Tema 7. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de intervención, arbitral, de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos. Ayudas y subvenciones públicas: régimen jurídico.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
La actividad administrativa se manifiesta en distintas formas según la técnica de intervención sobre la esfera jurídica de los particulares: la limitación o policía (restringe derechos o condiciona su ejercicio), la de servicio público (satisface necesidades colectivas mediante prestaciones), la de fomento (estimula actividades de interés general mediante incentivos, principalmente subvenciones) y, en construcciones modernas, la arbitral (resuelve conflictos entre particulares). La intervención administrativa debe respetar los principios de proporcionalidad y de intervención mínima (art. 4 Ley 40/2015); la declaración responsable y la comunicación previa (art. 69 Ley 39/2015) han relegado a la autorización previa a los casos en que lo justifique una razón imperiosa de interés general. Los servicios públicos pueden gestionarse de forma directa o indirecta (concesión de servicios, Ley 9/2017). Las subvenciones se regulan en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y su reglamento (RD 887/2006), y están sometidas al control del Derecho europeo de ayudas de Estado.
La clasificación clásica de las formas de actividad administrativa (Jordana de Pozas)
La doctrina española, siguiendo la formulación clásica de Jordana de Pozas, distingue tres grandes formas de actividad administrativa según la técnica de intervención empleada: la actividad de limitación o policía (restringe la libertad o los derechos de los particulares), la actividad de fomento (estimula, sin coacción, actividades de interés general) y la actividad de servicio público (la Administración presta directamente una prestación a los ciudadanos). A ellas se añade, en construcciones más modernas, la actividad arbitral, en la que la Administración dirime conflictos entre particulares. Otras clasificaciones añaden la actividad de gestión económica o empresarial de la Administración (iniciativa pública en la economía, art. 128.2 CE) y la actividad de planificación.
La actividad de limitación o policía: concepto y técnicas
Consiste en la restricción, mediante el ejercicio de potestades públicas, de la esfera jurídica de libertad o de los derechos de los particulares, en garantía del interés general, sin llegar a sustituir la actividad de estos ni a prestarles directamente un servicio. Sus técnicas principales son la reglamentación, la autorización o licencia (remoción de un obstáculo al ejercicio de un derecho preexistente), la orden (mandato concreto de hacer o no hacer, como las órdenes de ejecución), la prohibición, la inspección y la potestad sancionadora. La potestad sancionadora se rige por los principios de legalidad (art. 25 Ley 40/2015), irretroactividad (art. 26), tipicidad (art. 27), responsabilidad (art. 28), proporcionalidad (art. 29), prescripción (art. 30) y non bis in idem (art. 31).
Principios de intervención de las Administraciones Públicas (art. 4 Ley 40/2015)
Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad deben aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias, y evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos (art. 4.1). Velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables mediante facultades de comprobación, verificación, investigación e inspección (art. 4.2). En el mismo sentido, la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, exige que los límites al acceso y ejercicio de una actividad estén motivados en una razón imperiosa de interés general y sean necesarios y proporcionados (arts. 5 y 17).
La autorización administrativa
Acto por el que la Administración remueve, previa comprobación de que se cumplen los requisitos legalmente exigidos, un obstáculo o límite al ejercicio de un derecho preexistente en el particular, sin crear un derecho nuevo (a diferencia de la concesión, que atribuye derechos que antes no tenía el particular, por ejemplo sobre el dominio público o un servicio público). Puede ser reglada (comprobación objetiva de requisitos, sin margen de apreciación: si se cumplen, debe otorgarse) o discrecional (valoración de oportunidad dentro de los límites legales), y su denegación debe ser motivada (art. 35 LPAC). En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio es, por regla general, positivo (art. 24 LPAC), salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la UE establezca lo contrario; es negativo cuando se transfieren facultades sobre el dominio público o el servicio público o se trata de actividades que puedan dañar el medio ambiente. Se distinguen autorizaciones operativas o de funcionamiento (se otorgan una sola vez) y autorizaciones de control permanente.
La declaración responsable y la comunicación previa (art. 69 Ley 39/2015)
La Directiva 2006/123/CE, de servicios en el mercado interior, transpuesta por las Leyes 17/2009 (sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) y 25/2009 (modificación de diversas leyes para su adaptación), impuso que el acceso a una actividad de servicios solo pueda someterse a autorización cuando esté justificado por una razón imperiosa de interés general y sea no discriminatorio, necesario y proporcionado. La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio (art. 69.1). La comunicación es el documento mediante el cual los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho (art. 69.2). Permiten el reconocimiento o ejercicio del derecho, o el inicio de la actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección (art. 69.3). La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o documento determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde que se tenga constancia, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas, pudiendo la resolución obligar a restituir la situación jurídica al momento previo (art. 69.4).
El principio de proporcionalidad en la actividad de limitación
Las medidas de limitación deben ser las menos restrictivas posible para alcanzar el fin de interés público perseguido, adecuadas y necesarias, sin imponer a los particulares obligaciones más gravosas que las estrictamente indispensables. Opera como límite transversal a toda la actividad de policía administrativa y exige un triple juicio: idoneidad (la medida es apta para alcanzar el fin), necesidad (no existe una medida menos gravosa igualmente eficaz) y proporcionalidad en sentido estricto (las ventajas superan los perjuicios). Se recoge para las sanciones en el art. 29 Ley 40/2015, y como principio general de intervención en el art. 4 de la misma ley.
La actividad arbitral de la Administración
Consiste en la resolución por la Administración de conflictos que oponen a dos o más particulares entre sí sobre materias de su competencia, actuando como tercero imparcial similar a un árbitro, sin que la Administración sea parte del conflicto. Ejemplos característicos son los conflictos entre operadores resueltos por organismos reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y el arbitraje de consumo, desarrollado por las Juntas Arbitrales de Consumo (sistema arbitral de consumo, RD 231/2008) y la normativa de resolución alternativa de litigios en materia de consumo (Ley 7/2017). La doctrina discute su naturaleza: algunos autores la consideran manifestación de la función de policía o de servicio; otros, como actividad administrativa autónoma.
La actividad de servicio público: concepto
Es la actividad prestacional mediante la cual la Administración satisface directamente necesidades de interés general de los ciudadanos, poniendo a su disposición prestaciones concretas (educación, sanidad, transporte, abastecimiento de agua). Se distingue de la actividad de limitación, que no presta nada sino que restringe, y de la de fomento, que estimula la actividad ajena sin sustituirla. Se habla de servicio público en sentido subjetivo (toda actividad de la Administración), objetivo o material (actividad prestacional para satisfacer necesidades colectivas) y formal (actividad sometida a un régimen de Derecho público). La noción europea de servicios de interés general y de servicios de interés económico general (art. 106.2 TFUE) se concreta en obligaciones de servicio público y servicio universal, como el servicio postal universal (Ley 43/2010). El art. 128.2 CE permite reservar al sector público recursos o servicios esenciales mediante ley, y el art. 128.1 subordina la riqueza del país al interés general.
Elementos y notas características del servicio público
Titularidad pública de la actividad (la publicatio: declarada como tal por norma con rango de ley o asumida por la Administración competente), continuidad y regularidad en la prestación, igualdad de acceso de los usuarios (sin discriminaciones injustificadas) y adaptación o mutabilidad (posibilidad de modificar las condiciones de prestación para adecuarlas a las necesidades cambiantes del interés general). Son las llamadas «leyes de Rolland». Cabe además hablar de servicios públicos virtuales o impropios (actividades de titularidad privada fuertemente intervenidas, como el taxi o la farmacia) frente a los servicios públicos propios, donde la actividad ha sido asumida por la Administración.
Formas de gestión de los servicios públicos: gestión directa
La Administración presta el servicio con sus propios medios, sin intermediación de un tercero. En el ámbito local (art. 85.2 Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local), los servicios públicos de competencia local deben gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las siguientes: gestión directa por la propia entidad local, por organismo autónomo local, por entidad pública empresarial local o por sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública; solo puede utilizarse la entidad pública empresarial o la sociedad mercantil cuando se acredite mediante memoria justificativa que resultan más sostenibles y eficientes que las otras dos. En el ámbito estatal (Ley 40/2015) las formas son los organismos públicos (organismos autónomos, art. 98; entidades públicas empresariales, art. 103), las sociedades mercantiles estatales (arts. 111 y 112), los consorcios (art. 118) y las fundaciones del sector público (art. 128). La Administración también puede encargar prestaciones a sus medios propios personificados (arts. 32 y 33 LCSP; art. 86 Ley 40/2015).
Formas de gestión de los servicios públicos: gestión indirecta
La Administración encomienda la prestación del servicio a un particular o a una entidad distinta, conservando su titularidad. La gestión indirecta se articula hoy mediante el contrato de concesión de servicios de la Ley 9/2017 (art. 15), en el que el concesionario asume el riesgo operacional de la explotación a cambio del derecho a explotarla, percibiendo su retribución de los propios usuarios o de la Administración, o de ambos. La LCSP de 2017 suprimió el contrato de gestión de servicios públicos del TRLCSP, que comprendía las modalidades de concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta. Debe haber un estudio de viabilidad previo y un régimen económico-financiero del servicio. En la esfera local, el art. 85.2.B de la Ley 7/1985 remite a las formas previstas para el contrato de concesión de servicios. La Administración conserva la potestad de dirección y control del servicio y puede rescatar la concesión por razones de interés público.
La actividad de fomento: concepto
Actividad administrativa que persigue satisfacer necesidades de interés general estimulando o incentivando, sin coacción y sin ejecutar directamente la actividad, a que sean los propios particulares quienes desarrollen determinadas actuaciones consideradas de utilidad pública, respetando en todo caso la libre voluntad de estos, a diferencia de la actividad de limitación (que restringe) y de la de servicio público (que sustituye o presta directamente). Requiere habilitación legal cuando afecte a derechos o genere gasto, se somete a los principios de igualdad y objetividad, y a las reglas de control del gasto público y de ayudas de Estado.
Técnicas de fomento: honoríficas, jurídicas y económicas
Las técnicas honoríficas otorgan distinciones, condecoraciones o títulos que reconocen públicamente una conducta o mérito, sin contenido económico (por ejemplo, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica o los premios nacionales). Las técnicas jurídicas facilitan el ejercicio de una actividad mediante ventajas de este tipo (expropiación en beneficio de un tercero, servidumbres forzosas, procedimientos simplificados). Las técnicas económicas, las más relevantes en la práctica, comprenden las subvenciones, los beneficios fiscales (exenciones, bonificaciones, deducciones, incentivos al mecenazgo regulados en la Ley 49/2002), los créditos oficiales y los avales públicos, y las ayudas en especie.
La subvención como técnica de fomento por excelencia
Regulada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS; BOE-A-2003-20977), y su Reglamento (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), es toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos del art. 3 a favor de personas públicas o privadas que cumpla los siguientes requisitos (art. 2.1): que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios; que esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido; y que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. Se rigen por la LGS, sus disposiciones de desarrollo, las restantes normas de Derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de Derecho privado (art. 5).
Principios de la actividad subvencional y planificación
La gestión de las subvenciones debe adecuarse a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante; y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (art. 8). Con carácter previo a la concesión, los órganos de las Administraciones que propongan el establecimiento de subvenciones deben concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación (art. 8.1). La publicidad se canaliza a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 LGS; Real Decreto 130/2019).
Beneficiarios y entidades colaboradoras
Beneficiario es quien ha de realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento o se encuentra en la situación que legitima su concesión (art. 11); entidad colaboradora es quien, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente, entrega y distribuye los fondos a los beneficiarios o colabora en la gestión (art. 12). No pueden obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora quienes estén incursos en las prohibiciones del art. 13: haber sido condenados por sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, estar declarados insolventes o en concurso, no hallarse al corriente de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, tener deudas por reintegro de subvenciones, entre otras. Obligaciones del beneficiario (art. 14): realizar la actividad, justificar su cumplimiento ante el órgano concedente, someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero, comunicar otras ayudas, conservar los documentos y dar la adecuada publicidad a la financiación.
Las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones
Con carácter previo al otorgamiento de subvenciones, deben aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de su concesión (art. 9), publicadas en el diario oficial correspondiente (art. 17). En la Administración General del Estado se aprueban por orden ministerial; en las entidades locales, mediante ordenanza general o específica. La concesión en concurrencia competitiva se inicia de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, cuyo extracto se publica en el diario oficial a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 23). Se exceptúan los supuestos de concesión directa del art. 22.2: las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales; aquellas cuyo otorgamiento o cuantía viene impuesto a la Administración por una norma de rango legal; y, con carácter excepcional, aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
El procedimiento de concesión de subvenciones: concurrencia competitiva
Procedimiento ordinario (art. 22.1), mediante el cual la concesión se realiza a través de la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración. El órgano instructor realiza la evaluación con la intervención de un órgano colegiado (comisión de valoración) y formula la propuesta de resolución; la resolución es motivada. El plazo máximo para resolver y notificar no puede exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa de la UE, y el vencimiento sin resolución expresa legitima para entender desestimada la solicitud por silencio administrativo (art. 25.4). Excepcionalmente cabe prorratear el importe global entre los beneficiarios cuando la convocatoria lo prevea.
Justificación, pago y modificación de las subvenciones
La justificación del cumplimiento de las condiciones y de la consecución de los objetivos puede hacerse mediante cuenta justificativa (con aportación de justificantes de gasto o con informe de auditor), cuenta justificativa simplificada o módulos (art. 30). El pago se realiza previa justificación de la realización de la actividad, sin perjuicio de que puedan efectuarse pagos anticipados o abonos a cuenta en los términos de las bases (art. 34). Todo cambio en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, y en todo caso la obtención concurrente de otras subvenciones, puede dar lugar a la modificación de la resolución de concesión (art. 19.4). El importe de las subvenciones no puede ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad subvencionada (art. 19.3).
El reintegro de subvenciones
Procede la devolución de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención en los casos del art. 37: obtención de la subvención falseando las condiciones o ocultando las que lo hubieran impedido; incumplimiento total o parcial del objetivo, la actividad, el proyecto o el comportamiento que fundamentan la concesión; incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente; incumplimiento de las obligaciones de adoptar medidas de difusión; resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero; incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión; y la adopción de una decisión de la Comisión Europea o del Tribunal de Justicia de la UE de la que se derive una necesidad de reintegro. Las cantidades a reintegrar tienen la consideración de ingresos de Derecho público y el interés de demora aplicable es el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos establezca otro (art. 38). El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años (art. 39). El procedimiento de reintegro se resuelve en el plazo máximo de doce meses desde el acuerdo de iniciación (art. 42.4).
Infracciones y sanciones en materia de subvenciones y control financiero
La LGS tipifica infracciones leves, graves y muy graves (arts. 52 a 69), con multas pecuniarias fijas o proporcionales al importe indebidamente obtenido, aplicado o no justificado y sanciones accesorias como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. El control financiero de subvenciones (arts. 44 a 51) corresponde, en el ámbito estatal, a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que verifica la adecuada y correcta obtención, disfrute y aplicación de las subvenciones por beneficiarios y entidades colaboradoras y es distinto del control de legalidad ordinario. Está obligado a colaborar el beneficiario, y su resistencia puede dar lugar a reintegro y sanción. Existe además el control del Tribunal de Cuentas y de las instituciones de la Unión Europea (Comisión, Tribunal de Cuentas Europeo y Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) cuando las ayudas se financian con fondos europeos.
Ayudas públicas y Derecho europeo de ayudas de Estado
Son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones (art. 107.1 TFUE). La Comisión debe ser informada con carácter previo de los proyectos de concesión o modificación de ayudas, y el Estado no puede ejecutarlas hasta que recaiga decisión final (obligación de notificación y cláusula de standstill, art. 108.3 TFUE). Quedan exentas de notificación las ayudas de minimis y las cubiertas por el Reglamento general de exención por categorías (Reglamento (UE) 651/2014). El Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, fija para las ayudas de minimis un límite de 300.000 euros por empresa en un periodo de tres ejercicios fiscales. Las ayudas ilegales o incompatibles deben ser recuperadas.
Los beneficios fiscales como técnica de fomento
Exenciones, bonificaciones, deducciones y reducciones tributarias que alivian la carga fiscal de quienes desarrollan determinadas actividades consideradas de interés general (inversión en I+D+i, creación de empleo, mecenazgo cultural y social, regulado en la Ley 49/2002), incentivando indirectamente su realización sin necesidad de un desembolso presupuestario directo, a diferencia de la subvención, que sí implica un gasto público efectivo. Se denominan gastos fiscales y se cuantifican en los Presupuestos Generales del Estado (art. 134.2 CE). Les es aplicable la normativa de ayudas de Estado.
Distinción entre las formas de actividad administrativa
La limitación restringe la esfera jurídica del particular (técnica de mandato o prohibición); el fomento estimula sin coaccionar, respetando la libre decisión del particular; el servicio público sustituye o presta directamente una prestación; y la actividad arbitral resuelve, como tercero imparcial, conflictos entre particulares. Una misma materia puede combinar varias formas de actividad simultáneamente: por ejemplo, la sanidad combina policía sanitaria, servicio público de salud y fomento de la investigación biomédica.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Cuatro formas de actividad administrativa: limitación (restringe), arbitral (dirime conflictos entre particulares), servicio público (presta) y fomento (estimula sin coacción ni prestación directa).
La Directiva 2006/123/CE (transpuesta por las Leyes 17/2009 y 25/2009) impulsó la sustitución de la autorización previa por la declaración responsable y la comunicación previa, reguladas en el art. 69 de la Ley 39/2015.
Declaración responsable y comunicación previa permiten ejercer el derecho o iniciar la actividad desde el día de su presentación, sin esperar resolución, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección (art. 69.3 LPAC).
La inexactitud, falsedad u omisión esencial en la declaración responsable determina la imposibilidad de continuar la actividad y puede acarrear responsabilidad penal, civil o administrativa (art. 69.4).
El art. 4 de la Ley 40/2015 impone a las medidas limitativas los principios de proporcionalidad y de elección de la medida menos restrictiva, con motivación de su necesidad y evaluación periódica.
La subvención (Ley 38/2003) exige entrega sin contraprestación directa, sujeción a un objetivo, proyecto, actividad o situación, y finalidad de utilidad pública o interés social (art. 2); su procedimiento ordinario es la concurrencia competitiva (art. 22).
Concesión directa de subvenciones (art. 22.2 LGS): nominativas en los Presupuestos; impuestas por norma con rango de ley; y excepcionalmente por razones de interés público, social, económico o humanitario.
Las subvenciones exigen bases reguladoras previas (art. 9), plan estratégico (art. 8.1) y publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20); el plazo máximo para resolver no excede de seis meses salvo ley en contrario (art. 25.4).
El reintegro (art. 37 LGS) procede por falseamiento, incumplimiento del objetivo, falta o insuficiencia de justificación, obstrucción al control, etc.; el interés de demora es el legal del dinero incrementado en un 25% (art. 38) y el derecho a liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años (art. 39).
El control financiero de subvenciones corresponde en el ámbito estatal a la IGAE; no debe confundirse con el control de legalidad ordinario.
Clasificación de Jordana de Pozas: policía, fomento y servicio público; la actividad arbitral se añade en construcciones posteriores.
La autorización remueve un obstáculo al ejercicio de un derecho preexistente; la concesión, en cambio, crea un derecho nuevo del particular sobre algo que era de titularidad pública.
Notas del servicio público (leyes de Rolland): continuidad, igualdad y mutabilidad o adaptación, además de la titularidad pública de la actividad.
Gestión directa local (art. 85.2 LBRL): entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local de capital íntegramente público; las dos últimas exigen memoria de sostenibilidad y eficiencia.
Gestión indirecta: concesión de servicios (art. 15 LCSP) con transferencia del riesgo operacional al concesionario; el TRLCSP preveía además gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta, suprimidos en 2017.
Técnicas de fomento: honoríficas, jurídicas y económicas (subvenciones, beneficios fiscales, créditos oficiales y avales).
Ayudas de Estado: prohibición general del art. 107.1 TFUE, notificación previa a la Comisión (art. 108.3) y exenciones por categorías y de minimis (Reglamento (UE) 2023/2831: 300.000 euros por empresa en tres ejercicios).
La actividad arbitral se ilustra con el arbitraje de consumo (Juntas Arbitrales de Consumo) y la resolución de conflictos entre operadores por reguladores como la CNMC.
Error típico: considerar que la subvención exige una contraprestación o que el procedimiento ordinario es la concesión directa; la regla es la concurrencia competitiva y la subvención se concede sin contraprestación directa.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Qué distingue la comunicación previa de la declaración responsable en el art. 69 de la Ley 39/2015?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 7 de Gestión AGE?
La actividad administrativa se manifiesta en distintas formas según la técnica de intervención sobre la esfera jurídica de los particulares: la limitación o policía (restringe derechos o condiciona su ejercicio), la de servicio público (satisface necesidades colectivas mediante prestaciones), la de fomento (estimula actividades de interés general mediante incentivos, principalmente subvenciones) y, en construcciones modernas, la arbitral (resuelve conflictos entre particulares). La intervención administrativa debe respetar los principios de proporcionalidad y de intervención mínima (art. 4 Ley 40/2015); la declaración responsable y la comunicación previa (art. 69 Ley 39/2015) han relegado a la autorización previa a los casos en que lo justifique una razón imperiosa de interés general. Los servicios públicos pueden gestionarse de forma directa o indirecta (concesión de servicios, Ley 9/2017). Las subvenciones se regulan en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y su reglamento (RD 887/2006), y están sometidas al control del Derecho europeo de ayudas de Estado.
¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?
Cuatro formas de actividad administrativa: limitación (restringe), arbitral (dirime conflictos entre particulares), servicio público (presta) y fomento (estimula sin coacción ni prestación directa). La Directiva 2006/123/CE (transpuesta por las Leyes 17/2009 y 25/2009) impulsó la sustitución de la autorización previa por la declaración responsable y la comunicación previa, reguladas en el art. 69 de la Ley 39/2015. Declaración responsable y comunicación previa permiten ejercer el derecho o iniciar la actividad desde el día de su presentación, sin esperar resolución, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección (art. 69.3 LPAC). La inexactitud, falsedad u omisión esencial en la declaración responsable determina la imposibilidad de continuar la actividad y puede acarrear responsabilidad penal, civil o administrativa (art. 69.4). El art. 4 de la Ley 40/2015 impone a las medidas limitativas los principios de proporcionalidad y de elección de la medida menos restrictiva, con motivación de su necesidad y evaluación periódica. La subvención (Ley 38/2003) exige entrega sin contraprestación directa, sujeción a un objetivo, proyecto, actividad o situación, y finalidad de utilidad pública o interés social (art. 2); su procedimiento ordinario es la concurrencia competitiva (art. 22). Concesión directa de subvenciones (art. 22.2 LGS): nominativas en los Presupuestos; impuestas por norma con rango de ley; y excepcionalmente por razones de interés público, social, económico o humanitario. Las subvenciones exigen bases reguladoras previas (art. 9), plan estratégico (art. 8.1) y publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20); el plazo máximo para resolver no excede de seis meses salvo ley en contrario (art. 25.4). El reintegro (art. 37 LGS) procede por falseamiento, incumplimiento del objetivo, falta o insuficiencia de justificación, obstrucción al control, etc.; el interés de demora es el legal del dinero incrementado en un 25% (art. 38) y el derecho a liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años (art. 39). El control financiero de subvenciones corresponde en el ámbito estatal a la IGAE; no debe confundirse con el control de legalidad ordinario. Clasificación de Jordana de Pozas: policía, fomento y servicio público; la actividad arbitral se añade en construcciones posteriores. La autorización remueve un obstáculo al ejercicio de un derecho preexistente; la concesión, en cambio, crea un derecho nuevo del particular sobre algo que era de titularidad pública. Notas del servicio público (leyes de Rolland): continuidad, igualdad y mutabilidad o adaptación, además de la titularidad pública de la actividad. Gestión directa local (art. 85.2 LBRL): entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local de capital íntegramente público; las dos últimas exigen memoria de sostenibilidad y eficiencia. Gestión indirecta: concesión de servicios (art. 15 LCSP) con transferencia del riesgo operacional al concesionario; el TRLCSP preveía además gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta, suprimidos en 2017. Técnicas de fomento: honoríficas, jurídicas y económicas (subvenciones, beneficios fiscales, créditos oficiales y avales). Ayudas de Estado: prohibición general del art. 107.1 TFUE, notificación previa a la Comisión (art. 108.3) y exenciones por categorías y de minimis (Reglamento (UE) 2023/2831: 300.000 euros por empresa en tres ejercicios). La actividad arbitral se ilustra con el arbitraje de consumo (Juntas Arbitrales de Consumo) y la resolución de conflictos entre operadores por reguladores como la CNMC. Error típico: considerar que la subvención exige una contraprestación o que el procedimiento ordinario es la concesión directa; la regla es la concurrencia competitiva y la subvención se concede sin contraprestación directa.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), arts. 24 y 69.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), arts. 4, 25-31, 86, 98, 103, 111-112, 118 y 128.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE-A-2003-20977) y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE-A-1985-5392), art. 85.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE-A-2017-12902), art. 15 (concesión de servicios).
Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior; Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y Ley 25/2009, de 22 de diciembre.
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, arts. 107 y 108; Reglamento (UE) 651/2014 y Reglamento (UE) 2023/2831.
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