la presentación de escritos (art. 135 LEC). Cuando el plazo se computa por días y alcanza el mes de agosto, ese mes no se cuenta, salvo para las actuaciones urgentes. Fuera de los casos de plazos legalmente prorrogables, los plazos son improrrogables, y la fuerza mayor acreditada puede justificar que el tribunal permita realizar el acto después de vencido el plazo (art. 134 LEC).

Presentación de escritos: plazo de cortesía (art. 135 LEC)

La presentación de escritos y documentos sujetos a plazo puede hacerse por medios telemáticos todos los días del año y durante las veinticuatro horas, entendiéndose presentados en la fecha y hora que consten en el acuse de recibo; si la presentación se produce en día inhábil, se entiende realizada el primer día hábil siguiente. Los profesionales de la justicia (abogados, procuradores, graduados sociales), las personas jurídicas y los demás sujetos obligados deben relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos (art. 273 LEC y normativa de desarrollo). El plazo de cortesía del art. 135.5 LEC permite presentar los escritos sujetos a plazo hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, cuando la presentación se hace en la oficina judicial o servicio común procesal; es una previsión pensada para la presentación no telemática. La regla básica para los obligados a presentar telemáticamente es que el límite es el final del último día del plazo. Los escritos presentados fuera de plazo se tienen por no presentados, con las consecuencias de preclusión correspondientes.

El principio de preclusión procesal (art. 136 LEC)

Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se produce la preclusión y se pierde la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El Letrado de la Administración de Justicia deja constancia del transcurso del plazo mediante diligencia y se dictan las resoluciones procedentes para que el proceso continúe. La preclusión garantiza el avance ordenado del proceso y la seguridad jurídica. Admite excepciones tasadas, como la fuerza mayor acreditada o la alegación posterior de hechos nuevos o de nueva noticia en los términos de la ley, que permiten en casos justificados realizar el acto fuera del plazo.

Suspensión, interrupción y prórroga de los plazos

La suspensión del proceso (por fallecimiento de una parte, por cuestión prejudicial, por acuerdo de las partes en los casos legales o por otras causas legales) paraliza el curso de las actuaciones y de los plazos que estuvieran corriendo, que se reanudan, alzada la causa, por el tiempo que restase en el momento en que se produjo. Conforme a la doctrina, la interrupción hace perder el tiempo transcurrido, de modo que al cesar la causa el plazo vuelve a computarse íntegramente; ambas figuras se distinguen de la prórroga, que es excepcional y solo procede en los casos legalmente previstos. En el proceso civil, los plazos son improrrogables como regla general (art. 134 LEC). El art. 188 LEC enumera causas de suspensión de las vistas señaladas, entre ellas el acuerdo de las partes, la imposibilidad de comparecencia de alguna parte, abogado o procurador por causa justificada, la fuerza mayor, y otras que la ley establezca; la solicitud de suspensión debe formularse tan pronto como se conozca la causa.

Habilitación de días y horas inhábiles

Los días y horas inhábiles pueden habilitarse, de oficio o a instancia de parte, cuando exista causa urgente que lo justifique, bien para una actuación concreta (por ejemplo, la práctica de un embargo o de una medida cautelar), bien para un procedimiento declarado urgente por la ley. La habilitación debe ser motivada y dejar constancia de la causa que la justifica. En materia penal todos los días y horas son hábiles para la instrucción de las causas criminales. Los Letrados de la Administración de Justicia pueden habilitar días y horas inhábiles para las actuaciones que les corresponden.

Forma de los actos: oralidad, escritos y requisitos de las resoluciones

La forma de los actos procesales atiende a su modalidad (oral, escrita), a su contenido y a su documentación. Las actuaciones procesales son predominantemente orales, especialmente las vistas, pruebas y comparecencias (art. 229 LOPJ), que se registran mediante medios audiovisuales. Los escritos de las partes deben presentarse con claridad y precisión, identificando el tipo de escrito, al procurador y abogado firmantes y la parte representada, y en la forma que establezcan las normas procesales (arts. 135, 273 y siguientes LEC), por vía telemática cuando existe obligación. La forma de las resoluciones judiciales (providencias, autos, sentencias, diligencias de ordenación, decretos) se desarrolla en el Tema 21. La falta de los requisitos formales esenciales puede dar lugar a que se requiera la subsanación del defecto; los meramente accesorios no invalidan el acto si cumple su finalidad.

Forma de los actos: la lengua oficial (arts. 142 a 144 LEC y art. 231 LOPJ)

En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado (art. 231.1 LOPJ y art. 142 LEC). Podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opone alegando desconocimiento de ella que pudiera producir indefensión (art. 231.2 LOPJ). Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones, tanto en manifestaciones orales como escritas. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial propio de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando hubieran de surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades con idéntica lengua oficial; también cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue desconocimiento con riesgo de indefensión. Quien no conozca el idioma oficial puede ser asistido de intérprete (art. 143 LEC).

Documentos en idioma no oficial y traducción (art. 144 LEC)

A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma se acompañará la traducción. La traducción puede ser privada. Si alguna de las partes la impugna, dentro de los cinco días siguientes al traslado, por no considerarla fiel o exacta y pone de manifiesto las discrepancias, el tribunal puede ordenar la traducción oficial del documento o de la parte discutida. Si no hay discrepancia relevante, la traducción privada se tiene por buena. En los procesos con elemento de extranjería, la traducción de documentos públicos extranjeros se rige también por las normas de cooperación internacional aplicables.

Publicidad y presencia judicial (arts. 137 y 138 LEC)

Las declaraciones de las partes, testigos y peritos, la práctica de las pruebas y las vistas deben realizarse ante el Juez o los Magistrados integrantes del Tribunal; la infracción de esta regla produce nulidad de pleno derecho (art. 137 LEC). Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar resolución sobre las pretensiones fundamentales son públicas (art. 138 LEC y art. 232 LOPJ; art. 24.2 y 120 CE). No obstante, el tribunal, mediante auto, puede acordar de oficio o a instancia de parte que se celebren a puerta cerrada cuando sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en tiempo de guerra o de grave crisis, cuando lo exijan los intereses de los menores, la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades, o cuando por circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la justicia. Las demás actuaciones procesales no son públicas.

Documentación de las vistas mediante medios de grabación (art. 147 LEC)

Las vistas, audiencias y comparecencias se documentan en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. Corresponde al Letrado de la Administración de Justicia garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido, mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad, y la custodia de los soportes. Cuando no sea posible la grabación por falta de medios técnicos, la actuación se documenta mediante acta redactada por el Letrado de la Administración de Justicia. La grabación permite al tribunal de apelación visualizar directamente lo ocurrido en la instancia, lo que es relevante para la valoración de la prueba con inmediación.

Defectos de los actos procesales: sistema de la LOPJ y de la LEC (arts. 238 a 243 LOPJ y 225 a 231 LEC)

El sistema de ineficacia de los actos procesales distingue tres niveles. Primero, la nulidad de pleno derecho, que solo se produce en los casos tasados por la ley. Segundo, los defectos de forma que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o que determinen efectiva indefensión, que son los que la doctrina denomina anulabilidad. Tercero, la mera irregularidad, que no afecta a la validez del acto. La clasificación es doctrinal: la LOPJ y la LEC hablan de nulidad de pleno derecho y de defectos de forma. Conforme al art. 225 LEC, los actos procesales son nulos de pleno derecho: 1.º cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional; 2.º cuando se realicen bajo violencia o intimidación; 3.º cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión; 4.º cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la exija; 5.º cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del Letrado de la Administración de Justicia o se infrinja lo relativo a la presencia judicial; 6.º en los demás casos en que las leyes procesales así lo establezcan. No existe nulidad por falta de competencia territorial, que es prorrogable. Con carácter general, la nulidad y los defectos de forma se hacen valer mediante los recursos establecidos contra la resolución de que se trate o los demás medios que establezcan las leyes procesales (art. 240.1 LOPJ). Sin perjuicio de ello, el tribunal puede, de oficio o a instancia de parte, antes de que recaiga resolución que ponga fin al proceso y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular (art. 240.2 LOPJ).

Nulidad de pleno derecho frente a anulabilidad: régimen de alegación

La nulidad de pleno derecho afecta a presupuestos esenciales del proceso (jurisdicción, competencia objetiva y funcional, indefensión, intervención de abogado) y puede ser apreciada de oficio por el tribunal antes de que recaiga resolución que ponga fin al proceso. Los defectos de forma que determinan efectiva indefensión o ausencia de requisitos indispensables solo pueden hacerse valer por la parte perjudicada, que debe denunciarlos en el momento procesal oportuno; si no lo hace, el acto queda convalidado. La nulidad de un acto no implica la de los sucesivos que fueren independientes de él ni la de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariable aun sin haberse cometido la infracción (principio de conservación, art. 230 LEC y art. 242 LOPJ). El tribunal que declare la nulidad determina a qué actuaciones debe retrotraerse el proceso.

Subsanación de defectos de los actos de las partes (art. 231 LEC)

El tribunal y el Letrado de la Administración de Justicia cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en ellos se manifieste la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley. A tal efecto, conceden un plazo máximo de diez días para subsanar el defecto, a no ser que la ley establezca uno distinto. Solo cuando el defecto no se subsana en plazo o resulte insubsanable procede la consecuencia procesal correspondiente (inadmisión, tener por no presentado el escrito, entre otras). Como ejemplo, la falta de poder del procurador o la ausencia de documentos preceptivos en la demanda se subsanan mediante requerimiento (art. 231 LEC y arts. 266 y 267 LEC para documentos).

El incidente excepcional de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ)

Con carácter general, no se admiten incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo pueden pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art. 53.2 CE, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y que esta no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. El plazo para pedir la nulidad es de veinte días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión; en este último caso, no puede solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución. Es competente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que ponga fin al proceso. Es un remedio excepcional y subsidiario, previo al recurso de amparo (art. 44.1.a LOTC exige agotar los recursos útiles), y contra el auto que inadmite a trámite el incidente no cabe recurso alguno.

Los actos de comunicación como categoría específica de acto procesal

Dentro de los actos procesales, los actos de comunicación (notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, exhortos, mandamientos y oficios) constituyen una categoría con régimen jurídico propio, orientada a garantizar el conocimiento efectivo por las partes y por terceros de las resoluciones y actuaciones procesales que les afectan, presupuesto de los principios de audiencia y contradicción. Su correcta práctica condiciona la validez de las actuaciones subsiguientes: la irregularidad sustancial que genere indefensión efectiva puede determinar la nulidad de lo actuado. Se estudian con detalle en los Temas 22 y 23.

Las actuaciones por medios electrónicos: novedades de digitalización

La Ley 18/2011 estableció el marco del expediente judicial electrónico, la sede judicial electrónica, la firma electrónica y el uso de sistemas telemáticos en la Administración de Justicia. Los profesionales y las personas jurídicas están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia a efectos de presentación de escritos y recepción de comunicaciones (LexNET). El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y la Ley Orgánica 1/2025 han reforzado la tramitación electrónica, la realización de actos procesales por videoconferencia y la orientación al dato de los expedientes judiciales, con aplicación progresiva. Las partes que no estén obligadas por razón de su condición pueden relacionarse con los órganos judiciales por medios no electrónicos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Son inhábiles a efectos procesales: sábados, domingos, 24 y 31 de diciembre, festivos nacionales, autonómicos y locales, y agosto (salvo actuaciones urgentes). Son horas hábiles las que median entre las 8 y las 20 horas.
  • Cómputo de plazos: comienza el día siguiente al de la notificación (el día a quo no cuenta); por días solo cuentan los hábiles; por meses o años se computa de fecha a fecha.
  • Plazos comunes: se cuentan desde el día siguiente a la última notificación.
  • Los plazos legales son improrrogables (art. 134 LEC), salvo fuerza mayor acreditada; la preclusión (art. 136 LEC) hace perder la oportunidad de realizar el acto vencido el plazo.
  • Plazos de las partes (propios) producen preclusión; los dirigidos al juez (impropios u ordenatorios) no invalidan el acto si se incumplen.
  • Plazo de cortesía del art. 135.5 LEC: hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al vencimiento, en la presentación en la oficina judicial o servicio común; la presentación telemática es posible las 24 horas, todos los días del año.
  • Habilitación de días y horas inhábiles: solo con causa urgente y mediante resolución motivada; en causas criminales todos los días y horas son hábiles.
  • Lengua: el castellano es siempre oficial; la lengua cooficial puede usarse si ninguna parte se opone alegando desconocimiento con indefensión; las actuaciones en lengua cooficial valen sin traducción en su territorio y se traducen de oficio si deben surtir efecto fuera.
  • Documentos en idioma no oficial: se acompaña traducción (puede ser privada); si se impugna, dentro de cinco días, puede ordenarse la traducción oficial (art. 144 LEC).
  • Las vistas son públicas; el tribunal puede acordar puerta cerrada mediante auto por orden público, seguridad nacional, menores, vida privada o intereses de la justicia (art. 138 LEC).
  • La grabación de vistas en imagen y sonido es la forma ordinaria de documentación (art. 147 LEC); el LAJ garantiza autenticidad e integridad; sin medios técnicos, acta.
  • Nulidad de pleno derecho (art. 225 LEC): falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional, violencia o intimidación, prescindir de normas esenciales con posible indefensión, falta de abogado preceptivo y vistas sin LAJ; no por competencia territorial.
  • Los defectos de forma solo anulan el acto si carece de requisitos indispensables para su fin o causa indefensión; la irregularidad no invalida el acto.
  • El art. 231 LEC (subsanación): plazo máximo de diez días salvo que la ley fije otro; el art. 230 LEC y art. 242 LOPJ consagran la conservación de los actos independientes.
  • Incidente excepcional de nulidad (art. 241 LOPJ): vulneración de un derecho fundamental del art. 53.2 CE, plazo de veinte días y máximo de cinco años desde la notificación, ante el mismo órgano, sin recurso contra la inadmisión.
  • La declaración de nulidad de oficio (art. 240.2 LOPJ) requiere audiencia de las partes, que no proceda la subsanación y que no haya recaído resolución que ponga fin al proceso.
  • La suspensión conserva el tiempo transcurrido del plazo; la interrupción obliga a empezar de nuevo (distinción doctrinal); los plazos no se prorrogan salvo caso legal.
  • La infracción de la presencia judicial en las pruebas, vistas y declaraciones produce nulidad de pleno derecho (art. 137 LEC).
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Respecto de los plazos señalados por meses en el proceso civil, es correcto que se computan:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 20 de Gestión Procesal (Justicia)?

Los actos procesales son las manifestaciones de voluntad, declaraciones o actuaciones materiales del órgano jurisdiccional, de las partes y de los terceros que intervienen en el proceso, y están sujetos a requisitos de lugar, tiempo y forma. Este tema desarrolla dichos requisitos (sede y actuaciones telemáticas; días y horas hábiles; términos y plazos y su cómputo; preclusión; lengua oficial, documentos, publicidad y documentación de las vistas) y los defectos de los actos procesales (nulidad de pleno derecho, defectos de forma o anulabilidad, irregularidad), con su régimen de alegación, el incidente excepcional de nulidad de actuaciones y la subsanación y conservación de los actos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 20 para el examen?

Son inhábiles a efectos procesales: sábados, domingos, 24 y 31 de diciembre, festivos nacionales, autonómicos y locales, y agosto (salvo actuaciones urgentes). Son horas hábiles las que median entre las 8 y las 20 horas. Cómputo de plazos: comienza el día siguiente al de la notificación (el día a quo no cuenta); por días solo cuentan los hábiles; por meses o años se computa de fecha a fecha. Plazos comunes: se cuentan desde el día siguiente a la última notificación. Los plazos legales son improrrogables (art. 134 LEC), salvo fuerza mayor acreditada; la preclusión (art. 136 LEC) hace perder la oportunidad de realizar el acto vencido el plazo. Plazos de las partes (propios) producen preclusión; los dirigidos al juez (impropios u ordenatorios) no invalidan el acto si se incumplen. Plazo de cortesía del art. 135.5 LEC: hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al vencimiento, en la presentación en la oficina judicial o servicio común; la presentación telemática es posible las 24 horas, todos los días del año. Habilitación de días y horas inhábiles: solo con causa urgente y mediante resolución motivada; en causas criminales todos los días y horas son hábiles. Lengua: el castellano es siempre oficial; la lengua cooficial puede usarse si ninguna parte se opone alegando desconocimiento con indefensión; las actuaciones en lengua cooficial valen sin traducción en su territorio y se traducen de oficio si deben surtir efecto fuera. Documentos en idioma no oficial: se acompaña traducción (puede ser privada); si se impugna, dentro de cinco días, puede ordenarse la traducción oficial (art. 144 LEC). Las vistas son públicas; el tribunal puede acordar puerta cerrada mediante auto por orden público, seguridad nacional, menores, vida privada o intereses de la justicia (art. 138 LEC). La grabación de vistas en imagen y sonido es la forma ordinaria de documentación (art. 147 LEC); el LAJ garantiza autenticidad e integridad; sin medios técnicos, acta. Nulidad de pleno derecho (art. 225 LEC): falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional, violencia o intimidación, prescindir de normas esenciales con posible indefensión, falta de abogado preceptivo y vistas sin LAJ; no por competencia territorial. Los defectos de forma solo anulan el acto si carece de requisitos indispensables para su fin o causa indefensión; la irregularidad no invalida el acto. El art. 231 LEC (subsanación): plazo máximo de diez días salvo que la ley fije otro; el art. 230 LEC y art. 242 LOPJ consagran la conservación de los actos independientes. Incidente excepcional de nulidad (art. 241 LOPJ): vulneración de un derecho fundamental del art. 53.2 CE, plazo de veinte días y máximo de cinco años desde la notificación, ante el mismo órgano, sin recurso contra la inadmisión. La declaración de nulidad de oficio (art. 240.2 LOPJ) requiere audiencia de las partes, que no proceda la subsanación y que no haya recaído resolución que ponga fin al proceso. La suspensión conserva el tiempo transcurrido del plazo; la interrupción obliga a empezar de nuevo (distinción doctrinal); los plazos no se prorrogan salvo caso legal. La infracción de la presencia judicial en las pruebas, vistas y declaraciones produce nulidad de pleno derecho (art. 137 LEC).

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, arts. 129-139 (actuaciones judiciales, tiempo, plazos, preclusión y publicidad), 142-147 (lengua, intérpretes, traducciones y documentación de vistas), 188 (suspensión de vistas), 225-231 (nulidad y subsanación) y 273 (presentación electrónica).
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 182-183 (días y horas hábiles), 229-232 (actuaciones orales, videoconferencia, idioma y publicidad) y 238-243 (nulidad de los actos procesales e incidente de nulidad).
  • Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
  • Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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