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Tema 43. El sistema procesal penal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Principio del juez imparcial, separación de instrucción y enjuiciamiento. Principios del proceso penal. Competencia objetiva y funcional. Justicia restaurativa. Aforamientos y privilegios procesales. Inmunidad de jurisdicción. La competencia territorial. La inhibición de oficio y a instancia de parte; cuestiones de competencia territorial.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (LECrim), pese a sus numerosas reformas parciales, sigue siendo la norma procesal penal básica en España. Este tema desarrolla los principios estructurales del proceso penal, el principio del juez imparcial y la separación entre instrucción y enjuiciamiento, la competencia objetiva, funcional y territorial, la conexidad, las cuestiones de competencia (inhibitoria y declinatoria), la justicia restaurativa, los aforamientos y privilegios procesales y la inmunidad de jurisdicción. La organización judicial vigente se basa en los Tribunales de Instancia creados por la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituyen a los antiguos juzgados unipersonales, de modo que la instrucción corresponde a las Secciones de Instrucción y el enjuiciamiento de los delitos menos graves a las Secciones de lo Penal.

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El principio del juez imparcial y la separación entre instrucción y enjuiciamiento

La imparcialidad judicial forma parte del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y del art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se distingue la imparcialidad subjetiva (ausencia de prejuicios o interés personal del juez en el asunto) y la objetiva (garantías de que el juez no ofrece dudas legítimas por su relación previa con el objeto del proceso). La doctrina del TEDH (casos Piersack contra Bélgica, de 1982, y De Cubber contra Bélgica, de 1984) y del Tribunal Constitucional, a partir de la STC 145/1988, exige que quien ha instruido una causa penal, investigando los hechos y formándose un juicio previo sobre ellos, no sea quien la enjuicie y falle. La STC 145/1988 declaró inconstitucional que el mismo juez instruyera y fallara en el antiguo procedimiento de urgencia, y de ahí surgió la LO 7/1988, de 28 de diciembre, que creó los Juzgados de lo Penal y el procedimiento abreviado. Hoy el principio se traduce en que la instrucción corresponde a las Secciones de Instrucción del Tribunal de Instancia (o a los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional) y el enjuiciamiento a un órgano distinto: la Sección de lo Penal o la Audiencia Provincial según la gravedad del delito. Por eso haber sido instructor de la causa es causa de abstención y recusación (art. 219 LOPJ). En el procedimiento ante el Tribunal del Jurado la instrucción también la realiza el juez de instrucción y el enjuiciamiento un tribunal distinto, de modo que se respeta la separación.

Principios del proceso penal

Los principales principios son los siguientes. Legalidad procesal: nadie puede ser juzgado sino conforme a las normas procesales preexistentes y el proceso es el único cauce para imponer una pena (art. 3 del Código Penal). Acusatorio: no hay condena sin acusación, la función de acusar y la de juzgar corresponden a sujetos distintos, el acusado debe conocer la acusación y la sentencia ha de guardar correlación con ella (art. 24.2 CE). Contradicción e igualdad de armas entre las partes. Derecho de defensa y presunción de inocencia (art. 24.2 CE), de modo que la carga de la prueba de cargo corresponde a la acusación y la duda favorece al reo (in dubio pro reo). Oficialidad: la acción penal pública se ejerce de oficio, sin necesidad de que la promueva el ofendido (art. 105 LECrim: el Ministerio Fiscal está obligado a ejercitar las acciones penales que procedan). Publicidad (art. 120 CE y art. 680 LECrim: los debates del juicio oral son públicos, bajo pena de nulidad, con las restricciones legales). Oralidad e inmediación: la prueba se practica en el juicio oral ante el órgano sentenciador. Concentración de los actos del juicio. Libre valoración de la prueba en conciencia (art. 741 LECrim), con el límite de que la prueba sea lícita y válida (art. 11.1 LOPJ: no surten efecto las pruebas obtenidas violentando derechos fundamentales). Prueba preconstituida o anticipada: excepción a la inmediación, para actos irreproducibles practicados con garantías de contradicción (arts. 448, 449 bis y 730 LECrim). Doble instancia penal tras la reforma de 2015. Non bis in idem (art. 25 CE, de origen jurisprudencial) y cosa juzgada. Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

Competencia objetiva y funcional

La competencia objetiva determina qué clase de órgano conoce de un asunto según su naturaleza, gravedad o la materia, y la funcional qué órgano conoce de cada fase o recurso. Con carácter general (art. 14 LECrim y LOPJ, tras la reforma de la LO 1/2025): la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia instruye las causas por delito de su partido judicial y conoce del enjuiciamiento de los delitos leves; la Sección de lo Penal enjuicia las causas por delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, o con multa cualquiera que sea su cuantía, o con otras penas de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años (art. 14.3 LECrim), así como el resto de supuestos que la ley le atribuye; la Audiencia Provincial enjuicia los delitos más graves (pena privativa de libertad superior a cinco años u otras penas superiores a diez años) y resuelve los recursos de apelación contra las resoluciones de las Secciones del Tribunal de Instancia de su provincia; el Tribunal del Jurado, presidido por un Magistrado de la Audiencia Provincial y compuesto por nueve jurados, enjuicia los delitos que enumera el art. 1.2 de la LO 5/1995 (entre otros, homicidio, amenazas condicionales, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos por funcionario), con exclusiones cuando concurre conexión con delitos no incluidos o aforamiento. La Audiencia Nacional (Juzgados Centrales de Instrucción, Juzgado Central de lo Penal y Sala de lo Penal) conoce de los delitos que le atribuyen los arts. 65 y 88 LOPJ (por ejemplo, terrorismo, delitos contra altos organismos de la Nación, falsificación de moneda y ciertos delitos de narcotráfico y fraudes alimentarios o de medicamentos cometidos por bandas en territorios de distintas Audiencias, y delitos cometidos fuera del territorio nacional cuyo enjuiciamiento corresponda a tribunales españoles). El Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) conoce de las causas contra aforados estatales y de los recursos de casación. En materia de recursos: la apelación contra sentencias de la Sección de lo Penal se resuelve en la Audiencia Provincial; contra sentencias dictadas en primera instancia por la Audiencia Provincial y contra las del Tribunal del Jurado, en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia; contra las de la Audiencia Nacional, en su Sala de Apelación; y la casación corresponde al Tribunal Supremo (arts. 847 y ss. LECrim).

Justicia restaurativa

La justicia restaurativa tiene su base en la Directiva 2012/29/UE (normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas) y en el art. 15 de la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, que regula los servicios de justicia restaurativa. Se entiende por tal todo proceso que permite a la víctima y al infractor participar activamente, si consienten libremente, en la solución de los problemas derivados del delito con la ayuda de un tercero imparcial (mediador), en paralelo y sin sustituir al proceso penal. Requisitos del art. 15.1 del Estatuto: que el infractor haya reconocido los hechos esenciales; que la víctima haya prestado su consentimiento, después de haber recibido información exhaustiva e imparcial sobre su contenido, posibles resultados y procedimientos de supervisión del acuerdo; que el infractor haya prestado su consentimiento; que el procedimiento no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima ni exista el riesgo de que sea causa de nuevos perjuicios materiales o morales; y que no esté prohibida por la ley para el delito cometido. Las discusiones del proceso restaurativo son confidenciales y el mediador no puede revelarlas, salvo las excepciones legales. Los resultados (reconocimiento de responsabilidad, disculpa, reparación económica o simbólica, acuerdo) pueden valorarse a efectos de la atenuante de reparación del daño (art. 21.5 CP), de la suspensión de la pena o de otros beneficios penológicos previstos por la ley, siempre con las debidas garantías y sin perjuicio del principio de oficialidad de la acción penal en los delitos públicos. En violencia de género la ley prohíbe la mediación (art. 87 ter.5 LOPJ), por lo que la justicia restaurativa tiene aquí un ámbito vedado. El Estatuto de la Víctima reconoce además a la víctima derechos de información, participación y protección con independencia de que se persone como parte.

Aforamientos y privilegios procesales

El aforamiento es el fuero especial por el que la instrucción y el enjuiciamiento de determinadas personas, por razón de su cargo, se atribuyen a un órgano judicial distinto del que correspondería con las reglas ordinarias, normalmente un órgano superior. Según el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo no es un privilegio personal sino una garantía institucional que protege la independencia y el ejercicio de la función pública frente a posibles instrumentalizaciones del proceso penal. Aforados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: los Diputados y Senadores (art. 71.3 CE) y el Presidente y demás miembros del Gobierno (art. 102.1 CE), además de otros cargos que enumera el art. 57 LOPJ (entre ellos, Presidentes del Congreso, Senado, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, vocales del CGPJ, Fiscal General del Estado, Presidente de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia). Aforados ante la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia: los miembros de los Gobiernos y Parlamentos autonómicos cuando así lo establezcan los Estatutos de Autonomía (por los delitos cometidos en el territorio de la Comunidad; fuera de él, la competencia pasa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo), y los jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo (art. 73.3 LOPJ). Privilegios procesales conexos: la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de las funciones parlamentarias (art. 71.1 CE), y la inmunidad parlamentaria (art. 71.2 CE), de modo que durante su mandato los parlamentarios sólo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin autorización de la Cámara respectiva, que se solicita mediante suplicatorio (arts. 750 a 756 LECrim). El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad (art. 56.3 CE). Determinadas altas autoridades y sus familiares están exentos del deber de comparecer como testigos ante el juez y declaran por escrito o en su sede (arts. 411 y 412 LECrim).

Inmunidad de jurisdicción

La inmunidad de jurisdicción excluye, por razón del estatuto internacional de la persona, el sometimiento a los tribunales penales españoles. El art. 21.2 LOPJ exceptúa de la jurisdicción española los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas del Derecho internacional público, y la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, regula los privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España. Categorías: los Jefes de Estado, los Jefes de Gobierno y los Ministros de Asuntos Exteriores extranjeros, que gozan de inmunidad personal mientras están en el cargo; los agentes diplomáticos, con inviolabilidad personal e inmunidad absoluta de la jurisdicción penal del Estado receptor (arts. 29 y 31 del Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961), sin perjuicio de la renuncia por el Estado acreditante (art. 32); los funcionarios consulares, cuya inmunidad es sólo funcional, por los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones oficiales (art. 43 del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963); y los representantes y funcionarios de organizaciones internacionales según sus tratados constitutivos y acuerdos de sede. La inmunidad no equivale a impunidad: es un obstáculo procesal, no una exención de responsabilidad sustantiva, y puede ser levantada por el Estado de origen o exigida su responsabilidad en este.

La competencia territorial

La regla general es el forum delicti commissi: es competente el órgano del lugar de comisión del delito (art. 14 LECrim). Cuando no consta el lugar de comisión, el art. 15 LECrim establece criterios subsidiarios por este orden: 1.º el del término municipal, partido o circunscripción donde se hayan descubierto pruebas materiales del delito; 2.º el del lugar en que el presunto reo haya sido aprehendido; 3.º el de la residencia del presunto reo; 4.º cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. Mientras no se determine el competente, el juez que haya tenido noticia del delito practica las diligencias urgentes de investigación y aseguramiento. En los delitos a distancia o plurilocalizados el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005 adoptó el criterio de la ubicuidad: el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo, y es competente, en principio, el juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las diligencias. En violencia sobre la mujer la competencia territorial corresponde al órgano del lugar del domicilio de la víctima (art. 15 bis LECrim), sin perjuicio de las diligencias urgentes del órgano de guardia donde ocurrieron los hechos.

Inhibición de oficio y a instancia de parte; cuestiones de competencia territorial

El órgano que se considera incompetente para conocer de una causa puede inhibirse de oficio a favor del que estime competente, tras oír al Ministerio Fiscal y a las partes personadas. Las partes pueden promover la cuestión de competencia por dos vías: la inhibitoria, que se plantea ante el órgano que se considera competente para que requiera de inhibición al que está conociendo; y la declinatoria, que se propone ante el órgano que está conociendo para que se aparte del asunto y lo remita al competente. La declinatoria es uno de los artículos de previo pronunciamiento (art. 666 LECrim, que enumera la declinatoria de jurisdicción, la cosa juzgada, la prescripción del delito, la amnistía o indulto y la falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria), y en el procedimiento abreviado se plantea como cuestión previa al inicio del juicio oral. La competencia debe examinarse con carácter inicial: el juez o tribunal debe asegurarse de su competencia en el momento de recibir la causa y, si no es competente, remitirla al que lo sea. Si los órganos discrepan, surge un conflicto negativo o positivo de competencia que resuelve el órgano jerárquicamente superior común (la Audiencia Provincial entre órganos de su provincia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando no exista superior común). Las actuaciones practicadas por el órgano que luego se declara incompetente conservan su validez salvo vulneración de derechos fundamentales, aplicándose el art. 11 LOPJ y la doctrina sobre la competencia como requisito del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

Estructura general del proceso penal español: fases y procedimientos

El proceso penal ordinario se estructura en cuatro fases: la instrucción o sumario (averiguar y hacer constar la perpetración del delito con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los responsables, art. 299 LECrim), la fase intermedia (decisión sobre apertura de juicio oral o sobreseimiento), el juicio oral (práctica de la prueba con inmediación, publicidad y contradicción, y sentencia) y la ejecución. Procedimientos: sumario ordinario (arts. 259 y ss., para delitos graves con pena superior a nueve años), procedimiento abreviado (arts. 757 y ss., delitos con pena privativa de libertad no superior a nueve años o cualquier otra pena de distinta naturaleza), enjuiciamiento rápido (arts. 795 y ss.), procedimiento ante el Tribunal del Jurado (LO 5/1995), juicio por delitos leves (arts. 962 y ss.) y procedimientos especiales. La reforma de 2015 (Ley 41/2015 y LO 13/2015) introdujo plazos máximos de instrucción (art. 324 LECrim: doce meses, prorrogables por periodos de seis meses en causas complejas).

Las partes acusadoras y la acción penal

De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable y puede nacer acción civil para la restitución, reparación e indemnización (art. 100 LECrim). La acción penal es pública: todos los ciudadanos españoles pueden ejercitarla (art. 101 LECrim y art. 125 CE). Partes acusadoras: el Ministerio Fiscal, que debe ejercitar las acciones penales derivadas de delito público (art. 105 LECrim; art. 124 CE); el acusador particular (el ofendido o perjudicado que se persona mediante querella); el acusador popular (ciudadano español no ofendido, art. 125 CE y art. 270 LECrim) y las personas jurídicas que estatutariamente defiendan determinados intereses en los supuestos legales; y el actor civil (ejercita sólo la acción civil). El investigado o encausado actúa asistido de Abogado. No pueden ejercitar la acción penal quienes no gocen de plenos derechos civiles, los condenados por delito de denuncia o acusación calumniosa o falso testimonio y, salvo por delito contra sí mismos o sus familiares, los jueces y magistrados (art. 102 LECrim); tampoco pueden ejercitarla entre sí los cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos, salvo delito contra la persona del otro (art. 103 LECrim). Clases de delitos por el régimen de persecución: públicos (se persiguen de oficio, sin denuncia previa del ofendido), semipúblicos (requieren denuncia previa de la persona agraviada, que no vincula una vez iniciado el proceso, como ocurre en el descubrimiento y revelación de secretos o los delitos societarios) y privados (sólo mediante querella del ofendido, como la calumnia y la injuria entre particulares, art. 215 CP, donde el perdón del ofendido extingue la responsabilidad).

La acción popular: legitimación amplia y límites jurisprudenciales

El art. 125 CE reconoce el derecho de los ciudadanos a ejercer la acción popular en la forma y respecto de los procesos penales que la ley determine, y el art. 101 LECrim la reconoce a todos los ciudadanos españoles. El acusador popular debe querellarse mediante Procurador y Abogado y, en general, prestar fianza (art. 280 LECrim). La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha limitado su alcance en dos sentencias conocidas por los casos que las originaron: la doctrina Botín (STS 1045/2007, de 17 de diciembre), según la cual no cabe abrir juicio oral únicamente a instancia de la acusación popular cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular (o el perjudicado) solicitan el sobreseimiento, en delitos con un perjudicado concreto; y la doctrina Atutxa (STS 54/2008, de 8 de abril), que la matiza para los delitos que afectan a bienes jurídicos colectivos o de la comunidad, en los que no hay un perjudicado concreto y la acusación popular sí puede sostener sola la acusación. El Tribunal Constitucional ha admitido que el legislador puede modular su ejercicio sin vulnerar el art. 125 CE.

El principio de oportunidad reglada

Frente al principio de legalidad (obligación de perseguir todo delito público conocido), el ordenamiento admite manifestaciones tasadas del principio de oportunidad: la conformidad del acusado con la acusación, que permite terminar el proceso por sentencia de conformidad cuando se cumplen los requisitos legales (en el procedimiento abreviado, pena que no exceda de seis años de prisión, art. 787 LECrim); la suspensión de la ejecución de la pena y la sustitución de penas; la mediación y la justicia restaurativa; y el desistimiento y sobreseimiento por razón de oportunidad en el proceso de menores (Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores), que prioriza el interés educativo del menor sobre el retributivo.

Competencia por conexión de delitos

Cada delito da lugar en principio a una causa, pero los delitos conexos se investigan y enjuician en la misma causa cuando la investigación y la prueba conjunta de los hechos resulte conveniente para su esclarecimiento y la determinación de las responsabilidades, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación (art. 17 LECrim). Se consideran conexos, entre otros supuestos del art. 17.2: los cometidos por dos o más personas reunidas; los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto; los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución; los cometidos para procurar la impunidad de otros; y los diversos delitos cometidos por una misma persona cuando tengan analogía o relación entre sí. La competencia para el conjunto se atribuye al órgano que corresponda al delito con pena más grave y, en defecto de reglas especiales, a criterios sucesivos de preferencia (art. 18 y ss.). Los delitos sin analogía o relación entre sí se sustancian en causas distintas. Si hay aforados o competencia del Jurado, la conexión está limitada por las reglas de la LO 5/1995 y de la LOPJ.

La cuestión prejudicial en el proceso penal

Cuando para resolver sobre la existencia del delito sea necesario decidir una cuestión perteneciente a otro orden jurisdiccional (por ejemplo, la validez de un contrato civil para un delito de estafa o alzamiento de bienes), la cuestión prejudicial puede ser no devolutiva, si el tribunal penal la resuelve él mismo a los solos efectos de la represión sin suspender el proceso (arts. 3 a 7 LECrim y art. 10 LOPJ), o devolutiva, cuando la ley reserva su conocimiento a otro orden jurisdiccional y obliga a suspender el procedimiento penal hasta que recaiga resolución firme. El art. 10 LOPJ establece que, a los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional puede conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente, salvo las cuestiones prejudiciales penales, que determinan la suspensión de los procesos de otro orden cuando la decisión penal sea necesaria. Las prejudiciales civiles referidas a la validez o nulidad del matrimonio o al estado civil de las personas se reservan a la jurisdicción civil.

Derecho de la Unión Europea: Fiscalía Europea y Eurojust

La Fiscalía Europea (EPPO), creada por el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, mediante cooperación reforzada, es un órgano independiente de la Unión competente para investigar, perseguir y llevar a juicio a los autores de delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión (definidos en la Directiva (UE) 2017/1371), y está operativa desde el 1 de junio de 2021. España participa en ella y su aplicación interna se articula mediante la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939. Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, regulada por el Reglamento (UE) 2018/1727, refuerza la coordinación y cooperación entre las autoridades de los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia grave transfronteriza. Ambas son manifestaciones de la creciente incidencia del Derecho de la Unión en la organización del proceso penal español.

El investigado: derechos fundamentales durante la instrucción

Toda persona a quien se atribuya un hecho punible tiene derecho desde el primer momento a ser informada de forma inmediata y comprensible de los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten, a guardar silencio total o parcialmente, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable, a la asistencia de Abogado de libre designación o de oficio, a la interpretación y traducción gratuitas si no entiende la lengua, y a proponer los medios de prueba pertinentes (art. 24 CE y arts. 118, 520 y 767 LECrim). Estos derechos, desarrollados por la LECrim en las reformas de 2015 (LO 5/2015 y LO 13/2015), se completan con el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la detención o la prisión provisional y con la protección frente a la indefensión durante toda la fase de instrucción. La denominación que recibe la persona imputada cambia con el procedimiento: investigado (instrucción), acusado (desde el escrito de acusación) y condenado.

Abstención y recusación de jueces y magistrados

La abstención es el deber del juez o magistrado de apartarse voluntariamente del asunto cuando concurra una causa legal que comprometa su imparcialidad; la recusación es el derecho de las partes a instar su apartamiento cuando, concurriendo la causa, no se haya abstenido. Las causas están en el art. 219 LOPJ (entre ellas: vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente, parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con las partes o sus letrados, interés directo o indirecto en la causa, amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes, haber sido denunciante o acusador, haber sido instructor de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia, etc.). En el proceso penal la regulación se encuentra en los arts. 52 y ss. LECrim (recusación) y 217 y ss. LOPJ. La recusación debe proponerse tan pronto se tenga conocimiento de la causa y, en todo caso, antes del inicio del acto en que se produce, y se resuelve por un órgano distinto del recusado. Las causas de abstención y recusación son tasadas; la jurisprudencia admite su aplicación también a las llamadas sospechas de parcialidad fundadas objetivamente.

El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley

El art. 24.2 CE reconoce el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, lo que exige que la competencia del órgano judicial se determine por criterios generales y objetivos fijados con anterioridad al hecho enjuiciado, por norma con rango de ley orgánica en lo que se refiere a la constitución, funcionamiento y gobierno de los tribunales (art. 122.1 CE), sin que quepa la creación de tribunales especiales ex post facto (art. 117.6 CE prohíbe los tribunales de excepción) ni la asignación arbitraria de un asunto concreto a un órgano determinado. Se relaciona con las normas de reparto de asuntos entre Secciones del mismo Tribunal, que deben aplicarse conforme a criterios objetivos previamente aprobados. La infracción de las normas de competencia no siempre vulnera este derecho: sólo cuando se produce una manipulación o una interpretación arbitraria o irrazonable.

Medidas restrictivas de derechos y proporcionalidad

Las medidas de investigación que restringen derechos fundamentales (entrada y registro, intervención de comunicaciones, prisión provisional, entre otras) exigen autorización judicial motivada y se rigen por los principios de legalidad, especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad (art. 588 bis a LECrim, introducido por la LO 13/2015, que fija estos principios rectores para las diligencias de investigación tecnológica). Idoneidad: la medida debe ser adecuada al fin perseguido. Necesidad: no debe existir otra menos gravosa igualmente eficaz. Proporcionalidad en sentido estricto: el sacrificio del derecho debe ser proporcionado a la gravedad del hecho y a los indicios existentes. La falta de motivación o de proporcionalidad puede determinar la nulidad de la prueba obtenida (art. 11.1 LOPJ).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El principio del juez imparcial exige separar instrucción (Sección de Instrucción) y enjuiciamiento (Sección de lo Penal o Audiencia Provincial). El origen está en la STC 145/1988 y en la LO 7/1988 (Juzgados de lo Penal y procedimiento abreviado).
  • Reparto básico: Sección de lo Penal (pena de prisión hasta 5 años, multa de cualquier cuantía u otras penas hasta 10 años); Audiencia Provincial (pena de prisión superior a 5 años u otras penas superiores a 10 años); Jurado (delitos del art. 1.2 LO 5/1995, nueve jurados y un magistrado presidente).
  • Aforamiento: garantía institucional, no privilegio personal. Parlamentarios y miembros del Gobierno estatal son juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (arts. 71.3 y 102.1 CE); los autonómicos, por el TSJ si el Estatuto lo prevé.
  • Inmunidad parlamentaria (art. 71.2 CE): solo detención en flagrante delito y suplicatorio a la Cámara para inculpar o procesar. No confundir con la inviolabilidad por las opiniones (art. 71.1 CE).
  • Art. 15 LECrim (criterios subsidiarios de competencia territorial): pruebas materiales, lugar de aprehensión del reo, residencia del reo, cualquiera que hubiese tenido noticia del delito, por ese orden.
  • Inhibitoria: ante el órgano que se cree competente, para que requiera de inhibición al que conoce. Declinatoria: ante el órgano que conoce, para que se aparte. Conflicto entre órganos: lo resuelve el superior común.
  • En violencia sobre la mujer la competencia territorial se fija por el domicilio de la víctima (art. 15 bis LECrim).
  • Teoría de la ubicuidad (Pleno no jurisdiccional de 3 de febrero de 2005): en los delitos a distancia es competente cualquier tribunal donde se haya realizado un elemento del tipo, el que primero inició las diligencias.
  • La acción penal pública la ejercen el Ministerio Fiscal, el acusador particular y el acusador popular (art. 101 LECrim y art. 125 CE). Las doctrinas Botín y Atutxa delimitan la acusación popular.
  • Delitos públicos (de oficio), semipúblicos (denuncia previa del agraviado) y privados (querella del ofendido, p. ej. calumnia e injuria entre particulares).
  • Justicia restaurativa (art. 15 Ley 4/2015): requiere reconocimiento de los hechos por el infractor, consentimiento libre de ambos y ausencia de riesgo para la víctima. Está prohibida la mediación en violencia de género (art. 87 ter.5 LOPJ).
  • Cuestión prejudicial: la no devolutiva se resuelve por el propio tribunal penal a efectos de represión; la devolutiva suspende el proceso hasta resolución firme en otro orden (estado civil, validez del matrimonio).
  • Fiscalía Europea (Reglamento UE 2017/1939, operativa desde junio de 2021, LO 9/2021 de aplicación en España) y Eurojust (Reglamento UE 2018/1727).
  • Inmunidad de jurisdicción: la diplomática (Convenio de Viena de 1961) es absoluta en materia penal; la consular (Convenio de 1963) solo por actos oficiales; la regula la LO 16/2015.
  • Error típico: confundir el aforamiento (órgano que juzga) con la inmunidad (necesidad de autorización de la Cámara o inviolabilidad).
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El art. 125 CE reconoce el ejercicio de la acción popular:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 43 de Gestión Procesal (Justicia)?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (LECrim), pese a sus numerosas reformas parciales, sigue siendo la norma procesal penal básica en España. Este tema desarrolla los principios estructurales del proceso penal, el principio del juez imparcial y la separación entre instrucción y enjuiciamiento, la competencia objetiva, funcional y territorial, la conexidad, las cuestiones de competencia (inhibitoria y declinatoria), la justicia restaurativa, los aforamientos y privilegios procesales y la inmunidad de jurisdicción. La organización judicial vigente se basa en los Tribunales de Instancia creados por la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituyen a los antiguos juzgados unipersonales, de modo que la instrucción corresponde a las Secciones de Instrucción y el enjuiciamiento de los delitos menos graves a las Secciones de lo Penal.

¿Qué hay que memorizar del Tema 43 para el examen?

El principio del juez imparcial exige separar instrucción (Sección de Instrucción) y enjuiciamiento (Sección de lo Penal o Audiencia Provincial). El origen está en la STC 145/1988 y en la LO 7/1988 (Juzgados de lo Penal y procedimiento abreviado). Reparto básico: Sección de lo Penal (pena de prisión hasta 5 años, multa de cualquier cuantía u otras penas hasta 10 años); Audiencia Provincial (pena de prisión superior a 5 años u otras penas superiores a 10 años); Jurado (delitos del art. 1.2 LO 5/1995, nueve jurados y un magistrado presidente). Aforamiento: garantía institucional, no privilegio personal. Parlamentarios y miembros del Gobierno estatal son juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (arts. 71.3 y 102.1 CE); los autonómicos, por el TSJ si el Estatuto lo prevé. Inmunidad parlamentaria (art. 71.2 CE): solo detención en flagrante delito y suplicatorio a la Cámara para inculpar o procesar. No confundir con la inviolabilidad por las opiniones (art. 71.1 CE). Art. 15 LECrim (criterios subsidiarios de competencia territorial): pruebas materiales, lugar de aprehensión del reo, residencia del reo, cualquiera que hubiese tenido noticia del delito, por ese orden. Inhibitoria: ante el órgano que se cree competente, para que requiera de inhibición al que conoce. Declinatoria: ante el órgano que conoce, para que se aparte. Conflicto entre órganos: lo resuelve el superior común. En violencia sobre la mujer la competencia territorial se fija por el domicilio de la víctima (art. 15 bis LECrim). Teoría de la ubicuidad (Pleno no jurisdiccional de 3 de febrero de 2005): en los delitos a distancia es competente cualquier tribunal donde se haya realizado un elemento del tipo, el que primero inició las diligencias. La acción penal pública la ejercen el Ministerio Fiscal, el acusador particular y el acusador popular (art. 101 LECrim y art. 125 CE). Las doctrinas Botín y Atutxa delimitan la acusación popular. Delitos públicos (de oficio), semipúblicos (denuncia previa del agraviado) y privados (querella del ofendido, p. ej. calumnia e injuria entre particulares). Justicia restaurativa (art. 15 Ley 4/2015): requiere reconocimiento de los hechos por el infractor, consentimiento libre de ambos y ausencia de riesgo para la víctima. Está prohibida la mediación en violencia de género (art. 87 ter.5 LOPJ). Cuestión prejudicial: la no devolutiva se resuelve por el propio tribunal penal a efectos de represión; la devolutiva suspende el proceso hasta resolución firme en otro orden (estado civil, validez del matrimonio). Fiscalía Europea (Reglamento UE 2017/1939, operativa desde junio de 2021, LO 9/2021 de aplicación en España) y Eurojust (Reglamento UE 2018/1727). Inmunidad de jurisdicción: la diplomática (Convenio de Viena de 1961) es absoluta en materia penal; la consular (Convenio de 1963) solo por actos oficiales; la regula la LO 16/2015. Error típico: confundir el aforamiento (órgano que juzga) con la inmunidad (necesidad de autorización de la Cámara o inviolabilidad).

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 24, 56, 71, 102, 117, 120, 124 y 125.
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036, texto consolidado).
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666), en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (BOE-A-2015-4606).
  • Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España.
  • Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares (1963).
  • Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017 (Fiscalía Europea), y Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del mismo.
  • Reglamento (UE) 2018/1727 (Eurojust) y Directiva 2012/29/UE (derechos de las víctimas).

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