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Tema 28. Procesos especiales: Procedimientos para la división judicial de patrimonios: A) De la división de la herencia. B) Procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

Los procedimientos de división judicial de patrimonios del Libro IV de la LEC dan solución procesal a dos situaciones de comunidad que los interesados no logran disolver de común acuerdo: la comunidad hereditaria (división de la herencia, Título II, arts. 782 a 805, que incluye también la intervención y la administración del caudal hereditario) y la comunidad que deriva de la disolución del régimen económico matrimonial (liquidación del régimen económico matrimonial, Título III, arts. 806 a 811). Ambos se estructuran en fases: solicitud, convocatoria de los interesados a comparecencia, designación de contador-partidor y peritos, formación de inventario, avalúo, liquidación y división, oposición a las operaciones y aprobación judicial. La liquidación del régimen matrimonial toma de la división de la herencia, por remisión legal, las reglas de las operaciones particionales. El tema exige conocer tanto el procedimiento (quién, ante quién, cómo y con qué resolución) como las reglas sustantivas del Código Civil sobre partición, colación, legítimas, gananciales y reintegros que los operadores aplican en cada fase.

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Naturaleza y sistemática de los procedimientos de división judicial de patrimonios

Son procesos especiales de jurisdicción contenciosa del Libro IV de la LEC, cuyo objeto no es declarar un derecho discutido sino llevar a cabo, con intervención judicial, la partición de un patrimonio común cuando los interesados no se ponen de acuerdo. El Título II (De la división judicial de patrimonios) comprende tres capítulos: la división de la herencia (arts. 782 a 789), la intervención del caudal hereditario (a partir del art. 790) y su administración (hasta el art. 805). El Título III regula el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial (arts. 806 a 811). Aunque son procesos contenciosos, buena parte de su tramitación es no contradictoria: las fases de nombramiento de contador, inventario o aprobación sin oposición se resuelven sin juicio, y la controversia, cuando surge, se reconduce a incidentes concretos (inclusión o exclusión de bienes en el inventario, oposición a las operaciones divisorias), que se tramitan por los cauces del juicio verbal. La finalidad es sustituir la cuota abstracta que cada partícipe tiene sobre el todo (comunidad germánica o romana, según los casos) por la titularidad exclusiva de bienes concretos. Como principio, nadie está obligado a permanecer en la indivisión (art. 400 del Código Civil para la comunidad de bienes y art. 1051 para la herencia).

La partición de la herencia en el Código Civil: marco sustantivo

Aceptada la herencia, los herederos pasan a ser cotitulares de una comunidad hereditaria, que se disuelve mediante la partición. El Código Civil establece que ningún coheredero está obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, a menos que el testador prohíba expresamente la división (art. 1051), prohibición que, aun así, cede ante las causas que extinguen la comunidad y que la doctrina somete al límite temporal de diez años del art. 400. La partición puede hacerse: a) por el propio testador, por acto entre vivos o por última voluntad (art. 1056); b) por un contador-partidor designado por el testador, con las facultades que este le dé (art. 1057); c) por los propios herederos mayores de edad y con la libre administración de sus bienes, de común acuerdo, de la manera que tengan por conveniente (art. 1058); d) mediante contador-partidor dativo designado por notario cuando lo solicite quien ostente la mayoría legalmente exigida (art. 1057 CC y arts. 66 y 67 de la Ley del Notariado, tras la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria), y e) por la vía judicial, cuando los herederos no se ponen de acuerdo, se estará a la LEC (art. 1059 CC). Los criterios de reparto que impone el Código Civil son: igualdad en la formación de lotes, adjudicando a cada heredero cosas de la misma naturaleza, calidad o especie (art. 1061), y, si una cosa es indivisible o desmerece mucho por su división, adjudicación a uno de los herederos con abono en metálico a los demás o, si cualquiera de ellos lo pide, su venta en pública subasta (art. 1062), colación de las donaciones recibidas en vida del causante (art. 1035) y respeto de las legítimas (arts. 806 y siguientes). Una vez hecha la partición, esta confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados (art. 1068).

Supuestos en que procede la división judicial de la herencia y supuestos excluidos (art. 782 LEC)

La división judicial de la herencia procede cuando existe una herencia con varios partícipes que no han llegado a un acuerdo sobre cómo repartirla y la partición no corresponde a otra persona. El art. 782.1 LEC dispone que cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarse por contador-partidor designado por el testador o por la persona a quien el mismo testador hubiese conferido la facultad de hacer la partición. Por tanto, no cabe acudir a esta vía cuando el testador ha nombrado un contador-partidor o comisario con facultades suficientes para realizar la partición; en ese caso, el contador actúa extrajudicialmente. Tampoco procede cuando la partición ha sido hecha por el propio testador, ni cuando los herederos han acordado dividirla (art. 1058 CC). Desde la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, el nombramiento de contador-partidor dativo se puede solicitar al notario, de manera que el procedimiento judicial es una vía residual cuando la notarial no es posible o no se alcanza el acuerdo. No es necesario que exista testamento válido: la partición abintestato también puede ser judicial, siempre que se acredite el título sucesorio (declaración de herederos).

Legitimación, competencia y postulación en la división de la herencia

Está legitimado para pedir la división cualquier coheredero y también el legatario de parte alícuota, que es aquel a quien el testador deja una cuota del caudal relicto (por ejemplo, un tercio de la herencia) y que participa en la comunidad de forma análoga a un heredero; no lo está el legatario de cosa concreta, que no es copartícipe de la comunidad. Los acreedores del causante no están legitimados para promover la división, sin perjuicio de otros derechos que les corresponden. No hace falta el consentimiento de los demás: basta la voluntad de uno de los interesados, por pequeña que sea su cuota. Deben ser citados todos los demás interesados (coherederos, legatarios de parte alícuota y cónyuge viudo cuando concurra con derecho a legítima). En cuanto a la competencia territorial, el art. 52.1.4.º LEC atribuye los juicios sobre cuestiones hereditarias al tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio o, si lo tuvo en el extranjero, al del lugar de España en que radique la mayor parte de sus bienes inmuebles y, subsidiariamente, a elección del actor, el de cualquier lugar en que se halle algún bien. La competencia objetiva corresponde a la Sección civil del Tribunal de Instancia (antes, Juzgado de Primera Instancia). Rigen las reglas generales de postulación: abogado y procurador (arts. 23 y 31 LEC).

Solicitud y documentos

El procedimiento comienza por solicitud, a la que se acompañan el certificado de defunción del causante, el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, el título sucesorio (testamento o declaración de herederos abintestato) y los documentos que acrediten la condición del solicitante y el parentesco con el causante. Debe expresarse la identidad de los demás interesados y, si se conoce, la relación de los bienes y deudas de la herencia y su estimación. La ley exige que no haya sido designado contador-partidor por el testador y que no se esté llevando a cabo la partición por otra vía. En la solicitud se puede ya pedir la intervención del caudal hereditario o su administración si hay riesgo de pérdida. Admitida la solicitud, el Letrado de la Administración de Justicia cita a los interesados a una comparecencia.

Comparecencia y designación del contador-partidor y de los peritos (arts. 783 y 784 LEC)

El LAJ convoca a los interesados (coherederos, legatarios de parte alícuota y cónyuge viudo, en su caso) a una comparecencia en la que se pretende el acuerdo sobre la persona del contador-partidor y de los peritos que han de valorar los bienes. Si hay unanimidad, se nombra a los designados de común acuerdo. Si no la hay, el contador-partidor y los peritos se designan por el sistema que prevé la LEC para los nombramientos judiciales (insaculación o sorteo entre los profesionales que figuren en las listas o colegios correspondientes, con conocimientos adecuados a la naturaleza de los bienes). El contador-partidor es la pieza central del procedimiento: practica materialmente las operaciones divisorias de inventario, avalúo, liquidación y división de la herencia. Los peritos, por su parte, valoran los bienes que lo requieran (inmuebles, joyas, participaciones sociales, obras de arte). No es imprescindible el nombramiento de peritos si todos los interesados aceptan una valoración común. Los honorarios del contador y de los peritos son un gasto de la herencia.

La intervención del caudal hereditario (arts. 790 y siguientes LEC)

La intervención del caudal hereditario es una medida de aseguramiento que se adopta cuando hay riesgo de que los bienes de la herencia desaparezcan, se oculten, se pierdan o se deterioren antes de la partición. Puede pedirse junto con la solicitud de división o durante su tramitación, por quienes acrediten interés legítimo conforme a la LEC. Acordada la intervención, el tribunal adopta las medidas de seguridad necesarias: poner bajo custodia los bienes y documentos, depositar el dinero y los valores en una entidad de crédito, anotar preventivamente la prohibición de disponer en el Registro de la Propiedad y designar, cuando proceda, un administrador. La medida es provisional e instrumental y debe ser proporcionada, es decir, limitarse a los bienes respecto de los cuales haya un riesgo real. Sus detalles (quién la solicita, la caución, el plazo y la oposición) están en los arts. 790 y siguientes, que conviene consultar en el texto consolidado.

La administración del caudal hereditario

Formado el inventario, y mientras se realiza la partición, el tribunal decide quién administra y custodia los bienes inventariados: puede mantener en la administración a quien viniera ejerciéndola, designar como administrador a uno de los herederos que cuente con el apoyo mayoritario de los interesados o nombrar un administrador judicial ajeno a la familia cuando existan discrepancias graves o riesgo de mala gestión. El administrador tiene el deber de conservar el caudal con la diligencia de un buen administrador, de rendir cuentas periódicas y de informar al tribunal de las incidencias relevantes. Responde de los daños causados por dolo o negligencia. Su nombramiento puede revisarse o revocarse por justa causa. La administración sustituye, con carácter más estable, a la intervención cautelar y dura hasta que se aprueba la partición.

Inventario, avalúo, liquidación y división: las operaciones divisorias

Las operaciones que debe realizar el contador-partidor son cuatro: a) inventario de bienes, derechos y deudas de la herencia, con inclusión de las partidas que deban traerse a colación; b) avalúo, es decir, valoración de los bienes inventariados, referida normalmente al momento de la partición y no al del fallecimiento, salvo pacto o disposición testamentaria en contrario; c) liquidación, que supone determinar el activo y el pasivo hereditarios y fijar el haber líquido, previo pago de las deudas y cargas y detracción de las legítimas y legados; y d) división y adjudicación, es decir, formación de lotes o hijuelas que se adjudican a cada heredero, procurando la igualdad y la adjudicación de bienes de la misma naturaleza, calidad o especie (art. 1061 CC) y evitando dividir los bienes indivisibles o que desmerecerían (art. 1062 CC). Estas operaciones se recogen en el cuaderno particional que el contador presenta al tribunal, con motivación de los criterios seguidos. Para la formación de los lotes, el contador aplica las reglas del Código Civil sobre colación (art. 1035), imputación de donaciones, pago de legítimas (arts. 806 y siguientes) y pago de deudas hereditarias, y puede pedir a los interesados los documentos que necesite. La LEC regula el plazo del contador y la posibilidad de prórroga, y la responsabilidad del contador que no cumple.

Controversias sobre el inventario y sobre la inclusión o exclusión de bienes

Si algún interesado se opone a que determinado bien o deuda se incluya en el inventario, o pretende incluir otro que los demás rechazan, se intenta un acuerdo en la propia comparecencia. De no lograrse, la controversia se resuelve por los trámites del juicio verbal, y la resolución que se dicte decide sobre la inclusión o exclusión a los solos efectos de la partición: no prejuzga la titularidad de los bienes. Por eso quien se considere perjudicado conserva el derecho a plantear después, con plenitud de alegaciones y prueba, la acción declarativa que corresponda. Las cuestiones que exceden de la propia partición (validez del testamento, derechos de terceros sobre bienes concretos, estado civil o filiación de los llamados a heredar) no se resuelven en este procedimiento y habrán de ventilarse en el proceso declarativo adecuado; mientras tanto puede seguir la división respecto de lo que no esté afectado.

Aprobación de las operaciones divisorias y oposición (arts. 787 a 789 LEC)

Concluido el cuaderno particional, el contador lo entrega al tribunal y se pone de manifiesto a los interesados, por un plazo, para que manifiesten su conformidad u oposición. Si hay conformidad de todos, expresa o tácita (por no formular oposición en plazo), el LAJ aprueba las operaciones divisorias mediante decreto. Esa aprobación no es una homologación de un acuerdo, sino un control de legalidad del trabajo del contador. Si hay oposición, se intenta el acuerdo y, de no alcanzarse, la controversia se sustancia por los trámites del juicio verbal y se resuelve por sentencia, que puede aprobar el cuaderno, modificarlo o devolverlo al contador para que subsane. Una vez aprobada la partición, el tribunal ordena la entrega a cada heredero de los bienes que le hayan correspondido (art. 789) y los interesados pueden obtener testimonio de la aprobación para su protocolización notarial e inscripción en el Registro de la Propiedad. Aprobada la partición, cesa la comunidad hereditaria sobre los bienes adjudicados y cada heredero adquiere su propiedad exclusiva (art. 1068 CC).

Protección de menores y personas con discapacidad en la partición

Cuando entre los interesados hay menores de edad no emancipados o personas con discapacidad que requieran medidas de apoyo, deben estar representados por sus representantes legales o por quien les preste apoyo. Si existe conflicto de intereses entre el representante legal y el representado (por ejemplo, porque el progenitor también es coheredero) debe designarse un defensor judicial (art. 163 del Código Civil para los menores y art. 295 para las personas con apoyos, tras la Ley 8/2021). El Ministerio Fiscal interviene en defensa de los menores y de las personas con discapacidad (art. 3.7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) y puede oponerse a soluciones lesivas. Cuando la partición ha sido hecha por los propios herederos y hay interesados menores o con discapacidad con medidas de apoyo, se aplica el art. 1060 CC, que atiende a la representación y, en su caso, a la autorización judicial. Los herederos ausentes o en rebeldía son citados con las garantías legales, y su pasividad no paraliza el procedimiento.

Impugnación de la partición ya hecha: rescisión, nulidad y omisión

Las particiones pueden rescindirse por las mismas causas que las obligaciones y también por lesión en más de la cuarta parte, atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas (art. 1074 CC). La acción de rescisión por lesión prescribe a los cuatro años (art. 1076). La omisión de algún objeto o valor de la herencia no da lugar a la rescisión sino a que se complete o adicione la partición (art. 1079). La partición hecha con preterición de algún heredero no se rescinde salvo que se pruebe mala fe o dolo, pero los demás deben pagar al preterido la parte que proporcionalmente le corresponda (art. 1080). Estas acciones se ejercitan en el juicio declarativo que corresponda, no en el procedimiento de división, y se distinguen de la oposición a las operaciones divisorias, que es un trámite del propio procedimiento y se resuelve antes de la aprobación.

Gastos y costas en la división de la herencia

Los honorarios del contador-partidor y de los peritos, así como los gastos de formación de inventario y de las operaciones divisorias, son gastos de la herencia y se pagan con cargo al caudal antes del reparto. No procede una condena en costas por la mera tramitación del procedimiento, que no es estrictamente contradictorio. Sin embargo, si se sustancia un incidente de oposición con vencedor y vencido, se aplican las reglas de costas del juicio verbal (criterio del vencimiento, art. 394), de modo que las costas de ese incidente recaen sobre quien lo promovió o resistió sin fundamento. Para las costas de la intervención del caudal y de la administración se estará a la propia resolución del tribunal.

Reglas sustantivas que aplica el contador: legítimas y mejora

Para formar los lotes, el contador-partidor debe respetar el sistema de legítimas del Código Civil. Los hijos y descendientes tienen como legítima las dos terceras partes del haber hereditario (art. 808), de las que una (legítima estricta) debe repartirse por igual entre los legitimarios y la otra tercera parte (mejora) puede destinarse libremente a favor de hijos o descendientes; el tercio restante es de libre disposición. A falta de descendientes, la legítima de los padres y ascendientes es la mitad del haber hereditario, o la tercera parte si concurren con el cónyuge viudo (art. 809). El cónyuge viudo tiene derecho a una cuota usufructuaria: el usufructo del tercio de mejora si concurre con descendientes (art. 834), la mitad en usufructo si concurre con ascendientes (art. 837) y los dos tercios en usufructo si no hay ascendientes ni descendientes (art. 838). Si el testador ha vulnerado la legítima, los legitimarios disponen de acciones de complemento, reducción de disposiciones inoficiosas o de preterición (arts. 814 y siguientes), que no se resuelven en el procedimiento de división. En los territorios con derecho civil propio rigen las normas forales, que pueden alterar el sistema.

Colación, imputación y pago de deudas de la herencia

La colación (art. 1035) obliga al heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a la sucesión del ascendiente, a traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido de aquel en vida, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlos en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición; no hay colación si el donante lo ha prohibido expresamente o si el heredero repudia la herencia. Las donaciones también se imputan a la legítima o a la parte libre según la voluntad del causante. En cuanto a las deudas, los acreedores reconocidos pueden oponerse a que se lleve a efecto la partición hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos (art. 1082), y la partición no perjudica los derechos de los acreedores. El pago de las deudas hereditarias y de los legados se tiene en cuenta en la liquidación, de modo que lo que reciba cada heredero es un haber líquido. Las operaciones de colación e imputación son de las más complejas del cuaderno particional y la causa más frecuente de impugnación.

Efectos de la partición: adjudicación, evicción y saneamiento

La partición declara, y no crea, la titularidad de cada heredero sobre los bienes adjudicados, que se entiende heredada del causante desde su muerte, y confiere a cada uno la propiedad exclusiva de lo adjudicado (art. 1068). Los coherederos están obligados mutuamente a la evicción y saneamiento de los bienes adjudicados (art. 1069), de modo que si un heredero pierde un bien adjudicado por una causa anterior a la partición, los demás deben indemnizarlo en proporción a sus cuotas. Los títulos de adquisición de los herederos son la aceptación de la herencia y la partición, y para la inscripción en el Registro de la Propiedad se requiere el título sucesorio y el documento de partición debidamente formalizado. La aprobación judicial de las operaciones divisorias, con el testimonio del decreto o de la resolución, junto con la escritura de protocolización, es título inscribible. Debe además pagarse el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de gestión autonómica, y, en su caso, la plusvalía municipal, que no son objeto del procedimiento pero condicionan la inscripción.

Resumen de resoluciones y recursos en la división de la herencia

Conviene distinguir qué órgano resuelve en cada fase. a) Admisión de la solicitud y convocatoria de la comparecencia: Letrado de la Administración de Justicia. b) Nombramiento del contador y de los peritos: acuerdo unánime en la comparecencia y, en su defecto, designación por el LAJ por sorteo. c) Controversia sobre el inventario o las operaciones divisorias: tribunal, por los trámites del juicio verbal, con sentencia. d) Aprobación de las operaciones sin oposición: LAJ, mediante decreto. e) Entrega de bienes a cada heredero y expedición de testimonio: tribunal o LAJ según la fase, tras la firmeza. Los recursos son los generales de la LEC: revisión contra los decretos del LAJ (art. 454 bis) y apelación contra las sentencias y autos definitivos. La razón de este reparto es que el LAJ resuelve lo no contencioso y el órgano jurisdiccional lo que implica decisión sobre derechos controvertidos.

Liquidación del régimen económico matrimonial: ámbito y presupuestos (art. 806 LEC)

El procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial (arts. 806 a 811 LEC) se aplica cuando se ha disuelto un régimen económico matrimonial que genera una masa común, y los cónyuges (o sus herederos) no se ponen de acuerdo en la liquidación. El régimen más frecuente es la sociedad de gananciales, pero la LEC se refiere en general a cualquier régimen económico matrimonial que deba liquidarse. El régimen de gananciales se disuelve (art. 1392 CC) cuando se disuelve el matrimonio, se declara su nulidad, se decreta la separación legal, se pacta un régimen distinto en capitulaciones, o cuando se produce una causa de disolución judicial (art. 1393). La sentencia firme de nulidad, separación o divorcio produce la disolución del régimen (art. 95 CC) y el fallecimiento de un cónyuge la disuelve por la muerte (art. 1392.1.º). La solicitud puede presentarse una vez disuelto el régimen; la aprobación de las operaciones queda condicionada a que la disolución sea firme. Si los cónyuges están de acuerdo, pueden liquidar el régimen en escritura pública notarial, sin necesidad de intervención judicial.

Legitimación, competencia y postulación en la liquidación

Está legitimado para solicitar la liquidación cualquiera de los cónyuges o, si uno ha fallecido, sus herederos. El procedimiento se sigue frente al otro cónyuge o sus herederos. Cuando uno de los cónyuges ha fallecido sin haberse liquidado el régimen, sus herederos ocupan su posición. En cuanto a la competencia, cuando la liquidación se pide como consecuencia de un proceso de nulidad, separación o divorcio, conoce, por regla general, el tribunal que conoció del proceso matrimonial; en los demás casos, se aplican las reglas generales de competencia territorial (contrastar el precepto exacto). Rigen las reglas de postulación del juicio verbal (abogado y procurador). Es un procedimiento independiente del matrimonial, que se inicia a instancia de parte, nunca de oficio.

Fase de inventario de la masa ganancial (arts. 807 a 809 LEC)

Quien solicita la liquidación presenta una propuesta de inventario con relación de bienes (activo) y deudas (pasivo) del régimen. El LAJ cita a los cónyuges a una comparecencia para formar inventario. Si hay acuerdo, se aprueba el inventario; si no, la controversia sobre las partidas discutidas (inclusión o exclusión, valor, carácter ganancial o privativo) se sustancia por los trámites del juicio verbal y se resuelve por sentencia. El inventario comprende el activo (los bienes gananciales existentes y el importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados, art. 1397 CC) y el pasivo (deudas de la sociedad, art. 1398 CC, y créditos de cada cónyuge contra la sociedad). Para la discusión sobre el carácter de los bienes opera la presunción legal de ganancialidad de los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que son privativos de uno de los cónyuges (art. 1361 CC), por lo que la carga de la prueba corresponde a quien alegue la privatividad. Los reintegros y reembolsos entre el patrimonio ganancial y los privativos se reconocen en la fase de liquidación (art. 1358 CC).

Operaciones de liquidación y división: contador, pasivo y reparto

Aprobado o resuelto el inventario, si los cónyuges no se ponen de acuerdo sobre la liquidación, se aplican las normas de la división de la herencia (art. 810 LEC): se nombran contador-partidor y peritos, el contador elabora las operaciones de liquidación y división, que se ponen de manifiesto a los cónyuges, y se aprueban si hay conformidad o se resuelve la oposición por los trámites del juicio verbal. El orden de las operaciones lo marca el Código Civil: primero se paga el pasivo de la sociedad, es decir, las deudas pendientes frente a terceros, y se hacen los reintegros y reembolsos entre los patrimonios; después se liquida el haber ganancial y el remanente líquido se divide por mitad entre los cónyuges o sus herederos (art. 1404 CC), con independencia de la aportación económica de cada cual, salvo que en capitulaciones se hubiera pactado otra proporción. Si el activo no basta para pagar las deudas, se prevé el pago o la adjudicación de bienes a los acreedores. En la formación de lotes, cada cónyuge tiene un derecho de atribución preferente sobre determinados bienes (art. 1406 CC): los de uso personal de no extraordinario valor, la explotación económica que gestione con carácter prevalente, el local en que ejerza su profesión y, en caso de muerte del otro, la vivienda en que tuviera su residencia habitual, con abono en metálico de la diferencia si hay exceso. La vivienda familiar se adjudica a uno de los cónyuges con compensación al otro o se vende y se reparte el precio. En lo no previsto, el Código Civil remite a las reglas sobre partición de la herencia (art. 1410).

Oposición, aprobación y efectos de la liquidación

La aprobación de las operaciones de liquidación se hace por decreto del LAJ si hay conformidad y por resolución del tribunal tras el juicio verbal si ha habido oposición. Aprobada, cesa la comunidad postganancial, cada cónyuge es dueño exclusivo de los bienes que se le adjudiquen y puede disponer libremente de ellos; los bienes inmuebles se protocolizan e inscriben a nombre de cada cónyuge. La liquidación no perjudica a los acreedores de la sociedad, que conservan sus créditos frente a los bienes y frente a los cónyuges en los términos del Código Civil (arts. 1401 y 1402). Como las medidas sobre uso de la vivienda familiar se habrán fijado en el proceso matrimonial (art. 96 CC), el uso atribuido se mantiene durante la liquidación, aunque la titularidad se asigne a uno u otro cónyuge en la partición, de modo que no hay contradicción entre ambos procesos. Entre la liquidación y la herencia, cuando fallece un cónyuge sin liquidar, se liquida primero el régimen para separar la mitad del cónyuge supérstite y después se divide la herencia del fallecido, integrada por su mitad de gananciales y sus bienes privativos; pueden tramitarse conjuntamente si coinciden los interesados.

Otros regímenes económicos matrimoniales y derechos forales

La LEC habla de liquidación del régimen económico matrimonial en general, pero la mayor parte de las controversias judiciales se refieren a la sociedad de gananciales, que es el régimen supletorio en el Derecho común (art. 1316 CC). En el régimen de separación de bienes no existe masa común que dividir, pues cada cónyuge conserva la titularidad y administración de sus bienes, aunque pueden existir bienes en copropiedad ordinaria (que se dividen conforme a la acción de división del art. 400 CC) y, en su disolución, puede nacer a favor del cónyuge que hubiera trabajado para la casa una compensación (art. 1438 CC). En el régimen de participación en las ganancias, la extinción del régimen da lugar a un crédito de participación a favor del cónyuge que haya obtenido menos ganancias (arts. 1411 y siguientes), que puede reclamarse. Los territorios con derecho civil propio (Cataluña, Aragón, Baleares, Navarra, País Vasco y Galicia) tienen regímenes matrimoniales y sistemas de liquidación propios, que se aplican a quienes tengan la vecindad civil correspondiente. A estos efectos, la ley aplicable al régimen económico matrimonial en supuestos internacionales se determina por los Reglamentos (UE) 2016/1103 (regímenes económicos matrimoniales) y 2016/1104 (efectos patrimoniales de las uniones registradas).

Reintegros, reembolsos y vivienda familiar en la liquidación

La liquidación suele concentrar sus conflictos en tres cuestiones. a) Reembolsos entre patrimonios: cuando se adquiere un bien con dinero de distinta procedencia, el bien tiene carácter ganancial o privativo según su naturaleza, pero se debe reembolso al patrimonio que aportó el dinero, mediante el reintegro de su importe actualizado al tiempo de la liquidación (art. 1358 CC). b) Bienes adquiridos con precio aplazado o con préstamo hipotecario: se aplica la regla del art. 1357 CC, de modo que los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad tendrán carácter privativo, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial, y se produce un crédito a favor de la sociedad. c) Vivienda familiar: el uso atribuido en el proceso matrimonial (art. 96 CC) condiciona la forma de adjudicación, pero no la titularidad; la vivienda se puede adjudicar a uno de los cónyuges con abono en metálico al otro, venderse y repartirse el precio, o mantenerse en proindiviso con el uso atribuido. El tribunal debe coordinar las dos decisiones.

Vías extrajudiciales alternativas y su relación con el procedimiento judicial

La vía judicial es subsidiaria. Hay alternativas extrajudiciales: la partición notarial por acuerdo de los herederos (art. 1058 CC), la designación notarial de contador-partidor dativo tras la Ley 15/2015 y la liquidación notarial del régimen matrimonial en escritura pública si los cónyuges están de acuerdo, para las que es útil además el recurso a la mediación (Ley 5/2012). Desde la LO 1/2025, el intento de un MASC puede ser exigible antes de acudir a la vía judicial en procesos civiles que no estén exceptuados, de modo que conviene comprobar si el procedimiento de división o de liquidación está comprendido o exceptuado (por ejemplo, por versar sobre materias de las que las partes no pueden disponer), consultando el art. 5 de la LO 1/2025. En cualquier caso, a los efectos del examen, las dos alternativas notariales (partición por acuerdo y contador dativo) y la judicial son entre sí independientes y la elección de una de ellas impide continuar simultáneamente con otra sobre el mismo objeto.

Diferencias entre la división de la herencia y la liquidación del régimen económico matrimonial

Cuadro comparativo. Objeto: en la herencia, la comunidad hereditaria; en la liquidación, la masa ganancial o el patrimonio común del régimen. Preceptos: arts. 782 a 805 frente a arts. 806 a 811. Legitimación: coherederos y legatarios de parte alícuota frente a cualquiera de los cónyuges o sus herederos. Competencia: último domicilio del causante (art. 52.1.4.º) frente a, por regla general, el tribunal que conoció del proceso matrimonial. Fases: comparecencia para contador y peritos, inventario, avalúo, liquidación y división, oposición y aprobación en la herencia; inventario primero y luego, si no hay acuerdo, operaciones de liquidación con contador y peritos en la liquidación del régimen. Medidas cautelares propias: intervención y administración del caudal solo en la herencia. Reglas sustantivas: arts. 1051 y siguientes del Código Civil frente a arts. 1392 y siguientes. Remisión: la liquidación se rige supletoriamente por las normas de la herencia (art. 810 LEC y art. 1410 CC).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • División de la herencia: arts. 782 a 789 LEC; intervención y administración del caudal: a partir del art. 790; liquidación del régimen económico matrimonial: arts. 806 a 811 (Título III del Libro IV).
  • Legitimación en la división de la herencia: cualquier coheredero o legatario de parte alícuota (art. 782.1); no el legatario de cosa concreta ni los acreedores.
  • No procede la división judicial si el testador designó contador-partidor o persona con facultad de partir (art. 782.1 LEC); la partición por contador dativo notarial tras la Ley 15/2015 es una vía previa alternativa.
  • Competencia territorial: último domicilio del causante (art. 52.1.4.º LEC); si fue en el extranjero, el lugar de España donde estén la mayor parte de los inmuebles.
  • El contador-partidor y los peritos se nombran por acuerdo de los interesados en la comparecencia convocada por el LAJ; a falta de acuerdo, mediante designación judicial por sorteo entre profesionales.
  • Operaciones divisorias: inventario, avalúo, liquidación y división (adjudicación); se plasman en el cuaderno particional, cuyos criterios debe motivar el contador.
  • La oposición al inventario o al cuaderno particional se tramita por los trámites del juicio verbal; la resolución sobre inclusión o exclusión de bienes no prejuzga la titularidad y no impide el declarativo posterior.
  • Con conformidad de todos los interesados, el LAJ aprueba las operaciones por decreto; con oposición, resuelve el tribunal tras el juicio verbal.
  • Aprobada la partición, cesa la comunidad y cada heredero adquiere la propiedad exclusiva de lo adjudicado (art. 1068 CC); la protocolización notarial permite la inscripción registral.
  • Rescisión de la partición por lesión en más de la cuarta parte (art. 1074 CC); la acción prescribe a los cuatro años (art. 1076).
  • Gastos de contador y peritos: a cargo de la herencia; solo el incidente de oposición con vencedor y vencido genera condena en costas.
  • Fiscal y defensor judicial: cuando hay menores o personas con apoyos interesados, interviene el Ministerio Fiscal en su defensa (art. 3.7 de su Estatuto Orgánico) y se designa defensor judicial en caso de conflicto de intereses.
  • Liquidación del régimen económico: la solicitud se presenta con propuesta de inventario; el pasivo se paga primero y el remanente se divide por mitad (art. 1404 CC); atribución preferente de ciertos bienes (art. 1406 CC).
  • En la liquidación se aplican supletoriamente las normas de la división de la herencia (art. 810 LEC y art. 1410 CC).
  • Presunción de ganancialidad: los bienes existentes en el matrimonio se presumen gananciales mientras no se pruebe que son privativos (art. 1361 CC).
  • Trampa típica: confundir la intervención del caudal (medida cautelar de aseguramiento, solo en herencia) con la administración, y la oposición dentro del procedimiento con la acción de rescisión posterior a la partición.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Conforme al art. 1074 del Código Civil, las particiones pueden rescindirse por lesión cuando esta excede de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 28 de Gestión Procesal (Justicia)?

Los procedimientos de división judicial de patrimonios del Libro IV de la LEC dan solución procesal a dos situaciones de comunidad que los interesados no logran disolver de común acuerdo: la comunidad hereditaria (división de la herencia, Título II, arts. 782 a 805, que incluye también la intervención y la administración del caudal hereditario) y la comunidad que deriva de la disolución del régimen económico matrimonial (liquidación del régimen económico matrimonial, Título III, arts. 806 a 811). Ambos se estructuran en fases: solicitud, convocatoria de los interesados a comparecencia, designación de contador-partidor y peritos, formación de inventario, avalúo, liquidación y división, oposición a las operaciones y aprobación judicial. La liquidación del régimen matrimonial toma de la división de la herencia, por remisión legal, las reglas de las operaciones particionales. El tema exige conocer tanto el procedimiento (quién, ante quién, cómo y con qué resolución) como las reglas sustantivas del Código Civil sobre partición, colación, legítimas, gananciales y reintegros que los operadores aplican en cada fase.

¿Qué hay que memorizar del Tema 28 para el examen?

División de la herencia: arts. 782 a 789 LEC; intervención y administración del caudal: a partir del art. 790; liquidación del régimen económico matrimonial: arts. 806 a 811 (Título III del Libro IV). Legitimación en la división de la herencia: cualquier coheredero o legatario de parte alícuota (art. 782.1); no el legatario de cosa concreta ni los acreedores. No procede la división judicial si el testador designó contador-partidor o persona con facultad de partir (art. 782.1 LEC); la partición por contador dativo notarial tras la Ley 15/2015 es una vía previa alternativa. Competencia territorial: último domicilio del causante (art. 52.1.4.º LEC); si fue en el extranjero, el lugar de España donde estén la mayor parte de los inmuebles. El contador-partidor y los peritos se nombran por acuerdo de los interesados en la comparecencia convocada por el LAJ; a falta de acuerdo, mediante designación judicial por sorteo entre profesionales. Operaciones divisorias: inventario, avalúo, liquidación y división (adjudicación); se plasman en el cuaderno particional, cuyos criterios debe motivar el contador. La oposición al inventario o al cuaderno particional se tramita por los trámites del juicio verbal; la resolución sobre inclusión o exclusión de bienes no prejuzga la titularidad y no impide el declarativo posterior. Con conformidad de todos los interesados, el LAJ aprueba las operaciones por decreto; con oposición, resuelve el tribunal tras el juicio verbal. Aprobada la partición, cesa la comunidad y cada heredero adquiere la propiedad exclusiva de lo adjudicado (art. 1068 CC); la protocolización notarial permite la inscripción registral. Rescisión de la partición por lesión en más de la cuarta parte (art. 1074 CC); la acción prescribe a los cuatro años (art. 1076). Gastos de contador y peritos: a cargo de la herencia; solo el incidente de oposición con vencedor y vencido genera condena en costas. Fiscal y defensor judicial: cuando hay menores o personas con apoyos interesados, interviene el Ministerio Fiscal en su defensa (art. 3.7 de su Estatuto Orgánico) y se designa defensor judicial en caso de conflicto de intereses. Liquidación del régimen económico: la solicitud se presenta con propuesta de inventario; el pasivo se paga primero y el remanente se divide por mitad (art. 1404 CC); atribución preferente de ciertos bienes (art. 1406 CC). En la liquidación se aplican supletoriamente las normas de la división de la herencia (art. 810 LEC y art. 1410 CC). Presunción de ganancialidad: los bienes existentes en el matrimonio se presumen gananciales mientras no se pruebe que son privativos (art. 1361 CC). Trampa típica: confundir la intervención del caudal (medida cautelar de aseguramiento, solo en herencia) con la administración, y la oposición dentro del procedimiento con la acción de rescisión posterior a la partición.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 52.1.4.º y 782-811.
  • Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil, arts. 400, 1035, 1051-1082, 1361, 1392-1410 y 95.
  • Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, arts. 66 y 67 (contador-partidor dativo).
  • Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
  • Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, art. 3.7.
  • Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad (defensor judicial, art. 295 CC).
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (MASC, Tribunales de Instancia).

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