Tema 7. Los ingresos públicos: concepto y clasificación. El sistema tributario español: régimen actual. Especial referencia al régimen de tasas y precios públicos.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
Los ingresos públicos son los recursos económicos que obtienen el Estado y los demás entes públicos para financiar el gasto público. Se clasifican por su naturaleza jurídica (ingresos de Derecho público, como los tributos, y de Derecho privado, como los patrimoniales), por su origen y por su periodicidad. El sistema tributario español se funda en el art. 31 de la Constitución y en la Ley 58/2003, General Tributaria, y se articula en tres niveles territoriales (estatal, autonómico y local) con tres categorías de tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Las tasas son tributos sujetos a reserva de ley; los precios públicos son contraprestaciones de naturaleza no tributaria por servicios de solicitud voluntaria prestados también por el sector privado (Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998).
Los ingresos públicos son las cantidades de dinero o recursos con valor económico que percibe el Estado u otro ente público, y cuyo objeto principal es financiar los gastos públicos. Además de la función financiera (o fiscal), pueden cumplir finalidades extrafiscales: redistribución de la renta y la riqueza, estabilización económica, orientación de conductas (protección del medio ambiente, fomento del empleo) y cohesión territorial. El art. 31.1 CE vincula el sostenimiento de los gastos públicos con la capacidad económica y el art. 31.2 exige que su programación y ejecución respondan a criterios de eficiencia y economía y asignen equitativamente los recursos públicos. Los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal comprenden los tributos y los demás derechos de contenido económico que corresponden a la AGE y a sus organismos, con las prerrogativas de la Hacienda Pública previstas en la Ley General Presupuestaria (entre ellas, la prelación de créditos, recogida para los tributos en el art. 77 LGT).
Clasificación de los ingresos públicos según su naturaleza jurídica
Ingresos de Derecho público: se obtienen en ejercicio de potestades de imperium y se rigen por normas exorbitantes que facilitan su cobro (liquidación unilateral, autotutela ejecutiva y procedimiento de apremio). Comprenden los tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales), las cotizaciones sociales, las sanciones pecuniarias, los reintegros y otros ingresos de Derecho público, como las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias. Ingresos de Derecho privado: se obtienen por la Administración actuando como un particular y se rigen por el Derecho privado (rentas de bienes patrimoniales, dividendos, venta de bienes). Ingresos crediticios: proceden del endeudamiento (Deuda Pública y préstamos). Ingresos por transferencias: de otras Administraciones o de la Unión Europea. Ingresos por enajenación de inversiones reales y de activos financieros. Esta clasificación explica la estructura por capítulos del presupuesto de ingresos.
Clasificación económica y por capítulos del presupuesto de ingresos
El presupuesto de ingresos se estructura en nueve capítulos: I Impuestos directos y cotizaciones sociales; II Impuestos indirectos; III Tasas, precios públicos y otros ingresos; IV Transferencias corrientes; V Ingresos patrimoniales; VI Enajenación de inversiones reales; VII Transferencias de capital; VIII Activos financieros; IX Pasivos financieros. Los capítulos I a V son ingresos corrientes; VI y VII, ingresos de capital; VIII y IX, ingresos financieros. Según la periodicidad se distingue entre ingresos ordinarios (regulares y periódicos, que financian el gasto corriente) e ingresos extraordinarios (no periódicos, como el endeudamiento o la venta de patrimonio, ligados a la financiación de inversiones). Los cánones concesionales y las rentas del patrimonio se contabilizan como ingresos patrimoniales (capítulo V); las tasas por utilización privativa del dominio público, en el capítulo III.
El concepto de tributo (art. 2 LGT)
Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Pueden servir, asimismo, como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución (art. 2.1 LGT). Notas: carácter pecuniario, coactividad (nacen de la ley y no de la voluntad), finalidad de contribuir al sostenimiento del gasto público y exigencia por un ente público. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, entró en vigor el 1 de julio de 2004 y es la norma que regula los elementos esenciales de las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes.
Clases de tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales (art. 2.2 LGT)
Las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando concurran las dos circunstancias siguientes: a) que no sean de solicitud voluntaria para los administrados (se considera voluntaria la solicitud si el bien, servicio o actividad no es imprescindible para la vida privada o social del solicitante), y b) que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. Las contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Los impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.
Estructura del tributo: hecho imponible, devengo, sujetos y cuantificación
Hecho imponible (art. 20 LGT): presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Devengo (art. 21): momento en que se entiende realizado el hecho imponible y nace la obligación tributaria principal. Exención (art. 22): supuestos en que, aun realizándose el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación principal. Obligados tributarios (art. 35): contribuyentes, sustitutos del contribuyente, retenedores, obligados a realizar ingresos a cuenta y otros. Sujeto pasivo (art. 36): obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación principal y las formales, ya sea como contribuyente o como sustituto. Cuantificación: base imponible, base liquidable, tipo de gravamen, cuota íntegra y cuota líquida (arts. 50 y ss.). Deuda tributaria (art. 58): cuota o cantidad a ingresar más, en su caso, los intereses de demora, los recargos y las sanciones. Los plazos de prescripción de los derechos de la Administración y del obligado tributario son de cuatro años (art. 66).
El sistema tributario español: fundamento constitucional (arts. 31, 133 y 134 CE)
El art. 31.1 CE establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. El art. 31.3 CE dispone que solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley (reserva de ley). El art. 133 CE atribuye la potestad originaria para establecer tributos exclusivamente al Estado mediante ley; las comunidades autónomas y las corporaciones locales pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes; y todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado requiere ley. El art. 134 CE regula los Presupuestos Generales del Estado (la Ley de Presupuestos no puede crear tributos, pero sí modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva lo prevea), y el art. 157 CE enumera los recursos de las comunidades autónomas.
Principios del ordenamiento tributario (art. 3 LGT)
La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. La aplicación del sistema tributario se basa en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y en el respeto a los derechos y garantías de los obligados tributarios. Reserva de ley tributaria (art. 8 LGT): se regulan en todo caso por ley la delimitación del hecho imponible, el devengo, la base imponible y liquidable, el tipo de gravamen, los beneficios fiscales y las demás cuestiones que la ley determine. La reserva de ley en materia tributaria es de carácter relativo, de modo que la ley puede remitir al reglamento determinados aspectos secundarios o técnicos (doctrina reiterada del Tribunal Constitucional).
La Ley General Tributaria y las normas del sistema
La LGT (Ley 58/2003) es el eje del ordenamiento tributario general: regula los principios, las fuentes, los tributos y las obligaciones tributarias, la aplicación de los tributos (gestión, inspección y recaudación), la potestad sancionadora y la revisión en vía administrativa (reposición y reclamaciones económico-administrativas), sin perjuicio de las leyes propias de cada tributo. Su desarrollo reglamentario se contiene en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (Real Decreto 1065/2007), el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005) y el Reglamento de revisión en vía administrativa (Real Decreto 520/2005). Las principales leyes de los tributos estatales son: IRPF (Ley 35/2006), Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014), IVA (Ley 37/1992), Impuestos Especiales (Ley 38/1992), Impuesto sobre la Renta de no Residentes (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004), Impuesto sobre el Patrimonio (Ley 19/1991) y Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987).
El sistema tributario estatal: imposición directa e indirecta
Imposición directa: grava manifestaciones directas de capacidad económica (renta y patrimonio). IRPF (Ley 35/2006, de 28 de noviembre), Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014, de 27 de noviembre), Impuesto sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (creado por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre). Imposición indirecta: grava la circulación y el consumo. IVA (Ley 37/1992, de 28 de diciembre), Impuestos Especiales (Ley 38/1992, de 28 de diciembre: hidrocarburos, alcohol y bebidas derivadas, cerveza, productos intermedios, labores del tabaco, electricidad y determinados medios de transporte), Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (texto refundido, Real Decreto Legislativo 1/1993), Impuesto sobre las Primas de Seguros (Ley 13/1996) y los tributos medioambientales (Ley 15/2012). También: el Impuesto sobre determinados servicios digitales (Ley 4/2020) y el Impuesto sobre las transacciones financieras (Ley 5/2020), ambos de 15 de octubre, el Impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables (Ley 7/2022, de residuos) y el Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición (Pilar Dos, Ley 7/2024, de 20 de diciembre).
El sistema tributario autonómico
Las comunidades autónomas de régimen común disponen de tributos propios (impuestos, tasas y contribuciones especiales), recargos sobre tributos estatales y tributos cedidos por el Estado. El marco es la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Tributos cedidos totalmente: Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tributos sobre el juego, Impuesto sobre determinados medios de transporte y el Impuesto sobre la electricidad. Tributos cedidos parcialmente: IRPF (50 por ciento), IVA (50 por ciento) e Impuestos Especiales de fabricación (58 por ciento). Regímenes forales: País Vasco (Concierto Económico, Ley 12/2002, de 23 de mayo) y Navarra (Convenio Económico, Ley 28/1990, de 26 de diciembre). Canarias tiene un régimen económico y fiscal propio (Ley 20/1991) con el IGIC; Ceuta y Melilla, el IPSI.
El sistema tributario local
Se regula en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Impuestos obligatorios para los ayuntamientos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Impuestos potestativos: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), este último reformado por el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, tras las sentencias del Tribunal Constitucional 59/2017, 126/2019 y 182/2021. Están exentos del IAE las personas físicas y las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros. Las entidades locales pueden establecer tasas (art. 20 TRLRHL), contribuciones especiales y precios públicos (arts. 41 y ss.), con sujeción a las ordenanzas fiscales.
Las tasas: concepto y régimen jurídico
Las tasas son tributos y, por ello, están sujetas a todas las garantías del sistema tributario: reserva de ley, principio de capacidad económica adaptado a su naturaleza (en las tasas, el principio de equivalencia o beneficio), tutela de las normas generales de la LGT y control jurisdiccional. La Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, regula el régimen de las tasas de la Hacienda estatal. Hecho imponible: la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando no sean de solicitud voluntaria y no se presten por el sector privado. Cuantía: el importe de las tasas por la prestación de un servicio o la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. En el dominio público se atiende al valor de mercado de la utilidad. La Ley de Presupuestos Generales del Estado puede actualizar su cuantía. Se gestionan normalmente por autoliquidación (por ejemplo, mediante el modelo 790).
El precio público: concepto, cuantía y régimen
Son precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfacen por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados (art. 24 de la Ley 8/1989, en su redacción dada por la Ley 25/1998). No tienen naturaleza tributaria: son ingresos de Derecho público no tributarios, no están sujetos a reserva de ley y se establecen mediante norma reglamentaria. Su importe debe cubrir como mínimo el coste del servicio o actividad (art. 25), aunque cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que lo aconsejen podrán fijarse precios inferiores al coste, con dotación presupuestaria adecuada para cubrir la diferencia. Su cobro, en caso de impago, se exige por la vía de apremio como los demás ingresos de Derecho público. Ejemplos: entradas a museos y espacios culturales, publicaciones oficiales, determinadas actividades de formación.
Criterios de distinción entre tasa y precio público y la STC 185/1995
El criterio de distinción es la conjunción de dos notas: la voluntariedad de la solicitud (si el bien o servicio es imprescindible para la vida privada o social del solicitante, o está impuesto por disposiciones legales o reglamentarias, la solicitud no es voluntaria) y la concurrencia del sector privado en la prestación. Si falta cualquiera de ellas (solicitud obligatoria o monopolio público), la figura es tasa. Si la solicitud es voluntaria y el servicio también lo presta el sector privado, es precio público. La STC 185/1995, de 14 de diciembre, declaró inconstitucional el concepto original de precio público de la Ley 8/1989 por entender que los servicios de solicitud obligatoria o prestados en monopolio generan prestaciones patrimoniales de carácter público sujetas a reserva de ley (art. 31.3 CE), lo que motivó la reforma de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público. Posteriormente, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ha reconducido las contraprestaciones por servicios gestionados de forma indirecta a prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias.
Otros ingresos de Derecho público: cotizaciones sociales, multas y recursos parafiscales
Las cotizaciones sociales se recaudan en el sistema de Seguridad Social y se incluyen en el capítulo I del presupuesto de ingresos; no son tributos en sentido estricto de la LGT, aunque su gestión recaudatoria comparte reglas con la de los tributos. Las multas y sanciones pecuniarias derivan del ejercicio de la potestad sancionadora y no tienen naturaleza tributaria, pues su hecho generador es el incumplimiento de una norma y su finalidad es represiva y disuasoria, no contributiva; su recaudación sigue, no obstante, las reglas de los ingresos de Derecho público. Los recursos parafiscales fueron exacciones con destino específico, al margen del régimen presupuestario ordinario, que la doctrina y el Tribunal Constitucional han reconducido al régimen de las prestaciones patrimoniales de carácter público, sometidas a la reserva de ley del art. 31.3 CE. Los reintegros y los ingresos por reintegro de pagos indebidos son ingresos de Derecho público no tributarios.
Procedimiento de recaudación de los ingresos públicos: periodo voluntario y ejecutivo
El pago puede realizarse en periodo voluntario o en periodo ejecutivo. Periodo voluntario (art. 62 LGT): las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, cuya notificación se haya efectuado entre los días 1 y 15 de cada mes, deben pagarse hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior; las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior. Las deudas de las autoliquidaciones se pagan en el plazo que fije la normativa de cada tributo. Periodo ejecutivo (art. 161): se inicia el día siguiente al del vencimiento del plazo voluntario; la Administración puede exigir coactivamente la deuda mediante el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado. Recargos (art. 28 LGT): recargo ejecutivo del 5 por ciento si se paga antes de notificar la providencia de apremio; recargo de apremio reducido del 10 por ciento si se paga la totalidad de la deuda y del recargo en el plazo señalado en la providencia; recargo de apremio ordinario del 20 por ciento en los demás casos. Además se devengan intereses de demora. La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas prescribe a los cuatro años (art. 66 LGT).
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
La AEAT es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, adscrita al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda. Se creó por el art. 103 de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y se rige por su Estatuto propio. Se encarga de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero, así como de los recursos de otras Administraciones y de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por ley o convenio. Ejerce las funciones de gestión, inspección y recaudación de los tributos estatales no cedidos a las comunidades autónomas.
Armonización fiscal europea
El sistema tributario español está condicionado por el Derecho de la Unión Europea. En imposición indirecta, el IVA y los impuestos especiales están armonizados por Directivas (Directiva 2006/112/CE del IVA; Directiva 2008/118/CE de impuestos especiales); en imposición directa, la armonización es limitada y se centra en la lucha contra la elusión (Directiva (UE) 2016/1164, antielusión) y en la imposición mínima global del 15 por ciento para los grandes grupos multinacionales (Directiva (UE) 2022/2523, Pilar Dos), cuya trasposición a España es la Ley 7/2024, de 20 de diciembre. Las libertades fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea limitan a los Estados miembros la configuración de sus tributos. La unanimidad del Consejo es la regla en materia fiscal (arts. 113 y 115 TFUE), lo que explica la lentitud de la armonización.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Tres categorías de tributos (art. 2 LGT): impuestos (sin contraprestación), tasas (dominio público o servicios de solicitud no voluntaria y no prestados por el sector privado) y contribuciones especiales (beneficio derivado de obras o servicios públicos).
En las tasas, las dos condiciones (solicitud no voluntaria y no prestación por el sector privado) deben concurrir a la vez (art. 2.2.a LGT). Error típico: considerar que basta una.
El art. 31.1 CE: capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad; el art. 31.3 CE: reserva de ley para las prestaciones patrimoniales de carácter público. La reserva de ley tributaria es relativa (art. 8 LGT).
Potestad originaria para establecer tributos: Estado mediante ley (art. 133.1 CE). CCAA y entes locales: de acuerdo con la Constitución y las leyes. Los beneficios fiscales del Estado exigen ley (133.3 CE).
Principios del art. 3 LGT: capacidad económica, justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga y no confiscatoriedad; en la aplicación: proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos.
LGT: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en vigor desde el 1 de julio de 2004. Reglamentos: gestión e inspección (RD 1065/2007), recaudación (RD 939/2005) y revisión (RD 520/2005).
Elementos del tributo: hecho imponible (art. 20), devengo (21), exención (22), obligados (35), sujeto pasivo (36), base imponible, tipo, cuota y deuda tributaria (58). Prescripción: cuatro años (art. 66).
Imposición directa: IRPF, IS, IRNR, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Indirecta: IVA, Impuestos Especiales, ITPAJD y otros.
Cesión a CCAA de régimen común (Ley 22/2009): IRPF 50 por ciento, IVA 50 por ciento, Impuestos Especiales de fabricación 58 por ciento; cedidos totalmente: Patrimonio, Sucesiones, ITPAJD, juego, matriculación y electricidad.
Impuestos locales obligatorios: IBI, IAE e IVTM; potestativos: ICIO e impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos (plusvalía municipal). Norma: RDLeg 2/2004.
Precio público: naturaleza no tributaria, solicitud voluntaria, concurrencia del sector privado, establecimiento reglamentario, cuantía mínima igual al coste del servicio (Ley 8/1989, arts. 24 y 25).
Tasa: tributo con reserva de ley; su importe no puede exceder del coste real o previsible del servicio o actividad (equivalencia). La LPGE puede actualizar las cuantías.
STC 185/1995 y Ley 25/1998: reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público tras declarar inconstitucional el concepto de precio público de la Ley 8/1989 para servicios obligatorios o en monopolio.
Capítulos de ingresos: I impuestos directos y cotizaciones sociales; II impuestos indirectos; III tasas, precios públicos y otros ingresos; IV transferencias corrientes; V patrimoniales; VI enajenación de inversiones; VII transferencias de capital; VIII activos financieros; IX pasivos financieros.
Periodo voluntario (art. 62 LGT): liquidaciones notificadas del 1 al 15, hasta el 20 del mes siguiente; del 16 al último día, hasta el 5 del segundo mes siguiente. Recargos de apremio: 5, 10 y 20 por ciento (art. 28 LGT).
Las multas no son tributos: su finalidad es sancionadora y no contributiva. Las cotizaciones sociales tampoco son tributos en sentido estricto de la LGT.
AEAT: entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Hacienda, creada por el art. 103 de la Ley 31/1990. Gestión, inspección y recaudación de tributos estatales no cedidos.
UE: IVA e impuestos especiales armonizados por Directivas; imposición mínima global del 15 por ciento (Directiva (UE) 2022/2523), con trasposición por la Ley 7/2024.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuáles son los impuestos municipales de exigencia obligatoria según el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 7 de Gestión AGE?
Los ingresos públicos son los recursos económicos que obtienen el Estado y los demás entes públicos para financiar el gasto público. Se clasifican por su naturaleza jurídica (ingresos de Derecho público, como los tributos, y de Derecho privado, como los patrimoniales), por su origen y por su periodicidad. El sistema tributario español se funda en el art. 31 de la Constitución y en la Ley 58/2003, General Tributaria, y se articula en tres niveles territoriales (estatal, autonómico y local) con tres categorías de tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Las tasas son tributos sujetos a reserva de ley; los precios públicos son contraprestaciones de naturaleza no tributaria por servicios de solicitud voluntaria prestados también por el sector privado (Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998).
¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?
Tres categorías de tributos (art. 2 LGT): impuestos (sin contraprestación), tasas (dominio público o servicios de solicitud no voluntaria y no prestados por el sector privado) y contribuciones especiales (beneficio derivado de obras o servicios públicos). En las tasas, las dos condiciones (solicitud no voluntaria y no prestación por el sector privado) deben concurrir a la vez (art. 2.2.a LGT). Error típico: considerar que basta una. El art. 31.1 CE: capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad; el art. 31.3 CE: reserva de ley para las prestaciones patrimoniales de carácter público. La reserva de ley tributaria es relativa (art. 8 LGT). Potestad originaria para establecer tributos: Estado mediante ley (art. 133.1 CE). CCAA y entes locales: de acuerdo con la Constitución y las leyes. Los beneficios fiscales del Estado exigen ley (133.3 CE). Principios del art. 3 LGT: capacidad económica, justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga y no confiscatoriedad; en la aplicación: proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos. LGT: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en vigor desde el 1 de julio de 2004. Reglamentos: gestión e inspección (RD 1065/2007), recaudación (RD 939/2005) y revisión (RD 520/2005). Elementos del tributo: hecho imponible (art. 20), devengo (21), exención (22), obligados (35), sujeto pasivo (36), base imponible, tipo, cuota y deuda tributaria (58). Prescripción: cuatro años (art. 66). Imposición directa: IRPF, IS, IRNR, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Indirecta: IVA, Impuestos Especiales, ITPAJD y otros. Cesión a CCAA de régimen común (Ley 22/2009): IRPF 50 por ciento, IVA 50 por ciento, Impuestos Especiales de fabricación 58 por ciento; cedidos totalmente: Patrimonio, Sucesiones, ITPAJD, juego, matriculación y electricidad. Impuestos locales obligatorios: IBI, IAE e IVTM; potestativos: ICIO e impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos (plusvalía municipal). Norma: RDLeg 2/2004. Precio público: naturaleza no tributaria, solicitud voluntaria, concurrencia del sector privado, establecimiento reglamentario, cuantía mínima igual al coste del servicio (Ley 8/1989, arts. 24 y 25). Tasa: tributo con reserva de ley; su importe no puede exceder del coste real o previsible del servicio o actividad (equivalencia). La LPGE puede actualizar las cuantías. STC 185/1995 y Ley 25/1998: reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público tras declarar inconstitucional el concepto de precio público de la Ley 8/1989 para servicios obligatorios o en monopolio. Capítulos de ingresos: I impuestos directos y cotizaciones sociales; II impuestos indirectos; III tasas, precios públicos y otros ingresos; IV transferencias corrientes; V patrimoniales; VI enajenación de inversiones; VII transferencias de capital; VIII activos financieros; IX pasivos financieros. Periodo voluntario (art. 62 LGT): liquidaciones notificadas del 1 al 15, hasta el 20 del mes siguiente; del 16 al último día, hasta el 5 del segundo mes siguiente. Recargos de apremio: 5, 10 y 20 por ciento (art. 28 LGT). Las multas no son tributos: su finalidad es sancionadora y no contributiva. Las cotizaciones sociales tampoco son tributos en sentido estricto de la LGT. AEAT: entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Hacienda, creada por el art. 103 de la Ley 31/1990. Gestión, inspección y recaudación de tributos estatales no cedidos. UE: IVA e impuestos especiales armonizados por Directivas; imposición mínima global del 15 por ciento (Directiva (UE) 2022/2523), con trasposición por la Ley 7/2024.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 31, 133, 134 y 157.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 2, 3, 8, 20-22, 28, 35-36, 58, 62, 66 y 77).
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y Ley 22/2009, de 18 de diciembre.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación.
Ley 7/2024, de 20 de diciembre (Impuesto Complementario - Pilar Dos) y Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo.
STC 185/1995, de 14 de diciembre.
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