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Tema 68. El Concurso de acreedores. Concepto de concurso sus clases, la competencia objetiva y territorial. El administrador concursal. Aspectos procesales: Procedimiento ordinario. Las secciones del concurso; el incidente concursal. Los recursos. El preconcurso: presupuestos, Efectos de la comunicación de apertura de negociaciones sobre acciones y procedimientos ejecutivos y procedimiento de homologación. El procedimiento especial para microempresas: ámbito de aplicación y reglas procesales especiales del procedimiento.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El concurso de acreedores se regula en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, profundamente reformado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que transpuso la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia. Es un procedimiento judicial universal que se declara ante la insolvencia (actual o inminente) de un deudor, persona natural o jurídica, para satisfacer a los acreedores mediante convenio o liquidación bajo el control del juez del concurso (hoy, la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia) y con la intervención de un administrador concursal. El procedimiento común se articula en una fase común y en una fase de convenio o liquidación, con la calificación del concurso; las cuestiones se resuelven por incidente concursal y los recursos tienen un régimen propio. Junto al concurso, el TRLC regula (Libro Segundo) los instrumentos preconcursales: la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores y los planes de reestructuración, que pueden ser homologados judicialmente; y (Libro Tercero) un procedimiento especial para microempresas, de tramitación simplificada, que sustituye al antiguo concurso abreviado.

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Concepto, naturaleza y normativa del concurso de acreedores

El concurso es un proceso judicial universal, colectivo y de ejecución concursal, que se aplica al deudor insolvente con la finalidad de satisfacer a sus acreedores de manera ordenada, ya sea mediante un convenio que permita la continuidad, ya mediante la liquidación de su patrimonio. Es universal porque afecta a todos los bienes y deudas del deudor (en su caso con exclusión de los inembargables) y colectivo porque integra a la totalidad de los acreedores, que quedan sometidos a la regla de la par condicio creditorum con las preferencias legales. Está regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo (BOE-A-2020-4859), que refundió la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y modificado de forma muy relevante por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del TRLC para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, en vigor desde el 26 de septiembre de 2022 con regímenes transitorios. La insolvencia transfronteriza se rige por el Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia. Los principios básicos son la unidad legal y de procedimiento (un único procedimiento concursal para todo tipo de deudores, junto a procedimientos especiales), la universalidad y la unidad de sistema. El antiguo concurso abreviado ha desaparecido: la Ley 16/2022 lo suprime y crea en su lugar el procedimiento especial para microempresas.

Clases de concurso

Pueden distinguirse varias clasificaciones. Según quién lo solicite: concurso voluntario, cuando la solicitud la presenta el propio deudor, y concurso necesario, cuando la presentan uno o varios acreedores u otros legitimados. Según el deudor: concurso de persona jurídica, de persona natural empresaria o profesional, y de persona natural no empresaria (consumidor), con las diferencias de competencia y de régimen de exoneración. Según el momento: concurso consecutivo, cuando se declara tras el fracaso de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un plan de reestructuración. Según su tramitación: procedimiento ordinario (común) y procedimiento especial para microempresas. Según los medios disponibles: concurso sin masa o con insuficiencia de masa, en que el patrimonio no basta para pagar los costes del procedimiento. Según la terminación del procedimiento: concurso con convenio o con liquidación, y según su calificación: fortuito o culpable. Dentro de la clasificación por la solicitud se produce la diferencia de efectos más importante sobre las facultades patrimoniales del deudor: en el voluntario se intervienen, en el necesario se suspenden (art. 106 TRLC). Esta es una de las diferencias más preguntadas.

Presupuesto subjetivo del concurso

Puede ser declarado en concurso cualquier deudor, persona natural o jurídica (art. 1 TRLC). Quedan comprendidas las sociedades mercantiles, las asociaciones, las fundaciones, los empresarios individuales y profesionales, y las personas naturales no empresarias. Se admite también el concurso de la herencia, mientras no haya sido aceptada pura y simplemente, y el de los patrimonios separados con autonomía suficiente y, en su caso, de las sociedades civiles con personalidad jurídica. Están excluidas del concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público (por tanto, el Estado, las comunidades autónomas, los entes locales y los organismos públicos). Para las entidades de crédito, las entidades aseguradoras y otras entidades sometidas a regímenes especiales de supervisión, el concurso se rige por sus normas específicas (resolución bancaria, liquidación de entidades aseguradoras, etc.), sin perjuicio de la aplicación supletoria o complementaria del TRLC. La Ley 16/2022 refuerza la distinción entre deudores empresarios y no empresarios a efectos de competencia y de exoneración del pasivo insatisfecho.

Presupuesto objetivo: la insolvencia

El presupuesto objetivo del concurso es la insolvencia del deudor (art. 2 TRLC). Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Es un concepto de insolvencia como incapacidad de pago corriente, no equiparable al desbalance patrimonial (activo inferior al pasivo), que por sí solo no determina la insolvencia. El deudor persona jurídica puede estar en insolvencia aunque su patrimonio sea superior a sus deudas si carece de liquidez; a la inversa, un balance negativo no implica necesariamente insolvencia. La insolvencia ha de ser general, no meramente coyuntural ni referida a una deuda aislada. La solicitud del deudor debe acreditar el estado de insolvencia, mientras que, si la solicita un acreedor, este debe fundarla en un título que haga presumir la insolvencia o en alguno de los hechos reveladores que el art. 2.4 TRLC enuncia: el sobreseimiento general en el pago corriente de obligaciones, la existencia de embargos que afecten globalmente al patrimonio, el alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de bienes, y el incumplimiento generalizado de obligaciones de determinadas clases durante un período de tiempo (tributarias, cuotas de Seguridad Social, salarios), que sirven para demostrar que el deudor no puede cumplir regularmente.

Insolvencia actual e inminente

La insolvencia puede ser actual o inminente. Es actual cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.2 TRLC). Es inminente cuando el deudor prevé que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones (art. 2.3), es decir, cuando su incumplimiento es previsible aunque todavía no se haya producido. Solo el deudor puede solicitar el concurso en caso de insolvencia inminente; los acreedores únicamente pueden instarlo respecto de una insolvencia actual. La diferencia se proyecta sobre el deber de solicitar: el deudor está obligado a solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde que conoció o debió conocer su estado de insolvencia actual (art. 5 TRLC), pero la solicitud en insolvencia inminente es facultativa. No debe confundirse con la probabilidad de insolvencia, presupuesto de los instrumentos preconcursales (Libro Segundo), que se da cuando es objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir sus obligaciones que venzan en los dos años siguientes. El orden de intensidad es: probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente, insolvencia actual.

Competencia objetiva en materia concursal

La competencia objetiva para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez del concurso, que es, para los concursos de personas jurídicas y de personas naturales que sean empresarios o profesionales, el Juzgado de lo Mercantil, hoy integrado como Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia correspondiente tras la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (art. 86 ter LOPJ). Para el concurso de personas naturales que no sean empresarios (consumidores), es competente la Sección Civil del Tribunal de Instancia (antiguo Juzgado de Primera Instancia). El juez del concurso tiene jurisdicción exclusiva y excluyente para las materias que enumera la ley: las acciones civiles con trascendencia patrimonial dirigidas contra el patrimonio del concursado, las acciones sociales de modificación, suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, toda ejecución frente a bienes y derechos de la masa activa, las medidas cautelares que afecten al patrimonio, las acciones de reintegración, y las acciones de responsabilidad contra administradores, auditores y liquidadores. Quedan fuera las acciones laborales individuales y las ejecuciones administrativas o laborales sobre bienes no afectos a la actividad, con las salvedades legales. Contra las decisiones del juez del concurso se interponen los recursos propios del TRLC.

Competencia territorial y centro de intereses principales

La competencia territorial corresponde al juez del lugar donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales (COMI), entendiendo por tal el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de sus intereses. Para las personas jurídicas se presume que coincide con el domicilio social, y para las personas naturales empresarias con el lugar de dirección de su actividad; para el consumidor, el de su residencia habitual. Si el centro de intereses principales y el domicilio estuvieran en lugares distintos, el acreedor que solicite el concurso podrá elegir entre ambos, y en caso de que existan varios jueces competentes tendrá preferencia el que primero haya admitido a trámite la solicitud. Para el concurso de un grupo de sociedades, el juez que conozca del concurso de la sociedad dominante puede ser competente para los concursos conexos, y se admite la tramitación coordinada. Si el centro de intereses principales se halla en otro Estado miembro de la Unión Europea, la competencia internacional se rige por el Reglamento (UE) 2015/848, que reconoce la jurisdicción de los tribunales del Estado donde se encuentre el COMI para abrir el procedimiento principal, sin perjuicio de procedimientos secundarios territoriales.

La solicitud de concurso: voluntario y necesario

El concurso voluntario se solicita por el deudor, que debe acompañar a la solicitud los documentos legalmente exigidos (memoria de la situación económica y jurídica, inventario de bienes y derechos, lista de acreedores, plantilla de trabajadores, cuentas anuales, y los poderes y datos de su representación), a fin de que el juez pueda valorar la insolvencia. El concurso necesario se declara a solicitud de cualquier acreedor o de los demás legitimados por la ley, siempre que invoquen un título o hecho revelador de la insolvencia. El deudor puede oponerse a la solicitud de concurso necesario alegando que no se encuentra en estado de insolvencia o que no se da el hecho revelador invocado; en ese caso se celebra una vista y el juez resuelve por auto. En el procedimiento especial de microempresas la solicitud se formula mediante modelos normalizados. Los acreedores no pueden solicitar el concurso cuando el deudor haya comunicado la apertura de negociaciones (efecto del preconcurso), mientras dure la protección.

El deber de solicitar el concurso

El deudor que se encuentre en estado de insolvencia actual debe solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia (art. 5 TRLC). Se presume que conoce la insolvencia cuando concurre alguno de los hechos reveladores que permitirían a un acreedor solicitar el concurso necesario. El deber no existe en la insolvencia meramente inminente, que se rige por la facultad del deudor. El incumplimiento del deber puede determinar la calificación del concurso como culpable (presunción de agravación de la insolvencia por retraso), con las graves consecuencias personales que ello conlleva (inhabilitación y responsabilidad por el déficit). Si el deudor ha comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores al juzgado competente, este deber queda en suspenso durante el período de protección, aunque tiene que solicitar el concurso en el mes hábil siguiente al vencimiento del plazo de tres meses si continúa la insolvencia actual y no hay acuerdo (ver preconcurso). Si el deudor es una persona jurídica, el deber recae sobre los administradores o liquidadores, que pueden responder personalmente del incumplimiento.

El auto de declaración de concurso: contenido

El juez dicta auto declarando el concurso si aprecia la concurrencia del presupuesto subjetivo y objetivo. El auto debe contener, entre otros extremos: la declaración del estado de concurso y su carácter voluntario o necesario; el régimen de las facultades de administración y disposición del deudor (intervención o suspensión); el nombramiento de la administración concursal; el llamamiento a los acreedores para que comuniquen sus créditos en el plazo legal (un mes desde la publicación en el Registro Público Concursal); la publicidad de la declaración, que se realiza de forma gratuita y obligatoria en el Registro Público Concursal, con inscripción en los registros correspondientes (Registro Mercantil, Registro de la Propiedad). Asimismo, el auto puede acordar las medidas cautelares que procedan para asegurar la integridad del patrimonio. La declaración de concurso necesario se notifica al deudor, que puede apelarla. Los efectos del auto se producen desde su fecha y son inmediatamente ejecutivos, aunque no sea firme, lo que es una de las características más relevantes del procedimiento. Contra el auto de declaración cabe recurso de apelación por los legitimados que se determinen.

Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor

Los efectos principales sobre el deudor persona natural o sobre las facultades de sus administradores son: en el concurso voluntario, el deudor conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, pero su ejercicio queda sometido a la intervención de los administradores concursales, que deben autorizar o conformar los actos; en el concurso necesario, las facultades quedan suspendidas y sustituidas por la administración concursal (art. 106 TRLC). El juez puede modificar el régimen de intervención o suspensión mediante resolución motivada, a instancia de la administración concursal. Con la apertura de la liquidación, se suspenden en todo caso las facultades del deudor. Los actos del deudor realizados con infracción del régimen de intervención o suspensión son anulables, salvo que se convaliden. Además, el deudor tiene el deber de comparecer personalmente ante el juez y la administración concursal y de colaborar e informar, y se pueden acordar medidas sobre su domicilio y correspondencia. En el caso de las personas jurídicas, la declaración de concurso no produce por sí sola la disolución; esta se produce al abrirse la fase de liquidación. Los administradores de la sociedad en concurso mantienen su cargo, salvo en la liquidación.

Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores y sobre la clasificación de los créditos

Los acreedores quedan sujetos al procedimiento y deben comunicar sus créditos a la administración concursal en el plazo establecido, quedando integrados en la masa pasiva. Desde la declaración se suspende el devengo de intereses, con la excepción de los créditos con garantía real hasta donde alcance el valor de la garantía, y los intereses anteriores se califican como subordinados. Se prohíben los pagos de créditos concursales salvo las excepciones legales, y la compensación solo procede en los casos permitidos. Los créditos se clasifican en: créditos contra la masa (art. 242 TRLC: gastos del procedimiento, deudas posteriores a la declaración, salarios de los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración, dentro del límite legal, y otros supuestos), que se pagan a su vencimiento; créditos concursales con privilegio especial (garantía real sobre bienes concretos); con privilegio general (entre ellos salarios no reconocidos como créditos contra la masa, retenciones tributarias, y un porcentaje de los créditos de Hacienda y de la Seguridad Social); créditos ordinarios; y créditos subordinados (por ejemplo, los de personas especialmente relacionadas con el concursado, los créditos por intereses y las multas). La clasificación determina el orden de pago en la liquidación, y la posición en las votaciones del convenio. Los créditos de derecho público se integran en el concurso como el resto.

Efectos sobre los contratos y sobre las acciones individuales

La declaración de concurso no afecta, por sí sola, a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes; se consideran vivos y se cumplen con cargo a la masa. Se consideran no escritas las cláusulas que establezcan la resolución del contrato o la modificación de sus condiciones por la mera declaración de concurso (cláusulas ipso facto). La administración concursal, o el deudor con su conformidad, puede solicitar la resolución del contrato en interés del concurso, y la contraparte puede instar la resolución por incumplimiento posterior. Respecto de las acciones individuales, los juicios declarativos en tramitación se continúan hasta la sentencia firme, mientras que los iniciados con posterioridad a la declaración se rigen por las reglas de competencia del juez del concurso. Las ejecuciones singulares se suspenden o se paralizan: no pueden iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas contra el patrimonio del deudor, y las ya iniciadas se suspenden (con las excepciones y matizaciones que establece la ley, por ejemplo para las garantías reales sobre bienes no necesarios para la continuidad de la actividad). Las acciones sociales colectivas de modificación, suspensión o extinción de contratos de trabajo se tramitan ante el juez del concurso.

El administrador concursal: nombramiento y estatuto

La administración concursal es el órgano auxiliar del juez del concurso que ejerce las funciones de intervención o administración del patrimonio del deudor y de ejecución del procedimiento. Es nombrada por el juez en el auto de declaración de concurso, y en general es un único administrador concursal, que puede ser una persona natural o jurídica con la cualificación profesional exigida por la ley (la formación y experiencia requeridas, propias de juristas, economistas, auditores y profesionales análogos). Su designación se rige por criterios objetivos y transparentes fijados por la ley y su desarrollo reglamentario, que tras la Ley 16/2022 refuerza los requisitos de capacitación. Es una profesión que se ejerce con independencia, imparcialidad y diligencia, bajo un régimen de prohibiciones e incompatibilidades, causas de abstención y recusación, y un sistema de responsabilidad por los daños causados a la masa, al deudor o a los acreedores por actos u omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia. Está sometido a la supervisión del juez, que puede separarlo del cargo por justa causa. El administrador concursal debe aceptar el cargo y puede ser sustituido en los supuestos legales. Su remuneración se rige por arancel.

Funciones del administrador concursal

Sus principales funciones son: en régimen de intervención, autorizar o confirmar los actos de administración y disposición del deudor; en régimen de suspensión, ejercer las facultades patrimoniales del deudor; comunicar la declaración de concurso a los acreedores conocidos; elaborar el informe y el inventario de la masa activa y la lista de acreedores (texto definitivo de la masa pasiva); continuar o cesar la actividad, con autorización judicial en los casos en que la ley lo exija; ejercitar las acciones de reintegración y demás acciones del patrimonio del deudor; emitir informe sobre la propuesta de convenio y sobre el plan de liquidación; realizar los bienes y derechos de la masa activa en la liquidación y pagar a los acreedores conforme al orden legal; presentar rendición de cuentas al finalizar el procedimiento; y emitir informe sobre la calificación del concurso, proponiendo su calificación fortuita o culpable. Debe presentar informes periódicos al juez sobre la marcha del concurso. Ejerce además funciones de información a los trabajadores y de garantía de la publicidad. Todas sus actuaciones están sujetas a control judicial y las decisiones sobre materias relevantes requieren autorización del juez.

Retribución del administrador concursal

La retribución de la administración concursal se fija mediante arancel, que tiene en cuenta la cuantía del activo y del pasivo del concursado, así como la fase del procedimiento, y que se aprueba por real decreto (Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los administradores concursales). El juez, en ejercicio de su potestad moderadora, puede reducir o aumentar la retribución resultante del arancel en los supuestos y límites legalmente previstos, atendiendo a la complejidad del concurso y a la calidad del trabajo. La retribución constituye un crédito contra la masa. Cuando la masa activa sea insuficiente para pagar los créditos contra la masa, la retribución se paga con preferencia a otros créditos contra la masa en el orden previsto, con los mecanismos de garantía arancelaria previstos reglamentariamente para los concursos con insuficiencia de masa. El juez aprueba la rendición final de cuentas, y fija en su caso el importe definitivo de la retribución. Las cuestiones relativas a la retribución se plantean mediante incidente concursal por los acreedores y el concursado.

Aspectos procesales: el procedimiento ordinario de tramitación

El procedimiento común o ordinario del concurso de acreedores sigue, tras la declaración, una estructura en fases: fase común, de carácter necesario, en la que se determinan las masas activa y pasiva y se elaboran los textos definitivos; y fase de convenio o de liquidación, según se alcance o no un convenio entre deudor y acreedores. Con carácter transversal, la sección de calificación determina la responsabilidad en la generación o agravación de la insolvencia. El procedimiento se inicia con la solicitud, que el juez admite a trámite o rechaza, dictando en su caso el auto de declaración. Después se publica el auto, se comunica a los acreedores y se abre el plazo para comunicar créditos. La administración concursal presenta el informe con el inventario y la lista de acreedores provisional, que se pone de manifiesto para impugnaciones, y finalmente los textos definitivos. El procedimiento se rige por el principio de impulso de oficio y se caracteriza por la prioridad del juez del concurso en su tramitación y por la publicidad obligatoria a través del Registro Público Concursal. La tramitación electrónica es obligatoria para los profesionales. La Ley 16/2022 ha buscado simplificar el procedimiento y fomentar la venta de unidades productivas.

La fase común del concurso

La fase común comprende desde la declaración del concurso hasta la determinación de las masas activa y pasiva, que se concreta en la elaboración y aprobación de los textos definitivos de inventario y lista de acreedores. Abarca los efectos de la declaración, el nombramiento de la administración concursal, la comunicación de créditos, el informe de la administración concursal, la presentación de impugnaciones y la resolución de estas mediante incidentes concursales. En esta fase se pueden presentar las propuestas anticipadas de convenio, los acuerdos de reestructuración y las solicitudes de liquidación, que aceleran el procedimiento. La fase común no está concebida como un trámite meramente formal: en ella se define la situación patrimonial del deudor, se identifican los acreedores y se clasifican sus créditos, y se adoptan las medidas cautelares necesarias. Concluida la fase común, se abre la fase de convenio, salvo que el deudor haya solicitado la liquidación o que no sea posible el convenio, en cuyo caso se abre la fase de liquidación. Se mantiene la tramitación de la sección de calificación como pieza separada con su propia dinámica y a la espera de la finalización de las fases anteriores.

Las secciones del concurso: enumeración

El concurso se tramita en secciones, es decir, piezas separadas que se forman a partir de la solicitud y el auto de declaración, con el siguiente contenido: Sección primera, de declaración del concurso, que incluye la solicitud, la documentación, el auto de declaración y las actuaciones relativas a su publicidad y a las medidas cautelares; Sección segunda, de la administración concursal, con el nombramiento, estatuto, aceptación, retribución y responsabilidad; Sección tercera, de determinación de la masa activa, con el inventario, la valoración de bienes y derechos, y las acciones de reintegración; Sección cuarta, de determinación de la masa pasiva, con la comunicación y reconocimiento de créditos y la lista de acreedores; Sección quinta, del convenio o, en su caso, de liquidación; y Sección sexta, de calificación del concurso. Existen incidentes concursales para tramitar las cuestiones que se susciten en cada sección. La finalidad de la estructura en secciones es dar un tratamiento ordenado a las múltiples cuestiones, favoreciendo la claridad y el control judicial. Se recomienda memorizar las seis secciones con su orden, pues es una pregunta recurrente de examen.

Sección primera: declaración de concurso

La sección primera contiene lo relativo a la solicitud de concurso, tanto voluntario como necesario, la documentación que debe acompañar a la solicitud, las resoluciones del juez sobre su admisión, la declaración del concurso y las medidas cautelares. Incluye también las notificaciones y comunicaciones, la publicidad registral y en el Registro Público Concursal, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del deudor, y los recursos contra el auto de declaración. Dentro de esta sección se tramita igualmente la oposición del deudor a la solicitud de concurso necesario. El carácter de pieza principal de esta sección se explica porque en ella se fija el marco jurídico-procesal del procedimiento: carácter del concurso, fecha de efectos, régimen del deudor y llamamiento a los acreedores. Si el juez no aprecia la concurrencia de los presupuestos, rechaza la solicitud mediante auto, que es recurrible. La inadmisión puede venir motivada por falta de legitimación, falta de documentación esencial o falta de competencia. Las cuestiones sobre la competencia pueden plantearse por declinatoria en los términos legales.

Sección segunda: administración concursal

La sección segunda recoge todo lo relativo al órgano de administración concursal: designación, aceptación del cargo, estatuto jurídico (capacidad, prohibiciones, incompatibilidades, recusación), ejercicio de sus funciones, rendición de cuentas, retribución, responsabilidad y separación. También se incluyen en ella las solicitudes de autorización judicial para determinados actos, y los informes periódicos de la administración concursal. Se tramitan por incidente las cuestiones relativas a la responsabilidad de la administración concursal y a su retribución. La pieza refleja el papel central de este órgano en la marcha del concurso: es el garante del interés del concurso y su actuación se realiza bajo la supervisión del juez. El nombramiento debe ser comunicado al administrador, que dispone de un plazo breve para aceptar el cargo; si no acepta, se nombra a otro. La aceptación se formaliza ante el Letrado de la Administración de Justicia. La separación se acuerda por justa causa, a instancia de cualquier interesado o de oficio por el juez.

Sección tercera: determinación de la masa activa

La sección tercera comprende el inventario de la masa activa, esto es, el conjunto de bienes y derechos integrados en el patrimonio del concursado a la fecha de declaración del concurso y los que se reintegren o adquieran hasta la conclusión del procedimiento. El inventario es elaborado por la administración concursal con indicación de la naturaleza, características, lugar de ubicación, datos registrales, valor y cargas de cada elemento. No se integran los bienes y derechos legalmente inembargables. También se tramitan aquí las acciones de reintegración de la masa activa, que permiten rescindir los actos perjudiciales para la masa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, aunque no hubiere existido intención fraudulenta, y que se presumen perjudiciales en los actos de disposición a título gratuito y en los pagos de obligaciones no vencidas, con las presunciones que la ley establece. La reintegración se ejercita por la administración concursal y, subsidiariamente, por los acreedores legitimados. Se incluyen asimismo las cuestiones sobre separación de bienes de terceros y el derecho de separación.

Sección cuarta: determinación de la masa pasiva

La sección cuarta se ocupa de la masa pasiva, constituida por los créditos contra el deudor que existían a la fecha de declaración del concurso, y que no tengan la consideración de créditos contra la masa. Los acreedores deben comunicar sus créditos a la administración concursal en el plazo de un mes desde la publicación de la declaración en el Registro Público Concursal, con indicación de su existencia, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda. La administración concursal elabora la lista de acreedores, en la que se reconocen, clasifican y cuantifican los créditos, y la pone a disposición para su impugnación. La falta de comunicación en plazo supone, con carácter general, la consideración del crédito como subordinado, con las excepciones previstas en la ley. Las impugnaciones se tramitan por incidente concursal. El resultado final es la lista definitiva de acreedores, que fija el pasivo del concurso y determina las mayorías para votar el convenio y el orden de pago en la liquidación.

Sección quinta: convenio o liquidación

La sección quinta se encarga de la solución del concurso: el convenio, que se alcanza por acuerdo de los acreedores con el deudor y se aprueba judicialmente, o la liquidación de la masa activa para el pago a los acreedores. La apertura de una u otra fase depende de la voluntad del deudor y de los acreedores: si el deudor presenta propuesta de convenio y se aprueba, se abre la fase de convenio; si no se presenta o no se aprueba, o si el deudor solicita la liquidación, se abre la fase de liquidación. En caso de incumplimiento del convenio, cualquier acreedor puede instar su declaración y se abrirá, en su caso, la liquidación. Tanto la propuesta de convenio como el plan de liquidación son objeto de informe de la administración concursal y de aprobación judicial. En el convenio se persigue la continuidad de la actividad y la satisfacción de los créditos en condiciones modificadas, mientras que en la liquidación se pretende transformar el patrimonio en dinero para repartirlo según el orden legal de prelación. Ambas soluciones concluyen con la finalización del concurso. La liquidación puede incluir la enajenación de unidades productivas.

Sección sexta: calificación del concurso

La sección sexta, de calificación, tiene por objeto determinar si el concurso es fortuito o culpable. Se abre, con carácter general, en caso de apertura de la fase de liquidación o de aprobación de un convenio que contenga, en los términos legales, quitas o esperas relevantes para los acreedores; por el contrario, si el convenio no supera determinados umbrales de gravedad, no se forma la sección de calificación, salvo incumplimiento. La formación de la sección se ordena de oficio por el juez. La administración concursal presenta informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación, con propuesta de resolución, y el Ministerio Fiscal emite dictamen. Las personas afectadas por la calificación pueden personarse y oponerse. El juez resuelve mediante sentencia, que puede ser recurrida en apelación. La finalidad de esta sección es depurar las responsabilidades derivadas de la conducta del deudor y de sus administradores, apoderados o auditores en la generación o agravación de la insolvencia. Su tramitación se realiza por las reglas del incidente concursal con ciertas especialidades.

El incidente concursal: concepto y tramitación

El incidente concursal es el cauce procesal para tramitar las cuestiones que se susciten durante el concurso y que no tengan señalada otra tramitación específica en el TRLC. Se rige por una regulación propia, con remisión supletoria a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323) sobre el juicio verbal u ordinario, según los supuestos que la ley determine. La demanda se formula por escrito, con los requisitos de la LEC, y se traslada a las demás partes personadas para su contestación, tras lo cual se celebra, en su caso, la vista, y el juez resuelve por sentencia, o por auto cuando se trate de cuestiones sin contenido de fondo. Se tramitan por esta vía las impugnaciones de la lista de acreedores y del inventario, las acciones de reintegración, las reclamaciones sobre la retribución de la administración concursal, las cuestiones de responsabilidad, y la oposición a la declaración de concurso necesario en lo que no tenga tramitación específica. El incidente no suspende por sí solo el curso del procedimiento principal. Las incidencias de la sección de calificación tienen su propio cauce.

Los recursos en el procedimiento concursal

El régimen de recursos del concurso es especial y restrictivo. Como regla general, contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso, procede el recurso de reposición, salvo que la ley establezca otra cosa. Contra el auto que resuelva el recurso de reposición no cabe recurso alguno. Solo se admite recurso de apelación contra las resoluciones expresamente previstas en la ley: entre otras, el auto que declara el concurso (para los legitimados que no lo hayan solicitado), la resolución que apruebe o rechace el convenio, los autos que acuerden la apertura de la liquidación o aprueben el plan de liquidación en los supuestos legales, la sentencia de calificación y las sentencias que resuelvan los incidentes. La apelación se interpone ante el propio juzgado y la resuelve la Audiencia Provincial; su tramitación sigue las reglas de la LEC con las especialidades del TRLC. Contra las sentencias de la Audiencia Provincial cabe, si concurren los requisitos legales, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación. La interposición de recursos no suspende, con carácter general, la ejecución de las resoluciones, aunque cabe solicitarlo con garantías.

El convenio concursal: contenido y aprobación

El convenio es la solución del concurso por acuerdo entre el deudor y sus acreedores, aprobado por la mayoría legalmente exigida y homologado por el juez. Puede contener quitas, esperas, o ambas, así como otras medidas de reestructuración, y puede incorporar proposiciones alternativas, conversión de créditos en capital o en préstamos participativos, cesión de bienes en pago, o planes de viabilidad. La propuesta puede ser presentada por el deudor, por la administración concursal o por acreedores que representen una proporción mínima del pasivo, en los plazos previstos por la ley. La administración concursal emite informe sobre la propuesta. Se acepta por los acreedores que representen la mayoría del pasivo ordinario exigida por la ley, con un sistema de votación por adhesiones por escrito o en junta, y la aprobación vincula a todos los acreedores ordinarios y subordinados, incluso a los que no hayan votado o hayan votado en contra, aunque no a los acreedores con privilegio especial salvo que se adhieran, o que se cumplan los requisitos especiales de extensión. El juez aprueba el convenio mediante resolución judicial, salvo que se aprecien infracciones de las reglas sobre contenido, forma o mayorías. Aprobado el convenio, cesan los efectos de la declaración de concurso, salvo los de la calificación, y se abre el período de cumplimiento.

La liquidación concursal: apertura, efectos y conclusión

La liquidación se abre a solicitud del deudor, de oficio cuando no se haya presentado propuesta de convenio, no se apruebe o se incumpla, o por el acuerdo de la administración concursal en los supuestos legales. Producen efectos: la suspensión, en todo caso, de las facultades de administración y disposición del deudor, sustituidas por la administración concursal; la disolución de la persona jurídica deudora, con cese de sus administradores o liquidadores, que son sustituidos por la administración concursal; el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones; y la formación de la sección de calificación. La administración concursal presenta un plan de liquidación para la enajenación de los bienes, que el juez aprueba tras oír a las partes; se prefiere la enajenación unitaria de la empresa o de unidades productivas, con subrogación de los adquirentes en los términos legales, frente a la venta separada de elementos. Los bienes se venden preferentemente mediante subasta electrónica judicial (Portal de Subastas del BOE). Con el producto se pagan los créditos según su clasificación. Concluida la liquidación se presenta la rendición de cuentas y se declara la conclusión del concurso.

La exoneración del pasivo insatisfecho (segunda oportunidad)

Complemento esencial de la conclusión del concurso, tras la Ley 16/2022, es la exoneración del pasivo insatisfecho (arts. 486 y siguientes TRLC), que permite al deudor persona natural, empresario o consumidor, de buena fe, quedar liberado de las deudas que no haya podido pagar con su patrimonio, por una de dos vías: la liquidación de su patrimonio (con exoneración inmediata) o un plan de pagos. La Ley 16/2022 ha simplificado el régimen anterior y lo ha hecho extensivo, con requisitos adaptados, a empresarios y consumidores. Requiere que el deudor sea de buena fe, lo que se aprecia examinando su conducta (por ejemplo, que el concurso no haya sido declarado culpable, que no haya sido condenado por determinados delitos económicos en el período legalmente fijado, etc.). Existen deudas que no son exonerables, como los créditos por alimentos, los derivados de responsabilidad civil por delito o por muerte o lesiones, los de derecho público (con el límite que se indica a continuación) y otros que la ley enumera. Respecto de los créditos de derecho público, la exoneración se limita a un importe máximo, que se fija en 10.000 euros (5.000 euros para créditos de la Hacienda Pública y 5.000 para créditos de la Seguridad Social).

La calificación del concurso: fortuito y culpable

El concurso se califica como fortuito o culpable. Es fortuito cuando no concurre ninguna de las circunstancias que determinan la culpabilidad. Es culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia haya mediado dolo o culpa grave del deudor o, si lo fuera una persona jurídica, de sus representantes legales y administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, y de quienes hubieran tenido esta condición en los dos años anteriores a la declaración de concurso. La ley establece supuestos en que el concurso se califica culpable en todo caso (por ejemplo, incumplimiento sustancial de la obligación de llevar contabilidad, o inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud, o alzamiento de bienes) y presunciones iuris tantum, como el incumplimiento del deber de solicitar el concurso a tiempo. Efectos de la calificación culpable (arts. 455 y siguientes): inhabilitación de las personas afectadas para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona durante un período de dos a quince años; pérdida de cualquier derecho como acreedor concursal o contra la masa; obligación de devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente; y, si el concurso se abre o reabre en liquidación, posible condena a pagar a los acreedores todo o parte del déficit. La sentencia es apelable.

El preconcurso: presupuestos de la comunicación de apertura de negociaciones

El derecho preconcursal se regula en el Libro Segundo del TRLC (arts. 583 y siguientes), tras la reforma de la Ley 16/2022. Permite al deudor que se encuentre en probabilidad de insolvencia, en insolvencia inminente o en insolvencia actual (en este último caso, sin haber sido declarado en concurso) comunicar al juzgado competente que ha iniciado o desea iniciar negociaciones con sus acreedores para alcanzar un plan de reestructuración, y disfrutar así de una protección temporal frente a las acciones de los acreedores. La probabilidad de insolvencia existe cuando es objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir regularmente las obligaciones que venzan en los dos años siguientes. Pueden acogerse el deudor persona natural o jurídica con actividad empresarial o profesional (con particularidades en cuanto a las personas naturales no empresarias, que tienen otras vías) y, con ciertos límites, las empresas en situación de insolvencia. No pueden acogerse las entidades de crédito, las aseguradoras ni otras entidades excluidas. La comunicación sustituye al antiguo artículo 5 bis de la Ley Concursal y puede presentarse sin necesidad de que exista previamente un acuerdo; el juez la admite y se publica en el Registro Público Concursal. Los acreedores no pueden solicitar el concurso necesario durante la protección.

Efectos de la comunicación de apertura de negociaciones sobre acciones y procedimientos ejecutivos

Desde la comunicación, durante un plazo de tres meses, el deudor goza de una protección frente a determinadas acciones: no pueden iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial, y las ya iniciadas se suspenden (también las ejecuciones de garantías reales sobre esos bienes). No se admiten a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores durante este período. El deudor queda exonerado temporalmente del deber de solicitar el concurso, aunque debe hacerlo en el mes hábil siguiente al vencimiento del plazo de tres meses si persiste la insolvencia actual y no ha alcanzado un acuerdo ni se ha solicitado la homologación. Los acreedores con los que se negocia no pueden resolver ni modificar los contratos de ejecución continuada por la sola solicitud de negociaciones o por impago de deudas anteriores (cláusulas de resolución por insolvencia, ipso facto), y los contratos esenciales para la continuidad de la actividad no pueden resolverse por impagos anteriores.

El procedimiento de homologación del plan de reestructuración

Los planes de reestructuración (arts. 614 y siguientes TRLC) sustituyen a los antiguos acuerdos de refinanciación homologados. Un plan de reestructuración es un acuerdo que modifica la composición, las condiciones o la estructura del activo, pasivo o fondos propios del deudor, o que implica una transmisión de activos o unidades productivas, con el objeto de evitar el concurso o superar la insolvencia. Los acreedores se agrupan en clases según la comunidad de intereses (por ejemplo, acreedores con garantía real, acreedores de derecho público, trabajadores, acreedores ordinarios y subordinados). El plan se entiende aprobado por una clase cuando lo apoyan los acreedores que representen al menos dos tercios del pasivo de la clase, y tres cuartos en el caso de acreedores con garantía real. Si alguna clase no lo aprueba, puede imponerse a las clases disidentes (cross-class cram-down) cuando se cumplen los requisitos de la ley, entre ellos la aprobación por el número de clases exigido y las reglas de prioridad aplicables. La homologación judicial extiende los efectos del plan a los acreedores y socios disidentes y lo protege frente a acciones rescisorias. El juez de lo mercantil resuelve sobre la homologación tras la publicación de la solicitud y la oposición de los afectados. El auto de homologación es apelable en los términos legales. El plan puede ser asistido por un experto en la reestructuración.

El procedimiento especial para microempresas: ámbito de aplicación

El Libro Tercero del TRLC (arts. 685 y siguientes) regula un procedimiento especial para microempresas, de tramitación simplificada, que sustituye al concurso abreviado y que está pensado para reducir costes y acelerar los trámites. Se aplica al deudor, persona natural o jurídica, que ejerza una actividad empresarial o profesional y que reúna las siguientes condiciones: haber empleado a menos de diez trabajadores y tener un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros (art. 685 TRLC). Presenta las siguientes características: formularios normalizados para la solicitud; participación limitada de profesionales; reducción de trámites y plazos; posibilidad de que el deudor presente un plan de continuación o un plan de liquidación; y tramitación electrónica. Quedan excluidas las empresas que no cumplan los umbrales, las cuales siguen el procedimiento común del concurso.

Reglas procesales especiales del procedimiento de microempresas

Las reglas procesales de este procedimiento se orientan a la celeridad y al ahorro de costes. La solicitud se presenta mediante formularios normalizados y se acompaña de la documentación mínima. El juez de lo mercantil dicta auto de apertura del procedimiento, que se publica en el Registro Público Concursal, y nombra, en su caso, a un profesional que intervenga en los supuestos que la ley prevé. Se prescinde, como regla, de la administración concursal ordinaria, limitando la intervención de profesionales a los supuestos previstos en la ley, y se potencia la comunicación electrónica. Los acreedores comunican sus créditos de forma simplificada y, tras un período breve de impugnación, se fija la lista de acreedores. El procedimiento se bifurca en dos vías: una de continuación, en la que se tramita un plan de continuación con quitas y esperas, y otra de liquidación, que puede prever la venta de la empresa en bloque o de unidades productivas en plazos acelerados. Las cuestiones que surjan se resuelven con trámites simplificados, y los recursos son limitados. El procedimiento se rige supletoriamente por las normas generales del concurso.

El plan de continuación y el plan de liquidación en el procedimiento de microempresas

En el procedimiento de microempresas el deudor puede presentar una propuesta de plan de continuación, que contiene medidas de reestructuración de su pasivo, como quitas, esperas, conversión de créditos en capital u otras, y la información sobre la viabilidad de la actividad. La propuesta se somete a la aprobación de los acreedores mediante un sistema de adhesiones y, si obtiene las mayorías legales, el juez la aprueba, quedando vinculados todos los acreedores afectados. Si no se presenta plan de continuación o no se aprueba, se abre la liquidación, para lo cual el deudor o el profesional designado elaboran un plan de liquidación que prioriza la venta de la empresa o de sus unidades productivas, y que tiene en cuenta el interés de los acreedores y la preservación de empleo. La liquidación en bloque puede hacerse mediante procedimiento simplificado de subasta o mediante ofertas. La Ley 16/2022 refuerza la enajenación de unidades productivas, con la subrogación del adquirente en los contratos de trabajo en los términos de la normativa laboral, y con límites a la sucesión en las deudas. Los acreedores con garantía real se ven afectados por el plan solo en las condiciones previstas en la ley.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Norma básica: Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo), reformado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre (transposición de la Directiva (UE) 2019/1023), en vigor desde el 26 de septiembre de 2022.
  • Presupuesto subjetivo: cualquier deudor, persona natural o jurídica (art. 1 TRLC); presupuesto objetivo: la insolvencia (art. 2). Insolvencia actual: no poder cumplir regularmente las obligaciones exigibles; inminente: prever que no podrá cumplirlas regular y puntualmente.
  • Solo el deudor puede solicitar el concurso en insolvencia inminente; los acreedores, solo en insolvencia actual con un hecho revelador. El deudor debe solicitarlo en el plazo de dos meses desde que conoció o debió conocer la insolvencia actual (art. 5).
  • Concurso voluntario (solicita el deudor): facultades intervenidas. Concurso necesario (solicita un acreedor u otro legitimado): facultades suspendidas (art. 106 TRLC). El juez puede modificar el régimen motivadamente.
  • Competencia: Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia para personas jurídicas y naturales empresarias; la territorial se determina por el centro de intereses principales del deudor.
  • Estructura en seis secciones: 1ª declaración, 2ª administración concursal, 3ª masa activa, 4ª masa pasiva, 5ª convenio o liquidación, 6ª calificación.
  • Clasificación de créditos: contra la masa, privilegio especial, privilegio general, ordinarios y subordinados. Las cláusulas que resuelven el contrato por la mera declaración de concurso se tienen por no puestas.
  • Calificación culpable: dolo o culpa grave; consecuencias personales, entre ellas la inhabilitación de dos a quince años y la posible condena al déficit; fortuito en los demás casos.
  • Recursos: reposición como regla general; apelación solo en los casos expresamente previstos (declaración de concurso, convenio, liquidación, calificación y sentencias de incidentes), ante la Audiencia Provincial.
  • Preconcurso: comunicación de apertura de negociaciones (probabilidad de insolvencia = previsible incumplimiento en los dos años siguientes); protección de tres meses; si persiste la insolvencia actual sin acuerdo, solicitud de concurso en el mes hábil siguiente.
  • Los acuerdos de refinanciación han sido sustituidos por los planes de reestructuración: aprobación por clases (dos tercios del pasivo de la clase; tres cuartos en garantía real) y posibilidad de arrastre de clases disidentes.
  • Microempresa: menos de diez trabajadores y volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o pasivo inferior a 350.000 euros; procedimiento especial (Libro Tercero) que sustituye al concurso abreviado.
  • Exoneración del pasivo insatisfecho (segunda oportunidad): deudor persona natural de buena fe; límite de 10.000 euros para créditos públicos exonerables (5.000 Hacienda y 5.000 Seguridad Social).
  • Error típico: creer que la declaración de concurso supone la disolución automática de la sociedad (solo con la liquidación) o la resolución automática de los contratos (no).
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El deudor en insolvencia actual debe solicitar la declaración de concurso dentro de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 68 de Gestión Procesal (Justicia)?

El concurso de acreedores se regula en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, profundamente reformado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que transpuso la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia. Es un procedimiento judicial universal que se declara ante la insolvencia (actual o inminente) de un deudor, persona natural o jurídica, para satisfacer a los acreedores mediante convenio o liquidación bajo el control del juez del concurso (hoy, la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia) y con la intervención de un administrador concursal. El procedimiento común se articula en una fase común y en una fase de convenio o liquidación, con la calificación del concurso; las cuestiones se resuelven por incidente concursal y los recursos tienen un régimen propio. Junto al concurso, el TRLC regula (Libro Segundo) los instrumentos preconcursales: la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores y los planes de reestructuración, que pueden ser homologados judicialmente; y (Libro Tercero) un procedimiento especial para microempresas, de tramitación simplificada, que sustituye al antiguo concurso abreviado.

¿Qué hay que memorizar del Tema 68 para el examen?

Norma básica: Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo), reformado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre (transposición de la Directiva (UE) 2019/1023), en vigor desde el 26 de septiembre de 2022. Presupuesto subjetivo: cualquier deudor, persona natural o jurídica (art. 1 TRLC); presupuesto objetivo: la insolvencia (art. 2). Insolvencia actual: no poder cumplir regularmente las obligaciones exigibles; inminente: prever que no podrá cumplirlas regular y puntualmente. Solo el deudor puede solicitar el concurso en insolvencia inminente; los acreedores, solo en insolvencia actual con un hecho revelador. El deudor debe solicitarlo en el plazo de dos meses desde que conoció o debió conocer la insolvencia actual (art. 5). Concurso voluntario (solicita el deudor): facultades intervenidas. Concurso necesario (solicita un acreedor u otro legitimado): facultades suspendidas (art. 106 TRLC). El juez puede modificar el régimen motivadamente. Competencia: Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia para personas jurídicas y naturales empresarias; la territorial se determina por el centro de intereses principales del deudor. Estructura en seis secciones: 1ª declaración, 2ª administración concursal, 3ª masa activa, 4ª masa pasiva, 5ª convenio o liquidación, 6ª calificación. Clasificación de créditos: contra la masa, privilegio especial, privilegio general, ordinarios y subordinados. Las cláusulas que resuelven el contrato por la mera declaración de concurso se tienen por no puestas. Calificación culpable: dolo o culpa grave; consecuencias personales, entre ellas la inhabilitación de dos a quince años y la posible condena al déficit; fortuito en los demás casos. Recursos: reposición como regla general; apelación solo en los casos expresamente previstos (declaración de concurso, convenio, liquidación, calificación y sentencias de incidentes), ante la Audiencia Provincial. Preconcurso: comunicación de apertura de negociaciones (probabilidad de insolvencia = previsible incumplimiento en los dos años siguientes); protección de tres meses; si persiste la insolvencia actual sin acuerdo, solicitud de concurso en el mes hábil siguiente. Los acuerdos de refinanciación han sido sustituidos por los planes de reestructuración: aprobación por clases (dos tercios del pasivo de la clase; tres cuartos en garantía real) y posibilidad de arrastre de clases disidentes. Microempresa: menos de diez trabajadores y volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o pasivo inferior a 350.000 euros; procedimiento especial (Libro Tercero) que sustituye al concurso abreviado. Exoneración del pasivo insatisfecho (segunda oportunidad): deudor persona natural de buena fe; límite de 10.000 euros para créditos públicos exonerables (5.000 Hacienda y 5.000 Seguridad Social). Error típico: creer que la declaración de concurso supone la disolución automática de la sociedad (solo con la liquidación) o la resolución automática de los contratos (no).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (BOE-A-2020-4859).
  • Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 86 ter) y Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), de aplicación supletoria.
  • Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los administradores concursales.
  • Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia.

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