Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
La expropiación forzosa es la potestad administrativa por la cual la Administración priva a un particular de la titularidad de un bien o derecho patrimonial legítimo, mediante indemnización (justo precio), por causa justificada de utilidad pública o interés social y conforme al procedimiento legal (art. 33.3 CE). Se regula por la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF) y su Reglamento de 26 de abril de 1957, sin perjuicio de las leyes sectoriales y de las normas de valoración de la legislación de suelo. El procedimiento ordinario exige declaración de utilidad pública o interés social, declaración de necesidad de ocupación, determinación del justiprecio, pago o consignación y ocupación; existe un procedimiento especial de urgencia (art. 52 LEF) que invierte el orden de las fases. Las garantías del expropiado son esencialmente jurisdiccionales: control ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE), tutela frente a la vía de hecho (art. 125 LEF) y derecho de reversión.
Fundamento constitucional de la expropiación forzosa (art. 33.3 CE)
Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. El precepto garantiza la función social de la propiedad (art. 33.2 CE, que delimita el contenido de la propiedad privada de acuerdo con las leyes) al tiempo que blinda al propietario frente a privaciones arbitrarias, exigiendo la concurrencia de tres requisitos: causa expropiandi, indemnización y procedimiento legal. La competencia para dictar la legislación sobre expropiación forzosa corresponde con carácter exclusivo al Estado (art. 149.1.18.ª CE), sin perjuicio de las especialidades procedimentales que las Comunidades Autónomas puedan establecer en el ejercicio de sus competencias sustantivas (STC 37/1987). El art. 33 CE no figura entre los derechos protegibles mediante recurso de amparo (art. 53.2 CE), por lo que su tutela se realiza a través de la jurisdicción ordinaria (y, frente a leyes, mediante la cuestión o el recurso de inconstitucionalidad). En el ámbito europeo, el art. 1 del Protocolo adicional n.º 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos protege la propiedad y exige un justo equilibrio entre el interés general y el derecho del propietario (STEDH James y otros c. Reino Unido, 1986).
Concepto y naturaleza de la expropiación forzosa
La LEF la define como la privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio (art. 1). Es la potestad administrativa, de ejercicio reglado, por la cual la Administración, previa la tramitación del procedimiento legalmente establecido, priva a un sujeto de la titularidad de un bien o derecho, o de su libre disposición, por causa justificada de utilidad pública o interés social, a cambio del pago de la correspondiente indemnización (justiprecio). Se regula por la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento de 26 de abril de 1957. La doctrina distingue la expropiación de las limitaciones generales a la propiedad (delimitación del contenido, sin indemnización) y de las privaciones singulares (que sí la exigen). Existe también la expropiación por ley (ley singular), admisible pero sujeta a control de constitucionalidad (STC 111/1983, caso Rumasa, y STC 166/1986).
Los sujetos de la relación expropiatoria
El sujeto expropiante es la Administración titular de la potestad expropiatoria, que ostenta la competencia para decidir la expropiación: el Estado, la provincia y el municipio (art. 2.1 LEF) y, por extensión, las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones con potestad reconocida por ley. El sujeto beneficiario (art. 2.2) es quien representa el interés público o social para cuya realización se expropia, pudiendo coincidir con el expropiante o ser un tercero (entes públicos o particulares, como el concesionario de una obra o servicio público) a cuyo favor se transmite el bien, asumiendo los derechos y obligaciones que establece la ley, entre ellos el pago del justiprecio. El sujeto expropiado es el titular de los bienes o derechos objeto de expropiación, persona física o jurídica, pública o privada; las actuaciones del expediente se entienden con quien figure como dueño o titular en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad, o en su defecto en los registros fiscales, o finalmente con quien lo sea pública y notoriamente (art. 3).
El objeto de la expropiación forzosa
Puede ser cualquier forma de propiedad y cualesquiera derechos e intereses patrimoniales legítimos, cualquiera que sea la persona o entidad a que pertenezcan, siempre que resulten afectados por la causa expropiandi: bienes inmuebles, muebles, derechos reales, derechos personales de contenido patrimonial (como el arrendamiento), propiedad intelectual e industrial y, en supuestos excepcionales, la propia empresa en funcionamiento. Los bienes de dominio público no son expropiables mientras mantengan su afectación; deben desafectarse previamente. Quedan fuera los bienes y derechos no patrimoniales.
La causa expropiandi: utilidad pública e interés social
Es el presupuesto habilitante de todo el procedimiento expropiatorio: para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado (art. 9 LEF). La utilidad pública se refiere típicamente a obras y servicios públicos; el interés social, a fines de mayor contenido social (vivienda, reforma agraria, patrimonio histórico), ambos con la misma eficacia habilitante. Si falta la causa o es otra distinta de la declarada, la expropiación es nula (desviación de poder).
La declaración de utilidad pública o interés social
La utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, provincia y municipio (art. 10 LEF), así como en los proyectos de obras y servicios de los organismos y entidades de las Administraciones; en los demás casos, requiere declaración expresa mediante ley o, cuando la ley lo autorice, mediante acuerdo del Consejo de Ministros (o del órgano autonómico o local equivalente). Numerosas leyes sectoriales declaran la utilidad pública de las obras que regulan (carreteras, ferrocarriles, aguas, energía, telecomunicaciones, minas) y la legislación urbanística la entiende implícita en la aprobación de los planes de ordenación y los proyectos de urbanización. La declaración, cuando se hace mediante acto administrativo, es impugnable en la vía contencioso-administrativa.
La necesidad de ocupación
Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resuelve sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación (art. 15 LEF). Para ello se formula una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación, con descripción material y jurídica (art. 17), que se somete a un trámite de información pública durante un plazo de quince días (art. 18) para que los interesados puedan formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal, aportando cuantos datos permitan su rectificación. Tras la información, la Administración acuerda la necesidad de ocupación (arts. 20 a 22), acuerdo que es notificado a los interesados y contra el que cabe recurso de alzada ante el departamento correspondiente. La resolución produce el efecto de iniciar el expediente de justiprecio.
El procedimiento expropiatorio ordinario: fases
1.ª Declaración de utilidad pública o interés social. 2.ª Declaración de necesidad de ocupación de los bienes concretos. 3.ª Determinación del justiprecio: mediante mutuo acuerdo entre expropiante y expropiado o, en su defecto, a través de las hojas de aprecio contradictorias y, en último término, la intervención del Jurado de Expropiación u órgano de valoración correspondiente. 4.ª Pago o consignación del justiprecio. 5.ª Ocupación del bien y ejercicio del derecho, momento en el que se transmite la propiedad, libre de cargas, que se trasladan al justiprecio. La Administración y el expropiado pueden convenir la adquisición de los bienes por mutuo acuerdo, lo que pone término al expediente (art. 24).
El justiprecio: concepto y determinación
Es la indemnización que corresponde al expropiado como contrapartida de la privación de su bien o derecho. Se fija preferentemente por mutuo acuerdo entre las partes y, en su defecto, mediante el procedimiento contradictorio de hojas de aprecio (el expropiado formula su valoración motivada, preferentemente tasada por perito; el expropiante la acepta, y entonces queda determinado el justo precio, o formula la suya propia), correspondiendo la resolución de las discrepancias al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa o al órgano de valoración que corresponda conforme a la legislación autonómica. La tasación se hace con arreglo al valor de los bienes al momento de iniciarse el expediente de justiprecio (art. 36 LEF), con criterios de valoración que remiten a la legislación sectorial (en suelo, el Título III del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, RDLeg 7/2015). Se añade un premio de afección del cinco por ciento (art. 47). Si transcurren seis meses desde la iniciación del expediente de justiprecio sin que se haya determinado, la cantidad devenga interés legal (art. 56). La resolución del Jurado pone fin a la vía administrativa y es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El pago del justiprecio y sus efectos
El pago del justiprecio se realiza en metálico y es requisito previo e indispensable para proceder a la ocupación del bien o al ejercicio del derecho expropiado (art. 51 LEF), salvo en el procedimiento de urgencia. Si transcurren seis meses desde la fijación definitiva del justiprecio sin que se haya pagado, devenga intereses de demora (art. 57). Cuando el expropiado rechace recibirlo o existan litigios sobre la titularidad del bien o discrepancias de terceros, procede su consignación, que tiene efectos liberatorios para el expropiante.
La ocupación del bien y la transmisión de la propiedad
Efectuado el pago o la consignación, se procede a la ocupación del bien mediante un acta que constituye título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad, y para que se considere a todos los efectos como una transmisión del dominio libre de cargas, verificándose así el efecto traslativo característico de la expropiación forzosa: el expropiante adquiere la propiedad libre de las cargas y gravámenes que pesaran sobre el bien, que se trasladan al justiprecio.
El procedimiento de urgencia (art. 52 LEF)
Modalidad excepcional del procedimiento expropiatorio, que exige acuerdo específico del Consejo de Ministros (o del órgano competente autonómico o local) declarando la urgente ocupación de los bienes afectados. Permite invertir el orden ordinario del procedimiento: se publica la relación de bienes y derechos, se levanta el acta previa a la ocupación, se hace el depósito previo (cuya cuantía se determina por la Administración) y se abona o consigna la indemnización por perjuicios derivados de la rápida ocupación, y se procede a la inmediata ocupación; solo después se tramita y determina el justiprecio definitivo conforme al procedimiento ordinario. Su finalidad es acelerar la disponibilidad del bien para obras de especial urgencia, y es de interpretación restrictiva: la declaración de urgencia debe estar motivada y es impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Las garantías jurisdiccionales del expropiado
El expropiado puede impugnar en vía contencioso-administrativa cualquiera de las resoluciones dictadas a lo largo del procedimiento que le causen perjuicio: la declaración de necesidad de ocupación, la fijación del justiprecio (mediante recurso contra la resolución del órgano de valoración, que pone fin a la vía administrativa) y, en su caso, la propia declaración de utilidad pública cuando adopte forma de acto administrativo. El plazo general del recurso contencioso-administrativo es de dos meses desde la notificación (art. 46 LJCA). Se garantiza así un control judicial pleno conforme al art. 106.1 CE y a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Frente a la vía de hecho, es decir, la ocupación sin haberse cumplido los requisitos sustanciales de declaración de utilidad pública o interés social, necesidad de ocupación y previo pago o depósito, el interesado podrá hacer uso de los interdictos de retener y recobrar para que los jueces le amparen y reintegren en su posesión amenazada o perdida (art. 125 LEF), así como recurrir en vía contencioso-administrativa contra la actuación material constitutiva de vía de hecho (art. 30 LJCA).
La reversión expropiatoria (art. 54 LEF)
Derecho del expropiado, o de sus causahabientes, a recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono de la indemnización que determina la ley (el importe del justiprecio actualizado), cuando no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la expropiación, cuando exista alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o cuando desaparezca la afectación al fin que justificó la expropiación. No procede la reversión cuando la afectación al fin que justificó la expropiación, o a otro declarado de utilidad pública o interés social, se prolonga durante determinado tiempo desde la terminación de la obra o del establecimiento del servicio. La LEF regula los plazos para que se entienda que la obra no se ha ejecutado (inicio de la obra en un plazo desde la toma de posesión; no interrupción durante un plazo). El Tribunal Constitucional ha considerado la reversión como una garantía integrada en el derecho de propiedad (STC 67/1988).
La expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad
Modalidad especial, propia sobre todo de la legislación urbanística y agraria, en la que la expropiación no se dirige a adquirir el bien para una obra o servicio público concreto, sino a hacer efectivo el cumplimiento de la función social de la propiedad cuando su titular incumple los deberes inherentes a ella (por ejemplo, el deber de edificar en plazo en suelo urbano o el deber de cultivar). La LEF regula en sus arts. 71 y siguientes la expropiación por incumplimiento de la función social, que procede cuando el interés social lo requiera y esté previsto en una ley. A diferencia de lo que a veces se sostiene, no es una sanción: el titular tiene derecho a la indemnización correspondiente (STC 37/1987), aunque esta pueda ser menor al valor ordinario por reflejar el incumplimiento.
Las ocupaciones temporales y las requisas
Distintas de la expropiación en sentido estricto (privación definitiva de la propiedad), las ocupaciones temporales de bienes inmuebles (arts. 108 y ss. LEF: para estudios, obras, depósito de materiales) y las requisas de bienes muebles (previstas para situaciones de emergencia o necesidad urgente, como los estados excepcionales regulados en la Ley Orgánica 4/1981) suponen una privación transitoria del uso o disfrute del bien, con derecho del propietario a la indemnización por el tiempo de la ocupación y por los daños y perjuicios causados, sin que se produzca transmisión de la titularidad.
Distinción entre expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial
Ambas instituciones garantizan al particular una indemnización frente a una actuación administrativa, pero se diferencian en su naturaleza: la expropiación forzosa es una privación singular, querida y directa de un bien o derecho concreto por causa de utilidad pública, con procedimiento propio y previo a la privación y con indemnización que es el justiprecio de un valor; la responsabilidad patrimonial (arts. 32 y ss. Ley 40/2015) indemniza un daño no querido, antijurídico y efectivo, causado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público, que el particular no tiene el deber jurídico de soportar, reclamado a posteriori mediante procedimiento iniciado de oficio o a solicitud del interesado, con un plazo de prescripción de un año (art. 67 Ley 39/2015). La llamada «expropiación de hecho» o vía de hecho se encauza por la responsabilidad o por las acciones del art. 125 LEF.
Beneficiarios de la expropiación distintos del expropiante
La legislación admite que la condición de beneficiario de la expropiación recaiga en un sujeto distinto del expropiante, típicamente el concesionario de una obra o de un servicio público (que no ostenta la potestad expropiatoria, que sigue correspondiendo a la Administración, pero puede instar el ejercicio de dicha potestad y asumir el pago del justiprecio), supuesto habitual en obras públicas de infraestructuras ejecutadas mediante concesión administrativa. El beneficiario responde de los daños y es parte en el procedimiento; la Administración sigue siendo responsable de la legalidad.
El Jurado de Expropiación y los órganos de valoración
La LEF atribuyó la fijación del justiprecio, en caso de desacuerdo, a los Jurados Provinciales de Expropiación (arts. 32 y ss.), órganos colegiados de composición técnica y jurídica con presencia judicial. Algunas Comunidades Autónomas han creado jurados o comisiones autonómicas de valoración con competencias propias para las expropiaciones de su competencia. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y son susceptibles de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que controla plenamente el justiprecio, sin que en ningún caso quede excluido ese control.
Fuentes y novedades
La norma básica sigue siendo la LEF de 1954, que ha sido objeto de modificaciones puntuales y que coexiste con abundante legislación sectorial y autonómica. La valoración del suelo en las expropiaciones se rige por la legislación estatal del suelo (hoy, el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015), que determinó la valoración conforme a la situación básica del suelo (rural o urbanizado) y la tasación conjunta en los procedimientos urbanísticos. No se tiene constancia confirmada de una reforma global de la LEF a fecha de esta revisión.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Fundamento constitucional: art. 33.3 CE (privación de bienes y derechos solo por causa justificada de utilidad pública o interés social, con indemnización y conforme a la ley); la competencia legislativa es exclusiva del Estado (art. 149.1.18.ª CE).
Tres sujetos: expropiante (titular de la potestad), beneficiario (a cuyo favor se expropia y que paga el justiprecio si no coincide con el expropiante) y expropiado (titular del bien o derecho).
El pago del justiprecio es requisito previo e indispensable para la ocupación (art. 51 LEF), salvo en el procedimiento de urgencia (art. 52 LEF), que invierte el orden: ocupación primero, justiprecio después.
Derecho de reversión (art. 54 LEF): cuando no se ejecuta la obra o no se establece el servicio, cuando sobra parte de lo expropiado o cuando desaparece la afectación; el TC lo ha integrado en la garantía expropiatoria (STC 67/1988).
La expropiación es potestad reglada regulada por la LEF de 1954 y su Reglamento de 1957, exigiendo causa expropiandi, indemnización y procedimiento legal.
El objeto puede ser cualquier propiedad, derecho o interés patrimonial legítimo; los bienes de dominio público requieren desafectación previa.
La declaración de utilidad pública es presupuesto habilitante (art. 9 LEF); se entiende implícita en los planes de obras y servicios del Estado, provincia y municipio (art. 10 LEF) y, si no, requiere ley o acuerdo del Consejo de Ministros autorizado por ley.
La necesidad de ocupación individualiza los bienes indispensables mediante una relación concreta e individualizada sometida a información pública durante quince días (arts. 17-18 LEF).
Fases del procedimiento ordinario: declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación, determinación del justiprecio (mutuo acuerdo u hojas de aprecio), pago o consignación y ocupación con transmisión libre de cargas.
El justiprecio se fija con arreglo al valor en el momento de iniciarse el expediente de justiprecio (art. 36), con premio de afección del 5% (art. 47).
Intereses: si pasan seis meses desde la iniciación del expediente de justiprecio sin fijarlo (art. 56), o desde su fijación sin pagarlo (art. 57), se devenga el interés legal.
La ocupación se formaliza en acta, título bastante para la inscripción registral, con transmisión del dominio libre de cargas, que se trasladan al justiprecio.
El procedimiento de urgencia (art. 52 LEF) exige acuerdo del Consejo de Ministros u órgano equivalente e invierte el orden: acta previa y ocupación (con depósito previo e indemnización por rápida ocupación) y justiprecio después.
Garantías jurisdiccionales: control contencioso-administrativo de la necesidad de ocupación, del justiprecio y de la utilidad pública (art. 106.1 CE); vía de hecho: interdictos de retener y recobrar (art. 125 LEF) y recurso del art. 30 LJCA.
El art. 33 CE no es susceptible de recurso de amparo (art. 53.2 CE); su tutela es ordinaria.
Expropiación por incumplimiento de la función social: no es una sanción; el titular tiene derecho a indemnización (STC 37/1987); arts. 71 y ss. LEF.
Expropiación forzosa (privación singular querida, con procedimiento previo) frente a responsabilidad patrimonial (daño antijurídico no querido, reclamado después en el plazo de un año).
Las requisas (bienes muebles) y ocupaciones temporales (inmuebles) suponen privación transitoria del uso, con indemnización, sin transmisión de titularidad.
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¿En qué precepto constitucional se fundamenta la expropiación forzosa?
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¿De qué trata el Tema 8 de Gestión AGE?
La expropiación forzosa es la potestad administrativa por la cual la Administración priva a un particular de la titularidad de un bien o derecho patrimonial legítimo, mediante indemnización (justo precio), por causa justificada de utilidad pública o interés social y conforme al procedimiento legal (art. 33.3 CE). Se regula por la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF) y su Reglamento de 26 de abril de 1957, sin perjuicio de las leyes sectoriales y de las normas de valoración de la legislación de suelo. El procedimiento ordinario exige declaración de utilidad pública o interés social, declaración de necesidad de ocupación, determinación del justiprecio, pago o consignación y ocupación; existe un procedimiento especial de urgencia (art. 52 LEF) que invierte el orden de las fases. Las garantías del expropiado son esencialmente jurisdiccionales: control ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE), tutela frente a la vía de hecho (art. 125 LEF) y derecho de reversión.
¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?
Fundamento constitucional: art. 33.3 CE (privación de bienes y derechos solo por causa justificada de utilidad pública o interés social, con indemnización y conforme a la ley); la competencia legislativa es exclusiva del Estado (art. 149.1.18.ª CE). Tres sujetos: expropiante (titular de la potestad), beneficiario (a cuyo favor se expropia y que paga el justiprecio si no coincide con el expropiante) y expropiado (titular del bien o derecho). El pago del justiprecio es requisito previo e indispensable para la ocupación (art. 51 LEF), salvo en el procedimiento de urgencia (art. 52 LEF), que invierte el orden: ocupación primero, justiprecio después. Derecho de reversión (art. 54 LEF): cuando no se ejecuta la obra o no se establece el servicio, cuando sobra parte de lo expropiado o cuando desaparece la afectación; el TC lo ha integrado en la garantía expropiatoria (STC 67/1988). La expropiación es potestad reglada regulada por la LEF de 1954 y su Reglamento de 1957, exigiendo causa expropiandi, indemnización y procedimiento legal. El objeto puede ser cualquier propiedad, derecho o interés patrimonial legítimo; los bienes de dominio público requieren desafectación previa. La declaración de utilidad pública es presupuesto habilitante (art. 9 LEF); se entiende implícita en los planes de obras y servicios del Estado, provincia y municipio (art. 10 LEF) y, si no, requiere ley o acuerdo del Consejo de Ministros autorizado por ley. La necesidad de ocupación individualiza los bienes indispensables mediante una relación concreta e individualizada sometida a información pública durante quince días (arts. 17-18 LEF). Fases del procedimiento ordinario: declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación, determinación del justiprecio (mutuo acuerdo u hojas de aprecio), pago o consignación y ocupación con transmisión libre de cargas. El justiprecio se fija con arreglo al valor en el momento de iniciarse el expediente de justiprecio (art. 36), con premio de afección del 5% (art. 47). Intereses: si pasan seis meses desde la iniciación del expediente de justiprecio sin fijarlo (art. 56), o desde su fijación sin pagarlo (art. 57), se devenga el interés legal. La ocupación se formaliza en acta, título bastante para la inscripción registral, con transmisión del dominio libre de cargas, que se trasladan al justiprecio. El procedimiento de urgencia (art. 52 LEF) exige acuerdo del Consejo de Ministros u órgano equivalente e invierte el orden: acta previa y ocupación (con depósito previo e indemnización por rápida ocupación) y justiprecio después. Garantías jurisdiccionales: control contencioso-administrativo de la necesidad de ocupación, del justiprecio y de la utilidad pública (art. 106.1 CE); vía de hecho: interdictos de retener y recobrar (art. 125 LEF) y recurso del art. 30 LJCA. El art. 33 CE no es susceptible de recurso de amparo (art. 53.2 CE); su tutela es ordinaria. Expropiación por incumplimiento de la función social: no es una sanción; el titular tiene derecho a indemnización (STC 37/1987); arts. 71 y ss. LEF. Expropiación forzosa (privación singular querida, con procedimiento previo) frente a responsabilidad patrimonial (daño antijurídico no querido, reclamado después en el plazo de un año). Las requisas (bienes muebles) y ocupaciones temporales (inmuebles) suponen privación transitoria del uso, con indemnización, sin transmisión de titularidad.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 24, 33, 53.2, 106.1 y 149.1.18.ª.
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF), arts. 1-3, 9-10, 15-24, 31-36, 47-57, 71 y ss., 108 y ss. y 125.
Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (valoraciones).
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 30 y 46.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 32 y ss. (responsabilidad patrimonial).
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