Tema 16. Libertad sindical: El Sindicato en la Constitución Española. Elecciones sindicales según la Ley de órganos de representación y el Estatuto Básico del Empleado Público. El derecho de huelga. Salud y prevención de riesgos laborales.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia goza de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución (libertad sindical, art. 28.1, y huelga, art. 28.2), desarrollados por la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical y por el TREBEP (Título III, Capítulo IV), que regula la negociación colectiva, la representación (Delegados y Juntas de Personal) y el derecho de reunión. Este tema estudia el sindicato en la Constitución y en la LOLS, las elecciones sindicales y los órganos de representación, el derecho de huelga y sus servicios mínimos, y el marco de seguridad y salud en el trabajo (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo).
El sindicato en la Constitución (arts. 7, 28.1, 37 y 103.3 CE)
El art. 7 CE atribuye a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales la función de contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. El art. 28.1 CE dispone que todos tienen derecho a sindicarse libremente; la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas, y la libertad sindical negativa: nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. El art. 103.3 CE remite a la ley el estatuto de los funcionarios públicos y las peculiaridades de su derecho a sindicación. Los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden pertenecer a sindicatos (art. 127.1 CE), pero sí los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales al servicio de la Administración de Justicia. El art. 37.1 CE garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral.
La Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
La LOLS desarrolla el art. 28.1 CE y reconoce a los trabajadores y a los funcionarios públicos el derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, afiliarse a ellos, elegir libremente a sus representantes y ejercer la actividad sindical en la empresa o fuera de ella. Se excluye del ámbito de la LOLS (como se explica en su art. 1) a los miembros de las Fuerzas Armadas e Institutos de carácter militar, y a los Jueces, Magistrados y Fiscales; algunos Cuerpos de seguridad se rigen por su normativa específica. Los sindicatos adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar con el depósito de sus estatutos en la oficina pública correspondiente. Garantías: nadie puede ser discriminado por su afiliación o actividad sindical; las conductas antisindicales se tutelan por la vía del proceso de protección de derechos fundamentales; los afiliados pueden constituir secciones sindicales y elegir delegados sindicales en las condiciones legales. La LOLS reconoce a los sindicatos más representativos una posición singular de representación institucional.
Sindicatos más representativos y representatividad
Conforme a los arts. 6 y 7 LOLS son sindicatos más representativos a nivel estatal los que acrediten una especial audiencia, expresada en el 10% o más del total de delegados de personal, miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, y a nivel de Comunidad Autónoma los que obtengan, en dicho ámbito, el 15% o más de los representantes siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes. Los sindicatos o federaciones afiliados a una confederación más representativa tienen asimismo esa consideración. Los sindicatos más representativos tienen capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas, negociar colectivamente, participar en los sistemas de solución de conflictos y promover elecciones. Los sindicatos que alcanzan el 10% de representantes en un ámbito territorial y funcional específico se califican como sindicatos representativos en dicho ámbito.
Órganos de representación de los funcionarios: Delegados de Personal y Juntas de Personal
La representación colectiva de los funcionarios se ejerce a través de los Delegados de Personal y las Juntas de Personal (arts. 39 y ss. TREBEP). La Ley 9/1987 de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas fue sustituida en lo sustancial por el Estatuto Básico del Empleado Público (hoy texto refundido de 2015). Los Delegados de Personal representan a los funcionarios en unidades electorales de entre 6 y 49 funcionarios: uno en las de 6 a 30 funcionarios y tres en las de 31 a 49. Las Juntas de Personal se constituyen en unidades electorales de 50 o más funcionarios, con la composición proporcional a su censo: 5 miembros entre 50 y 100 funcionarios, 9 entre 101 y 250, 13 entre 251 y 500, 17 entre 501 y 750, 21 entre 751 y 1.000, y a partir de 1.001, dos más por cada mil o fracción hasta un máximo de 75. En la Administración de Justicia, las unidades electorales se configuran por ámbitos territoriales, normalmente provinciales, y la Junta elige su Presidente y su Secretario.
Elecciones sindicales: electores, elegibles y procedimiento
Los miembros de Juntas y Delegados de Personal se eligen mediante sufragio personal, libre, directo y secreto, con posibilidad de voto por correo, y a través de listas cerradas, bloqueadas y proporcionales, atribuyéndose los puestos por el sistema de representación proporcional. Son electores los funcionarios públicos que presten servicios en la unidad electoral, y elegibles los funcionarios en servicio activo que reúnan los requisitos de edad y antigüedad que fije la ley. Pueden presentar candidaturas los sindicatos legalmente constituidos, las coaliciones de sindicatos y las agrupaciones de funcionarios que reúnan el número de avales exigido. El mandato es de cuatro años, prorrogándose hasta la celebración de nuevas elecciones. Las elecciones se desarrollan en la forma y con los plazos que fija la normativa electoral para el personal al servicio de las Administraciones Públicas; la promoción de las elecciones corresponde a los sindicatos más representativos, a los que cuenten con representación suficiente en el ámbito, y en su caso a los propios órganos de representación.
Funciones y competencias de los órganos de representación
Según el art. 40 TREBEP, las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen, entre otras, las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos: a) recibir información sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo y programas de mejora del rendimiento; b) emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo; c) ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves; d) tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de permisos, vacaciones y licencias; e) vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo, y ejercitar, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes; f) colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el cumplimiento de las medidas que procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. Están legitimados para iniciar los procedimientos administrativos y judiciales en el ámbito de sus competencias.
Garantías y crédito horario de los representantes
Los representantes de los funcionarios (art. 41 TREBEP) gozan de las siguientes garantías: no ser discriminados en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación; apertura de expediente contradictorio en caso de sanción por falta grave o muy grave, en el que serán oídos, además del interesado, la Junta de Personal u órgano correspondiente y el sindicato al que pertenezca; prioridad de permanencia en su puesto de trabajo en caso de traslado por razones del servicio; libertad de expresión en el ámbito de la representación colectiva; y disposición de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de las funciones de representación, según la escala siguiente: hasta 100 funcionarios, 15 horas; de 101 a 250, 20 horas; de 251 a 500, 30 horas; de 501 a 750, 35 horas; de 751 en adelante, 40 horas. Las horas pueden acumularse en uno o varios representantes.
La negociación colectiva de los funcionarios: Mesas, Pactos y Acuerdos
El TREBEP (arts. 31 a 38) reconoce el derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. La negociación se realiza en las Mesas de Negociación: la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (con carácter básico), la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado y las de cada Comunidad Autónoma, y las Mesas Sectoriales, entre ellas la Mesa Sectorial de Personal de la Administración de Justicia, donde se negocian las materias específicas de este personal (retribuciones complementarias, relaciones de puestos de trabajo, jornada y horario, formación, etc.). Están legitimadas para participar en las Mesas las organizaciones sindicales más representativas y las que alcancen el 10% de representantes en el ámbito de la Mesa. El resultado de la negociación son los Pactos y Acuerdos (art. 38 TREBEP): los Pactos se celebran sobre materias de la competencia del órgano que los suscribe y vinculan directamente a las partes; los Acuerdos versan sobre materias que son competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas y para su validez y eficacia requieren la aprobación expresa y formal de estos. Quedan excluidas de la negociación, entre otras, las decisiones de las Administraciones que afecten a sus potestades de organización y las materias reservadas a la ley, como las relativas a la organización de la Administración de Justicia.
Derecho de reunión de los funcionarios
El TREBEP reconoce el derecho de reunión de los empleados públicos (arts. 45 y 46), ejercitable en el centro de trabajo, dentro o fuera de la jornada, convocado por las organizaciones sindicales, por las Juntas y Delegados de Personal o por un determinado número de funcionarios, previa comunicación al órgano competente con la antelación exigida y sin que se produzca perturbación grave del servicio. Las reuniones durante la jornada de trabajo están sujetas a los límites de tiempo y a la necesidad de garantizar los servicios esenciales. Este derecho se distingue del derecho de manifestación (art. 21 CE) y del derecho de huelga.
El derecho de huelga (art. 28.2 CE)
El art. 28.2 CE reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y remite a la ley que lo regule el establecimiento de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La norma preconstitucional aplicable es el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, interpretado por la STC 11/1981, que declaró inconstitucionales algunos de sus preceptos. El derecho de huelga es un derecho fundamental de los funcionarios (art. 15 TREBEP) con las garantías de los servicios esenciales. Sus rasgos esenciales: la huelga puede ser declarada por los trabajadores o por sus representantes en los términos del RDL 17/1977; el preaviso es de cinco días naturales y de diez cuando afecte a servicios públicos (art. 3 y 4 RDL 17/1977); se constituye un comité de huelga, de hasta doce miembros, que participa en las negociaciones y en la determinación de los servicios mínimos; los huelguistas no perciben retribución por el tiempo de huelga. Los Jueces, Magistrados y Fiscales no pueden ejercer este derecho.
Servicios mínimos en la Administración de Justicia
Cuando se declara una huelga en servicios esenciales de la comunidad, entre los que se incluye el servicio público de Justicia en lo que afecte al ejercicio de derechos fundamentales, la autoridad competente (el Ministerio de Justicia o la Consejería de la Comunidad Autónoma que gestione los medios personales) fija los servicios mínimos mediante resolución motivada, previa audiencia de los sindicatos convocantes. La doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 11/1981 y 26/1981, entre otras) exige que los servicios mínimos sean proporcionados y justificados, de modo que no vacíen de contenido el derecho de huelga ni dejen sin cobertura las necesidades esenciales. En Justicia se consideran inaplazables, entre otras, las actuaciones con detenidos o presos, el servicio de guardia, las medidas cautelares urgentes, el habeas corpus y las actuaciones ligadas a la libertad de las personas y a derechos fundamentales. La fijación de los servicios mínimos es impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales (arts. 114 y ss. LJCA), por quienes estimen que son abusivos o insuficientes.
Seguridad y salud en el trabajo: la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) se aplica al personal de las Administraciones Públicas, incluida la de Justicia, con las adaptaciones que prevé su art. 3 y la normativa específica (en la Administración General del Estado, el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la LPRL a la Administración General del Estado). Reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud (art. 14) y el correlativo deber del empleador de garantizarla. Obligaciones esenciales: planificación de la actividad preventiva y evaluación de riesgos (art. 16), información y formación de los trabajadores (arts. 18 y 19), medidas de emergencia y riesgo grave e inminente (arts. 20 y 21), vigilancia de la salud (art. 22; en general voluntaria para el trabajador), y protección de los trabajadores especialmente sensibles, la maternidad y los menores (arts. 25 a 27). En los puestos con pantallas de visualización de datos se aplica el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril; en lugares de trabajo, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, regula los Servicios de Prevención.
Representación especializada: Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud
Los Delegados de Prevención (art. 35 LPRL) son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención; en las Administraciones Públicas son designados por y entre los representantes del personal. Su número depende de la plantilla: de 50 a 100 trabajadores, 2; de 101 a 500, 3; de 501 a 1.000, 4; de 1.001 a 2.000, 5; de 2.001 a 3.000, 6; de 3.001 a 4.000, 7; y de 4.001 en adelante, 8. En empresas de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención es el Delegado de Personal; entre 31 y 49, hay un Delegado de Prevención elegido por y entre los Delegados de Personal. El Comité de Seguridad y Salud (art. 38 LPRL) es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración en materia de prevención; se constituye en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores y está formado por los Delegados de Prevención de una parte y por representantes del empleador en número igual a los delegados. Las faltas de cumplimiento de las normas de prevención pueden dar lugar a responsabilidad administrativa, civil y penal.
Prevención en la oficina judicial: riesgos específicos
En la actividad judicial, además de los riesgos ergonómicos y de pantallas de visualización, adquieren relevancia los riesgos psicosociales derivados de la carga de trabajo y de la atención a justiciables, los riesgos de agresión en dependencias de atención al público y en las actuaciones de ejecución y comunicación fuera de la sede, y los riesgos del personal de Auxilio Judicial en los actos de comunicación y lanzamientos. La evaluación de riesgos debe contemplar estos aspectos y la planificación preventiva incluir medidas de formación, protocolos de actuación y planes de autoprotección y evacuación de los edificios judiciales. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene funciones de vigilancia y control de la normativa de prevención en el ámbito de las Administraciones Públicas, con las especialidades previstas en la LPRL.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 28.1 CE: la ley PUEDE limitar o exceptuar la libertad sindical a las Fuerzas o Institutos armados y demás Cuerpos de disciplina militar y regula las peculiaridades para los funcionarios. Los Jueces, Magistrados y Fiscales no pueden sindicarse (art. 127.1 CE).
La libertad sindical incluye el derecho a fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones y la libertad sindical negativa (nadie puede ser obligado a afiliarse).
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Más representativos: 10% a nivel estatal; 15% a nivel autonómico con mínimo de 1.500 representantes.
Delegados de Personal: unidades de 6 a 49 funcionarios (1 hasta 30; 3 de 31 a 49). Juntas de Personal: 50 o más funcionarios (5 miembros entre 50 y 100). Mandato de cuatro años.
Crédito horario mensual (art. 41 TREBEP): 15 horas hasta 100 funcionarios; 20 de 101 a 250; 30 de 251 a 500; 35 de 501 a 750; 40 a partir de 751.
Pactos (materias de competencia del órgano que los suscribe; vinculan directamente) frente a Acuerdos (requieren aprobación expresa y formal del órgano de gobierno), art. 38 TREBEP.
La Mesa Sectorial de la Administración de Justicia negocia las condiciones específicas del personal de Justicia; no son negociables las materias reservadas a la ley (organización de la Administración de Justicia).
Huelga (art. 28.2 CE): RDL 17/1977; preaviso de 5 días y de 10 días en servicios públicos; comité de huelga de hasta 12 miembros; servicios mínimos proporcionados y motivados, recurribles ante lo contencioso-administrativo.
En Justicia son inaplazables las actuaciones con detenidos, el servicio de guardia, las medidas cautelares urgentes y el habeas corpus.
Ley 31/1995 de PRL: Delegados de Prevención designados por y entre los representantes del personal; Comité de Seguridad y Salud paritario en centros con 50 o más trabajadores.
Delegados de Prevención: 2 (50-100 trabajadores), 3 (101-500), 4 (501-1.000), 5 (1.001-2.000), 6 (2.001-3.000), 7 (3.001-4.000), 8 (más de 4.000).
Real Decreto 488/1997 (pantallas de visualización de datos) y Real Decreto 486/1997 (lugares de trabajo): normas de especial aplicación en oficinas judiciales.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
Los Acuerdos de la negociación colectiva de los funcionarios se diferencian de los Pactos en que:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 16 de Gestión Procesal (Justicia)?
El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia goza de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución (libertad sindical, art. 28.1, y huelga, art. 28.2), desarrollados por la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical y por el TREBEP (Título III, Capítulo IV), que regula la negociación colectiva, la representación (Delegados y Juntas de Personal) y el derecho de reunión. Este tema estudia el sindicato en la Constitución y en la LOLS, las elecciones sindicales y los órganos de representación, el derecho de huelga y sus servicios mínimos, y el marco de seguridad y salud en el trabajo (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo).
¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?
Art. 28.1 CE: la ley PUEDE limitar o exceptuar la libertad sindical a las Fuerzas o Institutos armados y demás Cuerpos de disciplina militar y regula las peculiaridades para los funcionarios. Los Jueces, Magistrados y Fiscales no pueden sindicarse (art. 127.1 CE). La libertad sindical incluye el derecho a fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones y la libertad sindical negativa (nadie puede ser obligado a afiliarse). Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Más representativos: 10% a nivel estatal; 15% a nivel autonómico con mínimo de 1.500 representantes. Delegados de Personal: unidades de 6 a 49 funcionarios (1 hasta 30; 3 de 31 a 49). Juntas de Personal: 50 o más funcionarios (5 miembros entre 50 y 100). Mandato de cuatro años. Crédito horario mensual (art. 41 TREBEP): 15 horas hasta 100 funcionarios; 20 de 101 a 250; 30 de 251 a 500; 35 de 501 a 750; 40 a partir de 751. Pactos (materias de competencia del órgano que los suscribe; vinculan directamente) frente a Acuerdos (requieren aprobación expresa y formal del órgano de gobierno), art. 38 TREBEP. La Mesa Sectorial de la Administración de Justicia negocia las condiciones específicas del personal de Justicia; no son negociables las materias reservadas a la ley (organización de la Administración de Justicia). Huelga (art. 28.2 CE): RDL 17/1977; preaviso de 5 días y de 10 días en servicios públicos; comité de huelga de hasta 12 miembros; servicios mínimos proporcionados y motivados, recurribles ante lo contencioso-administrativo. En Justicia son inaplazables las actuaciones con detenidos, el servicio de guardia, las medidas cautelares urgentes y el habeas corpus. Ley 31/1995 de PRL: Delegados de Prevención designados por y entre los representantes del personal; Comité de Seguridad y Salud paritario en centros con 50 o más trabajadores. Delegados de Prevención: 2 (50-100 trabajadores), 3 (101-500), 4 (501-1.000), 5 (1.001-2.000), 6 (2.001-3.000), 7 (3.001-4.000), 8 (más de 4.000). Real Decreto 488/1997 (pantallas de visualización de datos) y Real Decreto 486/1997 (lugares de trabajo): normas de especial aplicación en oficinas judiciales.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 7, 21, 28, 37, 103.3 y 127.1.
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público, Título III, Capítulo IV (arts. 31-46).
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; Real Decreto 486/1997 y Real Decreto 488/1997, ambos de 14 de abril.
Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado.
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