Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) tipifica cinco contratos típicos según su objeto (arts. 13 a 17): obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios, a los que se suman los contratos mixtos (art. 18). Cada tipo tiene características propias en cuanto a su objeto, su contraprestación, su régimen de riesgo, su duración y su ejecución. Además, la LCSP distingue entre contratos administrativos (típicos y especiales, art. 25) y contratos privados (art. 26), con consecuencias en el régimen jurídico de sus efectos y extinción y en la jurisdicción competente (art. 27), y regula las características generales de la contratación: órganos de contratación, partes, capacidad y solvencia, procedimientos de adjudicación, perfil del contratante y medios propios.
Concepto y tipos de contratos del sector público (arts. 12-18 LCSP)
La LCSP regula los contratos onerosos celebrados por las entidades del sector público (art. 2) y los califica según su objeto (art. 12): el contrato de obras (art. 13), el contrato de concesión de obras (art. 14), el contrato de concesión de servicios (art. 15), el contrato de suministro (art. 16) y el contrato de servicios (art. 17). Son contratos típicos, cuyo régimen se desarrolla en el Libro II (obras, arts. 231 y ss.; concesión de obras, arts. 247 y ss.; concesión de servicios, arts. 284 y ss.; suministro, arts. 298 y ss.; servicios, arts. 308 y ss.). Los contratos de objeto distinto, vinculados al giro o tráfico específico de la Administración, son contratos administrativos especiales (art. 25.1.b) y se rigen por sus normas específicas y, subsidiariamente, por la LCSP. La calificación correcta del contrato determina el procedimiento, los umbrales de publicidad y el régimen de ejecución y es una cuestión de fondo, no de la denominación que le den las partes.
El contrato de obras (art. 13) y su régimen
Tiene por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la LCSP (relación de trabajos por referencia a la clasificación de actividades económicas), o la realización por cualquier medio de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o proyecto de la obra. Obra es el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. Su régimen específico incluye el proyecto y su supervisión, el replanteo (acta de comprobación del replanteo), la ejecución bajo la dirección facultativa, la certificación de las obras ejecutadas, la modificación del proyecto, la recepción y el plazo de garantía (no inferior a un año salvo casos especiales) y la responsabilidad por vicios ocultos durante quince años desde la recepción.
Los contratos de concesión: obras y servicios y riesgo operacional
En ambos la contraprestación consiste, bien únicamente en el derecho a explotar la obra o el servicio, bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El elemento esencial que los diferencia del contrato de obras o de servicios es la transferencia al concesionario del riesgo operacional (art. 14.4 y art. 15): riesgo vinculado a la explotación que abarca el riesgo de demanda o el de suministro o ambos; se entiende que el concesionario asume el riesgo operacional cuando no está garantizada la recuperación de las inversiones realizadas ni de los costes asumidos para explotar las obras o servicios, y cuando está expuesto a las incertidumbres del mercado en condiciones normales de funcionamiento. La concesión de servicios solo puede tener por objeto servicios susceptibles de explotación económica por particulares y no puede implicar el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. La LCSP de 2017 suprimió el contrato de gestión de servicios públicos del TRLCSP y sus modalidades (gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta), y la sustituyó por la concesión de servicios. Duración máxima: 40 años en la concesión de obras y en la concesión de servicios que comprenda ejecución de obras y explotación; 25 años en la concesión de servicios que comprenda explotación de un servicio no sanitario; 10 años en la que comprenda servicios sanitarios, salvo que se establezca una inferior (art. 29.6).
El contrato de concesión de obras: régimen específico
Tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones del contrato de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Su régimen específico (arts. 247 y ss.) contempla la financiación privada, los derechos y obligaciones del concesionario (cobro de tarifas a los usuarios, derecho a ser compensado en caso de modificaciones o de rescate), la expropiación de terrenos por la Administración concedente, el plazo de duración, la reversión de las obras e instalaciones a la Administración al término de la concesión y los supuestos de resolución y rescate.
El contrato de suministro (art. 16): modalidades
Tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Se consideran contratos de suministro: aquellos en los que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato; los que tengan por objeto la fabricación de bienes muebles conforme a características fijadas por la entidad contratante aunque esta aporte los materiales; y los de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. Se excluyen la adquisición de bienes inmuebles, que se rige por la legislación patrimonial. La duración con prórrogas no puede exceder, con carácter general, de cinco años.
El contrato de servicios (art. 17): prestaciones de hacer
Contrato cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. Comprende los servicios de mantenimiento, limpieza, vigilancia, transporte, consultoría y asistencia, informáticos o técnicos y profesionales, entre otros. No pueden tener por objeto el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. La preparación exige informe de insuficiencia de medios cuando la Administración carece de ellos. A la extinción del contrato no puede producirse en ningún caso la consolidación como personal de la entidad contratante de quienes hubieran realizado los trabajos objeto del contrato (art. 308.2). En los servicios de carácter intelectual (proyectos de obra, estudios) deben prevalecer los criterios de adjudicación cualitativos.
Los contratos mixtos (art. 18)
Son aquellos que contienen prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. Se rigen, en cuanto a su adjudicación, por las normas que correspondan a la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico; la prestación principal determina el régimen aplicable cuando las prestaciones no son separables o, aun siéndolo, su separación pudiera implicar una restricción de los derechos o garantías de los licitadores. La LCSP prevé reglas especiales cuando el contrato combina prestaciones sujetas a regulación armonizada con otras que no lo están, o cuando incluye una concesión.
Contratos administrativos y contratos privados (arts. 25 a 27)
Son administrativos (art. 25) los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios celebrados por Administraciones Públicas, y los de objeto distinto que, siendo así declarados por ley, estén vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o satisfagan una finalidad pública de la específica competencia de aquella. Son privados (art. 26) los celebrados por entes del sector público que sean poderes adjudicadores sin ser Administración Pública, y los celebrados por Administraciones Públicas que tengan por objeto servicios financieros, creación e interpretación artística y literaria y espectáculos, y suscripciones a revistas y bases de datos, entre otros. Régimen: la preparación y adjudicación de los contratos privados se rige por la LCSP; sus efectos, modificación y extinción, por el Derecho privado, con las salvedades de la ley. Jurisdicción (art. 27): el orden contencioso-administrativo conoce de las cuestiones sobre preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos y de la preparación y adjudicación de los privados de Administraciones Públicas y de los sujetos a regulación armonizada de poderes adjudicadores; el orden civil conoce de los efectos y extinción de los privados.
Los órganos de contratación y el responsable del contrato
Los órganos de contratación (art. 61) son los titulares de la competencia para contratar, determinada por la normativa organizativa de cada Administración. En la Administración General del Estado corresponde, con carácter general, a los Ministros y a los Secretarios de Estado, y a los presidentes o directores de los organismos públicos (DA 2.ª); para celebrar contratos de valor estimado igual o superior a 12.000.000 de euros se requiere autorización del Consejo de Ministros (art. 324). Existe la figura del responsable del contrato (art. 62), que supervisa la ejecución y adopta las decisiones y dicta las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Los órganos de contratación difunden su actividad contractual en el perfil de contratante (art. 63), alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (art. 347). Existen además el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (art. 337) y el Registro de Contratos del Sector Público (art. 346). Deben adoptarse medidas para prevenir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses (art. 64).
Las partes en el contrato: contratista, UTE y subcontratista
El contratista debe tener plena capacidad de obrar, no estar incurso en prohibición para contratar y acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional (o contar con la clasificación, en su caso). Las uniones temporales de empresarios (art. 69) pueden presentar proposiciones sin constituirse en escritura pública hasta que se adjudique el contrato a su favor; los empresarios que la integren responden solidariamente ante la Administración y nombran un representante o apoderado único con poderes suficientes. El subcontratista ejecuta parcialmente el contrato por encargo del contratista principal (art. 215): la subcontratación exige comunicar por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, con indicación de las partes a subcontratar y la identidad de los subcontratistas; los pliegos pueden establecer límites porcentuales y prohibir la subcontratación de tareas críticas. En obras, la Ley 32/2006 limita la subcontratación a tres niveles. La cesión del contrato (art. 214) requiere autorización previa y que el cedente haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato.
La clasificación de los contratistas
Es un sistema de acreditación objetiva y estandarizada de la solvencia, que se obtiene ante las Juntas Consultivas de Contratación (en el ámbito estatal, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a través de su Comisión de Clasificación) y se inscribe en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE). Es exigible para contratar obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros (art. 77); en los contratos de servicios no es exigible, aunque puede utilizarse voluntariamente para acreditar la solvencia. La clasificación se estructura en grupos, subgrupos y categorías. Acredita la solvencia con carácter permanente ante cualquier órgano de contratación, sin perjuicio de su revisión periódica.
Los procedimientos de adjudicación: abierto, restringido y simplificado
Abierto (art. 156): cualquier empresario interesado puede presentar proposición, quedando excluida toda negociación; es el procedimiento ordinario junto con el restringido. Abierto simplificado (art. 159): para obras de valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros y suministros y servicios igual o inferior a 100.000 euros (salvo servicios con prestaciones de carácter intelectual), con criterios de adjudicación en que los sometidos a juicio de valor tienen una ponderación limitada; existe una variante abreviada para valores estimados inferiores a 80.000 euros en obras y 35.000 euros en suministros y servicios, con criterios automáticos. Restringido (arts. 160 y ss.): solo presentan proposiciones los empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación; se utiliza cuando la complejidad técnica aconseja limitar el número de participantes.
Licitación con negociación y negociado sin publicidad
Licitación con negociación (arts. 166 y 167): el órgano de contratación negocia con uno o varios candidatos las condiciones del contrato; solo procede en supuestos tasados, como cuando las necesidades no pueden satisfacerse sin adaptar soluciones disponibles, el contrato incluye diseño o soluciones innovadoras, no puede adjudicarse sin negociación por circunstancias vinculadas a la naturaleza, complejidad o montaje jurídico y financiero, las especificaciones técnicas no pueden establecerse con precisión suficiente, o en procedimientos previos solo se han presentado ofertas irregulares o inaceptables. Negociado sin publicidad (art. 168): sin anuncio de licitación, solo cuando no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, las razones técnicas o artísticas o la protección de derechos exclusivos impidan encomendar el contrato a otro empresario, o por urgencia imperiosa resultante de acontecimientos imprevisibles. Ya no existe, en la LCSP de 2017, el procedimiento negociado por razón de la cuantía.
El diálogo competitivo y la asociación para la innovación
El diálogo competitivo (arts. 172 y ss.) se emplea en contratos de especial complejidad técnica, jurídica o financiera, o cuando el órgano de contratación no puede definir los medios para satisfacer sus necesidades: tras la selección de candidatos, se abre una fase de diálogo para definir las soluciones, y una fase final de presentación de ofertas definitivas. La asociación para la innovación (arts. 177 y ss.) se destina al desarrollo de productos, servicios u obras innovadores no disponibles en el mercado y a la posterior adquisición de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que se ajusten a los niveles de rendimiento y costes máximos acordados.
Principios de la contratación pública
La contratación del sector público se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia del procedimiento, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos (art. 1), y se exige la integridad (prevención del fraude y la corrupción, art. 64) y la sostenibilidad social y medioambiental. Cada contrato debe justificar su necesidad e idoneidad (art. 28) y los entes del sector público pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración (libertad de pactos, art. 34). Se prohíbe el fraccionamiento del objeto para eludir requisitos de publicidad o procedimiento.
El precio del contrato y su adecuación al mercado
Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que se expresará en euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que la ley lo permita (art. 102). Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas anormalmente bajas. En los contratos de concesión el precio puede consistir en el derecho a explotar la obra o servicio, con transferencia del riesgo operacional. Se desglosan los costes directos e indirectos y, en servicios, los costes laborales por categorías profesionales.
Duración de los contratos y prórrogas
La duración se establece atendiendo a la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia su realización (art. 29). Los contratos de servicios y suministros no podrán tener un plazo de vigencia superior a cinco años, incluidas las posibles prórrogas, salvo excepciones legales; los contratos menores no podrán durar más de un año ni ser objeto de prórroga. La prórroga se acuerda por el órgano de contratación, es obligatoria para el empresario si el preaviso se produce con la antelación fijada en el PCAP (al menos dos meses) y no puede producirse por consentimiento tácito.
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos
El contratista debe ejecutar el contrato con estricta sujeción a las cláusulas del pliego y a sus instrucciones, a su riesgo y ventura (art. 197) salvo las excepciones de la fuerza mayor en obras y de la revisión de precios. La Administración tiene prerrogativas de interpretación, modificación y resolución (art. 190). La extinción se produce por cumplimiento (recepción y liquidación, art. 210) o por resolución, por las causas de los arts. 211, 245, 306 y 313, con las consecuencias de los arts. 213 y siguientes según a quién sea imputable: incautación de la garantía e indemnización de daños si es del contratista; resarcimiento de los perjuicios si es de la Administración.
Los encargos a medios propios personificados
Técnica organizativa por la cual una entidad del sector público encomienda la realización de una prestación a otra entidad sobre la que ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios (medio propio), quedando el encargo excluido del ámbito de aplicación de la LCSP como contrato (art. 32). Requisitos del art. 32.2: que el poder adjudicador ejerza sobre el ente destinatario un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios; que más del 80 por ciento de las actividades del ente se lleve a cabo en el ejercicio de los cometidos confiados por el poder adjudicador que hace el encargo; que no exista participación directa de capital privado, salvo formas sin capacidad de control; y que la condición de medio propio conste en sus estatutos o acto de creación. Los medios propios no pueden participar en licitaciones convocadas por el poder adjudicador del que sean medios propios. El encargo se retribuye mediante tarifas aprobadas por la entidad de la que dependa el medio propio. Ejemplo característico es el grupo Tragsa, regulado en la disposición adicional 24.ª.
Contratos del sector público de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública
Sus contratos son privados (art. 26.1.a). Si están sujetos a regulación armonizada, su preparación y adjudicación siguen las reglas de las Administraciones Públicas con ciertas flexibilizaciones; si no lo están, aplican procedimientos simplificados, con publicidad en perfil de contratante en contratos de valor superior a determinados umbrales. Los efectos y la extinción se rigen por el Derecho privado, con las excepciones de la ley (modificación, causas de resolución imperativas). La jurisdicción civil conoce de sus efectos y extinción, y la contencioso-administrativa de su preparación y adjudicación cuando estén sujetos a regulación armonizada.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Cinco contratos típicos: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios (arts. 13-17 LCSP); los mixtos se regulan en el art. 18.
El elemento distintivo de la concesión (de obras o de servicios) frente al contrato ordinario es la transferencia efectiva del riesgo operacional (de demanda o de suministro) al concesionario.
Los contratos mixtos se rigen por las normas de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.
Los contratos privados de la Administración se rigen, en preparación y adjudicación, por la LCSP; en efectos y extinción, por el Derecho privado, con jurisdicción civil para sus controversias (art. 27).
Obra: resultado de un conjunto de trabajos de construcción o ingeniería civil que cumple por sí mismo una función económica o técnica y tiene por objeto un bien inmueble; plazo de garantía no inferior a un año y responsabilidad por vicios ocultos durante quince años.
La concesión de obras retribuye al concesionario con el derecho a explotarla (con o sin precio adicional) y este asume el riesgo operacional; la concesión de servicios sustituye al antiguo contrato de gestión de servicios públicos del TRLCSP.
Duración máxima de las concesiones (art. 29.6): 40 años (obras o servicios con obras), 25 años (servicios no sanitarios) y 10 años (servicios sanitarios).
El contrato de suministro comprende adquisición, arrendamiento (con o sin opción de compra) o fabricación de bienes muebles, y los programas de ordenador desarrollados a medida.
El contrato de servicios cubre prestaciones de hacer distintas de la obra o el suministro y no puede implicar el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos.
Los contratos administrativos (típicos y especiales) se rigen por la LCSP y sus efectos se someten a la jurisdicción contencioso-administrativa; los privados tienen jurisdicción civil en efectos y extinción.
La competencia para contratar en la AGE corresponde, con carácter general, a Ministros y Secretarios de Estado; los contratos de valor estimado igual o superior a 12.000.000 de euros requieren autorización del Consejo de Ministros (art. 324).
UTE: responsabilidad solidaria y representante único, sin necesidad de escritura pública hasta la adjudicación; subcontratación con comunicación previa y límites fijados en los pliegos.
La clasificación es exigible en obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros; en los contratos de servicios no es exigible.
El negociado por razón de la cuantía no existe en la LCSP de 2017; el negociado sin publicidad solo procede en supuestos tasados (art. 168).
El diálogo competitivo se emplea en contratos de especial complejidad; la asociación para la innovación, para desarrollar productos u obras innovadores no disponibles en el mercado.
El precio debe ser cierto, en euros y adecuado al mercado; en las concesiones, la contraprestación puede ser el derecho a explotar con transferencia del riesgo operacional.
Los encargos a medios propios personificados exigen control análogo, más del 80% de actividad para el poder adjudicador controlante y ausencia de capital privado directo; no son contratos.
Plazo máximo de los contratos de servicios y suministros: cinco años con prórrogas; contrato menor: un año sin prórroga.
Error típico: confundir contrato de servicios con concesión de servicios; la diferencia está en el riesgo operacional y en la forma de retribución (explotación frente a precio).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Por qué normas se rige un contrato mixto que combina prestaciones de distintos tipos contractuales, como regla general?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Gestión AGE?
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) tipifica cinco contratos típicos según su objeto (arts. 13 a 17): obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios, a los que se suman los contratos mixtos (art. 18). Cada tipo tiene características propias en cuanto a su objeto, su contraprestación, su régimen de riesgo, su duración y su ejecución. Además, la LCSP distingue entre contratos administrativos (típicos y especiales, art. 25) y contratos privados (art. 26), con consecuencias en el régimen jurídico de sus efectos y extinción y en la jurisdicción competente (art. 27), y regula las características generales de la contratación: órganos de contratación, partes, capacidad y solvencia, procedimientos de adjudicación, perfil del contratante y medios propios.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
Cinco contratos típicos: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios (arts. 13-17 LCSP); los mixtos se regulan en el art. 18. El elemento distintivo de la concesión (de obras o de servicios) frente al contrato ordinario es la transferencia efectiva del riesgo operacional (de demanda o de suministro) al concesionario. Los contratos mixtos se rigen por las normas de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. Los contratos privados de la Administración se rigen, en preparación y adjudicación, por la LCSP; en efectos y extinción, por el Derecho privado, con jurisdicción civil para sus controversias (art. 27). Obra: resultado de un conjunto de trabajos de construcción o ingeniería civil que cumple por sí mismo una función económica o técnica y tiene por objeto un bien inmueble; plazo de garantía no inferior a un año y responsabilidad por vicios ocultos durante quince años. La concesión de obras retribuye al concesionario con el derecho a explotarla (con o sin precio adicional) y este asume el riesgo operacional; la concesión de servicios sustituye al antiguo contrato de gestión de servicios públicos del TRLCSP. Duración máxima de las concesiones (art. 29.6): 40 años (obras o servicios con obras), 25 años (servicios no sanitarios) y 10 años (servicios sanitarios). El contrato de suministro comprende adquisición, arrendamiento (con o sin opción de compra) o fabricación de bienes muebles, y los programas de ordenador desarrollados a medida. El contrato de servicios cubre prestaciones de hacer distintas de la obra o el suministro y no puede implicar el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos. Los contratos administrativos (típicos y especiales) se rigen por la LCSP y sus efectos se someten a la jurisdicción contencioso-administrativa; los privados tienen jurisdicción civil en efectos y extinción. La competencia para contratar en la AGE corresponde, con carácter general, a Ministros y Secretarios de Estado; los contratos de valor estimado igual o superior a 12.000.000 de euros requieren autorización del Consejo de Ministros (art. 324). UTE: responsabilidad solidaria y representante único, sin necesidad de escritura pública hasta la adjudicación; subcontratación con comunicación previa y límites fijados en los pliegos. La clasificación es exigible en obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros; en los contratos de servicios no es exigible. El negociado por razón de la cuantía no existe en la LCSP de 2017; el negociado sin publicidad solo procede en supuestos tasados (art. 168). El diálogo competitivo se emplea en contratos de especial complejidad; la asociación para la innovación, para desarrollar productos u obras innovadores no disponibles en el mercado. El precio debe ser cierto, en euros y adecuado al mercado; en las concesiones, la contraprestación puede ser el derecho a explotar con transferencia del riesgo operacional. Los encargos a medios propios personificados exigen control análogo, más del 80% de actividad para el poder adjudicador controlante y ausencia de capital privado directo; no son contratos. Plazo máximo de los contratos de servicios y suministros: cinco años con prórrogas; contrato menor: un año sin prórroga. Error típico: confundir contrato de servicios con concesión de servicios; la diferencia está en el riesgo operacional y en la forma de retribución (explotación frente a precio).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE (BOE-A-2017-12902), arts. 12-18, 25-27, 29, 32, 61-64, 69, 77, 156-182, 214-215, 244 y 324.
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión AGE.