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Tema 1. La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El proceso de ampliación. Las cooperaciones reforzadas.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

La Unión Europea es una organización supranacional de carácter sui generis, dotada de personalidad jurídica propia desde el Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009), fundada sobre el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que tienen el mismo valor jurídico. Nacida de un proceso de integración iniciado con la CECA (Tratado de París, 1951), ha evolucionado mediante sucesivas reformas de los Tratados (Roma, Acta Única, Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa) y ampliaciones hasta alcanzar los 27 Estados miembros actuales, con varios países candidatos. Las cooperaciones reforzadas permiten a un mínimo de nueve Estados profundizar la integración en ámbitos de competencia no exclusiva.

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Antecedentes: la idea de integración europea

Tras la Segunda Guerra Mundial surgen iniciativas de cooperación europea: el Congreso de La Haya (1948), la creación del Consejo de Europa (1949, con sede en Estrasburgo, de ámbito distinto a la UE) y la Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950 (hoy Día de Europa), que propone poner en común la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una Alta Autoridad común. Fracasó la Comunidad Europea de Defensa (1954) y la Conferencia de Mesina (1955) relanzó la integración económica, dando lugar a los Tratados de Roma. No debe confundirse el Consejo de Europa (organización internacional de protección de derechos humanos, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Estrasburgo) con el Consejo Europeo ni con el Consejo de la UE.

Naturaleza jurídica de la Unión Europea

La Unión Europea es una organización de integración supranacional, con ordenamiento jurídico propio, dotada de personalidad jurídica única desde el Tratado de Lisboa (art. 47 TUE), lo que le permite celebrar tratados internacionales y ser miembro de organizaciones internacionales por derecho propio. El art. 1 TUE dispone que la Unión se fundamenta en el TUE y en el TFUE, ambos con el mismo valor jurídico, y que sustituye y sucede a la Comunidad Europea. Constituyen el Derecho originario o primario junto con los Protocolos y Anexos y la Carta de los Derechos Fundamentales (art. 6 TUE). La Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) subsiste con personalidad propia. Doctrina del Tribunal de Justicia: efecto directo (sentencia Van Gend en Loos, 1963) y primacía del Derecho de la Unión (sentencia Costa/ENEL, 1964).

Los orígenes: CECA, CEE y Euratom

El Tratado de París (firmado el 18 de abril de 1951, en vigor desde el 23 de julio de 1952, con vigencia de cincuenta años) creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) entre seis Estados fundadores: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Los Tratados de Roma (25 de marzo de 1957, en vigor el 1 de enero de 1958) crearon la Comunidad Económica Europea (CEE), orientada a un mercado común mediante las libertades de circulación (mercancías, personas, servicios y capitales), y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). El Tratado de Fusión (Bruselas, 1965, en vigor en 1967) unificó los órganos de las tres Comunidades. El Tratado CECA expiró el 23 de julio de 2002 y sus competencias pasaron a la Comunidad Europea.

Las ampliaciones de las Comunidades y de la Unión

Seis miembros iniciales (1957). 1973: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. 1981: Grecia. 1986: España y Portugal. 1995: Austria, Finlandia y Suecia. 2004: diez nuevos miembros (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa). 2007: Bulgaria y Rumanía. 2013: Croacia. En 2020 salió el Reino Unido (Brexit), quedando 27 Estados miembros. Groenlandia ya había abandonado la Comunidad en 1985 tras un referéndum, al ser territorio autónomo de Dinamarca.

El Acta Única Europea (1986)

Firmada en febrero de 1986 y en vigor el 1 de julio de 1987, es la primera gran reforma de los Tratados originarios: fijó el plazo del 31 de diciembre de 1992 para culminar el mercado interior, extendió el voto por mayoría cualificada en el Consejo (superando la regla de la unanimidad en numerosas materias), reforzó los poderes del Parlamento Europeo mediante el procedimiento de cooperación, institucionalizó el Consejo Europeo y la cooperación política europea, y dio cobertura a nuevas políticas (cohesión económica y social, investigación, medio ambiente). España y Portugal se habían adherido a las Comunidades el 1 de enero de 1986.

El Tratado de Maastricht (1992): creación de la Unión Europea

Firmado el 7 de febrero de 1992 y en vigor el 1 de noviembre de 1993, creó formalmente la Unión Europea en una estructura de tres pilares: las Comunidades Europeas, la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la cooperación en Justicia y Asuntos de Interior (JAI). Estableció las bases de la Unión Económica y Monetaria y del euro, introdujo la ciudadanía de la Unión, que se añade a la nacionalidad de cada Estado sin sustituirla, el procedimiento de codecisión, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo y el principio de subsidiariedad. La ratificación en España exigió la primera reforma de la Constitución (art. 13.2, para reconocer el sufragio pasivo en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión, tras la Declaración 1/1992 del Tribunal Constitucional).

Los Tratados de Ámsterdam (1997) y Niza (2001)

Ámsterdam (firmado en 1997, en vigor el 1 de mayo de 1999) reforzó la dimensión social, comunitarizó parcialmente visados, asilo e inmigración (pasaron del tercer pilar al primero), incorporó el acervo de Schengen al marco de la Unión, extendió el procedimiento de codecisión e introdujo por primera vez la cooperación reforzada (entonces denominada flexibilidad). Niza (firmado en 2001, en vigor el 1 de febrero de 2003) adaptó el funcionamiento institucional ante la ampliación a los países de Europa central y oriental de 2004 (reponderación de votos en el Consejo, reparto de escaños del Parlamento, composición de la Comisión), flexibilizó las cooperaciones reforzadas (fijó un mínimo de ocho Estados). La Carta de los Derechos Fundamentales fue proclamada solemnemente en el Consejo Europeo de Niza (diciembre de 2000), pero sin carácter vinculante inicial y sin incorporarse al Tratado de Niza.

El fallido Tratado por el que se establece una Constitución para Europa

Elaborado por la Convención Europea y firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, pretendía sustituir todos los Tratados anteriores por un texto único de naturaleza constitucional. España fue el primer Estado en someterlo a referéndum consultivo (20 de febrero de 2005), con una mayoría favorable. Fue rechazado en los referéndums de Francia (29 de mayo de 2005) y los Países Bajos (1 de junio de 2005), por lo que no entró en vigor. Su contenido esencial fue incorporado, mediante la técnica de reforma de los Tratados existentes en lugar de sustitución, en el Tratado de Lisboa.

El Tratado de Lisboa (2007): reforma institucional vigente

Firmado el 13 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009 (tras un primer rechazo irlandés en 2008), eliminó la estructura de pilares en una única Unión con personalidad jurídica propia, dio fuerza jurídica vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales (con el mismo valor jurídico que los Tratados, art. 6 TUE), creó la Presidencia estable del Consejo Europeo y la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (que es también Vicepresidente de la Comisión), generalizó el procedimiento legislativo ordinario (antigua codecisión), reforzó el papel de los Parlamentos nacionales (control de subsidiariedad), introdujo la iniciativa ciudadana europea y el derecho de retirada voluntaria (art. 50 TUE), y dio su redacción actual al TUE y al TFUE (el antiguo Tratado CE pasó a denominarse TFUE). La autorización de su ratificación en España se hizo por Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, al amparo del art. 93 CE.

El Tratado de la Unión Europea (TUE): contenido

Contiene las disposiciones más estructurales del proceso de integración: el Título I (disposiciones comunes, arts. 1-8: valores y objetivos, competencias, relaciones con los Estados), el Título II (principios democráticos, arts. 9-12, incluida la ciudadanía y la iniciativa ciudadana), el Título III (instituciones, arts. 13-19), el Título IV (cooperaciones reforzadas, art. 20), el Título V (acción exterior y PESC, arts. 21-46) y el Título VI (disposiciones finales, arts. 47-55: personalidad jurídica, revisión de los Tratados, adhesión, retirada voluntaria). Es relevante el procedimiento de revisión de los Tratados (art. 48 TUE): ordinario (con Convención y Conferencia de representantes de los Gobiernos) o simplificado, siempre con ratificación por todos los Estados miembros según sus normas constitucionales.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): contenido

Heredero del antiguo Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de Roma de 1957), desarrolla con detalle técnico lo que el TUE solo enuncia: categorías y ámbitos de las competencias de la Unión (arts. 2-6), la no discriminación y la ciudadanía (arts. 18-25), las libertades de circulación y el mercado interior, las políticas internas (agricultura y pesca, transportes, competencia, política económica y monetaria, empleo, política social, cohesión, medio ambiente, protección de los consumidores, energía, etc.), el espacio de libertad, seguridad y justicia, la acción exterior distinta de la PESC y el detalle institucional (composición, procedimientos y funcionamiento de cada institución). Entre sus preceptos destaca la cláusula de flexibilidad (art. 352 TFUE).

Los valores y objetivos de la Unión Europea (arts. 2 y 3 TUE)

El art. 2 TUE proclama como valores el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. El art. 3 TUE fija como objetivos promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos; ofrecer un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores; establecer un mercado interior; trabajar por el desarrollo sostenible, una economía social de mercado altamente competitiva y el pleno empleo; combatir la exclusión social y la discriminación; fomentar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre Estados miembros; respetar la diversidad cultural y lingüística; y establecer una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro. El art. 4 TUE garantiza la igualdad de los Estados ante los Tratados, el respeto de su identidad nacional y el principio de cooperación leal. El art. 7 TUE permite sancionar la violación grave y persistente de los valores del art. 2.

El procedimiento de adhesión de nuevos Estados (art. 49 TUE)

Puede solicitar el ingreso cualquier Estado europeo que respete los valores del art. 2 TUE y se comprometa a promoverlos. La solicitud se presenta al Consejo, que se pronuncia por unanimidad, previa consulta a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronuncia por mayoría de los miembros que lo componen. Se tienen en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Las condiciones de admisión y las adaptaciones de los Tratados se fijan en un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado candidato, sujeto a ratificación por todos los Estados contratantes según sus respectivas normas constitucionales. En España se instrumenta mediante ley orgánica del art. 93 CE.

Los criterios de Copenhague para la adhesión

Establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, exigen al Estado candidato: estabilidad de las instituciones garantes de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías (criterio político); una economía de mercado viable y capaz de afrontar la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión (criterio económico); y la capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión, incluida la adhesión a los objetivos de la unión política, económica y monetaria (criterio del acervo comunitario). El Consejo Europeo de Madrid de 1995 añadió la exigencia de capacidad administrativa para aplicar el acervo.

Los Estados miembros de la Unión Europea: composición actual

La Unión Europea está compuesta por 27 Estados miembros tras la salida del Reino Unido (referéndum de 23 de junio de 2016, notificación del art. 50 el 29 de marzo de 2017, Acuerdo de Retirada y efectividad el 31 de enero de 2020, con periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020; las relaciones futuras se rigen por el Acuerdo de Comercio y Cooperación de 24 de diciembre de 2020, aplicado desde el 1 de enero de 2021). España es miembro desde el 1 de enero de 1986, junto con Portugal.

Los países candidatos a la adhesión

Son países candidatos oficiales: Turquía (candidato desde 1999, con negociaciones iniciadas en 2005 y prácticamente bloqueadas), Macedonia del Norte (desde 2005), Montenegro (desde 2010), Serbia (desde 2012), Albania (desde 2014), Ucrania y Moldavia (desde junio de 2022), Bosnia y Herzegovina (desde diciembre de 2022) y Georgia (desde diciembre de 2023, con el proceso en la práctica congelado). Las negociaciones con Ucrania y Moldavia se abrieron formalmente en junio de 2024. Kosovo es candidato potencial. El estado concreto de cada negociación evoluciona de forma continua y depende de decisiones políticas del Consejo y del Consejo Europeo, por lo que debe contrastarse con fuentes oficiales actualizadas.

Los Balcanes Occidentales en el proceso de ampliación

El subgrupo regional de los Balcanes Occidentales está compuesto por Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, más Kosovo, que solo ostenta el estatus de candidato potencial al no ser reconocido por todos los Estados miembros. La Unión mantiene un compromiso reiterado con su perspectiva europea desde la Cumbre de Salónica de 2003.

El derecho de retirada voluntaria: el Brexit (art. 50 TUE)

El art. 50 TUE, introducido por el Tratado de Lisboa, reconoce por primera vez el derecho de todo Estado miembro a decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión. El Estado debe notificar su intención al Consejo Europeo; la Unión negocia y celebra con él un acuerdo que establezca la forma de su retirada. Los Tratados dejan de aplicarse al Estado desde la entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de la notificación, salvo prórroga por unanimidad del Consejo Europeo de acuerdo con el Estado. El acuerdo se celebra en nombre de la Unión por el Consejo, por mayoría cualificada reforzada, previa aprobación del Parlamento Europeo. El Estado que se retire y desee reingresar debe seguir el procedimiento del art. 49. Fue la base jurídica utilizada por el Reino Unido, que abandonó la Unión el 31 de enero de 2020.

Las cooperaciones reforzadas (art. 20 TUE y arts. 326-334 TFUE)

Mecanismo que permite a un mínimo de nueve Estados miembros establecer entre sí una cooperación reforzada en un ámbito de competencias no exclusivas de la Unión, utilizando sus instituciones y ejerciendo sus competencias, cuando el Consejo establezca que los objetivos perseguidos no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto (último recurso). Está abierta en todo momento a la participación de los demás Estados miembros. La autorización se concede por el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo; en el ámbito de la PESC decide el Consejo por unanimidad. Solo votan en el Consejo los Estados participantes. Los actos adoptados vinculan únicamente a los Estados participantes y no forman parte del acervo que deban aceptar los candidatos. La cooperación no puede menoscabar el mercado interior ni la cohesión económica, social y territorial, ni constituir un obstáculo o discriminación para los intercambios entre Estados miembros, ni falsear la competencia (art. 326 TFUE). La cooperación reforzada se introdujo en el Tratado de Ámsterdam y se flexibilizó en Niza y Lisboa.

Ejemplos de cooperaciones reforzadas en funcionamiento

Entre las cooperaciones reforzadas activas destacan la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (Reglamento Roma III, 2010), los regímenes económicos matrimoniales y de efectos patrimoniales de las uniones registradas (Reglamentos de 2016), la protección mediante patente unitaria europea (Reglamentos de 2012, de la que se mantuvieron al margen España e Italia) y la Fiscalía Europea (Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017), competente para investigar y ejercer la acción penal por delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, que comenzó su actividad operativa en junio de 2021.

Las competencias de la Unión Europea: clasificación (arts. 2 a 6 TFUE)

El TFUE clasifica las competencias en exclusivas de la Unión (art. 3: unión aduanera; normas de competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; política monetaria de los Estados cuya moneda es el euro; conservación de los recursos biológicos marinos en la política pesquera común; política comercial común), compartidas con los Estados miembros (art. 4: mercado interior, política social, cohesión económica, social y territorial, agricultura y pesca, medio ambiente, protección de los consumidores, transportes, redes transeuropeas, energía, espacio de libertad, seguridad y justicia, entre otras) y de apoyo, coordinación o complemento de la acción de los Estados miembros (art. 6: protección y mejora de la salud humana, industria, cultura, turismo, educación, formación profesional, juventud y deporte, protección civil y cooperación administrativa), en las que la Unión no puede armonizar la legislación nacional. La coordinación de las políticas económicas y de empleo (art. 5) y la PESC se ejercen con modalidades particulares.

Los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad (art. 5 TUE)

Atribución (art. 5.2): la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que estos determinan; toda competencia no atribuida a la Unión corresponde a los Estados miembros. Subsidiariedad (art. 5.3): en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión solo interviene en caso de que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Proporcionalidad (art. 5.4): el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Los Parlamentos nacionales velan por el respeto de la subsidiariedad (Protocolo n.º 2): si un tercio de los votos de los Parlamentos nacionales objeta (tarjeta amarilla), la Comisión debe revisar su propuesta.

La ciudadanía de la Unión Europea (arts. 20 a 25 TFUE y art. 9 TUE)

Es ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro; la ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. Otorga, entre otros, el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (art. 21), el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el Estado de residencia (art. 22), el derecho a la protección diplomática y consular de cualquier Estado miembro fuera de la Unión (art. 23), el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo y de iniciativa ciudadana europea (art. 24) y el derecho a dirigirse a las instituciones en una de las lenguas de los Tratados.

La iniciativa ciudadana europea (art. 11.4 TUE)

Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, nacionales de un número significativo de Estados miembros (al menos una cuarta parte de ellos, siete con 27 miembros), puede invitar a la Comisión Europea, en el ámbito de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de aplicar los Tratados. Es un instrumento de democracia participativa introducido por el Tratado de Lisboa y regulado por el Reglamento (UE) 2019/788. La Comisión no está obligada a legislar, pero debe responder motivadamente.

La adhesión de España a las Comunidades Europeas y la integración en el ordenamiento español

España presentó su solicitud de adhesión en julio de 1977, las negociaciones se desarrollaron entre 1979 y 1985 y el Tratado de Adhesión se firmó el 12 de junio de 1985, con efectos desde el 1 de enero de 1986. La autorización de la celebración del Tratado se hizo mediante la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, al amparo del art. 93 CE, que permite autorizar por ley orgánica la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, garantizar el cumplimiento de estos tratados. El Tribunal Constitucional (Declaración 1/2004) sostuvo que la primacía del Derecho de la Unión no es incompatible con la supremacía de la Constitución.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Hitos fundacionales: CECA (Tratado de París, 1951), CEE y EURATOM (Tratados de Roma, 1957), Acta Única (1986), Maastricht (1992, crea la UE y la ciudadanía europea), Ámsterdam (1997), Niza (2001), Lisboa (2007; en vigor el 1-12-2009, suprime pilares y da personalidad jurídica única a la UE).
  • El Tratado de Lisboa articula la UE en dos Tratados de igual valor jurídico: el TUE (principios, valores, instituciones) y el TFUE (políticas y funcionamiento).
  • Las cooperaciones reforzadas exigen un mínimo de nueve Estados, se autorizan como último recurso y no pueden menoscabar el mercado interior ni discriminar a los Estados no participantes; se introdujeron en Ámsterdam.
  • El Tratado de París (1951) creó la CECA entre seis Estados fundadores; los Tratados de Roma (1957) crearon la CEE y el Euratom. El Tratado CECA expiró el 23-7-2002.
  • El Acta Única Europea (1986; en vigor 1-7-1987) fijó el plazo de 1992 para culminar el mercado interior, extendió el voto por mayoría cualificada y reforzó al Parlamento Europeo mediante el procedimiento de cooperación.
  • Maastricht (1992; en vigor 1-11-1993) creó la UE en tres pilares, sentó las bases de la UEM y del euro e introdujo la ciudadanía de la Unión (se añade a la nacionalidad sin sustituirla); su ratificación obligó a reformar el art. 13.2 CE.
  • Ámsterdam (1997) comunitarizó parcialmente visados, asilo e inmigración, incorporó Schengen e introdujo la cooperación reforzada; Niza (2001) adaptó las instituciones a la ampliación de 2004; la Carta de Derechos Fundamentales fue proclamada en Niza en 2000 sin fuerza vinculante.
  • El fallido Tratado Constitucional (2004) fue rechazado en los referéndums de Francia y Países Bajos (2005); su contenido pasó, por reforma de los Tratados existentes, al Tratado de Lisboa.
  • El Tratado de Lisboa (vigor 1-12-2009) unificó los pilares, dio personalidad jurídica a la Unión, dio fuerza vinculante a la Carta, creó la Presidencia estable del Consejo Europeo y el Alto Representante, y generalizó el procedimiento legislativo ordinario.
  • El TUE contiene los valores y objetivos (arts. 2-3), el marco institucional (13-19), las cooperaciones reforzadas (20), la PESC y el derecho de retirada voluntaria (art. 50, base del Brexit).
  • El TFUE, heredero del antiguo Tratado CE, desarrolla técnicamente las competencias de la Unión (arts. 2-6), el mercado interior, las políticas internas, el espacio de libertad, seguridad y justicia y la acción exterior distinta de la PESC.
  • El procedimiento de adhesión (art. 49 TUE): solicitud al Consejo, unanimidad, consulta a la Comisión, aprobación del Parlamento Europeo por mayoría de sus miembros y ratificación de todos los Estados.
  • Los criterios de Copenhague (1993): político (democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, minorías), económico (economía de mercado viable) y acervo comunitario; en 1995 (Madrid) se añadió la capacidad administrativa.
  • La UE tiene 27 Estados miembros tras el Brexit (efectivo desde 31-1-2020, transitorio hasta 31-12-2020); España es miembro desde el 1-1-1986.
  • El derecho de retirada voluntaria (art. 50 TUE) exige notificación al Consejo Europeo y negociación de un acuerdo de salida en dos años, prorrogable por unanimidad del Consejo Europeo con el Estado.
  • Las cooperaciones reforzadas requieren autorización del Consejo, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo (en la PESC, unanimidad); ejemplos: patente unitaria, Roma III, regímenes matrimoniales y Fiscalía Europea (Reglamento UE 2017/1939).
  • Competencias exclusivas (art. 3 TFUE): unión aduanera, competencia en el mercado interior, política monetaria de la zona euro, recursos biológicos marinos y política comercial común; compartidas (art. 4); de apoyo (art. 6: salud, industria, cultura, turismo, educación, protección civil, cooperación administrativa).
  • Rigen los principios de atribución, subsidiariedad (la Unión actúa solo si es más eficaz que los Estados) y proporcionalidad (art. 5 TUE); los Parlamentos nacionales controlan la subsidiariedad (tarjeta amarilla: un tercio de los votos).
  • La ciudadanía de la Unión (arts. 20-25 TFUE) se añade a la nacional sin sustituirla; otorga libre circulación y residencia, sufragio municipal y europeo en el Estado de residencia, protección diplomática, petición y recurso al Defensor del Pueblo Europeo.
  • La iniciativa ciudadana europea (art. 11.4 TUE) exige un millón de firmas de al menos una cuarta parte de los Estados miembros para invitar a la Comisión a legislar (Reglamento UE 2019/788).
  • No confundir: Consejo Europeo (jefes de Estado o de Gobierno, Lisboa), Consejo de la UE (Ministros) y Consejo de Europa (organización internacional de Estrasburgo, ajena a la UE).
  • España ratificó el Tratado de Adhesión mediante LO 10/1985 (art. 93 CE) y el Tratado de Lisboa mediante LO 1/2008.
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Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Gestión AGE?

La Unión Europea es una organización supranacional de carácter sui generis, dotada de personalidad jurídica propia desde el Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009), fundada sobre el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que tienen el mismo valor jurídico. Nacida de un proceso de integración iniciado con la CECA (Tratado de París, 1951), ha evolucionado mediante sucesivas reformas de los Tratados (Roma, Acta Única, Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa) y ampliaciones hasta alcanzar los 27 Estados miembros actuales, con varios países candidatos. Las cooperaciones reforzadas permiten a un mínimo de nueve Estados profundizar la integración en ámbitos de competencia no exclusiva.

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

Hitos fundacionales: CECA (Tratado de París, 1951), CEE y EURATOM (Tratados de Roma, 1957), Acta Única (1986), Maastricht (1992, crea la UE y la ciudadanía europea), Ámsterdam (1997), Niza (2001), Lisboa (2007; en vigor el 1-12-2009, suprime pilares y da personalidad jurídica única a la UE). El Tratado de Lisboa articula la UE en dos Tratados de igual valor jurídico: el TUE (principios, valores, instituciones) y el TFUE (políticas y funcionamiento). Las cooperaciones reforzadas exigen un mínimo de nueve Estados, se autorizan como último recurso y no pueden menoscabar el mercado interior ni discriminar a los Estados no participantes; se introdujeron en Ámsterdam. El Tratado de París (1951) creó la CECA entre seis Estados fundadores; los Tratados de Roma (1957) crearon la CEE y el Euratom. El Tratado CECA expiró el 23-7-2002. El Acta Única Europea (1986; en vigor 1-7-1987) fijó el plazo de 1992 para culminar el mercado interior, extendió el voto por mayoría cualificada y reforzó al Parlamento Europeo mediante el procedimiento de cooperación. Maastricht (1992; en vigor 1-11-1993) creó la UE en tres pilares, sentó las bases de la UEM y del euro e introdujo la ciudadanía de la Unión (se añade a la nacionalidad sin sustituirla); su ratificación obligó a reformar el art. 13.2 CE. Ámsterdam (1997) comunitarizó parcialmente visados, asilo e inmigración, incorporó Schengen e introdujo la cooperación reforzada; Niza (2001) adaptó las instituciones a la ampliación de 2004; la Carta de Derechos Fundamentales fue proclamada en Niza en 2000 sin fuerza vinculante. El fallido Tratado Constitucional (2004) fue rechazado en los referéndums de Francia y Países Bajos (2005); su contenido pasó, por reforma de los Tratados existentes, al Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa (vigor 1-12-2009) unificó los pilares, dio personalidad jurídica a la Unión, dio fuerza vinculante a la Carta, creó la Presidencia estable del Consejo Europeo y el Alto Representante, y generalizó el procedimiento legislativo ordinario. El TUE contiene los valores y objetivos (arts. 2-3), el marco institucional (13-19), las cooperaciones reforzadas (20), la PESC y el derecho de retirada voluntaria (art. 50, base del Brexit). El TFUE, heredero del antiguo Tratado CE, desarrolla técnicamente las competencias de la Unión (arts. 2-6), el mercado interior, las políticas internas, el espacio de libertad, seguridad y justicia y la acción exterior distinta de la PESC. El procedimiento de adhesión (art. 49 TUE): solicitud al Consejo, unanimidad, consulta a la Comisión, aprobación del Parlamento Europeo por mayoría de sus miembros y ratificación de todos los Estados. Los criterios de Copenhague (1993): político (democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, minorías), económico (economía de mercado viable) y acervo comunitario; en 1995 (Madrid) se añadió la capacidad administrativa. La UE tiene 27 Estados miembros tras el Brexit (efectivo desde 31-1-2020, transitorio hasta 31-12-2020); España es miembro desde el 1-1-1986. El derecho de retirada voluntaria (art. 50 TUE) exige notificación al Consejo Europeo y negociación de un acuerdo de salida en dos años, prorrogable por unanimidad del Consejo Europeo con el Estado. Las cooperaciones reforzadas requieren autorización del Consejo, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo (en la PESC, unanimidad); ejemplos: patente unitaria, Roma III, regímenes matrimoniales y Fiscalía Europea (Reglamento UE 2017/1939). Competencias exclusivas (art. 3 TFUE): unión aduanera, competencia en el mercado interior, política monetaria de la zona euro, recursos biológicos marinos y política comercial común; compartidas (art. 4); de apoyo (art. 6: salud, industria, cultura, turismo, educación, protección civil, cooperación administrativa). Rigen los principios de atribución, subsidiariedad (la Unión actúa solo si es más eficaz que los Estados) y proporcionalidad (art. 5 TUE); los Parlamentos nacionales controlan la subsidiariedad (tarjeta amarilla: un tercio de los votos). La ciudadanía de la Unión (arts. 20-25 TFUE) se añade a la nacional sin sustituirla; otorga libre circulación y residencia, sufragio municipal y europeo en el Estado de residencia, protección diplomática, petición y recurso al Defensor del Pueblo Europeo. La iniciativa ciudadana europea (art. 11.4 TUE) exige un millón de firmas de al menos una cuarta parte de los Estados miembros para invitar a la Comisión a legislar (Reglamento UE 2019/788). No confundir: Consejo Europeo (jefes de Estado o de Gobierno, Lisboa), Consejo de la UE (Ministros) y Consejo de Europa (organización internacional de Estrasburgo, ajena a la UE). España ratificó el Tratado de Adhesión mediante LO 10/1985 (art. 93 CE) y el Tratado de Lisboa mediante LO 1/2008.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), DOUE C 202, de 7 de junio de 2016: arts. 1-7, 9-12, 20, 47-50 TUE; arts. 2-6, 18-25 y 326-334 TFUE.
  • Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
  • Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la iniciativa ciudadana europea.
  • Constitución Española, art. 93, BOE-A-1978-31229.
  • Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.
  • Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa.

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