Tema 11. La modernización de la oficina judicial. Nuevo modelo de organización judicial: La eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios: su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La administración de justicia y las nuevas tecnologías. Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia. El expediente digital y la presentación telemática de escritos y documentos. La firma digital, el correo electrónico. Incidencia de la legislación de protección de datos en el uso de las aplicaciones informáticas.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La modernización de la oficina judicial persigue dotar a la Administración de Justicia de una estructura organizativa eficiente y del soporte tecnológico necesario para agilizar el proceso. La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, implanta los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y se apoya en el expediente judicial electrónico, la sede judicial electrónica y la interoperabilidad entre sistemas (Ley 18/2011). Este tema desarrolla el nuevo modelo organizativo, la Oficina Judicial, el papel de las nuevas tecnologías, el Código de Conducta de usuarios de sistemas informáticos, el expediente digital, la presentación telemática, la firma electrónica, el correo electrónico y la incidencia de la legislación de protección de datos.
La eficiencia organizativa como objetivo de la reforma
La LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, parte del diagnóstico de que el modelo de Juzgados unipersonales generaba rigidez organizativa (un asunto quedaba adscrito a un único titular, sin posibilidad de redistribución ágil de la carga de trabajo) y dispersión de medios materiales y personales. El nuevo modelo de Tribunales de Instancia, organizado en Secciones especializadas y con una Oficina Judicial de apoyo procesal común, persigue flexibilizar el reparto de asuntos entre los Magistrados de una misma Sección, ganar economías de escala en medios materiales y personales y avanzar hacia una mayor especialización por materias sin multiplicar el número de órganos unipersonales. La misma ley incluye otras medidas de eficiencia, como la exigencia de acudir previamente a medios adecuados de solución de controversias (MASC) en el orden civil y mercantil y el impulso de la tramitación electrónica y de la orientación al dato. Se enmarca en el programa de modernización del Ministerio de Justicia (Plan Justicia 2030).
La Oficina Judicial: concepto y principios
La Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales (art. 435 LOPJ). Se organiza con arreglo a criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre Administraciones públicas. Se estructura en Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) y Servicios Comunes Procesales (SCP), y la dirección técnico-procesal corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia, bajo cuya dependencia funcional actúa el personal de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial. Las Administraciones competentes (Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias asumidas) aportan los medios materiales y personales.
Estructura: UPAD y Servicios Comunes Procesales
Las Unidades Procesales de Apoyo Directo se adscriben a cada Sección del Tribunal de Instancia y realizan las actuaciones necesarias de apoyo directo al proceso jurisdiccional (tramitación, señalamientos, custodia de autos, comunicaciones propias del procedimiento). Los Servicios Comunes Procesales asumen tareas centralizadas y compartidas entre varias UPAD o Secciones (registro y reparto, actos de comunicación, ordenación del procedimiento en fases no controvertidas, ejecución), evitando la duplicidad de recursos. El diseño permite concentrar la gestión y reservar a las UPAD el trabajo más ligado a la decisión judicial.
Los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios
La LO 1/2025 implanta los Tribunales de Instancia como órgano judicial base de cada partido judicial (con Secciones por materias y Sección Única en los partidos judiciales más pequeños) y las Oficinas de Justicia en los municipios, destinadas a acercar el servicio público de Justicia a los territorios donde no radica el Tribunal de Instancia: ofrecen información, orientación y atención a la ciudadanía, tramitación de determinados actos, auxilio judicial y apoyo a los Juzgados de Paz, y pueden prestar servicios mediante videoconferencia y apoyo digital. Pueden agruparse en Agrupaciones de Oficinas de Justicia. Su régimen se encuentra en la LOPJ, en la propia LO 1/2025 y en los reales decretos de desarrollo.
La administración de justicia y las nuevas tecnologías: marco normativo
Art. 230 LOPJ: los Juzgados y Tribunales y las Fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que establezcan la Constitución y las leyes; las personas que se relacionen con la Administración de Justicia están obligadas a utilizar los medios técnicos conforme a la ley. La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, es la norma de referencia: reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, regula la sede judicial electrónica, el expediente judicial electrónico, la presentación telemática de escritos, la firma electrónica, la interoperabilidad y el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, y crea el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE).
Expediente judicial electrónico y sede judicial electrónica
El expediente judicial electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga; debe garantizar su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación. La sede judicial electrónica es la dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración con competencias en medios de la Justicia, desde la que se accede a información y servicios (consulta de procedimientos, presentación de escritos, notificaciones, tablón de anuncios o edictos electrónicos). El Ministerio de Justicia ofrece, además, la Carpeta Justicia como punto de acceso personalizado del ciudadano a sus asuntos.
Presentación telemática de escritos y documentos: LexNET
La presentación de escritos y documentos y las comunicaciones procesales entre los órganos judiciales y los profesionales se realizan por medios telemáticos a través de los sistemas oficiales de comunicación electrónica. En el ámbito del Ministerio de Justicia, el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, regula el sistema LexNET, de uso obligatorio para los profesionales de la Justicia, y otras Administraciones con competencias transferidas disponen de sistemas equivalentes. La ley procesal (arts. 273 y ss. de la LEC) impone el uso de medios electrónicos a los profesionales de la Justicia y a las personas jurídicas, mientras que las personas físicas particulares conservan, con carácter general, la facultad de elegir si se relacionan por esta vía o por la presencial.
La firma electrónica y el correo electrónico
La firma electrónica garantiza la identidad del firmante y la integridad del documento. Los servicios electrónicos de confianza se regulan en el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) y en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que sustituyó a la Ley 59/2003, de Firma Electrónica. La Ley 18/2011 admite como sistemas de identificación y firma de ciudadanos y profesionales el DNI electrónico, los certificados electrónicos cualificados y otros sistemas de identificación electrónica reconocidos (como Cl@ve para determinados trámites). Los órganos judiciales actúan mediante sello electrónico, código seguro de verificación y firma electrónica del personal. El correo electrónico oficial (de dominio de la Administración de Justicia) debe utilizarse para las comunicaciones institucionales y de trabajo, con la seguridad y confidencialidad exigidas; no sustituye a los cauces telemáticos oficiales de notificación procesal.
Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia
El personal que utiliza los equipos y aplicaciones informáticas judiciales (Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia) está sujeto a un Código de Conducta, elaborado en el marco de la cooperación entre Administraciones y órganos de gobierno, que regula el uso adecuado de dichos medios: confidencialidad de las claves de acceso, personales e intransferibles; prohibición de acceder a datos o expedientes ajenos a las funciones encomendadas; deber de custodia de la información; uso profesional de los recursos y prohibición de instalar software no autorizado; y responsabilidad disciplinaria o de otra índole en caso de incumplimiento. Se conecta con el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022) y con la normativa de protección de datos.
Interoperabilidad y CTEAJE
Al estar transferida a varias Comunidades Autónomas la competencia sobre medios materiales de la Administración de Justicia, conviven distintas aplicaciones de gestión procesal, gestionadas por el Ministerio de Justicia o por la Comunidad Autónoma correspondiente. La interoperabilidad se garantiza mediante el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (Ley 18/2011) y el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), órgano de cooperación en el que participan el Ministerio de Justicia, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, que aprueba esquemas técnicos y estándares comunes.
Incidencia de la legislación de protección de datos en el uso de las aplicaciones informáticas
El tratamiento de datos personales en la Administración de Justicia se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y, para los datos tratados para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo. La LOPJ dedica sus arts. 236 bis y siguientes al tratamiento de datos de carácter personal en la Administración de Justicia, distinguiendo los tratamientos con fines jurisdiccionales (en los que la autoridad de control es el Consejo General del Poder Judicial) de los tratamientos no jurisdiccionales (supervisados por la Agencia Española de Protección de Datos). Los principios de finalidad, minimización, seguridad y confidencialidad se traducen en el control de accesos, el registro de trazas y el deber de secreto del personal. La publicación de resoluciones (CENDOJ) exige la disociación o anonimización de datos personales.
Videoconferencia y actuaciones telemáticas
La LOPJ (art. 229) y las leyes procesales habilitan la celebración de actuaciones judiciales (declaraciones, vistas, comparecencias) mediante presencia telemática por videoconferencia u otro sistema que permita la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, preservando los principios de inmediación, contradicción y publicidad cuando la ley los exija, y con registro audiovisual del acto. Se utiliza especialmente para testigos, peritos y partes fuera de la sede del órgano, y la LO 1/2025 y las normas que la acompañan impulsan su uso general, con las garantías de identificación de las personas que intervienen y de seguridad de la conexión.
Conservación del expediente y brecha digital
El expediente judicial electrónico debe conservarse con garantías de integridad, autenticidad y disponibilidad durante el tiempo que exija la normativa, correspondiendo su archivo a la Administración competente, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010) y el Esquema Nacional de Seguridad. Pese al impulso de la relación telemática, se mantienen garantías de acceso presencial y asistencia a quienes por razón de edad, discapacidad o falta de medios no puedan relacionarse por medios electrónicos; las Oficinas de Justicia en los municipios y los servicios de atención ciudadana cumplen una función de asistencia y mediación digital.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La norma básica de la reforma organizativa es la LO 1/2025, de 2 de enero (no existe una 'Ley 1/2025 de eficiencia procesal' separada con ese nombre): Tribunales de Instancia, Oficinas de Justicia en los municipios y medidas de eficiencia (MASC, tramitación electrónica).
Art. 435 LOPJ: la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional; la dirección técnico-procesal es del Letrado de la Administración de Justicia.
UPAD (apoyo directo, adscritas a cada Sección) frente a Servicios Comunes Procesales (tareas centralizadas y compartidas: registro y reparto, comunicaciones, ordenación, ejecución).
Ley 18/2011, de 5 de julio: norma de referencia sobre TIC en la Administración de Justicia (sede judicial electrónica, expediente judicial electrónico, interoperabilidad, EJIS, CTEAJE).
Art. 230 LOPJ: obligación de utilizar medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a disposición.
LexNET (Real Decreto 1065/2015): sistema de comunicaciones electrónicas en el ámbito del Ministerio de Justicia, obligatorio para profesionales; otras CCAA disponen de sistemas equivalentes.
Firma electrónica: Reglamento eIDAS (UE) 910/2014 y Ley 6/2020, que sustituyó a la Ley 59/2003.
Protección de datos: RGPD, LO 3/2018, LO 7/2021 (datos con fines penales) y arts. 236 bis y ss. LOPJ; la autoridad de control en tratamientos jurisdiccionales es el CGPJ, y la AEPD en los no jurisdiccionales.
El uso de medios electrónicos es obligatorio para profesionales y personas jurídicas, pero no para las personas físicas particulares, que conservan el derecho a la relación presencial.
El Código de Conducta de usuarios de sistemas informáticos judiciales impone confidencialidad de claves, prohibición de accesos ajenos a las funciones y uso exclusivamente profesional.
El CTEAJE (Ministerio, CGPJ, Fiscalía General del Estado y CCAA con competencias) garantiza la interoperabilidad entre aplicaciones de gestión procesal.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Según el artículo 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿qué es la Oficina Judicial?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 11 de Gestión Procesal (Justicia)?
La modernización de la oficina judicial persigue dotar a la Administración de Justicia de una estructura organizativa eficiente y del soporte tecnológico necesario para agilizar el proceso. La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, implanta los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y se apoya en el expediente judicial electrónico, la sede judicial electrónica y la interoperabilidad entre sistemas (Ley 18/2011). Este tema desarrolla el nuevo modelo organizativo, la Oficina Judicial, el papel de las nuevas tecnologías, el Código de Conducta de usuarios de sistemas informáticos, el expediente digital, la presentación telemática, la firma electrónica, el correo electrónico y la incidencia de la legislación de protección de datos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?
La norma básica de la reforma organizativa es la LO 1/2025, de 2 de enero (no existe una 'Ley 1/2025 de eficiencia procesal' separada con ese nombre): Tribunales de Instancia, Oficinas de Justicia en los municipios y medidas de eficiencia (MASC, tramitación electrónica). Art. 435 LOPJ: la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional; la dirección técnico-procesal es del Letrado de la Administración de Justicia. UPAD (apoyo directo, adscritas a cada Sección) frente a Servicios Comunes Procesales (tareas centralizadas y compartidas: registro y reparto, comunicaciones, ordenación, ejecución). Ley 18/2011, de 5 de julio: norma de referencia sobre TIC en la Administración de Justicia (sede judicial electrónica, expediente judicial electrónico, interoperabilidad, EJIS, CTEAJE). Art. 230 LOPJ: obligación de utilizar medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a disposición. LexNET (Real Decreto 1065/2015): sistema de comunicaciones electrónicas en el ámbito del Ministerio de Justicia, obligatorio para profesionales; otras CCAA disponen de sistemas equivalentes. Firma electrónica: Reglamento eIDAS (UE) 910/2014 y Ley 6/2020, que sustituyó a la Ley 59/2003. Protección de datos: RGPD, LO 3/2018, LO 7/2021 (datos con fines penales) y arts. 236 bis y ss. LOPJ; la autoridad de control en tratamientos jurisdiccionales es el CGPJ, y la AEPD en los no jurisdiccionales. El uso de medios electrónicos es obligatorio para profesionales y personas jurídicas, pero no para las personas físicas particulares, que conservan el derecho a la relación presencial. El Código de Conducta de usuarios de sistemas informáticos judiciales impone confidencialidad de claves, prohibición de accesos ajenos a las funciones y uso exclusivamente profesional. El CTEAJE (Ministerio, CGPJ, Fiscalía General del Estado y CCAA con competencias) garantiza la interoperabilidad entre aplicaciones de gestión procesal.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 229, 230, 235 y ss., 435 y ss. y 236 bis y ss.
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia (LexNET).
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines penales.
Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) y Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Real Decreto 311/2022 (Esquema Nacional de Seguridad) y Real Decreto 4/2010 (Esquema Nacional de Interoperabilidad).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión Procesal (Justicia).