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Tema 30. Los procesos matrimoniales y sus clases. Competencia. Procedimientos: a) nulidad, separación y divorcio contenciosos; b) separación o divorcio de mutuo acuerdo. Referencia a las crisis de las uniones estables de pareja. Medidas Provisionales. Medidas definitivas. Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas. Los procesos especiales: Características comunes. Los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad: competencia y legitimación; pruebas preceptivas en primera y en segunda instancia; la sentencia; la revisión de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

Este tema reúne dos bloques del Libro IV de la LEC (De los procesos especiales), Título I: los procesos matrimoniales (nulidad, separación y divorcio, contenciosos o de mutuo acuerdo, con sus medidas provisionales y definitivas, su modificación y su ejecución forzosa, y una referencia a la crisis de las uniones estables de pareja) y las características comunes de los procesos sobre capacidad, filiación y menores, con especial atención al proceso de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, que la Ley 8/2021, de 2 de junio, sustituyó al antiguo proceso de incapacitación. Todos ellos comparten rasgos propios de las materias de orden público: indisponibilidad relativa del objeto, intervención del Ministerio Fiscal cuando hay menores o personas con discapacidad, limitación de los poderes dispositivos de las partes y reforzamiento de los poderes de investigación del tribunal. Desde la LO 1/2025, la competencia corresponde a las Secciones de Familia o civiles de los Tribunales de Instancia (o a las Secciones de Violencia sobre la Mujer cuando concurra la competencia especial).

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Concepto y clases de procesos matrimoniales

Los procesos matrimoniales son aquellos que tienen por objeto la nulidad del matrimonio, la separación y el divorcio, así como sus efectos, y se caracterizan por un conjunto de especialidades respecto del proceso declarativo común: indisponibilidad relativa del objeto del proceso cuando hay hijos menores o con discapacidad, limitaciones a los medios de prueba, intervención del Ministerio Fiscal en determinados casos, y un régimen singular de medidas provisionales y definitivas. Se distingue entre procesos contenciosos, en los que existe desacuerdo entre los cónyuges y se tramitan por las normas del juicio verbal con las especialidades legales, y procesos de mutuo acuerdo o consensuados, en los que ambos cónyuges solicitan conjuntamente la separación o el divorcio presentando una propuesta de convenio regulador. Esta clasificación no es meramente formal, dado que condiciona de forma decisiva la tramitación posterior: mientras el proceso contencioso exige demanda, contestación y vista con práctica de prueba, el consensuado puede resolverse en una sola comparecencia, o incluso, cuando no hay hijos menores, formalizarse directamente ante notario o Letrado de la Administración de Justicia sin necesidad de intervención judicial propiamente dicha.

Ámbito del Título I del Libro IV y competencia (arts. 748 y 769 LEC)

El art. 748 LEC delimita los procesos de este título: los que versan sobre capacidad de las personas y provisión de medidas judiciales de apoyo, filiación, paternidad y maternidad, nulidad del matrimonio, separación y divorcio y modificación de las medidas adoptadas, los que versan exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o alimentos reclamados por un progenitor contra otro en nombre de los hijos menores (entre ellos, los de las parejas no casadas), la oposición a determinadas resoluciones administrativas en materia de protección de menores, la restitución de menores en caso de sustracción internacional y el reconocimiento de eficacia civil de resoluciones eclesiásticas. La competencia territorial en nulidad, separación y divorcio se fija en el art. 769: es competente el tribunal del lugar del domicilio conyugal; si los cónyuges residen en partidos judiciales distintos, a elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado; si el demandado no reside en España, el del domicilio del demandante; y en los procesos de mutuo acuerdo o con consentimiento del otro, el del último domicilio común o el de cualquiera de los solicitantes. Para la modificación de medidas se atiende, como regla, al tribunal que conoció del proceso anterior. Las reglas de competencia en estos procesos son imperativas: no cabe sumisión expresa ni tácita y el tribunal examina de oficio su competencia, porque protegen el interés de los hijos y del cónyuge más vulnerable. Si existe violencia sobre la mujer, la competencia civil corresponde a las Secciones de Violencia sobre la Mujer en los términos del art. 87 ter de la LOPJ y del art. 49 bis LEC (antes, Juzgados de Violencia sobre la Mujer). Cuando el litigio tiene elementos internacionales, rigen el Reglamento (UE) 2019/1111 (Bruselas II ter, aplicable desde el 1 de agosto de 2022) para la competencia en materia matrimonial y de responsabilidad parental y el Reglamento (CE) 4/2009 para los alimentos.

Legitimación activa y pasiva en los procesos matrimoniales

En los procesos de separación y divorcio solo están legitimados los cónyuges, individualmente (proceso contencioso) o conjuntamente (mutuo acuerdo); ni terceros ni el Ministerio Fiscal pueden instarlos. En la nulidad, el art. 74 del Código Civil permite la acción a los cónyuges, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ella, salvo en los casos de nulidad por error, coacción o miedo grave (art. 74 en relación con el 73), que solo pueden ejercer los cónyuges afectados. La legitimación pasiva corresponde al otro cónyuge. Se trata de acciones personalísimas: el fallecimiento de uno de los cónyuges durante el proceso determina la terminación del mismo por carencia sobrevenida de objeto, sin perjuicio de las pretensiones patrimoniales que puedan continuar. Los menores y las personas con discapacidad afectados no son partes, pero se protege su interés por el Ministerio Fiscal y el tribunal.

Intervención del Ministerio Fiscal en los procesos matrimoniales (art. 749 LEC)

En los procesos de nulidad matrimonial, separación y divorcio el Ministerio Fiscal es parte siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, esté en situación de ausencia legal o sea una persona con discapacidad que precise apoyo para su capacidad jurídica (art. 749.2 LEC); en los demás casos, si los cónyuges son mayores de edad, capaces y no hay hijos menores ni personas dependientes, no es preceptiva su intervención en las cuestiones puramente conyugales. En los procesos sobre capacidad y filiación, el Fiscal es siempre parte (art. 749.1), salvo cuando promueva el proceso, en cuyo caso es el demandante. Su intervención se extiende a las medidas que afectan a los menores (guarda, custodia, alimentos, régimen de comunicación), sobre las que debe emitir informe, y puede oponerse a los acuerdos que considere contrarios al interés del menor. La omisión de su intervención cuando es preceptiva puede determinar la nulidad de las actuaciones.

La nulidad del matrimonio

La nulidad matrimonial se regula sustantivamente en los arts. 73 y siguientes del Código Civil. Son nulos los matrimonios celebrados sin consentimiento matrimonial, los celebrados entre las personas que tienen impedimento no dispensado (por ejemplo, ligamen o parentesco en línea recta), los celebrados sin la intervención de la autoridad competente y los celebrados por error en la identidad de la persona o en cualidades personales esenciales, o por coacción o miedo grave (art. 73). La declaración de nulidad no invalida los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe (art. 79), de modo que el matrimonio putativo produce efectos civiles para el cónyuge de buena fe hasta que se dicta la sentencia, y la buena fe se presume. Se tramita por los mismos cauces que la separación y el divorcio contenciosos (art. 770 LEC), con las especialidades de legitimación. Es el proceso matrimonial menos frecuente ante los tribunales civiles, porque los matrimonios canónicos se declaran nulos por los tribunales eclesiásticos, cuyas resoluciones pueden tener eficacia civil (art. 80 CC y art. 778 LEC) mediante el procedimiento de reconocimiento previsto.

El proceso de separación contenciosa

La separación contenciosa se insta por uno de los cónyuges contra el otro cuando no existe acuerdo sobre la propia separación o sobre sus efectos, sin necesidad de alegar causa alguna desde la reforma de 2005, bastando el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio salvo que se acredite riesgo para la vida, integridad física, libertad, integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos, en cuyo caso no se exige dicho plazo. La sentencia de separación no disuelve el vínculo matrimonial, sino que suspende la vida en común y el deber de convivencia y determina las medidas que han de regir las relaciones personales, patrimoniales y respecto de los hijos mientras subsista la separación. Su relevancia práctica ha disminuido notablemente desde que se permite acudir directamente al divorcio sin necesidad de separación previa, si bien conserva utilidad para aquellos cónyuges que, por convicciones religiosas o personales, no desean disolver definitivamente el vínculo matrimonial pero sí necesitan regular con eficacia jurídica su situación de hecho separada.

El proceso de divorcio contencioso

El divorcio contencioso sigue el mismo cauce procesal que la separación y comparte con ella el mismo requisito temporal (tres meses desde la celebración del matrimonio, salvo las excepciones por riesgo para la vida o integridad ya señaladas), con la diferencia sustantiva de que su sentencia disuelve definitivamente el vínculo matrimonial, permitiendo a los excónyuges contraer nuevo matrimonio. No es necesario haber estado previamente separados para poder divorciarse, pudiendo instarse el divorcio directamente sin necesidad de un proceso de separación previo, conforme al régimen vigente desde la reforma de la Ley 15/2005, que suprimió la exigencia de plazos de separación previa que existía en la legislación anterior. Esta simplificación del acceso al divorcio, conocida coloquialmente como divorcio exprés, constituyó un cambio de gran calado en el Derecho de familia español, al desvincular definitivamente la disolución del vínculo de cualquier necesidad de acreditar causa alguna de crisis matrimonial, bastando la sola voluntad de uno de los cónyuges manifestada transcurrido el plazo legal desde la celebración del matrimonio.

Demanda y documentos que deben acompañarla (art. 770 LEC)

La demanda de nulidad, separación o divorcio contencioso se ajusta a los requisitos del juicio verbal con las especialidades del art. 770 LEC: se presenta con abogado y procurador, y debe acompañarse de la certificación de la inscripción del matrimonio y de las de nacimiento de los hijos, y de los documentos en que el cónyuge funde su derecho y, en particular, los que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges y, si los hay, de los hijos (declaraciones tributarias, nóminas, certificados bancarios), pues sobre esa base se fijan los alimentos, la pensión compensatoria y el destino de la vivienda. Cuando se presenta la demanda, el tribunal admite el procedimiento y los efectos legales se producen desde ese momento (art. 102 CC: los cónyuges pueden vivir separados, cesa la posibilidad de vincular bienes del otro y quedan revocados los consentimientos y poderes). Desde la LO 1/2025, la demanda debe acompañar el documento que acredite el intento de un MASC si este es exigible para las pretensiones de naturaleza patrimonial; no es exigible en lo que no sea de libre disposición (estado civil y medidas relativas a menores).

Admisión de la demanda y emplazamiento

Admitida la demanda, se da traslado de ella al cónyuge demandado y, en su caso, al Ministerio Fiscal, para que la contesten en el plazo de veinte días conforme a las reglas del juicio verbal especial de los arts. 770 y siguientes LEC. El emplazamiento debe practicarse con las máximas garantías, dado que la incomparecencia del demandado no impide la continuación del proceso, si bien la falta de contestación no equivale a un allanamiento tácito a las pretensiones del actor sobre las medidas a adoptar, dada la naturaleza de orden público que revisten las cuestiones relativas al estado civil de las personas y a los intereses de los hijos menores. Por esta misma razón, el tribunal no puede limitarse a dictar una sentencia estimatoria automática ante la incomparecencia del demandado, sino que debe examinar igualmente, con la prueba disponible, si las medidas solicitadas por el actor respecto de los hijos y, en su caso, de la vivienda familiar resultan efectivamente ajustadas al interés que la ley pretende proteger en este tipo de procesos.

Contestación a la demanda y reconvención

El cónyuge demandado puede allanarse a la separación o divorcio solicitado, oponerse a él (lo que solo cabe respecto de las medidas, no respecto de la propia separación o divorcio cuando concurre el presupuesto legal del transcurso de los tres meses), o formular reconvención, exclusivamente para solicitar también la separación o el divorcio, o para pronunciarse sobre medidas definitivas distintas de las propuestas por el actor, no siendo admisible la reconvención sobre materias ajenas al proceso matrimonial. La reconvención debe proponerse en el mismo escrito de contestación, con expresión concreta de las medidas que se solicitan, sin que quepa reconvenir simplemente para reiterar las mismas pretensiones ya formuladas en la demanda. Esta limitación del objeto de la reconvención a la esfera propiamente matrimonial impide, por ejemplo, que el demandado aproveche este cauce para plantear reclamaciones patrimoniales ajenas al régimen económico del matrimonio o a las medidas relativas a los hijos, que deberán, en su caso, ventilarse mediante el proceso declarativo independiente que corresponda según su naturaleza y cuantía.

La vista en los procesos matrimoniales contenciosos

La vista se celebra conforme a las reglas del juicio verbal, con algunas especialidades. Las partes deben comparecer personalmente con sus abogados, porque el interrogatorio de los cónyuges tiene especial importancia. El tribunal puede acordar de oficio las pruebas necesarias para decidir sobre las medidas que afecten a los hijos menores o a las personas con discapacidad (art. 752). Las pruebas sobre los hijos se practican con las garantías necesarias, incluida la exploración del menor en la forma y con las cautelas que procedan, y el tribunal puede recabar el informe del equipo psicosocial adscrito al juzgado. La vista es el momento en que se proponen y practican las pruebas, y el Ministerio Fiscal, cuando es parte, interviene en ella. Las conclusiones se formulan oralmente y la sentencia se dicta en el plazo del juicio verbal.

La prueba en los procesos matrimoniales y sobre menores (arts. 752 y 770 LEC)

Rige la regla de que los procesos de este título se deciden con los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieran sido alegados o introducidos en el proceso, y la conformidad de las partes sobre los hechos no vincula al tribunal, que puede decretar de oficio las pruebas que estime necesarias. La conformidad de las partes sobre los hechos no vincula al tribunal en las materias indisponibles (art. 752.2). En lo relativo a los hijos menores, el tribunal debe oírlos si tienen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años, siempre que se estime necesario o lo pidan el Fiscal, las partes, los miembros del equipo técnico judicial o el propio menor (art. 92.2 y 92.6 CC y art. 9 de la LO 1/1996 de protección jurídica del menor, tras la LO 8/2021). Esta audiencia es un trámite específico de escucha, no una prueba testifical, y se hace en un entorno adaptado, con las cautelas necesarias para que el menor se exprese libremente y no se ponga en riesgo su bienestar.

La sentencia en los procesos matrimoniales contenciosos

La sentencia debe pronunciarse, además de sobre la separación, nulidad o divorcio solicitados, sobre las medidas definitivas que hayan de regir la situación tras la ruptura: guarda y custodia de los hijos, régimen de visitas o de estancias, pensión de alimentos, uso de la vivienda familiar, y, en su caso, pensión compensatoria y liquidación de determinados aspectos patrimoniales cuando se hubiera solicitado su acumulación. El tribunal no está vinculado por el acuerdo de los cónyuges sobre las medidas relativas a los hijos si lo considera perjudicial para ellos, pudiendo apartarse motivadamente de lo pactado o solicitado por ambas partes en defensa del interés superior del menor. Esta facultad de apartamiento, verdaderamente excepcional dentro del proceso civil (donde rige con carácter general el principio dispositivo), constituye una de las manifestaciones más claras del carácter de orden público que revisten las cuestiones relativas a los hijos menores, sobre las que el tribunal conserva siempre un margen de control autónomo, con independencia de cuál sea la voluntad coincidente de ambos progenitores.

Recursos contra la sentencia y ejecutividad de las medidas

La sentencia dictada en primera instancia es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días, conforme al régimen general. El art. 774.5 LEC dispone que los recursos que se interpongan contra las sentencias en estos procesos no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieran acordado en ellas, de modo que las medidas sobre los hijos y las económicas deben cumplirse aunque la sentencia se haya recurrido. La sentencia firme de nulidad, separación o divorcio se inscribe en el Registro Civil (Ley 20/2011), y las modificaciones de medidas pueden tener acceso a él. Los recursos extraordinarios (casación e infracción procesal) están sometidos a los requisitos generales; el recurso de casación exige interés casacional, y el Tribunal Supremo ha unificado criterios en materias como la custodia compartida, el uso de la vivienda o la pensión compensatoria.

La separación y el divorcio de mutuo acuerdo (art. 777 LEC)

Para que se pueda tramitar por mutuo acuerdo (o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro) la separación o el divorcio, deben haber transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, salvo las excepciones por riesgo para la vida, la integridad física o moral, la libertad o la indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos (arts. 81 y 86 CC). A la solicitud, que se formula por ambos o por uno con el consentimiento del otro, se acompaña la propuesta de convenio regulador y los documentos que requiere el art. 777 (certificación de matrimonio, de nacimiento de los hijos y, en su caso, los documentos que acrediten la situación económica). Los cónyuges se ratifican en su petición, se oye a los hijos menores o con discapacidad con suficiente juicio cuando proceda, y se solicita informe al Ministerio Fiscal si hay hijos menores o con discapacidad. El tribunal aprueba el convenio, salvo que sea dañoso para los hijos o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges (art. 90.2 CC), y dicta sentencia de separación o divorcio. No es necesario haber estado previamente separados para solicitar el divorcio (reforma de la Ley 15/2005).

El convenio regulador: contenido (art. 90 del Código Civil)

El convenio regulador debe contener, como mínimo, estos extremos del art. 90.1 del Código Civil: a) el cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de la patria potestad y, en su caso, el régimen de custodia (guarda); b) si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquellos; b bis) el destino de los animales de compañía, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con reparto de los tiempos de convivencia y cuidado y de las cargas asociadas, si procede (añadido por la Ley 17/2021, de 15 de diciembre); c) la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiares; d) la contribución a las cargas del matrimonio y los alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso; e) la liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio; y f) la pensión que conforme al art. 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges. Los acuerdos adoptados por los cónyuges para evitar el litigio o poner término al que hubieran promovido, sobre la nulidad, separación o divorcio, y sus efectos, serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges (art. 90.2). La falta de alguno de los extremos mínimos aplicables al caso impide la aprobación del convenio en la forma presentada. Los convenios no aprobados judicialmente no tienen eficacia por sí mismos como medidas reguladoras y sirven como pacto entre los cónyuges.

Separación y divorcio ante Letrado de la Administración de Justicia o notario (arts. 82 y 87 del Código Civil)

Desde la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, los cónyuges pueden pedir de mutuo acuerdo (o uno con el consentimiento del otro) la separación o el divorcio, una vez transcurridos tres meses desde el matrimonio, mediante: a) decreto del Letrado de la Administración de Justicia, ante el que se formula la solicitud con el convenio regulador; o b) escritura pública ante notario. Requisitos: que no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente (hoy, con discapacidad que precise medidas de apoyo) que dependan de sus progenitores; que ambos cónyuges intervengan asistidos de letrado en ejercicio (o un letrado que los asista conjuntamente); y que el convenio regulador cumpla el contenido legal. Si el LAJ o el notario aprecian que alguno de los acuerdos es dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advierten a los otorgantes y dan por terminado el expediente, quedando expedita la vía judicial. El decreto o la escritura tienen la misma eficacia que la sentencia y se inscriben en el Registro Civil. Estas vías extrajudiciales son hoy las más usadas cuando hay acuerdo y no hay hijos menores, por su rapidez y menor coste, y no pueden utilizarse si hay menores o personas con discapacidad dependientes, porque entonces es preceptiva la tutela judicial y la intervención del Ministerio Fiscal.

Aprobación judicial del convenio regulador

Cuando existen hijos menores o con discapacidad, el convenio regulador debe someterse necesariamente a la aprobación judicial, previo informe del Ministerio Fiscal, pudiendo el tribunal denegar la aprobación de aquellas cláusulas que resulten gravemente perjudiciales para los hijos o para uno de los cónyuges, en cuyo caso debe conceder a las partes un plazo para proponer un nuevo convenio limitado a los extremos denegados, resolviendo en su defecto el propio tribunal sobre dichos extremos. La aprobación judicial no convierte el convenio en una sentencia contenciosa, sino que homologa el acuerdo alcanzado, atribuyéndole fuerza ejecutiva y eficacia de cosa juzgada respecto de su contenido. Este control judicial de legalidad y de protección del interés del menor, aunque limitado en su alcance a los extremos manifiestamente perjudiciales, constituye la razón última por la que el legislador reserva la vía judicial (frente a la notarial) para todos aquellos supuestos en que existan hijos menores comunes, dado que solo el juez, y no el notario, puede denegar motivadamente la homologación de un pacto contrario al interés de estos.

La modificación de las medidas definitivas (arts. 775 LEC y 90, 91 y 100 CC)

Las medidas definitivas fijadas en sentencia o convenio aprobado judicialmente pueden modificarse cuando se alteren sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al adoptarlas (arts. 90.3 y 91 CC), y respecto de la pensión compensatoria cuando se produzca una alteración sustancial de la fortuna de cualquiera de los cónyuges (art. 100 CC). Según el art. 775 LEC, el cónyuge o el Ministerio Fiscal (cuando haya hijos menores o personas con discapacidad) pueden pedir la modificación al tribunal que dictó la resolución; si hay acuerdo de los cónyuges, se tramita con convenio y las garantías del procedimiento de mutuo acuerdo; si no lo hay, se sustancia por los trámites del juicio verbal con las especialidades del art. 770, con contestación en veinte días. La carga de acreditar el cambio sustancial corresponde a quien lo invoca y no basta el simple paso del tiempo. También es posible modificar de mutuo acuerdo las medidas ante LAJ o notario, en los mismos supuestos en que cabe la separación o divorcio extrajudicial. La exigencia de un cambio verdaderamente sustancial, y no accesorio o previsible, responde a la necesidad de dotar de estabilidad a las medidas ya fijadas.

Referencia a las crisis de las uniones estables de pareja

La LEC no regula un proceso específico para la ruptura de las parejas de hecho, porque no hay matrimonio que disolver. Las cuestiones relativas a los hijos comunes (guarda y custodia, alimentos, régimen de comunicación) se tramitan por el proceso del art. 770 en virtud de la remisión del art. 748.4.º, que lo extiende a los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra otro en nombre de los hijos, con competencia determinada por el art. 769.3 (domicilio del demandado o residencia del menor, a elección del demandante), y aplicando criterios sustantivos análogos a los del divorcio, ya que la Constitución exige la protección integral de los hijos con independencia de su filiación (art. 39.2). En cuanto a las cuestiones entre los miembros de la pareja (reparto de bienes, compensación económica por desequilibrio), no existe una regulación estatal general: el Derecho civil estatal carece de una norma sobre parejas de hecho, y las comunidades autónomas con competencia han regulado sus parejas estables (con distintos efectos). El Tribunal Supremo ha rechazado aplicar por analogía las normas del matrimonio y ha admitido remedios como el enriquecimiento injusto o la compensación por pacto, y la pensión compensatoria del art. 97 CC no se aplica sin más a estas parejas. Esos litigios se ventilan en el juicio declarativo que corresponda por cuantía y materia.

Medidas provisionales: previas, coetáneas y derivadas de la admisión de la demanda (arts. 771 a 773 LEC y 102 y 103 CC)

Las medidas provisionales son las que regulan la situación de los cónyuges y de los hijos mientras se tramita el proceso matrimonial. a) Medidas previas a la demanda (art. 771): el cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio puede pedir al tribunal que adopte las medidas provisionales que se necesiten (uso de la vivienda, guarda, alimentos, régimen de comunicación), con carácter urgente, sin perjuicio de las que se acuerden por el art. 102 CC; el solicitante debe presentar la demanda en los treinta días siguientes a su adopción ante el mismo tribunal, y si no lo hace las medidas quedan sin efecto (art. 771.5). b) Medidas derivadas de la admisión de la demanda (art. 102 CC): por ministerio de la ley, desde la admisión de la demanda cesa la presunción de convivencia conyugal, quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro y cesa la posibilidad de vincular los bienes del otro en el ejercicio de la potestad doméstica. c) Medidas coetáneas (arts. 772 y 773): cuando se presenta la demanda, o en el curso del proceso, cualquiera de los cónyuges puede solicitar medidas provisionales que se resolverán en una comparecencia distinta de la vista del proceso principal. Las medidas provisionales se resuelven mediante auto tras una comparecencia con los cónyuges y el Fiscal y pueden modificarse si cambian las circunstancias. Se rigen por el criterio del interés del menor en lo relativo a los hijos y por la necesidad y provisionalidad en lo económico.

Guarda y custodia de los hijos: criterios legales y jurisprudenciales

El art. 92 del Código Civil dispone que la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos, y que el juez debe velar por el interés superior del menor y adoptar las medidas pertinentes. La guarda y custodia puede ser exclusiva, a favor de uno de los progenitores, o compartida, con alternancia de periodos de convivencia. El art. 92.5 permite acordar la custodia compartida cuando lo soliciten los progenitores en la propuesta de convenio o cuando se llegue a un acuerdo en el procedimiento, y el art. 92.8 permite acordarla incluso a petición de uno solo de los progenitores, de forma excepcional, cuando por las circunstancias lo aconsejen. La exigencia de informe favorable del Ministerio Fiscal, que preveía el art. 92.8 para este último supuesto, fue declarada inconstitucional y nula por la STC 185/2012, de 17 de octubre. El Tribunal Supremo ha establecido que la custodia compartida no es una medida excepcional sino la que, si es posible y siempre que se favorezca el interés del menor, debe considerarse normal e incluso deseable (STS 257/2013, de 29 de abril), a valorar según criterios como la práctica anterior de los progenitores, sus aptitudes, la relación entre ellos, la proximidad de domicilios, los informes técnicos y la opinión del menor. El art. 92.7 CC excluye la custodia compartida cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, y cuando el juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. La patria potestad se ejerce, como regla, conjuntamente, salvo atribución a uno de los progenitores por resolución motivada.

Régimen de visitas, estancias y comunicación (art. 94 CC)

El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía, y el juez determinará el tiempo, modo y lugar de ejercicio. El régimen de visitas se concreta con el detalle necesario para evitar conflictos (días, horarios, vacaciones, recogida y entrega, comunicación telefónica), incluyendo la relación con los abuelos y otros parientes y allegados (art. 160 CC). Podrá limitar o suspender las visitas si se dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. No procede el establecimiento de un régimen de visitas, y si existiera se suspende, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o si el juez advierte indicios fundados de violencia doméstica o de género (art. 94 CC); en tales casos puede establecerse un régimen de comunicación supervisado, como los puntos de encuentro familiar, si el interés del menor lo aconseja. Las visitas a los nietos de los abuelos se regulan con el criterio del interés del menor.

Alimentos de los hijos: contenido, fijación y régimen jurídico

El juez determinará en todo caso la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento (art. 93.1 CC). Se fija en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (art. 146 CC) y comprende lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación (art. 142), y tiene carácter de orden público, por lo que el tribunal se pronuncia sobre ella aunque no se haya pedido cuando hay hijos menores comunes. Si los hijos mayores de edad conviven en el domicilio familiar y carecen de ingresos propios, el juez fijará en la misma resolución los alimentos que sean debidos conforme a los arts. 142 y siguientes (art. 93.2). Los alimentos se devengan desde la interposición de la demanda (art. 148), el derecho a los futuros es irrenunciable (art. 151), y las pensiones ya devengadas y no reclamadas prescriben a los cinco años (art. 1966 CC). Para orientarse, los órganos judiciales suelen utilizar las tablas orientadoras del Consejo General del Poder Judicial, que no son vinculantes. Los gastos extraordinarios necesarios se reparten conforme al convenio o a la resolución. En caso de impago, existe el delito de impago de prestaciones económicas del art. 227 del Código Penal.

Uso de la vivienda familiar (art. 96 CC)

En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, mientras la menor edad dure (art. 96.1). Cuando alguno de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el juez resolverá lo procedente (art. 96.2). No habiendo hijos, podrá atribuirse el uso de la vivienda familiar, por el tiempo que prudencialmente se fije, al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección (art. 96.3). Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su defecto, autorización judicial (art. 96.4). El derecho de uso puede inscribirse en el Registro de la Propiedad y es oponible a terceros desde su inscripción. Tratándose de custodia compartida, la jurisprudencia admite la atribución temporal del uso al progenitor más necesitado o a la vivienda según el reparto, valorando el interés del menor. La atribución no altera la titularidad del inmueble ni la forma de su adjudicación en la liquidación del régimen económico.

La pensión compensatoria (arts. 97 a 101 CC)

El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una compensación que se fijará en la resolución judicial (art. 97). No se fija de oficio, sino a petición de parte, y corresponde a quien la reclama acreditar el desequilibrio. Para fijarla, el juez valora: los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges; la edad y el estado de salud; la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo; la dedicación pasada y futura a la familia; la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal; la pérdida eventual de un derecho de pensión; el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge; y cualquier otra circunstancia relevante. Puede ser temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única (art. 97), y se extingue por el cese de la causa que la motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o vivir maritalmente con otra persona (art. 101). La tendencia de la jurisprudencia es fijarla con carácter temporal, por el tiempo en que el acreedor pueda razonablemente superar el desequilibrio, y reservar la indefinida a los matrimonios muy largos o con especial dificultad de reincorporación laboral. Puede modificarse por alteración sustancial de la fortuna de los cónyuges (art. 100).

Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas (art. 776 LEC)

El art. 776 LEC regula la ejecución de los pronunciamientos sobre medidas. 1.ª Las obligaciones de pago de cantidades (alimentos, pensión compensatoria, gastos extraordinarios) se ejecutan conforme a las reglas generales de la ejecución dineraria; las pensiones devengadas y no satisfechas pueden reclamarse directamente mediante despacho de ejecución, sin nuevo proceso declarativo, y el tribunal puede adoptar medidas de garantía como la retención de ingresos o el embargo de bienes. En la ejecución por deudas alimenticias a favor de los hijos no se aplican los límites de inembargabilidad del art. 607 (art. 608 LEC), correspondiendo al tribunal fijar la cantidad embargable. 2.ª Las obligaciones de hacer o no hacer de carácter personal (entrega de menores, cumplimiento del régimen de visitas, prohibición de acercamiento) se ejecutan conforme a las reglas generales de la ejecución no dineraria, y el tribunal puede imponer multas coercitivas periódicas hasta lograr el cumplimiento (arts. 776 y 709), sin perjuicio de que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de esta naturaleza pueda dar lugar a la modificación del régimen de guarda y visitas, y de la responsabilidad penal que corresponda (sustracción de menores, art. 225 bis del Código Penal; desobediencia; impago de prestaciones, art. 227). Para la ejecución se aplican las reglas generales del Libro III (arts. 517 y siguientes). Las multas coercitivas son una medida de compulsión indirecta, proporcionada a la capacidad económica del obligado y a la gravedad del incumplimiento.

Características comunes de los procesos sobre capacidad, filiación y menores (arts. 749 a 753 LEC)

Los procesos del Título I del Libro IV comparten rasgos derivados de la naturaleza de orden público de las materias que regulan. a) Intervención del Ministerio Fiscal, que es parte en los procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores en los términos del art. 749. b) Indisponibilidad del objeto: no surten efecto el allanamiento, la renuncia ni la transacción (art. 751); tampoco la confesión vincula al tribunal sobre los hechos de la materia indisponible. c) Poderes del tribunal: puede decretar de oficio las pruebas que estime necesarias y decidir sobre los hechos con independencia de la iniciativa de las partes (art. 752). d) La falta de contestación del demandado no se interpreta como admisión de los hechos ni como allanamiento: el tribunal debe formar convicción con la prueba practicada. e) Tramitación por el juicio verbal con contestación en veinte días (art. 753), con las especialidades de cada proceso. f) Capacidad procesal (art. 7): las personas con discapacidad pueden comparecer por sí mismas o con apoyos cuando la ley lo permita (art. 758 para los procesos de apoyos). g) Las sentencias sobre estado civil se inscriben en el Registro Civil.

Proceso de adopción de medidas judiciales de apoyo: ámbito y competencia (arts. 756 a 758 LEC)

Los arts. 756 a 763 LEC (Capítulo II del Título I, tras la reforma de la Ley 8/2021) regulan los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad. Es competente el tribunal de primera instancia del lugar donde resida la persona a la que se refiera la solicitud de apoyo o, en su caso, el que haya sido designado (art. 756). El procedimiento es subsidiario: solo procede la medida judicial cuando la persona no cuenta con apoyos voluntarios suficientes (poderes y mandatos preventivos, autocuratela) o con una guarda de hecho adecuada (art. 255 CC); en los casos en que la persona no se opone, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria prevé un expediente para la provisión de apoyos (arts. 42 bis a y siguientes LJV), reservándose el proceso contencioso de la LEC cuando haya oposición o sea necesaria una resolución con plenitud de garantías. La persona afectada puede comparecer con su propia defensa y representación; si no lo hace, el Fiscal actúa en su defensa o se nombra defensor judicial (art. 758). La ley sustituyó el proceso de incapacitación y el principio de sustitución de la voluntad por un modelo de apoyos que respeta la voluntad, deseos y preferencias de la persona (arts. 249 y 250 CC; Convención de Nueva York de 2006).

Legitimación activa en los procesos de provisión de apoyos a personas con discapacidad

Están legitimados para promover el proceso la propia persona con discapacidad, su cónyuge no separado de hecho o legalmente, o quien se encuentre en situación asimilable, los descendientes, ascendientes o hermanos, y el Ministerio Fiscal, quien debe instar el proceso cuando las personas mencionadas no existan o no lo hayan solicitado y resulte necesaria la provisión judicial de apoyos. Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan determinar la necesidad de proveer de apoyo judicial a una persona con discapacidad, para que este valore instar el correspondiente procedimiento si lo estima procedente. Esta amplia legitimación, unida a la posibilidad de que cualquier ciudadano ponga los hechos en conocimiento del Fiscal, garantiza que la ausencia de familiares próximos dispuestos a actuar no deje desprotegida a una persona con discapacidad que efectivamente precise de la adopción de medidas judiciales de apoyo para el ejercicio pleno de su capacidad jurídica.

Pruebas preceptivas en primera instancia (art. 759 LEC)

Antes de dictar sentencia sobre la provisión de apoyos, el tribunal debe practicar, con carácter preceptivo, estas diligencias: oír a los parientes más próximos de la persona con discapacidad; examinar por sí mismo a la persona afectada (entrevista personal); y recabar un dictamen pericial de profesionales especializados (medico-forense o equipo multidisciplinar), que se aporta por el solicitante o se acuerda de oficio, sobre la situación de la persona y los apoyos que precisa. Además, practica las pruebas que se acuerden de oficio o a instancia del Fiscal y de las demás partes. El Ministerio Fiscal informa y puede proponer prueba. La finalidad es determinar los concretos actos para los que la persona necesita apoyo y evitar en lo posible medidas que sustituyan su voluntad. La omisión de estos trámites preceptivos puede viciar la resolución. La entrevista personal es especialmente relevante, porque permite al juzgador conocer su situación real, más allá de lo que pueda reflejar la documentación, en coherencia con el modelo de apoyos.

Pruebas preceptivas en segunda instancia

El art. 759 LEC extiende la exigencia de inmediación a la segunda instancia: si se interpone apelación contra la sentencia, el tribunal que conozca del recurso debe garantizar que se hayan practicado las diligencias preceptivas y, cuando no se hubiera hecho en primera instancia o sea necesario para formar su convicción, debe oír por sí mismo a la persona con discapacidad y practicar las pruebas que procedan (dictamen pericial, audiencia de parientes). De esta manera, la revisión no puede basarse exclusivamente en la documentación escrita del proceso de instancia. Esta reiteración de garantías es poco habitual en el proceso civil y muestra la especial sensibilidad con que el legislador trata las decisiones sobre la capacidad de obrar. El régimen de recursos es el general, con apelación ante la Audiencia Provincial.

La sentencia en los procesos de provisión de apoyos (art. 760 LEC)

La sentencia determinará los actos para los que la persona requiere el apoyo y la extensión y límites de las medidas, el régimen de actuación y, en su caso, el nombramiento de la persona o personas que hayan de prestarlo (curador, guardador de hecho, defensor judicial), la forma de ejercicio del apoyo, las salvaguardas para evitar abusos, conflictos de intereses e influencia indebida, y el plazo de revisión, todo ello ajustado a las circunstancias concretas y respetando los principios de necesidad y proporcionalidad. La curatela es la medida de apoyo judicial por excelencia (art. 250 CC), con carácter asistencial; la curatela representativa solo se establece excepcionalmente, cuando resulte imprescindible (art. 269 CC). No cabe una declaración general de incapacidad, ni la privación de derechos civiles, ni la sustitución genérica. Debe motivar por qué es necesario el apoyo y por qué esa medida es la menos restrictiva. La sentencia se inscribe en el Registro Civil. Las medidas voluntarias (poderes preventivos, autocuratela) y la guarda de hecho prevalecen, y las medidas judiciales solo se adoptan en defecto o insuficiencia de aquellas (art. 255 CC).

Medidas cautelares e internamiento no voluntario (arts. 762 y 763 LEC)

En los procesos de apoyos, cuando exista riesgo para la persona o su patrimonio, el tribunal, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o de la propia persona, puede adoptar las medidas cautelares necesarias para la adecuada protección del bien jurídico, incluidas las medidas de protección de los bienes y la designación provisional de un defensor judicial (art. 762). El internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico requiere autorización judicial previa, salvo urgencia en que se da cuenta al tribunal en las veinticuatro horas siguientes; el tribunal examina a la persona, oye al Fiscal y a quien corresponda y recaba el dictamen de un facultativo, y la autorización o su denegación se resuelven por auto en el plazo previsto (art. 763), con revisión periódica. La decisión sobre un internamiento no voluntario es independiente de la provisión de apoyos.

La revisión de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas (art. 761 LEC y 268 CC)

Las medidas de apoyo adoptadas judicialmente son revisables, y deben revisarse periódicamente en el plazo máximo de tres años o, excepcionalmente y en resolución motivada, de hasta seis años (art. 268 CC). Asimismo, la ley permite que las medidas se revisen en cualquier momento si hay un cambio en las circunstancias que determinaron su adopción (art. 761 LEC): la modificación puede pedirla la propia persona con discapacidad, el Ministerio Fiscal o cualquiera de las personas legitimadas para instar el proceso inicial, y se tramita por el mismo cauce, con las mismas pruebas preceptivas del art. 759 que sean necesarias. El tribunal puede mantener, modificar o dejar sin efecto la medida, o sustituirla por otra más adecuada a la evolución de la persona. Esta exigencia de revisión periódica obligatoria es una diferencia sustancial con el régimen anterior de incapacitación, que no preveía una reevaluación equivalente, y refleja la concepción dinámica de la discapacidad, susceptible de evolucionar. Para las medidas adoptadas antes de la Ley 8/2021, la disposición transitoria quinta de esta ley estableció su revisión en el plazo máximo de tres años desde su entrada en vigor, a instancia del Ministerio Fiscal o de las personas interesadas.

La Ley 8/2021 y la adaptación de la legislación civil y procesal

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (BOE de 3 de junio de 2021, en vigor desde el 3 de septiembre de 2021), adaptó el ordenamiento español a la Convención de Nueva York de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Suprimió la incapacitación, la tutela de las personas con discapacidad y la patria potestad prorrogada o rehabilitada, y creó un sistema de apoyos basado en el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona (art. 249 CC). Las medidas son: la guarda de hecho (arts. 250 y 263 y siguientes), la curatela (arts. 268 y siguientes), el defensor judicial (art. 295) y las medidas voluntarias de apoyo (poderes y mandatos preventivos, autocuratela). La curatela representativa es excepcional (art. 269). Reformó la LEC (arts. 756 y siguientes), la Ley de la Jurisdicción Voluntaria (arts. 42 bis a a c), la Ley del Notariado y la Ley Hipotecaria, entre otras.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Los procesos matrimoniales contenciosos se tramitan por el juicio verbal con las especialidades de los arts. 770 y siguientes LEC (contestación en veinte días); la vía de mutuo acuerdo exige convenio regulador y, con hijos menores, aprobación judicial previa al informe del Fiscal.
  • Competencia en nulidad, separación y divorcio (art. 769): domicilio conyugal; carácter imperativo, sin sumisión; la modificación de medidas, por regla general ante el tribunal que conoció del proceso. Con violencia sobre la mujer, Secciones de Violencia sobre la Mujer (art. 87 ter LOPJ y art. 49 bis LEC).
  • Desde la Ley 15/2005 no se exige alegar causa para separarse o divorciarse: solo el transcurso de tres meses desde el matrimonio, salvo riesgo para la vida, integridad o libertad del cónyuge o los hijos (arts. 81 y 86 CC).
  • Sin hijos menores ni personas con discapacidad dependientes, la separación o el divorcio de mutuo acuerdo puede formalizarse ante el Letrado de la Administración de Justicia (decreto) o notario (escritura), con abogado, tras la Ley 15/2015.
  • El Ministerio Fiscal es parte en los procesos matrimoniales cuando haya menores, personas con discapacidad o ausentes interesados (art. 749.2 LEC).
  • Medidas previas a la demanda (art. 771): la demanda debe presentarse en treinta días ante el mismo tribunal; si no, quedan sin efecto. Desde la admisión de la demanda se producen los efectos del art. 102 CC.
  • Los recursos contra las sentencias en estos procesos no suspenden la eficacia de las medidas acordadas (art. 774.5 LEC).
  • Contenido mínimo del convenio regulador (art. 90 CC): guarda y patria potestad, visitas, destino de los animales de compañía (Ley 17/2021), vivienda, cargas y alimentos, liquidación del régimen y pensión compensatoria.
  • El juez aprueba el convenio salvo que sea dañoso para los hijos o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges (art. 90.2 CC).
  • Custodia compartida: el requisito de informe favorable del Fiscal del art. 92.8 CC fue declarado inconstitucional (STC 185/2012); el TS la considera la solución normal y deseable si favorece al menor (STS 257/2013); no procede con indicios de violencia doméstica o de género (art. 92.7 CC).
  • Alimentos de los hijos: orden público, se fijan aunque no se pidan; se deben desde la demanda; las pensiones devengadas prescriben a los cinco años; en su ejecución no se aplican los límites de inembargabilidad del art. 607 (art. 608 LEC).
  • La pensión compensatoria (art. 97 CC) solo se fija a instancia de parte; puede ser temporal o indefinida; se extingue por convivencia marital o nuevo matrimonio del acreedor (art. 101).
  • Uso de la vivienda familiar (art. 96 CC): a los hijos menores y al progenitor con quien convivan, con independencia de la titularidad; sin hijos, temporalmente al cónyuge más necesitado; inscribible en el Registro de la Propiedad.
  • Ejecución de las medidas (art. 776 LEC): las pensiones por vía ejecutiva sin nuevo declarativo; las obligaciones personales con multas coercitivas periódicas y posible modificación de medidas.
  • Crisis de la pareja de hecho: sin proceso matrimonial, pero los procesos sobre guarda, custodia y alimentos de hijos comunes siguen el cauce del art. 770 (art. 748.4.º LEC); las cuestiones patrimoniales entre convivientes, por el juicio declarativo que corresponda.
  • Ley 8/2021: suprime la incapacitación, la tutela y la patria potestad prorrogada para personas con discapacidad; curatela asistencial como regla y representativa solo excepcional (art. 269 CC).
  • Procesos de apoyos (arts. 756 a 763 LEC): competencia del tribunal del lugar de residencia de la persona; subsidiarios de las medidas voluntarias y de la guarda de hecho; legitimados la persona, su cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos y el Ministerio Fiscal.
  • Pruebas preceptivas (art. 759): audiencia de los parientes más próximos, entrevista personal del tribunal con la persona y dictamen pericial; la inmediación se refuerza en segunda instancia.
  • Revisión de las medidas de apoyo: en el plazo máximo de tres años, o seis excepcionalmente motivados (art. 268 CC); modificación en cualquier momento por cambio de circunstancias (art. 761 LEC).
  • Trampa típica: la renuncia, el allanamiento y la transacción no operan libremente en estos procesos por la indisponibilidad del objeto (art. 751 LEC); la rebeldía o falta de contestación no es admisión de hechos.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Desde la reforma de la Ley 15/2005, para solicitar la separación o el divorcio, ¿qué plazo debe haber transcurrido, con carácter general, desde la celebración del matrimonio?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 30 de Gestión Procesal (Justicia)?

Este tema reúne dos bloques del Libro IV de la LEC (De los procesos especiales), Título I: los procesos matrimoniales (nulidad, separación y divorcio, contenciosos o de mutuo acuerdo, con sus medidas provisionales y definitivas, su modificación y su ejecución forzosa, y una referencia a la crisis de las uniones estables de pareja) y las características comunes de los procesos sobre capacidad, filiación y menores, con especial atención al proceso de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, que la Ley 8/2021, de 2 de junio, sustituyó al antiguo proceso de incapacitación. Todos ellos comparten rasgos propios de las materias de orden público: indisponibilidad relativa del objeto, intervención del Ministerio Fiscal cuando hay menores o personas con discapacidad, limitación de los poderes dispositivos de las partes y reforzamiento de los poderes de investigación del tribunal. Desde la LO 1/2025, la competencia corresponde a las Secciones de Familia o civiles de los Tribunales de Instancia (o a las Secciones de Violencia sobre la Mujer cuando concurra la competencia especial).

¿Qué hay que memorizar del Tema 30 para el examen?

Los procesos matrimoniales contenciosos se tramitan por el juicio verbal con las especialidades de los arts. 770 y siguientes LEC (contestación en veinte días); la vía de mutuo acuerdo exige convenio regulador y, con hijos menores, aprobación judicial previa al informe del Fiscal. Competencia en nulidad, separación y divorcio (art. 769): domicilio conyugal; carácter imperativo, sin sumisión; la modificación de medidas, por regla general ante el tribunal que conoció del proceso. Con violencia sobre la mujer, Secciones de Violencia sobre la Mujer (art. 87 ter LOPJ y art. 49 bis LEC). Desde la Ley 15/2005 no se exige alegar causa para separarse o divorciarse: solo el transcurso de tres meses desde el matrimonio, salvo riesgo para la vida, integridad o libertad del cónyuge o los hijos (arts. 81 y 86 CC). Sin hijos menores ni personas con discapacidad dependientes, la separación o el divorcio de mutuo acuerdo puede formalizarse ante el Letrado de la Administración de Justicia (decreto) o notario (escritura), con abogado, tras la Ley 15/2015. El Ministerio Fiscal es parte en los procesos matrimoniales cuando haya menores, personas con discapacidad o ausentes interesados (art. 749.2 LEC). Medidas previas a la demanda (art. 771): la demanda debe presentarse en treinta días ante el mismo tribunal; si no, quedan sin efecto. Desde la admisión de la demanda se producen los efectos del art. 102 CC. Los recursos contra las sentencias en estos procesos no suspenden la eficacia de las medidas acordadas (art. 774.5 LEC). Contenido mínimo del convenio regulador (art. 90 CC): guarda y patria potestad, visitas, destino de los animales de compañía (Ley 17/2021), vivienda, cargas y alimentos, liquidación del régimen y pensión compensatoria. El juez aprueba el convenio salvo que sea dañoso para los hijos o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges (art. 90.2 CC). Custodia compartida: el requisito de informe favorable del Fiscal del art. 92.8 CC fue declarado inconstitucional (STC 185/2012); el TS la considera la solución normal y deseable si favorece al menor (STS 257/2013); no procede con indicios de violencia doméstica o de género (art. 92.7 CC). Alimentos de los hijos: orden público, se fijan aunque no se pidan; se deben desde la demanda; las pensiones devengadas prescriben a los cinco años; en su ejecución no se aplican los límites de inembargabilidad del art. 607 (art. 608 LEC). La pensión compensatoria (art. 97 CC) solo se fija a instancia de parte; puede ser temporal o indefinida; se extingue por convivencia marital o nuevo matrimonio del acreedor (art. 101). Uso de la vivienda familiar (art. 96 CC): a los hijos menores y al progenitor con quien convivan, con independencia de la titularidad; sin hijos, temporalmente al cónyuge más necesitado; inscribible en el Registro de la Propiedad. Ejecución de las medidas (art. 776 LEC): las pensiones por vía ejecutiva sin nuevo declarativo; las obligaciones personales con multas coercitivas periódicas y posible modificación de medidas. Crisis de la pareja de hecho: sin proceso matrimonial, pero los procesos sobre guarda, custodia y alimentos de hijos comunes siguen el cauce del art. 770 (art. 748.4.º LEC); las cuestiones patrimoniales entre convivientes, por el juicio declarativo que corresponda. Ley 8/2021: suprime la incapacitación, la tutela y la patria potestad prorrogada para personas con discapacidad; curatela asistencial como regla y representativa solo excepcional (art. 269 CC). Procesos de apoyos (arts. 756 a 763 LEC): competencia del tribunal del lugar de residencia de la persona; subsidiarios de las medidas voluntarias y de la guarda de hecho; legitimados la persona, su cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos y el Ministerio Fiscal. Pruebas preceptivas (art. 759): audiencia de los parientes más próximos, entrevista personal del tribunal con la persona y dictamen pericial; la inmediación se refuerza en segunda instancia. Revisión de las medidas de apoyo: en el plazo máximo de tres años, o seis excepcionalmente motivados (art. 268 CC); modificación en cualquier momento por cambio de circunstancias (art. 761 LEC). Trampa típica: la renuncia, el allanamiento y la transacción no operan libremente en estos procesos por la indisponibilidad del objeto (art. 751 LEC); la rebeldía o falta de contestación no es admisión de hechos.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 748-763 y 769-778 (procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores), 517 y ss., 607-608 y 709.
  • Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil, arts. 73-101, 102-103, 142-153, 160, 249-300 y 1966.
  • Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la LEC en materia de separación y divorcio.
  • Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (separación y divorcio ante LAJ o notario; arts. 42 bis a a c).
  • Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
  • Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la LEC, sobre el régimen jurídico de los animales.
  • Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo (Bruselas II ter) y Reglamento (CE) n.º 4/2009 (alimentos).
  • STC 185/2012, de 17 de octubre; STS 257/2013, de 29 de abril (custodia compartida).

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