Tema 66. La evitación del proceso: Conciliación previa y reclamación administrativa previa. El proceso ordinario: Demanda, conciliación y juicio. Recursos: de suplicación y de casación, con referencia al recurso de casación para la unificación de doctrina; disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El proceso laboral exige, antes de la demanda, evitar el litigio mediante la conciliación o mediación previa ante el servicio administrativo competente (arts. 63 a 68 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, LRJS) o, si se demanda a una Administración Pública o a una entidad gestora de la Seguridad Social, mediante la reclamación administrativa previa (arts. 69 a 73 LRJS). Tras ello se sustancia el proceso ordinario (arts. 76 y siguientes): demanda, admisión, conciliación judicial ante el Letrado de la Administración de Justicia y juicio oral en unidad de acto, y sentencia en cinco días. Contra las resoluciones cabe el recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ (arts. 190 y ss.) y la casación, ordinaria y para la unificación de doctrina, ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (arts. 205 y ss.), con disposiciones comunes sobre consignaciones y depósitos (arts. 229 y ss.).
La LRJS articula dos mecanismos para evitar el proceso: la conciliación o mediación previa, exigible con carácter general en los litigios entre trabajador y empresario, y la reclamación administrativa previa, exigible cuando se demanda a una Administración Pública o a una entidad gestora de la Seguridad Social. Su finalidad es fomentar la resolución extrajudicial y descargar a los tribunales de asuntos que admiten solución amistosa, así como dar a la Administración la oportunidad de resolver antes del control judicial. Ambos son presupuestos procesales cuya omisión, cuando son exigibles, impide dar curso a la demanda hasta su subsanación.
La conciliación o mediación previa: concepto y obligatoriedad
Es requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o el órgano que asuma estas funciones, que puede ser el constituido mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos (art. 63 LRJS). Se exceptúan las materias que enumera el art. 64.1 LRJS. La omisión del trámite, cuando es exigible, es un defecto subsanable: el Letrado de la Administración de Justicia advierte al demandante y, si no se acredita, se archiva la demanda. Es gratuita para las partes.
Órganos ante los que se celebra la conciliación previa
La conciliación se solicita mediante papeleta ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación (SMAC) o el órgano administrativo autonómico equivalente que hubiera asumido estas funciones tras los traspasos, o ante el órgano creado por los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos. El órgano cita a las partes y actúa como mediador, procurando un acuerdo. Si se presenta la solicitud y transcurren quince días sin celebrarse el acto, se tiene por intentada la conciliación y se puede demandar (art. 64.3 LRJS).
Efectos de la conciliación previa sobre los plazos
La presentación de la solicitud de conciliación o mediación suspende los plazos de caducidad e interrumpe los de prescripción. El cómputo de la caducidad se reanuda al día siguiente de intentada la conciliación o de transcurridos quince días desde su presentación sin haberse celebrado (art. 65 LRJS). Ello es esencial en el despido, cuyo plazo de caducidad es de veinte días hábiles (arts. 59.3 ET y 103.1 LRJS), porque el trabajador puede presentar la papeleta dentro del plazo y su cómputo queda suspendido. La prescripción de las acciones de reclamación derivadas del contrato es de un año (art. 59.1 ET).
Efectos del acuerdo de conciliación: fuerza ejecutiva
El acuerdo alcanzado en conciliación o mediación (avenencia) tiene fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el juez, y puede ejecutarse ante el Juzgado de lo Social como título ejecutivo (art. 68 LRJS). Puede impugnarse por las partes y por terceros afectados mediante acción de nulidad sujeta a un plazo breve de caducidad (art. 67 LRJS), que no suspende la ejecución salvo que se acuerde. En el despido, la avenencia con readmisión o indemnización se ejecuta como sentencia.
Materias exceptuadas de conciliación previa
Entre las materias exceptuadas de conciliación previa (art. 64.1 LRJS) figuran los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa o reclamación previa y los de oficio; los de Seguridad Social; la movilidad geográfica y la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo y, en general, los procesos iniciados por tales vías especiales; los de conflicto colectivo; los de impugnación de convenios colectivos; los de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas; los de disfrute de vacaciones; los relativos al ejercicio de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral; los de materia electoral; y aquellos en que sean parte el Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos. La lista exacta debe contrastarse con el texto vigente del art. 64.
La reclamación administrativa previa: concepto y ámbito
Para demandar al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales, a los organismos autónomos o a las entidades gestoras de la Seguridad Social ante el orden social es necesario haber agotado la vía mediante la reclamación administrativa previa (art. 69 LRJS), en los términos de la legislación sobre procedimiento administrativo común. Su finalidad es que la Administración pueda resolver la controversia por sus propios medios. En materia de prestaciones de Seguridad Social se rige por el art. 71 LRJS.
Tramitación de la reclamación previa
La reclamación se presenta ante el órgano competente de la Administración o ante la entidad gestora, y expone los hechos y las pretensiones del interesado. Si no se resuelve en el plazo legal, se entiende desestimada por silencio administrativo, quedando expedita la vía judicial. Una vez denegada expresamente o por silencio, el interesado dispone de un plazo de dos meses para presentar la demanda (art. 69.2 LRJS); el plazo para demandar en materia de Seguridad Social tiene reglas propias en el art. 71. Conviene contrastar con el texto vigente los plazos concretos.
Efectos de la reclamación administrativa previa
La reclamación previa suspende los plazos de caducidad e interrumpe los de prescripción de las acciones, con el mismo fundamento que la conciliación: que el cumplimiento de un requisito obligatorio no perjudique al interesado diligente. Los plazos se reanudan cuando se notifica la resolución expresa o cuando transcurre el plazo para resolver sin que se haya dictado.
Materias exceptuadas de la reclamación previa
El art. 70 LRJS exceptúa de la reclamación previa, entre otros, los procesos relativos a tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, los de conflictos colectivos, los de impugnación de convenios colectivos, los iniciados de oficio y los de materia electoral, así como aquellos en que la legislación específica excluye el trámite. Las prestaciones de Seguridad Social tienen un régimen específico de reclamación previa.
El proceso ordinario laboral: fases
El proceso ordinario (arts. 76 y ss. LRJS) comprende: demanda, escrita, precedida de conciliación o reclamación previa cuando proceda; admisión por el Letrado de la Administración de Justicia, con subsanación de defectos en cuatro días; señalamiento de los actos de conciliación y juicio, citación de las partes y requerimiento de pruebas; acto de conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia; acto de juicio oral ante el Juez, con alegaciones, prueba y conclusiones; y sentencia. Los actos de conciliación y juicio se celebran, en principio, en unidad de acto. Es un esquema concentrado, con sentencia en cinco días.
La demanda laboral: requisitos
El art. 80 LRJS exige que la demanda exprese la designación del órgano ante el que se presenta, la del demandante y demás interesados, la enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas, y la súplica correspondiente en términos precisos. Debe acompañarse la certificación del acto de conciliación o mediación previa o el documento que acredite haberla solicitado, o la acreditación de la reclamación previa, salvo exención. Si la demanda adolece de defectos o falta de requisitos, el Letrado de la Administración de Justicia concede un plazo de cuatro días para subsanar (art. 81 LRJS), con apercibimiento de archivo.
La papeleta de conciliación
La papeleta o solicitud de conciliación es el escrito por el que se insta la celebración del acto ante el servicio administrativo competente; debe contener la identificación de las partes, el objeto de la pretensión y los hechos esenciales. Su presentación determina los efectos suspensivos e interruptivos citados. Es presupuesto procesal para la demanda cuando es exigible.
Admisión de la demanda y señalamiento de los actos
Admitida la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia señala el día y la hora en que han de tener lugar sucesivamente los actos de conciliación ante él y de juicio ante el Juez, con citación de las partes y con la antelación debida. Se procura que ambos actos tengan lugar con la mayor proximidad, habitualmente el mismo día, por el principio de concentración. En la citación se puede requerir la aportación de documentos y advertir de las consecuencias de la incomparecencia.
La conciliación judicial ante el Letrado de la Administración de Justicia
Antes del juicio se celebra ante el Letrado de la Administración de Justicia el acto de conciliación judicial, para avenir a las partes. Si hay avenencia, se levanta acta con fuerza ejecutiva y se pone fin al proceso mediante decreto. Si no la hay, el acto prosigue inmediatamente con el juicio. Si el demandante no comparece sin causa justificada, se le tiene por desistido de la demanda; si no comparece el demandado, el acto continúa sin él (art. 83 LRJS).
El acto del juicio: alegaciones
Abierto el juicio, el demandante ratifica o amplía su demanda, sin que pueda hacer variaciones sustanciales (art. 85 LRJS). A continuación, el demandado contesta oralmente, pudiendo allanarse, oponerse total o parcialmente y oponer excepciones. Las excepciones procesales se resuelven antes de entrar en el fondo. La reconvención solo es admisible si se ha anunciado previamente en la conciliación o en la contestación a la reclamación previa, para no sorprender al demandante.
La prueba en el proceso ordinario
Si no hay conformidad sobre los hechos, se recibe el juicio a prueba y se practican en el acto los medios propuestos y admitidos: interrogatorio de las partes, documental, pericial, testifical, reconocimiento judicial y medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen. Rigen la oralidad, la inmediación y la contradicción. Las partes pueden proponer prueba en la demanda o en el propio acto, y el juez puede acordar diligencias finales. Después, las partes formulan oralmente sus conclusiones y el asunto queda visto para sentencia.
La sentencia en el proceso ordinario
El Juez dicta sentencia en el plazo de cinco días desde la celebración del juicio (art. 97 LRJS), con hechos probados, fundamentos de derecho y fallo, expresando en los hechos probados los elementos de convicción. Debe indicar en el pie los recursos que procedan, el órgano ante el que interponerlos y los plazos. En sentencias condenatorias al empresario, la ejecución provisional es posible conforme a las reglas de la LRJS.
El recurso de suplicación: concepto y resoluciones recurribles
La suplicación es el recurso ordinario devolutivo característico del orden social, que se interpone ante la Sala de lo Social del TSJ contra las sentencias de los Juzgados de lo Social (arts. 190 y ss. LRJS). No caben suplicación contra las sentencias en asuntos de cuantía litigiosa no superior a 3.000 euros (art. 191.2.g), salvo que afecten a un gran número de trabajadores o beneficiarios, o recaigan en materias que la ley declara siempre recurribles (como la impugnación de despidos o de sanciones, la tutela de derechos fundamentales, o los conflictos colectivos, entre otras). Las excepciones y materias exactas del art. 191 deben comprobarse en el texto vigente.
Motivos del recurso de suplicación
Conforme al art. 193 LRJS, el recurso tiene por objeto: a) reponer los autos al estado en que se encontraban al cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión; b) revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas; y c) examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Son motivos tasados. No es una segunda instancia plena: no se revalora la prueba testifical ni el interrogatorio, y la revisión de hechos probados exige base documental o pericial que acredite el error de forma evidente.
Requisitos, consignación y depósito en suplicación
El recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social ni goce de justicia gratuita debe consignar la cantidad objeto de condena (o presentar aval bancario) y constituir un depósito de 300 euros para recurrir en suplicación, ambos como requisito de admisión del recurso (arts. 229 y 230 LRJS). El trabajador está exento. La finalidad es evitar que el recurso del empresario sea un medio dilatorio del cumplimiento de la condena.
Tramitación del recurso de suplicación
El recurso se anuncia ante el Juzgado que dictó la sentencia en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación (art. 194 LRJS), por comparecencia o por escrito. Se formaliza mediante escrito en el plazo de diez días desde que se tiene por anunciado (art. 196), con expresión de los motivos y las normas infringidas, y se da traslado a las demás partes para su impugnación en cinco días (art. 197). El Juzgado remite las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ, que resuelve mediante sentencia, normalmente sin vista, tras votación y fallo.
El recurso de casación ordinario
La casación ordinaria procede contra las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los TSJ y de la Audiencia Nacional (conflictos colectivos, impugnación de convenios, despidos colectivos de ámbito superior, etc.) ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (art. 205 LRJS). Sus motivos (art. 207) son: abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción; incompetencia o inadecuación de procedimiento; quebrantamiento de las formas esenciales del juicio con indefensión; error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos; e infracción de normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia. Se prepara en diez días (art. 208) y se interpone ante el Tribunal Supremo.
El recurso de casación para la unificación de doctrina: concepto
Es un recurso extraordinario propio del orden social, cuya finalidad es unificar la doctrina cuando existen sentencias contradictorias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los TSJ, frente a otras Salas de TSJ o frente a sentencias del Tribunal Supremo (arts. 218 y ss. LRJS). No busca corregir el error del caso, sino fijar doctrina uniforme en la interpretación de la ley laboral. Se interpone ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
Requisitos de la casación para la unificación de doctrina
Exige contradicción entre la sentencia recurrida y otra de contraste respecto de pretensiones sustancialmente iguales, en hechos, fundamentos y pretensiones, y con fallos distintos (art. 219.1 LRJS). La sentencia de contraste puede ser de otra Sala de lo Social de TSJ o del Tribunal Supremo; la ley admite también, en relación con derechos fundamentales, sentencias del Tribunal Constitucional o del TEDH, o del TJUE. El escrito de preparación debe relacionar de forma precisa y circunstanciada la contradicción alegada (art. 221). Se prepara en diez días. La falta de identidad sustancial es causa de inadmisión que el Tribunal Supremo aplica con rigor.
La sentencia de contraste
La sentencia de contraste debe ser firme y aportarse con certificación o copia, y su doctrina se compara con la de la recurrida punto por punto, sin que sean suficientes semejanzas parciales o diferencias circunstanciales que no afecten al núcleo del debate jurídico. La contradicción debe darse sentencia a sentencia (cada alegación con su sentencia de contraste); no se admite la mera invocación de líneas jurisprudenciales.
Disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación
Ambos recursos son devolutivos, de motivos tasados y exigen, salvo exención del trabajador y otros sujetos, consignación y depósito (arts. 229 y ss. LRJS). En suplicación se resuelve normalmente sin vista, y en casación la vista es excepcional. Es preceptiva la intervención de profesional (abogado o graduado social, según el recurso y el art. 21 LRJS).
Consignaciones y depósitos como requisito de recurribilidad
El art. 229 LRJS exige al recurrente que no esté exento constituir depósitos: 300 euros para el recurso de suplicación y 600 euros para el de casación. Si la sentencia condena al pago de cantidad, el recurrente debe consignarla o garantizarla mediante aval solidario de duración indefinida pagadero a primer requerimiento (art. 230). Están exentos los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y organismos autónomos, el Ministerio Fiscal y quienes tengan justicia gratuita (art. 229.4). La falta de consignación o depósito en el plazo conduce a la inadmisión del recurso, subsanable solo en los términos legales.
Esquema de plazos del tema
Conciliación previa: se tiene por intentada si transcurren 15 días desde la solicitud sin celebrarse. Despido: caducidad de 20 días hábiles. Reclamaciones derivadas del contrato: prescripción de un año. Demanda contra Administración tras reclamación previa: 2 meses. Subsanación de la demanda: 4 días. Sentencia: 5 días desde el juicio. Suplicación: anuncio 5 días, formalización 10 días, impugnación 5 días. Casación ordinaria: preparación 10 días. Casación para unificación de doctrina: preparación 10 días. Depósitos: 300 euros (suplicación) y 600 euros (casación).
Cuadro comparativo de los recursos del orden social
Suplicación: contra sentencias de los Juzgados de lo Social; órgano ad quem: Sala de lo Social del TSJ; motivos tasados (art. 193); excluida en asuntos de cuantía no superior a 3.000 euros salvo excepciones; anuncio en 5 días ante el Juzgado. Casación ordinaria: contra sentencias de única instancia de las Salas de lo Social de TSJ y Audiencia Nacional; Sala Cuarta del Tribunal Supremo; motivos del art. 207; preparación en 10 días. Casación para la unificación de doctrina: contra sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los TSJ; exige contradicción con sentencia de contraste; Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Revisión: contra sentencias firmes en los supuestos del orden social, por la Sala Cuarta. Reposición y revisión: contra providencias, autos y decretos o diligencias del Letrado de la Administración de Justicia, con las reglas del orden social. Los depósitos son de 300 euros (suplicación) y 600 euros (casación).
Comparecencia de las partes y efectos de la incomparecencia
Si el demandante no comparece al acto de conciliación o juicio ni alega justa causa, se le tiene por desistido de la demanda (art. 83 LRJS). Si el demandado, citado en forma, no comparece, el acto se celebra sin él y no existe contumacia con efectos de allanamiento: el juez resuelve sobre la prueba practicada. Si el demandado es la Administración o una entidad pública, sus representantes comparecen mediante los letrados de sus servicios jurídicos. Las partes pueden pedir la suspensión por motivos justificados (enfermedad, coincidencia de señalamientos), que se acuerda con carácter excepcional dado el principio de celeridad.
Hechos conformes, diligencias finales y documentación del juicio
En el acto del juicio se consignan los hechos sobre los que haya conformidad, que quedan fuera de la prueba. La prueba que no se pueda practicar en el acto puede acordarse como diligencia final por el Juez en los términos de la LRJS. El juicio se documenta mediante grabación audiovisual (art. 89 LRJS) y acta del Letrado de la Administración de Justicia, y las partes pueden pedir copia del soporte. La reforma digital ha impuesto la presentación telemática de escritos y comunicaciones por los profesionales (LexNET).
Modalidades procesales y proceso ordinario como regla supletoria
La LRJS regula, junto al proceso ordinario, modalidades procesales especiales (despido y demás causas de extinción, materia electoral, vacaciones, movilidad geográfica y modificaciones sustanciales, conflictos colectivos, impugnación de convenios, tutela de derechos fundamentales, procesos de Seguridad Social, etc.). Con carácter supletorio, se aplican las reglas del proceso ordinario a todas las modalidades en lo que no esté previsto. La modalidad de despido se tramita con carácter urgente y preferente, y la demanda debe presentarse en el plazo de veinte días hábiles desde la fecha del despido.
Ejecución provisional y firmeza de las sentencias
Las sentencias del Juzgado de lo Social son ejecutables provisionalmente aunque se interponga recurso, en los términos de los arts. 289 y siguientes LRJS, con las reglas especiales para el despido y las condenas pecuniarias. Las sentencias son firmes cuando no cabe contra ellas recurso o cuando, cabiendo, no se interpone en plazo; en ese caso el Letrado de la Administración de Justicia dicta decreto declarando la firmeza, y se puede pedir la ejecución definitiva en el plazo de prescripción de la acción ejecutiva.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Conciliación o mediación previa obligatoria (art. 63 LRJS) con las excepciones del art. 64; suspende la caducidad e interrumpe la prescripción (art. 65); si pasan 15 días sin celebrarse, se tiene por intentada.
Despido: caducidad de 20 días hábiles; la conciliación suspende ese plazo. Prescripción de acciones derivadas del contrato: 1 año.
El acuerdo de conciliación tiene fuerza ejecutiva entre las partes sin ratificación judicial (art. 68).
Reclamación administrativa previa: necesaria para demandar a Administraciones Públicas y entidades gestoras (art. 69); el silencio es negativo; plazo de 2 meses para demandar.
Proceso ordinario: demanda, subsanación en 4 días, conciliación judicial ante el LAJ y juicio en unidad de acto; sentencia en 5 días (art. 97).
Reconvención: solo si se anunció previamente en conciliación o reclamación previa.
Suplicación (TSJ): no cabe con cuantía no superior a 3.000 euros salvo excepciones; motivos del art. 193: infracción procesal con indefensión, revisión de hechos probados (documental y pericial) e infracción de normas o jurisprudencia. Anuncio 5 días, formalización 10 días.
Casación ordinaria (Sala Cuarta TS) contra sentencias de única instancia de TSJ y Audiencia Nacional; casación para unificación de doctrina (art. 219): contradicción con sentencia de contraste en hechos, fundamentos y pretensiones con fallos distintos.
Depósitos: 300 euros (suplicación) y 600 euros (casación) más consignación de la condena; exentos los trabajadores, beneficiarios de la SS, entes públicos y Ministerio Fiscal.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Si transcurren quince días desde la presentación de la solicitud de conciliación sin haberse celebrado el acto:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 66 de Gestión Procesal (Justicia)?
El proceso laboral exige, antes de la demanda, evitar el litigio mediante la conciliación o mediación previa ante el servicio administrativo competente (arts. 63 a 68 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, LRJS) o, si se demanda a una Administración Pública o a una entidad gestora de la Seguridad Social, mediante la reclamación administrativa previa (arts. 69 a 73 LRJS). Tras ello se sustancia el proceso ordinario (arts. 76 y siguientes): demanda, admisión, conciliación judicial ante el Letrado de la Administración de Justicia y juicio oral en unidad de acto, y sentencia en cinco días. Contra las resoluciones cabe el recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ (arts. 190 y ss.) y la casación, ordinaria y para la unificación de doctrina, ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (arts. 205 y ss.), con disposiciones comunes sobre consignaciones y depósitos (arts. 229 y ss.).
¿Qué hay que memorizar del Tema 66 para el examen?
Conciliación o mediación previa obligatoria (art. 63 LRJS) con las excepciones del art. 64; suspende la caducidad e interrumpe la prescripción (art. 65); si pasan 15 días sin celebrarse, se tiene por intentada. Despido: caducidad de 20 días hábiles; la conciliación suspende ese plazo. Prescripción de acciones derivadas del contrato: 1 año. El acuerdo de conciliación tiene fuerza ejecutiva entre las partes sin ratificación judicial (art. 68). Reclamación administrativa previa: necesaria para demandar a Administraciones Públicas y entidades gestoras (art. 69); el silencio es negativo; plazo de 2 meses para demandar. Proceso ordinario: demanda, subsanación en 4 días, conciliación judicial ante el LAJ y juicio en unidad de acto; sentencia en 5 días (art. 97). Reconvención: solo si se anunció previamente en conciliación o reclamación previa. Suplicación (TSJ): no cabe con cuantía no superior a 3.000 euros salvo excepciones; motivos del art. 193: infracción procesal con indefensión, revisión de hechos probados (documental y pericial) e infracción de normas o jurisprudencia. Anuncio 5 días, formalización 10 días. Casación ordinaria (Sala Cuarta TS) contra sentencias de única instancia de TSJ y Audiencia Nacional; casación para unificación de doctrina (art. 219): contradicción con sentencia de contraste en hechos, fundamentos y pretensiones con fallos distintos. Depósitos: 300 euros (suplicación) y 600 euros (casación) más consignación de la condena; exentos los trabajadores, beneficiarios de la SS, entes públicos y Ministerio Fiscal.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE-A-2011-15936), arts. 63-73, 76-97, 190-233.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 59.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), de aplicación supletoria.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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