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Tema 2. Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género: especial referencia a la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Antecedentes. Objeto y principios rectores. Medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. Tutela institucional. La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo o género cuenta en el ordenamiento español con un desarrollo normativo específico: la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Estas cuatro normas, que desarrollan los arts. 9.2 y 14 de la Constitución, configuran el marco de tutela antidiscriminatoria que el personal de la Administración de Justicia debe conocer, especialmente por su proyección en la organización judicial (secciones especializadas de violencia sobre la mujer) y en la gestión procesal con perspectiva de género.

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Fundamento constitucional, doctrina y Derecho de la Unión Europea

El art. 14 CE proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; el art. 9.2 CE obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; el art. 1.1 incluye la igualdad entre los valores superiores del ordenamiento y el art. 35.1 reconoce que en ningún caso puede hacerse discriminación por razón de sexo en el trabajo. El Tribunal Constitucional distingue la igualdad ante la ley (art. 14, primer inciso) de la prohibición de discriminación (segundo inciso), que opera como una prohibición reforzada que obliga a un escrutinio más estricto. Ha admitido las medidas de acción positiva a favor de las mujeres cuando corrigen una desigualdad real y son razonables y proporcionadas (STC 128/1987), ha reconocido la discriminación indirecta en materia retributiva (STC 145/1991) y ha vinculado la conciliación de la vida familiar y laboral con la prohibición de discriminación por sexo (STC 3/2007). En el ámbito europeo, el art. 157 TFUE consagra la igualdad de retribución por trabajo de igual valor y la Directiva 2006/54/CE (refundida) regula la igualdad de oportunidades y trato en el empleo; la LO 3/2007 incorporó al Derecho español, entre otras, las Directivas 2002/73/CE y 2004/113/CE. La Directiva (UE) 2023/970, sobre transparencia retributiva, tiene como plazo de transposición el 7 de junio de 2026.

LO 3/2007: objeto y principios (arts. 1-4)

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural (art. 1). Consagra el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil (art. 3). El art. 4 establece la integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. La estructura de la ley comprende un Título Preliminar y ocho títulos, entre los que destacan el II (políticas públicas para la igualdad), el IV (derecho al trabajo en igualdad de oportunidades), el V (principio de igualdad en el empleo público) y el VIII (disposiciones organizativas).

LO 3/2007: conceptos de discriminación, acoso y garantías (arts. 5-13)

La ley define la discriminación directa (situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo) y la indirecta (disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que sitúan a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro, salvo justificación objetiva) en el art. 6. El art. 7 distingue el acoso sexual (comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad de la persona o crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo) y el acoso por razón de sexo (comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el mismo propósito o efecto); ambos se consideran discriminatorios. El art. 8 considera discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. El art. 9 consagra la indemnidad frente a represalias; el art. 10 declara que los actos y cláusulas contrarios a la igualdad son nulos y dan lugar a responsabilidad y reparación; el art. 11 regula las acciones positivas (medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho, que serán aplicables en tanto subsistan y deben ser razonables y proporcionadas); el art. 12 reconoce la tutela judicial efectiva y la legitimación para defender intereses colectivos; y el art. 13 establece la inversión de la carga de la prueba: corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación cuando el actor aporte indicios fundados.

LO 3/2007: políticas públicas y criterios de actuación (Título II, arts. 14-20)

El art. 14 enumera los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad; la integración activa del principio de igualdad en la adopción y ejecución de disposiciones normativas y políticas (transversalidad, art. 15); la colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones; la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones; la adopción de medidas de acción positiva; la protección de la maternidad; el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres; la eliminación de la violencia de género y de todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo; y la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo. El Gobierno aprueba periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17); los proyectos normativos de especial relevancia deben acompañarse de un informe sobre su impacto por razón de género (art. 19, que modificó la Ley del Gobierno); y se crea la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres y las unidades de igualdad en cada Ministerio (art. 77).

LO 3/2007: medidas destacadas

La Ley incorpora, entre otras medidas: la elaboración de planes de igualdad en las empresas (art. 45), obligatorios en las empresas de 50 o más personas trabajadoras tras la reforma del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, con diagnóstico negociado y registro regulado por el Real Decreto 901/2020; el Real Decreto 902/2020 regula la igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la regulación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor, que el Real Decreto-ley 6/2019 equiparó en 16 semanas, intransferibles e iguales para ambos progenitores, y que el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, amplió a 19 semanas, y a 32 en las familias monoparentales (la LO 3/2007 introdujo originariamente el permiso de paternidad de 13 días); la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales (composición equilibrada: ninguno de los sexos supera el 60 % ni baja del 40 %) y en los órganos directivos de las Administraciones Públicas y de las grandes sociedades; y la creación de la Comisión Interministerial de Igualdad. Introdujo también reformas en el Estatuto de los Trabajadores, la LOPJ, la LOREG y otras leyes para incorporar la perspectiva de género. La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, ha reforzado esta línea con exigencias de paridad en órganos de decisión públicos y privados. El Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, amplió y reordenó los permisos de conciliación (entre ellos, un permiso parental para el cuidado de hijos menores de ocho años).

LO 3/2007: la igualdad en el empleo público y los planes de igualdad

La LO 3/2007 no se limita a proclamar principios: impone a las Administraciones Públicas la obligación de remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier discriminación por razón de sexo y de fomentar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (Título V; criterios de actuación en el art. 51). En el ámbito de la función pública prevé, entre otras medidas, la consideración de la excedencia por cuidado de familiares y los permisos de maternidad, paternidad y lactancia como situaciones asimiladas al servicio activo a determinados efectos, la composición equilibrada de los órganos de selección, la eliminación de obstáculos en el acceso y la promoción, la protección frente al acoso sexual y por razón de sexo, y el fomento de una representación equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de cargos de responsabilidad. En el ámbito privado obliga a las empresas de determinado tamaño a negociar planes de igualdad, con diagnóstico previo y medidas concretas en materia de acceso al empleo, clasificación profesional, retribuciones, conciliación y prevención del acoso. Para la Administración General del Estado se aprueban planes de igualdad específicos, negociados con la representación sindical.

LO 1/2004: antecedentes

La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, responde a la evolución del tratamiento jurídico de la violencia contra la mujer. En el plano internacional, la violencia contra las mujeres se reconoce como violación de derechos humanos y discriminación (Convención CEDAW de 1979, Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993, IV Conferencia de Beijing de 1995); el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011) fue ratificado por España en 2014. En el ordenamiento interno la ley se sitúa tras las reformas penales y procesales de 2003, entre ellas la Ley 27/2003, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, y adopta un enfoque integral, multidisciplinar y no exclusivamente penal. Fue complementada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, desarrollado en parte por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, que modificó la propia LO 1/2004 (por ejemplo, ampliando las formas de acreditar la condición de víctima y las competencias municipales). La LO 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia, reconoció además como víctimas de la violencia de género a los menores que viven en el entorno familiar donde se ejerce.

LO 1/2004: objeto, concepto y principios rectores (arts. 1-2)

El art. 1 de la LO 1/2004 define su objeto: actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. La ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Es una ley integral: combina medidas de sensibilización, prevención, detección precoz, asistencia social, tutela institucional, tutela penal y tutela judicial civil. Sus principios rectores (art. 2) incluyen fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana, consagrar derechos de las mujeres víctimas, reforzar el marco penal y procesal, garantizar derechos de información, asistencia social integral y asistencia jurídica gratuita, coordinar los recursos de todos los poderes públicos y promover la colaboración con entidades. Conviene distinguir la violencia de género (relación de pareja o expareja, LO 1/2004) de la violencia doméstica (otros miembros del entorno familiar, art. 173.2 del Código Penal), que no atribuye competencia a las secciones de violencia sobre la mujer salvo en los supuestos legales de conexión. El Tribunal Constitucional (STC 59/2008) declaró conforme a la Constitución el agravamiento penal del art. 153.1 CP para el maltrato ocasional del hombre contra la mujer pareja.

Medidas de sensibilización, prevención y detección (Título I LO 1/2004, arts. 3-16)

El Título I despliega medidas en distintos ámbitos. En el educativo: formación en valores de igualdad entre sexos y resolución pacífica de conflictos en todas las etapas educativas, inclusión de la prevención de la violencia de género en los currículos y formación inicial y permanente del profesorado. En el ámbito de la publicidad: se considera ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. En los medios de comunicación: fomento de la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación, y respeto a la dignidad de las víctimas en el tratamiento informativo. En el ámbito sanitario: protocolos de actuación en los centros del Sistema Nacional de Salud para la detección precoz y la atención a las víctimas, y formación de los profesionales sanitarios; se crea en el seno del Consejo Interterritorial del SNS una Comisión contra la Violencia de Género. Las medidas de detección se completan con los servicios sociales y con la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que disponen de unidades especializadas.

Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (Título II LO 1/2004, arts. 17-28)

El Título II reconoce a todas las mujeres víctimas, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, el derecho a la información (art. 18) sobre las medidas de protección y ayuda existentes; el derecho a la asistencia social integral (art. 19), a través de servicios de atención permanente, urgente y con especialización de prestaciones y multidisciplinariedad; el derecho a la asistencia jurídica gratuita inmediata y especializada (art. 20) en todos los procesos y procedimientos relacionados con la violencia de género, con una misma dirección letrada para todos los procesos derivados; derechos laborales y de Seguridad Social (art. 21), como la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, el cambio de centro de trabajo, la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto y la extinción del contrato con derecho a la situación legal de desempleo; derechos de las funcionarias públicas (art. 24), con reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad, excedencia y justificación de las faltas de asistencia; y derechos económicos, como la ayuda social del art. 27 para víctimas con especiales dificultades para obtener un empleo, y el acceso preferente a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores (art. 28).

Tutela institucional de la violencia de género (Título III LO 1/2004, arts. 29-32)

La LO 1/2004 crea o refuerza órganos especializados: la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (denominada originariamente Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer), órgano al que corresponde proponer la política del Gobierno y coordinar e impulsar las actuaciones en la materia; el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, órgano colegiado adscrito al Ministerio competente en materia de igualdad que asesora, evalúa, colabora institucionalmente y elabora informes y estudios sobre la evolución de la violencia de género; y las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuentan con unidades especializadas. En el ámbito del Ministerio Fiscal existen un Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y secciones especializadas en las Fiscalías, encargadas de supervisar e impulsar los procedimientos penales y civiles en la materia (arts. 70 y 71).

Tutela penal y tutela judicial (Títulos IV y V LO 1/2004)

El Título IV (arts. 33-42) refuerza la tutela penal mediante la modificación del Código Penal: tipos agravados de lesiones, maltrato ocasional, amenazas leves y coacciones leves cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, y reforzamiento del quebrantamiento de condena. El Título V (arts. 43 y ss.) regula la tutela judicial: crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (hoy, tras la LO 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia), con competencias penales y civiles, y establece las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas (arts. 61 y ss.): orden de protección (art. 62), salida del domicilio y alejamiento (art. 64), suspensión de la patria potestad o de la guarda y custodia (art. 65), suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores (art. 66) y suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas (art. 67). La LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, ha previsto la extensión de la especialización de estos órganos a la violencia sexual, con implantación progresiva.

Competencias penales y civiles de las secciones de Violencia sobre la Mujer (art. 87 ter LOPJ)

Las secciones especializadas de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (herederas funcionales de los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer) conocen, en el orden penal, de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por determinados delitos (homicidio, lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral y cualquier otro cometido con violencia o intimidación, entre otros) cometidos por el hombre sobre la mujer que sea o haya sido su cónyuge o pareja, así como sobre los descendientes propios o de esta y los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan o estén sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la víctima, cuando también se haya producido un acto de violencia de género; de la adopción de las órdenes de protección y de las medidas cautelares; y del conocimiento y fallo de los delitos leves de su competencia. En el orden civil conocen, cuando concurran simultáneamente los presupuestos legales (que alguna de las partes sea víctima de los actos de violencia de género, que la otra sea el imputado como autor, inductor o cooperador, y que se haya iniciado proceso penal o dictado orden de protección), de asuntos de familia (nulidad, separación, divorcio, filiación, relaciones paterno-filiales, guarda y custodia, alimentos), por conexión con el hecho violento, con la finalidad de evitar la doble intervención judicial y las victimizaciones secundarias.

La orden de protección de las víctimas de violencia doméstica y de género

La orden de protección, regulada en el art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (introducido por la Ley 27/2003, de 31 de julio), es el instrumento procesal que unifica en una sola resolución judicial medidas cautelares penales (alejamiento, prohibición de comunicación, salida del domicilio) y medidas civiles (atribución del uso de la vivienda, régimen de custodia, visitas y prestación de alimentos) y la activación de los mecanismos de protección social a favor de la víctima. Puede ser instada por la propia víctima o persona de su entorno de las previstas en el art. 173.2 del Código Penal, acordarse de oficio por el Juez o solicitarse por el Ministerio Fiscal; las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que conozcan de los hechos deben ponerlos de inmediato en conocimiento del Juez de guardia o del Ministerio Fiscal. Se resuelve tras una audiencia urgente con las partes y el Fiscal, en el plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud. Las medidas civiles tienen una vigencia limitada de 30 días: si en ese plazo se presenta demanda en la jurisdicción civil, permanecen otros 30 días desde la presentación. La orden se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, de acceso permanente para los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Administraciones competentes.

El sistema VioGén y la coordinación institucional

La práctica de la LO 1/2004 se apoya en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), gestionado por el Ministerio del Interior, que asigna a cada víctima un nivel de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto o extremo) y activa un protocolo de seguimiento y protección proporcional; los datos del sistema se comparten entre policía, órganos judiciales, fiscalía y servicios sociales. Esta coordinación institucional es una de las señas de identidad del modelo integral español frente a modelos anteriores puramente penales o puramente asistenciales.

Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación: objeto y ámbito

La Ley 15/2022, de 12 de julio, tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetar la igual dignidad de las personas en el ejercicio de los derechos y libertades, y establecer medidas para prevenir y erradicar toda forma de discriminación (art. 1). Protege frente a la discriminación por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 2). Es una lista abierta, más amplia que la de las normas sectoriales anteriores. Se aplica tanto a las Administraciones Públicas como a personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda, la publicidad, los medios de comunicación, el acceso a bienes y servicios y la participación social y política.

Ley 15/2022: formas de discriminación y régimen de garantías

La norma tipifica varias formas de discriminación: directa (trato menos favorable por alguna causa protegida), indirecta (una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ocasiona una desventaja particular), discriminación múltiple o interseccional (concurrencia de dos o más causas), discriminación por asociación (por la relación con una persona con alguna de esas causas) y discriminación por error (basada en una apreciación incorrecta de la causa). Prohíbe también el acoso discriminatorio, la inducción, orden o instrucción de discriminar, la denegación de ajustes razonables a personas con discapacidad y las represalias frente a quien denuncie o participe en un procedimiento de este tipo. Establece la inversión de la carga de la prueba: acreditados indicios fundados de discriminación, corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación, sin que opere en el proceso penal. Prevé la legitimación de las entidades que tengan por objeto la defensa de la igualdad, la tutela judicial y la garantía de indemnidad, crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y establece un régimen sancionador administrativo con infracciones leves, graves y muy graves. Su aplicación en el orden penal se combina con las agravantes del Código Penal por motivos discriminatorios.

Ley 4/2023: objeto y libre determinación de la identidad de género

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, tiene por objeto desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y erradicar las situaciones de discriminación para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género y las características sexuales con libertad. Reconoce el derecho de toda persona a la libre autodeterminación de su identidad de género, sin necesidad de acreditar tratamiento médico, hormonal, quirúrgico o informe psicológico o médico alguno, superando así el modelo de la Ley 3/2007 de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que exigía diagnóstico de disforia de género y dos años de tratamiento hormonal salvo excepciones. La ley diferencia varios tramos de edad: las personas mayores de 16 años pueden solicitar la rectificación registral por sí mismas; entre 14 y 16 años, asistidas por sus representantes legales; entre 12 y 14 años requieren autorización judicial, con audiencia del menor y del Ministerio Fiscal; y por debajo de 12 años no cabe la rectificación de la mención del sexo.

Ley 4/2023: procedimiento de rectificación registral y medidas LGTBI

El procedimiento de rectificación registral de la mención relativa al sexo se tramita ante el Registro Civil mediante un expediente con dos comparecencias separadas por un plazo de reflexión de al menos tres meses, sin necesidad de intervención judicial en el caso de los mayores de 16 años. Además de la regulación registral, la ley articula un catálogo de medidas contra la discriminación de las personas LGTBI en los ámbitos laboral (las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben contar con un conjunto planificado de medidas para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, y protocolos frente al acoso), educativo, sanitario, publicitario y de protección social; prohíbe expresamente las llamadas terapias de conversión; reconoce el acceso a las técnicas de reproducción asistida de mujeres lesbianas y personas trans con capacidad de gestar, y la filiación de los hijos de parejas de mujeres en igualdad de condiciones; y tipifica un régimen de infracciones y sanciones administrativas, con reglas específicas de protección reforzada para personas trans menores de edad, personas intersexuales y familias LGTBI.

Relación entre las cuatro normas y su proyección en la Administración de Justicia

Las cuatro leyes se complementan y no se solapan: la LO 3/2007 fija el marco general de igualdad de trato entre mujeres y hombres; la LO 1/2004 se especializa en la tutela penal y civil frente a la violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja; la Ley 15/2022 amplía la protección antidiscriminatoria a cualquier causa protegida, no solo el sexo; y la Ley 4/2023 se centra en la identidad de género y en el colectivo LGTBI. Para el personal de Gestión Procesal y Administrativa la proyección práctica más directa está en la organización de las secciones especializadas de violencia sobre la mujer, en la tramitación de las órdenes de protección y de las comunicaciones con el Registro Central, en la tramitación de expedientes de rectificación registral de sexo, y en el deber de aplicar con perspectiva de género la atención al público y la gestión procesal, conforme a los protocolos de coordinación institucional derivados de estas normas.

Transversalidad de género y estadísticas oficiales

La LO 3/2007 impone el principio de transversalidad (mainstreaming): el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres se integra de forma activa en la adopción y ejecución de todas las políticas y normas de las Administraciones Públicas, y no solo en normas específicamente dedicadas a la igualdad. En el ámbito de la Administración de Justicia, este principio se traduce, entre otras manifestaciones, en la exigencia de estadísticas judiciales desagregadas por sexo, en la formación en perspectiva de género del personal, y en la evaluación del impacto de género de los anteproyectos normativos que afecten a la organización judicial.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LO 3/2007 (igualdad efectiva): marco general de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. LO 1/2004 (violencia de género): tutela penal y civil frente a la violencia machista en el ámbito de pareja o expareja.
  • Los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer son hoy, tras la LO 1/2025, secciones especializadas de Violencia sobre la Mujer dentro de los Tribunales de Instancia.
  • Ley 15/2022: cláusula general antidiscriminatoria (lista abierta de causas), con inversión de la carga de la prueba. Ley 4/2023: específica de identidad de género y colectivo LGTBI, con procedimiento de rectificación registral por declaración de voluntad desde los 16 años.
  • LO 3/2007 obliga a Administraciones y empresas a promover activamente la igualdad (planes de igualdad, composición equilibrada de órganos de selección), no solo a prohibir la discriminación.
  • La violencia de género de la LO 1/2004 exige relación de pareja o expareja (con o sin convivencia); no cubre cualquier violencia contra la mujer fuera de ese vínculo. La violencia doméstica (art. 173.2 CP) es otro concepto.
  • Las secciones de Violencia sobre la Mujer atraen competencia civil por conexión (separación, divorcio, guarda y custodia) cuando hay proceso penal por violencia de género u orden de protección y concurren los presupuestos legales, para evitar la doble intervención judicial.
  • Ley 4/2023 supera el modelo de la antigua Ley 3/2007 (rectificación registral del sexo): ya no exige informe médico ni tratamiento hormonal, solo declaración de voluntad con plazo de reflexión de al menos 3 meses.
  • Tramos de edad clave en la Ley 4/2023: 16 años o más, solicitud propia; 14-16, con asistencia de representantes legales; 12-14, con autorización judicial y audiencia del Ministerio Fiscal; menores de 12, no procede la rectificación del sexo.
  • No confundir el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (análisis y estudio) con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (impulso y coordinación de políticas) ni con la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer (actuación procesal).
  • Estructura LO 1/2004: Título Preliminar (arts. 1-2); I sensibilización, prevención y detección (3-16); II derechos de las víctimas (17-28); III tutela institucional (29-32); IV tutela penal (33-42); V tutela judicial (43 y ss.).
  • Orden de protección (art. 544 ter LECrim): se resuelve en 72 horas; sus medidas civiles duran 30 días salvo que se interponga demanda civil. Se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.
  • Planes de igualdad obligatorios en empresas de 50 o más personas trabajadoras (RDL 6/2019; RD 901/2020). Las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben además adoptar medidas LGTBI (Ley 4/2023).
  • Composición equilibrada (LO 3/2007): ninguno de los sexos por debajo del 40 % ni por encima del 60 %. La LO 2/2024, de 1 de agosto, refuerza la paridad en órganos de decisión.
  • Ley 15/2022: la inversión de la carga de la prueba no opera en el proceso penal.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

En el procedimiento de rectificación registral de la mención del sexo de la Ley 4/2023, el plazo de reflexión entre las dos comparecencias es, como mínimo, de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Gestión Procesal (Justicia)?

El derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo o género cuenta en el ordenamiento español con un desarrollo normativo específico: la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Estas cuatro normas, que desarrollan los arts. 9.2 y 14 de la Constitución, configuran el marco de tutela antidiscriminatoria que el personal de la Administración de Justicia debe conocer, especialmente por su proyección en la organización judicial (secciones especializadas de violencia sobre la mujer) y en la gestión procesal con perspectiva de género.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

LO 3/2007 (igualdad efectiva): marco general de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. LO 1/2004 (violencia de género): tutela penal y civil frente a la violencia machista en el ámbito de pareja o expareja. Los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer son hoy, tras la LO 1/2025, secciones especializadas de Violencia sobre la Mujer dentro de los Tribunales de Instancia. Ley 15/2022: cláusula general antidiscriminatoria (lista abierta de causas), con inversión de la carga de la prueba. Ley 4/2023: específica de identidad de género y colectivo LGTBI, con procedimiento de rectificación registral por declaración de voluntad desde los 16 años. LO 3/2007 obliga a Administraciones y empresas a promover activamente la igualdad (planes de igualdad, composición equilibrada de órganos de selección), no solo a prohibir la discriminación. La violencia de género de la LO 1/2004 exige relación de pareja o expareja (con o sin convivencia); no cubre cualquier violencia contra la mujer fuera de ese vínculo. La violencia doméstica (art. 173.2 CP) es otro concepto. Las secciones de Violencia sobre la Mujer atraen competencia civil por conexión (separación, divorcio, guarda y custodia) cuando hay proceso penal por violencia de género u orden de protección y concurren los presupuestos legales, para evitar la doble intervención judicial. Ley 4/2023 supera el modelo de la antigua Ley 3/2007 (rectificación registral del sexo): ya no exige informe médico ni tratamiento hormonal, solo declaración de voluntad con plazo de reflexión de al menos 3 meses. Tramos de edad clave en la Ley 4/2023: 16 años o más, solicitud propia; 14-16, con asistencia de representantes legales; 12-14, con autorización judicial y audiencia del Ministerio Fiscal; menores de 12, no procede la rectificación del sexo. No confundir el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (análisis y estudio) con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (impulso y coordinación de políticas) ni con la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer (actuación procesal). Estructura LO 1/2004: Título Preliminar (arts. 1-2); I sensibilización, prevención y detección (3-16); II derechos de las víctimas (17-28); III tutela institucional (29-32); IV tutela penal (33-42); V tutela judicial (43 y ss.). Orden de protección (art. 544 ter LECrim): se resuelve en 72 horas; sus medidas civiles duran 30 días salvo que se interponga demanda civil. Se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género. Planes de igualdad obligatorios en empresas de 50 o más personas trabajadoras (RDL 6/2019; RD 901/2020). Las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben además adoptar medidas LGTBI (Ley 4/2023). Composición equilibrada (LO 3/2007): ninguno de los sexos por debajo del 40 % ni por encima del 60 %. La LO 2/2024, de 1 de agosto, refuerza la paridad en órganos de decisión. Ley 15/2022: la inversión de la carga de la prueba no opera en el proceso penal.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 1.1, 9.2, 14 y 35.1.
  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
  • Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 87 ter).
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 544 ter).
  • Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
  • Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.
  • Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

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