Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
La planificación de los recursos humanos y la selección de personal en las Administraciones públicas se articulan, en el TREBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015), a través de los planes de ordenación de recursos humanos (art. 69) y de la Oferta de Empleo Público (art. 70), instrumento que hace públicas las necesidades de personal de nuevo ingreso con dotación presupuestaria y obliga a convocar los procesos selectivos en el plazo improrrogable de tres años. El acceso se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 14, 23.2 y 103.3 CE), desarrollados en los arts. 55 a 62 TREBEP (principios, requisitos, órganos y sistemas de selección) y, en la Administración General del Estado, por el Real Decreto 364/1995. Las competencias en materia de personal se distribuyen entre el Estado (bases del régimen estatutario de los funcionarios, art. 149.1.18 CE), las Comunidades Autónomas (desarrollo y ejecución) y las entidades locales, y dentro de la AGE entre el Consejo de Ministros, el departamento competente en materia de Función Pública y los Ministerios.
La planificación de recursos humanos: concepto y objetivos (art. 69.1 TREBEP)
La planificación de los recursos humanos en las Administraciones públicas tiene como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Es una función de dirección y organización: corresponde a cada Administración, en el ámbito de sus competencias, y sus criterios generales de planificación estratégica son materia de negociación colectiva con las organizaciones sindicales (art. 37 TREBEP).
Los planes para la ordenación de los recursos humanos (art. 69.2 TREBEP)
Las Administraciones públicas pueden aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyen de forma conjunta las actuaciones a desarrollar para la adecuación de los efectivos a las necesidades de los servicios. Pueden contener, entre otras, medidas como: el análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto cuantitativas como cualitativas, de acuerdo con las funciones y los perfiles profesionales; las previsiones sobre modificación de estructuras organizativas y de puestos de trabajo; las medidas de movilidad, entre ellas la reasignación de efectivos; las medidas de promoción interna y de formación del personal; y la previsión de la incorporación de nuevos recursos humanos a través de la Oferta de Empleo Público. Los planes se aprueban por el órgano de gobierno competente y su negociación se canaliza a través de las Mesas de Negociación.
Instrumentos de ordenación vinculados a la planificación
La planificación se apoya en otros instrumentos de ordenación del empleo público del Título V TREBEP: los Registros de personal (art. 71), la ordenación de los puestos de trabajo mediante Relaciones de Puestos de Trabajo u otros instrumentos organizativos similares, que son públicos y comprenden como mínimo la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas a que se adscriben, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias (art. 74), y la estructuración del personal funcionario en cuerpos y escalas (art. 75) clasificados en grupos de clasificación profesional (art. 76): Grupo A (subgrupos A1 y A2, título universitario de Grado), Grupo B (Técnico Superior), Grupo C (subgrupo C1, Bachiller o Técnico; subgrupo C2, Graduado en ESO). Las agrupaciones profesionales sin requisito de titulación se regulan en la disposición adicional séptima.
La Oferta de Empleo Público (art. 70 TREBEP)
Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público (OEP) o de otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal. Su aprobación comporta la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas vacantes comprometidas y hasta un diez por ciento adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria. En todo caso, la ejecución de la OEP debe desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. Corresponde a los órganos de gobierno de las Administraciones públicas aprobarla anualmente y debe publicarse en el diario oficial correspondiente. Puede contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.
La Oferta de Empleo Público en la AGE
En la Administración General del Estado la OEP se aprueba por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del departamento competente en materia de Función Pública y con la participación de los órganos de control presupuestario (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, CECIR). El número de plazas de nuevo ingreso está limitado por la tasa de reposición de efectivos que fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado (o la norma que prorrogue sus previsiones), que puede tener excepciones y tasas adicionales para sectores o colectivos prioritarios y para procesos de estabilización. Dentro de la OEP se distribuyen las plazas por cuerpos, escalas o categorías, entre el turno libre y la promoción interna, y se incluyen las reservas legales (por ejemplo, el cupo para personas con discapacidad del art. 59 TREBEP).
Principios constitucionales de acceso al empleo público
El art. 14 CE proclama la igualdad ante la ley; el art. 23.2 CE reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; y el art. 103.3 CE reserva a la ley la regulación del estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. El art. 23.2 CE es un derecho fundamental susceptible de amparo; el art. 103.3 CE no lo es. El Tribunal Constitucional ha precisado que el art. 23.2 prohíbe las diferencias de trato que no se funden en criterios de mérito y capacidad, y que ambos preceptos se integran con el art. 14 CE.
Principios rectores del acceso al empleo público (art. 55 TREBEP)
Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el TREBEP y en el resto del ordenamiento jurídico. Las Administraciones públicas seleccionan a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen, además de los anteriores, los siguientes principios: a) publicidad de las convocatorias y de sus bases; b) transparencia; c) imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; d) independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección; e) adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desempeñar; y f) agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. Los procedimientos pueden desarrollarse por la propia Administración o mediante convenios de colaboración con otras Administraciones.
Requisitos generales de acceso (art. 56 TREBEP)
Para participar en los procesos selectivos es necesario reunir los siguientes requisitos, además de los específicos de cada convocatoria: a) tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57; b) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, y, en su caso, no encontrarse en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado el acceso al empleo público (nacionales de otros Estados); e) poseer la titulación exigida. Los requisitos deben cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión.
Acceso de nacionales de otros Estados (art. 57 TREBEP)
Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles, a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado y de las Administraciones públicas. Este régimen se extiende, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la UE (siempre que no estén separados de derecho) y a sus descendientes y a los de su cónyuge menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas, así como a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de tratados internacionales celebrados por la UE y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Los extranjeros con residencia legal en España pueden acceder, en igualdad de condiciones que los españoles, como personal laboral.
Acceso de las personas con discapacidad (art. 59 TREBEP)
En las ofertas de empleo público se reserva un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad (la ley fija un mínimo, que el texto consolidado sitúa en el siete por ciento, y que cada OEP puede elevar, con un subcupo para discapacidad intelectual), de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales de cada Administración, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. Cada Administración adopta las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones que los restantes en la realización de las pruebas, incluidas las adaptaciones de tiempos y medios, y puede exigir el correspondiente dictamen. La plaza reservada no cubierta se acumula, con carácter general, al turno libre.
Los órganos de selección (art. 60 TREBEP)
Los órganos de selección son colegiados y su composición se ajusta a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiendo a la paridad entre mujer y hombre. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no pueden formar parte de ellos. La pertenencia a los órganos de selección es siempre a título individual, sin que pueda ostentarse en representación o por cuenta de nadie. Sus miembros están sujetos a abstención y recusación (arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015). En la AGE los tribunales calificadores son nombrados por la autoridad convocante, con presidente, secretario y vocales titulares y suplentes, y sus integrantes deben poseer titulación igual o superior a la exigida para el ingreso. Perciben asistencias por su participación, conforme al RD 462/2002.
Sistemas selectivos (art. 61 TREBEP)
Los procesos selectivos son abiertos y garantizan la libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en la ley, y cuidan la conexión entre el tipo de pruebas y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos convocados. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera son la oposición y el concurso-oposición, que deben incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación; solo en virtud de ley puede aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso, que consiste únicamente en la valoración de méritos (art. 61.6). Los sistemas selectivos del personal laboral fijo son, en todo caso, la oposición, el concurso-oposición y el concurso de valoración de méritos (art. 61.7). En el concurso-oposición la valoración de méritos no puede ser desproporcionada ni determinante de la superación de las pruebas, para no vulnerar el art. 23.2 CE.
Pruebas, cursos y periodos de prácticas (art. 61 TREBEP)
Las pruebas pueden consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresada de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. Para asegurar la objetividad y racionalidad de los procesos, las pruebas pueden completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas, y pueden exigirse reconocimientos médicos. Los tipos de pruebas, su contenido y el temario deben fijarse en las bases y guardar relación con las funciones del cuerpo o escala.
Fases del proceso selectivo de funcionarios de carrera en la AGE (RD 364/1995)
El Real Decreto 364/1995 (Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la AGE y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la AGE) regula el proceso: a) aprobación de la OEP y convocatoria con bases, que se publica en el BOE; b) presentación de solicitudes y abono de tasas, en su caso; c) aprobación de las listas de admitidos y excluidos, con plazo de subsanación de diez días hábiles (art. 68 Ley 39/2015); d) constitución del tribunal y celebración de las pruebas, con los criterios de valoración fijados en las bases; e) publicación de las calificaciones y de la relación de aprobados por orden de puntuación, sin que puedan declararse aprobados más aspirantes que plazas convocadas; f) presentación de documentos acreditativos de los requisitos; g) en su caso, curso selectivo o periodo de prácticas; y h) nombramiento como funcionario de carrera y toma de posesión. Los procesos de los cuerpos generales de la AGE son gestionados por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Las bases de la convocatoria y su impugnación
Las bases de la convocatoria son la norma que rige el proceso y vinculan a la Administración, a los tribunales y a los participantes (las bases son la ley del proceso selectivo), de modo que el tribunal no puede apartarse de ellas ni modificar los criterios fijados. Han de publicarse íntegramente en el diario oficial correspondiente, garantía esencial de igualdad y publicidad; su omisión o defecto grave puede determinar la nulidad. Las convocatorias y sus bases, cuando las aprueba un órgano que agota la vía administrativa, pueden recurrirse potestativamente en reposición o directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Contra los actos del tribunal que no pongan fin a la vía administrativa cabe recurso de alzada ante la autoridad que nombró a su presidente, en los términos de la convocatoria y de la Ley 39/2015 (arts. 112 y 121).
Independencia y discrecionalidad técnica de los órganos de selección
Los tribunales calificadores actúan con autonomía funcional y gozan de discrecionalidad técnica en la valoración de las pruebas, es decir, de un margen de apreciación sobre el núcleo material de la decisión (la calificación del ejercicio) que no puede ser sustituido por el criterio del juez. El control jurisdiccional se extiende a los aspectos reglados (competencia, procedimiento, respeto de las bases, motivación suficiente de la calificación) y a la existencia de arbitrariedad, error manifiesto o desviación de poder. La doctrina exige que las calificaciones se motiven con criterios objetivos y que los aspirantes puedan conocer los criterios de corrección y revisar sus ejercicios.
Curso selectivo, periodo de prácticas y adquisición de la condición de funcionario (art. 62 TREBEP)
La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) superación del proceso selectivo; b) nombramiento por la autoridad competente, que se publica en el diario oficial; c) acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico; y d) toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Cuando la convocatoria prevea un curso selectivo o un periodo de prácticas, los aspirantes son nombrados funcionarios en prácticas y perciben las retribuciones reglamentarias; la no superación de esta fase impide adquirir la condición de funcionario de carrera. La falta de toma de posesión sin causa justificada produce la pérdida de todos los derechos derivados de la superación del proceso.
Turnos de acceso: libre y promoción interna
Dentro de una OEP las plazas se distribuyen entre el turno libre (abierto a cualquier aspirante que reúna los requisitos generales y específicos) y el turno de promoción interna, reservado a funcionarios de carrera que posean los requisitos de ingreso, tengan una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el subgrupo o grupo inferior y superen las pruebas selectivas (art. 18 TREBEP). La promoción interna puede ser vertical (a cuerpo o escala del subgrupo o grupo superior) u horizontal (a cuerpos o escalas del mismo subgrupo). Las plazas de promoción interna no cubiertas se acumulan, en general, al turno libre. Existe además la reserva para personas con discapacidad (art. 59).
Los funcionarios interinos y las bolsas de trabajo (art. 10 TREBEP)
Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de estas circunstancias: a) existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años; b) sustitución transitoria de los titulares; c) ejecución de programas de carácter temporal, de duración máxima de tres años, ampliable doce meses más por ley de la Administración; d) exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. La selección se realiza mediante procedimientos ágiles que respetan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, normalmente a través de bolsas de trabajo o listas de espera ordenadas por la puntuación obtenida en procesos selectivos. El cese procede cuando se cubra la plaza por funcionario de carrera, cuando transcurra el plazo máximo o cuando desaparezca la causa.
Procesos de estabilización del empleo temporal (Ley 20/2021)
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (que tramita el Real Decreto-ley 14/2021), modificó los arts. 10 y 11 TREBEP, añadió disposiciones sobre abuso de la temporalidad y habilitó procesos de estabilización. Se autorizó una tasa adicional para plazas de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, que se cubren mediante concurso-oposición con una valoración de méritos limitada (disposición adicional sexta), y un proceso excepcional de concurso de méritos para las plazas ocupadas de forma temporal con anterioridad al 1 de enero de 2016 (disposición adicional octava). La ley fija un régimen de responsabilidad por incumplimiento de los plazos y una compensación económica de veinte días de retribución fija por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, para el personal temporal cesado por no superar los procesos.
Otras clases de personal: laboral, eventual y directivo
El personal laboral es seleccionado mediante convocatoria pública por los sistemas del art. 61.7 (oposición, concurso-oposición o concurso), con los mismos principios del art. 55. El personal eventual (art. 12) realiza funciones de confianza o asesoramiento especial, es de libre nombramiento y cese, su cese es automático cuando cesa la autoridad a la que presta su función, y su condición no puede constituir mérito para el acceso a la función pública. El personal directivo profesional (art. 13) se designa atendiendo a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia.
Las competencias en materia de personal: distribución territorial
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios (art. 149.1.18 CE), que el TREBEP desarrolla como legislación básica. Las Comunidades Autónomas, en el marco de las bases, dictan leyes de función pública propias (art. 6 TREBEP) y ejecutan la política de personal de su Administración. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que el TREBEP es legislación básica, y por la legislación autonómica, con respeto a la autonomía local (art. 3 TREBEP y arts. 89 y ss. de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local); las entidades locales aprueban su propia OEP (art. 91 LRBRL). La cooperación entre Administraciones se articula a través de la Conferencia Sectorial de Administración Pública y de la Comisión de Coordinación del Empleo Público (Título VIII TREBEP).
Las competencias en materia de personal en la AGE
En la AGE, el Consejo de Ministros aprueba la OEP, las normas generales de ingreso y las medidas de alcance general; el departamento ministerial competente en materia de Función Pública, a través de su Secretaría de Estado de Función Pública, ejerce la dirección y coordinación de la política de personal, la gestión de los cuerpos generales, la ordenación de las relaciones de puestos de trabajo y el impulso de la negociación colectiva con los sindicatos; la CECIR informa las modificaciones de estructuras y retribuciones desde la perspectiva presupuestaria. Cada Ministerio, bajo la dirección del Ministro, ejerce competencias de gestión de su personal a través de la Subsecretaría y de las unidades de recursos humanos. El INAP selecciona y forma a los cuerpos generales. La denominación y estructura de los departamentos puede variar con cada reorganización ministerial, por lo que debe comprobarse la vigente.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La OEP (art. 70 TREBEP) obliga a convocar las plazas vacantes comprometidas y hasta un 10 % adicional, y debe ejecutarse en el plazo improrrogable de tres años; se publica en el diario oficial.
La OEP hace públicas las necesidades de personal de nuevo ingreso con asignación presupuestaria y se aprueba por los órganos de gobierno; en la AGE, por Real Decreto del Consejo de Ministros.
Los planes de ordenación de recursos humanos (art. 69) pueden aprobarse por las Administraciones: no son obligatorios en el texto del TREBEP.
Principios constitucionales: igualdad (arts. 14 y 23.2 CE), mérito y capacidad (art. 103.3 CE). El art. 23.2 CE es susceptible de amparo; el art. 103.3 no.
El art. 55.2 TREBEP enumera seis principios procedimentales: publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación a las funciones y agilidad sin perjuicio de la objetividad.
Sistemas selectivos de funcionarios de carrera (art. 61.6): oposición y concurso-oposición; el concurso (solo méritos) solo excepcionalmente y en virtud de ley.
Sistemas selectivos del personal laboral fijo (art. 61.7): oposición, concurso-oposición y concurso de valoración de méritos.
Órganos de selección (art. 60): colegiados, imparciales y profesionales, tendencia a la paridad, pertenencia a título individual; excluidos el personal de elección o designación política, los interinos y el personal eventual.
Requisitos generales (art. 56): nacionalidad española (con matices del art. 57), capacidad funcional, 16 años cumplidos sin exceder la edad máxima de jubilación forzosa, no separación disciplinaria ni inhabilitación, y titulación exigida.
Los requisitos de participación deben poseerse el último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión.
Los nacionales de la UE acceden como funcionarios salvo a puestos que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o salvaguardia de los intereses del Estado; los extranjeros residentes legales pueden acceder como personal laboral.
La reserva de funciones del art. 9.2 TREBEP: el ejercicio de potestades públicas y la salvaguardia de los intereses generales corresponden exclusivamente a funcionarios.
Para adquirir la condición de funcionario de carrera (art. 62) se requiere: superar el proceso, ser nombrado, acatar la Constitución y tomar posesión; sin toma de posesión en plazo no se adquiere.
El curso selectivo o periodo de prácticas, si la convocatoria lo prevé, forma parte del proceso; su no superación impide adquirir la condición de funcionario de carrera.
La OEP no se agota con su publicación: la convocatoria y ejecución de los procesos debe desarrollarse dentro del plazo de tres años.
Las bases de la convocatoria vinculan a la Administración, al tribunal y a los aspirantes; su publicación íntegra en el diario oficial es garantía esencial de igualdad.
La discrecionalidad técnica protege el núcleo material de la calificación, pero no excluye el control de los aspectos reglados, del error manifiesto, de la arbitrariedad ni de la motivación.
El tribunal no puede aprobar a más aspirantes que plazas convocadas, salvo previsión legal expresa; la relación de aprobados se ordena por la puntuación total.
La promoción interna exige los requisitos de ingreso, dos años de antigüedad de servicio activo en el subgrupo o grupo inferior y superar las pruebas selectivas (art. 18 TREBEP).
Funcionarios interinos (art. 10): por vacante, máximo tres años; por acumulación de tareas, máximo seis meses dentro de un periodo de doce; por programa temporal, tres años ampliables doce meses.
Las bolsas de trabajo son un instrumento de selección ágil de interinos que debe respetar igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Ley 20/2021 (28-12-2021): estabilización con concurso-oposición (DA 6.ª) y concurso de méritos (DA 8.ª), y compensación de 20 días por año con máximo de 12 mensualidades a quien cese por no superar el proceso.
El personal eventual no puede ver su servicio como mérito para el acceso a la función pública (art. 12 TREBEP).
Competencia: bases del régimen estatutario de los funcionarios, exclusiva del Estado (art. 149.1.18 CE); desarrollo por CCAA; entidades locales con autonomía y su propia OEP (art. 91 LRBRL).
El Real Decreto 364/1995 es el reglamento general de ingreso y provisión de puestos de la AGE; se aplica en lo que no se oponga al TREBEP.
Trampa de examen: la falta de convocatoria dentro del plazo de la OEP no se salva con prórroga; el plazo de tres años es improrrogable.
Los órganos de selección perciben asistencias conforme al RD 462/2002, que no son retribución del puesto.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál es la duración máxima del nombramiento de un funcionario interino por exceso o acumulación de tareas, según el art. 10 TREBEP?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Gestión AGE?
La planificación de los recursos humanos y la selección de personal en las Administraciones públicas se articulan, en el TREBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015), a través de los planes de ordenación de recursos humanos (art. 69) y de la Oferta de Empleo Público (art. 70), instrumento que hace públicas las necesidades de personal de nuevo ingreso con dotación presupuestaria y obliga a convocar los procesos selectivos en el plazo improrrogable de tres años. El acceso se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 14, 23.2 y 103.3 CE), desarrollados en los arts. 55 a 62 TREBEP (principios, requisitos, órganos y sistemas de selección) y, en la Administración General del Estado, por el Real Decreto 364/1995. Las competencias en materia de personal se distribuyen entre el Estado (bases del régimen estatutario de los funcionarios, art. 149.1.18 CE), las Comunidades Autónomas (desarrollo y ejecución) y las entidades locales, y dentro de la AGE entre el Consejo de Ministros, el departamento competente en materia de Función Pública y los Ministerios.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
La OEP (art. 70 TREBEP) obliga a convocar las plazas vacantes comprometidas y hasta un 10 % adicional, y debe ejecutarse en el plazo improrrogable de tres años; se publica en el diario oficial. La OEP hace públicas las necesidades de personal de nuevo ingreso con asignación presupuestaria y se aprueba por los órganos de gobierno; en la AGE, por Real Decreto del Consejo de Ministros. Los planes de ordenación de recursos humanos (art. 69) pueden aprobarse por las Administraciones: no son obligatorios en el texto del TREBEP. Principios constitucionales: igualdad (arts. 14 y 23.2 CE), mérito y capacidad (art. 103.3 CE). El art. 23.2 CE es susceptible de amparo; el art. 103.3 no. El art. 55.2 TREBEP enumera seis principios procedimentales: publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación a las funciones y agilidad sin perjuicio de la objetividad. Sistemas selectivos de funcionarios de carrera (art. 61.6): oposición y concurso-oposición; el concurso (solo méritos) solo excepcionalmente y en virtud de ley. Sistemas selectivos del personal laboral fijo (art. 61.7): oposición, concurso-oposición y concurso de valoración de méritos. Órganos de selección (art. 60): colegiados, imparciales y profesionales, tendencia a la paridad, pertenencia a título individual; excluidos el personal de elección o designación política, los interinos y el personal eventual. Requisitos generales (art. 56): nacionalidad española (con matices del art. 57), capacidad funcional, 16 años cumplidos sin exceder la edad máxima de jubilación forzosa, no separación disciplinaria ni inhabilitación, y titulación exigida. Los requisitos de participación deben poseerse el último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión. Los nacionales de la UE acceden como funcionarios salvo a puestos que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o salvaguardia de los intereses del Estado; los extranjeros residentes legales pueden acceder como personal laboral. La reserva de funciones del art. 9.2 TREBEP: el ejercicio de potestades públicas y la salvaguardia de los intereses generales corresponden exclusivamente a funcionarios. Para adquirir la condición de funcionario de carrera (art. 62) se requiere: superar el proceso, ser nombrado, acatar la Constitución y tomar posesión; sin toma de posesión en plazo no se adquiere. El curso selectivo o periodo de prácticas, si la convocatoria lo prevé, forma parte del proceso; su no superación impide adquirir la condición de funcionario de carrera. La OEP no se agota con su publicación: la convocatoria y ejecución de los procesos debe desarrollarse dentro del plazo de tres años. Las bases de la convocatoria vinculan a la Administración, al tribunal y a los aspirantes; su publicación íntegra en el diario oficial es garantía esencial de igualdad. La discrecionalidad técnica protege el núcleo material de la calificación, pero no excluye el control de los aspectos reglados, del error manifiesto, de la arbitrariedad ni de la motivación. El tribunal no puede aprobar a más aspirantes que plazas convocadas, salvo previsión legal expresa; la relación de aprobados se ordena por la puntuación total. La promoción interna exige los requisitos de ingreso, dos años de antigüedad de servicio activo en el subgrupo o grupo inferior y superar las pruebas selectivas (art. 18 TREBEP). Funcionarios interinos (art. 10): por vacante, máximo tres años; por acumulación de tareas, máximo seis meses dentro de un periodo de doce; por programa temporal, tres años ampliables doce meses. Las bolsas de trabajo son un instrumento de selección ágil de interinos que debe respetar igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ley 20/2021 (28-12-2021): estabilización con concurso-oposición (DA 6.ª) y concurso de méritos (DA 8.ª), y compensación de 20 días por año con máximo de 12 mensualidades a quien cese por no superar el proceso. El personal eventual no puede ver su servicio como mérito para el acceso a la función pública (art. 12 TREBEP). Competencia: bases del régimen estatutario de los funcionarios, exclusiva del Estado (art. 149.1.18 CE); desarrollo por CCAA; entidades locales con autonomía y su propia OEP (art. 91 LRBRL). El Real Decreto 364/1995 es el reglamento general de ingreso y provisión de puestos de la AGE; se aplica en lo que no se oponga al TREBEP. Trampa de examen: la falta de convocatoria dentro del plazo de la OEP no se salva con prórroga; el plazo de tres años es improrrogable. Los órganos de selección perciben asistencias conforme al RD 462/2002, que no son retribución del puesto.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 14, 23.2, 103.3 y 149.1.18.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 3, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 55-62, 69-71 y 74-76.
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 89-104.
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
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