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Tema 61. El procedimiento abreviado en el ámbito contencioso-administrativo.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El procedimiento abreviado (art. 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, LJCA) es la modalidad simplificada y oral de tramitación de los recursos contencioso-administrativos de menor entidad, propia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales. Se aplica por razón de la materia (personal, extranjería, dopaje, inadmisión de peticiones de asilo) o de la cuantía (hasta 30.000 euros) y se caracteriza por iniciarse mediante una demanda sucinta y por concentrar en un único acto de vista la contestación, las alegaciones previas, la prueba y las conclusiones, frente a la sucesión de escritos y plazos del procedimiento ordinario.

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Naturaleza y características generales del procedimiento abreviado

El procedimiento abreviado es un cauce especial de primera o única instancia regulado en el art. 78 LJCA, con aplicación supletoria de las normas del procedimiento ordinario y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo no previsto. Sus notas definitorias son: a) inicio mediante demanda sucinta, sin fase previa de escrito de interposición; b) oralidad, pues la contestación, la prueba y las conclusiones se realizan en la vista; c) concentración de trámites en un solo acto; d) inmediación judicial y e) celeridad, con sentencia en un plazo breve tras la vista. Las reglas generales de la LJCA (legitimación, representación y defensa, plazo de dos meses para recurrir contra actos expresos, medidas cautelares, costas, ejecución) siguen siendo aplicables.

Ámbito de aplicación del procedimiento abreviado contencioso-administrativo

Según el art. 78.1 LJCA se tramitan por el procedimiento abreviado los asuntos de la competencia de los Juzgados que versen sobre: cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, extranjería, disciplina deportiva en materia de dopaje e inadmisión de las peticiones de asilo político; y, en los demás casos, aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. El criterio es, por tanto, doble: material (con independencia de la cuantía) y cuantitativo (como regla residual). Hay que recordar que el cauce abreviado solo existe ante los órganos unipersonales; los asuntos que correspondan a las Salas (TSJ, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo) siguen el procedimiento ordinario. Si el asunto entra en los supuestos del abreviado pero la cuantía supera los 30.000 euros, sigue siendo abreviado cuando la materia lo atribuye a este cauce.

Órganos competentes para conocer del procedimiento abreviado

El procedimiento abreviado se tramita ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (arts. 8 y 9 LJCA), que son órganos unipersonales; tras la creación de los Tribunales de Instancia por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, estas competencias se ejercen por las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia, en la medida en que dicha reforma ha ido entrando en vigor por fases (conviene contrastar con el calendario vigente). La competencia territorial se rige por el art. 14 LJCA: con carácter general corresponde al órgano con sede en el territorio del que dictó el acto, y en materia de personal, propiedades especiales y sanciones el demandante puede elegir entre su domicilio y la sede del autor del acto.

Materias atribuidas al procedimiento abreviado por razón de la cuantía

El criterio cuantitativo opera de forma residual: salvo que la materia determine otra cosa, se tramitan por el cauce abreviado los asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. La cuantía se determina por el valor económico de la pretensión objeto del recurso conforme a las reglas de los arts. 40 a 42 LJCA. El umbral de 30.000 euros coincide con el umbral de apelabilidad de las sentencias de los Juzgados (art. 81.1.a LJCA), pero no deben confundirse: uno decide el tipo de procedimiento y el otro el acceso a la segunda instancia.

Materias atribuidas al procedimiento abreviado por razón del objeto

Con independencia de su cuantía se tramitan por el cauce abreviado las cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas (dentro de la competencia de los Juzgados, de la que el art. 8.1.a LJCA excluye lo relativo al nacimiento o extinción de la relación de servicio de los funcionarios de carrera), la extranjería, la disciplina deportiva en materia de dopaje y la inadmisión de las peticiones de asilo político. La razón es la combinación de asuntos de escasa complejidad jurídica y, en extranjería y asilo, de personas que necesitan una respuesta rápida. Los asuntos de extranjería y asilo son los que más abundan en la práctica de este cauce.

La demanda en el procedimiento abreviado: presentación conjunta con el escrito de interposición

A diferencia del procedimiento ordinario, en el que primero se presenta el escrito de interposición y después, tras recibir el expediente, la demanda (20 días, art. 52 LJCA), en el procedimiento abreviado el recurso se inicia directamente mediante una demanda sucinta (art. 78.2 LJCA), en la que se consignan los datos de identificación del demandante y de la actuación administrativa impugnada y se solicita la celebración de vista. El plazo para presentarla es el general de dos meses desde la notificación o publicación del acto expreso (art. 46.1 LJCA), o de seis meses desde que se produzca el acto presunto en caso de silencio. Se acompañan los documentos exigidos con carácter general (art. 45 LJCA: poder o representación, documento que acredite la legitimación, copia del acto impugnado, etc.).

Admisión de la demanda, citación y remisión del expediente

Presentada la demanda, se examina su admisibilidad y, si se admite, el Letrado de la Administración de Justicia señala día y hora para la vista y cita a las partes. En la misma resolución se requiere a la Administración demandada para que remita el expediente administrativo con la antelación suficiente a la vista, de modo que el actor pueda examinarlo antes del acto, y se le informa de la fecha del señalamiento. La Administración debe aportar el expediente completo y foliado, pues el cauce abreviado carece del trámite del art. 48 LJCA (reclamación del expediente en 20 días tras la interposición) propio del ordinario. En caso de que la Administración no remita el expediente, pueden adoptarse las medidas del art. 48 LJCA, incluida la multa coercitiva.

Contenido y remisión del expediente administrativo

El expediente se pone a disposición de las partes antes de la vista. Como la demanda sucinta se formuló sin conocerlo, el actor puede ampliar o modificar sus alegaciones en la vista a la vista del expediente, pidiendo en su caso el recibimiento a prueba. La remisión del expediente no es una carga del demandante, sino una obligación de la Administración demandada, a la que el órgano judicial puede exigir su cumplimiento.

Desarrollo de la vista: ratificación o ampliación de la demanda

La vista se abre con la comparecencia de las partes y la ratificación o ampliación de la demanda por el actor, que puede completar sus pretensiones a la vista del expediente. Si la parte demandada no formula oposición a las cuestiones nuevas, se continúa; si lo solicita, el juez puede conceder, con suspensión del acto, un plazo adecuado para preparar la contestación a las nuevas pretensiones. La vista se documenta mediante soporte de grabación audiovisual (art. 147 LEC, de aplicación supletoria), sin perjuicio del acta que levante el Letrado de la Administración de Justicia.

Alegaciones previas en el acto de la vista

Antes de contestar sobre el fondo, la parte demandada puede plantear alegaciones previas sobre inadmisibilidad del recurso o incompetencia, que se resuelven en el propio acto de la vista, de modo oral. Si se estiman, se pone fin al proceso o se remite al órgano competente; si se desestiman, la vista continúa con la contestación. Así se evita suspender el acto para el resto de cuestiones no afectadas.

La contestación a la demanda en el acto de la vista

La parte demandada contesta oralmente a la demanda en el acto de la vista, alegando lo que a su derecho convenga sobre hechos, fundamentos jurídicos y pretensiones del actor. Contrasta con el procedimiento ordinario, donde la contestación es escrita, con plazo de 20 días desde que se da traslado del expediente y la demanda (art. 54 LJCA). Cuando la demandada es una Administración, se allana, o el actor desiste, el proceso puede terminar de forma anticipada (desistimiento, allanamiento, satisfacción extraprocesal y conciliación: arts. 74 a 77 LJCA).

Proposición y práctica de la prueba en la vista

Tras la fijación de los hechos controvertidos, las partes proponen en la vista los medios de prueba de que quieran valerse; el juez resuelve sobre su admisión y, si es posible, se practican en el mismo acto (testigos, interrogatorio de partes, ratificación de periciales, documentos, reconocimiento judicial). Si la prueba admitida no puede practicarse en el acto, el juez puede suspender la vista y fijar fecha de continuación. La prueba se rige por las reglas generales de los arts. 60 y 61 LJCA y por la LEC en lo no previsto.

Las conclusiones orales de las partes

Practicada la prueba, cada parte formula oralmente sus conclusiones sobre los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos, y el asunto queda visto para sentencia. No existe el trámite de conclusiones escritas sucesivas de diez días propio del procedimiento ordinario (art. 62 LJCA).

La sentencia en el procedimiento abreviado

El juez dicta sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de la vista (frente a los diez días desde las conclusiones del ordinario, art. 67 LJCA). La LJCA admite que se pronuncie sentencia de viva voz en el propio acto, con documentación posterior; en tal caso, si las partes manifiestan en el acto su decisión de no recurrir, se declara la firmeza en el mismo acto. La sentencia debe contener la decisión sobre las costas con arreglo al art. 139 LJCA (criterio del vencimiento en primera o única instancia, salvo serias dudas de hecho o de derecho, con posibilidad de limitar su cuantía).

Régimen de recursos contra la sentencia del procedimiento abreviado

Las sentencias del Juzgado son apelables ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ (o de la Audiencia Nacional para los Juzgados Centrales) salvo las dictadas en asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros (art. 81.1.a LJCA) y las relativas a materia electoral del art. 8.4. Procede siempre la apelación, entre otros supuestos del art. 81.2, en los procedimientos de protección de derechos fundamentales, en los de impugnación indirecta de disposiciones generales y en los litigios entre Administraciones. La apelabilidad depende, pues, de la cuantía y la materia, no del cauce procesal por el que se tramitó el asunto. Como la cuantía en las cuestiones de personal suele ser inferior a 30.000 euros, muchas sentencias del abreviado son firmes.

Extensión de efectos de las sentencias en materia de personal

En asuntos de personal al servicio de las Administraciones Públicas (y en materia tributaria) existe un mecanismo propio, la extensión de efectos de sentencias firmes (art. 110 LJCA): quien se encuentre en idéntica situación jurídica que los favorecidos por una sentencia firme puede pedir, en el plazo de un año desde la última notificación de la sentencia a quienes fueron parte en el proceso, que se le extiendan sus efectos, siempre que el juez o tribunal sentenciador fuese competente. Esta especialidad se estudia en detalle al tratar la ejecución de sentencias.

Incomparecencia de las partes a la vista en el procedimiento abreviado

Si el demandante, debidamente citado, no comparece a la vista y no alega justa causa, se le tiene por desistido del recurso, se archivan las actuaciones y se le imponen las costas. Si quien no comparece es la Administración demandada, la vista se celebra sin ella y se resuelve conforme a lo alegado y probado, sin que la incomparecencia determine la estimación automática del recurso.

Esquema comparado: procedimiento abreviado y ordinario

Inicio: demanda sucinta (abreviado) frente a escrito de interposición (ordinario, art. 45 LJCA) y demanda posterior en 20 días (art. 52). Expediente: remitido con antelación suficiente a la vista (abreviado) frente a su reclamación en 20 días desde la admisión (art. 48). Contestación: oral en la vista (abreviado) frente a escrita en 20 días (art. 54). Prueba: practicada en la vista (abreviado) frente a periodo probatorio (arts. 60 y 61). Conclusiones: orales (abreviado) frente a escritas en diez días, salvo vista o conclusiones orales (art. 62). Sentencia: diez días desde la vista (abreviado) frente a diez días desde la conclusión (art. 67). Órgano: Juzgados (abreviado) frente a Juzgados y Salas (ordinario).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Abreviado (art. 78 LJCA): personal, extranjería, dopaje e inadmisión de peticiones de asilo, con independencia de la cuantía; y, en los demás casos, cuantía no superior a 30.000 euros.
  • Es un cauce propio de Juzgados (unipersonales); en los órganos colegiados el procedimiento es el ordinario.
  • Se inicia con demanda sucinta (art. 78.2); no hay escrito de interposición previo ni demanda posterior de 20 días. Plazo de recurso: dos meses (acto expreso).
  • Todo se concentra en la vista: ratificación o ampliación de la demanda, alegaciones previas, contestación oral, prueba y conclusiones orales.
  • Sentencia en diez días desde la vista; puede pronunciarse oralmente en el acto, declarándose la firmeza si las partes renuncian a recurrir.
  • Trampa: 30.000 euros es tanto el umbral del abreviado como el de apelabilidad (art. 81.1.a); pero la apelación depende de cuantía y materia, no del procedimiento. Sentencias sobre cuantía indeterminada o de derechos fundamentales siguen siendo apelables.
  • Incomparecencia del demandante sin causa: desistido y costas; de la Administración: se celebra la vista sin ella, sin estimación automática.
  • Procedimiento ordinario: demanda 20 días (art. 52), contestación 20 días (art. 54), conclusiones 10 días (art. 62), sentencia 10 días (art. 67). Conviene no confundir ambos esquemas de plazos.
  • En personal y tributos existe la extensión de efectos de sentencias firmes (art. 110 LJCA), con plazo de un año desde la última notificación de la sentencia a quienes fueron parte en el proceso.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

En el procedimiento ordinario, ¿qué plazo tiene el actor para formalizar la demanda tras recibir el expediente administrativo?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 61 de Gestión Procesal (Justicia)?

El procedimiento abreviado (art. 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, LJCA) es la modalidad simplificada y oral de tramitación de los recursos contencioso-administrativos de menor entidad, propia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales. Se aplica por razón de la materia (personal, extranjería, dopaje, inadmisión de peticiones de asilo) o de la cuantía (hasta 30.000 euros) y se caracteriza por iniciarse mediante una demanda sucinta y por concentrar en un único acto de vista la contestación, las alegaciones previas, la prueba y las conclusiones, frente a la sucesión de escritos y plazos del procedimiento ordinario.

¿Qué hay que memorizar del Tema 61 para el examen?

Abreviado (art. 78 LJCA): personal, extranjería, dopaje e inadmisión de peticiones de asilo, con independencia de la cuantía; y, en los demás casos, cuantía no superior a 30.000 euros. Es un cauce propio de Juzgados (unipersonales); en los órganos colegiados el procedimiento es el ordinario. Se inicia con demanda sucinta (art. 78.2); no hay escrito de interposición previo ni demanda posterior de 20 días. Plazo de recurso: dos meses (acto expreso). Todo se concentra en la vista: ratificación o ampliación de la demanda, alegaciones previas, contestación oral, prueba y conclusiones orales. Sentencia en diez días desde la vista; puede pronunciarse oralmente en el acto, declarándose la firmeza si las partes renuncian a recurrir. Trampa: 30.000 euros es tanto el umbral del abreviado como el de apelabilidad (art. 81.1.a); pero la apelación depende de cuantía y materia, no del procedimiento. Sentencias sobre cuantía indeterminada o de derechos fundamentales siguen siendo apelables. Incomparecencia del demandante sin causa: desistido y costas; de la Administración: se celebra la vista sin ella, sin estimación automática. Procedimiento ordinario: demanda 20 días (art. 52), contestación 20 días (art. 54), conclusiones 10 días (art. 62), sentencia 10 días (art. 67). Conviene no confundir ambos esquemas de plazos. En personal y tributos existe la extensión de efectos de sentencias firmes (art. 110 LJCA), con plazo de un año desde la última notificación de la sentencia a quienes fueron parte en el proceso.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE-A-1998-16718), especialmente arts. 8, 9, 14, 40-42, 45, 46, 52, 54, 62, 67, 74-78, 81, 110 y 139.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666).
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), de aplicación supletoria.
  • Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la LOPJ (reforma del art. 81 LJCA y de la casación).
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (Tribunales de Instancia).

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