Tema 52. La tutela judicial ante los Tribunales de Instancia –Secciones de violencia sobre la mujer–. Especialidades procesales. Pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas. La tutela judicial ante los Tribunales de Instancia –Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia–.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, creó en su Título V (Tutela Judicial) los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, hoy integrados como Secciones de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia (LO 1/2025). Son órganos especializados con competencia mixta: penal (instrucción de los delitos de violencia de género y de los delitos conexos que enumera el art. 87 ter LOPJ, adopción de órdenes de protección y fallo de delitos leves) y civil (determinados procesos de familia y filiación cuando concurren los requisitos del art. 87 ter.3 LOPJ). Cuando se producen actos de violencia sobre la mujer, el órgano civil pierde su competencia y se inhibe a favor de la Sección especializada (art. 49 bis LEC), salvo que haya comenzado el juicio oral. El tema estudia también las medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas (Capítulo IV del Título V de la LO 1/2004, arts. 61 y siguientes, y la orden de protección del art. 544 ter LECrim) y las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, vinculadas a la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Marco normativo de la tutela judicial frente a la violencia de género
La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece un tratamiento integral (preventivo, asistencial, penal y judicial). El Título IV regula la tutela penal y el Título V la tutela judicial (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, normas procesales civiles y penales, medidas judiciales de protección y seguridad, Fiscalía). Se completa con la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica (art. 544 ter LECrim), la LOPJ (arts. 87 bis, 87 ter y 89 bis), la LEC (art. 49 bis), el Código Penal (arts. 48, 57, 153, 171, 172, 173.2 y 468) y el Estatuto de la víctima (Ley 4/2015). La LO 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha integrado los antiguos Juzgados en los Tribunales de Instancia, con Secciones de Violencia sobre la Mujer. La violencia de género de la LO 1/2004 es la que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1).
Las Secciones de Violencia sobre la Mujer: naturaleza y organización
Son órganos especializados integrados en el Tribunal de Instancia, que sustituyen a los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer (art. 87 bis LOPJ). Su peculiaridad es la competencia mixta penal y civil: son la excepción a la regla de especialización por órdenes jurisdiccionales, porque se trata de que un mismo juez conozca de los aspectos penales y de familia derivados de la misma situación de violencia, evitando resoluciones contradictorias y mejorando la protección. En los partidos judiciales con varios órganos se pueden crear Secciones exclusivas; en los pequeños, la competencia la ejerce una Sección de Instrucción o compatible, con régimen de compatibilidad. Los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales pueden especializarse en el enjuiciamiento de estos delitos (art. 89 bis LOPJ y art. 82.4 LOPJ para Secciones de las Audiencias). Los Fiscales de la especialidad (Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer) intervienen en estos procesos, y las Unidades de Valoración Forense Integral de los Institutos de Medicina Legal asesoran a los órganos judiciales.
Competencia penal (art. 87 ter.1 LOPJ)
Las Secciones de Violencia sobre la Mujer conocen, en el orden penal y conforme a las normas de procedimiento: a) la instrucción de los procesos por delitos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hayan cometido contra quien sea o haya sido esposa del autor, o mujer ligada a él por análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como de los descendientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género; b) la instrucción de los procesos por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares cuando la víctima sea alguna de esas personas; c) la adopción de las órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias del Juez de guardia; d) la instrucción de los procesos por quebrantamiento de penas y medidas de seguridad cuando la víctima sea alguna de las personas mencionadas; e) el conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de esas personas. Importante: en la letra a) se exige un acto de violencia de género para atraer los delitos cometidos contra descendientes o menores convivientes. La LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual amplió la competencia de estos órganos a otras formas de violencia sexual contra las mujeres; debe consultarse el texto vigente del art. 87 ter para el detalle y el régimen transitorio de aplicación.
Competencia territorial y enjuiciamiento
La competencia territorial corresponde al órgano del domicilio de la víctima, sin perjuicio de las medidas urgentes que pueda adoptar el órgano del lugar de comisión de los hechos (art. 15 bis LECrim y art. 57.4 CP en cuanto a prohibiciones). Las Secciones de Violencia sobre la Mujer instruyen y, en delitos leves, también enjuician; el enjuiciamiento de los delitos menos graves corresponde a los Juzgados de lo Penal (Secciones de lo Penal) o, si la pena supera los cinco años, a la Audiencia Provincial, que puede contar con Secciones especializadas para conocer de apelaciones y de causas en primera instancia. Los delitos del Tribunal del Jurado que se cometan en este contexto (por ejemplo, un homicidio) siguen el procedimiento del Jurado, con instrucción por la Sección de Violencia sobre la Mujer. En el procedimiento del Jurado y en los juicios rápidos, estas Secciones asumen la fase de instrucción cuando son competentes (art. 797 bis LECrim).
Competencia civil (art. 87 ter.2 y 3 LOPJ)
Las Secciones de Violencia sobre la Mujer conocen en el orden civil, conforme a las normas del procedimiento correspondiente, de: a) filiación, maternidad y paternidad; b) nulidad del matrimonio, separación y divorcio; c) los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra otro en nombre de los hijos; d) los relativos a la necesidad de asentimiento en la adopción; e) la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Para que estas Secciones sean competentes en el orden civil han de concurrir simultáneamente cuatro requisitos (art. 87 ter.3): a) que se trate de un proceso civil de esas materias; b) que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de actos de violencia de género; c) que alguna de las partes del proceso civil sea imputada como autora, inductora o cooperadora necesaria de actos de violencia de género; d) que se hayan iniciado ante la Sección actuaciones penales por delito o delito leve a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. Es la clave del apartado: no basta con que exista violencia; hacen falta proceso penal en trámite o una orden de protección.
Especialidades procesales en materia penal
Las causas de violencia de género presentan especialidades dirigidas a la protección de la víctima y a la rapidez: a) la comparecencia del investigado con asistencia letrada y la adopción de medidas cautelares de forma inmediata; b) la posibilidad de tramitar por diligencias urgentes (enjuiciamiento rápido) cuando concurran los requisitos del art. 795 LECrim, ya que las lesiones, coacciones, amenazas y la violencia habitual del art. 173.2 CP están en el catálogo de ese procedimiento; c) la prueba preconstituida cuando se prevea que la víctima no podrá declarar en el juicio; d) la prohibición de la mediación en estos delitos (art. 87 ter.5 LOPJ: está vedada la mediación); e) la valoración del riesgo por las Unidades de Valoración Forense Integral; f) la información a la víctima conforme al Estatuto de la víctima, la posibilidad de personación del Ministerio Fiscal y de las asociaciones, y la asistencia jurídica gratuita inmediata y especializada. Las penas incluyen la privación de libertad, la prohibición de aproximación y comunicación (arts. 48 y 57 CP) y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
Especialidades procesales en materia civil
Cuando la Sección conoce del proceso de familia, debe tener presente la existencia de violencia: a) no se establecerá la guarda y custodia compartida cuando uno de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, ni cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género (art. 92.7 del Código Civil); b) no se establecerá régimen de visitas, o se suspenderá si existiera, respecto del progenitor incurso en un proceso penal por esos hechos (art. 94 del Código Civil), con posibilidad de que las visitas se realicen en punto de encuentro familiar; c) los procesos civiles de esta Sección se tramitan con las normas de la LEC, y el Ministerio Fiscal interviene en los procesos que afecten a menores; d) la mediación familiar está vedada en los casos de violencia de género. Estas reglas buscan evitar la exposición de los hijos a la violencia y la revictimización de la mujer.
Pérdida de la competencia del órgano civil: el art. 49 bis LEC
El art. 49 bis LEC regula el desplazamiento de competencia desde el juzgado civil a la Sección de Violencia sobre la Mujer. Cuando un órgano que esté conociendo en primera instancia de un proceso civil tenga noticia de la existencia de un acto de violencia de género que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o de una orden de protección, y tras verificar la concurrencia de los requisitos del art. 87 ter.3 LOPJ, debe inhibirse y remitir los autos a la Sección de Violencia sobre la Mujer competente, salvo que se haya iniciado la fase de juicio oral. Si el órgano civil tiene noticia de indicios de violencia de género sin que exista denuncia previa, convoca a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia urgente para que puedan, en su caso, solicitar medidas de protección. Si la Sección no admite la denuncia, o la causa penal termina sin que concurran los requisitos, devuelve los autos al órgano civil. Por tanto: el límite temporal de la inhibición es el comienzo del juicio oral (no la sentencia firme) y el desplazamiento solo afecta a los procesos civiles en primera instancia.
Requisitos y efectos de la pérdida de competencia
Resumen de requisitos para el desplazamiento: a) un proceso civil de las materias del art. 87 ter.2 LOPJ pendiente en primera instancia; b) alguna de las partes es víctima de violencia de género y la otra imputada; c) existencia de proceso penal en la Sección o de orden de protección; d) que no haya comenzado la fase de juicio oral en el proceso civil. Efectos: el órgano civil se inhibe y remite los autos en el estado en que se encuentren; la Sección asume la tramitación del proceso civil, que se acumula en su caso al penal solo a efectos de competencia (no se fusionan los procedimientos). Los procesos civiles distintos de los enumerados (por ejemplo, reclamaciones de cantidad entre cónyuges) permanecen en el juzgado civil. Los procesos de ejecución se rigen por las reglas generales. Esta regla se distingue de la sumisión: la competencia por violencia de género es indisponible para las partes.
Medidas judiciales de protección y de seguridad: concepto y régimen general
El Capítulo IV del Título V de la LO 1/2004 (arts. 61 a 69) regula las medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas. Disposición general (art. 61): se adoptan en todos los procesos penales por delitos de violencia de género, y pueden aplicarse conjuntamente con medidas civiles; el Juez debe pronunciarse, de oficio o a instancia de parte, sobre su procedencia en todos los casos. Tipos: a) medidas penales: prisión provisional, salida del domicilio, alejamiento (prohibición de aproximación) y suspensión de comunicaciones (art. 64), suspensión de la tenencia, porte y uso de armas (art. 68); b) medidas civiles: atribución del uso de la vivienda familiar, suspensión de la patria potestad o de la guarda y custodia de los menores (art. 65) y del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación (art. 66), prestación de alimentos. Las medidas de protección tienen la vigencia que fije el Juez (art. 67 de la LO 1/2004, en cuanto a su vigencia). Pueden ser acordadas de oficio, a instancia de la víctima, de las personas que tengan con ella relación familiar o convivencial, del Ministerio Fiscal o de la Administración que tenga a su cargo la asistencia social.
La orden de protección: procedimiento
La orden de protección (art. 544 ter LECrim, introducido por la Ley 27/2003) es una resolución judicial, que adopta la forma de auto, que otorga a las víctimas de violencia doméstica y de género un estatuto integral de protección que incluye medidas cautelares penales y civiles y la activación de las medidas de asistencia y protección social. Se dicta cuando existan indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas del art. 173.2 CP y resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima. Solicitud: por la propia víctima o persona que tenga con ella relación familiar, por el Ministerio Fiscal, o de oficio por el Juez; también pueden recibir la petición las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima y los servicios sociales y asistenciales, que la remiten de inmediato al Juez competente (generalmente, el Juez de guardia o la Sección de Violencia sobre la Mujer). Tramitación: el Juez convoca a una audiencia urgente con la víctima o su representante legal, el solicitante, el agresor asistido de abogado y el Ministerio Fiscal, que se celebra en el plazo más breve posible y, en todo caso, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la presentación de la solicitud. Se adoptan las medidas que procedan mediante auto, que se notifica a las partes y se comunica a la víctima y a las Administraciones competentes. La orden se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género (creado por el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo).
Medidas cautelares penales de protección
Entre las medidas cautelares penales que pueden adoptarse en la orden de protección o en el proceso penal: a) prisión provisional (arts. 503 y siguientes LECrim, con comparecencia específica del art. 505), cuya finalidad en este contexto incluye evitar que el imputado actúe contra bienes jurídicos de la víctima (art. 503.1.3.º.c LECrim); b) la orden de alejamiento cautelar, prohibición de residir en un lugar, de acudir a determinados lugares o de aproximarse a la víctima o a su familia (art. 544 bis LECrim); c) la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio; d) la salida obligatoria del domicilio; e) la retirada de armas y la suspensión del derecho a la tenencia y porte; f) la imposición de dispositivos de control. El incumplimiento de estas medidas constituye un delito de quebrantamiento de medida cautelar (art. 468 CP), que en los casos de violencia sobre las personas del art. 173.2 CP se castiga siempre como delito (sin posibilidad de ser considerado leve), y puede fundamentar la adopción de la prisión provisional. Las medidas penales deben notificarse a la víctima y comunicarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Medidas civiles derivadas de la orden de protección
La orden de protección puede contener, a solicitud de la víctima o su representante legal, o del Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con la capacidad modificada judicialmente, medidas de carácter civil: atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinación del régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los menores, prestación de alimentos y cualquier disposición que se considere oportuna para apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios. Vigencia (art. 544 ter.7 LECrim): treinta días; si dentro de ese plazo la víctima o su representante legal inicia un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas permanecen en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda, plazo en el que el Juez de Primera Instancia competente (o la Sección, si le corresponde) debe ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto. Las medidas civiles solo se adoptan si no han sido previamente acordadas por un órgano del orden civil, y no se acuerdan si la víctima no las ha solicitado, salvo que existan hijos menores y lo pida el Fiscal.
Seguimiento, valoración del riesgo y coordinación
La eficacia de las medidas depende de su seguimiento. Instrumentos: a) el Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), gestionado por la Secretaría de Estado de Seguridad, que integra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las instituciones penitenciarias y a los órganos judiciales y asigna a cada víctima un nivel de riesgo; b) las Unidades de Valoración Forense Integral de los Institutos de Medicina Legal, que emiten informes sobre la víctima y el agresor para asistir a los jueces; c) los Puntos de Coordinación de las órdenes de protección, que canalizan la información entre juzgados, Fuerzas de Seguridad y servicios sociales; d) el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género y el Registro Central de Penados; e) el servicio telefónico 016 de información y asesoramiento, y el servicio ATENPRO de teleasistencia móvil. La Fiscalía vigila el cumplimiento y coordina la actuación.
Los dispositivos telemáticos de control del alejamiento
Los dispositivos telemáticos de control permiten verificar en tiempo real el cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento. Constan de una pulsera o tobillera que porta el agresor, una unidad que lleva la víctima (o una aplicación) y un centro de control que alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando se aproxima o cuando se manipula el dispositivo. Los acuerda el Juez como medida cautelar o como pena o medida de seguridad (art. 48.4 CP: control por medios electrónicos para garantizar el cumplimiento de la prohibición de aproximación), con base en la valoración del riesgo, y la competencia del seguimiento técnico corresponde a la Administración que determine el Gobierno. Su uso exige el consentimiento de la víctima para portar la unidad y puede combinarse con otras medidas. No sustituye a la orden de protección: la complementa.
El servicio de guardia y la atención a las víctimas
La orden de protección puede solicitarse en cualquier momento, también fuera del horario ordinario, ante el Juzgado de guardia (hoy, la Sección de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer de guardia). El Juez de guardia que adopte la orden la comunica inmediatamente a la Sección competente, que continúa el procedimiento. El servicio de guardia garantiza la inmediatez de la respuesta y la disponibilidad de abogado de oficio especializado, médico forense y Ministerio Fiscal. La atención a las víctimas comprende información sobre sus derechos (Estatuto de la víctima), derecho a asistencia jurídica gratuita inmediata y especializada (art. 20 LO 1/2004) en los procesos relacionados con la violencia sufrida, y derecho a protección durante las declaraciones para evitar el contacto visual con el agresor y la victimización secundaria.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias, prestan asistencia gratuita, confidencial y especializada a las víctimas de delitos violentos (violencia de género, delitos sexuales, terrorismo, etc.): información sobre derechos y procedimientos, orientación jurídica, apoyo psicológico y social, acompañamiento a las actuaciones judiciales y coordinación con los servicios sociales y de seguridad. Son un recurso asistencial, no jurisdiccional, que cumple las obligaciones de la Directiva 2012/29/UE y del Estatuto de la víctima (Ley 4/2015).
Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia: fundamento
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) estableció un marco de prevención y protección frente a todas las formas de violencia contra los menores de dieciocho años y previó la especialización de los órganos judiciales que conocen de estos casos. Siguiendo el modelo de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, los Tribunales de Instancia pueden contar con Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, con competencia sobre la instrucción de los delitos violentos y sexuales cometidos contra menores y las medidas de protección. El régimen y la implantación efectiva de estas Secciones deben consultarse en la LOPJ vigente y en los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, porque su desarrollo ha sido gradual. La especialización alcanza también a la formación obligatoria de jueces, fiscales y otros profesionales.
Competencia y garantías procesales en la violencia contra menores
Las garantías reforzadas aplicables a las víctimas menores incluyen: a) la prueba preconstituida: en la instrucción de delitos violentos o sexuales, cuando la víctima sea menor de catorce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección, el Juez de Instrucción debe practicar la declaración como prueba preconstituida, con contradicción y con la intervención de expertos, evitando la reiteración de declaraciones (arts. 449 bis y 449 ter LECrim, reformados por la LO 8/2021); b) la evitación del contacto visual con el investigado y la utilización de medios técnicos o salas adaptadas; c) la exploración por profesionales especializados; d) la prescripción: en los delitos graves contra menores el plazo de prescripción comienza a computarse desde que la víctima cumple treinta y cinco años (art. 132 CP, reformado por la LO 8/2021); e) el deber de comunicación de situaciones de violencia por parte de cualquier persona que las advierta (LO 8/2021). La Fiscalía de Menores y la entidad pública de protección intervienen coordinadamente.
Coordinación entre Secciones y medidas de protección de menores víctimas
Cuando concurren violencia de género y violencia contra los hijos, la protección de los menores se incorpora al proceso por violencia de género: los menores que conviven con la víctima son considerados víctimas de la violencia de género (conforme a la LO 1/2004 en su redacción vigente) y la Sección de Violencia sobre la Mujer conserva la competencia por atracción en los términos del art. 87 ter LOPJ. Las medidas de protección de menores comprenden medidas cautelares penales (alejamiento, prohibición de comunicación), medidas civiles (suspensión de la patria potestad o de las visitas, arts. 65 y 66 LO 1/2004) y medidas administrativas de protección (declaración de riesgo o desamparo por la entidad pública, guarda, acogimiento), que requieren la coordinación de los órganos judiciales con la entidad pública y con el Ministerio Fiscal. Las resoluciones deben respetar el interés superior del menor (art. 2 LO 1/1996) y su derecho a ser oído.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Las Secciones de Violencia sobre la Mujer (antes Juzgados) tienen competencia mixta penal y civil (art. 87 ter LOPJ), excepción a la especialización por órdenes jurisdiccionales.
Competencia penal: instrucción de delitos de violencia de género y conexos, órdenes de protección, quebrantamientos, delitos contra los derechos y deberes familiares y fallo de delitos leves; competencia territorial por el domicilio de la víctima (art. 15 bis LECrim).
Competencia civil (art. 87 ter.3 LOPJ): cuatro requisitos simultáneos: materia civil del apartado 2, parte víctima, parte imputada y proceso penal iniciado u orden de protección adoptada.
Pérdida de competencia del órgano civil (art. 49 bis LEC): inhibición en primera instancia, salvo que se haya iniciado la fase de juicio oral.
No cabe mediación en los casos de violencia de género, ni en el ámbito penal ni en el familiar.
La orden de protección (art. 544 ter LECrim): audiencia urgente en un plazo máximo de 72 horas; se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.
Las medidas civiles de la orden de protección duran 30 días y, si se presenta demanda de familia en ese plazo, 30 días más desde la presentación, hasta que el juez civil las ratifique, modifique o deje sin efecto.
Quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento (art. 468 CP): siempre delito cuando la víctima es de las del art. 173.2 CP.
No hay custodia compartida ni régimen de visitas con el progenitor incurso en proceso penal por violencia contra el otro o los hijos (arts. 92.7 y 94 Código Civil).
LOPIVI (LO 8/2021): prueba preconstituida para víctimas menores de 14 años y prescripción de delitos graves contra menores desde que la víctima cumple 35 años.
Sistema VioGén, Unidades de Valoración Forense Integral y dispositivos telemáticos de control (art. 48.4 CP) son instrumentos de seguimiento y valoración del riesgo.
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¿De qué trata el Tema 52 de Gestión Procesal (Justicia)?
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, creó en su Título V (Tutela Judicial) los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, hoy integrados como Secciones de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia (LO 1/2025). Son órganos especializados con competencia mixta: penal (instrucción de los delitos de violencia de género y de los delitos conexos que enumera el art. 87 ter LOPJ, adopción de órdenes de protección y fallo de delitos leves) y civil (determinados procesos de familia y filiación cuando concurren los requisitos del art. 87 ter.3 LOPJ). Cuando se producen actos de violencia sobre la mujer, el órgano civil pierde su competencia y se inhibe a favor de la Sección especializada (art. 49 bis LEC), salvo que haya comenzado el juicio oral. El tema estudia también las medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas (Capítulo IV del Título V de la LO 1/2004, arts. 61 y siguientes, y la orden de protección del art. 544 ter LECrim) y las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, vinculadas a la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
¿Qué hay que memorizar del Tema 52 para el examen?
Las Secciones de Violencia sobre la Mujer (antes Juzgados) tienen competencia mixta penal y civil (art. 87 ter LOPJ), excepción a la especialización por órdenes jurisdiccionales. Competencia penal: instrucción de delitos de violencia de género y conexos, órdenes de protección, quebrantamientos, delitos contra los derechos y deberes familiares y fallo de delitos leves; competencia territorial por el domicilio de la víctima (art. 15 bis LECrim). Competencia civil (art. 87 ter.3 LOPJ): cuatro requisitos simultáneos: materia civil del apartado 2, parte víctima, parte imputada y proceso penal iniciado u orden de protección adoptada. Pérdida de competencia del órgano civil (art. 49 bis LEC): inhibición en primera instancia, salvo que se haya iniciado la fase de juicio oral. No cabe mediación en los casos de violencia de género, ni en el ámbito penal ni en el familiar. La orden de protección (art. 544 ter LECrim): audiencia urgente en un plazo máximo de 72 horas; se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género. Las medidas civiles de la orden de protección duran 30 días y, si se presenta demanda de familia en ese plazo, 30 días más desde la presentación, hasta que el juez civil las ratifique, modifique o deje sin efecto. Quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento (art. 468 CP): siempre delito cuando la víctima es de las del art. 173.2 CP. No hay custodia compartida ni régimen de visitas con el progenitor incurso en proceso penal por violencia contra el otro o los hijos (arts. 92.7 y 94 Código Civil). LOPIVI (LO 8/2021): prueba preconstituida para víctimas menores de 14 años y prescripción de delitos graves contra menores desde que la víctima cumple 35 años. Sistema VioGén, Unidades de Valoración Forense Integral y dispositivos telemáticos de control (art. 48.4 CP) son instrumentos de seguimiento y valoración del riesgo.
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Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Título V, arts. 43 y ss.; arts. 61 a 69).
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (arts. 87 bis, 87 ter y 89 bis).
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 49 bis).
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 15 bis, 449 bis y ter, 503, 505, 544 bis, 544 ter, 797 bis).
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica.
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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