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Tema 10. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es la institución jurídica que garantiza a los particulares el derecho a ser indemnizados por las lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor. Se trata de una responsabilidad objetiva y directa, reconocida en el art. 106.2 de la Constitución y regulada, en su régimen sustantivo, por los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y, en su procedimiento, por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), fundamentalmente en sus arts. 65, 67, 81, 86, 91 y 96. El tema abarca dos grandes bloques: los presupuestos de fondo de la responsabilidad (lesión antijurídica, daño efectivo, evaluable e individualizado, nexo causal y ausencia de fuerza mayor) y el procedimiento para exigirla (iniciación, instrucción, dictamen del órgano consultivo, terminación y recursos).

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Fundamento constitucional y concepto

El art. 106.2 CE reconoce el derecho de los particulares, en los términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El art. 32.1 de la Ley 40/2015 desarrolla este principio, reconociendo el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Conviene recordar que el art. 9.3 CE garantiza además la responsabilidad de los poderes públicos, y que el sistema español, desde la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, es un sistema unitario y de cobertura general, que no distingue según la actuación sea un acto formal, una actuación material o una omisión.

Caracteres del sistema: unitario, general, objetivo y directo

Objetivo: a diferencia de la responsabilidad civil común, basada en la culpa o negligencia, no exige acreditar culpa o negligencia de ningún agente concreto; basta probar la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y el perjuicio. Directo: el particular reclama directamente contra la Administración titular del servicio, sin necesidad de demandar al empleado público interviniente (art. 36.1 LRJSP), sin perjuicio de la posterior acción de regreso de la Administración contra sus autoridades y personal. Unitario y general: abarca toda la actividad administrativa (actos, reglamentos, actuaciones materiales, inactividad y vías de hecho) y a todas las Administraciones públicas. Reparación integral: la indemnización pretende resarcir íntegramente el daño, no sancionar. Es, además, una responsabilidad de naturaleza compensatoria, por lo que no exige ilicitud de la conducta.

Funcionamiento normal y anormal de los servicios públicos

El sistema cubre tanto los daños derivados de una actuación defectuosa o irregular (funcionamiento anormal) como los derivados de una actuación correcta y ajustada a Derecho (funcionamiento normal) que, pese a su corrección, causa un daño antijurídico que el particular no debe soportar. Esta objetivación no equivale a convertir a la Administración en aseguradora universal de todos los riesgos de la vida social: la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige siempre que el daño sea imputable al funcionamiento del servicio y que no exista un deber jurídico de soportarlo. Se entiende por servicio público, a estos efectos, toda actividad administrativa en sentido amplio, y no solo los servicios públicos en sentido técnico.

Requisitos generales de la responsabilidad patrimonial

Para que nazca la obligación de indemnizar deben concurrir: 1) una lesión antijurídica en un bien o derecho del reclamante, entendida como aquella que el particular no tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley (art. 34.1 LRJSP); 2) que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas (art. 32.2 LRJSP); 3) una relación de causalidad entre la actuación (o inactividad) administrativa y el daño producido; 4) que se impute a una Administración pública el funcionamiento del servicio; y 5) la ausencia de fuerza mayor. Además, la reclamación debe formularse dentro del plazo de prescripción de un año. La carga de la prueba del daño y del nexo causal corresponde, como regla general, al reclamante, mientras que la Administración debe acreditar los hechos que excluyan su responsabilidad (fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o intervención de tercero).

La lesión antijurídica

La antijuridicidad se predica del daño, no de la conducta: el particular no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio. No se refiere a que la actuación administrativa sea contraria a Derecho, pues el sistema cubre también la actividad lícita. Cuando existe un título jurídico que impone soportar el daño (carga tributaria legal, sanción legítima, limitación general de derechos, riesgo típico voluntariamente asumido por el interesado), no procede indemnización. Por ello, la anulación en vía administrativa o por el orden contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización (art. 32.1, párrafo segundo, LRJSP): hay que probar además que el daño era antijurídico y que se dan los demás requisitos.

Características del daño: efectivo, evaluable e individualizado

Debe ser efectivo (real y actual, no meramente hipotético o eventual), evaluable económicamente (susceptible de cuantificación dineraria, lo que incluye el daño moral valorado en términos económicos) e individualizado respecto de una persona o grupo identificable, no una carga o molestia general que todos los ciudadanos deban soportar. Comprende el daño emergente y el lucro cesante, siempre que este último sea cierto y no meramente posible. El daño puede ser material, personal o moral. En la responsabilidad sanitaria, la jurisprudencia admite el daño derivado de la pérdida de oportunidad, que se indemniza por la probabilidad perdida y no por el resultado final.

La relación de causalidad

Exige un nexo causal entre el funcionamiento del servicio y el daño, que no tiene que ser exclusivo. La jurisprudencia matiza esta exigencia mediante criterios de imputación objetiva (causa adecuada, concurrencia de causas), especialmente cuando concurren actuación de terceros, conducta del propio perjudicado o fuerza mayor, que pueden moderar o excluir la responsabilidad. Si la víctima contribuye parcialmente a la producción del daño, se produce una moderación de la indemnización (concurrencia de culpas); si su conducta es la causa exclusiva, se rompe el nexo y desaparece la responsabilidad. La prueba del nexo corresponde al reclamante, con la matización de la doctrina de la facilidad probatoria en los casos en que la Administración dispone de la información.

La fuerza mayor y su distinción del caso fortuito

La fuerza mayor (acontecimiento imprevisible e inevitable, y ajeno o exterior al funcionamiento del servicio, como un terremoto o una inundación extraordinaria) excluye la responsabilidad conforme al art. 106.2 CE y al art. 32.1 LRJSP. El caso fortuito (suceso interno al propio funcionamiento del servicio, como un fallo mecánico imprevisto o un accidente en la prestación) no exonera de responsabilidad, precisamente por ser interno a la actividad administrativa y entrar en el riesgo que la Administración debe asumir. Esta distinción es una de las más preguntadas en examen. Junto a la fuerza mayor, el art. 34.1 LRJSP excluye los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su producción (riesgos del desarrollo), sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer.

La imputación del daño a la Administración

Además de la relación causal material, es necesario imputar jurídicamente el daño a una Administración concreta, identificando el servicio cuyo funcionamiento lo generó y si la actuación se produjo dentro de sus competencias. Resulta especialmente compleja en gestión compartida entre Administraciones o cuando intervienen entes del sector público institucional. La Administración es responsable de los actos de sus autoridades y personal y de los de las entidades de Derecho público dependientes, y también cuando actúa en relaciones de Derecho privado, en cuyo caso la responsabilidad se exige conforme a los arts. 32 y siguientes LRJSP, y la entidad de Derecho privado o su aseguradora responden directamente (art. 35 LRJSP).

Responsabilidad patrimonial derivada de actos legislativos

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados de las lesiones derivadas de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen (art. 32.3 LRJSP). Si el daño proviene de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procede indemnización cuando el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Para las normas contrarias al Derecho de la Unión Europea, la LRJSP exige además que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la infracción esté suficientemente caracterizada y que exista relación directa entre la infracción y el daño. Estas reglas siguen la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (principio de responsabilidad del Estado legislador, caso Francovich). La responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia no se rige por la LRJSP, sino por la LOPJ (arts. 292 a 297): error judicial, funcionamiento anormal y prisión preventiva seguida de absolución o auto de sobreseimiento libre por inexistencia del hecho imputado.

Responsabilidad concurrente de varias Administraciones

Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas (convenios, consorcios, encomiendas de gestión) se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes responden frente al particular, en todo caso, de forma solidaria, pudiendo este reclamar la totalidad a cualquiera de ellas. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las Administraciones; en su defecto, se atiende a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención (art. 33 LRJSP). Cuando se trate de daños causados por entidades del sector público institucional, la Administración de la que dependan responde directamente de la responsabilidad de estas.

Competencia jurisdiccional y unidad de fuero

El orden contencioso-administrativo es el competente para conocer de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad (art. 2.e de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). Es el llamado principio de unidad de fuero. Se exceptúa la responsabilidad derivada de la actuación de los jueces y tribunales, regulada por la LOPJ.

El plazo de prescripción de la acción

El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo (art. 67.1 LPAC). En daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empieza a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Cuando proceda reconocer derecho a indemnización por la anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribe al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En responsabilidad por norma con rango de ley declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión, el año se computa desde la publicación en el BOE o en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia que declare la inconstitucionalidad o el carácter contrario al Derecho de la Unión. Es un plazo de prescripción (interrumpible, p. ej. por el ejercicio de acciones penales) y no de caducidad. La doctrina del Tribunal Supremo aplica la teoría de la actio nata y distingue entre daños permanentes y continuados: en estos últimos el plazo no empieza hasta que cesa la producción del daño.

La iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial

El procedimiento puede iniciarse de oficio, por acuerdo del órgano competente, siempre que no haya prescrito el derecho a reclamar de los interesados (art. 65 LPAC), o a solicitud del interesado (art. 67 LPAC). La solicitud debe especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. Si la solicitud no reúne los requisitos del art. 66, se requiere al interesado para que subsane en diez días (art. 68). Están legitimados los perjudicados y, en caso de fallecimiento, quienes acrediten un daño propio o la condición de sucesores, según la jurisprudencia.

Instrucción: informe del servicio, prueba y audiencia

Se aplican las reglas generales de la LPAC con especialidades. Se solicita informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión, sin que su plazo de emisión pueda exceder de diez días (art. 81.1 LPAC). Rige el periodo de prueba común (art. 77: duración no superior a treinta días ni inferior a diez) y la Administración debe acordar la apertura cuando no tenga por ciertos los hechos alegados. Concluida la instrucción se confiere trámite de audiencia a los interesados por un plazo de diez a quince días (art. 82). Cuando el daño pueda deberse a la actuación de un contratista, procede darle audiencia como interesado. Si concurren otras Administraciones, se les da traslado para que informen. Los hechos probados por sentencia penal firme vinculan a la Administración.

El dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico

Concluido el trámite de audiencia, en los procedimientos en los que la cuantía de la indemnización solicitada sea igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos en que sea preceptivo conforme a la normativa, es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (art. 81.2 LPAC; art. 22.13 de la LO 3/1980 del Consejo de Estado). El dictamen se pronuncia sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y el modo de la indemnización. Es un dictamen preceptivo pero no vinculante, salvo que una norma disponga lo contrario. Su omisión, cuando resultaba preceptivo, puede viciar el procedimiento por prescindir de un trámite esencial.

Terminación convencional y procedimiento simplificado

Las Administraciones pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico (art. 86 LPAC). En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo indemnizatorio entre el interesado y la Administración debe fijar la cuantía y el modo de indemnización conforme al art. 34 LRJSP. Además, la tramitación simplificada (art. 96 LPAC) puede aplicarse cuando sean inequívocas la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización: el procedimiento se resuelve en un plazo máximo de treinta días desde que se acuerda su tramitación simplificada.

Resolución, plazo y silencio

La resolución se pronuncia sobre la existencia o no de la lesión y sobre la valoración de los daños, la cuantía y el modo de la indemnización (art. 91 LPAC). El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses desde el inicio del procedimiento, y el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado tiene sentido negativo (desestimatorio), por lo que el interesado puede acudir a la vía contenciosa sin esperar a una resolución expresa. La Administración sigue obligada a resolver expresamente aun transcurrido el plazo, sin vinculación al sentido del silencio negativo (arts. 21 y 24 LPAC). Conviene recordar que el plazo de seis meses es el máximo general y que se suspende, entre otros supuestos, por el tiempo que medie entre la solicitud del dictamen del órgano consultivo y su recepción (art. 22.1 LPAC), con un máximo de tres meses.

Los criterios de valoración de la indemnización

La indemnización se calcula con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, la legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado (art. 34.2 LRJSP). En los casos de muerte o lesiones corporales se puede tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa en materia de seguros obligatorios y de la Seguridad Social (en la práctica, el baremo de tráfico). La cuantía se calcula con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el INE, y de los intereses que procedan con arreglo a la Ley General Presupuestaria. La indemnización puede sustituirse por una compensación en especie o abonarse mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

Responsabilidad de autoridades y personal: acción de regreso

Con independencia de la responsabilidad directa de la Administración frente al particular, la Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento correspondiente (art. 36.2 LRJSP). Para la exigencia se ponderan, entre otros criterios, el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. Asimismo, se exigirá de oficio la responsabilidad por los daños y perjuicios causados en los bienes y derechos de la propia Administración cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves (art. 36.3). Es independiente de la responsabilidad disciplinaria y de la penal. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones no excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración, que se exigirá conforme a la LRJSP, sin perjuicio de la ulterior regresión (art. 37).

Responsabilidad patrimonial y contratos del sector público

Se distingue de la responsabilidad patrimonial general la derivada de la actividad contractual: es obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato; cuando tales daños sean consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, o de vicios del proyecto elaborado por ella en el contrato de obras, será responsable la Administración (art. 196 LCSP, Ley 9/2017). El tercero perjudicado puede requerir previamente al órgano de contratación para que se pronuncie sobre a quién corresponde la responsabilidad. La expropiación forzosa, por su parte, tiene su propio régimen indemnizatorio (justiprecio y, en su caso, indemnización por ocupación temporal), distinto del de la responsabilidad patrimonial general.

Impugnación de la resolución

La resolución expresa o presunta del procedimiento de responsabilidad patrimonial puede ser impugnada ante el orden contencioso-administrativo (art. 2.e LJCA). Si la resolución pone fin a la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo directo (arts. 114 y 123 LPAC); si no la pone, procede recurso de alzada. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo es de dos meses desde la notificación de la resolución expresa, o de seis meses desde la producción del acto presunto (art. 46 LJCA). Los actos que pongan fin a la vía administrativa se determinan por la organización de cada Administración; la determinación de qué resoluciones agotan la vía administrativa depende de la norma organizativa de cada Administración (art. 114 LPAC).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La responsabilidad patrimonial administrativa es objetiva (no exige culpa), directa (se reclama a la Administración, no al empleado) y unitaria: procede tanto por funcionamiento normal como anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.
  • Base normativa: art. 106.2 CE; arts. 32 a 37 Ley 40/2015 (régimen sustantivo); arts. 65, 67, 81, 86, 91 y 96 Ley 39/2015 (procedimiento).
  • Requisitos: lesión antijurídica que no hay deber de soportar, daño efectivo/evaluable económicamente/individualizado, relación de causalidad, imputación a la Administración y ausencia de fuerza mayor.
  • Antijuridicidad: se predica del daño, no de la conducta; la actividad lícita también puede generar responsabilidad.
  • La anulación de un acto o disposición no presupone por sí misma derecho a indemnización (art. 32.1, párrafo segundo, LRJSP).
  • Fuerza mayor (externa, imprevisible e inevitable) exonera; caso fortuito (interno al servicio) no exonera. Es una trampa recurrente de examen.
  • Riesgos del desarrollo: no son indemnizables los daños no previsibles ni evitables según el estado de la ciencia y de la técnica en el momento de su producción (art. 34.1 LRJSP).
  • La acción prescribe al año desde el hecho o desde la manifestación de sus efectos lesivos (art. 67.1 LPAC); en daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
  • En responsabilidad por ley inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión, el año se cuenta desde la publicación de la sentencia (BOE o DOUE).
  • Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico si la cuantía reclamada es igual o superior a 50.000 euros (art. 81.2 LPAC); se solicita tras el trámite de audiencia y es no vinculante.
  • El informe del servicio causante del daño debe emitirse en un plazo máximo de 10 días (art. 81.1 LPAC); la audiencia dura de 10 a 15 días.
  • Plazo máximo de resolución y notificación: seis meses; silencio administrativo negativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
  • Procedimiento simplificado (art. 96 LPAC): si la relación de causalidad y la valoración del daño son inequívocas; plazo de 30 días.
  • Admite terminación convencional (art. 86 LPAC): el acuerdo debe fijar cuantía y modo de indemnización según el art. 34 LRJSP.
  • Valoración: criterios de la legislación de expropiación forzosa y fiscal; baremos de seguros obligatorios y Seguridad Social en muerte o lesiones corporales; cuantía referida a la fecha de la lesión y actualizada con el Índice de Garantía de la Competitividad (INE).
  • Varias Administraciones en actuación conjunta: responsabilidad solidaria frente al particular (art. 33 LRJSP), con distribución interna según competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención.
  • Responsabilidad del personal: la Administración que ha indemnizado exige de oficio la responsabilidad a sus autoridades y personal por dolo, culpa o negligencia graves (art. 36.2 LRJSP); es una acción de regreso, no un requisito previo para el particular.
  • Actos legislativos no expropiatorios: solo si lo prevé el propio acto legislativo (art. 32.3 LRJSP). Ley inconstitucional: exige sentencia firme desestimatoria previa con alegación de la inconstitucionalidad.
  • Contratos: el contratista responde de los daños a terceros, salvo que sean consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración (art. 196 LCSP).
  • Unidad de fuero: la jurisdicción competente es siempre la contencioso-administrativa (art. 2.e LJCA), aunque concurran particulares o aseguradoras; se exceptúa la responsabilidad judicial (LOPJ, arts. 292 y ss.).
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Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 10 de Gestión AGE?

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es la institución jurídica que garantiza a los particulares el derecho a ser indemnizados por las lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor. Se trata de una responsabilidad objetiva y directa, reconocida en el art. 106.2 de la Constitución y regulada, en su régimen sustantivo, por los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y, en su procedimiento, por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), fundamentalmente en sus arts. 65, 67, 81, 86, 91 y 96. El tema abarca dos grandes bloques: los presupuestos de fondo de la responsabilidad (lesión antijurídica, daño efectivo, evaluable e individualizado, nexo causal y ausencia de fuerza mayor) y el procedimiento para exigirla (iniciación, instrucción, dictamen del órgano consultivo, terminación y recursos).

¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?

La responsabilidad patrimonial administrativa es objetiva (no exige culpa), directa (se reclama a la Administración, no al empleado) y unitaria: procede tanto por funcionamiento normal como anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor. Base normativa: art. 106.2 CE; arts. 32 a 37 Ley 40/2015 (régimen sustantivo); arts. 65, 67, 81, 86, 91 y 96 Ley 39/2015 (procedimiento). Requisitos: lesión antijurídica que no hay deber de soportar, daño efectivo/evaluable económicamente/individualizado, relación de causalidad, imputación a la Administración y ausencia de fuerza mayor. Antijuridicidad: se predica del daño, no de la conducta; la actividad lícita también puede generar responsabilidad. La anulación de un acto o disposición no presupone por sí misma derecho a indemnización (art. 32.1, párrafo segundo, LRJSP). Fuerza mayor (externa, imprevisible e inevitable) exonera; caso fortuito (interno al servicio) no exonera. Es una trampa recurrente de examen. Riesgos del desarrollo: no son indemnizables los daños no previsibles ni evitables según el estado de la ciencia y de la técnica en el momento de su producción (art. 34.1 LRJSP). La acción prescribe al año desde el hecho o desde la manifestación de sus efectos lesivos (art. 67.1 LPAC); en daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En responsabilidad por ley inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión, el año se cuenta desde la publicación de la sentencia (BOE o DOUE). Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico si la cuantía reclamada es igual o superior a 50.000 euros (art. 81.2 LPAC); se solicita tras el trámite de audiencia y es no vinculante. El informe del servicio causante del daño debe emitirse en un plazo máximo de 10 días (art. 81.1 LPAC); la audiencia dura de 10 a 15 días. Plazo máximo de resolución y notificación: seis meses; silencio administrativo negativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Procedimiento simplificado (art. 96 LPAC): si la relación de causalidad y la valoración del daño son inequívocas; plazo de 30 días. Admite terminación convencional (art. 86 LPAC): el acuerdo debe fijar cuantía y modo de indemnización según el art. 34 LRJSP. Valoración: criterios de la legislación de expropiación forzosa y fiscal; baremos de seguros obligatorios y Seguridad Social en muerte o lesiones corporales; cuantía referida a la fecha de la lesión y actualizada con el Índice de Garantía de la Competitividad (INE). Varias Administraciones en actuación conjunta: responsabilidad solidaria frente al particular (art. 33 LRJSP), con distribución interna según competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. Responsabilidad del personal: la Administración que ha indemnizado exige de oficio la responsabilidad a sus autoridades y personal por dolo, culpa o negligencia graves (art. 36.2 LRJSP); es una acción de regreso, no un requisito previo para el particular. Actos legislativos no expropiatorios: solo si lo prevé el propio acto legislativo (art. 32.3 LRJSP). Ley inconstitucional: exige sentencia firme desestimatoria previa con alegación de la inconstitucionalidad. Contratos: el contratista responde de los daños a terceros, salvo que sean consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración (art. 196 LCSP). Unidad de fuero: la jurisdicción competente es siempre la contencioso-administrativa (art. 2.e LJCA), aunque concurran particulares o aseguradoras; se exceptúa la responsabilidad judicial (LOPJ, arts. 292 y ss.).

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 9.3 y 106.2.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 32-37.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 21, 22, 65, 67, 77, 81, 82, 86, 91 y 96.
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 2.e y 46.
  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, art. 196.
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, art. 22.13.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 292-297.

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