Tema 5. La Unión Europea. Competencias de la UE. Instituciones y órganos de la Unión Europea: El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Unión Europea es una organización supranacional a la que España pertenece desde 1986, con un reparto de competencias propio (exclusivas, compartidas y de apoyo) y un entramado institucional que incide directamente en el ordenamiento español, incluida la Administración de Justicia (a través del Derecho de la Unión, del espacio de libertad, seguridad y justicia y del Tribunal de Justicia de la UE). Este tema desarrolla la evolución y los valores de la Unión, sus competencias, las fuentes de su Derecho y sus principales instituciones y órganos: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal de Cuentas.
El proceso de integración europea arranca con la Declaración Schuman (1950) y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado de París, 1951) y continúa con los Tratados de Roma de 1957, constitutivos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en vigor desde 1958). España firmó el Tratado de Adhesión en 1985 y se incorporó a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986. El Acta Única Europea (1986) impulsó el mercado interior; el Tratado de Maastricht (1992, en vigor en 1993) creó la Unión Europea sobre la base de tres pilares y estableció la Unión Económica y Monetaria; el Tratado de Ámsterdam (1997) y el de Niza (2001) reformaron el sistema institucional ante las sucesivas ampliaciones; y el Tratado de Lisboa (firmado en 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009) suprimió la estructura de pilares, dio a la UE personalidad jurídica única y reformuló los dos Tratados básicos vigentes: el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La Unión se ha ampliado en sucesivas oleadas (2004, 2007 y 2013) y, tras la retirada del Reino Unido el 31 de enero de 2020 (art. 50 TUE), cuenta con 27 Estados miembros.
Valores, objetivos y naturaleza de la Unión
La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías (art. 2 TUE). El art. 3 TUE enuncia entre sus objetivos promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos, ofrecer un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y establecer un mercado interior y una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro. El art. 7 TUE prevé un procedimiento para constatar el riesgo claro de violación grave o la violación grave y persistente de esos valores por un Estado miembro, que puede acarrear la suspensión de derechos. Cualquier Estado europeo que respete esos valores y se comprometa a promoverlos puede solicitar ser miembro (art. 49 TUE; criterios de Copenhague). La Unión se fundamenta en el TUE y el TFUE, que tienen el mismo valor jurídico, y ambos son Derecho originario junto con la Carta de los Derechos Fundamentales.
Competencias de la Unión Europea (arts. 2-6 TFUE)
La Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros (principio de atribución, art. 5 TUE). El TFUE (arts. 2-6) distingue: competencias exclusivas de la Unión (unión aduanera, normas de competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior, política monetaria de los Estados cuya moneda es el euro, conservación de los recursos biológicos marinos en el marco de la política pesquera común, política comercial común, y celebración de determinados acuerdos internacionales); competencias compartidas con los Estados miembros (mercado interior, política social en los aspectos definidos en el Tratado, cohesión económica social y territorial, agricultura y pesca, medio ambiente, protección de los consumidores, transportes, redes transeuropeas, energía, espacio de libertad, seguridad y justicia, y problemas comunes de seguridad en materia de salud pública); y competencias de apoyo, coordinación o complemento de la acción de los Estados (protección y mejora de la salud humana, industria, cultura, turismo, educación, formación profesional, juventud y deporte, protección civil y cooperación administrativa). Además, la Unión coordina las políticas económicas y de empleo de los Estados (art. 5 TFUE), y la política exterior y de seguridad común se rige por disposiciones específicas del TUE (título V).
Principios de ejercicio de las competencias
El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad (en las competencias no exclusivas, la Unión solo interviene si los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros ni a escala central, regional o local y pueden lograrse mejor a escala de la Unión) y de proporcionalidad (el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados), art. 5 TUE y Protocolo núm. 2. Los Parlamentos nacionales vigilan el respeto de la subsidiariedad mediante un mecanismo de alerta temprana (las llamadas «tarjeta amarilla» y «tarjeta naranja»); en España intervienen las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Las fuentes del Derecho de la Unión Europea
El Derecho originario está formado por los Tratados constitutivos y sus modificaciones (TUE y TFUE, con el mismo valor jurídico), los Protocolos anexos, los Tratados de adhesión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados desde Lisboa. El Derecho derivado, dictado por las instituciones en ejercicio de las competencias atribuidas (art. 288 TFUE), comprende el Reglamento (de alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todo Estado miembro, sin necesidad de transposición), la Directiva (obligatoria en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios, y que exige transposición mediante norma interna), la Decisión (obligatoria en todos sus elementos y, cuando designe destinatarios, solo para estos) y las Recomendaciones y Dictámenes, sin fuerza vinculante. También forman parte del ordenamiento los actos delegados y de ejecución (arts. 290 y 291 TFUE), los acuerdos internacionales celebrados por la Unión y los principios generales del Derecho elaborados por la jurisprudencia.
Principios de aplicación del Derecho de la Unión: primacía y efecto directo
El Derecho de la Unión se rige por principios elaborados en buena medida por la jurisprudencia del TJUE. El principio de efecto directo (sentencia Van Gend en Loos, 1963) permite a los particulares invocar directamente ante los tribunales nacionales determinadas normas de la Unión sin necesidad de norma interna de desarrollo; las directivas no transpuestas en plazo pueden tener efecto directo vertical, no horizontal. El principio de primacía (sentencia Costa/ENEL, 1964) implica que el Derecho de la Unión prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros, incluso sobre las normas constitucionales según la doctrina del TJUE; la Declaración núm. 17 aneja al Tratado de Lisboa recoge la jurisprudencia al respecto. El Tribunal Constitucional español, en su Declaración 1/2004, distingue entre la primacía del Derecho de la Unión, que opera en el ámbito de las competencias atribuidas, y la supremacía de la Constitución. El Estado responde patrimonialmente de los daños causados a los particulares por la violación del Derecho de la Unión (sentencia Francovich, 1991). La base constitucional de la cesión de competencias es el art. 93 CE.
El Parlamento Europeo: composición y funciones
El Parlamento Europeo está compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión, elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto cada cinco años (art. 14 TUE), con un número de escaños por Estado proporcional de forma decreciente a su población (mínimo 6 y máximo 96 por Estado y un techo total de 750 más el Presidente, según los Tratados; tras las elecciones de junio de 2024 el Parlamento cuenta con 720 miembros, de los que 61 corresponden a España). Los eurodiputados se organizan en grupos políticos transnacionales y no en delegaciones nacionales. Ejerce, junto con el Consejo, la función legislativa y la presupuestaria; ejerce funciones de control político sobre la Comisión (aprueba su investidura como Colegio, puede votar una moción de censura por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen la mayoría de los miembros que lo componen, art. 234 TFUE, y recibe su informe anual); elige al Presidente de la Comisión a propuesta del Consejo Europeo y elige a su propio Presidente entre sus miembros. También elige al Defensor del Pueblo Europeo y recibe peticiones de los ciudadanos. Su sede está en Estrasburgo (sesiones plenarias), aunque las comisiones parlamentarias y algunas sesiones adicionales se reúnen en Bruselas y la Secretaría General está en Luxemburgo.
El Consejo Europeo
El Consejo Europeo está integrado por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, junto con su Presidente y el Presidente de la Comisión Europea; el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad participa en sus trabajos. Da a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y define sus orientaciones y prioridades políticas generales, sin ejercer función legislativa (art. 15 TUE). Se reúne dos veces por semestre, convocado por su Presidente, y adopta sus decisiones por consenso, salvo que los Tratados dispongan otra cosa. Su Presidente es elegido por el propio Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, renovable una sola vez, y no puede ejercer un mandato nacional. Propone al Parlamento Europeo el candidato a Presidente de la Comisión y nombra al Alto Representante.
El Consejo de la Unión Europea
El Consejo de la Unión Europea (o Consejo de Ministros) ejerce, conjuntamente con el Parlamento Europeo, las funciones legislativa y presupuestaria, así como funciones de definición de políticas y de coordinación (art. 16 TUE). Está compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, con capacidad para comprometer al Gobierno de dicho Estado, y se reúne en distintas formaciones según la materia (Asuntos Generales, Asuntos Exteriores, Asuntos Económicos y Financieros -Ecofin-, Justicia y Asuntos de Interior, entre otras). La presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores (presidida por el Alto Representante), rota entre los Estados miembros cada seis meses. Salvo disposición en contrario, se pronuncia por mayoría cualificada, definida desde el 1 de noviembre de 2014 como doble mayoría: al menos el 55 % de los miembros del Consejo, que incluya como mínimo quince de ellos y represente a Estados miembros que reúnan al menos el 65 % de la población de la Unión; la minoría de bloqueo debe incluir al menos cuatro miembros del Consejo. Se exige unanimidad, entre otras materias, en fiscalidad, política exterior y de seguridad común y ampliación de la Unión.
La Comisión Europea
La Comisión promueve el interés general de la Unión y toma las iniciativas adecuadas con este fin; vela por la aplicación de los Tratados y del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia (guardiana de los Tratados) y puede iniciar el procedimiento por incumplimiento contra los Estados (arts. 258-260 TFUE). Ejecuta el presupuesto y gestiona los programas, ejerce funciones de coordinación, ejecución y gestión, y asegura la representación exterior de la Unión, salvo en política exterior y de seguridad común. Con carácter general, ostenta el monopolio de la iniciativa legislativa (art. 17.2 TUE). Su mandato es de cinco años. El art. 17.5 TUE prevé una Comisión reducida a dos tercios del número de Estados, pero el Consejo Europeo ha mantenido un nacional por cada Estado miembro. El Presidente, propuesto por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, es elegido por este último por mayoría de sus miembros; el resto de comisarios se designa de común acuerdo entre el Consejo y el Presidente electo, y el Colegio, incluidos el Presidente y el Alto Representante (que es uno de los Vicepresidentes), se somete como órgano colegiado al voto de aprobación del Parlamento.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: composición y competencias
El TJUE, con sede en Luxemburgo, comprende el Tribunal de Justicia (un Juez por Estado miembro, asistido por Abogados Generales) y el Tribunal General (con dos jueces por Estado miembro tras la reforma completada en 2024), así como los tribunales especializados que puedan crearse. Los jueces y abogados generales son nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité, por un periodo de seis años renovable, con renovación parcial cada tres años. Garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados (art. 19 TUE). Sus competencias principales son: el recurso por incumplimiento contra un Estado miembro (iniciado por la Comisión o por otro Estado, arts. 258-259 TFUE), con posibles sanciones económicas (art. 260); el recurso de anulación contra actos de las instituciones (art. 263, plazo de dos meses); el recurso por omisión frente a la inactividad institucional (art. 265); la responsabilidad extracontractual de la Unión; y, sobre todo por su proyección práctica en los tribunales españoles, la cuestión prejudicial (art. 267 TFUE), mecanismo de cooperación por el que un órgano jurisdiccional nacional puede -y, si sus decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, debe- plantear al TJUE dudas sobre la interpretación de los Tratados o sobre la validez e interpretación de los actos de las instituciones, con respuesta vinculante para el tribunal nacional; solo el TJUE puede declarar inválido un acto de la Unión. Un acto del Tribunal General puede ser objeto de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.
El Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo, con sede en Luxemburgo, fiscaliza las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión y de todo organismo creado por ella, en cuanto el acto constitutivo no excluya dicho examen (art. 287 TFUE). Está compuesto por un nacional de cada Estado miembro, nombrado por el Consejo por un período de seis años renovable, previa consulta al Parlamento Europeo; sus miembros ejercen sus funciones con plena independencia (art. 286 TFUE). Examina la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantiza la buena gestión financiera; presenta al Parlamento y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones y elabora un informe anual que se publica en el Diario Oficial junto con las respuestas de las instituciones. Asiste al Parlamento Europeo y al Consejo en el control de la ejecución del presupuesto. No es un órgano jurisdiccional.
El procedimiento legislativo ordinario de la UE
El procedimiento legislativo ordinario (antigua codecisión, art. 294 TFUE) es el procedimiento general para adoptar Reglamentos, Directivas y Decisiones: exige la aprobación conjunta, en pie de igualdad, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, a propuesta de la Comisión Europea (que ostenta el derecho de iniciativa casi exclusivo). Comprende hasta tres lecturas sucesivas y, de no lograrse acuerdo, la convocatoria de un Comité de Conciliación paritario Parlamento-Consejo; si el Comité no alcanza un texto conjunto, el acto se considera no adoptado. En la práctica, la mayoría de los actos se adoptan en primera lectura tras negociaciones informales entre las instituciones (los llamados «trílogos»). Junto a él existen procedimientos legislativos especiales, en los que el Parlamento solo interviene consultado o dando su aprobación, y el Consejo conserva el papel decisorio principal.
Otras instituciones y órganos de la Unión
Junto a las siete instituciones enumeradas en el art. 13 TUE (Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas), la Unión cuenta con órganos consultivos: el Comité Económico y Social Europeo, que representa a los distintos componentes de carácter económico y social de la sociedad civil organizada, y el Comité de las Regiones, integrado por representantes de los entes regionales y locales; ambos emiten dictámenes preceptivos o facultativos en el procedimiento legislativo según la materia. El Banco Central Europeo, con sede en Fráncfort, dirige la política monetaria de la Unión respecto de los Estados que han adoptado el euro y goza de independencia respecto de las instituciones políticas. Existen además el Banco Europeo de Inversiones y el Defensor del Pueblo Europeo, elegido por el Parlamento.
La ciudadanía de la Unión (arts. 20-25 TFUE)
Es ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro; la ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. Otorga, entre otros, el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado; el derecho a la protección diplomática y consular de cualquier Estado miembro en el territorio de un tercer país en el que el Estado del que sea nacional no esté representado; y el derecho de petición ante el Parlamento Europeo y de recurso al Defensor del Pueblo Europeo. Además, un millón de ciudadanos de la Unión, nacionales de un número significativo de Estados miembros (al menos una cuarta parte), pueden invitar a la Comisión a presentar una propuesta mediante la iniciativa ciudadana europea (art. 11.4 TUE).
El espacio de libertad, seguridad y justicia y su proyección en la Administración de Justicia
El espacio de libertad, seguridad y justicia (arts. 67-89 TFUE) es una competencia compartida. Para la Administración de Justicia española tiene especial importancia la cooperación judicial en materia civil y penal basada en el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales: en materia penal, la orden europea de detención y entrega (Decisión Marco 2002/584/JAI) y las demás resoluciones recogidas en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea; en materia civil, reglamentos como el Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis) y la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Eurojust y la Red Judicial Europea coordinan la cooperación entre autoridades judiciales, y la Fiscalía Europea (Reglamento (UE) 2017/1939), operativa desde el 1 de junio de 2021, investiga y persigue los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.
Cooperación reforzada y otros mecanismos de integración diferenciada
Los Estados miembros que deseen instaurar entre sí una cooperación reforzada en el marco de las competencias no exclusivas de la Unión pueden hacer uso de sus instituciones (art. 20 TUE y arts. 326 y ss. TFUE). Requiere la participación de, al menos, nueve Estados miembros, la autorización del Consejo como último recurso y la aprobación del Parlamento Europeo en los casos que correspondan. Es el mecanismo utilizado, por ejemplo, en materia de patente unitaria europea. Existen asimismo regímenes diferenciados como el espacio Schengen, del que España forma parte, y la zona del euro, a la que pertenecen los Estados que han adoptado la moneda única.
El presupuesto de la Unión y los recursos propios
El presupuesto de la Unión se financia íntegramente con recursos propios (art. 311 TFUE), sin perjuicio de otros ingresos. Se adopta anualmente conforme al procedimiento presupuestario especial del art. 314 TFUE, en el que Parlamento y Consejo deciden en pie de igualdad, sobre la base de un marco financiero plurianual (actualmente 2021-2027) aprobado por el Consejo por unanimidad con la aprobación del Parlamento. La Comisión ejecuta el presupuesto bajo su propia responsabilidad y el Tribunal de Cuentas Europeo controla su legalidad y la buena gestión financiera; la aprobación de la gestión (aprobación de la ejecución del presupuesto) corresponde al Parlamento, a recomendación del Consejo.
El Derecho de la Unión en el ordenamiento español: aplicación y garantías
Las normas de la Unión se integran en el ordenamiento interno español por la cláusula de cesión del art. 93 CE. Los Reglamentos se aplican directamente; las Directivas deben transponerse en el plazo que señalan, y su incumplimiento puede dar lugar al recurso por incumplimiento ante el TJUE (arts. 258-260 TFUE) y a la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los particulares. Los jueces y tribunales españoles son jueces del Derecho de la Unión: están obligados a inaplicar la norma interna contraria al Derecho de la Unión directamente aplicable y a interpretar el Derecho nacional conforme a las directivas (interpretación conforme). La aplicación se coordina con las garantías constitucionales: el Tribunal Constitucional ha afirmado que el control de compatibilidad entre norma nacional y Derecho de la Unión es una cuestión de aplicación de la legalidad ordinaria que corresponde a los jueces ordinarios, sin perjuicio del recurso de amparo cuando se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva, por ejemplo por omitir sin motivación el planteamiento de una cuestión prejudicial.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Tres tipos de competencias UE-Estados: exclusivas de la Unión, compartidas, y de apoyo/coordinación/complemento (arts. 2-6 TFUE).
El espacio de libertad, seguridad y justicia es competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros (art. 4.2.j TFUE).
La cuestión prejudicial (art. 267 TFUE) es el mecanismo por el que los tribunales españoles dialogan con el TJUE sobre interpretación del Derecho de la Unión; su respuesta es vinculante. Los órganos cuyas decisiones no admiten recurso deben plantearla.
Consejo Europeo (Jefes de Estado/Gobierno, impulso político) no debe confundirse con Consejo de la Unión Europea (ministros, función legislativa junto al Parlamento) ni con el Consejo de Europa (organización internacional distinta de la UE, sede en Estrasburgo, autora del Convenio Europeo de Derechos Humanos).
España se adhiere a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986; el Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009) suprime la estructura de pilares y deja dos Tratados básicos: TUE y TFUE.
Reglamento: obligatorio y directamente aplicable, sin transposición. Directiva: obligatoria en el resultado, requiere transposición nacional. Decisión: obligatoria en todos sus elementos (solo para los destinatarios, si los designa).
Primacía (el Derecho de la Unión prevalece sobre el interno) y efecto directo (invocable por particulares ante tribunales nacionales) son construcciones jurisprudenciales del TJUE (Costa/ENEL y Van Gend en Loos).
Procedimiento legislativo ordinario: Parlamento y Consejo en pie de igualdad, a propuesta de la Comisión (que tiene el casi monopolio de la iniciativa legislativa).
Mayoría cualificada en el Consejo: doble mayoría, al menos el 55 % de los Estados (mínimo 15) que representen al menos el 65 % de la población; la minoría de bloqueo exige al menos cuatro Estados.
Moción de censura del Parlamento Europeo a la Comisión: dos tercios de los votos emitidos que representen la mayoría de los miembros; obliga a dimitir a la Comisión en bloque.
Siete instituciones del art. 13 TUE: Parlamento, Consejo Europeo, Consejo, Comisión, TJUE, BCE y Tribunal de Cuentas. El Comité de las Regiones y el CESE son órganos consultivos, no instituciones.
Presidente del Consejo Europeo: mandato de dos años y medio, renovable una vez. Comisión: mandato de cinco años. Jueces del TJUE y miembros del Tribunal de Cuentas: seis años, renovables.
El Tribunal de Cuentas Europeo es un órgano de control de las finanzas de la Unión, no un tribunal jurisdiccional.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
El espacio de libertad, seguridad y justicia es, conforme al TFUE, una competencia:
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La Unión Europea es una organización supranacional a la que España pertenece desde 1986, con un reparto de competencias propio (exclusivas, compartidas y de apoyo) y un entramado institucional que incide directamente en el ordenamiento español, incluida la Administración de Justicia (a través del Derecho de la Unión, del espacio de libertad, seguridad y justicia y del Tribunal de Justicia de la UE). Este tema desarrolla la evolución y los valores de la Unión, sus competencias, las fuentes de su Derecho y sus principales instituciones y órganos: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal de Cuentas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
Tres tipos de competencias UE-Estados: exclusivas de la Unión, compartidas, y de apoyo/coordinación/complemento (arts. 2-6 TFUE). El espacio de libertad, seguridad y justicia es competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros (art. 4.2.j TFUE). La cuestión prejudicial (art. 267 TFUE) es el mecanismo por el que los tribunales españoles dialogan con el TJUE sobre interpretación del Derecho de la Unión; su respuesta es vinculante. Los órganos cuyas decisiones no admiten recurso deben plantearla. Consejo Europeo (Jefes de Estado/Gobierno, impulso político) no debe confundirse con Consejo de la Unión Europea (ministros, función legislativa junto al Parlamento) ni con el Consejo de Europa (organización internacional distinta de la UE, sede en Estrasburgo, autora del Convenio Europeo de Derechos Humanos). España se adhiere a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986; el Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009) suprime la estructura de pilares y deja dos Tratados básicos: TUE y TFUE. Reglamento: obligatorio y directamente aplicable, sin transposición. Directiva: obligatoria en el resultado, requiere transposición nacional. Decisión: obligatoria en todos sus elementos (solo para los destinatarios, si los designa). Primacía (el Derecho de la Unión prevalece sobre el interno) y efecto directo (invocable por particulares ante tribunales nacionales) son construcciones jurisprudenciales del TJUE (Costa/ENEL y Van Gend en Loos). Procedimiento legislativo ordinario: Parlamento y Consejo en pie de igualdad, a propuesta de la Comisión (que tiene el casi monopolio de la iniciativa legislativa). Mayoría cualificada en el Consejo: doble mayoría, al menos el 55 % de los Estados (mínimo 15) que representen al menos el 65 % de la población; la minoría de bloqueo exige al menos cuatro Estados. Moción de censura del Parlamento Europeo a la Comisión: dos tercios de los votos emitidos que representen la mayoría de los miembros; obliga a dimitir a la Comisión en bloque. Siete instituciones del art. 13 TUE: Parlamento, Consejo Europeo, Consejo, Comisión, TJUE, BCE y Tribunal de Cuentas. El Comité de las Regiones y el CESE son órganos consultivos, no instituciones. Presidente del Consejo Europeo: mandato de dos años y medio, renovable una vez. Comisión: mandato de cinco años. Jueces del TJUE y miembros del Tribunal de Cuentas: seis años, renovables. El Tribunal de Cuentas Europeo es un órgano de control de las finanzas de la Unión, no un tribunal jurisdiccional.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Tratado de la Unión Europea (versión consolidada tras el Tratado de Lisboa), arts. 2, 3, 5, 7, 13-19, 49-50.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada), arts. 2-6, 20-25, 234, 258-267, 286-287, 288-291 y 294.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Constitución Española, art. 93.
Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, del Tribunal Constitucional.
Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece la Fiscalía Europea.
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