Tema 33. El recurso de casación. Características. Resoluciones recurribles. Motivos de recurso. Objeto y efectos del recurso. Competencia. Procedimiento. Medios de rescisión de las sentencias firmes. La audiencia al demandado rebelde. La revisión de las sentencias firmes.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El recurso de casación civil (arts. 477 a 489 LEC) es un recurso extraordinario y devolutivo que se interpone contra determinadas sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo o, cuando se funda en Derecho civil, foral o especial propio y el Estatuto de Autonomía lo prevé, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Su finalidad es controlar la correcta aplicación de la norma sustantiva y unificar la jurisprudencia, no revisar los hechos ni constituir una tercera instancia. Este tema estudia sus características, las resoluciones recurribles y las vías de acceso (tutela de derechos fundamentales, cuantía e interés casacional), el motivo de recurso, el objeto y los efectos, la competencia y el procedimiento (preparación, interposición, personación, admisión, oposición, vista y sentencia), junto con el recurso extraordinario por infracción procesal con el que se interpone, y los medios de rescisión de sentencias firmes: la rescisión a instancia del demandado rebelde (arts. 496 a 508) y la revisión de sentencias firmes (arts. 509 a 516).
Concepto y características del recurso de casación civil
La casación es un recurso extraordinario, devolutivo y, en principio, no suspensivo, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo o a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en los casos legalmente previstos. Características: a) extraordinario, porque exige un motivo tasado y no cabe fuera de los supuestos legales; b) limitado a cuestiones jurídicas: no permite revisar los hechos declarados probados ni valorar de nuevo la prueba, que solo puede discutirse, y de manera muy restringida, por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal; c) formalista y rigurosamente filtrado en la fase de admisión; d) con una función de protección de la ley (función nomofiláctica) y de unificación de la doctrina, que el Tribunal Supremo cumple fijando doctrina jurisprudencial, entendida como la doctrina reiterada del Alto Tribunal; e) no constituye una tercera instancia. El recurrente debe estructurar su recurso en motivos separados, cada uno con cita de la norma infringida y razonamiento de su infracción.
Resoluciones recurribles en casación
Según el artículo 477.2 LEC, son recurribles las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos: 1.º las dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, salvo los reconocidos en el artículo 24 de la Constitución; 2.º las dictadas cuando la cuantía del asunto exceda de 600.000 euros; y 3.º las que presenten interés casacional, que es la vía aplicable cuando la cuantía no excede de 600.000 euros o el proceso se ha tramitado por razón de la materia. Es importante retener que la apelación sigue resolviéndose en la Audiencia Provincial (a través de sus secciones civiles), sin que las reformas organizativas de los Tribunales de Instancia hayan alterado este esquema. Los autos solo son recurribles en los casos legalmente previstos. En ningún caso procede casación contra sentencias de primera instancia, salvo que la ley establezca el recurso per saltum, ni contra las dictadas en materias en las que la ley excluye expresamente este recurso.
Motivo del recurso de casación
El recurso de casación debe fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (art. 477.1 LEC). Comprende la infracción de normas sustantivas (aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de un precepto legal) y de la doctrina jurisprudencial. No es motivo de casación la discrepancia con la valoración de la prueba ni con los hechos fijados por la sentencia de apelación, ni la vulneración de normas procesales, que corresponde al recurso extraordinario por infracción procesal. La técnica del recurso exige citar la norma infringida y razonar cómo, aplicada a los hechos probados, debió llevar a otra solución; el recurso que plantea el asunto como si fuera una nueva apelación es inadmitido. El Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2017, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, sistematiza las exigencias formales de ambos recursos.
El interés casacional
El artículo 477.3 LEC considera que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. Cuando el recurso corresponda a un Tribunal Superior de Justicia, se entiende que hay interés casacional si la sentencia se opone a doctrina jurisprudencial o no existe doctrina de ese Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma. El recurrente debe justificar expresamente en el escrito de interposición en qué consiste el interés casacional, citando las sentencias que fundamentan la oposición, contradicción o falta de jurisprudencia. Se exige que la doctrina sea reiterada, y no basta una sentencia aislada, y que la resolución impugnada se oponga a ella en la ratio decidendi.
Casación por razón de cuantía y por tutela de derechos fundamentales
La cuantía como vía de acceso exige que el asunto exceda de 600.000 euros. Se aplica a procesos tramitados por razón de la cuantía (no de la materia) y cuya cuantía esté determinada. Cuando la cuantía es inferior o indeterminada, o el proceso se tramita por razón de la materia (como los procesos de familia, filiación, capacidad o los de condiciones generales de la contratación en la medida en que lo establezca la ley), la única vía es el interés casacional. La tutela judicial civil de derechos fundamentales (honor, intimidad, propia imagen, entre otros, excepto los del artículo 24 de la Constitución) abre la vía de casación con independencia de la cuantía, y en estos procesos interviene el Ministerio Fiscal. Las tres vías son alternativas: basta que concurra una de ellas, y el recurrente debe indicar cuál invoca. Es un error de examen exigir interés casacional además de la cuantía.
Objeto del recurso
El objeto de la casación son las cuestiones jurídicas planteadas y resueltas en la sentencia recurrida, que se hayan suscitado oportunamente en las instancias. No pueden introducirse cuestiones nuevas, ni alterarse la causa de pedir, ni pretender una revisión del pleito. El Tribunal Supremo queda vinculado por los hechos declarados probados, salvo cuando, junto con la casación, se haya estimado el recurso extraordinario por infracción procesal por error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba que vulnere el artículo 24 de la Constitución. La sentencia puede apreciar de oficio las cuestiones de orden público. En la casación autonómica, el objeto es la infracción de normas de Derecho civil, foral o especial propio, con las mismas limitaciones.
Efectos de la interposición del recurso
La interposición de la casación no suspende la ejecución provisional de la sentencia recurrida. El litigante que ganó puede solicitar la ejecución provisional conforme a los artículos 524 y siguientes de la LEC, y el ejecutado puede oponerse en los casos legales, y se responde por los daños que cause la ejecución provisional si luego se revoca. La razón es evitar que la mera interposición de un recurso extraordinario prive de efectividad a una sentencia confirmada en apelación. La estimación del recurso deja sin efecto la sentencia recurrida y obliga a restituir las cosas al estado anterior; si la restitución no es posible por haberse consumado la ejecución, procede una indemnización sustitutiva. Excepciones: no cabe ejecución provisional en las sentencias que declaran la nulidad de matrimonio o determinan la capacidad o el estado civil en los términos previstos por la ley.
Competencia: Sala Primera del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia
Corresponde a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocer de los recursos de casación en general. Corresponde a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación cuando el recurso se funde, exclusivamente o junto con otros motivos, en infracción de normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad Autónoma, siempre que el Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución (art. 478 LEC). Es una competencia que se ha reconocido a Comunidades con Derecho civil propio, como Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia, Comunitat Valenciana (con las particularidades del caso) o Baleares. No cabe interponer simultáneamente el mismo recurso ante ambos órganos. En la práctica, el recurrente debe valorar si su recurso se funda en normas autonómicas, y la Sala que no sea competente declara su incompetencia.
El recurso extraordinario por infracción procesal
El recurso extraordinario por infracción procesal (arts. 468 a 476 LEC) se interpone contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y se funda únicamente en los motivos tasados del artículo 469.1: 1.º infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional; 2.º infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia; 3.º infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión; 4.º vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución. Requiere haber denunciado la infracción en la instancia, si hubo oportunidad, y haber pedido su subsanación. Cuando se interpone junto con la casación, ambos recursos se tramitan conjuntamente ante el mismo tribunal y se resuelve en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal: si se estima, se anula la sentencia y se reponen las actuaciones, y el tribunal no entra en la casación.
Preparación del recurso
El recurso de casación se prepara mediante escrito presentado ante el tribunal que dictó la sentencia recurrida, en el plazo de veinte días desde la notificación de la sentencia, en el que se expone de manera sucinta la concurrencia de los requisitos: resolución recurrible, legitimación, plazo y la vía de acceso (cuantía o interés casacional) y se acredita, con el depósito para recurrir de 50 euros, salvo exención. El tribunal a quo se limita a comprobar los requisitos formales de la preparación, sin entrar en la viabilidad del recurso, y dicta resolución teniendo por preparado el recurso o denegando su preparación. Contra la denegación cabe recurso de queja ante el tribunal competente para conocer de la casación, en el plazo de diez días. Los motivos no se desarrollan todavía.
Interposición del recurso
Tenido por preparado el recurso, se emplaza a las partes para que se personen ante el tribunal competente en el plazo de treinta días. El recurrente dispone de veinte días desde la notificación de la resolución que tiene por preparado el recurso para presentar el escrito de interposición ante el tribunal que dictó la sentencia (art. 481 LEC). En el escrito debe: a) exponer los motivos con claridad, en apartados separados; b) citar las normas infringidas; c) justificar el interés casacional cuando es la vía invocada; d) acompañar las sentencias de contraste; y e) indicar los pronunciamientos que se impugnan. El incumplimiento de los requisitos formales o de claridad conduce a la inadmisión. Se tramita junto con el recurso extraordinario por infracción procesal cuando proceda, y ambos pueden interponerse en un mismo escrito.
Personación y admisión
Remitidas las actuaciones al tribunal competente, las partes deben personarse ante él en el plazo establecido: si el recurrente no se persona en plazo se declara desierto el recurso, y si no lo hace el recurrido queda en la situación en que se halle, sin que ello paralice el procedimiento. El tribunal examina la admisibilidad: puede inadmitir el recurso por incumplimiento de los requisitos de forma y plazo, por carecer manifiestamente de fundamento, por falta de interés casacional o cuando la cuestión haya sido ya resuelta de manera reiterada en el mismo sentido por la Sala. Antes de inadmitir se da audiencia a las partes. La inadmisión se acuerda por auto, contra el que no cabe recurso alguno, salvo el incidente de nulidad de actuaciones. La admisión se acuerda por providencia. En la práctica, una proporción muy elevada de los recursos se inadmite en esta fase, de ahí la importancia de la correcta justificación del interés casacional.
Oposición, vista y sentencia
Admitido el recurso, se da traslado a las partes recurridas para que formalicen su oposición por escrito en el plazo de veinte días, pudiendo alegar causas de inadmisión no apreciadas y combatir los motivos del recurso. Concluida la oposición, el tribunal señala día para la votación y fallo, y solo celebra vista cuando la considere necesaria o la soliciten todas las partes. La sentencia puede desestimar el recurso, confirmando la sentencia recurrida, o estimarlo; en este caso, el tribunal casa la sentencia y resuelve sobre el fondo con arreglo a los hechos probados y a la ley, dictando una nueva sentencia (art. 487 LEC) en lugar de reenviar el asunto, a diferencia de lo que sucede en otros sistemas de casación. Si el recurso se ha fundado en interés casacional, la sentencia que estime el recurso fija la doctrina jurisprudencial aplicable. Si se estima el recurso extraordinario por infracción procesal, se anula la sentencia y se reponen las actuaciones.
Efectos de la sentencia de casación y costas
La sentencia que desestima el recurso confirma la recurrida, que adquiere firmeza, y la que lo estima la sustituye por una nueva con efecto de cosa juzgada. Si había habido ejecución provisional, procede la restitución y la indemnización de daños según las reglas de los artículos 533 y 534 LEC. En materia de costas, se aplica el artículo 398 LEC: la desestimación íntegra del recurso comporta la condena en costas al recurrente, con los criterios del artículo 394, y la estimación, total o parcial, la ausencia de imposición. Además, si el recurso se desestima o inadmite se pierde el depósito para recurrir. Contra la sentencia de casación no cabe recurso alguno, sin perjuicio del incidente de nulidad de actuaciones y del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Nota sobre reformas recientes de los recursos extraordinarios
El régimen descrito corresponde a los artículos 468 y siguientes y 477 y siguientes de la LEC, y a la disposición final 16.ª, que ha regulado durante años la atribución de competencias y el recurso conjunto. Las reformas procesales de los últimos años (entre ellas la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia) han modificado numerosos aspectos de la LEC, de modo que antes de examinarse conviene comprobar en el texto consolidado si ha variado la redacción de los artículos sobre recursos extraordinarios, especialmente en lo relativo a las vías de acceso, los plazos y la competencia. Lo esencial (carácter extraordinario, motivo tasado, función nomofiláctica y exigencia de interés casacional) permanece.
Medios de rescisión de las sentencias firmes: concepto
La LEC regula, en el Título VI del Libro II (De la rescisión de sentencias firmes a instancia del rebelde y de la revisión de sentencias firmes), dos remedios extraordinarios que permiten dejar sin efecto sentencias firmes: la rescisión a instancia del demandado rebelde (arts. 496 a 508) y la revisión (arts. 509 a 516). No son recursos en sentido estricto, porque se plantean una vez que la sentencia es firme y se tramitan como proceso autónomo mediante demanda. Son de interpretación restrictiva, porque suponen una excepción a la cosa juzgada y a la seguridad jurídica, y no pueden utilizarse para reabrir el debate de fondo ni suplir la falta de diligencia de la parte. Se diferencian entre sí en el motivo (falta de oportunidad de defensa del rebelde frente a hechos o documentos fraudulentos o sobrevenidos) y en el tribunal competente.
Rescisión a instancia del rebelde: legitimación y motivos
Puede pedir la rescisión de la sentencia firme el demandado que haya permanecido constantemente en rebeldía (art. 497 LEC). Los motivos están tasados en el artículo 501: 1.º fuerza mayor ininterrumpida, que impidió al rebelde comparecer en todo momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito; 2.º desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando la citación o el emplazamiento se hubieran practicado por cédula y esta no hubiera llegado a poder del demandado rebelde por causa que no le sea imputable; y 3.º desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando el emplazamiento se hubiera practicado por edictos y el demandado hubiera estado ausente del lugar en que se siguió el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la Comunidad Autónoma durante todo el tiempo transcurrido desde que se emplazó hasta que se dictó la sentencia firme. Si el demandado llegó a comparecer en algún momento, no puede acudir a este remedio.
Rescisión a instancia del rebelde: plazos, competencia y procedimiento
La demanda de rescisión debe presentarse en el plazo de veinte días desde la notificación personal de la sentencia firme; si se notificó por edictos, el plazo es de cuatro meses desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial correspondiente. Estos plazos pueden prolongarse mientras subsista la fuerza mayor que impidió comparecer, sin que en ningún caso pueda presentarse la demanda transcurridos dieciséis meses desde la notificación de la sentencia. Es competente para conocer de la rescisión el mismo tribunal que dictó la sentencia firme impugnada. Se acompaña del depósito de 50 euros. Se tramita con traslado a las demás partes y se resuelve por sentencia. La presentación de la demanda no suspende la ejecución de la sentencia firme, salvo que el tribunal así lo acuerde. Para evitar abusos se imponen costas en caso de desestimación.
Efectos de la estimación de la rescisión
Si se estima la demanda de rescisión, la sentencia firme impugnada se deja sin efecto y se reponen las actuaciones al momento en que debió emplazarse al demandado, para que pueda contestar a la demanda y ejercer su defensa con plenitud, continuando el proceso desde ahí; se respetan, en lo posible, los actos válidamente realizados con las demás partes. Si se desestima, se condena en costas al demandante en rescisión y se pierde el depósito. La rescisión es el remedio procesal que corresponde a la indefensión del rebelde, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) cuando la falta de comparecencia no fue voluntaria.
La revisión de sentencias firmes: concepto, competencia y motivos
La revisión es un proceso autónomo que se inicia mediante demanda para rescindir una sentencia firme cuando, después de su firmeza, aparecen circunstancias que acreditan que se dictó sobre bases falsas o fraudulentas. Es competente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (art. 509 LEC) y, en materia de Derecho civil, foral o especial propio, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia cuando así lo prevea el Estatuto de Autonomía. Los motivos tasados del artículo 510 son: 1.º si después de pronunciada se recobraren u obtuvieren documentos decisivos de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte favorecida; 2.º si se hubiere dictado en virtud de documentos declarados falsos en un procedimiento penal; 3.º si se hubiere dictado en virtud de prueba testifical o pericial y los testigos o peritos hubieran sido condenados por falso testimonio; y 4.º si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.
Plazos, depósito y procedimiento de la revisión
El plazo de caducidad es doble (art. 512 LEC): no puede solicitarse la revisión pasados cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia que se pretende impugnar, y se rechazará la solicitud presentada transcurridos tres meses desde el día en que se descubrieron los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o desde el día del reconocimiento o declaración de la falsedad. La demanda se acompaña del depósito para recurrir, que en el orden civil es de 50 euros según la disposición adicional 15.ª LOPJ, que se pierde si se desestima. Se reclaman los autos del proceso impugnado, se emplaza a quienes fueron parte, se sustancia con audiencia del Ministerio Fiscal y se resuelve por sentencia. La revisión no suspende, por regla general, la ejecución de la sentencia impugnada.
Efectos de la sentencia de revisión
Si el tribunal estima la revisión, rescinde la sentencia impugnada, expide certificación del fallo y manda devolver los autos al tribunal de origen para que las partes usen de su derecho en el juicio correspondiente (art. 516 LEC). La sentencia de revisión no resuelve el fondo del litigio original, a diferencia de la sentencia de casación estimatoria. Si se desestima, se imponen costas al demandante y se pierde el depósito. Conviene no confundir la revisión con el recurso de revisión del artículo 454 bis LEC, que es un recurso contra los decretos del Letrado de la Administración de Justicia, ni con la rescisión del rebelde, cuyo tribunal competente es el que dictó la sentencia.
Cuadro comparativo: casación, rescisión a instancia del rebelde y revisión
Casación: recurso extraordinario contra sentencias de apelación de las Audiencias Provinciales; motivo único, la infracción de norma aplicable al caso; plazos de veinte días para preparar y veinte para interponer; tribunal, la Sala Primera del Tribunal Supremo o, en Derecho foral, el Tribunal Superior de Justicia; si estima, casa y resuelve el fondo. Rescisión a instancia del rebelde: proceso autónomo frente a sentencia firme dictada en rebeldía; legitimado, el rebelde que permaneció en rebeldía constantemente; motivos, fuerza mayor ininterrumpida o desconocimiento no imputable; plazos de veinte días, cuatro meses y tope de dieciséis meses; tribunal, el mismo que dictó la sentencia; si estima, repone actuaciones al emplazamiento. Revisión: proceso autónomo frente a sentencia firme; motivos, documentos decisivos, falsedades, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta; plazos de tres meses y cinco años; tribunal, Sala de lo Civil del Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia en Derecho foral; si estima, rescinde y remite a las partes al juicio correspondiente.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Vías de acceso a la casación (art. 477.2 LEC): tutela judicial civil de derechos fundamentales (salvo art. 24 CE), cuantía superior a 600.000 euros e interés casacional (cuando la cuantía no exceda de 600.000 euros o el proceso se tramite por razón de la materia). Son vías alternativas.
Interés casacional: oposición a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, o aplicación de normas con menos de cinco años de vigencia sin doctrina sobre normas anteriores de igual o similar contenido.
Se recurren sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales; la apelación sigue resolviéndose en ellas, no en los Tribunales de Instancia.
Motivo único de casación: infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. No se revisan los hechos ni la prueba.
Las infracciones procesales se alegan por el recurso extraordinario por infracción procesal (art. 469 LEC), cuyos motivos son cuatro: jurisdicción y competencia, normas de la sentencia, actos y garantías del proceso con nulidad o indefensión, y derechos fundamentales del art. 24 CE.
Si se interponen conjuntamente infracción procesal y casación, se resuelve primero la infracción procesal; solo si se desestima se entra en la casación.
Competencia: Sala Primera del Tribunal Supremo; Sala de lo Civil y Penal del TSJ si el recurso se funda en Derecho civil foral o especial propio y el Estatuto lo prevé.
La interposición de la casación no suspende la ejecución provisional; si se estima, procede restitución e indemnización de daños.
Si se estima la casación, el Tribunal Supremo casa la sentencia y resuelve el fondo; no hay reenvío.
Rescisión del rebelde: motivos de fuerza mayor ininterrumpida o desconocimiento no imputable de la demanda; plazos de 20 días (notificación personal), 4 meses (edictos) y tope de 16 meses; competente el mismo tribunal que dictó la sentencia.
Revisión: cuatro motivos tasados del art. 510 LEC; caducidad de 5 años desde la publicación de la sentencia y de 3 meses desde el descubrimiento del motivo.
La sentencia de revisión estimatoria no resuelve el fondo: rescinde y remite a las partes al juicio correspondiente. Competente: Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Depósito para recurrir (DA 15.ª LOPJ): 50 euros para casación, infracción procesal, revisión y rescisión; 30 euros para la queja; 25 euros para reposición y revisión de decretos.
Errores típicos: confundir la revisión de sentencias firmes con el recurso directo de revisión del art. 454 bis LEC; creer que la casación es una tercera instancia; exigir interés casacional además de la cuantía.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
Respecto de la ejecución provisional, la interposición del recurso de casación:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 33 de Gestión Procesal (Justicia)?
El recurso de casación civil (arts. 477 a 489 LEC) es un recurso extraordinario y devolutivo que se interpone contra determinadas sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo o, cuando se funda en Derecho civil, foral o especial propio y el Estatuto de Autonomía lo prevé, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Su finalidad es controlar la correcta aplicación de la norma sustantiva y unificar la jurisprudencia, no revisar los hechos ni constituir una tercera instancia. Este tema estudia sus características, las resoluciones recurribles y las vías de acceso (tutela de derechos fundamentales, cuantía e interés casacional), el motivo de recurso, el objeto y los efectos, la competencia y el procedimiento (preparación, interposición, personación, admisión, oposición, vista y sentencia), junto con el recurso extraordinario por infracción procesal con el que se interpone, y los medios de rescisión de sentencias firmes: la rescisión a instancia del demandado rebelde (arts. 496 a 508) y la revisión de sentencias firmes (arts. 509 a 516).
¿Qué hay que memorizar del Tema 33 para el examen?
Vías de acceso a la casación (art. 477.2 LEC): tutela judicial civil de derechos fundamentales (salvo art. 24 CE), cuantía superior a 600.000 euros e interés casacional (cuando la cuantía no exceda de 600.000 euros o el proceso se tramite por razón de la materia). Son vías alternativas. Interés casacional: oposición a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, o aplicación de normas con menos de cinco años de vigencia sin doctrina sobre normas anteriores de igual o similar contenido. Se recurren sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales; la apelación sigue resolviéndose en ellas, no en los Tribunales de Instancia. Motivo único de casación: infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. No se revisan los hechos ni la prueba. Las infracciones procesales se alegan por el recurso extraordinario por infracción procesal (art. 469 LEC), cuyos motivos son cuatro: jurisdicción y competencia, normas de la sentencia, actos y garantías del proceso con nulidad o indefensión, y derechos fundamentales del art. 24 CE. Si se interponen conjuntamente infracción procesal y casación, se resuelve primero la infracción procesal; solo si se desestima se entra en la casación. Competencia: Sala Primera del Tribunal Supremo; Sala de lo Civil y Penal del TSJ si el recurso se funda en Derecho civil foral o especial propio y el Estatuto lo prevé. La interposición de la casación no suspende la ejecución provisional; si se estima, procede restitución e indemnización de daños. Si se estima la casación, el Tribunal Supremo casa la sentencia y resuelve el fondo; no hay reenvío. Rescisión del rebelde: motivos de fuerza mayor ininterrumpida o desconocimiento no imputable de la demanda; plazos de 20 días (notificación personal), 4 meses (edictos) y tope de 16 meses; competente el mismo tribunal que dictó la sentencia. Revisión: cuatro motivos tasados del art. 510 LEC; caducidad de 5 años desde la publicación de la sentencia y de 3 meses desde el descubrimiento del motivo. La sentencia de revisión estimatoria no resuelve el fondo: rescinde y remite a las partes al juicio correspondiente. Competente: Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Depósito para recurrir (DA 15.ª LOPJ): 50 euros para casación, infracción procesal, revisión y rescisión; 30 euros para la queja; 25 euros para reposición y revisión de decretos. Errores típicos: confundir la revisión de sentencias firmes con el recurso directo de revisión del art. 454 bis LEC; creer que la casación es una tercera instancia; exigir interés casacional además de la cuantía.
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Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, arts. 468 a 476 (recurso extraordinario por infracción procesal), 477 a 489 (casación), 496 a 508 (rescisión a instancia del rebelde), 509 a 516 (revisión) y disposición final 16.ª.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, disposición adicional 15.ª (depósito para recurrir).
Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2017 sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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