Tema 44. Las partes en el proceso penal: Ministerio Fiscal; acusador particular; perjudicado y acción popular; acusador privado. El ejercicio de la acción penal: de oficio o a instancia de parte. Denuncia; querella; atestado. Extinción de la acción penal: especial referencia a la renuncia. El ejercicio de la acción civil: el actor civil. El ofrecimiento de acciones. Extinción de la acción civil. El investigado o encausado. La rebeldía. El responsable civil. Representación y defensa de las partes. Defensa de oficio y beneficio de justicia gratuita.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El proceso penal español se articula en torno a una pluralidad de posiciones activas (Ministerio Fiscal, acusación particular, acusación popular, acusación privada y actor civil) frente a una posición pasiva (el investigado o encausado) protegida por la presunción de inocencia y el derecho de defensa (art. 24 CE). Este tema desarrolla el estatuto de cada parte, los modos de iniciar el proceso (de oficio, denuncia, querella y atestado), la extinción de la acción penal con especial referencia a la renuncia y al perdón, el ejercicio, ofrecimiento y extinción de la acción civil derivada del delito, el responsable civil, la rebeldía y el juicio en ausencia, y la postulación procesal: representación por procurador, defensa por abogado, defensa de oficio y asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996). La terminología del investigado y la víctima procede de las reformas de 2015 (LO 13/2015, LO 5/2015, Ley 41/2015 y Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito).
En el proceso penal se distingue entre las partes acusadoras, que ejercitan la pretensión punitiva y, en su caso, la civil, y la parte acusada (investigado en la instrucción y acusado desde que se formula acusación y se abre el juicio oral), frente a la cual se dirige la pretensión. A ello se suma el responsable civil cuando no coincide con el autor del delito. A diferencia del proceso civil, la posición acusadora puede ser ocupada simultáneamente por varios sujetos con intereses no siempre coincidentes (Fiscal, acusación particular, acusación popular), de modo que la discrepancia entre ellas sobre la calificación o la pena no impide la tramitación conjunta del proceso. El principio acusatorio exige que alguien acuse, pero el tribunal sólo puede condenar por los hechos y por el delito (o delito homogéneo) por el que se acusó y con una pena que no exceda de la más grave solicitada.
Las partes acusadoras: enumeración
Pueden ejercer la acusación: el Ministerio Fiscal, que actúa por mandato del art. 124 CE en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público; el acusador particular, que es el ofendido o perjudicado que se persona en la causa; el actor popular, cualquier ciudadano español que ejercita la acción penal sin ser ofendido (art. 125 CE y art. 101 LECrim); y, en los delitos privados, el acusador privado, único legitimado para sostener la acusación, sin que el Fiscal pueda sustituirle. El actor civil no es propiamente parte acusadora: sólo ejercita la pretensión de resarcimiento. Por último pueden personarse las Administraciones públicas perjudicadas, a través de la Abogacía del Estado o de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma o entidad local, en defensa de su patrimonio.
El Ministerio Fiscal: principios de actuación en el proceso penal
El art. 124 CE y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre) le encomiendan promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados. Actúa con sujeción a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sometimiento a la legalidad y a la imparcialidad (art. 124.2 CE). El art. 105 LECrim le obliga a ejercitar todas las acciones penales que considere procedentes, haya o no acusador particular, salvo aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada. En los delitos públicos es parte necesaria y, como defensor de la legalidad, puede solicitar el sobreseimiento o la absolución si no hay indicios suficientes. Por mandato del art. 108 LECrim, ejercita también la acción civil junto con la penal, salvo que el perjudicado la haya renunciado o se la haya reservado expresamente. Tiene además competencia para recibir denuncias y practicar diligencias de investigación preprocesales (art. 5 EOMF y art. 773.2 LECrim), cuya duración máxima es de seis meses, salvo prórroga acordada por el Fiscal General del Estado; las diligencias cesan cuando se tenga noticia de que el proceso penal está en marcha o cuando se aprecie la existencia de un delito de los que exigen intervención judicial, y el Fiscal ha de remitirlas al juez. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (art. 124.4 CE).
El acusador particular: concepto y legitimación
El acusador particular es el ofendido o perjudicado por el delito (o sus herederos o representantes legales) que se persona como parte acusadora, ejercitando conjunta o separadamente la acción penal y la civil. Puede hacerlo mediante querella o, si el proceso ya se hubiera iniciado de oficio, por denuncia o por atestado, mediante simple personación, que debe realizarse con procurador y abogado. Según el art. 110 LECrim, los perjudicados por el delito pueden mostrarse parte en la causa si no hubieran renunciado a su derecho antes de su declaración, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones, y el art. 109 bis, introducido por la Ley 4/2015, permite a la víctima personarse en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito. La víctima que no se haya personado como parte puede, en todo caso, recurrir determinadas resoluciones, y mantiene los derechos de información, participación y protección que reconoce el Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015), desarrollado en cuanto a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas por el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre. El acusador particular puede sostener la acusación aunque el Fiscal no acuse o formule una calificación distinta.
El ofendido y el perjudicado por el delito
El ofendido es el titular del bien jurídico lesionado por el delito (la víctima de un robo, de lesiones o del honor). El perjudicado es quien sufre un daño o perjuicio derivado del delito, aunque no sea el titular directo del bien jurídico (los familiares de la víctima de un homicidio en cuanto a la responsabilidad civil). Ambas condiciones pueden coincidir. La distinción determina quién puede personarse como acusador particular y quién puede limitarse a ejercitar la acción civil como actor civil. En los delitos contra la vida, el ofendido directo ha fallecido y asumen la posición los familiares, en condición de perjudicados, conforme al Estatuto de la víctima del delito, que define como víctima indirecta, en caso de muerte o desaparición, al cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, a los hijos y a otros familiares en el orden que establece el art. 2 de la Ley 4/2015.
La acción popular: concepto y régimen
La acción popular es la facultad de cualquier ciudadano español, sea o no ofendido, de ejercitar la acción penal en los delitos públicos. Tiene su base en el art. 125 CE (los ciudadanos podrán ejercer la acción popular en la forma y respecto de aquellos procesos penales que la ley determine) y en los arts. 101 y 270 LECrim. Los extranjeros sólo pueden querellarse por los delitos cometidos contra sus personas o bienes o los de sus representados (art. 270 LECrim). No pueden ejercitar la acción penal quienes no gocen de plenos derechos civiles, los condenados por delito de denuncia o acusación calumniosa o de falso testimonio, ni los jueces y magistrados (salvo por delito contra sí mismos o sus familiares) (art. 102 LECrim). Tampoco pueden ejercitarla entre sí los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos, salvo por delito o falta contra la persona del cónyuge o familiar querellante (art. 103 LECrim). Las personas jurídicas pueden ejercer la acción popular, incluidas asociaciones y fundaciones. Las leyes especiales también la reconocen a entidades concretas en materias determinadas.
Requisitos y límites de la acción popular
El actor popular debe comparecer por medio de querella suscrita por abogado y procurador (art. 277 LECrim) y, por regla general, prestar la fianza que fije el juez para responder de las resultas del juicio (art. 280 LECrim); el ofendido y sus herederos o representantes legales están exentos de fianza (art. 281 LECrim). El Tribunal Supremo ha limitado su alcance en dos sentencias conocidas por los casos que las originaron. La doctrina Botín (STS 1045/2007, de 17 de diciembre) establece que no puede abrirse juicio oral únicamente a instancia de la acusación popular cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular (o el perjudicado) solicitan el sobreseimiento, en delitos con un perjudicado concreto. La doctrina Atutxa (STS 54/2008, de 8 de abril) la matiza para los delitos que afectan a bienes jurídicos colectivos o de la comunidad, en los que no hay una víctima identificable y la acusación popular sí puede sostener sola la acusación. El Tribunal Constitucional ha admitido que el legislador module su ejercicio sin vulnerar el art. 125 CE, por no ser un derecho fundamental sino de configuración legal.
El acusador privado: concepto y ámbito (delitos privados)
El acusador privado es el único legitimado para sostener la acusación en los delitos estrictamente privados, que en la actualidad son la calumnia y la injuria contra particulares. El art. 215 del Código Penal dispone que nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida o de su representante legal. El Ministerio Fiscal no interviene en ellos como acusador (art. 105 LECrim). La excepción es que la ofensa se dirija contra un funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, en cuyo caso se procede de oficio. El proceso se sigue por los cauces del juicio por delitos leves o del procedimiento abreviado según la pena, con las particularidades que prevé la LECrim para los delitos privados, y el perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal. Fundamento: el bien jurídico protegido (honor) se considera tan vinculado a la esfera personal del ofendido que su persecución queda a su voluntad.
Clases de delitos según el modo de persecución
Delitos públicos: se persiguen de oficio, sin necesidad de denuncia ni de querella del ofendido; son la regla general. Delitos semipúblicos: sólo pueden perseguirse previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (y, cuando el Código Penal lo prevé, del Ministerio Fiscal si la víctima es menor, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida); presentada la denuncia, el proceso continúa de oficio y el perdón sólo extingue la responsabilidad en los casos que la ley prevé. Son ejemplos el descubrimiento y revelación de secretos de particulares y determinados delitos societarios. Delitos privados: requieren querella del ofendido, que mantiene la disponibilidad del proceso (calumnia e injuria entre particulares). Esta distinción no depende de la gravedad del delito sino de la naturaleza del bien jurídico y de la decisión del legislador.
El ejercicio de la acción penal de oficio y a instancia de parte
En los delitos públicos, el proceso se inicia de oficio: por acuerdo del juez que tiene noticia del hecho, por denuncia, por atestado policial, por querella o por iniciativa del Ministerio Fiscal. Rige el principio de oficialidad como manifestación del interés público en el esclarecimiento y castigo del delito (art. 105 LECrim). A instancia de parte significa que el proceso sólo puede comenzar si lo pide el ofendido: mediante denuncia en los delitos semipúblicos y mediante querella en los privados. En los semipúblicos, una vez presentada la denuncia, el proceso sigue de oficio como cualquier delito público; en los privados, la continuación del proceso queda permanentemente ligada a la voluntad del querellante, que puede desistir o perdonar.
La denuncia: concepto, forma y efectos
La denuncia es la puesta en conocimiento de la autoridad (juez de instrucción, Ministerio Fiscal o Policía) de la comisión de un hecho que reviste apariencia de delito. Puede hacerse verbalmente (acta extendida por el funcionario) o por escrito (firmada por el denunciante), personalmente o por mandatario con poder especial, sin necesidad de abogado ni procurador y sin que el denunciante tenga que acreditar interés, ser ofendido ni probar los hechos denunciados (arts. 264 a 267 LECrim). El denunciante no adquiere por ello la condición de parte en el proceso, a diferencia del querellante. Al recibirla, el juez o el Fiscal la desestima si el hecho no constituye delito o si la denuncia es manifiestamente falsa (art. 269 LECrim); si la admite, procede a comprobar el hecho. La denuncia falsa puede constituir un delito de acusación y denuncia falsas (art. 456 CP). La denuncia de la víctima de violencia de género o delitos contra la libertad sexual tiene regulación especial en cuanto a protección y a la orden de protección.
Sujetos obligados a denunciar
El art. 259 LECrim impone a quien presencie la perpetración de cualquier delito público la obligación de ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo. El art. 262 refuerza la obligación para quienes, por razón de sus cargos, profesiones u oficios, tengan noticia de algún delito público (médicos, funcionarios, maestros y similares), que deben denunciarlo inmediatamente. Están dispensados de la obligación general los impúberes, quienes no gocen del pleno uso de su razón, el cónyuge o la persona con análoga relación de afectividad, los ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado del delincuente (arts. 260 y 261 LECrim). El art. 263 excluye a los abogados y procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que reciban de sus clientes, y a los eclesiásticos y ministros de cultos respecto de las noticias reveladas en el ejercicio de su ministerio. La omisión de la obligación de denunciar tiene prevista una multa en la ley, de escasa aplicación práctica.
La querella: concepto y requisitos
La querella es el acto procesal por el que el querellante pone en conocimiento del juez la existencia de un hecho con apariencia de delito y, al mismo tiempo, se persona como parte acusadora, ejercitando la acción penal (y, en su caso, la civil). Puede interponerla cualquier ciudadano español, sea o no ofendido, mediante la acción popular, y el extranjero ofendido en sus personas o bienes (art. 270 LECrim). A diferencia de la denuncia, exige postulación técnica: debe ir firmada por abogado y presentada por procurador con poder bastante (art. 277 LECrim) y puede inadmitirse si los hechos no constituyen delito (art. 313 LECrim: el juez la rechaza si los hechos no son constitutivos de delito o si el juez no es competente). Se presenta ante el juez de instrucción competente (art. 272 LECrim), salvo cuando el querellado esté aforado.
Requisitos formales de la querella
El art. 277 LECrim exige que la querella exprese el juez o tribunal ante quien se presente; el nombre, apellidos y vecindad del querellante; el nombre, apellidos y vecindad del querellado (si no fuera conocido, las señas que permitan identificarlo); la relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, si se supieren; las diligencias que se interese practicar; y la petición de admisión de la querella y de que se practiquen las diligencias propuestas, y la firma del querellante. Además, el querellante particular debe prestar la fianza que señale el juez, salvo que sea el ofendido, sus herederos o representantes legales (arts. 280 y 281). En los delitos de calumnia e injuria la querella se interpone por el propio ofendido mediante poder especial. Admitida a trámite, el juez da traslado al Ministerio Fiscal y acuerda las diligencias que procedan.
El atestado policial: concepto y valor procesal
El atestado es el documento en que la Policía Judicial recoge las diligencias practicadas al tener noticia de un hecho delictivo (arts. 292 y ss. LECrim): inspección ocular, declaraciones, primeras averiguaciones. Es una de las formas de iniciación del proceso penal. Según el art. 297 LECrim, los atestados y las manifestaciones de los funcionarios de Policía Judicial se consideran denuncias para los efectos legales; las declaraciones que reciban tienen el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. Por tanto, el atestado no es prueba por sí mismo: lo que consta en él sólo puede ser considerado prueba de cargo si se reproduce en el juicio oral con contradicción e inmediación (declaración de los agentes como testigos, ratificación de los informes periciales), salvo las diligencias de prueba preconstituida practicadas con las garantías legales. Es doctrina reiterada que las declaraciones prestadas ante la Policía no tienen valor probatorio por sí mismas, sin perjuicio de que puedan servir para contrastar la declaración en juicio conforme a las reglas legales.
Extinción de la acción penal: causas
Las causas de extinción de la responsabilidad criminal están enumeradas en el art. 130.1 del Código Penal: muerte del reo; cumplimiento de la condena; remisión definitiva de la pena; indulto; perdón del ofendido, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancia del agraviado o la ley así lo prevea; prescripción del delito; y prescripción de la pena o de la medida de seguridad. En el plano procesal, estas causas provocan el sobreseimiento libre de la causa o la estimación de los artículos de previo pronunciamiento (art. 666 LECrim: declinatoria de jurisdicción, cosa juzgada, prescripción del delito, amnistía o indulto y falta de autorización administrativa para procesar). La renuncia y el desistimiento del acusador sólo tienen eficacia extintiva en los delitos que dependen de la voluntad del ofendido. También cesa el proceso, en sentido amplio, por la absolución.
La renuncia a la acción penal: régimen especial
La renuncia a la acción penal por el ofendido no extingue la acción penal en los delitos públicos y semipúblicos, en los que rige el principio de oficialidad y el Ministerio Fiscal puede continuar sosteniendo la acusación con independencia de la voluntad del particular (art. 106 LECrim). En los delitos privados, por el contrario, la renuncia expresa del ofendido, único acusador legitimado, sí extingue la acción penal, dada su naturaleza disponible. Debe distinguirse la renuncia (abdicación del derecho de ejercitar la acción, que puede ser anterior a la personación) del desistimiento (abandono de la acción ya ejercitada) y del perdón del ofendido (causa de extinción de la responsabilidad penal, art. 130.1.5.º CP, que debe otorgarse de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, ante el juez o tribunal sentenciador). La renuncia de la acción penal no implica la de la civil, ni la renuncia de esta la de aquella (arts. 106 y 107 LECrim; véase la revisión por un humano).
El perdón del ofendido
El perdón extingue la responsabilidad penal en los delitos leves perseguibles a instancia del agraviado y en los demás en que la ley así lo prevea (art. 130.1.5.º CP), lo que ocurre en los delitos privados, y en ciertos semipúblicos. Debe ser expreso, otorgado antes de dictarse sentencia, ante el juez o tribunal sentenciador. Cuando el ofendido es un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, el perdón lo otorgan sus representantes, y el juez o tribunal, oído el Ministerio Fiscal, puede rechazar su eficacia. El perdón no extingue la acción civil, que subsiste salvo renuncia. No tiene eficacia extintiva en los delitos públicos (por ejemplo, los delitos de violencia de género) y, en ellos, puede valorarse como atenuante de reparación del daño o dispensar de la pena en los casos que prevea la ley. La razón de esta cautela es evitar que el ofendido vulnerable sea presionado por el agresor o por su entorno.
El ejercicio de la acción civil derivada del delito
De todo delito nace acción penal y puede nacer acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios (art. 100 LECrim; arts. 109 y ss. CP: la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar los daños y perjuicios por él causados). Ambas acciones pueden ejercitarse conjunta o separadamente, pero mientras está pendiente la acción penal no se ejercita la civil por separado hasta que aquella se resuelva por sentencia firme (art. 111 LECrim). Ejercitada sólo la penal, se entiende ejercitada también la civil, a no ser que el perjudicado la renuncie o se la reserve expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal (art. 112 LECrim). El Ministerio Fiscal la ejercita a favor del perjudicado salvo renuncia o reserva (art. 108 LECrim). Esta acumulación obedece a economía procesal: se evita la duplicidad de procesos. Promovido un proceso penal no puede ventilarse en ningún tribunal civil ninguna cuestión sobre el mismo hecho (art. 114 LECrim), de modo que el proceso civil queda en suspenso hasta que concluya el penal.
El actor civil: concepto y legitimación
El actor civil es el perjudicado por el delito (o sus herederos o cesionarios) que se persona en la causa penal para ejercitar exclusivamente la pretensión de resarcimiento, sin asumir la posición de parte acusadora. Puede limitar su intervención a la responsabilidad civil y no necesita sostener la acusación penal, que ya sostiene el Fiscal. Debe actuar con abogado y procurador. El art. 110 LECrim permite al perjudicado ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, o solo unas u otras según le convenga. Su pretensión es accesoria de la existencia de un delito: si el juez dicta sobreseimiento libre o sentencia absolutoria por inexistencia del hecho, la acción civil no puede prosperar en el proceso penal.
El ofrecimiento de acciones a los perjudicados
Según el art. 109 LECrim, en el acto de recibirse declaración por el juez al ofendido que tuviese la capacidad legal necesaria, se le instruye del derecho que le asiste para mostrarse parte en la causa y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Esta información, que debe comunicarse por escrito en lengua comprensible, es reforzada por el Estatuto de la víctima (derecho a la información desde el primer contacto, a la asistencia jurídica gratuita cuando proceda y a la personación). Debe dejarse constancia en la causa de la instrucción de derechos, y su omisión puede provocar indefensión. Aunque los perjudicados no se muestren parte, no se entiende que renuncien a la restitución, reparación o indemnización, y el Fiscal las ejercita en su favor (art. 108 y 110 LECrim). El ofrecimiento de acciones se practica por el letrado de la Administración de Justicia o el juez, y puede repetirse si se desconocía la identidad del perjudicado.
Extinción y reserva de la acción civil
El art. 116 LECrim establece que la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer. Por tanto, la absolución por falta de prueba, por falta de tipicidad o por concurrir una causa de justificación, de inimputabilidad o excusa no impide reclamar después la responsabilidad civil en la vía civil, mientras que la declaración de inexistencia del hecho cierra ambas vías. La acción civil se extingue además por las causas generales del Derecho civil: pago, prescripción (el plazo general de las acciones personales es de cinco años, art. 1964 CC, tras la Ley 42/2015, sin perjuicio de los plazos especiales), condonación y renuncia expresa del perjudicado. El perjudicado puede también reservarse la acción civil para un proceso civil posterior; en ese caso el proceso penal no se pronuncia sobre responsabilidad civil y el posterior proceso civil queda vinculado por los hechos probados en la sentencia penal firme, lo que obliga a esperar a su firmeza antes de demandar. La reserva suele elegirse cuando el perjudicado prefiere disponer de más tiempo y amplitud probatoria para cuantificar el daño.
El investigado y el encausado: concepto y garantías
La Ley Orgánica 13/2015 sustituyó la expresión «imputado» por «investigado» (la persona sometida a investigación en la fase de instrucción) y «encausado» (término genérico para quien está sometido a un proceso), manteniendo «procesado» en el sumario ordinario (tras el auto de procesamiento) y «acusado» tras la formulación de acusación. Desde el primer momento en que se atribuye a una persona un hecho punible tiene derecho a ser informada de la acusación, a no declarar contra sí misma, a la presunción de inocencia, a la defensa y a la asistencia letrada (art. 24 CE). El art. 118 LECrim reconoce el derecho de defensa a toda persona a quien se atribuya un hecho punible, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento. La comunicación debe ser inmediata, en lengua comprensible, e incluye el derecho a examinar las actuaciones con la antelación necesaria, salvo secreto del sumario.
Derechos del investigado en el proceso penal
Entre los derechos que enumera el art. 118.1 LECrim figuran: ser informado de los hechos que se le atribuyen y de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación; examinar las actuaciones con antelación suficiente para salvaguardar el derecho de defensa; actuar en el proceso para ejercer el derecho de defensa; designar libremente abogado, o solicitar el nombramiento de abogado de oficio; traducción e interpretación gratuitas si no comprende o no habla la lengua oficial (reconocido por la LO 5/2015); guardar silencio, no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable. En la detención, el art. 520 LECrim añade el derecho a la comunicación con el abogado, a que se notifique la detención a un familiar, a ser reconocido por el médico forense y el acceso a los elementos esenciales para impugnar la detención. La asistencia letrada es preceptiva para prestar declaración como investigado, de modo que sin abogado no puede tomarse declaración.
La rebeldía del encausado: declaración y efectos
El procedimiento contra reos ausentes se regula en los arts. 834 y siguientes LECrim. Se declara rebelde al encausado que, citado o llamado en forma, no comparece ni justifica causa legítima que se lo impida, o cuyo paradero se ignora tras las diligencias de búsqueda. Para ello se dicta auto de rebeldía y se libran requisitorias con orden de busca y captura e ingreso en prisión, en su caso. El curso de la causa se suspende respecto del rebelde, sin perjuicio de que continúe respecto de los coencausados presentes, evitando que la fuga de uno paralice el procedimiento seguido contra varios. La regla general es que no se celebra juicio contra el rebelde, y se archiva provisionalmente la causa respecto de él; comparecido, se reanuda el proceso en el estado en que se encontrare. El Código Penal contiene sus propias reglas sobre el cómputo y la interrupción de la prescripción del delito (arts. 131 a 133 CP), que no dependen de la declaración de rebeldía.
El juicio en ausencia
La regla general es que el acusado debe estar presente en el juicio oral, en aplicación del derecho de defensa y de la Directiva (UE) 2016/343 sobre el refuerzo de determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. Como excepción, el art. 786.1 LECrim permite celebrar el juicio oral en el procedimiento abreviado en ausencia del acusado cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, su duración no exceda de seis años, siempre que el acusado haya sido citado personalmente o en el domicilio y el juez o tribunal estime que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento. También cabe en el juicio por delitos leves, cuando el denunciado no comparece citado en forma (art. 971 LECrim). La sentencia dictada en ausencia ha de notificarse personalmente y permite al condenado en rebeldía recurrir con las garantías que la ley le reconoce. Se trata de excepciones tasadas, sin que quepa condena en ausencia fuera de ellas.
El responsable civil: directo y subsidiario
El art. 116 CP dispone que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios. Es el responsable civil directo, que se condena junto con la pena. También tiene la consideración de responsable directo la entidad aseguradora que hubiera asumido el riesgo de la responsabilidad pecuniaria derivada del uso o explotación de cualquier bien, industria o actividad, hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada (art. 117 CP). El responsable civil subsidiario es un tercero que responde sólo si no puede hacerlo el responsable directo. Los supuestos se encuentran en el art. 120 CP, entre otros: los padres o tutores por los delitos cometidos por los menores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o guarda legal; las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos cometidos por sus empleados o dependientes representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios; y los titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos cometidos en su utilización por sus dependientes, representantes o personas autorizadas. Debe ser citado y emplazado en el proceso (arts. 615 y ss. LECrim) y es parte a los solos efectos de la responsabilidad civil. El partícipe a título lucrativo responde hasta la cuantía de su participación (art. 122 CP).
Representación y defensa de las partes en el proceso penal
Las partes acusadoras que se personan (acusación particular, popular y privada) y el actor civil han de comparecer representados por procurador y asistidos de abogado, pues la querella exige ambos. El Ministerio Fiscal actúa por sí mismo. El investigado o encausado tiene derecho a la asistencia de abogado, y en determinados supuestos esta es obligatoria. En el procedimiento abreviado, desde la detención o desde que de las actuaciones resulte la imputación de un delito contra persona determinada, esta será asistida por abogado de su elección o de oficio (art. 767 LECrim). La asistencia letrada es preceptiva para el detenido (art. 520 LECrim) y para toda declaración del investigado ante el juez o el fiscal. En el juicio por delitos leves no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, aunque las partes pueden valerse de ellos. En la apelación y en la casación la intervención de ambos es preceptiva.
El derecho a la defensa de oficio
El art. 17.3 CE reconoce al detenido el derecho a la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, y el art. 24.2 CE el derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. Cuando el investigado no designa abogado de su elección o carece de medios, se le designa uno del turno de oficio, que organizan los Colegios de la Abogacía. La designación es obligatoria e inmediata para personas detenidas o presas y en los supuestos en que la ley exige asistencia letrada. En detención incomunicada el abogado es siempre de oficio. En los casos de conflicto de intereses entre coinvestigados, deben designarse abogados distintos. El abogado de oficio no puede ser rechazado por el investigado salvo causa justificada, y la renuncia a la defensa letrada no es posible en los supuestos de asistencia preceptiva.
El beneficio de justicia gratuita en el proceso penal
La asistencia jurídica gratuita se regula en la Ley 1/1996, de 10 de enero, y su Reglamento (Real Decreto 996/2003, de 25 de julio). Tienen derecho, con carácter general, los ciudadanos españoles, los nacionales de la UE y los extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, esto es, que sus recursos e ingresos económicos computados anualmente por unidad familiar no superen el doble del IPREM vigente (art. 3 de la Ley), con ampliaciones en función del número de miembros de la unidad familiar. En el proceso penal la ley contempla particularidades: la asistencia letrada al detenido o preso que no haya designado abogado se presta de forma inmediata y gratuita, sin perjuicio de que, si luego no se reconoce el derecho, el beneficiario deba abonar los honorarios; y las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como los menores y personas con discapacidad víctimas de abuso o maltrato, tienen reconocido el derecho sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos en los procesos vinculados con su condición de víctima (art. 2.g de la Ley 1/1996, que también alcanza a las víctimas de violencia sexual tras la LO 10/2022, extremo a contrastar). El beneficio abarca asesoramiento previo, defensa y representación gratuitas, exención de tasas y depósitos y asistencia pericial gratuita.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Partes acusadoras posibles a la vez: Ministerio Fiscal, acusador particular, acción popular (delitos públicos) y acusador privado (exclusivo de los delitos privados).
Delitos públicos: de oficio. Semipúblicos: denuncia previa del agraviado, luego de oficio. Privados: querella del ofendido, único legitimado (calumnia e injuria contra particulares, art. 215 CP; si la víctima es funcionario por hechos del cargo, se procede de oficio).
La querella exige abogado y procurador (art. 277 LECrim), otorga la condición de parte y puede exigir fianza (arts. 280-281; exentos el ofendido y sus herederos). La denuncia no exige postulación ni convierte al denunciante en parte.
Obligación de denunciar: art. 259 (quien presencie un delito público), art. 262 (profesionales y funcionarios por razón de cargo); dispensados: parientes cercanos (arts. 260-261) y abogados, procuradores y ministros de culto (art. 263).
El atestado policial tiene valor de denuncia (art. 297 LECrim); no es prueba por sí mismo salvo ratificación en juicio con contradicción.
Art. 106 LECrim: la renuncia del ofendido no extingue la acción penal en los delitos perseguibles de oficio; sí en los privados. El perdón (art. 130.1.5.º CP) debe ser expreso y anterior a sentencia; para menores o personas con discapacidad lo otorgan sus representantes y el tribunal puede rechazarlo.
Causas de extinción de la responsabilidad penal del art. 130.1 CP: muerte, cumplimiento, remisión definitiva, indulto, perdón, prescripción del delito y prescripción de la pena.
Acción civil: se ejercita junto a la penal salvo renuncia o reserva expresa (arts. 108 y 112 LECrim); mientras esté pendiente la penal no se ejercita la civil por separado (art. 111). La extinción de la acción penal no extingue la civil, salvo sentencia firme que declare que no existió el hecho (art. 116 LECrim).
Ofrecimiento de acciones (art. 109 LECrim): al ofendido, al tomarle declaración, se le instruye del derecho a mostrarse parte y a renunciar o no a la reparación; la víctima puede personarse hasta el trámite de calificación (art. 109 bis).
Terminología tras la LO 13/2015: investigado (instrucción), encausado (genérico), procesado (sumario) y acusado; ya no se usa «imputado».
Rebeldía: arts. 834 y ss. LECrim; no hay juicio contra el rebelde, y el juicio en ausencia sólo cabe en los casos tasados del art. 786.1 (pena hasta 2 años de prisión o hasta 6 años de otra naturaleza) y en delitos leves.
Responsable civil directo: el autor (art. 116 CP) y el asegurador (art. 117 CP). Subsidiario: art. 120 CP (empresas por dependientes, titulares de vehículos, padres por menores, etc.).
Asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996): límite general de dos veces el IPREM por unidad familiar; las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata la tienen sin acreditar insuficiencia de recursos.
La asistencia letrada al detenido es siempre inmediata y provisionalmente gratuita; sin abogado no puede declarar el investigado.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
La Ley Orgánica 13/2015 sustituyó el término «imputado» por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 44 de Gestión Procesal (Justicia)?
El proceso penal español se articula en torno a una pluralidad de posiciones activas (Ministerio Fiscal, acusación particular, acusación popular, acusación privada y actor civil) frente a una posición pasiva (el investigado o encausado) protegida por la presunción de inocencia y el derecho de defensa (art. 24 CE). Este tema desarrolla el estatuto de cada parte, los modos de iniciar el proceso (de oficio, denuncia, querella y atestado), la extinción de la acción penal con especial referencia a la renuncia y al perdón, el ejercicio, ofrecimiento y extinción de la acción civil derivada del delito, el responsable civil, la rebeldía y el juicio en ausencia, y la postulación procesal: representación por procurador, defensa por abogado, defensa de oficio y asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996). La terminología del investigado y la víctima procede de las reformas de 2015 (LO 13/2015, LO 5/2015, Ley 41/2015 y Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito).
¿Qué hay que memorizar del Tema 44 para el examen?
Partes acusadoras posibles a la vez: Ministerio Fiscal, acusador particular, acción popular (delitos públicos) y acusador privado (exclusivo de los delitos privados). Delitos públicos: de oficio. Semipúblicos: denuncia previa del agraviado, luego de oficio. Privados: querella del ofendido, único legitimado (calumnia e injuria contra particulares, art. 215 CP; si la víctima es funcionario por hechos del cargo, se procede de oficio). La querella exige abogado y procurador (art. 277 LECrim), otorga la condición de parte y puede exigir fianza (arts. 280-281; exentos el ofendido y sus herederos). La denuncia no exige postulación ni convierte al denunciante en parte. Obligación de denunciar: art. 259 (quien presencie un delito público), art. 262 (profesionales y funcionarios por razón de cargo); dispensados: parientes cercanos (arts. 260-261) y abogados, procuradores y ministros de culto (art. 263). El atestado policial tiene valor de denuncia (art. 297 LECrim); no es prueba por sí mismo salvo ratificación en juicio con contradicción. Art. 106 LECrim: la renuncia del ofendido no extingue la acción penal en los delitos perseguibles de oficio; sí en los privados. El perdón (art. 130.1.5.º CP) debe ser expreso y anterior a sentencia; para menores o personas con discapacidad lo otorgan sus representantes y el tribunal puede rechazarlo. Causas de extinción de la responsabilidad penal del art. 130.1 CP: muerte, cumplimiento, remisión definitiva, indulto, perdón, prescripción del delito y prescripción de la pena. Acción civil: se ejercita junto a la penal salvo renuncia o reserva expresa (arts. 108 y 112 LECrim); mientras esté pendiente la penal no se ejercita la civil por separado (art. 111). La extinción de la acción penal no extingue la civil, salvo sentencia firme que declare que no existió el hecho (art. 116 LECrim). Ofrecimiento de acciones (art. 109 LECrim): al ofendido, al tomarle declaración, se le instruye del derecho a mostrarse parte y a renunciar o no a la reparación; la víctima puede personarse hasta el trámite de calificación (art. 109 bis). Terminología tras la LO 13/2015: investigado (instrucción), encausado (genérico), procesado (sumario) y acusado; ya no se usa «imputado». Rebeldía: arts. 834 y ss. LECrim; no hay juicio contra el rebelde, y el juicio en ausencia sólo cabe en los casos tasados del art. 786.1 (pena hasta 2 años de prisión o hasta 6 años de otra naturaleza) y en delitos leves. Responsable civil directo: el autor (art. 116 CP) y el asegurador (art. 117 CP). Subsidiario: art. 120 CP (empresas por dependientes, titulares de vehículos, padres por menores, etc.). Asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996): límite general de dos veces el IPREM por unidad familiar; las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata la tienen sin acreditar insuficiencia de recursos. La asistencia letrada al detenido es siempre inmediata y provisionalmente gratuita; sin abogado no puede declarar el investigado.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 17, 24, 124 y 125.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036, texto consolidado), en especial arts. 100 a 116, 118, 259 a 281, 292 a 297, 520, 666, 767, 786 y 834 y ss.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 109 a 122, 130 y 215.
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (BOE-A-2015-4606) y Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, que la desarrolla.
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, y Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.
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