Tema 48. La prueba en el proceso penal. Medios de prueba. Proposición, admisión o denegación; prueba anticipada; proposición en el acto del juicio; prueba acordada "ex officio". El juicio oral. La suspensión del juicio oral: causas y consecuencias.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La prueba en el proceso penal está presidida por la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), que impone a las acusaciones la carga de acreditar los hechos y la participación del acusado mediante prueba de cargo lícita, practicada en el juicio oral con las garantías de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción. Este tema desarrolla los medios de prueba (declaración del acusado, testifical, pericial, documental, reconocimiento judicial, careo e indicios), su proposición, admisión o denegación, la prueba anticipada y la preconstituida, la proposición en el acto del juicio y la prueba acordada de oficio (art. 729 LECrim), el desarrollo del juicio oral y la suspensión del juicio oral: causas (art. 746 LECrim) y consecuencias, en particular el plazo de treinta días (art. 749 LECrim) a partir del cual debe repetirse el juicio. Se complementa con la doctrina sobre prueba ilícita, prueba indiciaria y revisión de la prueba personal en apelación.
Concepto y principios de la prueba en el proceso penal
La prueba penal es la actividad procesal dirigida a formar la convicción del tribunal sobre los hechos objeto de la acusación. Se distinguen las fuentes de prueba (personas o cosas que tienen información sobre los hechos), los medios de prueba (los cauces procesales para introducirla en el proceso: declaración, testifical, pericial, documental, etc.) y el objeto de la prueba (los hechos de la acusación y de la defensa, los elementos de la responsabilidad civil y, excepcionalmente, el derecho extranjero o la costumbre). Principios: oralidad, publicidad (art. 120 CE), inmediación (el tribunal que dicta sentencia ha de ser el que presenció la prueba), contradicción e igualdad de armas, concentración, y valoración libre en conciencia (art. 741 LECrim), que no equivale a arbitrariedad y exige motivación (art. 120.3 CE). Solo es prueba de cargo la practicada en el juicio oral; las diligencias de instrucción son actos de investigación y no pueden fundar por sí solas la condena, salvo las excepciones de la prueba anticipada y la preconstituida incorporadas al juicio con las garantías legales.
La presunción de inocencia y la carga de la prueba
El art. 24.2 CE consagra el derecho a la presunción de inocencia. Su contenido es el siguiente: corresponde a las acusaciones la carga de probar los hechos constitutivos del delito y la participación del acusado, que no tiene que probar su inocencia; solo puede condenarse con prueba de cargo, lícita (art. 11.1 LOPJ), practicada con las debidas garantías y suficiente para desvirtuar la presunción más allá de toda duda razonable; y, en caso de duda, rige el principio in dubio pro reo. El Tribunal Constitucional (desde la STC 31/1981) distingue la presunción de inocencia como regla de juicio, que se proyecta sobre la valoración de la prueba, y como regla de tratamiento. Su control en casación se produce por la vía de la infracción de precepto constitucional (art. 852 LECrim y art. 5.4 LOPJ); el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional comprueban si existe prueba de cargo y si el razonamiento es lógico, sin sustituir la valoración del tribunal de instancia. La carga de la prueba de las circunstancias eximentes, atenuantes o de las que excluyen la responsabilidad recae en quien las alega en lo relativo a su base fáctica.
Medios de prueba admitidos en el proceso penal
Los medios de prueba son los previstos en la LECrim: declaración del acusado, testifical, pericial, documental, reconocimiento judicial o inspección ocular y careo, a los que se suma la prueba indiciaria, que no es un medio autónomo sino una forma de razonamiento. Rige la libertad de medios de prueba, con el límite de que las fuentes no se obtengan vulnerando derechos fundamentales. Los modernos medios de reproducción de la imagen, el sonido y los archivos digitales se incorporan como prueba documental o con aplicación analógica de las normas del reconocimiento. El proceso penal persigue la verdad material, de ahí que el tribunal tenga, de forma limitada, facultades de prueba de oficio (art. 729 LECrim), pero sin llegar a asumir una posición inquisitiva.
La declaración del acusado y la prueba testifical
El acusado tiene derecho a no declarar, a no contestar a alguna pregunta, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 24.2 CE); su silencio no puede valorarse como prueba de cargo, y no presta juramento. Su declaración en el juicio es un medio de defensa y puede ser tenida en cuenta como prueba, incluida la declaración sobre los coacusados, valorada con las cautelas de la jurisprudencia (las declaraciones de coimputados deben ser corroboradas por otros elementos externos). La prueba testifical consiste en la declaración de terceros que conocen los hechos; existe la obligación de comparecer y declarar con verdad (art. 410 LECrim), con las dispensas del art. 416 (parientes en los grados que señala la ley) y las exenciones del art. 417, y con la posibilidad de declarar en su sede para determinadas autoridades. Los testigos prestan juramento o promesa (art. 706) y son interrogados por las partes; cuando declaren de referencia deben precisar el origen de la noticia (art. 710). Las declaraciones de los agentes de la Policía Judicial tienen el valor de declaraciones testificales apreciables según las reglas del criterio racional (art. 717). La contradicción entre lo declarado en juicio y lo dicho en la instrucción se pone de manifiesto mediante la lectura de la declaración sumarial y la invitación al testigo a explicarla (art. 714), y las diligencias sumariales irreproducibles pueden leerse en el juicio (art. 730). La declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente si cumple los criterios jurisprudenciales de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación.
La prueba pericial
La prueba pericial consiste en el dictamen de personas con conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre hechos relevantes cuya apreciación los requiere (art. 456 LECrim). Los peritos pueden ser designados por el juez o proponerse por las partes y deben comparecer en el juicio oral para ratificar, aclarar o ampliar su informe sometiéndose a las preguntas de las partes (art. 724 y ss.). El tribunal valora el dictamen libremente, sin vinculación, pero si se aparta de él debe motivarlo. El informe escrito sin ratificación solo tiene valor si no se impugna o si la ley lo equipara a prueba documental (por ejemplo, art. 788.2 para los informes de laboratorios oficiales sobre drogas en el procedimiento abreviado). Debe distinguirse del perito del testigo-perito (el que declara sobre hechos que conoció por su profesión) y de los informes de las unidades de Policía Científica.
La prueba documental
Es documento a efectos penales todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica (art. 26 CP), incluidos los soportes audiovisuales e informáticos. El tribunal examina por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos (art. 726 LECrim). Los documentos se incorporan al juicio mediante su lectura o reproducción si lo exige su naturaleza, y las partes pueden impugnarlos. Las grabaciones videográficas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos se rigen por la LO 4/1997 y requieren, para su valor probatorio, el cumplimiento de los requisitos legales. Los mensajes electrónicos, grabaciones y archivos digitales exigen acreditación de su autenticidad cuando se impugna, y la cadena de custodia es esencial. En la casación, el documento tiene un valor privilegiado (art. 849.2 LECrim).
El reconocimiento judicial, el careo y otros medios
La inspección ocular o reconocimiento judicial consiste en el examen directo por el juez o tribunal del lugar de los hechos o de objetos relevantes, con constancia detallada de lo observado; puede acordarse durante la instrucción (art. 326) o en el juicio oral cuando resulte necesario. El careo consiste en la confrontación entre testigos entre sí, o con el procesado, o de estos entre sí, cuando discrepan en puntos sustanciales; el art. 451 y siguientes lo regulan en el sumario, y el art. 729.1 permite al presidente acordarlo de oficio en el juicio. Tiene carácter subsidiario y se acuerda cuando no pueda esclarecerse la verdad por otros medios. La reconstrucción de los hechos y los reconocimientos de identidad completan el elenco, siempre con asistencia letrada y contradicción.
La prueba indiciaria
La prueba indiciaria (o circunstancial) permite al tribunal inferir un hecho consecuencia a partir de hechos base plenamente acreditados mediante un razonamiento lógico expresado en la sentencia. Según doctrina constante, desde la STC 174/1985, es apta para desvirtuar la presunción de inocencia si: a) los indicios están plenamente probados (no basta con meras sospechas); b) son plurales y concomitantes (salvo que un solo indicio tenga una fuerza acreditativa excepcional) e interrelacionados; c) el razonamiento es lógico, coherente y no arbitrario, y se explicita en la motivación, de modo que el control casacional comprueba que la inferencia no es irrazonable ni absurda. Es frecuente en delitos de difícil prueba directa, como el blanqueo de capitales o los delitos cometidos sin testigos, y en la prueba del dolo y del ánimo, que exige acudir a elementos objetivos.
Prueba ilícita: efectos
El art. 11.1 LOPJ establece que no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. La exclusión alcanza a las pruebas derivadas de la ilícita según la doctrina del fruto del árbol envenenado, que el Tribunal Constitucional matiza con el criterio de la conexión de antijuridicidad (STC 81/1998): las pruebas derivadas son válidas si, atendiendo a la relación causal y a las necesidades de tutela de los derechos, se aprecia que son jurídicamente independientes. El Tribunal Supremo ha admitido excepciones: la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y la buena fe policial, con matices. La nulidad puede alegarse como cuestión previa al inicio del juicio oral (art. 786.2 LECrim) y en recurso.
Proposición de la prueba por las partes
Las partes proponen la prueba en sus escritos de calificación provisional (procedimiento ordinario, art. 650 y ss.) o en los de acusación (art. 781) y defensa (art. 784) del procedimiento abreviado, con expresión de los medios y, para testigos y peritos, de su identificación, y de los hechos sobre los que han de versar. La lista de testigos incluye su domicilio o los datos necesarios para citarlos. La proposición temprana permite a la contraparte conocer los medios de prueba y evita la indefensión. Esta posibilidad de proponer prueba se completa con la que puede formularse al inicio de las sesiones del juicio oral, en los términos que la ley permite.
Admisión y denegación de la prueba: criterios y recursos
El tribunal debe admitir la prueba pertinente (relacionada con el objeto del proceso) y útil (con aptitud razonable para aportar conocimiento), y puede denegar motivadamente la impertinente, inútil o dilatoria. El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE) es un derecho de configuración legal, y se vulnera cuando la denegación es arbitraria o irrazonable y la prueba es decisiva en términos de defensa. El tribunal resuelve mediante auto sobre la admisión de la prueba (arts. 659 y 785 LECrim) y contra él no cabe recurso inmediato, pero la parte puede reproducir su petición al inicio de las sesiones del juicio oral; si se deniega, debe formular protesta, requisito indispensable para fundar después el recurso: el quebrantamiento de forma por denegación de diligencias de prueba pertinentes (art. 850.1 LECrim en casación) y la solicitud en apelación de las diligencias de prueba indebidamente denegadas (art. 790.3 LECrim). Debe acreditarse además la relevancia o carácter decisivo de la prueba denegada para el fallo.
La prueba anticipada: concepto y práctica
La prueba anticipada es la que se practica durante la instrucción, ante el juez y con todas las garantías de contradicción, publicidad e inmediación (presencia del juez, del Ministerio Fiscal, de las partes y de sus abogados con posibilidad de interrogar), porque existe un riesgo fundado de que no pueda practicarse en el juicio oral, como en el caso de un testigo gravemente enfermo o que va a ausentarse del país. Se regula en el sumario ordinario en el art. 448 (testigos que no puedan concurrir al juicio) y, en el procedimiento abreviado, en el art. 777.2, que dispone que, cuando sea de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio o pudiera motivar su suspensión, el juez de instrucción la practica inmediatamente asegurando la posibilidad de contradicción. Se documenta mediante grabación audiovisual y acta, y se incorpora al juicio por su lectura o reproducción (art. 730). Su valor es el de prueba de cargo, equiparada a la practicada en el plenario. También procede para víctimas menores de edad o con discapacidad (arts. 449 bis y ss.).
La prueba preconstituida
La prueba preconstituida es la que se obtiene durante la fase de investigación, con carácter irrepetible, cuando por su naturaleza no puede reproducirse en el juicio oral (por ejemplo, un análisis químico que consume la muestra, una autopsia, una inspección ocular o los registros), y que se incorpora al plenario mediante su lectura o su ratificación por quienes la hicieron. La jurisprudencia exige que se haya practicado con intervención judicial o con las garantías que permitan al investigado conocer y contradecir su práctica, que sea realmente irrepetible, y que se reproduzca en el juicio de forma que pueda ser sometida a debate contradictorio. Se distingue de la anticipada, que es una prueba personal o de otra clase que podría practicarse en el juicio, pero se adelanta ante el riesgo de no poder hacerlo. Su aplicación debe interpretarse restrictivamente.
Proposición de prueba en el acto del juicio oral
Además de la prueba propuesta en los escritos de calificación, las partes pueden proponer en el acto del juicio oral prueba sobre hechos nuevos o de nueva noticia, o documentos cuya existencia hayan conocido con posterioridad, correspondiendo al tribunal decidir sobre su admisión atendiendo a su relevancia y a la posibilidad de garantizar el derecho de defensa de la contraparte sin suspender el juicio, salvo que resulte imprescindible. También se admite al inicio de las sesiones del juicio la reproducción de la prueba denegada. Esta flexibilidad evita que la rigidez de las calificaciones provisionales impida incorporar elementos genuinamente novedosos, pero no permite prueba por sorpresa que genere indefensión.
La prueba acordada de oficio (art. 729 LECrim)
Como regla general, no pueden practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las partes ni examinarse otros testigos que los comprendidos en las listas (art. 728 LECrim). El art. 729 exceptúa tres supuestos que el presidente o el tribunal pueden acordar de oficio: 1.º) los careos de los testigos entre sí o con los procesados o de estos entre sí; 2.º) los testigos no propuestos por ninguna de las partes a quienes el presidente considere conveniente llamar para el mejor esclarecimiento de los hechos; 3.º) las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes que el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación. Esta facultad es excepcional y subsidiaria: la jurisprudencia constitucional exige que se ejerza con prudencia para no comprometer la imparcialidad del juzgador y el principio acusatorio (el tribunal no puede suplir la inactividad probatoria de la acusación, ni investigar hechos no incluidos en la acusación), aunque se admite para esclarecer hechos ya introducidos por las partes.
Los principios de contradicción e inmediación; revisión de la prueba personal en apelación
La contradicción exige que todas las partes tengan la posibilidad efectiva de intervenir en la práctica de la prueba, formulando preguntas y alegaciones. La inmediación exige que el tribunal que dicta sentencia sea el que ha presenciado la prueba. De ahí la limitación de la revisión en apelación de las pruebas personales: según la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 167/2002 y sentencias posteriores) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal de apelación no puede modificar la credibilidad de las pruebas personales sin celebrar vista y sin practicar de nuevo la prueba ante sí, y no puede condenar al absuelto en primera instancia por error en la apreciación de la prueba (art. 792.2 LECrim, tras la Ley 41/2015, que prevé la anulación de la sentencia absolutoria en tales casos). La revisión de la prueba documental y de la valoración lógica de la inferencia es más amplia.
La publicidad del juicio oral: regla general y excepciones
Los debates del juicio oral son públicos, bajo pena de nulidad (art. 680 LECrim; art. 120 CE y art. 232.1 LOPJ). Las sentencias se pronuncian en audiencia pública (art. 120.3 CE). Excepciones: el tribunal puede acordar de oficio o a instancia de parte que todos o parte de los debates tengan lugar a puerta cerrada cuando así lo exijan razones de moralidad u orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a su familia (art. 681 LECrim). Se aplica con carácter habitual en delitos contra la libertad e indemnidad sexual y cuando intervienen menores. Pueden acordarse también medidas para proteger la identidad o la imagen de víctimas y testigos y limitar la grabación o difusión. Las excepciones deben interpretarse restrictivamente y acordarse por resolución motivada. Los debates se documentan mediante grabación audiovisual y acta del Letrado de la Administración de Justicia (art. 743 LECrim).
La oralidad y la concentración del juicio oral
El juicio oral se rige por la oralidad (la prueba y las alegaciones se practican verbalmente ante el tribunal) y por la concentración: el juicio continúa durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión (art. 744 LECrim). La dispersión excesiva debilita la memoria y la impresión directa del tribunal y compromete la inmediación. Esta exigencia es especialmente relevante en causas complejas con numerosas sesiones, y se relaciona con el plazo máximo de suspensión del art. 749. Los incidentes y cuestiones que surjan se resuelven en el curso del propio juicio.
Desarrollo del juicio oral: fases
Fases del juicio oral (con las especialidades del procedimiento abreviado): a) constitución del tribunal y lectura de los escritos de acusación y defensa; b) cuestiones previas, en el abreviado al inicio de las sesiones (art. 786.2); c) posibilidad de conformidad (arts. 688 y ss. y 787); d) práctica de la prueba, por el orden legal: declaración del acusado, testifical, pericial, documental y demás (art. 701 y concordantes y art. 788); e) conclusiones definitivas de las partes (art. 732), con posible modificación de las provisionales; f) informes orales de las partes; g) última palabra del acusado (art. 739 LECrim, derecho a manifestar lo que estime oportuno antes de que el juicio quede visto para sentencia); y h) sentencia. En el procedimiento abreviado la sentencia se dicta dentro de los cinco días siguientes a la terminación del juicio (art. 789.1 LECrim), y en el ordinario en el plazo que la ley establece. La valoración de la prueba es libre, en conciencia (art. 741), con motivación suficiente.
Las cuestiones previas al inicio de la prueba
Antes de comenzar la prueba, y en el procedimiento abreviado al inicio de las sesiones (art. 786.2 LECrim), las partes pueden plantear cuestiones previas relativas a la vulneración de derechos fundamentales en la obtención de fuentes de prueba (nulidad por prueba ilícita), a la jurisdicción o competencia, a la vulneración de normas de procedimiento que hayan causado indefensión, a la existencia de artículos de previo pronunciamiento o a defectos en el escrito de acusación que impidan o dificulten la defensa. Se resuelven en el propio acto, oídas las partes, o se difiere la decisión a la sentencia, salvo que su estimación impida la continuación del juicio. Permiten depurar los vicios procesales antes de entrar en el fondo.
La suspensión del juicio oral: concepto
La suspensión del juicio oral es la interrupción de su desarrollo, una vez iniciado, por concurrir alguna causa legal. Debe distinguirse de la suspensión del señalamiento, que se produce antes de que el juicio comience, y de los simples descansos o la continuación del juicio en sesiones sucesivas. La suspensión plantea la cuestión de si hay que repetir lo actuado o puede continuarse desde el punto de interrupción, lo que depende del tiempo transcurrido y de la identidad del tribunal para preservar la inmediación.
Causas de suspensión del juicio oral (art. 746 LECrim)
El art. 746 LECrim enumera las causas por las que se suspende el juicio oral, que pueden agruparse así: a) la incomparecencia de testigos o peritos citados cuando el tribunal considere necesaria su declaración y no sea posible prescindir de ella ni suplir su ausencia; b) la enfermedad repentina de algún miembro del tribunal o del acusado, del Ministerio Fiscal, de la acusación o de la defensa que les impida continuar interviniendo en el juicio; c) las revelaciones o retractaciones inesperadas que produzcan una alteración sustancial de los hechos y exijan la práctica de otras diligencias o una nueva instrucción sumarial; d) la solicitud de las partes cuando precisen realizar una diligencia necesaria; e) y la fuerza mayor o la imposibilidad material de continuar. La incomparecencia de la parte acusada no siempre determina la suspensión, pues el juicio en ausencia es posible en los supuestos legales (art. 786.1 LECrim). La suspensión debe acordarse por el tribunal mediante resolución motivada.
Consecuencias de la suspensión: el plazo de treinta días
La suspensión del juicio oral no puede exceder de treinta días (art. 749 LECrim). Si se supera ese plazo, el juicio debe repetirse desde el principio, con nuevo señalamiento y nueva citación de todos los intervinientes, pues el transcurso excesivo compromete la inmediación y la fiabilidad del recuerdo directo del tribunal sobre la prueba ya practicada. Si la interrupción es breve (dentro del plazo), el juicio continúa desde el punto en que se suspendió, sin repetir lo actuado, siempre que el tribunal sea el mismo. Si cambia un miembro del tribunal, el juicio debe repetirse. El tribunal debe valorar la duración previsible de la causa de suspensión para decidir si espera o procede a un nuevo señalamiento. La repetición del juicio no determina la nulidad de la instrucción ni de las diligencias anteriores a la apertura del juicio oral.
El nuevo señalamiento y las dilaciones indebidas
Cuando es necesario repetir el juicio, el tribunal debe señalar de nuevo con la mayor celeridad, atendiendo especialmente a la situación personal del acusado y, de forma prioritaria, si se halla en prisión provisional, pues los plazos de la prisión provisional (art. 504 LECrim) siguen corriendo. Se cita de nuevo a los testigos, peritos y demás intervinientes. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) puede ser vulnerado por suspensiones injustificadas y repeticiones de juicio, y su apreciación puede dar lugar a la atenuante de dilaciones extraordinarias e indebidas en la tramitación (art. 21.6 CP), simple o muy cualificada, o excepcionalmente a otros remedios.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La presunción de inocencia (art. 24.2 CE) impone a las acusaciones la carga de la prueba; solo vale la prueba de cargo lícita, practicada en juicio con contradicción e inmediación y suficiente más allá de toda duda razonable; en caso de duda rige in dubio pro reo.
Prueba ilícita: no surte efecto la obtenida violentando derechos fundamentales (art. 11.1 LOPJ); alcanza a las derivadas salvo desconexión de antijuridicidad (STC 81/1998).
Prueba indiciaria: indicios plenamente acreditados, plurales e interrelacionados y razonamiento lógico motivado (STC 174/1985).
Valor de las declaraciones policiales: las de los agentes tienen valor de testifical (art. 717 LECrim); el atestado es denuncia (art. 297).
Contradicción entre declaración en juicio y en instrucción: lectura (art. 714); diligencias irreproducibles: lectura (art. 730).
Prueba de oficio (art. 729): careos, testigos no propuestos y diligencias no propuestas necesarias para comprobar los hechos de las calificaciones; la regla general es el art. 728.
Prueba anticipada: arts. 448 y 777.2; con contradicción ante el juez; prueba preconstituida: irrepetible, con garantías, introducida por lectura (art. 730).
Denegación de prueba: auto sin recurso inmediato; se reproduce la petición al inicio del juicio; exige protesta y relevancia decisiva (art. 850.1 y art. 790.3 LECrim).
Publicidad del juicio oral (art. 680 y art. 120 CE); puerta cerrada por moralidad, orden público o respeto a la víctima (art. 681); grabación y acta del LAJ (art. 743).
Derecho a la última palabra del acusado (art. 739 LECrim) antes de quedar el juicio visto para sentencia; valoración en conciencia (art. 741).
Causas de suspensión del juicio: art. 746 (testigos o peritos necesarios, enfermedad, hecho nuevo, fuerza mayor). Plazo máximo de suspensión: treinta días (art. 749); superado, se repite el juicio.
Apelación: el tribunal ad quem no puede condenar al absuelto ni revisar la credibilidad de pruebas personales sin inmediación (art. 792.2 LECrim; STC 167/2002).
El juicio oral en el abreviado: cuestiones previas (art. 786.2), conformidad (art. 787), sentencia en cinco días (art. 789.1).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El derecho del acusado a la última palabra se reconoce en:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 48 de Gestión Procesal (Justicia)?
La prueba en el proceso penal está presidida por la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), que impone a las acusaciones la carga de acreditar los hechos y la participación del acusado mediante prueba de cargo lícita, practicada en el juicio oral con las garantías de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción. Este tema desarrolla los medios de prueba (declaración del acusado, testifical, pericial, documental, reconocimiento judicial, careo e indicios), su proposición, admisión o denegación, la prueba anticipada y la preconstituida, la proposición en el acto del juicio y la prueba acordada de oficio (art. 729 LECrim), el desarrollo del juicio oral y la suspensión del juicio oral: causas (art. 746 LECrim) y consecuencias, en particular el plazo de treinta días (art. 749 LECrim) a partir del cual debe repetirse el juicio. Se complementa con la doctrina sobre prueba ilícita, prueba indiciaria y revisión de la prueba personal en apelación.
¿Qué hay que memorizar del Tema 48 para el examen?
La presunción de inocencia (art. 24.2 CE) impone a las acusaciones la carga de la prueba; solo vale la prueba de cargo lícita, practicada en juicio con contradicción e inmediación y suficiente más allá de toda duda razonable; en caso de duda rige in dubio pro reo. Prueba ilícita: no surte efecto la obtenida violentando derechos fundamentales (art. 11.1 LOPJ); alcanza a las derivadas salvo desconexión de antijuridicidad (STC 81/1998). Prueba indiciaria: indicios plenamente acreditados, plurales e interrelacionados y razonamiento lógico motivado (STC 174/1985). Valor de las declaraciones policiales: las de los agentes tienen valor de testifical (art. 717 LECrim); el atestado es denuncia (art. 297). Contradicción entre declaración en juicio y en instrucción: lectura (art. 714); diligencias irreproducibles: lectura (art. 730). Prueba de oficio (art. 729): careos, testigos no propuestos y diligencias no propuestas necesarias para comprobar los hechos de las calificaciones; la regla general es el art. 728. Prueba anticipada: arts. 448 y 777.2; con contradicción ante el juez; prueba preconstituida: irrepetible, con garantías, introducida por lectura (art. 730). Denegación de prueba: auto sin recurso inmediato; se reproduce la petición al inicio del juicio; exige protesta y relevancia decisiva (art. 850.1 y art. 790.3 LECrim). Publicidad del juicio oral (art. 680 y art. 120 CE); puerta cerrada por moralidad, orden público o respeto a la víctima (art. 681); grabación y acta del LAJ (art. 743). Derecho a la última palabra del acusado (art. 739 LECrim) antes de quedar el juicio visto para sentencia; valoración en conciencia (art. 741). Causas de suspensión del juicio: art. 746 (testigos o peritos necesarios, enfermedad, hecho nuevo, fuerza mayor). Plazo máximo de suspensión: treinta días (art. 749); superado, se repite el juicio. Apelación: el tribunal ad quem no puede condenar al absuelto ni revisar la credibilidad de pruebas personales sin inmediación (art. 792.2 LECrim; STC 167/2002). El juicio oral en el abreviado: cuestiones previas (art. 786.2), conformidad (art. 787), sentencia en cinco días (art. 789.1).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 24 y 120.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036, texto consolidado), en especial arts. 448, 650 y ss., 659, 680, 681, 688 y ss., 701, 710, 714, 717, 724 y ss., 728 a 730, 732, 739, 741, 743, 744, 746, 749, 777.2, 786 a 789, 790.3, 792.2, 849.2, 850.1 y 852.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666), arts. 11.1 y 232.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 21.6 y 26.
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Jurisprudencia constitucional: SSTC 31/1981, 174/1985, 81/1998 y 167/2002.
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