Tema 36. El procedimiento de apremio. Valoración de los bienes embargados. La subasta de los bienes trabados. Alternativas a la subasta judicial: El convenio de realización y la realización por persona o entidad especializada. La administración para pago. Tercería de mejor derecho. Especialidades de la ejecución sobre bienes hipotecados, pignorados o con garantía real.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El procedimiento de apremio (Libro III, Título IV, Capítulo IV de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, arts. 634 y siguientes) es la fase de la ejecución dineraria en la que se convierten en dinero los bienes embargados para pagar al ejecutante. Su cauce ordinario es la subasta, que desde la reforma de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, es electrónica y se celebra en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la ley prevé alternativas como el convenio de realización, la realización por persona o entidad especializada y la administración para pago. Este tema estudia además el avalúo de los bienes, los requisitos para pujar, la aprobación del remate y la adjudicación al ejecutante, el pago del precio, el destino del sobrante, la tercería de mejor derecho (arts. 614 y siguientes) y las especialidades de la ejecución sobre bienes hipotecados, pignorados o con garantía real (arts. 681 a 698), con especial atención a las causas de oposición del artículo 695 y al control de las cláusulas abusivas.
El procedimiento de apremio comprende las actuaciones dirigidas a la realización forzosa de los bienes embargados para satisfacer, con su producto, el crédito del ejecutante (principal, intereses y costas). Sus fases son: a) valoración o avalúo de los bienes; b) realización, que puede hacerse por convenio de realización entre las partes e interesados, por persona o entidad especializada, o mediante subasta judicial, además de la administración para pago en bienes productivos; y c) aplicación del precio al pago del ejecutante y entrega del sobrante a quien corresponda. El dinero embargado se entrega directamente al ejecutante, y los valores cotizados se enajenan conforme a las reglas de su mercado. La dirección del apremio corresponde al Letrado de la Administración de Justicia, que dicta los decretos de convocatoria, aprobación del remate y adjudicación, mientras que el Juez resuelve los incidentes que afecten a derechos fundamentales o a cuestiones de fondo, como la oposición y las tercerías.
El avalúo de los bienes embargados
Salvo que se trate de dinero o de bienes cuyo valor conste de forma objetiva (por ejemplo, valores con cotización oficial), se procede a la valoración de los bienes embargados por perito tasador designado por el Letrado de la Administración de Justicia entre los que figuren en las listas oficiales o, en su caso, por el valor que resulte de otros medios objetivos. El dictamen se pone de manifiesto a las partes para que puedan hacer alegaciones y aportar su propia valoración si no están conformes, y el Letrado de la Administración de Justicia, o el tribunal, fija el valor definitivo. El valor determinado en el avalúo es la base sobre la que se calculan el tipo de la subasta, el depósito exigido a los postores y los porcentajes de aprobación del remate y de adjudicación. Para los inmuebles la valoración tiene en cuenta las cargas anteriores, que subsisten, y se refiere al valor de mercado con deducción de ellas. La impugnación del avalúo no suspende la ejecución.
Publicidad y convocatoria de la subasta judicial
La subasta se convoca por decreto del Letrado de la Administración de Justicia y se anuncia en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, que centraliza la publicidad y permite acceder a la descripción del bien, su valor de tasación, el estado de cargas, la fecha de apertura y cierre y las condiciones de participación. A instancia de parte y a su costa, puede acordarse publicidad complementaria en otros medios cuando la naturaleza o el valor de los bienes lo aconseje. La publicidad de la subasta de inmuebles incluye los datos registrales y la descripción necesaria para su identificación. Esta publicidad única y accesible por internet amplía el círculo de posibles postores, a diferencia del modelo presencial anterior, con anuncios dispersos en tablones y boletines locales.
La subasta electrónica y su duración
La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introdujo la subasta electrónica como forma general de la subasta judicial, que se celebra en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. La subasta tiene una duración de veinte días naturales, contados desde su anuncio, durante los cuales los postores presentan sus pujas por vía telemática, que el sistema gestiona automáticamente, mostrando en cada momento la puja más alta y permitiendo mejorarla hasta el cierre. Las normas de la subasta se aplican a la subasta de bienes muebles (arts. 643 a 654) y de bienes inmuebles (arts. 655 a 675). Es una subasta con puja abierta y sin presencia física: las posturas se formulan telemáticamente, tras identificarse el licitador.
Requisitos para pujar: identificación, depósito y cesión del remate
Para tomar parte en la subasta, los postores deben identificarse de forma suficiente, declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta y consignar previamente el cinco por ciento del valor dado a los bienes, mediante transferencia a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o por los medios admitidos, depósito que queda afecto al cumplimiento de la obligación del rematante de pagar el resto del precio y que se pierde si no lo hace. El ejecutante puede participar en la subasta sin necesidad de efectuar el depósito, y solo él puede hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero, lo que debe comunicar al tribunal con antelación a la aprobación. Los demás postores que han cubierto el depósito pueden manifestar su deseo de que su postura se conserve como reserva para el caso de que el mejor postor no consigne el resto del precio.
Subasta de bienes muebles: aprobación del remate
Terminada la subasta, el Letrado de la Administración de Justicia examina las posturas. Si la mejor postura iguala o supera el cincuenta por ciento del valor de tasación, aprueba el remate a favor del mejor postor mediante decreto. Si es inferior, el ejecutado puede, en un plazo breve de diez días, presentar a un tercero que mejore la postura ofreciendo una cantidad superior a ese porcentaje o que, aunque inferior, sea suficiente para satisfacer íntegramente al ejecutante; si no lo hace, el ejecutante puede pedir la adjudicación de los bienes en las condiciones legales. Aprobado el remate, el rematante debe pagar el resto del precio en el plazo señalado y, una vez consignado, se le entrega el bien. Conviene comprobar en el texto consolidado los porcentajes y plazos exactos, que se han modificado en reformas sucesivas.
Subasta de bienes inmuebles: certificación de cargas y titulares posteriores
Para la subasta de inmuebles, el Letrado de la Administración de Justicia solicita al Registrador la certificación de dominio y cargas del bien (art. 656 LEC), que se une a las actuaciones, y se comunica la existencia de la ejecución a los titulares de derechos inscritos con posterioridad al embargo (art. 659) para que puedan intervenir y satisfacer el crédito para evitar la pérdida de su derecho. Las cargas y gravámenes anteriores al derecho del ejecutante subsisten tras la subasta, y el adjudicatario las acepta y se subroga en la responsabilidad derivada de ellas (art. 668), mientras que las cargas posteriores se cancelan una vez realizado el bien (art. 674). El valor del bien para la subasta se determina por la valoración con deducción de las cargas anteriores. La subasta se celebra una vez cumplidos estos trámites y, si el inmueble está ocupado, se aplican las reglas especiales del artículo 675 sobre el lanzamiento.
Aprobación del remate en la subasta de inmuebles
Si la mejor postura es superior al setenta por ciento del valor por el que el bien hubiera salido a subasta, el Letrado de la Administración de Justicia aprueba el remate a favor del mejor postor (art. 670 LEC). Si es inferior a ese porcentaje, el ejecutado puede presentar en el plazo de diez días a un tercero que mejore la postura ofreciendo una cantidad superior al setenta por ciento o que, aunque inferior, cubra la cantidad por la que se despachó ejecución; si no lo hace, el ejecutante puede en el plazo de cinco días pedir la adjudicación del inmueble por el setenta por ciento o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, y, en defecto de ambos, el tribunal oye a las partes y decide sobre la aprobación del remate, ponderando las circunstancias del caso, sobre todo cuando se trata de la vivienda habitual del ejecutado. Los porcentajes han sido modificados por reformas sucesivas y deben verificarse en el texto vigente.
Subasta sin postores y adjudicación al ejecutante
Cuando en la subasta de bienes inmuebles no concurra ningún postor, el acreedor ejecutante puede, en el plazo de veinte días, pedir la adjudicación del bien por una cantidad igual o superior al cincuenta por ciento del valor por el que el bien hubiera salido a subasta, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que la cantidad ofrecida cubra al menos el setenta por ciento del valor de tasación cuando se trate de la vivienda habitual del deudor (art. 671 LEC). Si el ejecutante no pide la adjudicación, se procede al alzamiento del embargo a instancia del ejecutado. Esta posibilidad evita el bloqueo de la ejecución por falta de licitadores y protege al ejecutado en la vivienda habitual frente a adjudicaciones por valores muy bajos.
Pago del precio, adjudicación y cancelación de cargas
El rematante debe consignar el resto del precio, descontado el depósito, dentro del plazo señalado, que en los inmuebles es de cuarenta días desde la aprobación del remate. Consignado el precio, el Letrado de la Administración de Justicia dicta decreto de adjudicación, que es título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad, y ordena la cancelación de la anotación de embargo y de todas las inscripciones y anotaciones posteriores, con expedición del mandamiento correspondiente, sin necesidad de escritura notarial. Si el adjudicatario es un tercero que necesita financiación, puede pedir que el pago se haga mediante préstamo con garantía hipotecaria sobre el bien adjudicado. Si no consigna el precio en plazo, pierde el depósito y se aprueba el remate a favor del siguiente postor que hubiera mantenido su postura como reserva, o se convoca nueva subasta.
Aplicación del precio y destino del sobrante
El producto de la realización se aplica por el Letrado de la Administración de Justicia, por este orden, a pagar al ejecutante el principal, los intereses y las costas, tras la liquidación y tasación que corresponda. Si queda sobrante, se entrega a los titulares de derechos inscritos o anotados posteriormente sobre el bien y a los reembargantes por el orden de antigüedad de sus derechos, y solo el remanente final se entrega al ejecutado. Si el precio no basta para cubrir el crédito del ejecutante, la ejecución continúa por lo que reste (art. 579 LEC), con un régimen especial de liberación parcial de la deuda restante cuando la ejecución recae sobre la vivienda habitual del deudor hipotecario, en los términos de ese precepto. El pago al ejecutante no se produce hasta que se resuelvan las tercerías de mejor derecho que afecten al producto.
Alternativas a la subasta: visión de conjunto
La LEC permite sustituir o complementar la subasta con otras formas de realización, con el propósito de obtener un mejor precio, abaratar costes y acelerar la ejecución: el convenio de realización (art. 640), la realización por persona o entidad especializada (art. 641) y la administración para pago (arts. 676 y siguientes). Se aplican a bienes que se prestan mal a la subasta electrónica generalizada, como empresas, participaciones sociales, obras de arte, maquinaria especializada o establecimientos en funcionamiento. En todos los casos interviene el tribunal, bien aprobando el convenio, bien controlando la actuación del tercero, para proteger los derechos del ejecutado y de los terceros interesados. Si la alternativa fracasa, se vuelve a la subasta como cauce residual.
El convenio de realización
Las partes y los interesados en la adquisición de los bienes embargados, junto con aquellos que sean titulares de derechos sobre ellos, pueden convenir con el ejecutante la forma de realización de los bienes. El Letrado de la Administración de Justicia convoca a una comparecencia a las partes, a los titulares de derechos sobre los bienes y al interesado en la adquisición; si se alcanza un acuerdo, el convenio se somete a la aprobación del tribunal, que la deniega si perjudica a terceros o supone fraude de acreedores. El convenio puede consistir en la venta directa a un tercero por un precio determinado, la venta por el propio ejecutado a comprador que proponga, o cualquier otra fórmula de realización, siempre que se garanticen los derechos de terceros. Es una vía especialmente útil cuando ejecutante y ejecutado comparten el interés de obtener un precio superior al de subasta.
Realización por persona o entidad especializada
A instancia del ejecutante, o del ejecutado con consentimiento del ejecutante, y oídas las partes, el tribunal puede acordar que la realización de determinados bienes se encomiende a una persona o entidad especializada en el mercado de que se trate, atendiendo a la naturaleza de los bienes. La resolución designa a la entidad y fija las condiciones: precio mínimo, plazo de actuación, forma de retribución y obligación de informar y rendir cuentas al tribunal. Se aplica a bienes cuya venta exige conocimientos o canales de comercialización específicos, como obras de arte, joyas, empresas o participaciones sociales. Si la entidad no consigue la venta en el plazo fijado, el tribunal revoca la designación y acude a la subasta. El tribunal controla que la entidad respete las condiciones, y la venta se documenta con intervención del Letrado de la Administración de Justicia.
La administración para pago
La administración para pago (arts. 676 y siguientes LEC) consiste en someter a administración bienes productivos embargados (empresas, explotaciones, inmuebles que generan rentas) para que los rendimientos que produzcan se apliquen al pago del crédito ejecutado, en lugar de proceder a su venta. Se acuerda a petición del ejecutante, con audiencia del ejecutado y de los demás interesados, y la administración puede encomendarse al propio ejecutante o a un tercero. El administrador debe actuar con la diligencia de un buen administrador, rendir cuentas periódicas al tribunal y al ejecutado, y aplicar los rendimientos netos al pago. El tribunal puede relevar al administrador y poner fin a la administración si hay mala gestión o incumplimiento. Cuando termina, por pago, por transcurso del plazo o por decisión del tribunal, el administrador rinde cuentas finales, que el ejecutado puede impugnar; si el crédito no se ha satisfecho, la ejecución prosigue por otros medios.
La tercería de mejor derecho: concepto y finalidad
La tercería de mejor derecho (arts. 614 y siguientes LEC) es el incidente declarativo por el que un tercero, titular de un crédito frente al ejecutado, pretende ser reintegrado de su crédito con preferencia al acreedor ejecutante con cargo al producto de la realización de los bienes embargados. Se diferencia de la tercería de dominio en que no se discute la propiedad del bien, que se reconoce como del ejecutado, sino el orden de cobro entre acreedores. Puede fundarse en una preferencia legal (créditos con garantía real, tributarios, de Seguridad Social, salariales, entre otros reconocidos por el Código Civil y leyes especiales) o en la preferencia derivada de una anotación o embargo anterior. Puede interponerse mientras no se haya entregado al ejecutante el producto de la realización.
Presupuestos, efectos y tramitación de la tercería de mejor derecho
El tercerista debe fundar su pretensión en un título del que resulte su crédito y acreditar su carácter preferente, y la demanda se dirige contra el ejecutante y el ejecutado. A diferencia de la tercería de dominio, la de mejor derecho no suspende el curso de la ejecución: el procedimiento de apremio continúa hasta la realización de los bienes, pero la cantidad que corresponda al crédito del tercerista, o la que se necesite para cubrir lo reclamado por él, queda retenida a disposición del tribunal hasta que se resuelva la tercería, salvo que el ejecutante preste caución. Se tramita por los cauces del juicio declarativo que corresponda por razón de la cuantía y se resuelve por sentencia: si se estima, el tercerista cobra con preferencia al ejecutante con cargo al producto retenido; si se desestima, se libra al ejecutante y se imponen las costas al tercerista.
Cuadro comparativo: tercería de dominio y de mejor derecho
Tercería de dominio: el tercerista afirma ser propietario del bien embargado; pide el alzamiento del embargo; exige título o principio de prueba por escrito; se interpone hasta que se transmita el bien al adjudicatario; puede suspender la ejecución respecto del bien litigioso; se sustancia por el declarativo que corresponda y concluye por sentencia. Tercería de mejor derecho: el tercerista es acreedor del ejecutado y afirma preferencia de cobro; pide cobrar con preferencia sobre el producto; exige título del crédito y su carácter preferente; se interpone mientras no se haya pagado al ejecutante; no suspende la ejecución, pero retiene el producto; se tramita por el declarativo según la cuantía y concluye por sentencia.
Especialidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados: ámbito y requisitos
El Capítulo V del Título IV del Libro III (arts. 681 a 698 LEC) regula las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados. Se aplican cuando la ejecución se dirige exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía de la deuda por la que se procede. Para el procedimiento de ejecución directa el artículo 682 exige que en la escritura de constitución se haya determinado el precio en que los interesados tasan la finca o el bien para que sirva de tipo en la subasta, que no puede ser inferior al setenta y cinco por ciento del valor señalado en la tasación realizada conforme a la legislación del mercado hipotecario, y que conste en la escritura un domicilio para la práctica de requerimientos y notificaciones. La demanda se dirige contra el deudor y, en su caso, contra el hipotecante no deudor y el tercer poseedor que hubiera acreditado la adquisición. Se acompaña la escritura de constitución, la certificación de saldo y el documento que acredite la notificación al deudor.
Requerimiento, subasta y vencimiento anticipado en la ejecución hipotecaria
Despachada la ejecución, se requiere de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante y al tercer poseedor en el domicilio señalado en la escritura (art. 686), y se expide certificación de cargas. La subasta se rige por las reglas de la subasta de inmuebles con el tipo fijado en la escritura (arts. 691 y siguientes). Cuando se reclama la totalidad de la deuda por vencimiento anticipado, el artículo 693 exige que la facultad se hubiera pactado y que se cumplan los requisitos legales; en los préstamos hipotecarios para vivienda sujetos a la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, solo procede cuando el prestatario esté en mora por una cuantía equivalente, en general, al tres por ciento del capital concedido si la mora se produce en la primera mitad de la vida del préstamo (doce cuotas) o al siete por ciento en la segunda mitad (quince cuotas), y previo requerimiento de pago con un plazo de al menos un mes.
Causas de oposición en la ejecución hipotecaria (art. 695 LEC)
La oposición del ejecutado en la ejecución directa sobre bienes hipotecados solo puede fundarse en las causas del artículo 695.1: 1.ª extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o escritura pública de carta de pago o de cancelación de garantía; 2.ª error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea la resultante de la liquidación efectuada en la forma convenida por las partes en la escritura de constitución de la garantía; 3.ª en caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inscrita con anterioridad al gravamen que se ejecuta; y 4.ª el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible. El plazo de oposición es de diez días desde el requerimiento. Las causas de oposición propias de la ejecución dineraria ordinaria no se aplican.
Suspensión y reclamaciones no comprendidas en la oposición
La oposición por las causas del artículo 695 se resuelve mediante auto, previa vista si procede. Si se estima la oposición por extinción de la garantía o de la obligación o por cláusula abusiva que constituya el fundamento de la ejecución, se sobresee la ejecución; si la cláusula abusiva solo afecta a la cantidad exigible, la ejecución continúa sin aplicarla. El artículo 696 regula la suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal y por otras causas, y el artículo 698 establece que cualquier reclamación del deudor, del tercer poseedor o de otros interesados que no esté comprendida en los artículos anteriores, incluida la nulidad del título, se ventila en el juicio declarativo que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento de ejecución. Esta regla busca garantizar la agilidad de la garantía real, aunque la jurisprudencia europea ha obligado a ponderarla con la protección de consumidores.
Cláusulas abusivas y control de oficio: influencia del Derecho de la Unión
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11, Aziz) consideró que el régimen español de oposición en la ejecución hipotecaria, que no permitía alegar la existencia de cláusulas abusivas ni suspender la ejecución, era contrario a la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, incorporó entonces la cuarta causa de oposición del artículo 695 y reformó el régimen de la ejecución hipotecaria. Desde entonces el tribunal debe examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas del contrato que fundamenten la ejecución o hayan determinado la cantidad exigible, antes de despachar ejecución y durante su tramitación. La jurisprudencia europea y la del Tribunal Supremo han continuado precisando los efectos de la abusividad, incluidas cláusulas de vencimiento anticipado e intereses de demora.
Ejecución sobre bienes pignorados y con otras garantías reales mobiliarias
Las normas del Capítulo V se aplican también a la ejecución de la prenda, con las particularidades propias de la garantía y de la naturaleza mueble del bien. En la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento, reguladas por la Ley de 16 de diciembre de 1954, rige la ejecución sobre los bienes gravados, con la causa de oposición específica de la sujeción de los bienes a otra garantía anterior (art. 695.1.3.ª), y se aplican reglas especiales a los bienes sometidos a un régimen registral propio, como buques o aeronaves. En lo no previsto, se aplican las normas generales de la ejecución dineraria y del apremio.
Cuadro de memoria del apremio y de la ejecución hipotecaria
Subasta electrónica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, con duración de veinte días naturales (Ley 42/2015). Depósito del cinco por ciento del valor dado a los bienes; el ejecutante está exento y solo él puede ceder el remate. Aprobación del remate de inmuebles con la mejor postura superior al setenta por ciento; adjudicación al ejecutante en subasta sin postores por el cincuenta por ciento (setenta por ciento en vivienda habitual). Pago del resto del precio en cuarenta días en inmuebles. Alternativas: convenio de realización, entidad especializada y administración para pago. Tercería de mejor derecho: no suspende la ejecución. Ejecución hipotecaria: tipo pactado en escritura no inferior al setenta y cinco por ciento de la tasación, domicilio para notificaciones, y cuatro causas de oposición del artículo 695 en diez días.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Fases del apremio: avalúo, realización (convenio, entidad especializada o subasta, o administración para pago) y aplicación del precio con entrega del sobrante.
La subasta judicial es electrónica, se celebra en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y dura veinte días naturales (Ley 42/2015, de 5 de octubre).
Depósito para pujar: cinco por ciento del valor dado a los bienes. El ejecutante está exento y solo él puede ceder el remate a un tercero.
Las cargas anteriores al derecho del ejecutante subsisten tras la subasta; las posteriores se cancelan con el decreto de adjudicación.
En inmuebles, el precio restante se consigna en cuarenta días desde la aprobación del remate; si no se paga, se pierde el depósito.
Subasta de inmuebles sin postores: el ejecutante puede pedir la adjudicación por el cincuenta por ciento del valor de subasta, o el setenta por ciento si es vivienda habitual del deudor.
Alternativas a la subasta: convenio de realización, realización por persona o entidad especializada y administración para pago; en todas interviene el tribunal.
Tercería de mejor derecho: discute la preferencia de cobro y no la propiedad; no suspende la ejecución, solo retiene la cantidad controvertida; se resuelve por sentencia en el declarativo que corresponda por cuantía.
Ejecución hipotecaria (arts. 681 a 698): la escritura debe fijar el tipo de subasta, no inferior al setenta y cinco por ciento de la tasación de mercado hipotecario, y un domicilio para notificaciones.
Causas de oposición del art. 695.1: extinción de la garantía o de la obligación, error en la cantidad exigible, sujeción a otra prenda o hipoteca anterior (bienes muebles) y carácter abusivo de una cláusula. Plazo de diez días.
El resto de reclamaciones se ventilan en el declarativo sin suspender la ejecución (art. 698).
El control de oficio de las cláusulas abusivas procede de la STJUE de 14 de marzo de 2013 (Aziz) y de la Directiva 93/13/CEE; se incorporó por la Ley 1/2013.
Vencimiento anticipado en préstamos para vivienda (Ley 5/2019): mora del tres por ciento del capital (doce cuotas) en la primera mitad y del siete por ciento (quince cuotas) en la segunda.
Orden del sobrante: titulares de derechos posteriores y reembargantes por antigüedad, y solo el remanente final al ejecutado.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
El sobrante tras pagar al ejecutante, principal, intereses y costas, se entrega:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 36 de Gestión Procesal (Justicia)?
El procedimiento de apremio (Libro III, Título IV, Capítulo IV de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, arts. 634 y siguientes) es la fase de la ejecución dineraria en la que se convierten en dinero los bienes embargados para pagar al ejecutante. Su cauce ordinario es la subasta, que desde la reforma de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, es electrónica y se celebra en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la ley prevé alternativas como el convenio de realización, la realización por persona o entidad especializada y la administración para pago. Este tema estudia además el avalúo de los bienes, los requisitos para pujar, la aprobación del remate y la adjudicación al ejecutante, el pago del precio, el destino del sobrante, la tercería de mejor derecho (arts. 614 y siguientes) y las especialidades de la ejecución sobre bienes hipotecados, pignorados o con garantía real (arts. 681 a 698), con especial atención a las causas de oposición del artículo 695 y al control de las cláusulas abusivas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 36 para el examen?
Fases del apremio: avalúo, realización (convenio, entidad especializada o subasta, o administración para pago) y aplicación del precio con entrega del sobrante. La subasta judicial es electrónica, se celebra en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y dura veinte días naturales (Ley 42/2015, de 5 de octubre). Depósito para pujar: cinco por ciento del valor dado a los bienes. El ejecutante está exento y solo él puede ceder el remate a un tercero. Las cargas anteriores al derecho del ejecutante subsisten tras la subasta; las posteriores se cancelan con el decreto de adjudicación. En inmuebles, el precio restante se consigna en cuarenta días desde la aprobación del remate; si no se paga, se pierde el depósito. Subasta de inmuebles sin postores: el ejecutante puede pedir la adjudicación por el cincuenta por ciento del valor de subasta, o el setenta por ciento si es vivienda habitual del deudor. Alternativas a la subasta: convenio de realización, realización por persona o entidad especializada y administración para pago; en todas interviene el tribunal. Tercería de mejor derecho: discute la preferencia de cobro y no la propiedad; no suspende la ejecución, solo retiene la cantidad controvertida; se resuelve por sentencia en el declarativo que corresponda por cuantía. Ejecución hipotecaria (arts. 681 a 698): la escritura debe fijar el tipo de subasta, no inferior al setenta y cinco por ciento de la tasación de mercado hipotecario, y un domicilio para notificaciones. Causas de oposición del art. 695.1: extinción de la garantía o de la obligación, error en la cantidad exigible, sujeción a otra prenda o hipoteca anterior (bienes muebles) y carácter abusivo de una cláusula. Plazo de diez días. El resto de reclamaciones se ventilan en el declarativo sin suspender la ejecución (art. 698). El control de oficio de las cláusulas abusivas procede de la STJUE de 14 de marzo de 2013 (Aziz) y de la Directiva 93/13/CEE; se incorporó por la Ley 1/2013. Vencimiento anticipado en préstamos para vivienda (Ley 5/2019): mora del tres por ciento del capital (doce cuotas) en la primera mitad y del siete por ciento (quince cuotas) en la segunda. Orden del sobrante: titulares de derechos posteriores y reembargantes por antigüedad, y solo el remanente final al ejecutado.
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Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 634 a 680 (apremio, convenio de realización, entidad especializada, subasta y administración para pago), 614 a 620 (tercería de mejor derecho) y 681 a 698 (ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados).
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (subasta electrónica).
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11).
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