Tema 13. La jurisdicción contencioso-administrativa: funciones, órganos y competencias. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
La jurisdicción contencioso-administrativa, regulada por la Ley 29/1998, de 13 de julio (LJCA), controla la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas, así como su sometimiento a los fines que la justifican (art. 106.1 CE), garantizando el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva frente a la Administración (art. 24 CE). Se organiza en Juzgados y Salas de distinto ámbito territorial y competencial, culminando en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El proceso se articula en torno a la actividad impugnable (disposiciones generales, actos expresos y presuntos, inactividad y vía de hecho), a unos plazos de interposición muy estrictos, a la legitimación (interés legítimo) y a la postulación mediante Procurador y Abogado, con procedimientos ordinario, abreviado y especiales, medidas cautelares, recursos (apelación y casación) y ejecución de sentencias bajo control judicial.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: fundamento y funciones (arts. 106.1 y 117.3 CE)
Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como su sometimiento a los fines que la justifican (art. 106.1 CE): garantía última del particular frente a la Administración. La función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE) se ejerce en este orden conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), y a la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (LOPJ, art. 9.4). La LJCA tiene carácter de jurisdicción revisora en su origen histórico, pero hoy se concibe como jurisdicción plena: el recurrente puede pedir no solo la anulación del acto, sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su pleno restablecimiento, incluida la indemnización.
Ámbito de la jurisdicción: qué conoce y qué excluye (arts. 1 a 4 LJCA)
Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocen de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (art. 1). Conocen también, entre otras materias del art. 2, de la protección de los derechos fundamentales, de los elementos reglados de los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas (cualquiera que sea la naturaleza de estos actos) y de la determinación de las indemnizaciones procedentes (art. 2.a), así como de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, sin que puedan ser demandadas por ello ante los órdenes civil o social, aunque concurran particulares o exista seguro (art. 2.e). Quedan excluidas (art. 3): las cuestiones de orden civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración; el recurso contencioso-disciplinario militar; y los conflictos jurisdiccionales y los conflictos de atribuciones intraadministrativos. Las cuestiones prejudiciales no administrativas directamente relacionadas con el recurso pueden ser resueltas por el orden contencioso-administrativo a los solos efectos del proceso, salvo las de carácter constitucional y penal (art. 4).
Organización del orden contencioso-administrativo
De menor a mayor rango: Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (de ámbito provincial), Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (ámbito nacional, con sede en Madrid), Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), de la Audiencia Nacional y Sala Tercera del Tribunal Supremo, con competencias diferenciadas según el órgano autor del acto, la materia y, en su caso, la cuantía. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, reorganiza los órganos unipersonales en Tribunales de Instancia, en los que los actuales Juzgados pasan a ser secciones; su implantación es escalonada, por lo que conviene verificar el estado de la misma en cada partido judicial.
Competencias de los Juzgados y de los Juzgados Centrales (arts. 8 y 9 LJCA)
Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocen en única o primera instancia de los recursos frente a determinados actos de las Entidades Locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas (salvo los procedentes del respectivo Consejo de Gobierno) en materias como las cuestiones de personal, salvo las que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de los funcionarios de carrera, las propiedades especiales y las sanciones, con las exclusiones y reglas de cuantía fijadas por el art. 8. Les corresponde asimismo la autorización de entrada en domicilios y otros lugares cuando proceda de la ejecución forzosa de actos administrativos (art. 8.6) y la autorización o ratificación de medidas sanitarias urgentes que impliquen limitación de derechos fundamentales (introducida por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre). Los Juzgados Centrales conocen, entre otros asuntos, de recursos contra actos de órganos centrales de la Administración General del Estado de nivel inferior a Ministro o Secretario de Estado en materia de personal, propiedades especiales y sanciones (art. 9).
Competencias de las Salas de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (arts. 10 a 12 LJCA)
Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ (art. 10): conocen en única instancia de los actos y disposiciones de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas no atribuidos a los Juzgados, de las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, y en apelación de las sentencias y autos de los Juzgados de su circunscripción. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (art. 11): conoce en única instancia de las disposiciones y actos de Ministros y Secretarios de Estado, con las excepciones legales, de determinados actos de organismos estatales y, en apelación, de las resoluciones de los Juzgados Centrales. Sala Tercera del Tribunal Supremo (art. 12 LJCA y art. 58 LOPJ): conoce en única instancia de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno, de los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y de su Presidente, y de ciertos actos de órganos constitucionales en materia de personal, administración y gestión patrimonial; y resuelve los recursos de casación, de revisión y de extensión de efectos que la ley le atribuye.
Competencia territorial y determinación de la cuantía (arts. 14 y 40 a 42 LJCA)
Regla general del art. 14: es competente el órgano de la circunscripción donde tenga su sede el órgano autor del acto originariamente impugnado. En materia de personal, propiedades especiales y sanciones, el demandante puede elegir, además, el órgano de su propio domicilio. La cuantía del recurso se determina por el valor económico de la pretensión (arts. 40 a 42), y puede decidir el procedimiento (abreviado u ordinario) y la posibilidad de apelación; los asuntos de cuantía indeterminada son, con carácter general, susceptibles de apelación.
La actividad administrativa impugnable (arts. 25 a 30 LJCA)
Son impugnables (art. 25.1) las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (actos de trámite cualificados). También cabe recurso contra la inactividad de la Administración y contra su actuación material constitutiva de vía de hecho (art. 25.2). La impugnación indirecta (art. 26) permite recurrir actos de aplicación de una disposición general fundándose en que esta no es conforme a Derecho, aunque no se impugnase directamente; si el órgano que conoce de la impugnación indirecta no fuera competente para el recurso directo contra la disposición, no podrá anularla y planteará la cuestión de ilegalidad (art. 27). No son impugnables los actos sometidos al Derecho privado (competencia civil o social), ni los actos políticos del Gobierno en cuanto a su oportunidad, sin perjuicio del control de sus elementos reglados y de la indemnización procedente (art. 2.a).
Capacidad procesal (art. 18 LJCA)
Tienen capacidad procesal ante el orden contencioso-administrativo: las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil; los menores de edad para la defensa de aquellos derechos e intereses legítimos cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, con la extensión que la ley prevea; y los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes o autónomos, entidades aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en una estructura formal de persona jurídica, siempre que la ley así lo declare expresamente. Capacidad (para ser parte y comparecer) y legitimación (relación con el objeto del proceso) son conceptos distintos.
La legitimación activa y sus límites (arts. 19 y 20 LJCA)
Están legitimados ante el orden contencioso-administrativo (art. 19.1): las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades afectados o legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos; las Administraciones públicas y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, para impugnar actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines o a su autonomía, en los términos legales; el Ministerio Fiscal, para intervenir en los procesos determinados por la ley; y cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las leyes (así, en urbanismo, patrimonio histórico, costas o, con requisitos, medio ambiente: Ley 27/2006, de 18 de julio). La jurisprudencia entiende por interés legítimo cualquier ventaja o utilidad jurídica, no necesariamente económica, que derive de la anulación del acto impugnado. No pueden interponer recurso contra la actividad de una Administración (art. 20): sus propios órganos, salvo que una ley lo autorice; los particulares que obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de la Administración; y las entidades de derecho público dependientes o vinculadas al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales respecto de la actividad de la Administración de la que dependan, salvo previsión legal expresa.
Las partes demandadas y codemandadas (art. 21 LJCA); lesividad
Se consideran demandados (art. 21.1): las Administraciones públicas o cualquier otra entidad cuya actividad sea el objeto del recurso; las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante (codemandados); y las aseguradoras de las Administraciones, que son siempre parte junto a la Administración a la que aseguren. El Ministerio Fiscal interviene cuando la ley lo prevea (por ejemplo, en el procedimiento de protección de derechos fundamentales). Cuando es la propia Administración la que quiere anular un acto declarativo de derechos, no puede impugnarlo directamente: ha de declararlo previamente lesivo para el interés público (art. 107 de la Ley 39/2015: no puede adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y caduca el procedimiento a los seis meses de iniciado) e interponer después recurso de lesividad ante la jurisdicción (art. 43 LJCA) en el plazo de dos meses desde la declaración (art. 46.4).
Representación y defensa (arts. 23 y 24 LJCA)
Las partes pueden conferir su representación a un Procurador y serán asistidas por Abogado; también pueden conferir la representación a un Abogado, que ostentará entonces la representación y la defensa (art. 23). Pueden comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios cuando se trate de cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales (art. 24) se rige por lo dispuesto en la LOPJ y en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas: el Estado y sus organismos, a través de la Abogacía del Estado; las Comunidades Autónomas, mediante sus servicios jurídicos; y las Entidades Locales, por Letrado de su servicio jurídico o por Abogado colegiado designado al efecto.
El agotamiento de la vía administrativa como presupuesto procesal
Con carácter general, solo son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa los actos que ponen fin a la vía administrativa (art. 25.1 LJCA y art. 114 de la Ley 39/2015), bien por ser dictados por el órgano superior jerárquico o por órgano sin superior, bien por haberse resuelto (o no resuelto en plazo) el correspondiente recurso de alzada, presupuesto procesal cuya falta determina la inadmisibilidad del recurso interpuesto prematuramente. En las Administraciones con recurso potestativo de reposición, este no es necesario para acudir al orden jurisdiccional, pero si se interpone no se puede acudir al contencioso-administrativo hasta su resolución expresa o presunta.
Plazos de interposición del recurso (arts. 46 y 128 LJCA)
Actos expresos: dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto o disposición. Actos presuntos: seis meses, para el solicitante y otros posibles interesados, desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Inactividad (art. 29.1): dos meses a partir del vencimiento del plazo de tres meses desde la reclamación previa a la Administración. Vía de hecho: veinte días desde el día en que se inició la actuación si no se hubiera formulado requerimiento; si se hubiera formulado, diez días desde el día siguiente a la notificación de la respuesta o, en su defecto, desde la expiración de los diez días desde la presentación del requerimiento. Recurso de lesividad: dos meses desde la declaración de lesividad. Los plazos son improrrogables y su transcurso caduca el derecho a recurrir. El mes de agosto es inhábil para interponer el recurso y para cualquier plazo de la Ley, salvo en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales (art. 128.2).
El recurso contencioso-administrativo frente a la inactividad de la Administración (art. 29 LJCA)
Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración su cumplimiento. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado ni llegado a un acuerdo con los interesados, estos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes, los afectados pueden solicitar su ejecución y, si transcurre un mes desde la petición, formular recurso contencioso-administrativo, que se tramita por el procedimiento abreviado (art. 29.2).
El recurso contra la vía de hecho (art. 30 LJCA)
Hay vía de hecho cuando la Administración actúa materialmente sin la cobertura de un acto administrativo previo o al margen del procedimiento legalmente establecido. El interesado puede formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación, o acudir directamente al recurso contencioso-administrativo sin requerimiento previo. El objeto del recurso es que se declare la actuación contraria a Derecho, se ordene su cesación y se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento de la situación jurídica individualizada, incluida la indemnización. Los plazos de interposición son los del art. 46.3: veinte días sin requerimiento, o diez días con requerimiento, en los términos antes indicados.
El objeto del recurso: pretensiones y congruencia (arts. 31 a 33 LJCA)
El recurrente puede pretender (art. 31) la declaración de no ser conforme a Derecho y, en su caso, la anulación de la disposición o acto impugnado; el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, incluida la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda; y, frente a la inactividad o la vía de hecho, la condena a la Administración a una concreta actuación material (art. 32). Principio de congruencia (art. 33): los órganos jurisdiccionales juzgan dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición; si estimaran que existen otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición no apreciados por las partes, los someten a ellas mediante providencia (tesis) concediendo un plazo común de diez días, sin prejuzgar el fallo. Se admiten la acumulación de pretensiones, recursos y procesos (arts. 34 a 38) y la ampliación del recurso a actos posteriores conexos (art. 36).
Fases del procedimiento contencioso-administrativo ordinario
1) Interposición: escrito sencillo (art. 45) ante el órgano competente, acompañado de los documentos que acrediten representación, copia del acto o disposición impugnados y demás requisitos; los defectos son subsanables en diez días. 2) Reclamación del expediente administrativo (art. 48), que ha de remitirse en el plazo improrrogable de veinte días y se notifica a los interesados emplazándolos para que se personen como demandados en nueve días (art. 49). 3) Demanda, en veinte días desde la entrega del expediente (art. 52), y contestación, en veinte días (art. 54), con posibles alegaciones previas sobre inadmisibilidad. 4) Prueba (art. 60): proposición en quince días y práctica en treinta. 5) Vista o conclusiones escritas (arts. 62 a 64), sucesivas y por plazo de diez días. 6) Sentencia, dentro de los diez días siguientes a que el pleito sea declarado concluso (art. 67). Cabe terminación anticipada por desistimiento, allanamiento, satisfacción extraprocesal o conciliación judicial (arts. 74 a 77). La inadmisibilidad (art. 69) procede, entre otras causas, por incompetencia, falta de legitimación, objeto no impugnable, cosa juzgada o litispendencia y presentación fuera de plazo.
El procedimiento abreviado (art. 78 LJCA)
Se sigue ante los Juzgados en asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros y en las materias de personal (salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera), extranjería, disciplina deportiva en materia de dopaje y determinadas inadmisiones de peticiones de asilo. Se inicia con una demanda sucinta, se reclama el expediente, y las alegaciones, la prueba y las conclusiones se concentran en una sola vista oral, con sentencia dentro de los diez días siguientes a la celebración. Se aplica también a la ejecución de actos firmes (art. 29.2).
Las medidas cautelares (arts. 129 a 136 LJCA)
Los interesados pueden solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de las medidas que aseguren la efectividad de la sentencia. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso (periculum in mora, art. 130.1), y se denegará cuando de ella pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero. La jurisprudencia exige además ponderar la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). Pueden condicionarse a caución (art. 133). En supuestos de especial urgencia, las medidas cautelarísimas (art. 135) se acuerdan inaudita parte, por auto, en dos días, con posterior pieza separada contradictoria. Para inactividad y vía de hecho rige el art. 136. La suspensión de la ejecución es la medida más habitual, pero no la única.
La sentencia: contenido y efectos (arts. 67 a 73 LJCA)
Puede ser de inadmisión, desestimatoria (declara ajustada a Derecho la actuación) o estimatoria (art. 70 y 71): declara no ser conforme a Derecho y anula, total o parcialmente, la actuación impugnada, reconoce la situación jurídica individualizada y adopta las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, y condena a la Administración en caso de inactividad o vía de hecho. Los órganos judiciales no pueden determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los anulados, ni el contenido discrecional de los actos anulados (art. 71.2). La anulación de una disposición general produce efectos erga omnes desde la publicación del fallo en el mismo diario oficial; la que anula un acto produce efectos entre las partes; las sentencias desestimatorias solo producen efectos entre las partes (art. 72). Los actos firmes dictados en aplicación de una disposición anulada no resultan afectados salvo que su anulación suponga reducción de sanción o exclusión de responsabilidad (art. 73).
Recursos contra resoluciones judiciales: reposición, súplica y apelación
Contra providencias y autos no susceptibles de apelación o casación cabe recurso de reposición o súplica, en cinco días (art. 79). Los autos más relevantes y las sentencias de los Juzgados y Juzgados Centrales son apelables (arts. 80 y 81), salvo las dictadas en asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros y las de materia electoral del art. 8.4, con excepciones que mantienen la apelación en todo caso (entre otras, en el procedimiento de protección de derechos fundamentales y en impugnaciones de disposiciones generales). La apelación se interpone en quince días (art. 85) ante el órgano a quo y la resuelve la Sala del TSJ o, para los Juzgados Centrales, la de la Audiencia Nacional.
El recurso de casación ante el Tribunal Supremo: interés casacional objetivo (arts. 86 a 93 LJCA)
Tras la reforma de la LO 7/2015, procede contra sentencias dictadas en única instancia o en apelación por las Salas de la Audiencia Nacional y de los TSJ (y en ciertos autos), y exige que la Sección de admisión del Tribunal Supremo aprecie que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (art. 88.1), esto es, entre otros supuestos, que la resolución recurrida fije una doctrina gravemente dañosa para los intereses generales, interprete normas de forma contradictoria con otros órganos judiciales o afecte a un gran número de situaciones. El art. 88.2 establece presunciones (por ejemplo, contradicción con jurisprudencia, o anulación de una disposición general, salvo falta de trascendencia). Se prepara ante la Sala de instancia en treinta días desde la notificación (art. 89); la Sección de admisión decide mediante auto motivado (admisión) o providencia sucintamente motivada (inadmisión) (art. 90); y el escrito de interposición se presenta en treinta días tras la admisión (art. 92). También existe la casación autonómica ante los TSJ, para la infracción de normas de Derecho autonómico. Se eliminaron los antiguos recursos de casación para la unificación de doctrina y en interés de la ley.
El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona (arts. 114 a 122 LJCA)
Procedimiento especial, preferente y sumario, para la tutela de los derechos susceptibles de amparo constitucional (arts. 14 a 29 y 30.2 CE, art. 53.2 CE). Se interpone en el plazo de diez días, con el Ministerio Fiscal como parte, y el debate se limita a la vulneración del derecho fundamental invocado. No es obligatorio agotar la vía administrativa previa, y el interesado puede optar por el procedimiento ordinario si prefiere un enjuiciamiento más amplio. Agosto es hábil para este procedimiento. La sentencia estimatoria declara la vulneración y adopta las medidas de restablecimiento.
La cuestión de ilegalidad (arts. 123 a 126 LJCA)
Cuando un Juzgado o Tribunal hubiera dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de una disposición general aplicada, con fundamento en la infracción de una norma de rango superior, y no fuera el competente para conocer del recurso directo contra dicha disposición, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el órgano competente en el plazo de cinco días desde la firmeza de la sentencia (art. 27), para que se pronuncie con efectos erga omnes sobre su validez. La sentencia de la cuestión no afecta a la situación jurídica derivada de la sentencia que la motivó. No debe confundirse con la cuestión de inconstitucionalidad del art. 163 CE, que se plantea ante el Tribunal Constitucional frente a normas con rango de ley.
La ejecución de sentencias (arts. 103 a 113 LJCA) y la extensión de efectos
La potestad de hacer ejecutar las sentencias corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden (art. 103). Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que estas consignen, y son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias dictados con la finalidad de eludir su cumplimiento. Firme la sentencia, el Letrado de la Administración de Justicia la comunica en diez días al órgano que realizó la actividad, para que la lleve a puro y debido efecto (art. 104); transcurrido el plazo legal sin cumplimiento, cualquiera de las partes puede instar la ejecución forzosa. Si concurre imposibilidad material o legal de ejecución, la Administración debe exponerlo al órgano judicial en el plazo de dos meses desde la comunicación (art. 105). En caso de incumplimiento, el órgano jurisdiccional puede adoptar medidas de ejecución forzosa (art. 108), incluida la ejecución subsidiaria, y la imposición de multas coercitivas reiterables a las autoridades y funcionarios responsables (art. 112), sin perjuicio de su eventual responsabilidad penal o disciplinaria. La extensión de efectos de las sentencias firmes (arts. 110 y 111) permite, en materia tributaria, de personal al servicio de la Administración y de Seguridad Social, extender a quienes no fueron parte los efectos de sentencia favorable en situación idéntica, si se solicita en el plazo de un año desde la última notificación de la resolución firme.
Las costas procesales (art. 139 LJCA)
En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional impone las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones (vencimiento objetivo), salvo que aprecie y razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En apelación y casación se imponen al recurrente cuyo recurso sea desestimado, salvo que el juez aprecie circunstancias que justifiquen otra decisión. La imposición puede limitarse a una parte de las costas o a una cifra máxima (art. 139.4), y cabe imponerlas en todo caso en supuestos de mala fe o temeridad.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El recurso contencioso-administrativo cabe frente a disposiciones generales, actos expresos y presuntos que ponen fin a la vía administrativa (y actos de trámite cualificados), la inactividad de la Administración y la vía de hecho (arts. 25, 29 y 30 LJCA).
Plazos de interposición: 2 meses desde el acto expreso; 6 meses desde el acto presunto (silencio); inactividad: 2 meses desde el vencimiento de los 3 meses; vía de hecho: 20 días sin requerimiento o 10 días con requerimiento. Es un error muy típico decir que inactividad y vía de hecho no tienen plazo.
Agosto es inhábil para interponer el recurso y para los plazos de la LJCA, salvo en el procedimiento para la protección de derechos fundamentales (art. 128.2).
La representación corresponde a Procurador y la defensa a Abogado (art. 23); los funcionarios pueden comparecer por sí mismos en defensa de derechos estatutarios en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados inamovibles.
Procedimiento abreviado: cuantía no superior a 30.000 euros y materias de personal (salvo nacimiento o extinción de la relación de funcionarios de carrera), extranjería, dopaje y asilo; una sola vista oral que concentra alegaciones, prueba y conclusiones.
Apelación: contra sentencias de Juzgados, salvo cuantía no superior a 30.000 euros y materia electoral del art. 8.4, con excepciones; casación: contra sentencias de Salas de la AN y de los TSJ, con interés casacional objetivo.
No existe casación contra las sentencias del Tribunal Supremo, y desaparecieron la casación para la unificación de doctrina y el recurso en interés de la ley (LO 7/2015); subsiste la casación autonómica ante el TSJ.
El art. 106.1 CE fundamenta la jurisdicción: control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican.
Orden de menor a mayor: Juzgados, Juzgados Centrales, Salas de los TSJ, Sala de la AN y Sala Tercera del TS; la LO 1/2025 introduce los Tribunales de Instancia, con implantación escalonada.
Competencia del Tribunal Supremo en única instancia: Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas, CGPJ y su Presidente. Audiencia Nacional: Ministros y Secretarios de Estado, con excepciones.
Regla territorial: sede del órgano autor del acto; en personal, propiedades especiales y sanciones, a elección del demandante, su domicilio (art. 14).
Legitimación activa: derecho o interés legítimo, entidades de intereses colectivos, Administraciones, Ministerio Fiscal y acción popular solo si la ley la prevé; sus propios órganos no pueden recurrir a la Administración de la que forman parte, salvo previsión legal (art. 20).
La aseguradora de la Administración es siempre parte codemandada (art. 21.1.c).
La Administración no puede impugnar directamente sus actos declarativos de derechos: debe declararlos lesivos (art. 107 Ley 39/2015, en cuatro años) y recurrir en dos meses (art. 46.4).
Frente a la inactividad, reclamación previa y, sin respuesta en 3 meses, recurso; la falta de ejecución de actos firmes se reclama tras un mes de petición y se tramita como abreviado (art. 29).
Pretensiones: declaración de disconformidad a Derecho y anulación, situación jurídica individualizada con indemnización, y condena a actuación material frente a inactividad o vía de hecho. El juez no puede redactar el precepto sustituto ni fijar el contenido discrecional (art. 71.2).
Efectos: la anulación de una disposición general es erga omnes desde la publicación del fallo; la de un acto, inter partes (art. 72).
Las medidas cautelares se ponderan según periculum in mora y fumus boni iuris; las cautelarísimas se acuerdan inaudita parte en dos días (art. 135).
Costas: vencimiento objetivo, salvo serias dudas de hecho o de derecho razonadas (art. 139).
La cuestión de ilegalidad se plantea en cinco días desde la firmeza de la sentencia por el órgano no competente para el recurso directo (art. 27); no se confunda con la cuestión de inconstitucionalidad.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Es impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa la inactividad de la Administración?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 13 de Gestión AGE?
La jurisdicción contencioso-administrativa, regulada por la Ley 29/1998, de 13 de julio (LJCA), controla la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas, así como su sometimiento a los fines que la justifican (art. 106.1 CE), garantizando el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva frente a la Administración (art. 24 CE). Se organiza en Juzgados y Salas de distinto ámbito territorial y competencial, culminando en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El proceso se articula en torno a la actividad impugnable (disposiciones generales, actos expresos y presuntos, inactividad y vía de hecho), a unos plazos de interposición muy estrictos, a la legitimación (interés legítimo) y a la postulación mediante Procurador y Abogado, con procedimientos ordinario, abreviado y especiales, medidas cautelares, recursos (apelación y casación) y ejecución de sentencias bajo control judicial.
¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?
El recurso contencioso-administrativo cabe frente a disposiciones generales, actos expresos y presuntos que ponen fin a la vía administrativa (y actos de trámite cualificados), la inactividad de la Administración y la vía de hecho (arts. 25, 29 y 30 LJCA). Plazos de interposición: 2 meses desde el acto expreso; 6 meses desde el acto presunto (silencio); inactividad: 2 meses desde el vencimiento de los 3 meses; vía de hecho: 20 días sin requerimiento o 10 días con requerimiento. Es un error muy típico decir que inactividad y vía de hecho no tienen plazo. Agosto es inhábil para interponer el recurso y para los plazos de la LJCA, salvo en el procedimiento para la protección de derechos fundamentales (art. 128.2). La representación corresponde a Procurador y la defensa a Abogado (art. 23); los funcionarios pueden comparecer por sí mismos en defensa de derechos estatutarios en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados inamovibles. Procedimiento abreviado: cuantía no superior a 30.000 euros y materias de personal (salvo nacimiento o extinción de la relación de funcionarios de carrera), extranjería, dopaje y asilo; una sola vista oral que concentra alegaciones, prueba y conclusiones. Apelación: contra sentencias de Juzgados, salvo cuantía no superior a 30.000 euros y materia electoral del art. 8.4, con excepciones; casación: contra sentencias de Salas de la AN y de los TSJ, con interés casacional objetivo. No existe casación contra las sentencias del Tribunal Supremo, y desaparecieron la casación para la unificación de doctrina y el recurso en interés de la ley (LO 7/2015); subsiste la casación autonómica ante el TSJ. El art. 106.1 CE fundamenta la jurisdicción: control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican. Orden de menor a mayor: Juzgados, Juzgados Centrales, Salas de los TSJ, Sala de la AN y Sala Tercera del TS; la LO 1/2025 introduce los Tribunales de Instancia, con implantación escalonada. Competencia del Tribunal Supremo en única instancia: Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas, CGPJ y su Presidente. Audiencia Nacional: Ministros y Secretarios de Estado, con excepciones. Regla territorial: sede del órgano autor del acto; en personal, propiedades especiales y sanciones, a elección del demandante, su domicilio (art. 14). Legitimación activa: derecho o interés legítimo, entidades de intereses colectivos, Administraciones, Ministerio Fiscal y acción popular solo si la ley la prevé; sus propios órganos no pueden recurrir a la Administración de la que forman parte, salvo previsión legal (art. 20). La aseguradora de la Administración es siempre parte codemandada (art. 21.1.c). La Administración no puede impugnar directamente sus actos declarativos de derechos: debe declararlos lesivos (art. 107 Ley 39/2015, en cuatro años) y recurrir en dos meses (art. 46.4). Frente a la inactividad, reclamación previa y, sin respuesta en 3 meses, recurso; la falta de ejecución de actos firmes se reclama tras un mes de petición y se tramita como abreviado (art. 29). Pretensiones: declaración de disconformidad a Derecho y anulación, situación jurídica individualizada con indemnización, y condena a actuación material frente a inactividad o vía de hecho. El juez no puede redactar el precepto sustituto ni fijar el contenido discrecional (art. 71.2). Efectos: la anulación de una disposición general es erga omnes desde la publicación del fallo; la de un acto, inter partes (art. 72). Las medidas cautelares se ponderan según periculum in mora y fumus boni iuris; las cautelarísimas se acuerdan inaudita parte en dos días (art. 135). Costas: vencimiento objetivo, salvo serias dudas de hecho o de derecho razonadas (art. 139). La cuestión de ilegalidad se plantea en cinco días desde la firmeza de la sentencia por el órgano no competente para el recurso directo (art. 27); no se confunda con la cuestión de inconstitucionalidad.
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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 24, 106.1 y 117.3.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la LOPJ (reforma del recurso de casación contencioso-administrativo).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 107 y 114).
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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