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Tema 39. Costas y gastos procesales. La condena en costas. La tasación de costas. La impugnación de las costas. Los intereses y su liquidación. La tasa judicial. Pagos, depósitos y consignaciones judiciales. Ingresos en el Tesoro Público. La Asistencia Jurídica Gratuita.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

Las costas procesales son los gastos originados directamente por la tramitación de un proceso, cuyo régimen de imposición sigue en la LEC el principio del vencimiento objetivo, atemperado por diversas excepciones que atienden a la conducta de las partes y al resultado del pleito. Junto a las costas, este tema aborda otros aspectos económicos del proceso de notable relevancia práctica en la oficina judicial: la liquidación de intereses, la tasa judicial, el régimen de pagos, depósitos y consignaciones judiciales, y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que garantiza el acceso a la justicia a quienes carecen de recursos económicos suficientes para litigar.

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Concepto y distinción entre costas y gastos procesales

Los gastos procesales son todos los desembolsos que tienen su origen directo e inmediato en la existencia del proceso (honorarios de abogado y procurador, derechos de peritos, publicación de edictos, entre otros), mientras que las costas son la parte de dichos gastos cuyo pago puede imponerse a una de las partes conforme a las reglas legales sobre condena en costas. Se trata, por tanto, de una relación de género a especie: toda costa es un gasto procesal, pero no todo gasto procesal tiene necesariamente la consideración de costa imponible a la parte contraria. Esta distinción resulta esencial en la práctica forense, dado que existen determinados desembolsos (por ejemplo, los honorarios de un perito de parte no admitido como prueba, o gastos de desplazamiento no estrictamente necesarios) que, aun constituyendo verdaderos gastos procesales soportados por el litigante, no pueden repercutirse sobre la parte contraria mediante la correspondiente tasación de costas al no reunir los requisitos legales exigidos para su inclusión en dicho concepto.

El principio del vencimiento objetivo en la condena en costas

En primera instancia, la regla general del art. 394 LEC es la del vencimiento objetivo: se imponen las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente rechazadas, con independencia de la buena o mala fe con que hubiera litigado, atendiendo al resultado objetivo del proceso. La excepción es que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho, que el tribunal debe razonar en la resolución y que se aprecia teniendo en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares; en tal caso no se imponen costas a ninguna de las partes. Este criterio busca no desincentivar el ejercicio de acciones y excepciones legítimas y aporta seguridad jurídica. Los recursos tienen su propia regla (art. 398): la desestimación total del recurso de apelación, del extraordinario por infracción procesal o del de casación conlleva la imposición de costas al recurrente, mientras que su estimación, total o parcial, no da lugar a condena en las costas del recurso.

Excepciones al vencimiento: estimación o desestimación parcial

Cuando la estimación o desestimación de las pretensiones es parcial, cada parte debe abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el tribunal aprecie que alguna de ellas litigó con temeridad, en cuyo caso puede imponerle la totalidad de las costas pese a la estimación parcial, correspondiendo al tribunal valorar en cada caso si el resultado obtenido es sustancialmente equiparable a la desestimación total de la demanda o de la oposición, a efectos de decidir sobre este régimen especial de reparto. Esta valoración de la equiparación sustancial entre una estimación parcial y una desestimación total resulta especialmente relevante cuando el demandante reclama una cantidad muy superior a la finalmente reconocida, dado que en tales casos la jurisprudencia tiende a considerar que, pese a la formal estimación parcial, el resultado práctico se aproxima más a una desestimación de la pretensión originalmente ejercitada.

Condena en costas por temeridad o mala fe

Aunque no proceda la condena por vencimiento objetivo (por ejemplo, en caso de estimación o desestimación parcial), el tribunal puede imponer las costas a la parte que hubiera litigado con temeridad o mala fe, entendida esta como la formulación de pretensiones o resistencias manifiestamente infundadas, la utilización abusiva del proceso con fines dilatorios, o la ocultación deliberada de hechos relevantes, correspondiendo motivar expresamente en la resolución la apreciación de esta circunstancia excepcional. Esta apreciación de temeridad, de aplicación restrictiva en la práctica de los tribunales, exige un plus de reprochabilidad que va más allá de la mera falta de éxito en el litigio, debiendo el tribunal justificar con detalle en qué elementos concretos de la conducta procesal de la parte se basa dicha calificación excepcional antes de imponerle una condena en costas que, de otro modo, no le correspondería.

Condena en costas en el allanamiento

Si el demandado se allana a la demanda antes de contestarla, no procede la imposición de costas, salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado (art. 395 LEC). Se presume la mala fe si antes de presentada la demanda se hubiera formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación. Si el allanamiento se produce después de contestada la demanda, rige el criterio general del vencimiento (art. 394). Esta regla incentiva al futuro demandado a atender diligentemente las reclamaciones extrajudiciales que reciba.

Condena en costas en el desistimiento

Si el actor desiste del proceso, debe ser condenado a las costas salvo que el demandado preste su consentimiento al desistimiento o no se oponga a él, en cuyo caso no se hace condena alguna, entendiéndose así que la parte demandada renuncia tácitamente a su derecho a las costas cuando acepta la terminación anticipada del proceso sin oponerse a ella, precisamente porque su interés queda ya satisfecho con la propia finalización del litigio sin necesidad de una sentencia desestimatoria expresa. Esta regla incentiva al demandante que reconsidera la conveniencia de continuar el proceso a comunicar cuanto antes su voluntad de desistir, dado que cuanto más tardía sea dicha decisión, mayores habrán sido ya los gastos generados al demandado y, por tanto, menos probable resultará que este preste su consentimiento gratuito al desistimiento sin exigir la correspondiente condena en costas.

Condena en costas por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto

Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la presentación de la demanda, dejare de existir interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida (por satisfacción extraprocesal de la pretensión o por cualquier otra causa), el tribunal resuelve sobre las costas atendiendo a las circunstancias del caso y, especialmente, a cuál de las partes propició la situación que originó la carencia sobrevenida de objeto, pudiendo no obstante no imponerlas a ninguna de ellas si el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho sobre a quién debería haberse atribuido inicialmente la razón. Este régimen flexible, distinto del automatismo del vencimiento objetivo, resulta especialmente adecuado para estas situaciones sobrevenidas, en las que la imputación de las costas debe atender más a la causa material que motivó la desaparición del interés en litigar que a un resultado formal de estimación o desestimación que, en puridad, ya no llega a producirse.

La tasación de costas: concepto y competencia

La tasación de costas es el trámite mediante el cual se cuantifica el importe concreto de las costas cuyo pago ha sido impuesto a una de las partes, correspondiendo su práctica al Letrado de la Administración de Justicia del tribunal que hubiera conocido del proceso o del recurso de que se trate, quien confecciona la cuenta detallada de las partidas que integran las costas a la vista de las minutas, facturas y justificantes presentados por la parte beneficiada por la condena. Este trámite de cuantificación, meramente posterior y ejecutivo respecto del previo pronunciamiento sobre la condena en costas contenido en la sentencia o resolución correspondiente, resulta imprescindible dado que dicha condena se limita a declarar la obligación de pago sin fijar todavía su importe numérico exacto, que solo queda determinado con la práctica de la tasación correspondiente.

Procedimiento para la tasación de costas

Solicitada la tasación por la parte a cuyo favor se dictó la condena en costas, se da traslado de la cuenta detallada presentada a la parte condenada, para que en el plazo correspondiente pueda impugnarla por considerarla indebida o excesiva; si no se formula impugnación en plazo, el Letrado de la Administración de Justicia aprueba la tasación mediante decreto, que constituye título para reclamar su pago por la vía de apremio dentro del propio proceso en que se dictó la condena. Esta posibilidad de reclamar el pago por la vía de apremio dentro del propio proceso en que se dictó la condena, sin necesidad de un nuevo proceso declarativo ni de una demanda ejecutiva independiente, agiliza notablemente el cobro efectivo de las costas ya definitivamente tasadas y aprobadas por el órgano competente.

Partidas incluibles en la tasación de costas

Se incluyen en la tasación de costas los honorarios de la defensa y representación técnica cuando su intervención sea preceptiva o, no siéndolo, el tribunal hubiera condenado expresamente a su abono, los derechos de peritos y demás desembolsos que hubieran tenido que realizarse para la defensa (testimonios, certificaciones, copias), y en general los gastos que se acredite haber sido necesarios y proporcionados a la naturaleza y circunstancias del pleito, excluyéndose expresamente los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley. Esta exclusión de gastos superfluos o innecesarios exige del Letrado de la Administración de Justicia, al confeccionar la cuenta de tasación, un examen crítico de cada partida presentada, no bastando la mera existencia de una factura o minuta para justificar automáticamente su inclusión sin valorar su necesidad y proporcionalidad respecto del pleito concreto tramitado.

Honorarios de abogado y derechos de procurador en la tasación

Los honorarios de abogado se incluyen conforme a la minuta que este presenta, ajustada en la práctica a los criterios orientadores de honorarios de los colegios de abogados, que tras la normativa de defensa de la competencia no tienen carácter de baremo obligatorio sino meramente orientativo (y son utilizados a efectos de tasación de costas y de justicia gratuita). Los derechos del procurador se calculan conforme al arancel que les resulta de aplicación (Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales), que mantiene su carácter vinculante. Esta diferencia responde a la distinta evolución normativa de cada profesión en materia de honorarios. Además, cuando la intervención de abogado o procurador no es preceptiva (por ejemplo, en el juicio verbal de cuantía no superior a 2.000 euros), el vencedor no puede repercutir sus honorarios y derechos en la tasación, salvo que el tribunal aprecie temeridad o que el domicilio de la parte radique en lugar distinto de aquel donde se ubique la sede del tribunal (art. 32.5 LEC).

Límites a la condena en costas: relación con la cuantía del proceso

Cuando el condenado en costas no hubiera sido declarado litigante temerario, la cantidad que deba pagar por los honorarios de abogado y demás profesionales no sujetos a tarifa o arancel, y por derechos de peritos, no puede superar la tercera parte de la cuantía del proceso por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido el pronunciamiento favorable (art. 394.3 LEC). A estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valoran en 18.000 euros, salvo que el tribunal, razonadamente, fije otra cuantía mayor. El límite no opera si el condenado litigó con temeridad. Con ello se protege al condenado frente a condenas en costas desproporcionadas en relación con la cuantía económica real del litigio.

La impugnación de la tasación de costas por indebidas

La impugnación por indebidas se funda en la inclusión, dentro de la cuenta de costas, de partidas que no debieron computarse conforme a la ley (por corresponder a actuaciones inútiles, superfluas, no autorizadas, o cuyo pago no fue objeto de condena), tramitándose mediante traslado a la parte contraria y, si no hay conformidad, mediante decisión motivada del Letrado de la Administración de Justicia, contra la cual cabe recurso de revisión ante el tribunal, dado que puede implicar cuestiones de fondo sobre el propio alcance de la condena en costas. Esta impugnación se distingue claramente de la impugnación por excesivas, dado que aquí no se discute la razonabilidad económica del importe de una partida concreta, sino directamente su procedencia jurídica para ser incluida en la tasación conforme a los límites legales que delimitan el propio concepto de costas procesales imponibles.

La impugnación de la tasación de costas por excesivas

La impugnación por excesivas se refiere, específicamente, a los honorarios de abogados y demás profesionales no sujetos a arancel, cuando la parte condenada considera que su cuantía resulta desproporcionada en relación con la actuación profesional efectivamente desarrollada, tramitándose este tipo de impugnación mediante un dictamen del colegio profesional correspondiente sobre la adecuación de los honorarios reclamados, sin perjuicio de que el Letrado de la Administración de Justicia pueda finalmente resolver conforme a su propio criterio, no vinculado de forma absoluta por dicho dictamen. Esta impugnación reviste especial utilidad práctica frente a minutas de honorarios notablemente elevadas en relación con la complejidad real del asunto tramitado, permitiendo al condenado obtener una moderación de su importe cuando se acredite, mediante el correspondiente dictamen colegial, que dicha cuantía se aparta significativamente de los criterios habituales para un asunto de similares características.

El dictamen de colegios profesionales en la impugnación por honorarios excesivos

Formulada la impugnación por excesivos, se solicita informe al colegio profesional correspondiente (Colegio de Abogados, fundamentalmente) sobre si los honorarios reclamados se ajustan o no a los criterios orientadores habituales para actuaciones de similar naturaleza, complejidad y cuantía, informe que, aunque no vincula de forma absoluta al órgano que resuelve la impugnación, constituye en la práctica un elemento de referencia de gran peso a la hora de decidir sobre la moderación o mantenimiento de la partida impugnada. Este informe colegial, elaborado por profesionales del mismo sector que conocen de primera mano los criterios habituales de facturación en asuntos comparables, aporta al órgano decisor un elemento técnico de valoración del que, con carácter general, carecería si tuviera que pronunciarse exclusivamente con sus propios criterios sobre la adecuación de unos honorarios profesionales ajenos a su especialidad.

Los intereses procesales: concepto y clases

Los intereses procesales son los que se devengan como consecuencia de la pendencia o resolución de un proceso, distinguiéndose los intereses moratorios ordinarios, propios de la obligación sustantiva incumplida y cuyo tipo suele venir fijado por el pacto entre las partes o supletoriamente por la ley, de los intereses procesales o de demora procesal propiamente dichos, que se devengan automáticamente desde que se dicta en primera instancia una sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida, como estímulo legal para el cumplimiento voluntario y desincentivo de la interposición de recursos con fines meramente dilatorios. Esta distinción entre ambos tipos de intereses resulta esencial para calcular correctamente la cantidad total finalmente adeudada, dado que pueden coexistir sucesivamente en el tiempo, aplicándose primero los intereses moratorios sustantivos hasta la sentencia y después los procesales desde esta hasta el completo pago.

El interés legal y el interés de demora procesal (art. 576 LEC)

Conforme al art. 576 LEC, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida devenga en favor del acreedor, desde que se dicta en primera instancia hasta que se produce su completo pago, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que corresponda por pacto entre las partes o por disposición especial de la ley cuando resulte superior a este, aplicándose este interés procesal de oficio, sin necesidad de petición expresa de parte, en todas las sentencias de condena dineraria. Este interés incrementado, sensiblemente superior al mero interés legal del dinero, cumple una función claramente disuasoria frente a la interposición de recursos con fines exclusivamente dilatorios, dado que el condenado que recurre sin fundamento serio sabe que, mientras se resuelve su recurso, seguirá acumulando un interés más gravoso sobre la cantidad ya reconocida en su contra.

Liquidación de intereses

Cuando la sentencia condena al pago de intereses cuya cuantía no está determinada de forma líquida en el propio fallo (por ejemplo, intereses legales desde una fecha determinada hasta el completo pago), es necesario liquidar su importe concreto mediante una simple operación aritmética que aplique el tipo de interés correspondiente al periodo devengado, presentando el ejecutante la liquidación practicada, de la que se da traslado al ejecutado para que pueda formular las alegaciones que estime pertinentes antes de que se apruebe definitivamente su importe. Este trámite de liquidación, aunque conceptualmente sencillo por tratarse de una operación matemática, exige en la práctica una comprobación cuidadosa de las fechas exactas de devengo y de los eventuales cambios en el tipo de interés legal del dinero aplicable durante los distintos periodos que puedan haber transcurrido desde el dictado de la sentencia hasta su efectivo cumplimiento.

La tasa judicial: concepto, hecho imponible y exenciones

La tasa judicial, creada por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, es un tributo cuyo hecho imponible es el ejercicio de determinada actividad jurisdiccional (interposición de demanda en el orden civil, de determinados recursos, y actuaciones análogas en los órdenes contencioso-administrativo y social). Tras el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, que modificó el régimen de tasas, las personas físicas quedaron exentas, por lo que hoy solo grava a las personas jurídicas (salvo las entidades exentas conforme a la ley). También están exentos, con independencia de su naturaleza, los procesos de capacidad, filiación y menores, y quienes tienen reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Esa exención de las personas físicas constituyó una reforma de gran calado por su impacto sobre el acceso a la justicia.

Sujetos pasivos de la tasa judicial

Son sujetos pasivos de la tasa quienes promueven el ejercicio de la potestad jurisdiccional e interponen los actos procesales gravados (demanda, recurso), correspondiendo a ellos la autoliquidación e ingreso antes de la realización del acto procesal. La falta de presentación del justificante de pago no impide por sí sola la presentación del escrito, pero el Letrado de la Administración de Justicia requerirá su subsanación en el plazo de diez días y, si no se subsana, no dará curso al escrito, poniéndolo además en conocimiento de la Administración tributaria (Ley 10/2012, art. 8).

Pagos, depósitos y consignaciones judiciales: concepto

Se trata del conjunto de operaciones por las que las cantidades de dinero relacionadas con un procedimiento judicial (depósitos exigidos para recurrir, consignaciones para el pago de deudas, cantidades embargadas o entregadas en concepto de fianza) se ingresan y gestionan a través del sistema bancario habilitado al efecto, garantizando su custodia y disponibilidad para su ulterior aplicación conforme a lo que se resuelva en el propio procedimiento judicial correspondiente. Este sistema, gestionado a través de entidades bancarias colaboradoras con la Administración de Justicia, sustituyó en su día al antiguo régimen de gestión directamente en metálico por las propias oficinas judiciales, aportando mayores garantías de seguridad, trazabilidad y control sobre unos fondos que, en muchas ocasiones, pertenecen a personas ajenas a la titularidad de la propia cuenta bancaria en que se depositan transitoriamente.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales

Cada órgano judicial dispone de una Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en la entidad de crédito designada al efecto, en la que se ingresan todas las cantidades relacionadas con los procedimientos que tramita (embargos, depósitos para recurrir, fianzas, consignaciones para pago), correspondiendo al Letrado de la Administración de Justicia ordenar los mandamientos de pago o de transferencia con cargo a dicha cuenta cuando así proceda conforme a lo resuelto en el procedimiento, siendo esta cuenta el instrumento centralizado de gestión económica de cada órgano jurisdiccional. Esta centralización en una única cuenta por órgano judicial, con subcuentas específicas asociadas a cada procedimiento concreto, permite un control contable riguroso sobre el destino final de cada cantidad depositada, evitando confusiones patrimoniales entre los fondos correspondientes a distintos asuntos tramitados simultáneamente ante el mismo tribunal.

El depósito para recurrir

Para recurrir resoluciones judiciales en el orden civil es preciso constituir un depósito (Disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, introducida por la LO 1/2009): con carácter general, 25 euros para el recurso de reposición y 50 euros para los de apelación, extraordinario por infracción procesal y casación. La falta de constitución del depósito no supone inadmisión inmediata: el Letrado de la Administración de Justicia concede un plazo de dos días para subsanar y, si no se hace, inadmite el recurso. Están exentos el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, los organismos autónomos dependientes de ellos y quienes tengan reconocida la asistencia jurídica gratuita. El depósito se pierde si el recurso es inadmitido o desestimado en su totalidad, y se devuelve si se estima total o parcialmente. Su carácter de requisito de admisibilidad desincentiva los recursos dilatorios.

Ingresos en el Tesoro Público

Las cantidades depositadas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales que resulten perdidas conforme a la ley (depósitos para recurrir no devueltos, multas coercitivas, otras sanciones pecuniarias procesales) se ingresan finalmente en el Tesoro Público, a través de los mecanismos presupuestarios correspondientes, mientras que las cantidades cuyo destinatario no puede ser localizado tras las diligencias oportunas, transcurridos los plazos legales de prescripción, también revierten en favor del Tesoro conforme a la normativa reguladora de la gestión de estos fondos. Este destino final al erario público de las cantidades perdidas o no reclamadas evita que dichos fondos queden indefinidamente inmovilizados en las cuentas judiciales sin una aplicación económica determinada, integrándose en su lugar en los recursos generales del Estado conforme a los procedimientos presupuestarios ordinarios.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita: concepto

El derecho a la asistencia jurídica gratuita, regulado por la Ley 1/1996, garantiza a quienes carecen de recursos económicos suficientes para litigar el acceso a la tutela judicial efectiva mediante la designación gratuita de abogado y procurador de oficio y la exención del pago de determinados gastos y tasas asociados al proceso, constituyendo un desarrollo legal directo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución, que quedaría vacío de contenido para quien no pudiera sufragar la defensa técnica necesaria. Esta conexión directa con un derecho fundamental explica el especial rigor con que la jurisprudencia constitucional ha exigido siempre una interpretación amplia y favorable de los requisitos para el reconocimiento de este derecho, evitando formalismos excesivos que pudieran frustrar en la práctica su finalidad última de garantía efectiva del acceso a la justicia.

Requisitos y ámbito subjetivo de la asistencia jurídica gratuita

Con carácter general (Ley 1/1996, art. 3), se reconoce el derecho cuando los recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del IPREM vigente cuando se trate de personas no integradas en una unidad familiar; dos veces y media el IPREM en unidades familiares de menos de cuatro miembros; y el triple en unidades de cuatro o más miembros y familias numerosas. Excepcionalmente, la Comisión puede conceder el derecho a quienes superen esos umbrales (hasta cuatro veces el IPREM) por circunstancias familiares, de salud, número de hijos u otras análogas. Determinados colectivos tienen reconocimiento sin acreditar insuficiencia de recursos: víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, y menores y personas con discapacidad que sean víctimas de abuso o maltrato, en los términos legales. También pueden obtenerlo las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones inscritas en el registro correspondiente que acrediten insuficiencia de recursos, y los extranjeros en los supuestos previstos por la ley.

Prestaciones incluidas en la asistencia jurídica gratuita

El derecho comprende, entre otras prestaciones: el asesoramiento y orientación previos al proceso; la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador del turno de oficio; la exención del pago de tasas judiciales y de depósitos para recurrir; la reducción del 80 por ciento de los derechos arancelarios de notarios y registradores; y la asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo de personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales o, en su defecto, mediante la designación de peritos de listas oficiales con cargo a los fondos destinados a este fin. Este amplio catálogo de prestaciones, que abarca desde el asesoramiento previo hasta la asistencia pericial en el propio proceso, refleja la vocación integral de esta institución de eliminar cualquier obstáculo económico que pudiera impedir el pleno ejercicio del derecho de defensa por parte de quien carece de recursos suficientes para sufragarlo por sí mismo.

Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita

La solicitud se presenta ante los servicios de orientación jurídica de los Colegios de Abogados del domicilio del solicitante o del lugar donde se sigue o va a seguirse el proceso, quienes la trasladan a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente para su resolución tras comprobar la concurrencia de los requisitos económicos y demás circunstancias legalmente exigidas, produciendo la mera presentación de la solicitud, entre otros efectos, la suspensión de los plazos de prescripción o caducidad de las acciones que el solicitante pretenda ejercitar. Esta suspensión automática de los plazos de prescripción y caducidad, desde el mismo momento de la solicitud, protege al interesado frente al riesgo de que la tramitación administrativa del reconocimiento del derecho, que puede prolongarse en el tiempo, le perjudique impidiéndole ejercitar oportunamente la acción que pretendía sostener con la asistencia jurídica gratuita solicitada.

Impugnación del reconocimiento o denegación de la asistencia jurídica gratuita

Contra la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que deniega el derecho cabe impugnación ante el órgano judicial que esté conociendo o vaya a conocer del proceso principal (o, si aún no se ha iniciado, ante el Juzgado Decano), que la resuelve previa audiencia de las partes y de la Administración mediante auto no susceptible de recurso. También puede impugnar el reconocimiento la parte contraria si considera que no concurrían los requisitos legales. El reconocimiento puede revocarse cuando se acredite que el beneficiario no reunía los requisitos o se ocultaron datos. Si el beneficiario viene a mejor fortuna en los tres años siguientes a la terminación del proceso y ha sido condenado en costas, debe pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria (art. 36 Ley 1/1996).

Efectos de la insostenibilidad de la pretensión apreciada por el profesional designado

Si el abogado designado de oficio considera que la pretensión que se le pide sostener es manifiestamente insostenible, debe comunicarlo motivadamente al Colegio de Abogados, quien, tras el informe del Colegio de Procuradores si también hubiera sido designado este, resuelve sobre la viabilidad de la pretensión; si se confirma dicha insostenibilidad, se comunica al solicitante para que, si insiste en su pretensión, deba hacerlo asumiendo su propia defensa o mediante abogado de su elección y a su costa, sin que ello le prive definitivamente del derecho a la asistencia jurídica gratuita para otras actuaciones futuras que sí resulten viables. Este mecanismo de control de la viabilidad jurídica de la pretensión evita que los recursos públicos destinados a la asistencia jurídica gratuita se empleen en el sostenimiento de reclamaciones manifiestamente carentes de fundamento, sin que ello suponga, en ningún caso, una privación definitiva y general del derecho reconocido al solicitante para el conjunto de sus futuras necesidades de asistencia jurídica.

Marco normativo

Costas: arts. 394 a 398 LEC (condena) y arts. 241 a 246 LEC (tasación e impugnación). Intereses: art. 576 LEC, art. 1108 del Código Civil y Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Tasa: Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero. Depósitos y consignaciones: Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, y disposición adicional decimoquinta de la LOPJ. Asistencia jurídica gratuita: Ley 1/1996, de 10 de enero, y su reglamento (Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo). La Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, refuerza el estatuto del derecho de defensa y debe tenerse en cuenta en lo que afecta al régimen de honorarios y de justicia gratuita.

Reglas especiales de costas: ejecución, procesos sin preceptividad y gastos propios

Cada parte debe pagar los gastos y costas causados a su instancia y los comunes por mitad hasta que recaiga condena (art. 241 LEC). En la ejecución, las costas se imponen al ejecutado sin necesidad de expresa condena (art. 539.2 LEC) y la cantidad por la que se despacha ejecución puede incluir una cantidad provisional para intereses y costas que no puede exceder del 30 por ciento de la cuantía del principal (art. 575 LEC). La intervención de abogado y procurador es preceptiva en el juicio ordinario y en el verbal de cuantía superior a 2.000 euros, y en la ejecución cuando la cantidad exceda de 2.000 euros (art. 539). Los profesionales pueden reclamar a sus clientes honorarios y derechos impagados mediante el procedimiento de cuenta del procurador (art. 34) y de los honorarios del abogado (art. 35), tramitados ante el Letrado de la Administración de Justicia.

Intereses: tipos y diferencias entre figuras

Interés legal del dinero (art. 1108 CC): fijado anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Interés procesal del art. 576 LEC: interés legal incrementado en dos puntos, se devenga de oficio desde la sentencia de primera instancia hasta el pago, sin necesidad de petición. Interés moratorio en operaciones comerciales (Ley 3/2004): tipo del BCE en su operación principal de refinanciación más ocho puntos porcentuales, que se aplica cuando el título sustantivo es una operación comercial. Pacto de intereses: prevalece el convenido si resulta superior. En la ejecución dineraria, los intereses se liquidan por simple operación aritmética y no requieren el trámite de liquidación de daños y perjuicios.

Ejemplos prácticos de tasación

Una sentencia condena a pagar 30.000 euros con costas al demandado; el límite de honorarios de abogado y peritos repercutibles es 10.000 euros, salvo temeridad. Una sentencia en pretensión inestimable: a estos solos efectos se valora en 18.000 euros, y el tercio es 6.000 euros. Un allanamiento antes de contestar sin requerimiento previo: sin costas. Un allanamiento con requerimiento fehaciente previo: se presume mala fe y se imponen costas. Un desistimiento sin consentimiento del demandado: costas al actor.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Regla general en primera instancia: vencimiento objetivo (se condena a quien ve totalmente rechazadas sus pretensiones), salvo apreciación de serias dudas de hecho o de derecho.
  • Estimación/desestimación parcial: cada parte paga las suyas y las comunes por mitad, salvo temeridad de alguna de ellas.
  • Allanamiento antes de contestar: sin condena en costas, salvo mala fe (p. ej., requerimiento fehaciente previo ya formulado).
  • Desistimiento: condena al actor salvo consentimiento o no oposición del demandado.
  • Límite económico de la condena en costas: un tercio de la cuantía del proceso por cada litigante condenado (salvo temeridad o cuantía indeterminada).
  • Impugnación de la tasación de costas: por indebidas (partidas que no debieron incluirse) o por excesivas (honorarios de abogado desproporcionados, con posible dictamen colegial).
  • El interés procesal del art. 576 LEC (interés legal + 2 puntos) se devenga de oficio desde la sentencia de primera instancia que condena al pago de cantidad líquida, sin necesidad de petición expresa.
  • La tasa judicial solo grava, en la actualidad, a las personas jurídicas; las personas físicas están exentas desde 2015.
  • El depósito para recurrir es requisito de admisibilidad no subsanable en apelación (según el tipo de resolución), extraordinarios de infracción procesal, casación y revisión.
  • Asistencia jurídica gratuita: solicitud ante el Colegio de Abogados, resolución de la Comisión correspondiente; su presentación suspende los plazos de prescripción/caducidad de la acción.
  • Si el abogado de oficio considera la pretensión insostenible, debe comunicarlo motivadamente al Colegio; confirmada la insostenibilidad, el interesado puede seguir por su cuenta y riesgo.
  • Art. 394.3 LEC: límite de un tercio de la cuantía por litigante condenado, y pretensiones inestimables valoradas en 18.000 euros (salvo mayor cuantía razonada).
  • Costas de los recursos (art. 398): desestimación total, al recurrente; estimación, total o parcial, sin condena.
  • Art. 32.5 LEC: sin intervención preceptiva de abogado y procurador, el vencedor no repercute sus honorarios salvo temeridad o domicilio en lugar distinto al de la sede del tribunal.
  • Costas de la ejecución a cargo del ejecutado (art. 539.2 LEC) y cantidad provisional para intereses y costas de hasta el 30 por ciento del principal (art. 575).
  • La tasa judicial se aplica solo a personas jurídicas desde el Real Decreto-ley 3/2013; la falta de justificante se subsana en 10 días.
  • Depósito para recurrir: DA 15.ª LOPJ, 25 euros reposición y 50 euros apelación, infracción procesal y casación; falta subsanable en dos días.
  • AJG (Ley 1/1996): doble del IPREM para personas sin unidad familiar; reconocimiento sin umbral económico para víctimas de violencia de género, terrorismo y trata.
  • La mejor fortuna del beneficiario de AJG (tres años) le obliga a pagar las costas de su defensa y de la parte contraria.
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El criterio general de imposición de costas en primera instancia es:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 39 de Gestión Procesal (Justicia)?

Las costas procesales son los gastos originados directamente por la tramitación de un proceso, cuyo régimen de imposición sigue en la LEC el principio del vencimiento objetivo, atemperado por diversas excepciones que atienden a la conducta de las partes y al resultado del pleito. Junto a las costas, este tema aborda otros aspectos económicos del proceso de notable relevancia práctica en la oficina judicial: la liquidación de intereses, la tasa judicial, el régimen de pagos, depósitos y consignaciones judiciales, y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que garantiza el acceso a la justicia a quienes carecen de recursos económicos suficientes para litigar.

¿Qué hay que memorizar del Tema 39 para el examen?

Regla general en primera instancia: vencimiento objetivo (se condena a quien ve totalmente rechazadas sus pretensiones), salvo apreciación de serias dudas de hecho o de derecho. Estimación/desestimación parcial: cada parte paga las suyas y las comunes por mitad, salvo temeridad de alguna de ellas. Allanamiento antes de contestar: sin condena en costas, salvo mala fe (p. ej., requerimiento fehaciente previo ya formulado). Desistimiento: condena al actor salvo consentimiento o no oposición del demandado. Límite económico de la condena en costas: un tercio de la cuantía del proceso por cada litigante condenado (salvo temeridad o cuantía indeterminada). Impugnación de la tasación de costas: por indebidas (partidas que no debieron incluirse) o por excesivas (honorarios de abogado desproporcionados, con posible dictamen colegial). El interés procesal del art. 576 LEC (interés legal + 2 puntos) se devenga de oficio desde la sentencia de primera instancia que condena al pago de cantidad líquida, sin necesidad de petición expresa. La tasa judicial solo grava, en la actualidad, a las personas jurídicas; las personas físicas están exentas desde 2015. El depósito para recurrir es requisito de admisibilidad no subsanable en apelación (según el tipo de resolución), extraordinarios de infracción procesal, casación y revisión. Asistencia jurídica gratuita: solicitud ante el Colegio de Abogados, resolución de la Comisión correspondiente; su presentación suspende los plazos de prescripción/caducidad de la acción. Si el abogado de oficio considera la pretensión insostenible, debe comunicarlo motivadamente al Colegio; confirmada la insostenibilidad, el interesado puede seguir por su cuenta y riesgo. Art. 394.3 LEC: límite de un tercio de la cuantía por litigante condenado, y pretensiones inestimables valoradas en 18.000 euros (salvo mayor cuantía razonada). Costas de los recursos (art. 398): desestimación total, al recurrente; estimación, total o parcial, sin condena. Art. 32.5 LEC: sin intervención preceptiva de abogado y procurador, el vencedor no repercute sus honorarios salvo temeridad o domicilio en lugar distinto al de la sede del tribunal. Costas de la ejecución a cargo del ejecutado (art. 539.2 LEC) y cantidad provisional para intereses y costas de hasta el 30 por ciento del principal (art. 575). La tasa judicial se aplica solo a personas jurídicas desde el Real Decreto-ley 3/2013; la falta de justificante se subsana en 10 días. Depósito para recurrir: DA 15.ª LOPJ, 25 euros reposición y 50 euros apelación, infracción procesal y casación; falta subsanable en dos días. AJG (Ley 1/1996): doble del IPREM para personas sin unidad familiar; reconocimiento sin umbral económico para víctimas de violencia de género, terrorismo y trata. La mejor fortuna del beneficiario de AJG (tres años) le obliga a pagar las costas de su defensa y de la parte contraria.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323): arts. 32, 34, 35, 241 a 246, 394 a 398, 539, 575 y 576.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, disposición adicional decimoquinta (depósito para recurrir).
  • Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses; Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero.
  • Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales.
  • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE-A-1996-750) y Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba su Reglamento.
  • Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores.
  • Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
  • Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.

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