Tema 19. Jurisdicción y competencia. Acumulación de acciones y de procedimientos, concepto. La tramitación de las cuestiones de jurisdicción y competencia. La competencia de los Tribunales Civiles: Objetiva, funcional y territorial, los fueros legales disponibles e indisponibles. Concepto y tramitación.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La jurisdicción y la competencia delimitan qué órgano jurisdiccional, dentro del conjunto de Juzgados y Tribunales españoles, debe conocer de un asunto civil determinado. Este tema desarrolla la acumulación de acciones y de procesos (arts. 71 y ss. LEC), la tramitación de las cuestiones de jurisdicción y competencia (abstención de oficio, declinatoria y conflictos) y los criterios de competencia objetiva, funcional y territorial de los tribunales civiles, distinguiendo los fueros legales disponibles e indisponibles. Se acompaña de los esquemas de memoria más preguntados: improrrogabilidad, sumisión, fuero general y reglas especiales, plazos de la declinatoria y órganos que resuelven los conflictos.
La jurisdicción es la potestad genérica de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuida en exclusiva a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes (art. 117.3 CE); el art. 117.5 CE consagra el principio de unidad jurisdiccional. La competencia es la medida de la jurisdicción atribuida a cada órgano jurisdiccional concreto. Se determina sucesivamente por tres criterios: competencia objetiva (qué clase de órgano, por razón de la materia o de la cuantía), competencia funcional (qué órgano conoce de cada fase o instancia del proceso: primera instancia, recursos, ejecución, incidentes y medidas cautelares) y competencia territorial (qué órgano concreto, dentro de los de su clase, por razón del territorio). La falta de jurisdicción puede deberse a que el asunto corresponde a los tribunales de otro Estado, a otro orden jurisdiccional, a un arbitraje o mediación pactados, o a que concurre inmunidad de jurisdicción o de ejecución (arts. 36 a 39 LEC).
El orden jurisdiccional civil y la extensión de la jurisdicción española (arts. 9, 21 y 22 LOPJ)
El orden civil conoce de las materias que le son propias y de todas aquellas que no estén expresamente atribuidas a otro orden (art. 9.2 LOPJ): es un orden residual o de cierre. La jurisdicción española se extiende a las personas, materias y territorio español conforme a la Constitución, a los tratados y convenios internacionales de los que España es parte y al Derecho de la Unión Europea. La LOPJ (arts. 21 y 22 y siguientes) regula la inmunidad de jurisdicción y ejecución y los foros de competencia judicial internacional con carácter subsidiario; prevalecen los instrumentos de la Unión Europea y los convenios internacionales. Entre los foros exclusivos del art. 22 LOPJ figuran, en lo civil, los derechos reales sobre inmuebles sitos en España, la constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades domiciliadas en España, la validez o nulidad de inscripciones en registros públicos españoles, el registro o validez de patentes y otros derechos sometidos a depósito o registro en España, y el reconocimiento y ejecución en España de sentencias y decisiones arbitrales extranjeras. En el ámbito de la UE rige con carácter preferente el Reglamento (UE) nº 1215/2012 (Bruselas I bis) para la materia civil y mercantil: foro general del domicilio del demandado, foros especiales (p. ej., lugar de cumplimiento de la obligación o del hecho dañoso), foros de protección (consumidores, seguros, trabajo) y foros exclusivos (inmuebles, sociedades, registros).
Acumulación de acciones: concepto, clases y requisitos (arts. 71 a 73 LEC)
La acumulación de acciones consiste en el ejercicio de varias acciones en una misma demanda, de modo que se tramiten en un solo proceso y se resuelvan en una sola sentencia. Puede ser objetiva (el actor acumula las varias acciones que le competen contra el demandado, aunque procedan de diferentes títulos, siempre que no sean incompatibles; art. 71) o subjetiva (varios actores contra uno, uno contra varios o varios contra varios, siempre que entre las acciones exista un nexo por razón del título o de la causa de pedir, que se entiende concurrente cuando se funden en los mismos hechos; art. 72). Los requisitos de la acumulación (art. 73) son, en esencia: que el tribunal tenga jurisdicción y competencia objetiva para conocer de la acción principal (y, a efectos de cuantía, se suman los valores de las acciones acumuladas); que las acciones acumuladas no deban ventilarse en juicios de diferente tipo; y que no sean incompatibles entre sí. La LEC admite la acumulación eventual o subsidiaria, es decir, la formulación de acciones incompatibles para el caso de que la principal sea desestimada. Por excepción, la regla de que las acciones deban ventilarse en el mismo tipo de juicio se atenúa en ciertos casos legalmente previstos (p. ej., acumulación de acciones de determinada naturaleza en el juicio verbal).
Acumulación de procesos (autos): concepto, supuestos, requisitos y efectos (arts. 74 a 98 LEC)
La acumulación de procesos (o de autos) consiste en reunir en un solo procedimiento, para que sean decididos en una sola sentencia, varios procesos que se hallan pendientes. Procede, conforme al art. 76 LEC, cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales o de cosa juzgada en otro, o cuando entre sus objetos exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieran dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes. Presupuestos habituales: que los procesos estén pendientes en la misma instancia, que no haya comenzado en ninguno de ellos el plazo para dictar sentencia y que el tribunal que conozca de la acumulación tenga competencia. Como regla general se pide a instancia de parte, mediante un incidente tramitado con audiencia de las demás partes personadas, y solo cabe acumulación de oficio cuando la ley lo prevé expresamente. La acumulación se hace al proceso más antiguo (art. 78 LEC) y el tribunal competente para decidirla es el que conoce del proceso más antiguo. Estimada la acumulación, los procesos se tramitan y deciden conjuntamente; si se desestima, cada proceso continúa por separado. Existe, además, una acumulación específica de ejecuciones (arts. 555 y ss. LEC) y la acumulación de recursos.
Improrrogabilidad de la jurisdicción y de la competencia objetiva y funcional
La jurisdicción es improrrogable (art. 9.6 LOPJ), y la competencia objetiva y la funcional tienen carácter imperativo: las partes no pueden alterarlas por pacto ni por sumisión, expresa ni tácita; corresponde siempre al órgano que la ley determina según el tipo de asunto y la fase procesal. El tribunal debe apreciar de oficio, tan pronto como lo advierta, la falta de competencia objetiva o funcional (art. 48 LEC), con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. La competencia territorial, en cambio, es en general dispositiva (art. 54 LEC): las reglas legales atributivas solo se aplican en defecto de sumisión expresa o tácita, salvo en los fueros que la ley declara indisponibles o imperativos.
Competencia objetiva por razón de la materia y de la cuantía
La competencia objetiva se determina primero por la materia, cuando la ley atribuye determinados asuntos a órganos o secciones especializados con independencia de la cuantía, y subsidiariamente por la cuantía. Con carácter general, los Juzgados de Primera Instancia (hoy, Secciones civiles de los Tribunales de Instancia, tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2025 y la implantación progresiva de los Tribunales de Instancia) conocen de los juicios civiles que no estén atribuidos por la ley a otros tribunales (art. 45 LEC). Los Juzgados de lo Mercantil (secciones de lo mercantil) conocen de la materia concursal, la competencia desleal, la propiedad industrial e intelectual, el Derecho de sociedades, y los asuntos que les atribuye el art. 86 ter LOPJ. Las secciones de familia conocen de los procesos matrimoniales, de menores y de capacidad. Las Audiencias Provinciales conocen de la apelación contra las resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil de su circunscripción; el Tribunal Supremo (Sala Primera), de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal; y las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ, de los recursos de casación en materia de Derecho civil foral o especial propio de la Comunidad Autónoma cuando su Estatuto lo prevea, y de otras funciones que les atribuye el art. 73 LOPJ.
Determinación de la cuantía litigiosa (arts. 251 y 252 LEC)
La LEC fija reglas legales tasadas para calcular el valor de la cuantía, que condiciona el procedimiento aplicable (juicio verbal hasta 6.000 euros, salvo materias; ordinario en las demás cuantías y en las indeterminadas) y los recursos. Reglas básicas: en la reclamación de cantidad, la suma reclamada, sumando los intereses vencidos; en los procesos sobre bienes, el valor del bien según las reglas del art. 251; en las prestaciones periódicas, la de varias anualidades según la naturaleza; cuando la demanda comprenda varias acciones, la suma de las cuantías de cada una de ellas. Cuando la cuantía sea indeterminable o no pueda calcularse con arreglo a estas reglas, se considerará de cuantía indeterminada y se tramitará por el juicio ordinario (arts. 249.2 y 253 LEC), que es el cauce residual. El actor debe expresar la cuantía en la demanda y el demandado puede impugnarla al contestar; el tribunal puede corregir de oficio, en la audiencia previa, la cuantía y el tipo de juicio.
Competencia funcional
La competencia funcional determina qué órgano interviene en cada fase del mismo proceso. Como regla, el tribunal competente para conocer de un pleito lo es también para sus incidencias, para llevar a efecto sus providencias y autos y para ejecutar la sentencia o los convenios y transacciones que apruebe (art. 61 LEC). La ejecución de sentencias y títulos judiciales corresponde al tribunal que conoció del asunto en primera instancia (art. 545 LEC); las medidas cautelares, al tribunal que conoce del asunto principal (art. 723 LEC). La competencia funcional es imperativa y se aprecia de oficio. El tribunal que conoce de una demanda reconvencional lo es también de la reconvención, y el que conoce de la apelación lo es del recurso conforme a la regla de jerarquía.
Competencia territorial: fuero general (arts. 50 y 51 LEC)
Fuero general de las personas físicas (art. 50): el tribunal del domicilio del demandado; si no lo tiene en territorio español, el de su residencia en España; y, si tampoco la tiene, a elección del demandante, el del lugar en que se encuentre en España o el de su último domicilio o residencia. Los empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad, pueden ser demandados además en el lugar donde se desarrolle la actividad o tengan establecimiento. Fuero general de las personas jurídicas (art. 51): el tribunal de su domicilio; también, a elección del demandante, el del lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar la entidad tenga establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en su nombre. Las entidades sin personalidad pueden ser demandadas en el domicilio de su representante o administrador o donde ejerzan su actividad. Existen reglas particulares cuando el demandado es el Estado, una Comunidad Autónoma, una entidad local u organismo público.
Competencia territorial: fueros legales especiales y reglas de acumulación (arts. 52 y 53 LEC)
El art. 52 LEC establece fueros especiales que, para determinadas materias, desplazan al fuero general: acciones reales sobre bienes inmuebles (tribunal del lugar donde esté situada la cosa litigiosa); arrendamientos de inmuebles y propiedad horizontal (lugar de situación del inmueble); sucesiones (último domicilio del causante); acciones relativas a sociedades y a la impugnación de acuerdos sociales (domicilio de la sociedad); protección de derechos fundamentales (domicilio del demandante o lugar del hecho); reclamaciones por responsabilidad extracontractual (lugar del hecho dañoso); entre otros. El art. 53 fija dos reglas de conexión: cuando se acumulan varias acciones, el tribunal del lugar correspondiente a la acción principal (o, si no cabe determinarla, a la que sea fundamento de las demás o, en su defecto, el del domicilio del demandado); y cuando hay pluralidad de demandados, el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos a elección del demandante, salvo que concurra algún fuero especial imperativo.
Fueros disponibles e indisponibles (art. 54 LEC)
El art. 54 LEC proclama el carácter dispositivo de las normas de competencia territorial: se aplican solo en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción, salvo en los casos legalmente excluidos, que son los fueros indisponibles o imperativos. Son indisponibles, entre otros, los fueros de los procesos relativos a bienes inmuebles (acciones reales, arrendamientos y propiedad horizontal), los de determinados procesos especiales (los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores del Libro IV, art. 769 y ss. LEC) y los de las acciones que se determinen expresamente por la ley. Son disponibles el fuero general de los arts. 50 y 51 y los fueros especiales que no hayan sido declarados imperativos. Regla de protección: no será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios (art. 54.2 LEC). La normativa de consumidores (Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007) califica además de abusiva la cláusula de sumisión a un tribunal distinto del correspondiente al domicilio del consumidor.
Sumisión expresa y sumisión tácita (arts. 55 y 56 LEC)
La sumisión expresa es el pacto por el que las partes, con renuncia clara y terminante a su fuero propio, designan con precisión el tribunal al que se someten (art. 55); por su carácter contractual es previa al proceso y solo es posible en materias de fuero disponible; es nula en los contratos de adhesión, con condiciones generales impuestas o con consumidores (art. 54.2). La sumisión tácita (art. 56) se entiende hecha por el demandante por el mero hecho de acudir a un tribunal interponiendo la demanda, y por el demandado por hacer, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. Efecto: el tribunal que hubiese sido incompetente por razón del territorio pasa a ser competente, pero no se prorroga la competencia objetiva ni la funcional.
Apreciación de oficio y alegación de la falta de competencia territorial
Como regla, la falta de competencia territorial no se aprecia de oficio, sino que el demandado debe alegarla mediante declinatoria; de lo contrario, se entiende que acepta el tribunal (sumisión tácita). Excepción: cuando la competencia territorial venga fijada por un fuero imperativo, el tribunal puede examinarla de oficio al admitir la demanda y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, abstenerse y remitir a las partes ante el tribunal que estime competente. El tribunal que reciba las actuaciones tras la estimación de una declinatoria territorial no puede volver a declinar la competencia por esa misma razón; si discrepa, cabe que lo ponga en conocimiento del tribunal superior común a efectos de resolver (art. 60 LEC).
La declinatoria: concepto, plazo y efectos (arts. 63 a 66 LEC)
La declinatoria es el instrumento procesal por el que el demandado, y quienes pudieran ser parte legítima en el juicio promovido, denuncian la falta de jurisdicción (incluida la derivada de sumisión a arbitraje o a mediación), de competencia internacional, de competencia objetiva o de competencia territorial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda, para que se abstenga de conocer (art. 63). Se propone, dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda, ante el mismo tribunal que conoce del asunto (art. 64), y suspende el plazo para contestar y los trámites del procedimiento principal hasta que se resuelva. Se sustancia dando traslado a las demás partes para alegaciones y decide el tribunal por auto (art. 65). Si el auto estima la declinatoria por falta de jurisdicción o de competencia internacional por corresponder a tribunales extranjeros o a arbitraje o mediación, el tribunal se abstiene y archiva; si lo es por corresponder a otro órgano español, remite las actuaciones al competente. Recursos (art. 66): contra el auto que estime la declinatoria cabe recurso de apelación; contra el que la desestime no cabe recurso inmediato, sin perjuicio de reproducir la cuestión en el recurso contra la sentencia. Una vez firme el auto desestimatorio, se reanuda el plazo para contestar.
Tratamiento procesal de la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional
Cuando un tribunal civil advierte que el asunto pertenece a otro orden jurisdiccional (penal, contencioso-administrativo, social), a los tribunales de otro Estado o a un arbitraje o mediación pactados, debe abstenerse de conocer. La falta de jurisdicción se aprecia de oficio, tan pronto como se advierta y siempre antes de dictar sentencia, previa audiencia de las partes personadas y del Ministerio Fiscal, y el tribunal resuelve por auto, indicando si es posible el orden jurisdiccional o el órgano que estima competente (arts. 37 y 38 LEC). También puede alegarse por el demandado mediante declinatoria (art. 39 LEC cuando se trata de arbitraje o mediación).
Cuestiones prejudiciales (arts. 40 a 43 LEC)
Cuando para resolver el objeto del proceso civil deba decidirse una cuestión de otro orden, el tribunal puede conocer de ella a los solos efectos prejudiciales. Si la cuestión es penal y el hecho puede ser delito, se suspende el proceso civil hasta que se resuelva en el penal en los supuestos y con los requisitos que establece la ley (art. 40); en cuestiones administrativas, sociales o de otro tipo no penal, el tribunal civil puede pronunciarse a efectos prejudiciales sin que ello produzca efectos de cosa juzgada fuera del proceso (art. 42). La prejudicialidad civil (art. 43) permite suspender un proceso cuando en otro proceso civil se esté decidiendo una cuestión que condiciona su resultado.
Conflictos de jurisdicción y cuestiones de competencia entre órganos de distinto orden
Los conflictos de jurisdicción son los que se plantean entre Juzgados o Tribunales y la Administración: los resuelve el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, presidido por el Presidente del Tribunal Supremo e integrado por Vocales (Magistrados del Tribunal Supremo y Consejeros Permanentes de Estado) (art. 38 LOPJ y Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales). Las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales de distinto orden jurisdiccional las resuelve la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, formada por el Presidente del Tribunal Supremo y dos Magistrados, uno por cada Sala en conflicto (art. 42 LOPJ). Las cuestiones entre órganos del mismo orden se resuelven, en general, por el órgano jerárquicamente superior común (art. 60 LEC y arts. 43 y ss. LOPJ). No hay que confundir el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (con la Administración) con la Sala de Conflictos de Competencia (entre órdenes).
La litispendencia y la cosa juzgada como excepciones procesales vinculadas a la competencia
La litispendencia se produce cuando, existiendo un proceso iniciado entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, se pretende iniciar otro idéntico ante el mismo o distinto tribunal. Se alega como excepción procesal en la contestación y, de apreciarse, determina el sobreseimiento del segundo proceso para evitar duplicidad y sentencias contradictorias. La cosa juzgada exige la existencia de una sentencia firme anterior sobre el mismo objeto (arts. 421 y 222 LEC). Ambas se vinculan a la acumulación: si los procesos no son idénticos pero sí conexos, procede la acumulación de procesos y no la litispendencia.
Competencia internacional y competencia interna: orden de análisis
Cuando el litigio presenta elementos de extranjería, el tribunal comprueba primero si tiene jurisdicción (competencia judicial internacional) con arreglo al Reglamento Bruselas I bis, los convenios internacionales o, subsidiariamente, la LOPJ. Solo afirmada la jurisdicción española, se aplican las normas internas de competencia objetiva, funcional y territorial de la LEC para concretar qué órgano español conoce del asunto. Esta falta de competencia internacional se aprecia de oficio en los términos de los arts. 36 a 38 LEC y puede alegarse por declinatoria.
Los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y su relación con la jurisdicción (Ley Orgánica 1/2025)
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha configurado los medios adecuados de solución de controversias (negociación, mediación, conciliación, opinión neutral de experto, oferta vinculante confidencial y derecho colaborativo, entre otros) y ha establecido, en el orden civil, el intento de MASC como requisito de procedibilidad previo a la interposición de la demanda en los términos de dicha ley. Su falta, de ser exigible, puede dar lugar a la inadmisión de la demanda. Además, la sumisión válida a mediación o arbitraje puede denunciarse mediante declinatoria (art. 39 LEC).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Orden de determinación de la competencia: objetiva (qué tipo de órgano) → funcional (qué fase/instancia) → territorial (qué órgano concreto por lugar).
La declinatoria (arts. 63-66 LEC) es el cauce para denunciar falta de jurisdicción, de competencia internacional, objetiva o territorial, o sumisión a arbitraje/mediación; se propone en los diez primeros días del plazo de contestación y suspende ese plazo.
Improrrogabilidad: jurisdicción y competencia objetiva/funcional no pueden alterarse por pacto; la territorial es dispositiva (art. 54 LEC), salvo fueros indisponibles.
El art. 54 LEC es el carácter dispositivo de la competencia territorial (y la nulidad de la sumisión expresa en adhesión y consumo); los arts. 55 y 56 regulan la sumisión expresa y la tácita.
Sumisión tácita: del demandante, al interponer la demanda; del demandado, al realizar cualquier gestión tras personarse distinta de proponer declinatoria.
No es válida la sumisión expresa en contratos de adhesión, con condiciones generales impuestas o con consumidores y usuarios (art. 54.2 LEC).
Fuero general: persona física, domicilio del demandado (art. 50); persona jurídica, su domicilio o el lugar donde la relación haya nacido o surta efectos si tiene allí establecimiento abierto o representante (art. 51).
Pluralidad de demandados: a elección del actor, domicilio de cualquiera (art. 53); acumulación de acciones: lugar de la acción principal.
Acciones reales sobre inmuebles: tribunal del lugar de situación del inmueble (fuero especial indisponible).
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (con la Administración, presidido por el Presidente del TS) ≠ Sala de Conflictos de Competencia del TS (entre órdenes jurisdiccionales, art. 42 LOPJ).
La cuantía se determina por reglas legales tasadas (arts. 251-252 LEC); si es indeterminada, juicio ordinario.
No pueden acumularse acciones incompatibles, salvo de forma eventual o subsidiaria; las acciones acumuladas no deben ventilarse en juicios de diferente tipo.
La acumulación de procesos procede por riesgo de sentencias contradictorias o de efectos prejudiciales y cosa juzgada; se hace al proceso más antiguo.
La falta de jurisdicción y de competencia objetiva o funcional se aprecian de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.
El auto que estima la declinatoria es apelable; el que la desestima no tiene recurso inmediato y la cuestión puede reproducirse en la apelación contra la sentencia.
El orden civil es residual: conoce de todo lo no atribuido expresamente a otro orden (art. 9.2 LOPJ).
LO 1/2025: MASC como requisito de procedibilidad en lo civil y Tribunales de Instancia con secciones.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
En los juicios sobre acciones reales sobre bienes inmuebles es competente por regla especial el tribunal:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 19 de Gestión Procesal (Justicia)?
La jurisdicción y la competencia delimitan qué órgano jurisdiccional, dentro del conjunto de Juzgados y Tribunales españoles, debe conocer de un asunto civil determinado. Este tema desarrolla la acumulación de acciones y de procesos (arts. 71 y ss. LEC), la tramitación de las cuestiones de jurisdicción y competencia (abstención de oficio, declinatoria y conflictos) y los criterios de competencia objetiva, funcional y territorial de los tribunales civiles, distinguiendo los fueros legales disponibles e indisponibles. Se acompaña de los esquemas de memoria más preguntados: improrrogabilidad, sumisión, fuero general y reglas especiales, plazos de la declinatoria y órganos que resuelven los conflictos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 19 para el examen?
Orden de determinación de la competencia: objetiva (qué tipo de órgano) → funcional (qué fase/instancia) → territorial (qué órgano concreto por lugar). La declinatoria (arts. 63-66 LEC) es el cauce para denunciar falta de jurisdicción, de competencia internacional, objetiva o territorial, o sumisión a arbitraje/mediación; se propone en los diez primeros días del plazo de contestación y suspende ese plazo. Improrrogabilidad: jurisdicción y competencia objetiva/funcional no pueden alterarse por pacto; la territorial es dispositiva (art. 54 LEC), salvo fueros indisponibles. El art. 54 LEC es el carácter dispositivo de la competencia territorial (y la nulidad de la sumisión expresa en adhesión y consumo); los arts. 55 y 56 regulan la sumisión expresa y la tácita. Sumisión tácita: del demandante, al interponer la demanda; del demandado, al realizar cualquier gestión tras personarse distinta de proponer declinatoria. No es válida la sumisión expresa en contratos de adhesión, con condiciones generales impuestas o con consumidores y usuarios (art. 54.2 LEC). Fuero general: persona física, domicilio del demandado (art. 50); persona jurídica, su domicilio o el lugar donde la relación haya nacido o surta efectos si tiene allí establecimiento abierto o representante (art. 51). Pluralidad de demandados: a elección del actor, domicilio de cualquiera (art. 53); acumulación de acciones: lugar de la acción principal. Acciones reales sobre inmuebles: tribunal del lugar de situación del inmueble (fuero especial indisponible). Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (con la Administración, presidido por el Presidente del TS) ≠ Sala de Conflictos de Competencia del TS (entre órdenes jurisdiccionales, art. 42 LOPJ). La cuantía se determina por reglas legales tasadas (arts. 251-252 LEC); si es indeterminada, juicio ordinario. No pueden acumularse acciones incompatibles, salvo de forma eventual o subsidiaria; las acciones acumuladas no deben ventilarse en juicios de diferente tipo. La acumulación de procesos procede por riesgo de sentencias contradictorias o de efectos prejudiciales y cosa juzgada; se hace al proceso más antiguo. La falta de jurisdicción y de competencia objetiva o funcional se aprecian de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. El auto que estima la declinatoria es apelable; el que la desestima no tiene recurso inmediato y la cuestión puede reproducirse en la apelación contra la sentencia. El orden civil es residual: conoce de todo lo no atribuido expresamente a otro orden (art. 9.2 LOPJ). LO 1/2025: MASC como requisito de procedibilidad en lo civil y Tribunales de Instancia con secciones.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, art. 117.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 9, 21, 22, 38 y 42 (modificada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia).
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, arts. 36-66 (jurisdicción y competencia), 71-98 (acumulación de acciones y de procesos) y 251-253 (cuantía).
Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales.
Reglamento (UE) nº 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I bis).
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
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