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Tema 26. Juicio ordinario. Procesos que se sustancian por los trámites del juicio declarativo ordinario. La demanda y su objeto, documentos que deben acompañarla. La contestación a la demanda y otras actitudes del demandado: la rebeldía. Problemas derivados de la ampliación de la demanda y la reconvención. Audiencia previa. Vista de juicio. Diligencias finales. Terminación del procedimiento por medio de sentencia, auto o decreto, aspectos formales de estas resoluciones. Allanamiento, desistimiento, transacción, satisfacción extraprocesal.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El juicio ordinario es el proceso declarativo general de la LEC (Libro II, Título II, arts. 399 a 436), previsto para las materias que la ley enumera con independencia de su cuantía y para las demandas de cuantía superior a la del juicio verbal o inestimable. Se estructura en cuatro fases: alegaciones escritas (demanda, contestación y, en su caso, reconvención y su contestación), audiencia previa al juicio (saneamiento, fijación del objeto del litigio y proposición y admisión de prueba), juicio o vista (práctica de la prueba y conclusiones) y sentencia, con la posibilidad excepcional de diligencias finales. El tema comprende también la rebeldía, la ampliación de la demanda, la reconvención y las formas de terminación del proceso distintas de la sentencia sobre el fondo (allanamiento, desistimiento, renuncia, transacción y satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto), así como la clasificación y los aspectos formales de las resoluciones judiciales (providencias, autos, sentencias, decretos y diligencias de ordenación).

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Procesos que se sustancian por los trámites del juicio ordinario (arts. 248 y 249 LEC)

El art. 248 LEC establece que los asuntos civiles se sustancian por los procesos que la ley regula: juicio ordinario, juicio verbal y procesos especiales. El art. 249.1 enumera las materias que se tramitan por el juicio ordinario cualquiera que sea su cuantía: las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona; las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y de cualquier otro derecho fundamental, salvo el derecho de rectificación (con intervención siempre del Ministerio Fiscal y tramitación preferente); las de impugnación de acuerdos sociales adoptados por juntas o asambleas generales o por órganos de administración; las que ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad; las relativas a condiciones generales de la contratación; las que versen sobre cuestiones arrendaticias (urbanas o rústicas) que no sean reclamaciones de rentas o desahucio, que van por el juicio verbal; y las que ejerciten acciones de retracto y otras que la ley enumera en ese precepto. Por razón de la cuantía, el art. 249.2 atribuye al juicio ordinario las demandas cuya cuantía exceda del límite del juicio verbal (15.000 euros tras la reforma de 2025; 6.000 euros antes de ella) y aquellas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo. Cuando hay concurrencia entre materia y cuantía, prevalece el criterio de la materia: un asunto del art. 249.1 se tramita por el ordinario aunque su cuantía sea pequeña, y el que está incluido en el art. 250.1 por el verbal aunque sea de cuantía elevada. Las reglas de determinación de la cuantía están en los arts. 251 y 252, y si el valor es inestimable la demanda se tramita por el ordinario.

La demanda: forma, contenido y objeto (arts. 399 y 400 LEC)

El juicio ordinario principia por demanda, en la que se consignan los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y del domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, y se fijan con claridad y precisión los hechos, los fundamentos de derecho y lo que se pida, en los términos del art. 399. Los hechos se narran de forma ordenada y separada, y los fundamentos de derecho se exponen con la debida separación, de modo que el demandado conozca la causa de pedir y el petitum. El objeto del proceso queda fijado con la demanda y la contestación (art. 412: no se puede alterar después, salvo lo previsto en la ley, como los hechos nuevos del art. 286 o las alegaciones complementarias de la audiencia previa, art. 426). Si la demanda adolece de defectos formales o de falta de claridad, se procede a su subsanación. El art. 400 impone al actor la carga de alegar en la demanda todos los hechos y fundamentos jurídicos que sirvan de base a su pretensión, de manera que, cuando los hechos o fundamentos puedan ser alegados en un proceso, no podrán alegarse en otro posterior con el fin de sustentar la misma petición (preclusión de la alegación y efecto de la cosa juzgada, art. 400.2). Cuando el actor ejercita varias acciones puede acumularlas (arts. 71 y siguientes), siempre que no se excluyan entre sí y no deban ventilarse en juicios de distinta naturaleza.

Documentos que deben acompañar a la demanda (arts. 264 y 265 LEC)

Con la demanda deben presentarse: a) los documentos procesales (art. 264): el poder otorgado al procurador, los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya, los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa a efectos de determinar la cuantía y los demás exigidos por la ley, entre ellos, desde la LO 1/2025, el documento que acredite haber intentado un medio adecuado de solución de controversias cuando este sea exigible; y b) los documentos relativos al fondo (art. 265): los documentos en que las partes funden directamente sus derechos, los medios e instrumentos que permitan archivar y reproducir palabras, imágenes y cifras, los dictámenes periciales en que se apoyen y los informes sobre hechos relevantes elaborados por profesionales de la investigación privada. La regla general es la preclusión: los documentos fundamentales que no se aporten con la demanda o la contestación no podrán aportarse después, salvo las excepciones del art. 270 (documentos de fecha posterior, documentos anteriores de los que no se tenía conocimiento o que no pudieron obtenerse). Si no puede aportar el dictamen pericial junto con la demanda, el actor debe anunciarlo y aportarlo antes de la audiencia previa (art. 337), y los documentos que no obren en su poder se designan indicando el archivo en que se encuentren (art. 265.2).

Admisión de la demanda: control de presupuestos y traslado (arts. 403 y 404 LEC)

Presentada la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia examina su regularidad formal. El art. 403 dispone que las demandas solo se inadmiten en los casos y por las causas expresamente previstas en la ley, y que, cuando el defecto sea subsanable, se concede un plazo para corregirlo. Si aprecia falta de jurisdicción o de competencia, o la inadmisibilidad de la demanda, da cuenta al tribunal para que resuelva por auto. Si no hay obstáculos, admite la demanda (resolución del LAJ en forma de decreto, art. 206.2) y da traslado al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles (art. 404.1), con emplazamiento al demandado y con apercibimiento de que, si no comparece, será declarado en rebeldía. Los tribunales pueden también inadmitir la demanda por falta de acreditación del intento de MASC en los casos en que sea exigible. En los emplazamientos, las notificaciones se realizan por los medios electrónicos que impone la ley a los profesionales y personas jurídicas (arts. 152 y siguientes) y, en su defecto, por los medios tradicionales; si no se localiza al demandado se acude a las averiguaciones de domicilio (art. 156) y, en último término, a edictos (art. 164).

Actitudes del demandado y contestación a la demanda (arts. 404 a 408 LEC)

Emplazado el demandado, puede adoptar estas actitudes: 1) no comparecer ni contestar: será declarado en rebeldía; 2) comparecer y contestar oponiéndose a la demanda; 3) allanarse (art. 21), total o parcialmente; 4) plantear la declinatoria si discute la jurisdicción o la competencia (arts. 63 y 64), dentro de los diez primeros días del plazo para contestar, lo que suspende el plazo de contestación hasta su resolución; 5) formular reconvención (art. 406), junto con la contestación. La contestación se presenta por escrito, en veinte días hábiles desde el traslado (art. 404), y se ajusta a los requisitos de forma de la demanda (art. 405): el demandado debe pronunciarse sobre los hechos de la demanda, admitiéndolos, negándolos o expresando que los desconoce, y las respuestas evasivas o meramente negativas pueden ser tenidas como admisión tácita de los hechos que le perjudiquen (art. 405.2). En la contestación el demandado alega las excepciones procesales y materiales, y debe aportar los documentos fundamentales y dictámenes periciales en que se apoye, con las mismas reglas de preclusión que el actor. Si hay varios demandados, el plazo es individual para cada uno desde su emplazamiento.

La rebeldía del demandado (arts. 496 a 508 LEC)

La rebeldía procesal es la situación en que se encuentra el demandado que, emplazado en forma, no comparece en el plazo. El LAJ la declara por decreto (art. 496.1) y la declaración no se considera ni allanamiento ni admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga otra cosa (art. 496.2): el proceso sigue y el actor debe probar sus pretensiones. La notificación de la resolución que ponga fin al proceso se hace al rebelde en la forma que determina el art. 497 y 498 (personal si es posible, y mediante edicto si no se localiza). El demandado rebelde puede comparecer en cualquier momento del procedimiento, pero sin retroceder las actuaciones (art. 499). Frente a las sentencias firmes dictadas en rebeldía, la ley ofrece al rebelde que no pudo comparecer por fuerza mayor ininterrumpida o por desconocimiento de la demanda el remedio de la rescisión de la sentencia firme mediante audiencia al rebelde (arts. 501 a 508), con plazos de caducidad breves desde la notificación de la sentencia. Debe distinguirse la rebeldía (no comparecer) de la contumacia en los recursos y de la incomparecencia a un acto concreto.

Reconvención y ampliación de la demanda (arts. 401, 406 y 407 LEC)

La ampliación de la demanda permite al actor acumular nuevas acciones o extender la demanda a nuevos demandados, pero solo hasta antes de la contestación: una vez contestada la demanda no puede ampliarse (art. 401, y art. 412 sobre la prohibición de alterar el objeto). Si se amplía antes de la contestación, el plazo para contestar se reinicia desde el traslado de la ampliación. Para los hechos que surjan después de la demanda, el art. 286 permite alegar hechos nuevos o de nueva noticia. La reconvención es la pretensión que el demandado formula contra el actor en el mismo escrito de contestación (art. 406.1); se admite si existe conexión entre sus pretensiones y las de la demanda principal, y no se admite cuando el tribunal carezca de competencia objetiva para conocer de ella o cuando la acción reconvencional deba ventilarse en un juicio de diferente tipo (art. 406.2); debe cumplir los requisitos de la demanda y se tramita con la principal y se resuelve en una única sentencia. El actor contesta a la reconvención en el plazo de veinte días (art. 407). Es frecuente en el examen distinguir reconvención (pretensión nueva del demandado contra el actor), excepción (defensa que se limita a oponerse a la pretensión del actor) y compensación (que puede alegarse como excepción o reconvención).

Excepciones procesales y su tratamiento en la audiencia previa (arts. 416 y siguientes LEC)

En la audiencia previa el tribunal examina y resuelve las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución del proceso y a su terminación mediante sentencia sobre el fondo. Conforme al art. 416.1, esas cuestiones son: 1.ª falta de capacidad de los litigantes o de representación; 2.ª cosa juzgada o litispendencia; 3.ª falta del debido litisconsorcio; 4.ª inadecuación del procedimiento; 5.ª defecto legal en el modo de proponer la demanda o, en su caso, la reconvención, por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o de la petición que se deduzca. La falta de jurisdicción o de competencia no se plantea en la audiencia previa sino mediante declinatoria dentro de los diez primeros días del plazo para contestar (arts. 63 a 65), sin perjuicio de que el tribunal pueda apreciar de oficio la falta de jurisdicción y la competencia objetiva o funcional (arts. 37 y 38); la sumisión del litigio a arbitraje se alega también por declinatoria (art. 63.1 LEC y art. 11 de la Ley 60/2003). Cuando los defectos son subsanables, se da a las partes ocasión de subsanarlos en el acto o dentro del plazo que se conceda. Si el defecto no puede subsanarse o no se subsana, el tribunal pone fin al proceso mediante auto, sin entrar en el fondo, salvo que la ley prevea otra consecuencia. La falta de legitimación (ad causam) no se resuelve como excepción procesal: es una cuestión de fondo que se resuelve en la sentencia.

La audiencia previa: convocatoria, asistencia y contenido (arts. 414 a 430 LEC)

Contestada la demanda o la reconvención, el LAJ convoca a las partes a una audiencia dentro de los veinte días siguientes (art. 414.1). La audiencia tiene cuatro finalidades principales, que se desarrollan en el siguiente orden: 1) intentar un acuerdo o transacción que ponga fin al proceso (art. 415), pudiendo el tribunal invitar a las partes a recurrir a la mediación u otro medio de solución; 2) resolver las cuestiones procesales que puedan obstar a la válida prosecución y término del proceso (arts. 416 a 421); 3) fijar con precisión el objeto del proceso y las cuestiones sobre las que exista controversia entre las partes (arts. 426 a 428), incluidas las aclaraciones y alegaciones complementarias; 4) proponer y admitir la prueba (art. 429), tras lo cual el tribunal fija la fecha del juicio. La audiencia es preceptiva, y las partes deben asistir con abogado: si no comparecen ambas partes, se sobresee el proceso (art. 414.3). Se denomina previa porque se celebra antes del juicio, pero concentra la fase de saneamiento. Si las partes están de acuerdo en los hechos y solo discuten cuestiones jurídicas, el tribunal puede dictar sentencia sin juicio (art. 428.3), y si se dan las circunstancias del art. 429.8 puede decidir que no ha lugar a la vista y dictar sentencia.

Fijación de hechos controvertidos y no controvertidos en la audiencia previa

Superado, en su caso, el examen de las cuestiones procesales, la audiencia previa continúa con la fijación con precisión de los términos del debate: el tribunal, oyendo a las partes, delimita los hechos que resultan controvertidos (sobre los que versará la prueba) y aquellos que, por no haber sido negados o por resultar admitidos por ambas partes, quedan excluidos de la necesidad de prueba, con la finalidad de concentrar el esfuerzo probatorio en las cuestiones realmente discutidas y evitar dilaciones innecesarias en la fase de prueba del juicio.

Proposición y admisión de la prueba en la audiencia previa (art. 429 LEC)

Fijados los hechos, las partes proponen en la audiencia previa los medios de prueba de que intenten valerse, y el tribunal se pronuncia sobre su admisión conforme a los criterios de pertinencia, utilidad y licitud (arts. 281, 283 y 287): se rechaza la prueba impertinente, inútil o que se haya obtenido violando derechos fundamentales; la prueba ilícita se alega en la audiencia previa o, si se descubre después, en el juicio. Si el tribunal considera que la prueba propuesta puede resultar insuficiente para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, lo advierte a las partes, indicando la prueba que estima necesaria (art. 429.1), lo que no equivale a acordar prueba de oficio. Contra la inadmisión de la prueba cabe formular protesta, a efectos de poder impugnarla en el recurso de apelación contra la sentencia (art. 285.2). Es decisivo recordar que la proposición de prueba en el ordinario se hace en la audiencia previa, a diferencia del juicio verbal, donde se propone en la vista (art. 443.4).

Señalamiento y desarrollo del juicio (arts. 429.8 a 433 LEC)

Admitida la prueba, el tribunal señala la fecha del juicio, que debe celebrarse en el plazo máximo de un mes desde la conclusión de la audiencia previa (art. 429.8), con la finalidad de preservar la inmediación. El juicio se celebra con asistencia del tribunal, de las partes con sus abogados y procuradores y, en su caso, del Ministerio Fiscal; se graba en soporte audiovisual y se documenta por el LAJ (art. 147). Comienza con la práctica de las pruebas admitidas. La falta de comparecencia de las partes no suspende el juicio si ha sido citada en forma, aunque pueden producirse las consecuencias de la ausencia (por ejemplo, la ficta confessio). La suspensión del juicio solo procede en los casos del art. 188 (muerte o enfermedad del abogado, imposibilidad de comparecer por fuerza mayor y, de acuerdo con el apartado 1, la solicitud de ambas partes por motivos justificados). Una vez concluida la práctica de la prueba, las partes formulan sus conclusiones y el juicio queda visto para sentencia.

El interrogatorio de las partes y la ficta confessio (arts. 301 a 316 LEC)

El interrogatorio de las partes se practica en el juicio. Cada litigante responde a las preguntas sobre hechos y circunstancias de los que tenga noticia y que guarden relación con el objeto del juicio. Si la parte citada no comparece sin justa causa o, comparecida, se niega a declarar o da respuestas evasivas, el tribunal puede considerar reconocidos como ciertos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial (ficta confessio, art. 304), siempre que se le haya apercibido de esta consecuencia al citarla. La confesión de una parte, a diferencia de la ficta confessio, es el reconocimiento expreso de un hecho perjudicial para ella (art. 316), que se valora libremente salvo cuando la ley disponga otra cosa. El interrogatorio de las personas jurídicas y de los entes sin personalidad se hace por medio de quien legalmente las represente y tenga conocimiento personal de los hechos (art. 309), y el tribunal valora libremente las respuestas.

Orden de práctica de la prueba en el juicio (art. 300 LEC)

Salvo que el tribunal, de oficio o a instancia de parte, acuerde otro orden por razones justificadas, la prueba se practica en el juicio en este orden: 1.º interrogatorio de las partes; 2.º interrogatorio de testigos; 3.º declaraciones de peritos sobre sus dictámenes o escritos de alegaciones; 4.º reconocimiento judicial, si no puede llevarse a cabo en la sede del tribunal y debe tener lugar fuera de ella; 5.º reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación u otros semejantes. La prueba documental se aporta con los escritos de alegaciones y, en el juicio, se dan por reproducidos los documentos ya incorporados. Los peritos declaran sobre sus dictámenes, de forma contradictoria si hubiera varios, y pueden ser interrogados por las partes y aclarar su informe a petición del tribunal (art. 347). Los testigos deben ser identificados y se les formulan preguntas directas (arts. 360 y siguientes); no pueden presenciar el interrogatorio de otros testigos hasta que declaren. La valoración se hace conforme a la sana crítica, salvo prueba legal: documentos públicos (art. 319), documentos privados reconocidos (art. 326), confesión (art. 316).

Conclusiones de las partes

Practicada la prueba, las partes formulan oralmente sus conclusiones, exponiendo de forma ordenada un resumen razonado de los hechos que consideran acreditados y de los que no lo han sido, así como los fundamentos jurídicos aplicables al caso, sin poder alterar en este trámite las pretensiones ni la causa de pedir formuladas en la demanda y contestación, si bien pueden precisar o aclarar las alegaciones ya formuladas cuando el resultado de la prueba lo haga necesario, dentro de los límites de la propia causa de pedir.

Diligencias finales (arts. 435 y 436 LEC)

Las diligencias finales son actuaciones probatorias que se practican después del juicio y antes de la sentencia, con carácter excepcional. Se dividen en dos grupos. 1) A instancia de parte (art. 435.1): las pruebas pertinentes y útiles que, por causas ajenas a la parte que las propuso, no se hubieran podido practicar (por ejemplo, un testigo que no compareció por causa no imputable al proponente), y las relativas a hechos nuevos o de nueva noticia que se produzcan o conozcan tras el juicio (art. 286). 2) Excepcionalmente, el tribunal puede acordar de oficio o a instancia de parte que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no han resultado conducentes por circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos (art. 435.2). Se acuerdan mediante auto y se practican en el plazo de veinte días, quedando suspendido el plazo para dictar sentencia (art. 436). Frente al auto que acuerda o deniega diligencias finales no cabe recurso, sin perjuicio de la protesta para el recurso contra la sentencia. En ningún caso pueden servir para suplir la inactividad probatoria de la parte.

La sentencia: plazo, estructura, congruencia y cosa juzgada (arts. 206 a 222 LEC)

El tribunal dicta sentencia dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio (art. 434.1). Conforme al art. 209, las sentencias se formulan con esta estructura: encabezamiento (lugar, fecha, tribunal, partes, procuradores y abogados y objeto del juicio), antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo, con el pronunciamiento sobre costas. El art. 218.1 exige que sean claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente, y que decidan todos los puntos litigiosos; el art. 218.2 exige que se motiven expresando los razonamientos fácticos y jurídicos. Las sentencias pueden ser estimatorias, desestimatorias o parcialmente estimatorias y de condena, declarativas o constitutivas. Son firmes cuando no cabe recurso o transcurre el plazo sin recurrir (art. 207), y producen cosa juzgada material (art. 222.1), que excluye un proceso posterior con el mismo objeto y se extiende, en su aspecto positivo, a los procesos conexos (art. 222.4). La sentencia es apelable en el plazo de veinte días (art. 458); la sentencia firme dictada en rebeldía puede rescindirse en los casos de los arts. 501 y siguientes. Tras la sentencia, pueden pedirse la aclaración y corrección de errores materiales (art. 214, con plazo de dos días para aclarar) y la subsanación y complemento de omisiones (art. 215, con plazo de cinco días para pedir el complemento).

Resoluciones judiciales: clases y aspectos formales (arts. 206 a 215 LEC)

Las resoluciones de los tribunales civiles son providencias, autos y sentencias (art. 206.1). Las providencias deciden cuestiones procesales que requieren una decisión judicial y no tienen señalada forma de auto, y se fundan sucintamente cuando la ley así lo disponga. Los autos resuelven recursos contra providencias y decretos, admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones, presupuestos procesales, nulidad o validez de actuaciones, medidas cautelares y otras cuestiones que la ley determine. Las sentencias ponen fin al proceso en primera instancia o en los recursos, o resuelven recursos extraordinarios, o deciden cuestiones relevantes del proceso. Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia son diligencias (de ordenación, de constancia, de comunicación y de ejecución) y decretos; los decretos se dictan cuando la ley lo prevé: para admitir la demanda, poner término al procedimiento por desistimiento, allanamiento, satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, resolver cuestiones de tasación de costas, entre otros (art. 206.2). Forma de las resoluciones: art. 208 (los autos y decretos son motivados; las providencias lo son sucintamente cuando proceda), art. 209 (sentencias) y art. 210 (se pueden dictar de forma oral en los casos previstos). El régimen de recursos está en los arts. 451 y siguientes: reposición contra providencias y autos no definitivos, revisión frente a los decretos del LAJ (y reposición frente a las diligencias de ordenación), apelación contra los autos definitivos y las sentencias, y, en su caso, los recursos extraordinarios.

Terminación sin sentencia sobre el fondo: renuncia, desistimiento, allanamiento y transacción (arts. 19 a 22 LEC)

El art. 19 reconoce el poder de disposición de las partes sobre el proceso y su objeto, siempre que no lo prohíba la ley por razones de interés general o en beneficio de tercero. Las formas de terminación anormal son: a) Renuncia a la acción (art. 20.1): el actor abdica de su derecho material y el tribunal dicta sentencia absolutoria con eficacia de cosa juzgada. b) Desistimiento (art. 20): el actor abandona el proceso pero no el derecho, de modo que puede promover otro posterior; si el demandado no ha sido emplazado o, emplazado, aún no ha comparecido, el LAJ dicta decreto poniendo fin al proceso; si ya ha comparecido, se le da traslado para que preste su conformidad o se oponga, y si se opone el tribunal resuelve mediante auto sobre la continuación (si tiene interés legítimo en que el proceso continúe). c) Allanamiento (art. 21): el demandado se somete a la pretensión del actor; el tribunal dicta sentencia condenatoria de acuerdo con lo pedido, salvo que el allanamiento se haga en fraude de ley, suponga renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, en cuyo caso dicta auto rechazándolo y el proceso sigue; el allanamiento parcial permite al actor pedir que se dicte auto acogiendo las pretensiones allanadas, que se ejecuta con arreglo a las normas generales. d) Transacción (art. 19.1 y 415): las partes ponen fin a la controversia mediante concesiones recíprocas, que homologa el tribunal (el acuerdo homologado es título ejecutivo, art. 517.2.3.º, y tiene entre las partes la autoridad de cosa juzgada, art. 1816 del Código Civil). Para facilitar un acuerdo, las partes pueden pedir la suspensión del proceso, por un plazo máximo de sesenta días (art. 19.4). e) Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto (art. 22). La renuncia, el desistimiento y el allanamiento exigen poder especial del procurador (art. 25.2.1.ª).

Satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto (art. 22 LEC)

Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, deja de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida porque se hubiesen satisfecho fuera del proceso las pretensiones del actor, o por cualquier otra causa, se pone de manifiesto esta circunstancia. Si ambas partes están conformes, el LAJ dicta decreto declarando terminado el proceso. Si alguna sostiene que subsiste el interés legítimo, se les cita a comparecencia ante el tribunal, que resuelve por auto. En cuanto a las costas, el criterio general es que cada parte pague las suyas si la desaparición del objeto no es imputable a ninguna de ellas, sin perjuicio de que puedan imponerse a la parte que haya dado causa al proceso y a su posterior pérdida de objeto, conforme a las reglas del art. 394 (vencimiento) y de los arts. 395 a 397.

Costas: criterio del vencimiento y sus excepciones (arts. 394 a 398 LEC)

Como regla general (art. 394.1), en los procesos declarativos las costas de la primera instancia se imponen a la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente rechazadas, salvo que el tribunal aprecie y razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho (se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares). Si la estimación o desestimación es parcial, cada parte abona las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que haya méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad (art. 394.2). Cuando se condena en costas a la parte vencida, no podrá exigirse el pago de una cantidad superior a la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento, salvo temeridad (art. 394.3). En el allanamiento, no procede la condena en costas si el allanamiento se produce antes de contestar a la demanda, salvo mala fe (art. 395.1), apreciándose esta si se hubiere formulado requerimiento fehaciente y justificado de pago o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o conciliación; en el desistimiento, las costas se imponen al actor salvo acuerdo (art. 396). Las costas comprenden honorarios de abogado y procurador (cuando su intervención sea preceptiva), peritos, tasas y demás gastos (art. 241). La liquidación se hace por el LAJ mediante tasación de costas (art. 243), con posibilidad de impugnación por indebidas o excesivas (art. 245).

Recursos y ejecución provisional de la sentencia de primera instancia

La sentencia de primera instancia dictada en juicio ordinario es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días desde la notificación (arts. 455 y 458), con interposición ante el mismo tribunal que dictó la resolución. La interposición del recurso no impide que la parte vencedora inste la ejecución provisional (arts. 524 y siguientes) dentro de los plazos y con los requisitos de la ley, sin necesidad de caución (art. 526.2), salvo las excepciones del art. 525 (por ejemplo, sentencias dictadas en procesos de nulidad, o que condenen a emitir una declaración de voluntad). La sentencia firme produce cosa juzgada y es título de ejecución (art. 517.2.1.º), pudiendo instarse su ejecución forzosa en el plazo de caducidad de la acción ejecutiva (cinco años, art. 518).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ámbito del juicio ordinario: las materias del art. 249.1 LEC con independencia de la cuantía, y las demandas que exceden del límite del juicio verbal (15.000 euros tras la reforma de 2025, 6.000 antes) o de cuantía inestimable (art. 249.2).
  • Entre materia y cuantía prevalece la materia: un asunto del art. 249.1 va por ordinario aunque sea de poca cuantía; uno del art. 250.1 va por verbal aunque la cuantía sea elevada.
  • Plazo para contestar la demanda en el juicio ordinario: veinte días hábiles desde el traslado (art. 404.1); la reconvención se contesta también en veinte días (art. 407).
  • La declinatoria se propone dentro de los diez primeros días del plazo para contestar y suspende el plazo de contestación (arts. 63 y 64); la falta de jurisdicción y de competencia objetiva se puede apreciar de oficio.
  • La rebeldía no es allanamiento ni admisión de los hechos (art. 496.2); el rebelde puede comparecer en cualquier momento sin retroceder las actuaciones, y la rescisión de la sentencia firme está en los arts. 501 y siguientes.
  • Cuestiones procesales de la audiencia previa (art. 416.1): capacidad y representación, cosa juzgada y litispendencia, litisconsorcio, inadecuación del procedimiento y defecto legal en el modo de proponer la demanda. La falta de legitimación es cuestión de fondo.
  • La audiencia previa (art. 414): intento de acuerdo, saneamiento procesal, fijación de hechos controvertidos y proposición y admisión de prueba; se convoca en los veinte días siguientes a la contestación; el juicio se señala en el plazo máximo de un mes.
  • En el juicio ordinario la prueba se propone en la audiencia previa; en el verbal, en la vista (art. 443.4).
  • Orden de la prueba en el juicio (art. 300): interrogatorio de partes, testigos, peritos, reconocimiento judicial y reproducción de imagen y sonido.
  • Ficta confessio (art. 304): la incomparecencia injustificada al interrogatorio, previo apercibimiento, permite considerar reconocidos los hechos personales y enteramente perjudiciales.
  • Diligencias finales (art. 435): como regla a instancia de parte (pruebas no practicadas por causas ajenas o hechos nuevos); de oficio solo excepcionalmente (art. 435.2); se practican en veinte días (art. 436).
  • La sentencia debe dictarse en veinte días desde el fin del juicio (art. 434.1) y ha de ser clara, precisa, congruente y motivada (art. 218); aclaración en dos días (art. 214), complemento en cinco (art. 215).
  • El allanamiento da lugar a sentencia condenatoria conforme a lo pedido salvo fraude de ley, renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero (art. 21); el desistimiento no produce cosa juzgada y, si el demandado ya compareció, requiere su consentimiento (art. 20).
  • La renuncia a la acción produce sentencia absolutoria con cosa juzgada; el desistimiento permite volver a demandar; el desistimiento, la renuncia y el allanamiento exigen poder especial (art. 25.2).
  • La transacción homologada es título ejecutivo (art. 517.2.3.º) y tiene autoridad de cosa juzgada entre las partes (art. 1816 CC); las partes pueden suspender el proceso hasta sesenta días para intentar acuerdo (art. 19.4).
  • Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto (art. 22): decreto del LAJ si hay conformidad; si no, auto del tribunal tras comparecencia.
  • Costas (art. 394): vencimiento objetivo, salvo serias dudas de hecho o de derecho; si estimación parcial, cada parte las suyas y las comunes por mitad; límite de una tercera parte de la cuantía para el condenado, salvo temeridad.
  • Resoluciones: providencias, autos y sentencias (jueces y tribunales); diligencias y decretos (LAJ). Decretos: admisión de demanda y terminación por desistimiento, allanamiento o carencia de objeto, entre otros (art. 206).
  • Trampa frecuente: confundir cuestiones procesales (art. 416) con excepciones de fondo, y declinatoria (antes de contestar) con las cuestiones de la audiencia previa.
  • Desde la LO 1/2025, con la demanda debe acompañarse el documento que acredite el intento de MASC cuando sea exigible.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿En qué plazo debe dictarse sentencia en el juicio ordinario tras la terminación del juicio?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 26 de Gestión Procesal (Justicia)?

El juicio ordinario es el proceso declarativo general de la LEC (Libro II, Título II, arts. 399 a 436), previsto para las materias que la ley enumera con independencia de su cuantía y para las demandas de cuantía superior a la del juicio verbal o inestimable. Se estructura en cuatro fases: alegaciones escritas (demanda, contestación y, en su caso, reconvención y su contestación), audiencia previa al juicio (saneamiento, fijación del objeto del litigio y proposición y admisión de prueba), juicio o vista (práctica de la prueba y conclusiones) y sentencia, con la posibilidad excepcional de diligencias finales. El tema comprende también la rebeldía, la ampliación de la demanda, la reconvención y las formas de terminación del proceso distintas de la sentencia sobre el fondo (allanamiento, desistimiento, renuncia, transacción y satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto), así como la clasificación y los aspectos formales de las resoluciones judiciales (providencias, autos, sentencias, decretos y diligencias de ordenación).

¿Qué hay que memorizar del Tema 26 para el examen?

Ámbito del juicio ordinario: las materias del art. 249.1 LEC con independencia de la cuantía, y las demandas que exceden del límite del juicio verbal (15.000 euros tras la reforma de 2025, 6.000 antes) o de cuantía inestimable (art. 249.2). Entre materia y cuantía prevalece la materia: un asunto del art. 249.1 va por ordinario aunque sea de poca cuantía; uno del art. 250.1 va por verbal aunque la cuantía sea elevada. Plazo para contestar la demanda en el juicio ordinario: veinte días hábiles desde el traslado (art. 404.1); la reconvención se contesta también en veinte días (art. 407). La declinatoria se propone dentro de los diez primeros días del plazo para contestar y suspende el plazo de contestación (arts. 63 y 64); la falta de jurisdicción y de competencia objetiva se puede apreciar de oficio. La rebeldía no es allanamiento ni admisión de los hechos (art. 496.2); el rebelde puede comparecer en cualquier momento sin retroceder las actuaciones, y la rescisión de la sentencia firme está en los arts. 501 y siguientes. Cuestiones procesales de la audiencia previa (art. 416.1): capacidad y representación, cosa juzgada y litispendencia, litisconsorcio, inadecuación del procedimiento y defecto legal en el modo de proponer la demanda. La falta de legitimación es cuestión de fondo. La audiencia previa (art. 414): intento de acuerdo, saneamiento procesal, fijación de hechos controvertidos y proposición y admisión de prueba; se convoca en los veinte días siguientes a la contestación; el juicio se señala en el plazo máximo de un mes. En el juicio ordinario la prueba se propone en la audiencia previa; en el verbal, en la vista (art. 443.4). Orden de la prueba en el juicio (art. 300): interrogatorio de partes, testigos, peritos, reconocimiento judicial y reproducción de imagen y sonido. Ficta confessio (art. 304): la incomparecencia injustificada al interrogatorio, previo apercibimiento, permite considerar reconocidos los hechos personales y enteramente perjudiciales. Diligencias finales (art. 435): como regla a instancia de parte (pruebas no practicadas por causas ajenas o hechos nuevos); de oficio solo excepcionalmente (art. 435.2); se practican en veinte días (art. 436). La sentencia debe dictarse en veinte días desde el fin del juicio (art. 434.1) y ha de ser clara, precisa, congruente y motivada (art. 218); aclaración en dos días (art. 214), complemento en cinco (art. 215). El allanamiento da lugar a sentencia condenatoria conforme a lo pedido salvo fraude de ley, renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero (art. 21); el desistimiento no produce cosa juzgada y, si el demandado ya compareció, requiere su consentimiento (art. 20). La renuncia a la acción produce sentencia absolutoria con cosa juzgada; el desistimiento permite volver a demandar; el desistimiento, la renuncia y el allanamiento exigen poder especial (art. 25.2). La transacción homologada es título ejecutivo (art. 517.2.3.º) y tiene autoridad de cosa juzgada entre las partes (art. 1816 CC); las partes pueden suspender el proceso hasta sesenta días para intentar acuerdo (art. 19.4). Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto (art. 22): decreto del LAJ si hay conformidad; si no, auto del tribunal tras comparecencia. Costas (art. 394): vencimiento objetivo, salvo serias dudas de hecho o de derecho; si estimación parcial, cada parte las suyas y las comunes por mitad; límite de una tercera parte de la cuantía para el condenado, salvo temeridad. Resoluciones: providencias, autos y sentencias (jueces y tribunales); diligencias y decretos (LAJ). Decretos: admisión de demanda y terminación por desistimiento, allanamiento o carencia de objeto, entre otros (art. 206). Trampa frecuente: confundir cuestiones procesales (art. 416) con excepciones de fondo, y declinatoria (antes de contestar) con las cuestiones de la audiencia previa. Desde la LO 1/2025, con la demanda debe acompañarse el documento que acredite el intento de MASC cuando sea exigible.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 19-22, 63-65, 71-73, 206-222, 248-252, 264-265, 286, 300-316, 394-398, 399-436, 455-458, 496-508, 517 y 524-526.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (MASC y documento acreditativo; cuantía del juicio verbal).
  • Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, art. 11.
  • Código Civil, art. 1816 (transacción).

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